La Maestría en Pedagogía del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (Cide-UNA) y el Consejo de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y Juventud (UNA) invita al acto de clausura del curso: “Habilidades blandas para jóvenes con discapacidad”, que se realizará el próximo lunes 8 de abril a las 9 a.m. en el Centro Cívico para la Paz, La Capri, Desamparados
25 personas con edades entre 18 y 35 años con distintas condiciones de discapacidad –sensorial, física, psicosocial o cognitiva- se gradúan en competencias básicas vinculadas al mundo del trabajo
Jóvenes provienen de comunidades de Desamparados, entre ellas La Capri, San Miguel, El Porvenir, Dos Cercas, Calle Fallas, San Rafael Arriba y San Rafael Abajo
Estudiantes realizaron su pasantía en empresas como Popular Pensiones, Etipress, Municipalidad de Desamparados, el Consejo de la Persona Joven, Plura, Taco Bell, Hogares de Ancianos Ofelia Carvajal y Carlos María Ulloa, Clínica de Tibás, Micitt, entre otras.
Curso fue impartido por profesionales en Educación Especial de la Maestría en Pedagogía de la UNA, gracias a un convenio con el Consejo de la Persona Joven del Ministerio de Cultura y Juventud.
***Mayores detalles con María Fernanda Fonseca, Maestría en Pedagogía 8716-9456 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.universidadescr.com
Inauguración y clase inaugural de las carreras itinerantes de la Universidad Nacional en Guatuso
La Universidad Nacional desarrolla en el cantón de Guatuso la carrera itinerante de: Gestión de Turismo Sostenible y Educación Rural, con la participación de 92 alumnas y alumnos, la gran mayoría mujeres. En territorios rurales, en cantones fronterizos y costeros la UNA imparte 9 carreras dentro de un enfoque de una Universidad al servicio de Costa Rica.
Caminan horas, cruzan ríos, pedalean kilómetros, porque una cumbia va a probar sus destrezas de coordinación. No sólo es la cumbia, es que el sueño de una carrera universitaria llegó a sus pueblos ¡Carreras itinerantes!
La muerte del líder Bribri, Sergio Rojas Ortiz, se suma a la oleada de asesinatos en América Latina de indígenas y líderes comunitarios que coordinan procesos de justicia social y derechos humanos. Foto tomada del sitio del Frente Nacional de Pueblos Indígenas.
Tras el asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak, la escalada de violencia impune continúa. Personas de los pueblos Bröran y Bribri que habitan en los territorios indígenas en Térraba y Salitre, denunciaron públicamente este miércoles 3 de abril en conferencia de prensa que han recibido amenazas de acabar con sus vidas con armas de fuego, en un ambiente de impunidad y el abandono de las zonas por parte de los cuerpos de seguridad pública.
El encuentro con la prensa tuvo lugar en el paraninfo Daniel Oduber, en la sede de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en Sabanilla. En ella levantaron sus voces Mariana Delgado Morales, líder Bribri y recuperadora de tierras en Salitre; Pablo Sibar Sibar, integrante del Consejo de Mayores Bröran; así como Lucía y Alban, ambos de apellidos Rojas Lázaro, hijos de Sergio Rojas. Les acompañaron, el Dr. Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED (CICDE) y Vanessa Jiménez, abogada del Forest People Program, quien asesora a los pueblos indígenas de Térraba y Salitre.
Representantes de los pueblos Bribri y Bröran convocaron a una conferencia de prensa para denunciar el aumento de la inseguridad que viven dentro de sus territorios tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Foto cortesía de la UNED.
Líder hasta el último minuto. “Mi padre sigue siendo perseguido, aún después de muerto. El murió luchando por sus ideales, por un pueblo marginado y discriminado por el gobierno. Hasta el último día de su vida fue fiel a sus principios”, dijo a la prensa y a la audiencia presente.
“Pido al gobierno del presidente Carlos Alvarado que se comprometa con el pueblo Bribri, que siga con los procesos sobre nuestras tierras y que se coordine con nosotros y no con la gente ajena a nuestro pueblo”, exigió Rojas.
Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores del Pueblo Bröran, advirtió que lo que sucede en Térraba y Salitre es parte de la vida cotidiana en los otros territorios indígenas del país. Foto cortesía de la UNED.
Por su parte, Mariana Delgado advirtió que “estamos totalmente desamparados. Cuando hay disparos llamamos a los policías, ellos llegan tarde, una hora y media después y nos dicen que tienen miedo de meterse a nuestras fincas porque son privadas y que no tienen órdenes de sus superiores para protegernos y si no hay heridos o un muerto se van”.
Delgado aseguró que teme por su vida y la de su familia. “Aquí estoy presente con ustedes, mañana no sé si ustedes estarán hablando de mi muerte porque estamos siendo amenazados de muerte yo misma, unas compañeras y mi hijo, a quien un finquero le dijo le iba a dejar la cabeza como un colador”.
“Nuestra vida es insegura, aun en nuestra propia casa, aun en nuestro propio pueblo, de parte de estos terratenientes que día con día nos acosan, que nos pasan tirando balas. La policía no atiende a tiempo las llamadas por tiroteos en las montañas, que las hacen para amedrentarnos”.
Ante las constantes denuncias en la fiscalía de Buenos Aires, la única respuesta que han obtenido insistentemente es que para recibir protección deben abandonar sus territorios, a lo que los denunciantes se han negado. “Les hemos dicho que porque no sacan a nuestros agresores que nos amenazan día con día, qué porque nosotros debemos salir de nuestras tierras, de nuestras familias, de nuestras casas”.
“Estamos a la merced de los criminales que caminan por nuestros territorios a toda hora, burlándose de nosotros. No es una sola persona que está siendo amenazada, anteayer advirtieron al compañero Oscar Rojas, que lo iban a sacar de la recuperación de territorio que él hizo, porque ahí cerca hay una persona no indígena, que con sus compañeros y al calor de las fiestas dispararon y le gritaron que va èl será el otro después de Sergio”, denunció la líder.
Voces no escuchadas. “Esta es una lucha por nuestros derechos, amparados en las convenciones internacionales. El Estado no hace nada por la invasión de los no indígenas a nuestro territorio”, manifestó Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores del Pueblo Bröran.
Un estudio de la UNED reveló que al abordarse el tema indígena en los medios de comunicación mayor cantidad de voces reflejadas son la del mismo periodista y personas no indígenas. Foto cortesía de la UNED.
Sibar condenó que ni los poderes Judicial y Legislativo han cumplido con los procesos para garantizar el pleno disfrute de sus derechos ancestrales; y más bien esta misma semana un juez les dio tres días para abandonar una parte de su territorio.
El líder Bröran explicó que vinieron a la capital a denunciar porque en los medios de comunicación no se escuchan sus voces, y más bien se les da espacio a personas no indígenas para hablar sobre la situación que viven.
El Dr. Luis Paulino Vargas, del CICDE, hizo un llamado a los medios de comunicación y al personal periodístico a hacer un cambio de enfoque. Según el estudio realizado por ese centro de investigación, de las noticias difundidas solo el 20% de las voces incluidas en dichas producciones corresponden a indígenas.
Vargas también expresó su preocupación por que entre el 2010 y 2017 se registraron 124 hechos de violencia en los territorios indígenas, pero a la fecha ninguna persona ha sido llevada a los tribunales. La situación es similar en territorios en otras regiones del país, añadió Sibar.
Asimismo, acotó la abogada Jiménez, “no se ha ordenado ningún desalojo de los no indígenas, pero si han habido órdenes judiciales para que indígenas para que dejen sus tierras”.
Jiménez exigió que se cree un mecanismo de protección real, a la luz de la medida cautelar #321-12 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
“A nuestro hermano Sergio le gustaría que nosotros siguiéramos luchando, en memoria de él y de muchos defensores de nuestros territorios así lo haremos, a pesar de que nos quieran desalojar”, aseguró Sibar.
Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.
Esta iniciativa nace en el contexto del Ideario, Costa Rica Bicentenaria, Diálogo Nacional a cargo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional y tiene como objetivo establecer una conversación nacional hacia el desarrollo del país.
El 13 de marzo vecinos de Heredia presentaron una denuncia ante la Municipalidad de San Isidro de Heredia por afectación del sector de una de las márgenes del río Tibás, tal y como lo menciona el artículo 33 de la ley Forestal 7575. (Lea la nota en el siguiente enlace: Denuncian afectaciones a las orillas del río Tibás).
Por otra parte José Francisco Alfaro de CONCEVERDE, nos comparte la denuncia dirigida a la Ing. Meryll Arias Quirós, Jefe de la Oficina Subregional Heredia, SINAC/MINAE, en la cual se manifiesta la formal denuncia por: 1. Invasión a la zona de protección a ambos lados del Río Tibás a la largo de más de 150 metros aproximadamente; 2. Invasión del cauce del Río Tibás y 3. Invasión de zona de protección una posible naciente con afloramiento en ladera del Río; a lo cual la Ing. Arias responde que ya esa denuncia la habían recibido por otro medio y que fue atendida el 26 de marzo, el 27 de marzo se le aplicó medida cautelar al propietario para paralizar cualquier obra y/o actividad que afecte el área de protección del Río Tibás, y ya se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y el Tribunal Ambiental Administrativo el día 2 de abril de 2019.
Sin embargo, posterior a la denuncia presentada el 2 de abril, José Francisco Alfaro recibió por parte de vecinos de la zona fotos y un video donde se ven que las actividades en la zona de protección del Río Tibás continúan, lo que podría estar configurando el delito de desacato, la burla al Ministerio de Ambiente, a los ciudadanos.
Desde el día de ayer 3 de abril, en horas de la mañana, funcionarios del muelle APM terminales no están dejando ingresar transportistas (traileros), quienes tienen entregar cargas en este muelle.
Se presume que desde el día de ayer, a eso de las ocho de la mañana, el muelle APM se quedó sin espacio para los contenedores y refrigerados; es decir, estos últimos equipos necesitan estar conectados a la electricidad para poder funcionar. A este proceso se le llama conexión a toma.
Es así, reiteramos que desde ayer se terminó el espacio en tomas, lo cual ha ocasionado que los camiones se empezaran aglomerar en la entrada al muelle, haciendo largas filas en la entrada del muelle, dentro del muelle y sobre la ruta 32, durante el día y noche de ayer 3 de abril y madrugada y transcurso de la mañana de hoy 4 de abril.
Tenemos a lo largo de estas grandes presas, transportistas y personas que están viviendo situaciones complicadas, pues al estar en fila están viviendo condiciones inhumanas, en términos del acceso a servicios sanitarios, su descanso, alimentación, necesidades fisiológicas, entre otros.
No ha existido ningún personero de APM Terminals que dé información clara o que explique la situación y se tomen las medidas pertinentes. Pareciera que la terminal no tiene la capacidad para cubrir la demanda y quienes pagamos esta situación somos los trabajadores y familiares que transportamos hacia ese muelle.
San José, a las 11 horas con 36 minutos de este día jueves 4 de abril de 2019.
“La violencia en la zona (de Salitre), difícilmente, puede detenerse si no se elimina el factor que genera esa atmósfera de violencia: el conflicto por la tierra. El Estado debe actuar con rapidez, según el ordenamiento jurídico nacional e internacional que lo faculta para generar un proceso, el cual permita una resolución pacífica a este conflicto, mediante una propuesta del Gobierno a la Asamblea Legislativa o por iniciativa de su diputación”.
Las organizaciones presentes en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENSAPP) le contestaron mediante un video a Renato Alvarado, Ministro de agricultura y ganadería, sobre la necesidad de emitir una moratoria a la expansión piñera.
En los últimos días se dieron a conocer declaraciones de ministro Alvarado mediante las cuales descarta la posibilidad de plantear una moratoria a la expansión del monocultivo. Alegando que no han necesidad de desarrollar dicha acción debido a que el sector presenta un decrecimiento y baja en los precios internacionales.
Pero contrario a las declaraciones del ministro, el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) en 2018 ha señalado que en el año 2017 los cultivos de esta fruta se expandieron en 9.000 hectáreas, un 15% del área total sembrada en el país para alcanzar unas 67mil hectáreas de cultivo de piña. El país ha sufrido una aceleración agresiva de la expansión piñera en los últimos dos años con consecuencias serias para la vida y el desarrollo de las comunidades impactadas por la industria debido a contaminación de fuentes de agua para consumo humano.
La piña está metida hasta en las Áreas Silvestres Protegidas. El SNIT señala también que existen unas 1.500 hectáreas del monocultivo de piña dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Una razón de peso para incentivar urgentemente la moratoria la expansión del monocultivo.
¿Qué es una moratoria? Según el diccionario es una “situación en la que el procedimiento regular o las acciones previstas son objeto de interrupción, o aplazamiento”. En la realidad sería un periodo o lapso de tiempo en el que el gobierno nacional suspendería las nuevas autorizaciones para la siembra o establecimiento de nuevas áreas de producción de piña. No se trata de diezmar la producción se trata de evitar que se siga expandiendo irresponsablemente.
Manifestación contra la expansión piñera:
El FRENASAPP se unirá a la concentración contra la contaminación por agrotóxicos, este próximo 25 de abril a las 4:30PM, frente a los Tribunales de Justicia para solicitar que se declaren inconstitucionales los Decretos Ejecutivos 39995, 40059 y 41481 que dan puerta libre al ingreso al país de plaguicidas son estudios ecotoxicológicos y toxicológicos.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) aplaude el accionar de la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL) al defender la autonomía municipal ante el Ministerio de Hacienda por la aplicación de la Ley 9635, popularmente conocida como “Ley del Combo Fiscal”.
El pasado miércoles 03 de abril, en conferencia de prensa, indígenas del pueblo Bribri de Salitre y del pueblo Brörán de Térraba, denunciaron la impunidad que existe en dichos territorios en relación con la ocupación de tierras por de personas no indígenas. Además, señalaron que el Gobierno no actúa de manera oportuna y exigen acciones urgentes.
