Óscar Madrigal, abogado
Desde que se imputó a Oscar Arias por el caso Crucitas se ha desatado una campaña para demostrar que el daño ambiental que ocasionan los coligalleros es peor que el que hubiera hecho la empresa canadiense. La fracción parlamentaria del Liberación Nacional, un día sí y otro también, destacan el abandono del lugar e incluso pretenden una modificación a la legislación para permitir la minería de cielo abierto. También se han prestado a esta campaña La Nación y algunos “académicos” universitarios, que dicen: “Es urgente que Costa Rica retorne a un modelo sostenible, derogando la ley 8904 (que declara al país libre de minería metálica a cielo abierto) (…) reemplazándola por una nueva ley, con una estructura altamente técnica que permita desarrollar una industria mineral responsable…”. Hay que reconocer que el Ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, se enfrenta con decisión a estos intentos. Ha denunciado que detrás de todo esta campaña y de la investigación de los “académicos”, hay un manejo político, que es -agregamos nosotros- con el fin de entregar nuestras riquezas a las compañías mineras internacionales las cuales producen un gran daño ambiental. El ministro pregunta, ¿quién financió estos estudios y con qué fin? Lo cierto es que se trata de poderosas mineras, con grandes influencias políticas y demasiado dinero. Liberación Nacional ya se apuntó a un cambio en la legislación, que de rebote ayude al expresidente Arias. Esperemos que el Gobierno no ceda a las presiones de retomar la minería, aunque se revista de formas “responsables”.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Crucitas Costa Rica anuncia que tribunal del CIADI pospondrá su decisión sobre jurisdicción
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Suscríbase a SURCOS Digital:
