Autor: María José Ferlini Cartín

Ante la presente emergencia sanitaria internacional, las representaciones organizativas de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON) nos posicionamos en favor de las medidas que se sustenten en la búsqueda de justicia social, ambiental y de género, además del rechazo al oportunismo que exhiben los sectores más explotadores de la vida humana y de la naturaleza. De tal forma que:

1) Consideramos necesario visibilizar el problema estructural de nuestro país de cara a esta emergencia. Según la base estadística de IndexMundi (2019), el PIB del país es dependiente de las actividades comerciales y venta de servicios en un 73.4%, el sector industrial representa el 20.1%, y el sector primario, donde se encuentran la agricultura, ganaderías, pesca y actividad forestal, sólo aporta el 5.5% a la economía global del Estado. Es necesario invertir estas cifras para lograr un reajuste estructural que garantice mayor resiliencia económica ante futuras situaciones de la magnitud que estamos viviendo actualmente.

2) No sólo consideramos que el Gobierno debe enfocar recursos en recuperar los sectores productivos más básicos de la economía en esta coyuntura, pues lo amerita, sino que también proponemos que se realice un examen serio del modelo agrario actual, pues a pasar de que tenemos enormes extensiones del campo costarricense ocupadas por agroindustria y ganadería, su cifra de aporte al PIB es minúscula, equiparable con los escasos ingresos de sus trabajadores y su balance negativo en cuanto a daños graves al ambiente y la salud pública.

3) Proponemos, tal como lo hicimos en el 2018, que se grave con impuestos por unidad de exportación a las industrias y agroindustrias que se mantienen activas durante el periodo de emergencia, para que aporten también al fondo solidario que el Gobierno propone. Es un hecho que están exponiendo a sus trabajadores a contagios para sostener sus mercados, por lo que el Estado debe exigirle el aporte ante el gasto extraordinario que conlleva la escala de atención sanitaria pública actual.

4) Rechazamos la propuesta absurda, irracional e infundamentada de las Cámaras Empresariales sobre flexibilizar el registro de semillas y agroquímicos para importar más tecnologías agrícolas sin evaluación de impacto. Esto pondría aún más en riesgo la salud de los costarricenses, a los agricultores nacionales y genera aún más dependencia económica.

5) Proponemos más bien que el Estado disponga estratégicamente recursos de la emergencia en manos de los pequeños y medianos productores agropecuarios, así como de los pescadores artesanales, para financiar proyectos que ayuden a consolidar la soberanía alimentaria en el país, mejorando la producción de estos sectores para abastecer a la población de la alimentación básica, ante la incertidumbre que podría derivarse en importaciones.

6) Consideramos inviables también la propuesta de las Cámaras Empresariales de bajar precio de los combustibles, pues el impuesto único es el que determina el precio final y este se requiere ahora más que nunca, para que el Estado disponga de recursos propios para sostener los costos de atender la emergencia, cuyo plazo es todavía indeterminado. Y en el tema eléctrico, ya el ICE, la CNFL y demás prestatarios de servicio han dispuesto sus medidas de flexibilización de los costos de energía.

7) Estamos de acuerdo en que se deben obtener recursos económicos extraordinarios para solidarizarse con las necesidades de trabajadoras y trabajadores más afectados durante el periodo de emergencia por efecto de la Ley 21.854 “Reducción de la Jornada de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia”. Pero consideramos que estos recursos deben salir de los sectores más acaudalados de la sociedad Costarricense: desde salarios y pensiones de lujo a los grandes contribuyentes que han llegado a declarar cero ganancias para defraudar al Estado, que hoy tiene que atender la emergencia en un contexto de déficit fiscal.

8) Apoyamos la propuesta de suspender el pago de la deuda externa de los países de América Latina al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y otros organismos financieros, para permitir la disposición de mejores recursos a la atención de la crisis y apuntando a bajar las cargas impositivas consecuentes que pesan sobre los grupos más desfavorecidos de nuestro país. El Gobierno debe apoyar también esta medida para superar la crisis.

9) Observamos con preocupación la intromisión de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales en el Gobierno, con la intención de hacer un manejo antidemocrático de la crisis sanitaria. Consideramos que la mayoría de sus aportes ante esta crisis son vagos y sus propuestas inmoralmente convenientes a sus intereses. Los planes bancarios no deben salvar a grandes empresas que hayan defraudado al fisco con declaraciones de cero ingresos o que se hayan beneficiado de las amnistías tributarias recientemente aprobadas.

10) Es autoritaria la propuesta de la UCCAEP para regular las jornadas de trabajo del sector público, que tiene mucho que aportar ante esta coyuntura. Ya suficiente el golpe económico que han tenido los trabajadores privados del sector comercio y servicios, como para que pretendan profundizar más la crisis económica del país con recortes a los trabajadores del sector público.

11) Hacemos un serio llamado al Gobierno para que haga un manejo político equilibrado de la situación de emergencia. Solicitamos que, ante la lesión parcial del ejercicio de la democracia participativa que implica respetar las medidas de distanciamiento social solicitadas por el Ministerio de Salud, se abstenga de apoyar medidas oportunistas de los grupos de poder económico del país bajo la excusa de la emergencia. Debe más bien ejercer una representación de intereses responsable, justa y democrática. De no ser así, es claro que cosechará fuertes vientos al finalizar el estado de emergencia.

Imagen ilustrativa.

Información de FECON.

Sea parte de SURCOS:

https://surcosdigital.com/suscribirse/