Autor: María José Ferlini Cartín

Karen Chacón Araya

El país vive una emergencia debido a la pandemia del Covid-19. Un aspecto poco comentado hasta ahora es si esa coyuntura podría vulnerar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Por el momento, las autoridades no plantean la existencia de riesgos por desabastecimiento de alimentos; sin embargo, la caída en los ingresos de cientos de miles de hogares puede afectar su acceso a ellos. Por eso, ante una crisis mundial como la presente, es relevante discutir si existen áreas de cuidado en esta materia.

La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) puede entenderse como la garantía de que las personas tengan acceso a alimentos saludables y nutritivos en todo momento[1]. Esta garantía es indispensable para el buen estado de salud de las personas, el desarrollo de sus capacidades cognitivas y de su capacidad para insertarse en la sociedad productivamente y obtener ingresos adecuados para una vida digna (PEN, 2008).

Es muy temprano para precisar los posibles impactos que tendrá la atención del COVID-19 sobre la SAN. Sin embargo, debido a las alteraciones en la economía nacional y mundial, y en los ingresos de importantes sectores laborales, vale la pena prever con cuidado si podrían darse cambios que afecten la producción, el intercambio y el acceso a los alimentos.

¿Cuáles podrían ser áreas de cuidado? Por lo pronto, Costa Rica no ha registrado grandes problemas para garantizar la disponibilidad de alimentos, y tampoco figura entre los países con mayores niveles de prevalencia de subalimentación[2] y de inseguridad alimentaria grave[3] (FAO, et al., 2019). Sin embargo, como se señaló al inicio, la crisis ha afectado la capacidad adquisitiva de la población socialmente sensible, por lo que resulta vital atacar las asimetrías socioeconómicas que limitan el acceso a los alimentos.

En Costa Rica, 93.542 hogares (cerca de 339.000 personas) no tenían, antes de la emergencia, los ingresos suficientes para comer. Hay también otro dato importante: desde la crisis económica de 2008-2009, el número de hogares con ingresos insuficientes para comprar la canasta básica de alimentos (medida a partir de la línea de pobreza extrema, calculada por el INEC) aumentó significativamente (gráfico 2). El punto máximo fue 2015 (104.713 hogares; INEC, varios años). O sea, el país ya tenía un serio problema: entre el 6% y el 7% de su población, dependiendo del año, no tiene capacidad económica para comprar la canasta básica alimentaria.

Gobiernos e instituciones internacionales alrededor del mundo aún no han planteado la existencia de riesgos de desabastecimiento en los mercados internacionales de alimentos, Sin embargo, todavía no se conoce la magnitud de los impactos de la pandemia sobre su funcionamiento. Por ello, el hecho de que nuestro país dependa marcadamente de las importaciones para cubrir el consumo de granos básicos, parte central de su alimentación, introduce un nivel de incertidumbre que es necesario enfrentar.

Costa Rica es la nación en Centroamérica que, en las últimas dos décadas, registró mayor dependencia de las importaciones de maíz y frijol. El gráfico 2 muestra cuánto porcentaje del consumo de estos productos es importado. Entre el 2000 y el 2018 esta dependencia pasó de 64% a 99,4% en el maíz; de un 0,5% a un 54,5% en arroz y de 65% a 79,6% en frijoles (Cepal, 2020). Este aumento en la importación de granos básicos se dio paralelo a una disminución en el área dedicada a producirlos en el país, que bajó en un 50% entre el 2000 y 2018 (Sepsa-MAG, 2019).

El punto de estas cifras no es entrar en un antiguo debate entre SAN y un concepto alterno, el de soberanía alimentaria[4]. El enfoque es otro: en un contexto de crisis mundial, una pequeña economía abierta como la costarricense debe prever la probabilidad de cambios disruptivos en los circuitos de comercio internacional con el fin de que eventuales interrupciones en estos circuitos no tomen por sorpresa a las autoridades nacionales. Esta reflexión vale también para el caso de otras crisis mundiales posibles, como la climática.

Con la información a mano, pueden señalarse varias tareas para garantizar la SAN, algunas de las cuales habían sido planteadas, en tiempos ordinarios, por varios especialistas (Dumani, 2015; Masís, 2015 y Muñoz, 2015), y que podrían cobrar relevancia en la actual situación. Entre estas se encuentran: i) ampliar los niveles de resiliencia del sector agropecuario; ii) considerar la dependencia de importaciones en productos clave, como criterio para analizar posibles riesgos derivados de una crisis; iii) mejorar el perfil nutricional de la población y iv) reducir las brechas socioeconómicas entre los hogares, de forma que todos tengan garantizado su acceso a alimentos en todo momento y; v) generar información que permita anticipar posibles riesgos.

Es pertinente una discusión previsora sobre los retos que podría enfrentar Costa Rica durante y después de la emergencia por el COVID-19 en materia de seguridad alimentaria y nutricional, tanto por los posibles cambios internacionales, como –principalmente-, por el aumento en la vulnerabilidad social de grandes sectores de población.

[1] Según la FAO (2006) la seguridad alimentaria y nutricional es la garantía de que “todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2006).

[2] Es una medida de privación de alimentos basada en el cálculo de tres parámetros importantes de cada país: la cantidad promedio de alimentos disponibles para el consumo humano por persona, el nivel de desigualdad en el acceso a ese alimento y el número mínimo de calorías requeridas para una persona promedio (FAO, 2020).

[3] Es una estimación del porcentaje de la población de un país que se enfrenta a dificultades para acceder a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y una vida activa y saludable (FAO, 2020).

[4] La soberanía alimentaria “es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades” (Foro de Organizaciones no gubernamentales y de la Sociedad Civil, 2002).

Imagen ilustrativa, UCR.

Fuente: https://estadonacion.or.cr/

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