Loma Salitral: caminata
El Movimiento El Buen Vivir realizó el pasado 23 de marzo la 3ra caminata Buen Vivir CR – Loma de Salitral 2019, bajo el lema:
¡Conozcamos y defendamos nuestro corredor biológico y pulmón!
Sea parte de SURCOS:
Autor: María José Ferlini Cartín
Salitre se despide de Sergio Rojas Ortiz
«Más de 200 personas acudieron al entierro de Sergio Rojas en Salitre, en la tierra que reclamó durante años.
Sergio Rojas denunció la constante violencia física y patrimonial en el territorio indígena de Salitre».
Enviado a SURCOS por Jiddu Rojas Jiménez.
Sea parte de SURCOS:
ANEP convocó al Consejo Consultivo Nacional el pasado viernes 22 de marzo en el Auditorio de la Conferencia Episcopal.
El tema a tratar fue “Análisis sociopolítico del deterioro de las condiciones laborales de la clase trabajadora a partir de la aplicación de la Ley del Combo Fiscal y del crecimiento de la desigualdad en Costa Rica“.
Compartimos las siguientes fotos enviadas a SURCOS por Roberto Zeledón.
“Gracias dirigentes anepistas de los actuales 151 gremios-seccionales que componen la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, a la llegada de sus 60 años.
Gracias infinitas a las casi 600 personas, compañeras y compañeros dirigentes sindicales de base de la ANEP que llegaron al histórico Consejo Consultivo Nacional (CCN) de nuestra prestigiosa organización”.
Albino Vargas Barrantes.
Sea parte de SURCOS:
CIDH repudia asesinato de líder indígena bribri, beneficiario de medidas cautelares en Costa Rica
22 de marzo de 2019
Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su repudio ante el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica. Sergio Rojas, como miembro del pueblo indígena Bribri de Salitre, era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 30 de abril de 2015.
De acuerdo con información de público conocimiento, la noche del 18 de marzo de 2019, Sergio Rojas Ortiz fue asesinado mientras se encontraba en su vivienda, en la comunidad de Salitre. Su asesinato se produjo horas después de haber acompañado a unos vecinos de la comunidad a presentar una denuncia ante la Fiscalía por amenazas contra ellos. La Comisión advierte que Sergio Rojas era miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo Autoridades Propias Defensores de la Madre Tierra, del Pueblo de Salitre y había sido víctima de varios ataques y amenazas anteriormente.
Dada su situación de riesgo, la CIDH a través de la Resolución 16/15, otorgó medidas cautelares a favor a los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, incluido el señor Rojas. En su Resolución, la Comisión solicitó al Estado de Costa Rica entre otros aspectos, adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal y que investigaran las fuentes de riesgo. Tras el otorgamiento de medidas cautelares, y teniendo conocimiento el Estado de una situación de riesgo, existe un deber especial de protección por parte del Estado. La implementación efectiva de las medidas constituye un medio de prevención a fin de evitar que el riesgo llegue a materializarse y evitar la eventual responsabilidad internacional del Estado.
La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. Asimismo, como lo ha valorado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la pérdida de un líder indígena puede llegar a tener impactos en el colectivo que representa, pudiendo significar la desmembración y daño a la integridad de su colectividad.
En ese sentido, atendiendo el contexto en que ocurrieron los hechos, la CIDH destaca la importancia del territorio para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, y reitera lo establecido por la Corte Interamericana, en el sentido que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva por parte de los Estados respecto de las tierras indígenas puede crear un clima de incertidumbre permanente, afectando en consecuencia la paz social del colectivo.
La Comisión observa que el Presidente de la República de Costa Rica condenó el asesinato, calificándolo como “Un día trágico para el pueblo bribri, nuestros pueblos indígenas y todo Costa Rica”. Asimismo, la Comisión toma nota de la instrucción dada para que las entidades competentes puedan dar con los responsables y esclarecer los hechos, así como adoptar las medidas de seguridad a favor de los familiares.
“Saludamos la respuesta del Estado de crear una unidad especial para la investigación de la muerte del líder indígena Sergio Rojas”, señaló la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. “Este crimen debe ser investigado de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y se debe sancionar a los responsables intelectuales y materiales. En particular, el Estado debe incorporar un enfoque diferenciado étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes”, agregó.
Por su parte, el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, manifestó que “en la investigación, el Estado debe incluir líneas donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como defensor de derechos humanos”.
Finalmente, la CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás beneficiarios de las medidas cautelares. El Gobierno de Costa Rica ha invitado a la CIDH a realizar una visita de trabajo para dar seguimiento a estas medidas cautelares.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente: https://mailchi.mp
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Sea parte de SURCOS:
Saneamiento seguro y cambio climático son los retos de Costa Rica para la sostenibilidad del recurso hídrico
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Informe del AyA indica que solo solo 15% de la población en Costa Rica cuenta con saneamiento seguro frente a 92,4% con acceso al agua potable
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Abastecimiento a poblaciones dispersas, la disminución de brechas urbano-rural y la afectación al recurso hídrico frente al cambio climático son los principales desafíos nacionales
22 de marzo de 2019. En el marco del Día Mundial del Agua, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hacen un llamado a reconocer la necesidad de incrementar el saneamiento seguro, así como las medidas de adaptación y mitigación frente a los efectos del cambio climático sobre las fuentes de agua.
Según el más reciente Informe de agua para consumo humano y saneamiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA (2019), en Costa Rica 4,6 millones de personas cuentan con agua potable en sus hogares (el 92,4%), siendo de las coberturas más altas a nivel regional; sin embargo, solo 750.000 personas cuentan con saneamiento seguro (15%).
En ese sentido, la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, resaltó la necesidad de invertir en todos los aspectos del ciclo social del agua. “Costa Rica es reconocida por la alta cobertura de acceso a agua potable, pero para alcanzar el desarrollo sostenible debemos continuar la Ruta del Saneamiento con inversiones en proyectos de tratamiento y recolección de aguas residuales”, indicó la jerarca.
El Informe también arrojó una brecha en el acceso a agua potable entre el área urbana y rural, pues la cobertura es de 96,4% y 84,4% respectivamente. En cuanto a saneamiento, aún el 13,4% de las aguas residuales se dispone en alcantarillados que no cuentan con una planta de tratamiento, por lo que persisten descargas directas a ríos, quebradas y mares.
Asimismo, las condiciones extremas de escasez de agua y estrés climático afectan cada vez más al país; por ejemplo, se prevé que en la región norte las precipitaciones disminuirán en un 15% al 2020, 35% al 2050 y hasta el 65% al 2080. De la misma manera, el incremento en la frecuencia e intensidad de eventos extremos como tormentas y huracanes amenazan directamente la infraestructura de agua potable.
“El cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales, muchas veces por contaminación, exigen acciones inmediatas para garantizar el desarrollo sostenible. Felicitamos a Costa Rica por el compromiso de aumentar el saneamiento seguro en todo el país. Sin duda estas acciones serán una fortaleza a nivel mundial en términos de competitividad y atracción de inversión extranjera”, señaló Kryssia Brade, Oficial a cargo del PNUD.
En este momento, AyA impulsa una cartera de inversión de casi $1.000 millones que contempla 112 proyectos en el territorio nacional, tanto de agua potable como de saneamiento. Con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente y el acompañamiento técnico del PNUD, lidera un proyecto por $5 millones para fortalecer las capacidades de 300 acueductos comunales en la zona norte, como aliados en el desarrollo local y para hacer frente al cambio climático.
Enviado por Ingrid Hernández Sánchez, Asesora Comunicación, PNUD Costa Rica.
Sea parte de SURCOS:
UNA: Estado debe expulsar a usurpadores para garantizar indígenas
“El Estado debe aplicar la ley, iniciar el saneamiento del territorio, o sea, expulsar a los usurpadores para que haya un clima de paz y tranquilidad en los pueblos indígenas y se les garanticen sus derechos”, afirmó Víctor Madrigal, coordinador del Programa Pueblos Indígenas, Agroecología y Buen Vivir de la Universidad Nacional (UNA) y representante del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN).
Madrigal encabezó la decimoquinta misión del Observatorio en la cual se constató el clima de tensión, miedo y zozobra que viven las personas indígenas ante el acecho, los tiroteos por las noches y las amenazas a su vida de parte de los usurpadores de sus tierras.
Realizada en los territorios indígenas Térraba, Rey Curré y Salitre, en la zona sur del país, esta misión—integrada por siete representantes de movimientos sociales vinculados con el tema indígena—emitió su informe el pasado 18 de marzo, pocas horas antes del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder inspirador de la recuperación de tierras en los pueblos originarios y miembro del Consejo de Mayores de Salitre.
En el informe se concluye que el Estado no ha cumplido con las medidas cautelares que garanticen la atención y la protección de los derechos y de la vida de las personas indígenas.
Por ejemplo, se logró comprobar en un sitio de acampamento de recuperantes, que la policía desconocía de que hubiera un protocolo para atención de casos de violencia en territorio indígena, lo que contradice las declaraciones oficiales.
Para el jefe de la misión del ODHAIN y académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA, el asesinato de Rojas es una tragedia que pudo haberse evitado, ya que tiene que ver con el ambiente de tensión propicio para la violencia y con el desamparo de las instituciones del Estado a los pueblos indígenas.
Ante este panorama, una de las recomendaciones que se hace en el informe presentado por la misión de observación de ODHAIN es que el Estado debe intervenir para frenar el clima de violencia que existe en estos territorios.
Concretamente, Madrigal sostiene que es preciso que el gobierno aplique la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT, lo que implica hacer efectivos ocho desalojos de usurpadores de tierras en Salitre, pendientes de ejecución en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
“Se trata de que haya voluntad política para que se ejecuten los desalojos para que se demuestra de que al Estado-gobierno costarricense realmente le interesan los pueblos indígenas, porque lo que uno constata es que hay un racismo, que no solamente es en el cantón de Buenos Aires, sino que también permea las instituciones del Estado”, subrayó el representante del Programa Pueblos Indígenas, Agroecología y Buen Vivir.
Este programa de extensión de la UNA, desarrollado con la participación de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, la Sede Chorotega y la Escuela de Bibliotecología, articula esfuerzos con movimientos sociales y organismos que atienden el tema, entre ellos el ODHAIN, el Servicio de Paz y Justicia de Costa Rica, el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena y el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), del cual el líder indígena Sergio Rojas Ortiz fungía como coordinador.
El líder Sergio Rojas Ortiz y otros representantes de organizaciones indígenas participaron recientemente en una reunión de trabajo conjunto, en la Vicerrectoría de Extensión de la UNA, sobre temas relacionados con la defensa de los derechos y el rescate cultural de los pueblos originarios.
Repudio a asesinato de líder indígena
La Universidad Nacional cuenta también con el Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal (PPIQ), adscrito a la Vicerrectoría de Investigación, cuyo equipo coordinador emitió un pronunciamiento repudiando el reciente asesinato del dirigente indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.
“A Sergio le conocemos en la UNA desde sus luchas y manifestaciones en defensa de los derechos de los pueblos indígenas costarricenses y concretamente de su pueblo natal, las comunidades bribri del territorio indígena de Salitre”, dice el comunicado del PPIQ, suscrito por la coordinadora Gabriela Pino.
El pronunciamiento destaca que el líder Rojas Ortiz fue un colaborador crítico y constructivo durante la formulación del Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal, el cual ha abierto las puertas de las universidades públicas a jóvenes indígenas.
“Con la intención de acallar las voces indígenas que reivindican sus derechos y la legitimidad de sus territorios, sus asesinos invadieron la intimidad de su hogar y le dan muerte, aprovechando la oscuridad de la noche y la lejanía de los vecinos”, añade.
Asimismo, el equipo coordinador del PPIQ manifestó que “tenemos la seguridad que el coraje de las personas indígenas triunfará sobre el miedo que se quiere establecer”.
***Mayores detalles con Víctor Madrigal, representante de UNA y ODHAIN, al 8880-8581 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Imagen ilustrativa.
Enviado por Oficina Comunicación, UNA.
Sea parte de SURCOS:
ANDE se solidariza con trabajadores de Chiquita en proceso de despido
Maikol Hernández nos informa que el pasado sábado 23 de marzo, estuvo presentando sobre los despidos ilegales en Chiquita y la situación actual de Limón.
Los trabajadores limonenses y sus familias agradecen a la ANDE su solidaridad ante la crisis humanitaria que estos están enfrentando.
Enviado por Maikol Hernández.
Sea parte de SURCOS:
UNA – Agua y saneamiento en Costa Rica: avances y retos
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Día Mundial del Agua 2019
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Mesa redonda «Agua y saneamiento en Costa Rica: avances y retos en el marco de la Agenda País 2030»
En el marco del Ideario “Costa Rica Bicentenaria: Diálogo Nacional”, se llevó a cabo en la Universidad Nacional (UNA) el pasado 20 de marzo de 2019 la Mesa redonda «Agua y saneamiento en Costa Rica: avances y retos en el marco de la Agenda País 2030»; la cual trató los retos y perspectivas en torno al acceso al agua y al saneamiento de las aguas residuales posteriores a los usos del agua.
El evento contó con la presencia del Dr. Alberto Salom Echeverría, Rector de la UNA; la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, Presidente Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Además se contó con invitados reconocidos en los temas convocados, al igual que personeros de las universidades del CONARE y de administradores de los servicios del agua en el país.
El Rector de la UNA resaltó la importancia de tomar realmente en cuenta a las personas y al medio ambiente en el que se convive y mencionó las ansias de la UNA (particularmente) por llevar a cabo este evento: “se mencionaba en la antigüedad que el agua era un recurso abundante, pero actualmente se sabe que esto no es así y necesitamos tomar conciencia sobre esto ya que es un recurso agotable y escaso”. De igual forma citó la importancia de que los administradores de los servicios de agua aprovechen de manera responsable los mantos acuíferos para dotar del vital líquido limpio y potable y no abusar del uso del recurso hídrico. Invocó la importancia de aprender a captar agua de otras fuentes, por ejemplo el agua de lluvia. También agradeció la presencia de los asistentes e instó a la comunidad en general a ocuparse más de los temas de uso responsable del agua y el saneamiento de esta; así como convertir estos tópicos del agua en una de las preocupaciones fundamentales del quehacer científico, así como hacerlo también de prioridad política para que sea de interés general.
Posterior a esto se transmitió un video de conciencia sobre el tema, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 “Agua y saneamiento” de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible propuesta por la Organización de las Naciones Unidas en el 2015. Este objetivo pone especial atención en hacer una gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos para la vida en el planeta.
Posteriormente, se hizo la presentación de los miembros que participaron en la mesa redonda: Yamileth Astorga Espeleta, Presidente Ejecutiva del AyA; Rolando Marín León, Vicepresidente de la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Asociaciones de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales CONAFLU; Irene Murillo Ruin, Secretaria Ejecutiva del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, CEDARENA; Armando Moreira Mata, Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud del Ministerio de Salud; Nelly López Alfaro, Directora del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO-UNA); además de la M.Sc. María Chaves Villalobos del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO-UNA), quién fungió como moderadora.
Estas personas llevaron a cabo una discusión en torno al tema que convocó dejando en claro la importancia de tener conciencia sobre el agua y el saneamiento de esta. Se comenzó con una aseveración de cada uno de los panelistas en torno a temas específicos. Posteriormente se respondieron preguntas realizadas por el público; y finalmente se hizo un cierre global a manera de conclusión del evento.
Finalmente, desde el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua-PRIGA de la Vicerrectoría de Investigación, se agradeció la presencia del público, se exhortó a tomar conciencia sobre la importancia del agua y se invitó también a participar del V Latinosan, a llevarse a cabo en los próximos días; así como a sumarse al accionar del Ideario: Costa Rica Bicentenaria-Diálogo Nacional que organiza y dirige la Vicerrectoría de Investigación.
Si desea detallar más la actividad, puede acceder al video completo mediante el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=e5Ta-Rh8zmM, de la página de YouTube del Auditorio Clodomiro Picado Twigt de la UNA.
Por:
Rolando Ramírez Segura-Estudiante RI-UNA
Efraín Cavallini Acuña-Rectoría UNA
Sylvia Arredondo Guevara-Vicerrectoría de Investigación
Información:
Tel: 88 32 97 97
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Sea parte de SURCOS:
Marcha del retorno en Gaza (2018): Naciones Unidas publica contundente informe de 250 páginas sobre exacciones israelíes
Nicolas Boeglin (*)
Este 18 de marzo, Naciones Unidas dio a conocer su informe final, titulado «Report of the detailed findings of the independent international Commission of inquiry on the protests in the Occupied Palestinian Territory«: el informe fue elaborado por Santiago Cantón (Argentina), Sara Hossain (Bangladesh) y Kaari Betty Murungi (Kenya), expertos en materia de derechos humanos, a solicitud del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Un informe detallado precedido por una versión preliminar presentada el 28 de febrero del 2019
Habíamos tenido la oportunidad de analizar una versión preliminar de este informe (22 páginas), la cual se difundió desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra el 28 de febrero del 2019. En esta nota, referíamos al histórico temor que para Israel (y para su incondicional aliado norteamericano) representa la Corte Penal Internacional (CPI) y el derecho penal internacional como tal: véase breve nota nuestra titulada «A propósito del reciente informe de Naciones Unidas que califica duramente exacciones cometidas por Israel contra civiles palestinos«.
Foto de la Embajadora de Estados Unidos Nikki Haley saliendo de la sala del Consejo de Seguridad en Nueva York al iniciar su alocución el representante de Palestina el 15 de mayo del 2018, durante una sesión sobre la violencia de Israel contra manifestantes participando en la Marcha del Retorno. Foto extraída de nota de prensa titulada “EE.UU. se queda solo en la ONU” (La Vanguardia, edición del 16/5/2018).
Pese a los distintos intentos realizados por Estados Unidos y por Israel para evitar a toda costa una investigación sobre la violencia cometida por Israel a partir del 30 de marzo del 2018 contra manifestantes palestinos, los resultados de esta investigación por parte de Naciones Unidas fueron dados a conocer. Cabe recordar que, a raíz de la resolución del Consejo de Derechos Humanos adoptada en junio del 2018 ordenándo dicha investigación (con los únicos votos en contra de Estados Unidos y de Australia), Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos (véase nuestra breve nota titulada: «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«).
El contenido del informe: algunos extractos
El texto analiza en detalle las diversas exacciones cometidas por Israel contra manifestantes palestinos en el 2018, durante la denominada «Marcha del Retorno«. Como es sabido, fueron más de 23.000 palestinos heridos (de los cuales más de 6000 por disparos israelíes) y fueron 189 personas palestinas las fallecidas, de las cuales 183 por disparos mortales de las fuerzas militares israelíes (véase informe, páginas 104-106, incluyendo ilustrativos gráficos).
En su informe (véase texto completo), los tres expertos detallan diversos aspectos relacionados con las múltiples exacciones cometidas por Israel, así como la falta de investigación y sanción de sus responsables militares; además, como tema que debería interesar también a expertos en comunicación y periodismo, analizan algunos episodios en los que se deja claramente entrever una estrategia tendiente a desinformar lo ocurrido por parte de algunas autoridades y algunos medios de prensa (véase párrafos 828-856).
El texto del informe, cuya lectura completa se recomienda, está únicamente disponible en inglés (véase sitio oficial de la «United Nations Commission of Inquiry on the 2018 protests in the Occupied Palestinian Territory«): sería de gran interés que sea traducido a otros idiomas oficiales de Naciones Unidas, en aras de permitir una amplia difusión de su valioso contenido.
Leemos por ejemplo, entre muchos hallazgos que ameritarían ser divulgados, que:
«735. A number of international doctors with experience in conflict zones who worked in Gaza’s hospitals between 30 March and 31 December 2018 concurred, asserting that the gunshot wounds from the demonstrations were caused by high-velocity bullets fired at relatively close range. They agreed that “absolutely horrific” injuries featuring complex tissue and bone damage are entirely predictable when high-velocity ammunition is fired into human bodies by snipers. As the doctors explained: “that is what a sniper bullet does. It is what it is designed to do.” In the view of one doctor the Commission spoke to: “…using high velocity bullets on a population that are 100 metres away doesn’t make sense, it is like using a tank to kill a fly«.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Ejército israelí mata a una enfermera palestina que asistía a heridos en la frontera de Gaza» (LaRed21, Uruguay, edición del 4/06/2018).
Con relación a Estados terceros, leemos que para los tres expertos, hay actitudes (y silencios) que los Estados deberían de poder cambiar por acciones en aras de que se respete el derecho internacional humanitario:
«966. In addition to the primary obligations for accountability that fall on Israel and Palestine, third states also bear such obligations. High Contracting Parties of the Geneva Conventions have undertaken ‘to respect and ensure respect’ for the Conventions in all circumstances. The grounds for triggering this obligation include deterring the commission of any violation of the four treaties, though practice generally deals only with grave instances, for example serious breaches of the Geneva Conventions. The obligation has traditionally been understood to encompass a negative duty not to encourage, aid or assist other parties to the Convention to commit violations. States that substantially support a party to a conflict have a heightened obligation. More recently, the ICRC has interpreted an external component of the obligation on the assisting state to ‘ensure respect’ for the rules of IHL by all other states. This positive duty includes an obligation to prevent violations when there is a foreseeable risk that they will be committed, and to prevent further violations in the event they have already occurred. This requires all states that have ratified the Conventions to use their influence to compel fellow State Parties to the Conventions that are at the time involved in an armed conflict or occupation– whether against states or non-state actors – to respect the Conventions (i.e., obligations erga omnes partes). The obligation holds irrespective of the duty bearing states’ connection to the armed conflict or occupation, either through its actions or proximity«.
El texto viene acompañado de fotos, tomas aéreas, gráficos, así como un juego de notas en pie de página (1044 en total). En sus conclusiones, los tres expertos en derechos humanos señalan que:
«883. The Commission found that demonstrators who were hundreds of metres away from the Israeli forces and visibly engaged in civilian activities were intentionally shot. Journalists and health workers who were clearly marked as such were shot, as were children, women and persons with disabilities.
884. With the exception of one incident in North Gaza on 14 May that may have amounted to “direct participation in hostilities” and one incident in Central Gaza on 12 October that may have constituted an “imminent threat to life or serious injury” to the Israeli security forces, the Commission found reasonable grounds to believe that, in all other cases it investigated, the use of live ammunition by Israeli security forces against demonstrators was unlawful«.
También se lee por parte de los expertos que se evidencia un patrón de conducta que interesa al derecho penal internacional, al confirmarse que varias de las exacciones cometidas por Israel califican como «crímenes de lesa humanidad«:
«981. If committed in the context of a widespread or systematic attack directed against a civilian population pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy, serious human rights violations may also constitute crimes against humanity. Murder and “other inhumane acts” that cause great suffering or serious injury qualify as such violations. In the course of the investigation, the Commission found serious human rights violations that may constitute crimes against humanity.
982. Civilian and military leaders bear responsibility for international crimes they commit directly, but also as commanders where they exert effective control over subordinates, knew or should have known about subordinates’ crimes, and failed to prevent or repress their commission or to submit them for investigation and prosecution.
983. The Commission is aware of an ongoing preliminary examination by the International Criminal Court of alleged crimes committed in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, since 13 June 2014, and requests the High Commissioner to refer the present report and relevant information upon which it is based to the Office of the Prosecutor«.
A modo de conclusión: un exhaustivo informe que se añade a investigaciones previas
Tal y como se puede apreciar en el párrafo 983, este informe es considerado por sus autores como un documento que puede ser de mucha utilidad a la CPI en el marco de las investigaciones que lleva a cabo su Fiscalía. Este punto se complementa con el párrafo 975, en el que se menciona un expediente (no público) conteniendo posiblemente el listado preciso de algunos mandos militares israelíes responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad, y que los tres investigadores ponen a disposición del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional:
«975. The Commission was mandated to identify those it deemed responsible for the violations it refers to in the present report. It does so by placing the relevant information in a confidential file to be handed over to the United Nations High Commissioner for Human Rights. The Commission authorizes the High Commissioner to provide access to that information to the International Criminal Court and national authorities that are conducting credible investigations for the purposes of ensuring accountability for crimes and other serious violations committed in this context, establishing the truth about violations or implementing United Nations-mandated targeted sanctions against particular individuals or institutions responsible for the crimes and violation set out here. The Commission requests the High Commissioner to grant access only to the extent that witnesses or other sources of information concerned have given their informed consent and that any protection concerns are duly addressed«.
En medio de las reacciones iracundas de Israel – que ya no impresionan mayormente en Naciones Unidas- desacreditando el contenido de esta investigación y a sus autores, este 22 de marzo del 2019, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó una resolución acogiendo las conclusiones y las recomendaciones contenidas en este informe (véase nota de Haaretz). El voto fue de 23 Estados a favor, 8 en contra (Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Hungría, Islas Fiji, República Checa y Ucrania), y 15 abstenciones (Camerún optó por el «No Show» de su delegado a la hora de la votación). En el caso de los Estados de América Latina votaron a favor de la resolución Chile, Cuba, Perú y México; votó en contra Brasil; y se abstuvieron Argentina y Uruguay (así como, en el hemisferio americano, Las Bahamas).
Foto del tablero de votación de este 22 de marzo del 2019, extraída de nota de prensa de TRT titulada «L’ONU adopte une résolution condamnant Israël», edición del 22/03/2019.
Nótese que en junio del 2018, al votar el Consejo de Derechos Humanos una resolución para investigar lo ocurrido en Gaza y el número creciente de víctimas palestinas (véase texto de la resolución), Brasil había votado a favor de la resolución, obteniéndose 29 votos a su favor, 2 en contra (Estados Unidos y Australia) y 14 abstenciones (el detalle del tablero de votación se puede apreciar a partir de los 30 segundos en este enlace de Youtube).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Enviado por el autor.
Sea parte de SURCOS:
La UCR analiza la posibilidad de aplicar el examen de equiparación dos veces al año
Este jueves 25 de marzo, la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Colegio de Médicos comunicaron, de manera oficial, el acuerdo de extender la autorización temporal a siete médicos especialistas extranjeros.