Caravana vehicular de relevos por la defensa de los derechos de los costarricenses
Ya arrancó la “Caravana vehicular de relevos” por la defensa de nuestro país, la cual se realizará del 7 al 11 y 15 de setiembre a partir de las 7 a.m. y que llegará hasta Santa Rosa de Pocosol. Habrá mucha participación en vehículos y público en general. Varias organizaciones del movimiento sindical y social formarán parte de esta actividad para exigir:
Un impuesto al patrimonio, rentas y utilidades al 10% más rico del país
Eliminación del pago del IVA a la canasta básica, medicinas, servicios de agua y electricidad residencial
Defensa y no privatización de la CCSS
Defensa del INA
No a la agenda legislativa antilaboral
No al cese de los contratos laborales del sector público y privado
El siguiente video recopila varias imágenes de Barva de Heredia. La edición del video estuvo a cargo de Gabriel Chaves Rodríguez; fotografía por Aerial Edition, Mauricio Román Álvarez, Cristian Sancho, Sebastián Córdoba Salas; letra y música por Laura Sofía Villalobos y Diego Ramírez.
Desde el pasado 2 de mayo hasta el 27 de agosto, más de 60 escritores se reunieron de manera virtual por motivo de la pandemia a festejar la poesía y ante la puesta en marcha del recital virtual “Arroyos Poéticos del Pacífico”, donde se cumplieron a cabalidad los objetivos de éste: motivar, difundir, promover, rescatar valores poéticos jóvenes y adultos en tiempos de pandemia, además de apoyar a los artistas puntarenenses y de las demás provincias.
Dicha actividad tuvo como uno de sus principales nortes el rendirle un homenaje al poeta, escritor, editor y tallerista nacional Francisco Zúñiga Díaz, quien dejó en todos los rincones del país, el legado de la poesía mediante su visión de educador literario y promotor cultural.
Compartimos video de Acuarela Naranja enviado a SURCOS por Rubén Monge.
La Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas le invita a la presentación de los libros “Puerto de Arenas” y «Leningrad» del autor Adriano de San Martín.
En la actividad participarán como presentadores Macarena Barahona Riera y Nuria Rodríguez, y Habib Succar como moderador.
La presentación será el viernes 18 de setiembrea las 4:00 p.m. por Zoom
Este miércoles 2 se realizó la primera etapa del proyecto Intercambio de Experiencias Sindicales: Mujer y Diversidad ¡Clamu te visita! que constará de otras cuatro reuniones que se realizarán todos los miércoles del mes de septiembre.
Amalia Antúnez
“Si Dios fuera mujer no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles”. (Fragmento del poema Si Dios fuera mujer, Mario Benedetti)
El encuentro, que se realizó en modalidad virtual y cerrada contó con más de 80 asistentes, entre dirigencia sindical y personas invitadas de diferentes sindicatos de ocho países de la región y también de Europa.
En esta oportunidad el Comité Latinoamericano de la Mujer de la UITA (Clamu) visitó al Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA) de Costa Rica; a la Confederación Democrática Brasileña de Trabajadores de la Alimentación (Contac-CUT) de Brasil y a la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) de Argentina.
Dania Obando, Geni Dalla Rosa y Carmen Brítez compartieron las experiencias que desde sus organizaciones sindicales contribuyeron al empoderamiento de las mujeres, tanto en el ámbito laboral como en la propia participación en el sindicato.
Aunque las historias de estas mujeres difieren en cuanto a lugar de origen y realidad social, en ellas se entrelazan las mismas luchas, los mismos desafíos, las dificultades y la discriminación cotidianos.
Pero también la indignación, los anhelos y la rebeldía de saberse capaces de enfrentar todo lo que se presente por delante, a pesar de que en pleno siglo XXI todavía tengan que seguir rindiendo pruebas de su capacidad.
Desde la Regional Latinoamericana de la UITA, las trabajadoras no se achican ante la nueva realidad que impone la pandemia del Covid-19. Ellas van más allá, y continúan organizándose, solidarizándose y conectándose como pueden. El Seminario de este miércoles fue un claro ejemplo de ese empuje, algo que fue destacado por la histórica dirigente de la UITA Barbro Budin, que participó desde Suecia y por Julie Duchatel, coordinadora de Género e Igualdad de la UITA en Ginebra, Suiza.
Ambas coincidieron en que desde América Latina siempre soplan vientos de esperanza y cambio.
Las expositoras
La joven dirigente Dania Obando contó cómo logra sortear la marcada postura antisindical que tiene la empresa para cual trabaja, cada vez que tiene que realizar alguna actividad para la organización, problema este que se suma a los escasos recursos para llevar adelante tareas como la afiliación de nuevos miembros, la logística para desplazarse entre las fincas y su rol de madre soltera.
“Las mujeres estamos en mil actividades distintas, y personalmente me he venido formando en el ámbito sindical gracias a la Fentrag y a la Rel UITA, a Gerardo Castillo, FrankUlloa, Gerardo Iglesias y Jaqueline Leite que me asesoran y capacitan permanentemente”, dijo al finalizar su exposición que llamó “El poder de la mujer” y que mostró su experiencia personal como militante que la llevó a la Secretaría General de su sindicato.
Geni Dalla Rosa, expuso sobre la importancia y la necesidad de la capacitación sindical y política de las mujeres como herramienta fundamental para abrirse espacio en un mundo endémicamente machista.
Recordó su propia formación sindical en los Círculos de Estudio que la Rel UITA impartía en Brasil, inclusive en plena dictadura, recordó con cariño y admiración a Enildo Iglesias (exsecretario regional) como su maestro y su guía en el sindicalismo.
Actualmente, y luego de ser durante varios períodos presidenta de su sindicato, Geni desarrolla la función de secretaria de Educación en la Contac, es ella ahora la encargada de formar a los nuevos cuadros de hombres y mujeres que buscan integrarse en equidad.
Por su parte, Carmen Brítez habló sobre los impactos de la cuarentena obligatoria en su país debido a la pandemia, y sus efectos en un sector que es casi totalmente feminizado.
“Hemos logrado que se paguen los salarios y se adopten los protocolos necesarios para la seguridad de las compañeras que siguen trabajando y hemos habilitado 25 nuevas líneas de atención en el sindicato, pero la realidad nos golpea a diario, no solo en cuanto al coronavirus sino también a la falta de empleo y sus consecuencias más inmediatas, la pobreza y el hambre”, destaca Carmen.
La dirigente informó que siguen proporcionando los servicios médicos a través de la obra social del sindicato pero que la crisis sanitaria que derivó en crisis económica y social agrava la situación de vulnerabilidad de este colectivo de trabajadoras y que será necesario redoblar esfuerzos para lo que se viene.
Este Seminario virtual -el primero de un ciclo de cinco- que reunió a referentes y nuevas dirigentes, a experimentadas y novatas militantes y también a compañeros varones que se suman a la causa, forma parte de una experiencia colectiva encabezada por mujeres trabajadoras que tienen la firme convicción que defender sus derechos y los de los demás es la única forma de evolucionar hacia una sociedad más justa, más digna e igualitaria.
Información de UITA compartida con SURCOS por Dania Obando del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA).
Aunque sea de manera virtual, Danza Universitaria no ha dejado de estar presente en las distintas comunidades del país y desde marzo ha desarrollado una serie de espacios para diversos públicos, con el fin de continuar con su labor en el área de acción social y adaptar su trabajo a las circunstancias actuales.
Estos espacios de intercambio y capacitación surgieron como respuesta a la necesidad de mantener los talleres y actividades que realiza la compañía y ampliarlos a otros públicos.
Es así que surgieron diversos proyectos virtuales, enmarcados dentro de la iniciativa Comunidades en Línea con Danza U, como Bailemos de larguito, a cargo de Minor Gutiérrez, que inició como una colaboración con la Municipalidad de Montes de Oca para impartir clases de bailes populares a la población del cantón. No obstante, más adelante se abrió para personas de cualquier rincón del país.
Según comentó Gutiérrez, este espacio, más que una clase de baile, tiene como objetivo mantener a las personas en movimiento, socializar y colaborar con la salud mental.
“El baile es una excusa para que nos movamos, para que hagamos ejercicio. Es salud mental para alejarnos un poco de toda la situación, dedicarnos a nosotros, concentrarnos en el baile, en la música, en los demás compañeros”.
Las clases se imparten por medio de la plataforma Zoom los lunes y jueves a las 5:30 de la tarde, e incluye ritmos como bolero, salsa, cumbia, merengue, paso doble y mambo, entre otros.
Para Gutiérrez esta ha sido una experiencia que le ha gustado mucho, pues significa un reto en la forma de enseñar, así como el aprendizaje tecnológico y técnico que implica. Además es una modalidad que podría mantenerse aún después de la pandemia.
Otro de los talleres que se está llevando a cabo es el de Acondicionamiento físico integral, que está dirigido a bailarines y bailarinas profesionales.
Karen Elizondo es la facilitadora y ella manifestó que el objetivo de este curso es mantener el nivel físico de los profesionales de la Danza que han tenido que dejar su entrenamiento habitual por la cancelación de espectáculos y otras actividades. En este sentido, las clases están orientadas a mejorar la fuerza y aumentar la resistencia muscular.
El curso está adapatado a un espacio pequeño y al uso de materiales caseros. Para Elizondo la experiencia ha sido de mucho valor, pues ella no había incursionado en cursos en línea y esto le ha permitido, a parte de conocer mejor la herramienta, preparar las clases desde otras perspectivas para que quienes asisten puedan seguir de manera correcta los ejercicios que se realizan.
Por su parte, Adriana Cuellar, bailarina que está participando de este taller, agradeció a Danza Universitaria que haya abierto este espacio, pues le ha permitido mantener de alguna manera el movimiento y ejercicio que necesita cualquier bailarín, además indicó que el profesionalismo y la dedicación de la profesora son puntos que han hecho las lecciones muy satisfactorias.
Las clases se imparten los lunes y jueves a las 7 de la noche.
Una de las características que han tenido tanto el curso de Bailemos de larguito como el de Acondicionamiento físico es que han contado con la participación de personas en el extranjero.
Para los adultos mayores se desarrollaron los talleres de Movimiento Creativo y Estabilidad en Movimiento a cargo de Gloriana Retana.
El primero está dirigido a personas entre 50 y 80 años con el propósito de mejorar la calidad de vida y salud de esta población, asi como el disfrute de los movimientos del cuerpo y para despejar la mente.
Mientras que el otro taller es para personas mayores de 80 años y surgió pues Retana pensó en su abuela y en cómo mantenerla activa a raíz de la pandemia. El objetivo de estas clases se centra en mantener la energía, la movilidad articular y el buen dormir de las personas. Para realizar estas lecciones se necesita una silla y la persona debe contar con alguien que le ayude tanto para realizar los movimientos, como para el uso de la tecnología.
“Para mí esta experiencia ha sido un regalo absoluto porque es la manera de colaborar desde tu campo artístico. Ha implicado reinventarme yo desde el movimiento, en la sensación, conciencia corporal y el disfrute a partir de cosas mas simples. Me ha dado la oportunidad de trabajar con una población que siempre había querido y ha sido muy satisfactorio el resultado y la importancia de ese ratito a la semana para poder ayudar a otra gente”, destacó Retana.
Para más información se puede ingresar a la página de Facebook de Danza Universitaria o comunicarse al teléfono 2511-5579.
Foto: Bajo la iniciativa del proyecto Comunidades en Línea con Danza U, la compañía se ha mantenido activa realizando diversos talleres virtuales para distintos públicos (imagen con fines ilustrativos). Foto: Anel Kenjekeeva.
Andrea Marín Castro Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Onda UNED nos ofrece en este programa una conversación entre el comunicador Sebastián Fournier y Carlos Eduardo Mena, máster en Criminología graduado en la UNED. El tema es la criminalización del empleado público como instrumento de control social.
SURCOS le invita a escuchar la conversación que inicia a partir del minutos 8 con 50 segundos:
Este 2 de setiembre, la Corte Penal Internacional (CPI) denunció y rechazó las sanciones tomadas por Estados Unidos el mismo día contra dos de sus funcionarios, uno de ellos siendo la misma Fiscal de la CPI. Una reacción inmediata a un hecho insólito (e inédito) en la historia de la justicia penal internacional, y, más generalmente, en la historia del derecho internacional.
Por su parte, el Presidente de la Asamblea de Estados Partes, el surcoreano O-Gon Kwon, llamó de inmediato a todos los integrantes de la comunidad internacional a rechazar enérgicamente estas sanciones unilaterales, al tiempo que anunció la convocatoria de una reunión urgente de los Estados Partes al Estatuto de Roma (veáse texto completo de su carta – versión en español – difundida desde el sitio oficial de la CPI).
La reacción de la CPI en breve
En su comunicado de prensa (véase texto completo de las versiones en inglés y en francés reproducidas al final de esta nota), la CPI indica que:
«These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.
The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world’s most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world’s States which are parties to the Rome Statute«.
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«Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.
La Cour continue d’appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l’engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome.»
Como se puede apreciar, el rechazo a estas sanciones es vehemente y contundente. No pareciera que la CPI se sienta en lo más mínimo impresionada por estas nuevas decisiones unilaterales ordenadas por Estados Unidos, cuyos anuncios previos fueron condenados por la mayor parte de los Estados que integran la comunidad internacional desde varios meses, con una notable excepción: Israel.
En efecto, Israel fue el único Estado en celebrar de manera entusiasta y en felicitar oficialmente a Estados Unidos en junio pasado por estas sanciones: véase nota de The Times of Israel del 11/06/2020 titulada «Netanyahu hails Trump for announcing sanctions against «corrupt» ICC«.
Las sanciones de Estados Unidos y su verdadera motivación
Las sanciones fueron anunciadas este mismo 2 de setiembre desde Washington por el Secretario de Estado en persona, señalando que (véase texto oficial del comunicado de prensa):
«Today we take the next step, because the ICC continues to target Americans, sadly. Pursuant to Executive Order 13928, the United States will designate ICC Prosecutor Fatou Bensouda, and the ICC’s Head of Jurisdiction, Complementary, and Cooperation Division Phakiso Mochochoko for having materially assisted Prosecutor Bensouda. Individuals and entities that continue to materially support those individuals risk exposure to sanctions as well. Additionally, the State Department has restricted the issuance of visas for certain individuals involved in the ICC’s efforts to investigate U.S. personnel «.
Véase también esta nota de prensa con video incluido que refiere en el comentario a las investigaciones en curso de la CPI por hechos ocurridos en Afganistán que involucrarían a personal militar norteamericano. Una mención a Afganistán que encontramos también esta nota de prensa de la BBC y en muchos otros cables noticiosos.
Un comentador curioso se percataría, al revisar con un simple click el expediente sobre la investigación en Afganistán de la CPI (véase enlace oficial ), que no hay nada nuevo desde el 5 de marzo del 2020 para explicar las repetidas gesticulaciones iracundas del aparato estatal norteamericano contra la CPI de estos últimos tiempos. Por lo que las justificaciones oficiales dadas (y replicadas por algunos analistas) no son muy convincentes si las limitamos a la investigación relacionada a Afganistán que realiza la CPI.
La inminente decisión de la CPI sobre Palestina
En una nota nuestra anterior del mes de junio del 2020, habíamos tenido la oportunidad de sugerir que la situación en Palestina y las exacciones cometidas por Israel en territorios ocupados palestinos no son para nada ajenas a estas sanciones proferidas por Estados Unidos contra la CPI, precisando que:
«La línea de tiempo no se adecúa a la explicación dada en algunos medios de prensa /…/ que ponen – casi al unísono – el accento en las investigaciones de la CPI relacionadas a Afganistán para justificar esta reciente reacción norteamericana«
(véase nuestra breve nota nuestra titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»).
Cabe precisar que el texto oficial de las sanciones enunciadas el pasado 11 de junio por Estados Unidos contra la CPI se encuentra disponible en este enlace oficial de la Casa Blanca: su lectura (y relectura) evidencia el esfuerzo hecho para no referirse expresamente a Israel en su fundamentación oficial. Es esta misma omisión la que sí se detectó por parte de un observador más acucioso que sus colegas en Israel, en este artículo de Haaretz de junio del 2020 titulado » US decision to sanction International Crime Court was coordinated with Israel, souce says«, al leerse que:
«Israel was not mentioned in Trump’s executive order, but it was mentioned in a White House press statement that explained the decision«.
En un muy completo artículo publicado este 1ero de setiembre del 2020 en Estados Unidos en el sitio de JustSecurity, titulado «The Int´l Criminal Court Executive Order: Global Reactions Compiled» (y cuya lectura completa se recomienda), una académica mucho mejor informada que algunos analistas es enfática, al señalar que:
«… the OTP’s investigation into events in the Palestinian territories may actually be the real driving force behind the United States’ virulent response. Paul R. Pillar, a former intelligence officer, demonstrated that Israel “pushed America” to sanction the Court and to coordinate these with Israel. Indeed, some have noted that the risk to Israeli officials is much greater (witness the leaked list of potential defendants drawn up by the Israeli government)«.
Nótese que estas sanciones contra la CPI anunciadas este 2 de setiembre fueron anunciadas por el jefe de la diplomacia norteamericana, unos días después de finalizada su gira personal en la que no logró obtener ninguna normalización con Israel por parte de otro Estado de la península árabe: remitímos a nuestros estimables lectores a una nota anterior sobre el supuesto carácter «histórico» del anuncio hecho por Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel el pasado 13 de agosto (véase brevenota nuestra titulada: «Foro sobre Palestina y sobre supuesto «acuerdo histórico» de normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel»).
Foto extraída de nota de prensa de The Times of Israel, titulada «US places sanctions on International Criminal Court Prosecutor Bensouda», edición del 2/09/2020.
A modo de conclusión
No es la primera vez que la actual administración norteamericana se destaca por su hostilidad hacia organizaciones internacionales adscritas a Naciones Unidas, y es posible que la actual contienda electoral norteamericana explique (en parte) esta nueva arremetida, esta vez contra la máxima instancia universal en materia de justicia penal internacional.
Al respecto, cabe señalar otro gesto político hacia Israel (escasamente analizado en la prensa) acaecido hace pocas semanas por parte de la actual administración norteamericana: de manera insólita para muchos norteamericanos, y por vez primera en la historia de los Estados Unidos, un Secretario de Estado en ejercicio participó personalmente en una Convención del Partido Republicano. No lo hizo desde su oficina, sino que lo hizo desde Jerusalén.
El pasado 18 de julio en una nota relacionada a la pausa estival de los funcionarios de la CPI en La Haya, se pudo leer en esteartículo del Jerusalem Post titulado «ICC breaks without jurisdiction ruling on Israeli war crimes cases«, que para la Fiscal de la CPI, no hay duda alguna sobre la maniobra conjunta y planificada de Estados Unidos e Israel:
“It is no secret that the administrations in the US and the state of Israel are coordinating their reactions and their policies toward the court,” Bensouda said.«
Es muy probable que esta misma percepción sea también compartida por el personal de la CPI y por varios de los jueces de la CPI.
Con relación a estas recientes sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la administración norteamericana se preste para semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en los jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión preliminar (actualmente en preparación) relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la Fiscal de la CPI.
La reserva observada por parte del aparato diplomático israelí – usualmente muy expresivo – desde el 2 de setiembre pasado con relación a estas sanciones norteamericanas pareciera obedecer a este temor.
El texto completo del comunicado de prensa en inglés y en francés es reproducido a continuación de manera integral.
International Criminal Court condemns US economic sanctions
The International Criminal Court («ICC» or «Court») condemns the economic sanctions imposed by the US earlier today on the Court’s Prosecutor and a member of her Office.
The new measures, announced pursuant to the US Executive Order 13928 dated 11 June 2020, are another attempt to interfere with the Court’s judicial and prosecutorial independence and crucial work to address grave crimes of concern to the international community as mandated under the ICC Rome Statute.
These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.
The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world’s most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world’s States which are parties to the Rome Statute.
La Cour pénale internationale condamne les sanctions économiques des États-Unis
La Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») condamne les sanctions économiques imposées plus tôt dans la journée par les États-Unis à l’encontre du Procureur de la Cour et d’un membre de son Bureau.
Les nouvelles mesures, annoncées conformément au décret exécutif des États-Unis 13928 du 11 juin 2020, constituent une nouvelle tentative d’interférer avec l’indépendance de la justice et des poursuites de la Cour et son travail crucial pour lutter contre les crimes graves qui touchent la communauté internationale, conformément au Statut de Rome de la CPI.
Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.
La Cour continue d’appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l’engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
La ofensiva más reciente en contra de las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional, incluidas las del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), inició en el año 2014, con la directriz 012 MTSS 2014, emitida por el entonces Ministro de Trabajo, Víctor Morales, que ordenaba hacer efectivo el articulado de la ley 7858 (del 28/12/98); se imponía un tope a las jubilaciones en curso de pago equivalente a diez veces el salario base más bajo de la Administración Pública.
Dicha ley 7858 representa una amarga ironía para los jubilados. Si las jubilaciones de los regímenes especiales debieron cargarse al Presupuesto Nacional, fue en razón de que el Estado, de manera dolosa e irresponsable, se apropió indebidamente de las cotizaciones de los funcionarios, adscritos por obligación al correspondiente régimen, y las desvió a gasto ordinario. Tampoco contribuyó ni como patrono ni como Estado a dichos regímenes, en flagrante violación del artículo 73 constitucional, que impone cotizaciones forzosas y tripartitas para la protección de los trabajadores. Como consecuencia, no se constituyeron los fondos previsionales que por mandato de ley (p.ej. 2248 para el Magisterio Nacional), y en sana práctica actuarial, habrían cubierto el pago de las jubilaciones. Si bien el Estado se hizo cargo de pagar las jubilaciones cargándolas al Presupuesto, la presión creciente ejercida por esos pagos lo llevó a tomar la vía fácil, pero injusta, de recortar y limitar los beneficios jubilatorios de manera antojadiza, en ausencia de estudios actuariales elaborados de acuerdo a la normativa, para “ahorrar” en el pago de los derechos, violentando así las condiciones jubilatorias, declaradas por los órganos legalmente competentes, aceptadas de buena fe, y bajo las cuales los jubilados habían adquirido compromisos económicos de acuerdo a su ingreso.
La aplicación del tope de diez salarios base ( poco más de 2 millones), a las jubilaciones del RTR, representaba un cercenamiento brutal de sus montos, habida cuenta de que el tope establecido previamente para aquellas, según el artículo 44 de la ley 7531 (del 13/7/95), era equivalente al sueldo de un catedrático de tiempo completo, con dedicación exclusiva y 30 anualidades (cercano a 4 millones), y de por demás abierto, o sea, superable pero sujeto a deducciones de hasta un 75% por sobre los excesos. Consecuentemente, las jubilaciones del RTR ya estaban sometidas, por la misma ley 7531, a varias deducciones que disminuían drásticamente sus montos netos hasta en un 69% (cotización básica, renta, seguro de enfermedad y maternidad, y contribución solidaria). Fue inútil señalar también que la ley 7946 (del 18/11/99) había ratificado el tope contenido en la ley 7531 con posterioridad, y mayor especificidad, que el establecido por la 7858, por lo que jurídicamente éste último no era aplicable al RTR. La Administración, negándose a atender razones, insistió en hacerlo efectivo.
Como consecuencia de la interposición de recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, la aplicación del tope de diez salarios base se dejó en suspenso, y la Sala Constitucional resolvió, en el 2018 (votos 19030-18 y 19485-18), que si se establecían topes a las jubilaciones, debía ser sobre la base de estudios técnicos, y principios de razonabilidad y proporcionalidad, y que esos topes debían regir a partir de la fecha de vigencia de la ley respectiva, o sea, no se aplicaban a jubilaciones en curso de pago.
“En razón de lo expuesto líneas atrás, esta Sala estima que resulta necesario hacer una interpretación conforme de la Ley número 7858, en el sentido de que ésta no resulta violatoria del principio de irretroactividad, siempre y cuando se interprete que sus efectos únicamente son aplicables a aquellas personas que hubieran obtenido el derecho de jubilación con posterioridad al 28 de diciembre de 1998, fecha en que la norma de cita entró en vigencia…” (Resolución 19485-2018 del 21/12/18).
Se podría pensar que la disposición de la Sala Constitucional zanjó en definitiva la lo referente a la aplicabilidad de los topes a las jubilaciones. Sin embargo, el 10 de abril de 2019, el ahora diputado Víctor Morales presentó su nuevo proyecto de ley 21345, denominado “Ley de Reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones”. Dicho proyecto pretende en esencia cerrar los regímenes especiales con cargo al Presupuesto Nacional.
Sin embargo, el texto aprobado impone además un tope a pensiones en curso de pago, o sea las actuales, y a las futuras también:
“Artículo 3. En el tanto los ingresos por concepto de cotizaciones sean menores que los egresos derivados del pago de los beneficios, el monto máximo a sufragar por pensiones con cargo al presupuesto nacional en curso de pago no podrá ser superior a ocho (8) salarios base del puesto más bajo pagado en la Administración Pública…
El Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberán aplicar el tope máximo aquí fijado a los montos actuales de pensión en curso de pago de todos los regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto nacional, así como a todas las pensiones que se otorguen en estos.”
Lamentablemente no se trata de un error. El texto del proyecto de ley se contrapone así, de manera directa, al criterio de la Sala Constitucional expresado en los votos citados del 2018, y ratificado en la resolución 2020 – 15116 del 14 de agosto del año en curso. ¿Sorpresa, incredulidad, estupefacción? Todo ello cabe ante tal pretensión del proyecto de ley 21345, dado que además, la misma Dirección Nacional de Pensiones había advertido acerca del criterio de Sala IV sobre la irretroactividad de la ley en la aplicación de topes, criterio que debe prevalecer obligatoriamente (“erga omnes”) en la imposición de los mismos.
El proyecto 21345 contiene otros aspectos claramente cuestionables. Uno de ellos que conviene mencionar es que éste proyecto, al justificar el tope a las jubilaciones en razón de un desbalance contable entre ingresos por cotización y egresos por pago de los derechos, obvia el hecho, señalado con anterioridad, de que el origen de la “insostenibilidad” de los regímenes jubilatorios especiales es la ausencia de un fondo autosustentable, en razón del dolo estatal, que ganaría legitimación mediante proyectos como el del diputado Morales, y leyes, como la 9796, que estableció gravámenes más onerosos a las jubilaciones, y que terminan de “barrer bajo la alfombra” la verdad histórica y la irresponsabilidad estatal respecto de estos regímenes jubilatorios especiales, para los cuales los adscritos cotizaron puntualmente porcentajes de hasta 16% mensual de su salario (en el RTR) durante su vida laboral.
Contemplando la evidente contraposición del tope a las jubilaciones pretendido por el proyecto 21345 con el criterio de la Sala IV, de acatamiento obligatorio, podemos finalizar preguntando: ¿”Erga omnes”, diputado Morales?
El problema ambiental de Crucitas, -dice el ex-ministro de ambiente Carlos Rodríguez en entrevistas a medios de prensa-, fue una invasión orquestada por Industrias Infinito, desde Abangares, por los dueños de las fincas y los grandes comerciantes del oro. Esas declaraciones son muy ilustrativas e impactantes. No ha sido un asunto de un grupo de coligalleros artesanales improvisados que venían de Nicaragua y se llevaban El Oro hacia ese país. Eso fue un cuento de hadas.
Detrás de este negocio está un Cartel del crimen organizado dedicado al trasiego del oro, de personas, de drogas, organizados en tres grupos.
Industrias Infinito incentivó la invasión de Crucitas e incluso indicó dónde estaba el oro.
Señaló a los medios por un manejo irresponsable del tema y también a varios diputados como Thompson. La comparecencia del Ministro en una comisión de la Asamblea Legislativa estuvo marcada por el ridículo, haciéndole evidentemente preguntas sin ninguna trascendencia, sin ir al fondo del asunto mediante interrogantes redactadas por terceros que los diputados no sabían ni leer bien (Tal vez el Cartel intervino en ello).
El nivel del Cartel abarca a muchos peces gordos que aún no han sido detenidos y es ENORME, con muchas aristas.
Como queda dicho por el exministro, nos han estado vendiendo un poco de humo. Los noticieros hacían énfasis en que se trataba de personas individuales cuando estábamos en presencia de un ataque bien orquestado por grandes inversionistas, que ha tenido eco bien organizado en la Asamblea Legislativa.
La campaña para desinformar tenía como objetivo culpar a los ambientalistas del daño ecológico ocurrido en Crucitas, cuando era la misma Industrias Infinito la que estaba detrás de ello, y por tanto desacreditarlos. Además, ante el desorden o “desmadre” presentar proyectos de ley para permitir la explotación minera a cielo abierto y, por fin, liberar de responsabilidad a Oscar Arias de las ilegalidades que ocurrieron en todo este negociado.
Nos ocultaron el elefante de Crucitas. Estamos en presencia del CARTEL DE CRUCITAS. Un motivo más para dudar de la calidad de la información que recibimos.
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