Nu bra ña mendeni…nu bra kä bokäna aune nu nankä nete
En aquel caluroso salón comunal se oyó repetidamente lo que se convirtió en un clamor: nu bra ña mendeni…nu bra kä bokäna aune nu nankä nete… (no somos extranjeros, somos un pueblo originario). Y un eco respondía: Nu bra ruä nunankä mekera kä nebtä abökä 20 000 años (nuestros ancestros habitaban este territorio ya hace 20 000 años).
El sábado 16 de febrero, en Paraíso de Sixaola, se llevó a cabo la culminación del proceso de consulta del proyecto de ley 20554 Ley de protección del derecho a la nacionalidad de la persona indígena y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza.
De los siete diputados que conforman la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, únicamente asistieron Enrique Sánchez, el presidente, y Jorge Fonseca. Si bien el congreso no tiene un procedimiento de consulta a poblaciones indígenas, la Comisión forjó un procedimiento en el que ha tenido una participación determinante la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica.
Tal y como lo señaló Will Vega, observador de Naciones Unidas en el evento, este proceso debe ser previo, libre e informado en concordancia con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Y precisamente estudiantes y docentes de la concentración de Comunicación Social de la ECCC fueron fundamentales para que esta consulta tuviera el alcance deseado.
Desde la formulación del proyecto, la población ngäbe de Sixaola, acompañada por docentes y estudiantes, ha sido participante activa. El 12 de octubre de 2017, una delegación de cerca de 60 personas se trasladó desde Sixaola hasta San José. Se reunió con funcionarios de diversas instituciones y por la tarde, en el salón de expresidentes de la Asamblea Legislativa, presentaron el proyecto de ley que fue acogido por el entonces diputado Gerardo Vargas Varela al que se sumaron diputadas y diputados de todas las fracciones.
Inicialmente el proyecto fue remitido a la Comisión de Asuntos Sociales, pero en la actual legislatura fue trasladado a la de Derechos Humanos.
La comisión aprobó una moción para la apertura de un proceso de consulta hasta ese momento inédito en los trámites legislativos. En la moción se pide expresamente la colaboración de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por el conocimiento y la relación que tiene con la población ngäbe de Sixaola.
Al pueblo ngäbe de Sixaola, la institucionalidad costarricense le ha negado sistemáticamente el acceso a los más elementales derechos. Su presencia en un territorio en que la actividad económica es dominada por dos grandes transnacionales: Del Monte y la Chiriquí Land Company, deprime el costo de la mano de obra. Como lo demuestra Phileppe Burgois en su investigación Banano, etnia y lucha social en Centroamérica, los trabajadores ngäbes sufren una doble opresión: por su condición de trabajadores y por su origen étnico. En la vida diaria de la plantación, esto se traduce en que las labores más extenuantes, los trabajos más antihigiénicos y los peores salarios son para los trabajadores ngäbes.
Todo esto es facilitado por la carencia de documentos de identidad y es funcional a las transnacionales.
Es importante tener presente que la zona de la que son originarios fue reivindicada por Costa Rica durante el período colonial y casi cien años de vida independiente como parte de su territorio. Los actuales límites con Panamá fueron fijados definitivamente hasta 1941.
Una de las manifestaciones más groseras de la exclusión la sufren las mujeres y las niñas y los niños ngäbes al negárseles el acceso a la salud. Hasta hace poco, era una práctica de la Caja Costarricense del Seguro Social que cuando una mujer ngäbe estaba próxima a dar a luz, se le subía en una ambulancia y la dejaban en el puente fronterizo de Sixaola para que su hijo naciera en Panamá y no adquiriera derechos como ciudadano costarricense.
Esto obliga a muchas mujeres a parir en sus casas. En consecuencia, sus hijos no son registrados. La joven Abisag Anastacio, nacida en esas condiciones, contó cómo después de un largo y engorroso proceso, el Registro Civil le denegó su condición de costarricense por nacimiento. Para que fuera reconocida como nacional, su familia tuvo que contratar los servicios de un abogado. ¿En qué posibilidad está una persona ngäbe de pagar un abogado cuando el salario diario de un trabajador de campo de una transnacional es de alrededor 10000 colones por día mientras que un trabajador de una platanera recibe 5000 colones por jornada?
En caso de que el proyecto de ley fuera aprobado, las condiciones para el reconocimiento de la nacionalidad se facilitarían y bastaría con el testimonio de dos personas adultas para que el Registro Civil dé trámite a una solicitud.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos que se le ha hecho al proyecto durante el proceso de consulta es que la opción que se les ofrece a quienes nacieron en lo que hoy es territorio panameño, es solicitar la residencia y, luego de cinco años, optar por la naturalización. Se desconocería de esta manera la condición de pueblo originario trasfronterizo y se ignoraría que muchas personas tienen hasta 35 años de habitar en Sixaola. Y, más aún, de acuerdo con la Constitución Política en su artículo 15, quien quiera optar por la naturalización debe […] “demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español, someterse a un examen comprensivo de la historia del país y sus valores” […]
¿Qué posibilidades reales tendría, entonces, una persona ngäbe, a quien se le han negado sistemáticamente sus derechos, de optar a la nacionalidad costarricense si se le pide el dominio de una lengua que no es la suya, que se asimile a una cultura que no es la suya y que asuma como propia la historia de quienes los han oprimido y negado su existencia?
Definitivamente, la justicia aún no llega.
Miguel Regueyra Edelman
Docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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