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Autor: María José Ferlini Cartín

Improvisación en la Cancillería

Por Marlín Oscar Ávila

Los costarricenses debemos preguntarnos, hacia dónde queremos dirigir nuestras relaciones internacionales. Si no tenemos esta definición será inevitable que cualquier fuerza internacional la defina por nosotros. El mundo actual se está moviendo a velocidad luz, comparado a veinte años atrás, cuando el panorama cambiaba a menos que la velocidad del sonido.

Para nadie debe ser extraño que tengamos rencillas con los hermanos nicaragüenses, eso es histórico en nuestra familia centroamericana. Lo que no es tan común es tener riñas con hermanos que viven muy al sur de nuestro territorio. Y, si nos descuidamos nos van a endosar enemistades con otros países, incluso africanos y asiáticos, dependiendo a quién declaran enemigos en Washington, más aún si el nuevo posible enemigo tiene abundancia de riquezas. No se nos ocurre que se van a violentar nuestras relaciones diplomáticas con Haití, Nueva Guinea o Santa Lucía o la también empobrecida Honduras.

Con el pleito gratuito que ahora se tiene con el gobierno de Venezuela, para nadie con «cinco dedos de frente», como decían nuestros abuelos, es algo originado por nuestras relaciones históricas con esa nación. Desde que aprendimos a respetar la soberanía ajena, nuestra nación ha mantenido relaciones fluidas con todos los países del orbe mundial. Incluso, nos acomodamos de tal manera que llegamos a ser vistos con una cultura abierta hacia otras muchas culturas, muy diferentes en su desarrollo socio político y económico, hasta en sus marcos ideológicos. Desde luego, eso nos llevó a tener un mejor panorama de nuestro propio desarrollo.

Sin embargo, esto ha venido distorsionándose velozmente con las influencias del nuevo gobierno en Washington. Siempre hemos tenido la influencia de los gobiernos estadounidenses, pero los anteriores nos vieron como una sociedad importante en los manejos culturales y de nuestra política enmarcada en la «democracia occidental», por lo cual, había que cuidar de no alterar los caminos trazados por nuestro pueblo. Sabían que «una buena proporción de ticos pensamos como gringos».

Como bien sabemos, el actual gobierno de Donald Trump, no tiene ningún tipo de consideración para sociedades como la nuestra. Para él el mundo se divide en dos: los que le siguen sus mandatos y ocurrencias xenofóbicas, para llegar a construir el tercer imperio neofascista, acumular riquezas y, los que no le siguen. Así que obliga a cualquier nación a que se defina sí se une a sus ambiciones imperiales y se somete a sus dictados o se convierte en su enemigo. Para este ignorante e inculto comerciante de las mayores riquezas del mundo, solamente logra diferenciar que existe la relación con un príncipe heredero en Arabia Saudita, a quien trata como si fuese un demócrata, respetuoso de los derechos humanos, haciendo caso omiso de sus crímenes cotidianos y, a un gobernante en un país inmensamente rico en minerales, como Venezuela, que no obedece sus mandatos, por lo tanto hay que destruirlo.

Coloquemos el perfil de nuestro presidente Carlos Alvarado al lado del de Donald Trump. La calidad humana del nuestro, supera con creses al estadounidense. No obstante, el de Washington está definiendo nuestras políticas actualmente. A ese neo nazi que no elegimos.

Veamos alguna de las trampas a que nos podremos meter sin tener definida nuestra política exterior.

Oficialmente «hemos aceptado» al tal Guido como gobernante de Venezuela. Nombrado «Presidente encargado» seleccionado por Donald Trump. Consecuentemente, «hemos» dado 60 días a la misión diplomática del gobierno elegido democráticamente, para desalojar su embajada en Los Yoses, San José. Ese plazo seguramente vino de Washington, donde se ha cronometrado la toma de poder en Caracas. Nuestros gobernantes no saben si eso será así. No tenemos el expertís militar en producir golpes de estado, menos en el extranjero.

Pero el riesgo es, si no le resultan bien los cálculos y la masacre programada por el Pentágono, ¿adónde quedaremos los ticos? La vergüenza internacional que se nos viene.

Ahora resulta que el gobierno del vecino Nicaragua «tiene los días contados» por decisión de «la santa inquisición» del Pentágono. ¿Será que también nuestro presidente (no nosotros, la ciudadanía) va a verse obligado a romper relaciones con nuestros hermanos nicaragüenses?

Pareciera que nuestro gobierno no solamente improvisa, sino que solamente obedece. Nuestro nuevo Canciller tampoco nos impresiona. Pareciera estar esperando que Washington le dicte las pautas a seguir, como se las pudo haber dictado en el CIDH.

Así que estamos muy mal en nuestra política exterior, desde el comienzo del «gobierno de la unidad» con posible graves consecuencias para nuestro pueblo costarricense.

Nuestro gobierno debe saber diferenciar el tratar asuntos internos con los externos. Estos últimos son muy delicados, al grado que pueden afectar nuestro futuro como nación.

 

Enviado por el autor.

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Acciones transformadoras frente a fundamentalismos

El Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, nos comparte esta reflexión que hace Nancy Cardoso sobre el fundamentalismo y los riesgos que trae consigo su injerencia en el espacio público. Como proyecto de poder, el fundamentalismo se vale de alianzas y cómplices.

Desde el DEI se busca dar espacio a espiritualidades respetuosas, que no sean ejercidas desde la dominación o desde la manipulación de la religiosidad para promover discursos de odio, o para lastimar a otras personas y atacar su dignidad, sus derechos.

«Lo que (les) asusta no es que seamos diferentes. Lo que asusta es cuando la diferencia va desapareciendo. Si desde la diferencia vamos a construir la igualdad, la diferencia se va achicando. (…) El proyecto de los sectores conservadores es un proyecto fascista«.

Nancy Cardoso

 

Enviado por DEI Departamento Ecuménico de Investigaciones.

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UCR propicia abordaje integral para cuenca baja del río Barranca

La Coordinación de Acción Social de la Universidad de Costa Rica Sede del Pacífico, le extiende la cordial invitación a la «II Mesa de diálogo: Abordaje integral de la cuenca baja del río Barranca» a celebrarse el miércoles 27 de febrero a las 9 a.m. en el aula 3A en las instalaciones de El Cocal, Puntarenas. La actividad tiene como propósito: Crear una estrategia de intervención integral en las comunidades de Barranca, que permita incidir en los objetivos de desarrollo sostenible. En una primera fase se contemplan las comunidades de Juanito Mora, Manuel Mora, Los Almendros y El Progreso. Para más detalles se adjunta la invitación y la respectiva agenda.

Para confirmar la asistencia (a más tardar el martes 26 de febrero a las 12:00 md), escriba al correo: MARIAJOSE.QUESADA@ucr.ac.cr o bien al correo de la docente stefanny.foresterdelgado@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-7409 de la Oficina de la Coordinación de Acción Social.

 

Enviado por M.A. María José Quesada Chaves, Coordinadora Acción Social, UCR / Sede del Pacífico.

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Podrían suspender reglamento sobre plaguicidas cuestionado por grupos ambientales

  • Decreto 39995 carece de sustento técnico

  • Violenta el derecho a un ambiente sano y equilibrado

(Bloque Verde, 18-2-2019) Mediante un informe ante la Sala Constitucional ha señalado el Ministerio de Ambiente y Energía que el Decreto Ejecutivo 39995 sobre registro de plaguicidas violenta el principio precautorio al exponer a la población y al ambiente a plaguicidas que carecen de estudios ecotoxitológicos.

La normativa cuestionada se trata del “Reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados” cuestionado por las organizaciones ambientales en la acción de inconstitucional 18-019039-0007-CO. Dicho expediente alberga el argumento que dicho decreto carece de sustento técnico y que es totalmente irresponsable autorizar el registro e ingreso de plaguicidas sin que estos pasen por evaluaciones de carácter sanitario y ambiental.

El Decreto 39995 redactado para favorecer los intereses comerciales de las empresas fabricantes de plaguicidas es una afrenta a lo estipulado en el artículo 50 de la Constitución Política, el cual defiende el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

En el informe rendido por el MINAE solicita la suspensión inmediata del decreto en cuestión mientras se resuelve la acción de inconstitucional. Dicha petición de sustenta en el principio precautorio para evitar daños graves e irreversibles.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Bloque Verde.

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SEC dice NO al proyecto 20.786 de Educación Dual

El proyecto 20.786 de Educación Dual, tal y como está redactado no resuelve el problema del desempleo, ni el de los “ni-nis”, ni abre las puertas a nuevas inversiones saludables para la economía, contrario a lo señalado por el diputado liberacionista Wagner Jiménez -en una entrevista para Diario Extra.

El SEC considera que este proyecto intensificará la expulsión de la educación formal de amplios sectores de jóvenes, propiciará más explotación de la población más vulnerable y promoverá un patrón laboral de informalidad, carente de derechos laborales.

En el proceso con gobierno, sindicatos y cámaras empresariales, facilitado por la OIT, se discutía una modalidad de Educación Dual analizando modelos exitosos, como el alemán, donde siempre a los estudiantes-aprendices se les reconocen sus derechos laborales mediante un contrato, bajo el ojo fiscalizador de su central sindical. Aquí se insiste en un contrato civil que no reconoce derechos, ni obligaciones patronales y excluye la protección sindical, dejando a cada estudiante indefenso frente a la empresa.

Además, se demostró mediante un modelo de simulación realizado científicamente, que las empresas siempre obtienen ganancias rápidas de la inversión que realizan en este sistema, aun cumpliendo con todas las garantías sociales, como: seguridad social y salario proporcional al tiempo trabajado, pues las y los aprendices aumentan la productividad en la medida que avanzan en su proceso educativo.

El SEC además, planteó que esta modalidad Dual, debía significar también un estímulo a la culminación de los procesos de educación formal, de manera que aprender un oficio no limite el futuro de las y los estudiantes que se integran, sino que, por el contrario; le brinda nuevas opciones laborales y académicas.

Pero todos los aportes que se dieron en este proceso tripartito se despreciaron; para complacer a los grandes capitales y su avaricia. El proyecto que se dictaminó está dejando a las y los estudiantes trabajar parcialmente sin salario ni garantías sociales, sin protección a quienes son menores de edad, sin garantizar que puedan continuar su proceso educativo, además; deja abierto el portillo a cualquier tipo de oficio sin definir, con la herramienta que nos da el Marco Nacional de Cualificaciones y su fiscalización, promoviendo el desorden y las estafas educativas que pululan en el medio privado.

Es importante resaltar que tampoco garantizan un mínimo de contratación por parte de las empresas, por lo que pueden impunemente utilizar el trabajo gratuito de estudiantes, año tras año, sin que se resuelva el desempleo futuro de los mismos.

El SEC asumió seriamente el debate de lo que debería ser la Educación Dual en nuestro país. Pero diputados como Jiménez, se orientan más por el favorecimiento irresponsable de las grandes empresas y se convierten en “vendedores de humo” que juegan con las necesidades más apremiantes de las familias empobrecidas de este país.

El SEC rechazará todo proyecto de Educación Dual que por su contenido; amenace los derechos de la niñez, la adolescencia y la educación integral, o que exponga esa juventud a la explotación laboral, sin que se les garantice la posibilidad de continuar estudiando. Tampoco apoyaremos un modelo que no les proteja en ambientes adultos, pues se les expone a situaciones de acoso laboral, sexual, etc.; mucho menos un modelo que reduzca su desarrollo normal, al limitar el tiempo para estudio y recreación, aumentando la brecha social.

El 20.786 debe archivarse, a menos que se modifique y vuelva a basarse en un diálogo tripartito, velando por los derechos de la niñez y la juventud a una formación integral y a un trabajo de calidad en el futuro.

 

Enviado por SEC.

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Pronunciamiento en pro de la paz en Venezuela

Las personas abajo firmantes, ciudadanos costarricenses provenientes de diversos sectores de la sociedad, pero animadas tan sólo por un hondo sentimiento de preocupación por los peligros que corre la paz, tanto regional como mundial, queremos levantar nuestra voz en pro de una solución pacífica y en concordancia con los principios del derecho internacional para solucionar el conflicto que hoy afecta a los hermanos venezolanos.

Levantamos nuestra voz secundando los llamados a la paz y al diálogo, a fin de buscar una solución por medios estrictamente políticos a los problemas internos de Venezuela. Otro tanto ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas. Secundamos las iniciativas diplomáticas de México y las naciones del Caribe. Todo lo cual va en plena concordancia con la tradición de paz de nuestro país. Costa Rica ha hecho de su proclama de una neutralidad perpetua y activa un principio de su Constitución Política. Costa Rica fue firmante de los acuerdos de la II Cumbre de la CELAC en que declara a los países de América Latina y el Caribe como tierra de paz. Nuestro país debe ser fiel a esta tradición de paz y de no injerencia en los asuntos internos de otros estados soberanos. Es la hora de actuar en concordancia.

Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.

Si está de acuerdo en suscribir este pronunciamiento favor enviar su nombre completo y profesión, oficio o puesto a: mora_arnoldo@hotmail.com

*Quienes deseen suscribir el documento puedo comunicarlo a nuestro correo: periodico.surcos@surcosdigital.com

 

Imagen ilustrativa.

Información enviada a SURCOS por Rodolfo Ulloa.

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CEDI: Jesús de Nazaret y un cierto conocimiento de sí mismo

  • Taller con Domingo Melero

El Centro Dominico de Investigación, CEDI, nos comparte un video clip con información detallada para que puedan participar en el Taller «Jesús de Nazaret y un cierto conocimiento de sí mismo» – con Domingo Melero como expositor.

«La presencia de Jesús en su discípulo crece con la presencia a sí mismo que éste puede lograr«.

Marcel Légaut, Meditación de un cristiano del siglo XX, p. 20

 

Enviado por Equipo del CEDI.

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Nuevo ciclo de talleres 2019 en el CEDI

El Centro Dominico de Investigación, CEDI, está a punto de iniciar los nuevos ciclos 2019 de Talleres del Programa Maestro Eckhart en el CEDI. Este año tendrán dos ciclos diferentes:

Ciclo I.- Relectura espiritual de Jesús del Evangelio y de la Buena Nueva desde la reflexión y vivencia de investigadores cercanos al CEDI, estudiosos y estudiosas de la espiritualidad.

Este ciclo inicia este próximo 16 de marzo, con nuestro buen amigo, conocido de la mayoría de Uds., Domingo Melero.

CICLO II.- Religiones y problemas sociales de Costa Rica.

Representantes de varias tradiciones religiosas y espirituales abordarán temas relevantes de problemática social de Costa Rica.

 

Imagen tomada de http://www.cedi2017.cedi.cr/

Enviado por CEDI.

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Inician cruzada por baja en precio de medicinas

  • Control estatal del precio de los medicamentos

  • Cruzada nacional para disminuir el precio de las medicinas

Antecedentes:

1.-La economía nacional, desde siempre, se ha movido dentro del marco de la economía liberal que se implantó desde nuestros orígenes. Así, el productor de bienes y servicios le ponía el precio que ell consideraba justo a sus productos y el comprador que manejaba el dinero, pagaba o no el precio establecido, no sin que antes hubiese una fuerte puja, unos por bajar el precio y los otros por subirlos. En esta lucha usualmente- como en la época, actual- gana el poseedor del dinero que impone sus condiciones a un productor que necesita vender para poder subsistir.

2.- En nuestro país, mediante una reforma de calidad, se logró acercar, a mediados del siglo pasado, el médico al paciente, la medicina al enfermo, mediante la contribución tripartita Estado- patronos y trabajadores creando la CCSS, institución que aún se mantiene a pesar del sistemático ataque del capital luchando por capturar el rico filón de la producción de salud. Desde hace años el encarecimiento de los métodos diagnósticos así como del tratamiento de las enfermedades se han incrementado enormemente, haciendo que la respuesta institucional sea cada vez más deficiente

3.- La batería farmacológica de que dispone el médico en la Caja, en este momento, es limitada en cantidad y calidad – de ahí los faltantes de medicinas en las farmacias de la institución y la imposibilidad que tienen los médicos de prescribir medicamentos de avanzada, que hayan mostrado, según la literatura,- ser más eficientes en el control de las enfermedades.

4.- Las casas farmacéuticas en alianza con lo las farmacias locales se han puesto de acuerdo para exprimir a la enorme masa de enfermos, la mayoría asegurados, que reciben recetas para las farmacias privadas pues las medicinas de la Caja no controlan, con toda eficiencia, las enfermedades como lo hacen las medicinas de reciente aparición.

5.-. Así vemos como pacientes asegurados, que cotizaron toda su vida, se ven obligados a distraer alrededor de i 300 mil colones mensuales en adquirir medicinas que la CCSS le debía estar dando.

6.- Que sirva el presente comentario para que todos los costarricenses nos unamos en una cruzada nacional l que obligue al gobierno a imponer precios accesibles a todos los productos farmacéuticos.

CONTROL ESTATAL DEL PRECIO DE LAS MEDICINAS. YA.

Dr. Rigoberto Salas Aguilar, médico pensionado CCSS y- UCR.

Alajuela, 3 febrero 2019

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de la página oficial de la UCR.

Enviado por Rigoberto Salas Aguilar.

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UNA: Las universidades estatales estamos al servicio del país

Dr. Alberto Salom

Rector Universidad Nacional

 

Los rectores de las universidades públicas hemos observado con preocupación ataque que, principalmente desde, mediados del 2018, diputados de diversas fracciones y medios de comunicación han hecho a las instituciones de la educación superior.

Estamos preocupados porque, como intento probar, no obstante, el respeto que nos merecen tanto los diputados, como los representantes de los medios de prensa, la mayor parte de los argumentos son descontextualizados, se basan en información falsa y contienen con frecuencias descalificaciones contra lo rectores. Para probar lo dicho me referiré, como un ejemplo al editorial de La Nación del 14 de enero pasado informativo.

1- El editorial cita un fragmento del artículo 85 de la Constitución Política, según el cual las rentas que reciben las Universidades con cargo al Presupuesto Nacional (o FEES), no podrán ser abolidas, ni disminuidas, y que las mismas serán ajustadas de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda.

El editorialista tiene el afán de resaltar lo que denomina “el riesgo moral” que—según él—se alimenta cuando las universidades obtienen un elevado aumento en la base. Este afán lo lleva a omitir algunos hechos muy importantes. El primero de ellos, sobre el cual no se dice media palabra, es que al aprobar el último Presupuesto Nacional de la República, el 20 de noviembre, los diputados disminuyeron las rentas que reciben las universidades, en clara violación del artículo 85 Constitucional.

En segundo lugar, el mismo artículo 85 señala que: “Cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.” Pero no surgió ningún diferendo en el seno de la Comisión de Enlace. Considero imposible que el editorialista desconozca este hecho.

2-Por otra parte, se omite decir que los aumentos “elevados” del FEES a la base como el que se produjo al inicio de la administración Solís, son una excepción en los últimos nueve años. También se guarda el editorial de puntualizar que según el artículo 85 constitucional, el presupuesto de cada año no puede ser disminuido, ni abolido, “…si no se crean, simultáneamente otras mejoras que las sustituyan.” Si bien es cierto desde el 2010 el presupuesto universitario creció a una tasa un poco inferior al 10%, de nuevo se omiten dos circunstancias concordantes entre sí:

  • Durante buena parte de la década de los años 90 el presupuesto de las universidades fue decreciente con relación al PIB nominal. En ese lapso hubo un año inclusive, en el que el crecimiento del presupuesto de las instituciones públicas de educación superior fue inferior al crecimiento del poder adquisitivo de la moneda y al menos en dos años de la misma década fue casi similar a la inflación. O sea, las universidades arrastraron un rezago importante en su presupuesto respecto del PIB.
  • En el 2011 se reformó el artículo 78 de la Constitución, ley 8954-06-02, mediante la cual se aumentó la dotación del presupuesto nacional a la educación en su conjunto, del 6% al 8%. El transitorio I de dicha ley señala que: “El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.” Como es sabido, en la fecha indicada no se llegó al 8% del PIB para la educación en su conjunto.
  • Por todas las circunstancias antedichas, el presupuesto en conjunto de las cuatro universidades (UCR, TEC, UNA y UNED) ni siquiera había llegado al 1.5% respecto del PIB, como parte del 8% del presupuesto total del gobierno destinado a la educación. No es sino hasta el 2019 que se llega al 8%; es decir, con un retraso de cuatro años. Esta relación del 1.5% respecto del PIB, en tanto el presupuesto total de educación llegase al 8%, nació de un acuerdo con el gobierno de Laura Chinchilla, el cual ha sido rubricado ya por dos gobiernos más.

3- El editorial pretende abordar el tema de los pluses, de una manera sesgada. Veamos:

  • El freno del crecimiento del FEES en el 1.5% del PIB, impedirá un crecimiento del mencionado presupuesto de las universidades, y por lo tanto, no se comerá “…año a año porciones mayores de los recursos económicos y fiscales del país” como lo supone el editorialista. Lo que sí puede ocurrir, si no se introducen correctivos a determinados pluses instalados en toda la administración del Estado, de los cuales las universidades públicas no son excepción, es el indeseable efecto de que los aumentos de la masa laboral crezcan en un porcentaje mayor respecto del total de los recursos del FEES. Empero, con los planes de control del gasto que se comenzaron a implementar, los rectores estamos dados a la tarea de impedir que eso suceda.
  • El editorial quiere desconocer lo que los rectores hemos hecho frente a gastos indebidos, al afirmar que “…es poco -o más bien, nada- lo que han hecho para evitarlos o moderarlos.” La Nación sabe algunas de las iniciativas que hemos emprendido, puesto que las noticias han sido publicadas en sus mismas páginas y los rectores en ocasiones hemos sido entrevistados. Ejemplos: Henning Jensen, de la UCR, se ha referido públicamente a un plan de contención del gasto, dentro del cual una de las medidas más importantes fue reducir la anualidad de un 5.5% a 3.75%. El rector Marcelo Prieto de la UTN disminuyó de un 55% a un 30% del salario el monto de la dedicación exclusiva; dejando el beneficio solamente a jefes, directores o coordinadores, ya antes se había eliminado el acceso de bachilleres a este beneficio.
  • Finalmente, vuelven a arremeter contra este servidor y contra la UNA, al publicar que parte de los ingresos que recibimos las universidades por concepto de transferencias (FEES) los dedicamos a la construcción de obras de baja importancia social, y mencionan la ya existente Plaza de la Diversidad Cultural. Hemos aclarado que no nos propusimos construir una plaza. Pero al repetir ese estigma una y otra vez, como lo hacen hoy La Nación y otros medios, han logrado instalar en la conciencia de mucha gente una idea errónea, desnaturalizando una obra cultural y académica, que se proponía crear una galería de arte, una concha acústica para la expresión artística de la danza, del teatro y de la música, junto a la ampliación de la soda Padre Royo, indispensable para una población universitaria creciente, así como oficinas para la dirigencia estudiantil de la UNA. Con la línea editorial de La Nación uno puede tener diferencias, pero siempre he leído con interés su trabajo en el ámbito cultural. No entiendo cómo pueden ahora separarse alevosamente de esa línea, buscando crear la imagen de que los universitarios malbaratamos los recursos en bagatelas. Esas “bagatelas” son obras del arte y la cultura. El desprestigio provocado no es sano ni justo con una institución a la que le ha costado años labrar la imagen que hoy tiene entre muchos conciudadanos, como una institución que usa los recursos para becar a cerca del 60% de sus estudiantes y otorgar beca completa al 78% de nuestros jóvenes en las zonas rurales. En cambio, no es posible por la ley de promoción de desarrollo científico y tecnológico, según el artículo 95, tomar los recursos que con sacrificio obtenemos de la venta de servicios en el ámbito externo a la universidad para, como lo pretende el editorial “…otorgar becas a estudiantes provenientes de familias de recursos limitados.” Es cierto que en ese mismo artículo la ley permite usar los recursos en lo que dispongamos las autoridades universitarias, cuando la venta de servicios se haga a lo interno. Sin embargo, los recursos de esta venta suelen ser exiguos como para pensar que se pueda otorgar un monto significativo en becas a estudiantes de escasos recursos. La pretensión del editorial refleja un desconocimiento supino acerca de cómo se deben manejar los recursos públicos que recibimos.

Tampoco es cierto, que los subsidios del FEES “…beneficien a estudiantes provenientes de familias acomodadas, que en mayor proporción concluyen la educación media.” La UNA posee uno de los sistemas de admisión más justos de las universidades del país. Lo que no podemos directamente es impedir, como universidad, que sean los estudiantes de familias acomodadas los que en mayor proporción concluyen la educación media. Endosarnos esto también es el colmo de la distorsión de la realidad, solo para desprestigiar a las universidades públicas.

Con la comisión recientemente instalada en la Asamblea Legislativa, si desean analizar los recursos del FEES, estamos prestos a colaborar, somos entidades que no tenemos nada que esconder y estamos dispuestos al diálogo. Las universidades estatales estamos al servicio del país.

 

Enviado a SURCOS por M.Sc Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación Rectoría UNA.

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