El próximo 31 de enero a las 8 a.m. se llevará a cabo el Conversatorio Secretarías de Juventud de ANEP para tratar el tema de los «Desafíos labolares para las juventudes».
Compartido por Jiddu Rojas-Jiménez en redes digitales.
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Este sábado 12 de enero de de 12 m.d. a 6 p.m. el Centro de los Amigos Cuáqueros para la Paz y Casa Ridgway está organizando un homenaje a las personas fundadoras de éste Centro.
El Homenaje a las personas fundadoras y que estuvieron en los primeros años de construcción de este proyecto, el 12 de enero de 2019 a las 12 m., va a estar dedicado a agasajar y recordar a aquellas personas que no sólo sembraron la semilla, sino que cuidaron, desyerbaron y abonaron el proyecto en los primeros años, para que tuvieran raíces fuertes y resistiera los embates del tiempo, los buenos tiempos y los tiempos tormentosos, y llegado a cumplir 35 años.
Hace 35 años, el veinticinco de octubre de 1983, se reunieron un grupo de personas en calidad de fundadores, acuerdan constituir una asociación, decidieron llamarla “Centro de los Amigos Cuáqueros para la Paz” y decidieron abreviar el nombre como “CAP”.
Desde entonces han pasado por la organización muchas y muy diversas personas, todas muy interesantes, con sueños y aspiraciones diferentes, inspiradas por los mismos fines de la organización:
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La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y la comunidad Maleku le invita al Taller de Lengua Maleku I a realizarse los lunes y miércoles de 1 p.m. a 3 p.m.
La matrícula se realizará el lunes 14 de enero con el profesor Abelardo Hernández.
Cupo restringido.
Informes:
abelardo.hernandezgomez@ucr.ac.cr
*Imagen ilustrativa tomada de la nota: UCR lucha por revitalización de las lenguas indígenas
Compartido en redes digitales por Abelardo Hernández.
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¿Quiere conocer una de las tradiciones indígenas más antiguas de nuestro país? Pues esta es su gran oportunidad:
Del 31 de enero al 03 de febrero del año en curso, la comunidad indígena de Rey Curré estará realizando su festividad anual más importante: El Tradicional Juego de los Diablitos.
Esta actividad que dura tres días y una noche, es una expresión cultural de origen ancestral que representa el drama histórico de la lucha que tuvieron sus antepasados durante el periodo de Conquista. Enfatiza la resistencia indígena ante la colonización.
Esta ceremonia anual indígena inicia el jueves 31 a medianoche con la llamada nacencia y continuará el 1, 2 y 3 de febrero durante el día con la lucha entre el toro y los diablitos.
Por su enorme simbolismo y valor histórico ancestral y porque su conservación alimenta la identidad pluricultural y multiétnica del país, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial el 27 de noviembre de 2017, durante la administración de Luis Guillermo Solís Rivera bajo el Decreto Nº 40766-C.
La comunidad indígena de Rey Curré se ubica 32 km al SE de Buenos Aires de Puntarenas y a 221 km al Sureste de San José, Costa Rica.
Para más detalles ingrese en Facebook a: REY CURRE YIMBA y entérese de todo lo relacionado con este tradicional Juego de los Diablitos Rey Curré 2019 o sírvase contactarse al 8709 3735.
Enviado por Uriel Rojas.
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Con el propósito de visibilizar la violencia simbólica presente en los medios de comunicación y conocer los proyectos que la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla para mitigar sus efectos en distintas poblaciones de mujeres, se llevó a cabo el foro «Violencia simbólica y medios de comunicación», en diciembre pasado.
Este espacio fue organizado por el proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) «Taller Virtual Sobre Derecho a la Comunicación» (TC-636) y el Programa Prácticas Culturales, Género y Comunicación, y contó con la presencia de más de 9 mujeres panelistas que, por medio de sus ponencias, dieron a conocer las formas de violación a los derechos humanos que se consolidan desde la comunicación y las políticas públicas.
Patricia Mora Castellanos, jerarca del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) e invitada especial de la actividad, expresó que “desde el Inamu sabemos que la violencia contra las mujeres no ocurre de manera aislada o casual, sino que responde a un marco cultural más amplio, que se expresan en ideologías, discursos, imágenes, ideas estereotipadas, actitudes y prejuicios, que a su vez, invisibilizan las relaciones desiguales de poder”.
Mora también agregó que es necesario el abordaje de 3 aspectos: el tratamiento que se da desde los medios de comunicación y las redes sociales a los casos de violencia contra las mujeres, los contenidos machistas y sexistas que permean la comunicación social, y la presencia y reproducción de discursos y prácticas posmachistas organizadas.
En este sentido, estudiantes del curso de Comunicación y Género, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC), expusieron los esfuerzos realizados en materia de regulación a la publicidad sexista. “El objetivo de este proyecto es establecer una colaboración interinstitucional entre la Escuela, la Oficina de Control y Propaganda, el Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad (CIEM), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), en el área de publicidad no discriminatoria y con perspectiva de derechos humanos”, indicó Yanet Martínez Toledo, docente del curso.
Este proyecto se realiza en el entendido de que el aporte desde la comunicación es vital, pues formar profesionales con perspectiva inclusiva es un eje clave para que no se reproduzcan estereotipos de género en los productos comunicativos. Además, la iniciativa pretende actualizar la Ley 5811 que en este momento regula la publicidad en el país. “El trabajo está en el proceso inicial de mapeo de contexto y actores, pero esperamos continuar en el siguiente semestre, como parte de las actividades de la concentración de Comunicación Social”, agregó Martínez.
De la misma manera, desde el curso de Comunicación y Género, se trabaja en conjunto con las mujeres de la comunidad ngöbe de Sixaola, a partir del proyecto de Acción Social «Comunicación social y comunidad: aprendizaje y acción para el cambio en procesos comunitarios» (ED-3341). Este trabajo consiste en un proceso de acompañamiento y desarrollo de capacidades para reconocer la población y sus derechos como costarricenses.
Este poblamiento sufre de distintas violencias a causa de la falta de cedulación por ser indígenas transfronterizas, lo cual se traduce en la invisibilización total a la hora de generar políticas públicas, el poco acceso a servicios básicos de salud y educación, y una constante explotación laboral. Tal panorama ha afectado de manera particular a las mujeres, ya que –aunado a las violencias anteriores– no poseen posibilidades de empleo y eso se refleja en una grave situación de dependencia económica; por tanto, ellas mismas han decidido buscar maneras de organizarse y emprender.
Los objetivos del proyecto se centran en facilitar la interpretación de los pasos para formar una asociación, colaborar con el desarrollo de talleres de empoderamiento y brindar acompañamiento a dos grupos específicos en la comunidad que trabajan desde la temática de gestión cultural y desarrollo productivo.
Amanda Murillo González, expositora y estudiante del curso, menciona que “las mujeres ngöbe ya han buscado por sus propios medios formas para organizarse y construir una red de apoyo que funcione como proyecto productivo. Sin embargo, nuestro acercamiento nos ha permitido darnos cuenta de que muchas veces el proceso de formar una asociación es centralizado y creemos que ahí radica la importancia del trabajo en conjunto con nosotras”. Además, agregó que consideran que su “labor también está en facilitar espacios de encuentro y en llevar talleres que ellas mismas nos han pedido para fortalecer sus destrezas, por ejemplo, para ayudarles con el tema de hablar en público”.
Natalia Odio González
Unidad de Comunicación, Vicerrectoría de Acción Social
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Desde que se imputó a Oscar Arias por el caso Crucitas se ha desatado una campaña para demostrar que el daño ambiental que ocasionan los coligalleros es peor que el que hubiera hecho la empresa canadiense. La fracción parlamentaria del Liberación Nacional, un día sí y otro también, destacan el abandono del lugar e incluso pretenden una modificación a la legislación para permitir la minería de cielo abierto. También se han prestado a esta campaña La Nación y algunos “académicos” universitarios, que dicen: “Es urgente que Costa Rica retorne a un modelo sostenible, derogando la ley 8904 (que declara al país libre de minería metálica a cielo abierto) (…) reemplazándola por una nueva ley, con una estructura altamente técnica que permita desarrollar una industria mineral responsable…”. Hay que reconocer que el Ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, se enfrenta con decisión a estos intentos. Ha denunciado que detrás de todo esta campaña y de la investigación de los “académicos”, hay un manejo político, que es -agregamos nosotros- con el fin de entregar nuestras riquezas a las compañías mineras internacionales las cuales producen un gran daño ambiental. El ministro pregunta, ¿quién financió estos estudios y con qué fin? Lo cierto es que se trata de poderosas mineras, con grandes influencias políticas y demasiado dinero. Liberación Nacional ya se apuntó a un cambio en la legislación, que de rebote ayude al expresidente Arias. Esperemos que el Gobierno no ceda a las presiones de retomar la minería, aunque se revista de formas “responsables”.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Crucitas Costa Rica anuncia que tribunal del CIADI pospondrá su decisión sobre jurisdicción
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
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SURCOS recibió un comunicado en el cual se señala que “el sábado 5 de enero del 2019 mientras había una manifestación a las afueras del redondel de Zapote, diez activistas por la liberación animal realizaron una acción directa pacífica en el interior del redondel para denunciar la explotación animal y en este caso las corridas de toros como una actividad que gira en torno a la violencia, ya sea hacia otros animales, toreros improvisados, y como podemos ver, también a quienes nos oponemos a la explotación animal”.
Las personas activistas entraron al redondel y una vez adentro un compañero sacó una manta durante las corridas de las 3:00 p.m. En ese momento la seguridad privada del redondel golpeó violentamente a las personas que ejercían su derecho a la protesta social. Producto de esto un compañero se encuentra internado en el hospital; debido a los golpes el sábado por la noche lo tuvieron que operar.
Además, otras personas fueron golpeadas, agarradas a patadas, macanazos y también quedaron lesionadas producto de las golpizas. Mientras que robaron el celular de una las activistas. En las afueras del redondel la represión continuó y se unió la fuerza pública que legitimó las agresiones sufridas en el interior del redondel.
Hubo una compañera que se encontraba acompañando al compañero agredido dentro de la Cruz Roja del redondel de Zapote, dos policías ingresaron exigiendo sus cédulas de identidad y al mismo tiempo agrediéndola, tomándola por los brazos mientras le gritaban “Aquí no hay cámaras, esto no es la UCR hijueputa”.
El comunicado agrega: “Denunciamos la violenta represión hacia activistas antiespecistas por parte de la seguridad privada, fuerza pública, la policía municipal de San José, y la invisibilización por parte del medio que transmitió la actividad. Denunciamos la violencia especista ejercida hacia los demás animales”.
“Luego de una vida en esclavitud se les obliga a participar de un espectáculo en el que las dinámicas son asustar y estresar tanto al toro hasta que este intente huir de su tortura, donde el miedo se camufla de bravura. Estos animales viven largos viajes hacinados sin alimento y sin agua, electrocutados y golpeados para que bajen de los camiones y en ambientes hostiles y desconocidos donde se les impone participar de las corridas. Recalcamos que la esclavitud y explotación animal están éticamente mal, aunque sea normada y legitimada por leyes y tradiciones, pues sin importar la especie animal tenemos en común nuestro deseo de vivir en autonomía y libertad, con nuestra capacidad de sentir y entonces evitar el dolor y sufrimiento”, agrega la denuncia.
“La explotación animal y corridas de toros tienen que llegar a su fin, es entretenimiento basado en la violencia animal y humana. No vamos a parar de luchar hasta que esto pase, hasta que la libertad sea la norma y no la represión hacia quienes luchan, tampoco la esclavitud animal”.
Enviado por Frente de Resistencia Animal y de la Tierra.
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De cara a la toma de posesión del actual Presidente Nicolás Maduro en Venezuela por un nuevo mandato para el período 2019-2025, a celebrarse el 10 de enero del 2019, el «Grupo de Lima» adoptó una nueva declaración suscrita por 13 Estados.
Cabe recordar que este grupo de una docena de Estados se conformó en Lima en el mes de agosto del 2017 y ha venido acordando y difundiendo una serie de declaraciones desde entonces sobre la situación imperante en Venezuela. Su creación guarda relación con varios Estados determinados en mantener un tono confrontativo con Venezuela y que intentaron obtener una condena durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en México en junio del 2017, sin lograrlo (véase breve nota nuestra al respeto); posteriormente estos Estados se expresaron colectivamente mediante una declaración conjunta del 26 de julio del 2017 que también suscribió Estados Unidos (véase nota nuestra sobre esta declaración en la que Uruguay aparece entre corchetes, según la versión circulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en aquel momento, mientras que no aparece del todo en la versión circulada por la diplomacia colombiana).
Más allá de la premura de algunos a la hora de difundir un texto de esta naturaleza, en esta declaración de enero el 2019 se lee, entre otros puntos, que los Estados suscriptores del texto … «no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019» y que … «instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas» (véase versión completa de la declaración oficial adoptada en Lima el pasado 4 de enero del 2019, y publicada por el sitio del Itamaraty en Brasil, reproducida al final de esta nota como Documento 1).
Como previsible, esta declaración fue inmediatamente rechazada por las autoridades de Venezuela en un comunicado de prensa del mismo día 4 de enero, calificándola de «extravagante» (véase texto completo del comunicado titulado «Venezuela rechaza declaración del autodenominado Grupo de Lima» reproducido al final de esta nota como Documento 2). Nótese que los autores de la declaración conjunta consideraron útil (y oportuno) hacer también mención de un incidente marítimo entre Guyana y Venezuela acaecido el 22 de diciembre del 2018, y que constituye un nuevo episodio en la larga disputa que ambos Estados mantienen desde 1962 sobre la región de Esequibo (y las áreas marítimas adyacentes): en marzo del 2018, de manera sorpresiva, Guyana optó por presentar una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota al respecto).
Cabe precisar que esta declaración conjunta constituye un nuevo llamado hecho a las autoridades venezolanas por parte del denominado «Grupo de Lima«, en el que, por vez primera, México deja de aparecer como miembro de este grupo de Estados. Por parte de Centroamérica, participan Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, mientras que por parte del Caribe anglófono únicamente participa como firmante de la declaración Santa Lucía.
El llamado «Grupo de Lima» no necesariamente recoge las firmas de todos sus integrantes: como en toda colectividad, el acuerdo unánime no siempre se logra. En febrero del 2018, sí logró reunir 14 firmas (véase texto de la declaración). En setiembre del 2018, al condenar el uso de la fuerza militar contra Venezuela que se desprendió de declaraciones a la prensa del actual Secretario General de la OEA, solamente reunió 10 firmas (véase breve nota nuestra al respecto). En agosto del 2017, al crearse el «Grupo de Lima«, de 17 delegaciones participantes, fueron 12 las que aceptaron suscribir una declaración sobre Venezuela (véase nota nuestra al respecto).
A finales de setiembre del 2018, se dio a conocer otra iniciativa que posiblemente se gestó desde el «Grupo de Lima«, pero que no logró reunir más que a 6 Estados. Se trata de la remisión de una solicitud formal a la Corte Penal Internacional (CPI) para iniciar una investigación sobre Venezuela (véase documento presentado oficialmente a la CPI). Esta gestión contó con el «respaldo total» del Secretario General de la OEA (véase comunicado de prensa). Sobre los alcances jurídicos de esta inédita iniciativa, remitimos nuestros estimables lectores a la nota titulada «Understanding the State Party Referral of the Situation in Venezuela» publicada por el jurista Nicholas E. Ortiz en el sitio de EJIL-Talk.
Es probable que la falta de acuerdo sobre la suspensión de las relaciones diplomáticas con Venezuela haya inclinado a las delegaciones reunidas en enero del 2019 en Lima a adoptar la siguiente formulación que se lee en la declaración conjunta, en la que los Estados firmantes acuerdan: «A. Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses«.
De igual forma, el anuncio de sanciones fue formulado de tal manera que tampoco se tiene mayor claridad sobre el tipo de sanciones económicas y financieras que tomarán los firmantes del texto, al leerse que acordadon «B. Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos«.
El régimen de sanciones establecido en realidad es inexistente, y es una pluralidad de posibles sanciones las que se limita a enunciar la declaración. Desde el punto de vista jurídico, será de interés conocer el detalle de las que se materialicen, sea de forma colectiva (o bien de forma individual), y analizar la respuesta que Venezuela adopte, en virtud de un principio básico en derecho internacional público: el principio de reciprocidad. Perú anunció recientemente que impedirá el ingreso a su territorio de 93 personas que ostentan algun cargo oficial de importancia en Venezuela (véase nota de prensa de ElComercio).
La eficacia de un régimen de sanciones contra un Estado, o contra quienes ejercen funciones oficiales en este Estado, es un tema sobre el que se ha discutido desde hace muchos años, sin llegar a conclusiones muy certeras. Con relación a Venezuela, al iniciar este 2019, la prensa española informó sobre la venta de repuestos a carros y tanques de combate de Venezuela por parte de España, pese a sanciones emitidas en el 2017 por parte de la Unión Europea (UE) en materia de comercio de armas con Venezuela (véase nota de ElPais titulada «España moderniza los tanques de Venezuela pese al embargo de la UE«).
La ex jefa de la diplomacia venezolana y el Secretario General de la OEA, abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017.
En varias partes del texto de la declaración adoptada en estos primeros días del mes de enero del 2019 en la capital peruana, se hace referencia expresa a la OEA. Si se toma en consideración que la OEA cuenta oficialmente con 35 integrantes, el hecho de reunir 10, 12, 13 o 14 firmas evidencia la dificultad para los Estados miembros de esta organización regional en aras de lograr un consenso sobre la situación en Venezuela y sobre las medidas a adoptar.
Pese a esta dificultad, es de notar que en abril del 2019, Venezuela dejará de ser formalmente Estado Miembro de la OEA: ello al surtir efectos jurídicos la denuncia formal del tratado constitutivo de esta organización regional por parte de Venezuela, materializada en abril del 2017 (véase texto completo de la carta del 27 de abril del 2017). Cabe recordar que Venezuela había denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos el 10 de setiembre del 2012, provocando muy pocas reacciones oficiales por parte de los Estados miembros de la OEA (véase breve nota nuestra al respecto).
No cabe duda que esta nueva declaración conjunta exhibe (nuevamente) la división existente en América Latina (y en el hemisferio americano) con relación a la situación imperante en Venezuela. Será de sumo interés analizar las medidas tomadas individualmente por cada uno de los Estados suscriptores de la declaración contra Venezuela y compararlas entre ellas, en aras de evidenciar posibles divisiones dentro del mismo «Grupo de Lima«.
Documento 1:
«Declaración del Grupo de Lima adopata el 4 de enero del 2019
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente al inicio el 10 de enero de 2019 del ilegítimo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro (2019-2025) en Venezuela, expresan lo siguiente:
A. Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses.
B. Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.
C. Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.
D. Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.
E. Intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos para el restablecimiento de la democracia en dicho país.
F. En relación con la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.
G. Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en pro del restablecimiento de la democracia«.
Documento 2:
Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 4 de enero del 2019
Venezuela rechaza declaración del autodenominado Grupo de Lima
La República Bolivariana de Venezuela expresa su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano que, tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado a alentar un Golpe de Estado en Venezuela, en un hecho sin parangón en la historia de la región, al intentar desconocer tanto el Gobierno democráticamente electo, como a las instituciones legítimamente constituidas, llegando al extremo de pretender modificar los límites territoriales del país, atribuyendo territorio indiscutidamente venezolano a una nación vecina, interviniendo en una controversia territorial de exclusivo alcance bilateral.
Sobre el particular, la República Bolivariana de Venezuela tiene a bien informar que el próximo 10 de enero, el Presidente Nicolás Maduro Moros tomará posesión legítima y constitucional de la Presidencia de la República para el período comprendido entre los años 2019 y 2025, en perfecta sintonía en tiempo y en forma con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual no requiere la venia de ningún gobierno extranjero.
El mundo ha sido testigo de cómo el pasado 20 de mayo de 2018, en Venezuela se celebraron elecciones presidenciales, con una amplia participación popular contando con la concurrencia de diversos candidatos en representación de un número aún superior de partidos políticos, resultando vencedora la candidatura de Nicolás Maduro Moros, con una margen superior al 67% de los votos válidamente emitidos.
Este proceso electoral contó con la presencia de más de doscientos acompañantes nacionales e internacionales, y durante su desarrollo fue objeto de dieciséis auditorías públicas que han dado fe de la justeza de sus resultados, sin que consten en las instituciones venezolanas impugnaciones de ninguna naturaleza por parte de los participantes que no resultaron favorecidos por el voto popular. Consecuentemente, la inmensa mayoría de los países del mundo han expresado su reconocimiento a esta elección y su felicitación al Presidente Maduro.
Se trató, ni más ni menos, de un proceso electoral que contó con idénticas garantías y condiciones que aquellas elecciones parlamentarias de las cuales derivó la actual Asamblea Nacional, incluso dirigidas por las mismas autoridades del Poder Electoral, en razón de lo cual, las autoridades surgidas de ambos comicios cuentan con idéntica legitimidad.
Más allá de esta declaración, del auto determinado Grupo de Lima que ha escrito una vergonzosa página en la historia de las relaciones internacionales de la región, la República Bolivariana de Venezuela sabrá responder, a la luz del principio de la reciprocidad, a las acciones que individualmente decida tomar cada país, en la proporción correspondiente y en el terreno que cada uno escoja.
Conviene recordar que a lo largo de su gloriosa historia como nación, ningún país o coalición de países ha logrado, ni logrará, intimidar al heroico Pueblo venezolano, heredero de la más grande estirpe libertaria del continente americano.
Caracas, 4 de enero de 2019
Enviado por el autor.
Residuos de fármacos, antibióticos, productos de cuidado personal y hasta la cafeína que los costarricenses consumimos y desechamos a diario terminan depositados en el medio ambiente, principalmente a través de efluentes cercanos a hospitales, plantas depuradoras urbanas, plantas de producción animal y zonas agrícolas e industriales.
El uso generalizado de este tipo de productos preocupa a la comunidad científica, pues la exposición constante a dichas moléculas, a sus metabolitos y a mezclas con otras sustancias puede provocar efectos tóxicos crónicos en los ecosistemas y en la salud humana.
Aunque se trata de una problemática reciente, ya hay estudios que han demostrado potenciales efectos adversos. Por ejemplo, algunos compuestos actúan como disruptores endocrinos, es decir, alteran el funcionamiento del sistema hormonal de ciertos seres vivos y afectan así funciones esenciales como el metabolismo, el crecimiento y desarrollo.
En el 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre los posibles efectos de estas sustancias y solicitó que se sigan investigando, para entender plenamente las relaciones entre esos denominados perturbadores endocrinos (PE) —presentes en muchos productos domésticos e industriales— y determinadas enfermedades y trastornos.
Para abordar esta problemática poco explorada en Costa Rica, científicos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental CICA-UCR desarrollan el proyecto CEmerge – Contaminantes Emergentes: Monitoreo y diseño de estrategias para la mitigación de su impacto ambiental. El objetivo es generar una línea base para detectar el ingreso de estas sustancias a cuerpos de agua en el país, para luego proponer estrategias de remediación y aportar los primeros insumos para el planteamiento de una legislación nacional.
El único estudio sobre contaminantes emergentes en Costa Rica fue elaborado en el 2011 por la Universidad de Toledo (Estados Unidos), con apoyo del CICA y el Centro de Investigaciones de Ciencias del Mar y Limnología (Cimar). Este estudio brindó información sobre la presencia de 34 fármacos y productos de cuidado personal en ríos y zonas costeras de todo el país, con niveles similares a los obtenidos en estudios alrededor del mundo.
Actualmente, con el uso de tecnología más avanzada, el CICA es capaz de detectar hasta 75 contaminantes diferentes, esto amplía el espectro de la investigación en este novedoso campo. Para ello, se emplea la técnica analítica de cromatografía de líquidos, acoplada a los detectores de espectrometría de masas simple (LC-MS) y de triple cuadrupolo (LC-MS/MS).
El proyecto CEmerge – Contaminantes Emergentes: Monitoreo y diseño de estrategias para la mitigación de su impacto ambiental, coordinado por el Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez, director del CICA, fue premiado en el 2017 con fondos especiales para la investigación en el Espacio Universitario de Estudios Avanzados (Ucrea), el cual promueve la investigación multidisciplinaria e innovadora.
La investigación arrancó en el 2017 y está dividida en cinco etapas. Actualmente, se está realizando la primera fase que consiste en la implementación y desarrollo de métodos analíticos para detectar y cuantificar contaminantes en matrices reales contaminadas.
En una segunda etapa, se realizará monitoreo de presencia y concentración de estas sustancias en diferentes cuerpos de agua contaminados para conocer la realidad nacional. En la tercera etapa, se diseñarán estrategias enfocadas en eliminar contaminantes por medio de microorganismos degradadores (bacterias indígenas, hongos ligninolíticos y consorcios microbianos), así como procesos de oxidación avanzada.
En una cuarta fase, se realizará una evaluación ecotoxicológica para estimar el riesgo real de los efluentes monitoreados y la eficiencia de las estrategias de remediación diseñadas. En la quinta y última fase, se efectuará una capacitación para implementar buenas prácticas pecuarias en fincas de producción animal, por ser esta una de las principales industrias en aplicar altas cantidades de fármacos y antibióticos.
En este estudio también participan el Instituto de Investigación en Educación (INIE), la Escuela de Trabajo Social, la Escuela de Ingeniería Química y la Estación Experimental de Ganado Lechero Alfredo Volio Mata de la UCR. Además, colabora la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Barcelona y el departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona en España.
En Costa Rica uno de los mayores problemas asociados a los contaminantes emergentes reside en que los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se utilizan son incapaces de eliminarlos completamente.
La problemática se agrava, ya que según datos del AyA, un 73% de la población utiliza tanques sépticos y drenajes, pero muchos no reúnen las condiciones técnicas y contaminan las fuentes de agua.
Además, las aguas grises cargadas de diversas sustancias, provenientes del uso doméstico como el lavado de ropa y de utensilios de cocina o del baño, son vertidas en el alcantarillado pluvial o los caños de las calles que luego drenan directamente a los ríos y quebradas.
Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, nos informa que el pasado martes 08 de enero los trabajadores municipales de Cañas iniciaron una huelga por el incumplimiento de Convención Colectiva por parte del Alcalde, Luis Fernando Mendoza.
Los trabajadores manifestaron la Alcaldía incumplió con: el pago de la peligrosidad, reajuste salarial por costo de vida del 2%, así como la implementación de una póliza colectiva de vida.
Estos acuerdo fueron alcanzados entre las partes desde hace un año, con la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Enviado por Albino Vargas.
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