El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASSAP), convoca para este 23 de febrero en el recinto de Guápiles de la UCR, una reunión para la región del Caribe de 9 a.m. a 3 p.m.
Se solicita confirmar asistencia al teléfono: 8617 1749.
Enviado por Mauricio Álvarez.
Sea parte de SURCOS:
El 27 de febrero se llevará a cabo la mesa redonda: Opciones de Desarrollo Nacional a partir de la propuesta fiscal de 6 p.m. a 8 p.m. en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional.
Enviado por Alberto Rojas Rojas.
Sea parte de SURCOS:
Este próximo 03 de marzo se llevará a cabo la IV edición de Cuenca Río Jabonal en Cerrillos de Esparza.
La inscripción tendrá un costo de 12 mil colones e incluye camisa, medalla, póliza, fruta e hidratación; para la caminata el costo es de 5 mil colones e incluye camisa, fruta e hidratación.
Para quienes deseen asistir a la carrera hay alojamiento disponible.
Más información en las imágenes adjuntas.
El Centro Cultural Omar Dengo será la sede para la realización de los talleres de la 5ta Velada de un Pueblo con Luz 2019.
El pasado 9 de febrero se llevó a cabo el taller Feminismo Antiespecista – Carolina Marín, el cual tomó como eje la interseccionalidad.
Si desea inscribirse en los distintos talleres que se estarán llevando a cabo ingrese a la página de Facebook: Velada de un Pueblo con Luz
Compartido en redes digitales.
Sea parte de SURCOS:
Fabiola Pomareda García / pomaredafabiola@gmail.com
El poder judicial está obligando a un grupo de campesinos de Finca Chánguina, en Palmar Sur, a ir a juicio mañana en Ciudad Cortés, a pesar de que la Sala IV ya les dio la razón y, más bien, condenó la actuación policial contra las personas manifestantes en el puente sobre el río Grande de Térraba, ese día de 2016.
Pero además, el Poder Judicial está citando a Daniel Villalobos -quien es testigo del caso que se verá mañana en Ciudad Cortés-, a presentarse el mismo día, a juicio en San José, para enfrentar la demanda por calumnia que le hizo el empresario Óscar Echeverría Heigold.
Las autoridades notificaron a 6 personas, que deben presentarse a juicio los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, en los Tribunales del Cantón de Osa, en Ciudad Cortés. Los seis fueron arrestados durante las protestas de 2016 y fueron acusados por los policías de resistencia agravada y obstrucción de la vía pública.
El martes 16 de febrero de 2016 y durante el Gobierno de Luis Guillermo Solís, decenas de familias campesinas de Finca Chánguina y Finca Térraba realizaron una manifestación en el puente sobre el río Grande de Térraba, en contra del desalojo de las fincas, ordenado por el empresario Óscar Echeverría Heigold.
Ese día fueron golpeados y detenidos seis campesinos y los videos y fotografías de ese día y la cobertura de medios de comunicación demuestran que hubo un exceso de fuerza y abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública al momento de llevar a cabo esas detenciones. Así lo ha argumentado COOTRAOSA R.L. y el Grupo Campesino Chánguina, organizaciones que agrupan a estas familias.
Quienes fueron golpeados y detenidos fueron Luis Chinchilla Montero, Alexander Azofeifa Castro, Mauro Meza Arias, Erick Morales Saballo, Laureano Díaz Fernández y Emanuel Avila Amador, todos los cuales fueron acusados por los policías y deberán enfrentar juicio mañana.
Según afirman COOTRAOSA R.L. y el Grupo Campesino Chánguina: “Ese día no se va a procesar a seis compañeros, sino a más de 160 familias a las cuales ellos representan”.
Ese martes 16 de febrero y después de la actuación de los policías y antimotines, el grupo -apoyado por organizaciones sociales- presentó un recurso de hábeas corpus a favor de los detenidos, y éstos fueron liberados 30 horas después. El 10 de marzo los campesinos detenidos, además del dirigente Daniel Villalobos, comparecieron ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea legislativa, que investigó el actuar de la Fuerza Pública. Posteriormente los campesinos demandaron al Estado.
Como destacó COOTRAOSA R.L. y el Grupo Campesino Chánguina: “Por estos abusos de autoridad la Sala Constitucional nos da la razón y por ello mismo hemos demandado al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea en San José por el actuar violento e irrespetuoso de nuestro derecho a la protesta, privación de libertad y agresiones físicas con lesiones a quienes demandábamos justicia y solución del conflicto por la tenencia de la tierra”.
De acuerdo con el Poder Judicial, consta en el expediente No. 16-2193-0007-CO y en la sentencia de la Sala Constitucional No. 2016-6789 que: “la Sala condenó al Ministerio de Seguridad Pública al pago de daños y perjuicios por detener de manera arbitraria a un grupo de personas durante una manifestación pacífica en el puente sobre el Río Térraba. Los afectados presentaron un hábeas corpus porque los policías aparentemente los aprehendieron sin un motivo válido. El recurso fue a favor de seis campesinos de Finca Chánguena que protestaban contra la orden de desalojo”.
“Se declara con lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, se lee en el documento.
El dirigente Daniel Villalobos, uno de los detenidos en el puente y testigo en el caso que se sigue contra sus compañeros en Ciudad Cortés, deberá presentarse el 6 de febrero a una audiencia oral y pública en el Tribunal Penal del 1 Circuito Judicial de San José, por el delito de calumnia, ya que fue demandado por el empresario Echeverría Heigold.
Erick Morales, de COOTRAOSA R.L., conversó con Voces Nuestras en una reciente visita que hicimos a Finca Chánguina y explicó:
“Aquí estamos desde el 23 de mayo de 2014, alrededor de 80 familias necesitadas de tierra pues vivimos en una zona donde el empleo es muy escaso y las posibilidades económicas también son muy limitadas. En aquel momento decidimos entrar a esta finca, Finca Chánguina, también conocida como Bananera Chánguina, porque en algún tiempo este terreno fue parte de la compañía bananera”.
“El arrendatario es el que tiene deudas con el banco. En 1991 COOPALCA del Sur decide arrendarle la propiedad a Óscar Echeverría Heigold por 20 años para que él hiciera lo que quisiera en la finca. El arrendamiento se interrumpió por incumplimientos laborales con los peones agrícolas que tenía en aquel momento Echeverría. De ahí nació por algunas personas tomar la tierra como medida de presión para que Echeverría se hiciera cargo de las deudas y ellos poder recuperar el dinero que se les adeudaba”.
“Hemos sido sujetos de varios desalojos administrativos; el último se dio en el 2015. A partir de ahí iniciamos negociaciones con el Gobierno, logrando en el 2017 que se declarara de interés público la finca. Posteriormente el Gobierno decide expropiar a la cooperativa dueña del inmueble COOPALCA y en este momento estamos en un proceso de expropiación que es el que está llevando el Contencioso Administrativo en este momento. Estamos esperando que el Contencioso se pronuncie y ordene al INDER la expropiación y después el parcelamiento de la finca. El INDER maneja la cifra de que son 3.5 hectáreas para cada familiar”.
Foto: Cortesía COOTRAOSA
Tomado de http://www.vocesnuestras.org
Sea parte de SURCOS:
Turrialba| El pasado sábado 16 de febrero se realizó en Bonilla Arriba una reunión con la empresa constructora H. Solís, quien pretende construir una hidroeléctrica en el río Bonilla.
En esta ocasión, a pesar de que no toda la comunidad fue invitada, un grupo de aproximadamente 80 personas se hizo presente a la actividad para conocer más detalles de dicho proyecto extractivo y expresar su sentir.
Quedó visibilizado que en su mayoría, las familias de la comunidad se oponen rotundamente a la puesta en marcha de este proyecto, que catalogan como un daño invaluable al río, especies de flora y fauna así como a su identidad.
Programa Kioscos Socio-ambientales UCR
Enviado por Dylanna Rodríguez-Muñoz en redes digitales.
Sea parte de SURCOS:
En aquel caluroso salón comunal se oyó repetidamente lo que se convirtió en un clamor: nu bra ña mendeni…nu bra kä bokäna aune nu nankä nete… (no somos extranjeros, somos un pueblo originario). Y un eco respondía: Nu bra ruä nunankä mekera kä nebtä abökä 20 000 años (nuestros ancestros habitaban este territorio ya hace 20 000 años).
El sábado 16 de febrero, en Paraíso de Sixaola, se llevó a cabo la culminación del proceso de consulta del proyecto de ley 20554 Ley de protección del derecho a la nacionalidad de la persona indígena y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza.
De los siete diputados que conforman la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, únicamente asistieron Enrique Sánchez, el presidente, y Jorge Fonseca. Si bien el congreso no tiene un procedimiento de consulta a poblaciones indígenas, la Comisión forjó un procedimiento en el que ha tenido una participación determinante la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica.
Tal y como lo señaló Will Vega, observador de Naciones Unidas en el evento, este proceso debe ser previo, libre e informado en concordancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Y precisamente estudiantes y docentes de la concentración de Comunicación Social de la ECCC fueron fundamentales para que esta consulta tuviera el alcance deseado.
Desde la formulación del proyecto, la población ngäbe de Sixaola, acompañada por docentes y estudiantes, ha sido participante activa. El 12 de octubre de 2017, una delegación de cerca de 60 personas se trasladó desde Sixaola hasta San José. Se reunió con funcionarios de diversas instituciones y por la tarde, en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa, presentaron el proyecto de ley que fue acogido por el entonces diputado Gerardo Vargas Varela al que se sumaron diputadas y diputados de todas las fracciones.
Inicialmente el proyecto fue remitido a la Comisión de Asuntos Sociales, pero en la actual legislatura fue trasladado a la de Derechos Humanos.
La comisión aprobó una moción para la apertura de un proceso de consulta hasta ese momento inédito en los trámites legislativos. En la moción se pide expresamente la colaboración de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por el conocimiento y la relación que tiene con la población ngäbe de Sixaola.
Al pueblo ngäbe de Sixaola, la institucionalidad costarricense le ha negado sistemáticamente el acceso a los más elementales derechos. Su presencia en un territorio en que la actividad económica es dominada por dos grandes transnacionales: Del Monte y la Chiriquí Land Company, deprime el costo de la mano de obra. Como lo demuestra Phileppe Burgois en su investigación Banano, etnia y lucha social en Centroamérica, los trabajadores ngäbes sufren una doble opresión: por su condición de trabajadores y por su origen étnico. En la vida diaria de la plantación, esto se traduce en que las labores más extenuantes, los trabajos más antihigiénicos y los peores salarios son para los trabajadores ngäbes.
Todo esto es facilitado por la carencia de documentos de identidad y es funcional a las transnacionales.
Es importante tener presente que la zona de la que son originarios fue reivindicada por Costa Rica durante el período colonial y casi cien años de vida independiente como parte de su territorio. Los actuales límites con Panamá fueron fijados definitivamente hasta 1941.
Una de las manifestaciones más groseras de la exclusión la sufren las mujeres y las niñas y los niños ngäbes al negárseles el acceso a la salud. Hasta hace poco, era una práctica de la Caja Costarricense del Seguro Social que cuando una mujer ngäbe estaba próxima a dar a luz, se le subía en una ambulancia y la dejaban en el puente fronterizo de Sixaola para que su hijo naciera en Panamá y no adquiriera derechos como ciudadano costarricense.
Esto obliga a muchas mujeres a parir en sus casas. En consecuencia, sus hijos no son registrados. La joven Abisag Anastacio, nacida en esas condiciones, contó cómo después de un largo y engorroso proceso, el Registro Civil le denegó su condición de costarricense por nacimiento. Para que fuera reconocida como nacional, su familia tuvo que contratar los servicios de un abogado. ¿En qué posibilidad está una persona ngäbe de pagar un abogado cuando el salario diario de un trabajador de campo de una transnacional es de alrededor 10000 colones por día mientras que un trabajador de una platanera recibe 5000 colones por jornada?
En caso de que el proyecto de ley fuera aprobado, las condiciones para el reconocimiento de la nacionalidad se facilitarían y bastaría con el testimonio de dos personas adultas para que el Registro Civil dé trámite a una solicitud.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos que se le ha hecho al proyecto durante el proceso de consulta es que la opción que se les ofrece a quienes nacieron en lo que hoy es territorio panameño, es solicitar la residencia y, luego de cinco años, optar por la naturalización. Se desconocería de esta manera la condición de pueblo originario trasfronterizo y se ignoraría que muchas personas tienen hasta 35 años de habitar en Sixaola. Y, más aún, de acuerdo con la Constitución Política en su artículo 15, quien quiera optar por la naturalización debe […] “demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español, someterse a un examen comprensivo de la historia del país y sus valores” […]
¿Qué posibilidades reales tendría, entonces, una persona ngäbe, a quien se le han negado sistemáticamente sus derechos, de optar a la nacionalidad costarricense si se le pide el dominio de una lengua que no es la suya, que se asimile a una cultura que no es la suya y que asuma como propia la historia de quienes los han oprimido y negado su existencia?
Definitivamente, la justicia aún no llega.
Miguel Regueyra Edelman
Docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
El día antes hice gallo pinto para unos turistas que recibí en mi casa, le puse de todo (entre más olores, siempre es mejor). ¡Les gustó!, luego pensé que le faltó hierba de ajo.
Ellos se fueron al norte, a seguir sus vacaciones y yo al sur, donde conocí a Eida.
En el recorrido de los 364 kilómetros que separan San José de la Península de Osa, una se va acercando a un enorme bodoque de algodón apretado y verde, que es refugio del 2,5% de la biodiversidad del planeta, allí hay hierba de ajo.
Eida Fletes Almengor conoce la hierba desde siempre, la usa para cocinar. Ella nació en la península, el padre llegó del norte y la madre del sur para ser parte del cantón de Osa, hoy una comunidad de cerca de 30 000 habitantes.
Cuando llegamos la reconocí de inmediato, los encargados del proyecto ya me habían hablado de ella y de su cocina, se ríe con carcajadas grandes y limpias, que le hacen vibrar su colochera abombada y negra azabache. Me senté de inmediato a su par y hablamos de las recetas.
En la mesa, hay frascos de mermelada de rambután con zacate de limón, el día anterior unas 15 manos expertas habían tomado los ingredientes para ensayar en la cocina, las nuevas técnicas que les permitirán producir bajo la marca “Sabores de Osa”.
“Yo soy campesina y no es vergüenza contar el conocimiento tradicional, por el contrario ¡hay que enseñarlo!. Ustedes no conocían la hierba de ajo y ahora, la están probando”, dijo en tono triunfal, antes de que ella y una decena más de emprendedores locales recibieran, de manos de la Universidad de Costa Rica y de vuelta, la hierba de ajo.
Mezclada entre orégano, culantro coyote, albahaca y cúrcuma, este bejuco leñoso –que tiene un fuerte sabor y olor a ajo, aunque no tenga nada que ver con él, quedó convertido en “curry de Osa”, una innovación de producto premium, que esta comunidad con una de las mayores incidencias de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), empezará a producir.
Meses antes la hierba llegó a los laboratorios del botánico Carlos Morales Sánchez, de la Escuela de Biología de la UCR con el fin de evaluarla. El resultado del análisis comprueba que se trata de un bejuco leñoso trepador, que se identifica como nativo de la zona, su nombre científico es Mansoa Hymenaea.
Las chicharras aplauden, mientras de la cocina van saliendo chips de plátano espolvoreados con el nuevo curry de Osa, patacones pasados por el mismo baño de ese sabor único y la mermelada.
Los productos fueron desarrollados en el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA) de la UCR, ahora el dulce podrá almacenarse hasta por seis meses, el condimento con hierba de ajo hasta por dos años y las chips con curry, por tres meses. Un tiempo que permitirá su comercialización.
–“Diferenciar, diferenciar, diferenciar” insiste Génesis Durán Zúñiga, gestora de la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (Proinnova-UCR), y recuerda que la mermelada de mamón chino es única, no existe nada igual.
“No sé qué es, pero me gusta”, así quedó registrado un comentario en el panel sensorial que se realizó para validar el producto.
Durante el taller «Estrategias de comercialización y comunicación para productos innovadores de la Península de Osa», va quedando claro que el reto no es menor. Proinnova-UCR presenta a la comunidad el diseño de la marca; es de lujo, representa tanto a la zona que hasta parece que si se le pudiera subir el volumen a la etiqueta se escucharían las chicharras.
Los envases etiquetados de muestra, con los Sabores de Osa adentro, provocan comprarlos, pero, aún no están a la venta. Esperan próximamente la construcción de una planta de producción que financiará el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) en la que podrán realizar los procesos; tras producir, deben ejecutar el plan de comercialización que supone la oferta del producto a al menos ocho hoteles de lujo que se esconden en los límites del Parque Nacional Corcovado y hay que hablar inglés.
Alex Solorzano Leitón, administrador de Osacoop, me explica que en las escuelas de la comunidad no se imparten clases del idioma de los turistas, los mismos que desembolsan hasta $1 500 por una habitación sin paredes que ofrece una inmersión absoluta en la naturaleza de Costa Rica. Ellos, fijo quisieran llevarse un poco de Sabores de Osa.
Al cierre del taller, la Universidad de Costa Rica, a través del CITA-UCR y de Proinnova UCR, entregó a la Fundación CRUSA un trabajo que se extendió por cerca de 12 meses y una inversión de $15.000. Queda el estudio de mercado, los productos y la marca.
Eida, dice “gracias porque vinieron a rescatar y a transformar”. Los funcionarios se sienten satisfechos.
Pronto, Lorena Muñoz Morera, presidenta de Osacoop; la comunidad de Rancho Quemado; la organización Caminos de Osa, entre decenas de otros grupos organizados ofrecerán al mundo Sabores de Osa.
Me traje un poco de curry a la casa, guardé 15 gramos de la combinación de las hierbas, y las tiré sobre un trozo de cerdo en la parrilla, para recibir de vuelta a mis visitantes. ¡Fue magia en la boca que ellos se llevaron de vuelta a Chile. ¡Yo muero, por volver a probarlo!
Gabriela Mayorga López
Periodista, Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
En la sesión extraordinaria 1236-2018, el TEUNED acordó convocar a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria para elegir a una persona para el puesto de la Rectoría, para el periodo del 9 de marzo de 2019 al 8 de marzo de 2024.
Este proceso electoral es de mucha importancia para la UNED, institución de educación superior, que nace a la vida institucional un 03 de marzo de 1977.
Enviado por Rafael López Alfaro.
Sea parte de SURCOS:
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA), aprobó la creación de la Comisión Institucional para la Atención de Asuntos sobre el Acoso Laboral, constituyéndose en una de las primeras instituciones del país que cuenta con un instrumento legal de esta índole para abordar los casos de acoso laboral.
La Comisión de acoso laboral es un órgano administrativo desconcentrado, que tendrá atribuciones preventivas, divulgativas y sancionatorias en torno al tema del acoso laboral, así como realizar la propuesta de reglamento que regule el procedimiento para combatir el acoso laboral dentro de la UNA.
Con dicha comisión, la UNA da un paso importante en materia laboral, sobre todo, por ir en concordancia al llamado que hace el proyecto de ley 20.853. “Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral en el sector público y privado”, de exigir a todas las entidades públicas o privadas, a crear y divulgar políticas o reglamentos donde se prevenga, evite y sancione las conductas relacionadas con el acoso laboral.
José Carlos Chinchilla, presidente del Consejo Universitario de la UNA, indicó que la creación de esta comisión es una deuda que se tenía como institución, que a la vez forma parte de un acuerdo de la convención colectiva institucional, al que se llegó con el Sindicato Interno de Trabajadores de la Universidad Nacional (Situn). “La UNA es una casa de enseñanza superior estatal humanista, que quiere tener las condiciones de organización suficientes como para evitar cualquier tipo de acoso laboral”, agregó Chinchilla.
Enfatizó que el camino a seguir de esta comisión será la prevención del acoso, pues considera que en algunas ocasiones éste obedece a fallas que se encuentran en los propios reglamentos y no tanto a situaciones personales, aunque suelen existir. “La idea es tener una instancia que permita restaurar el tejido social que se rompe a lo interno de la universidad generado por un proceso, pero también que ejerza una función punitiva cuando la circunstancia lo amerite, sin embargo, eso último no será el común denominador”.
Precisamente, el pasado 14 de febrero de 2019, el Consejo Universitario de la UNA juramentó a las personas que integrarán dicha instancia que se constituye en un órgano administrativo desconcentrado, que tendrá atribuciones preventivas, divulgativas y sancionatorias en torno al acoso laboral, así como el responsable de proponer el reglamento para definir el procedimiento de combate a esa temática dentro de la institución.
Juan Segura, integrante académico del Consejo Universitario de la UNA, indicó que se aprobó un artículo transitorio para que los profesionales nombrados se capaciten por un periodo de seis meses en todo lo concerniente a la jurisprudencia de acoso laboral, para que así la comunidad universitaria reciba el asesoramiento apropiado. Asimismo, deberán elaborar una política institucional que deberá aprobar el Consejo Universitario, para incorporar el tema en la normativa vigente en la universidad.
Alberto Salom, rector de la UNA, expresó su satisfacción por la creación de esta comisión que atenderá los asuntos de acoso laboral. “Con su instauración queremos reforzar nuestra cultura de diálogo, paz, sana convivencia y salud laboral. De la misma manera, para que actúe en la solución alternativa de conflictos, como instancia preventiva y no punitiva”, enfatizó Salom.
Atribuciones de la comisión
***Mayor información con: José Carlos Chinchilla (8395-3971) o con Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3464).
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
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