Costa Rica ha sido por largos años un pueblo respetuoso y pacífico, libre de acciones militares, respetuoso de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos del mundo, así nos queremos mantener.
Hechos acaecidos recientemente nos ponen en estado de alerta y preocupación.
Primero: Que Estados Unidos se encuentra en un juego geopolítico peligroso para la paz de la región Latinoamericana y Caribeña en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
Segundo: Que el presidente en ejercicio Carlos Alvarado Quezada ha utilizado su investidura para seguir el juego a Estados Unidos, sin consultar a su pueblo y sin observar si se están violentando los tratados internacionales y principio de neutralidad, poniendo en riesgo la democracia costarricense.
Tercero: Que en ese peligroso juego se ha estado permitiendo el ingreso de personas no deseables y peligrosas a suelo costarricense a vista y paciencia de las autoridades y representantes de gobierno, como es el caso de Lorent Saleh quien fue expulsado por el Ex presidente colombiano Juan Manuel Santos por organizar actos terroristas contra el pueblo venezolano en territorio colombiano.
Cuarto: Que muchos ciudadanos costarricenses no están de acuerdo con la aceptación del poder ejecutivo costarricense, de aceptar a un ciudadano venezolano de apellido Guaidó que se auto nombró como presidente espurio sin legitimidad alguna, violentando así todas las normas del derecho internacional, los Convenios de Viena, los valores costarricenses, la carta de la Organización de las naciones Unidas, nuestra propia institucionalidad.
Quinto: Por lo tanto exigimos como pueblo soberano que somos:
-Al presidente Carlos Alvarado que deje de estar sirviendo al juego injerencista de la administración Trump y de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos
– Que la presidencia, cuerpo diplomático, parlamento de la República, cumplan con su trabajo respetando la autonomía y autodeterminación de los pueblos del mundo, la no injerencia en los asuntos internos de los países, que se respete el principio de neutralidad y que se promueva la paz de la región como siempre ha sido el actuar del pueblo costarricense.
– Que el poder ejecutivo la cancillería, y autoridades competentes, detengan el ingreso de personas peligrosas al país como es el caso del sujeto Lorent Saleh.
-Que se solicite la salida inmediata Lorent Saleh y de otros delincuentes y criminales de guerra requeridos por las leyes internacionales
Exigimos también el retiro inmediato de Costa Rica del “Grupo de Lima”
Exigimos de la misma manera la renuncia del actual ministro de relaciones exteriores Manuel Ventura
Los abajo firmantes nos unimos a este llamado y advertimos que de no tomarse las acciones que correspondan al derecho internacional e institucionalidad costarricenses además de los principios de autodeterminación, no intervencionismo y paz, hacemos responsables al gobierno de Carlos Alvarado Quesada del derramamiento de sangre que se podría ocasionar en la república Bolivariana de Venezuela y la región latinoamericana y del caribe.
San José Febrero 2019
Ingrese en el siguiente enlace para firmar la petición:
Esta semana volvemos con las entregas de canastas agroecológicas de hortalizas y hojas verdes frescas, sanas, libres de agroquímicos producidas en huertas en Boquerón de Cartago, por la Asociación de Productores Orgánicos Las Brumas.
Esta semana ofrecemos: 4 tipos de lechugas, berros, culantro, acelga, zapallo, zanahorias, remolachas, cebollas, kale, eneldo y perejil.
Aproveche y haga hoy su pedido. Se lo vamos a dejar a su casa por 6.500 colones.
El pasado 22 de enero, luego de presentar la acción de inconstitucionalidad, los rectores atendieron a la prensa nacional Foto: Anel Kenjekeeva.
La Sala Constitucional acogió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los rectores de las cinco universidades públicas, en contra del recorte de 10 mil millones de colones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que realizó la Asamblea Legislativa.
La acción se presentó el pasado 22 de enero para impugnar el artículo 2º de la Ley Nº9632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, argumentando que dicho recorte al FEES violenta el artículo 85 de la Constitución Política que dota de patrimonio y rentas propias a las universidades públicas y dice literalmente que «las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.
El monto del FEES para el año 2019, definido por la Comisión de Enlace (las instituciones de educación superior universitaria estatal y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones), se fijó en 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al mismo presupuesto asignado en el año 2018, pero que integra el 3% de inflación estimada para el año 2019, por parte del Banco Central.
El Poder Ejecutivo incorporó este monto en el proyecto de presupuesto ordinario de egresos de la República, según lo ordenado por el artículo 85 de la Constitución Política. Durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, las y los diputados aprobaron un rebajo de 10 mil millones a la asignación del monto del FEES.
Esto, según la petitoria presentada por los rectores, significa una intervención indebida del Poder Legislativo en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas por el artículo 85 al Poder Ejecutivo, que mediante acuerdo con las instituciones de educación superior universitaria estatal suscrito el 13 de julio de 2018, determinaron la asignación constitucional para el FEES correspondiente al año 2019.
Henning Jensen, rector de la UCR y presidente de Conare, manifestó que “esto representa un importante primer paso en la defensa de los recursos de la educación superior pública y por hacer valer lo que nuestros constituyentes plasmaron en la Carta Magna, precisamente, para proteger los recursos de la educación de intereses políticos”.
Ahora la Sala analizará por el fondo la acción de inconstitucionalidad presentada por las universidades públicas y deberá pronunciarse sobre el caso.
Con nuevas instalaciones y equipos de la más alta tecnología el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) fortalece su labor al servicio del país
El Lic. Mario Masis Mora, co-coordinador del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas y Contaminantes Orgánicos (LAPA), muestra el funcionamiento un cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo que sirve para cuantificar y determinar compuestos orgánicos polares en matrices como aguas superficiales, aguas residuales, aguas potables, frutas, vegetales, granos, semillas, suelos y sedimentos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Con nuevos laboratorios y equipos de la más alta tecnología para la determinación de contaminantes, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) fortalece su labor como uno de los laboratorios, a nivel nacional y regional, con mayor capacidad analítica para determinar casi cualquier sustancia que contamine el ambiente, incluso a niveles mínimos.
Ésto gracias a la inversión que realizó la Universidad de Costa Rica para dotar a este centro de un moderno edificio de 1450m2 y cuyo costo final fue de $2 488 000 financiados con fondos del empréstito que adquirió el país con el Banco Mundial. Esta mejora, que los colaboradores del CICA esperaron por más de una década, les permitirá aumentar su capacidad analítica, ampliar sus líneas de investigación y generar aportes de relevancia local y regional.
“Si hay algo de lo que la sociedad costarricense puede estar totalmente segura es que los centros e institutos de investigación de la UCR siempre tendrán la calidad y al excelencia como una prioridad, misión que se refleja en un equipo comprometido con la mejora continua, con el servicio a la población costarricense en general y con aportes esenciales para su calidad de vida” acotó el rector, Dr. Henning Jensen Pennington, al referirse al trabajo que realiza el CICA en el tema de contaminación ambiental.
El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), creado en 1982, cuenta con nuevas instalaciones ubicadas en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. El edificio brinda las condiciones adecuadas para el desarrollo análisis de contaminantes con tecnología de punta. Foto: Karla Richmond.
Tecnología y calidad
En el CICA se determina la presencia de contaminantes en alimentos, agua, suelos, aire y biota a niveles sumamente bajos ya que cuenta con equipos de alta precisión. Entre ellos; plaguicidas, metales pesados, parámetros físico-químicos, gases de efecto invernadero y contaminantes emergentes, entre otros. Además, se realizan estudios para determinar cómo esos contaminantes se mueven desde la fuente que los origina a través de los ecosistemas.
Este centro busca contribuir a mejorar la calidad del ambiente de Costa Rica y de América Latina para lo cual desarrolla más de 15 proyectos de diferente magnitud, algunos con socios estratégicos como la Unión Europea y el Organismo Internacional de Energía Atómica, según detalló su director el Dr. Carlos Rodríguez Rodríguez. Además brinda cursos, talleres y entrenamientos especializados a estudiantes y científicos de la región latinoamericana.
El CICA es reconocido por su riguroso Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de acuerdo con los lineamientos de la Norma INTE-ISO/IEC 17025 y por ser un centro reconocido por el Organismo Internacional de Energía Atómica como centro de colaboración en el área del aprendizaje en línea y en el establecimiento de capacidades para la protección del ambiente y los alimentos, distinción que ha mantenido por 10 años.
El Área de Química Líquida del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas, donde se llevan a cabo análisis de productos de exportación como frutas y vegetales, cuenta ahora con un amplio espacio para el procesamiento de las muestras que llegan cotidianamente. Foto: Karla Richmond.
Un centro que evoluciona
La Dra. Elizabeth Carazo Rojas, ex-directora del CICA (de1994 al 2012), durante muchos años realizó múltiples gestiones para la construcción de instalaciones que respondieran a las crecientes necesidades de este centro que ha tenido una gran evolución en los últimos 20 años. “La ciencia avanza, los equipos se hacen más sofisticados y había que ponerse al día pero las instalaciones ya no daban para eso, así que seguimos presionando y las autoridades de ese tiempo y las actuales vieron la necesidad de dotar al CICA de instalaciones nuevas y adecuadas”.
Carazo señala que a través de los años el CICA ha ampliado la cantidad de contaminantes y sustancias que puede determinar con equipos de alta tecnología, que incluso permiten abarcar muchos compuestos que por décadas se han utilizado sin regulación alguna como fármacos, antibióticos, productos de limpieza y cuidado personal. Estos avances también permiten mejorar la capacidad analítica del país y con eso apoyar la regulación para controlar el uso y desecho de estas sustancias en Costa Rica.
Con el propósito de contribuir a reducir el impacto de las sustancias contaminantes en el ambiente, el CICA además ha evolucionado hacia un programa muy amplio en biorremediación que se encarga de diseñar sistemas para degradar contaminantes ambientales por rutas biológicas. También ha logrado acercarse a las comunidades para brindar capacitación y buenas prácticas para reducir la contaminación ambiental y los riesgos a la salud de las personas.
El Lic. Mario Masis, el Dr. Henning Jensen, el Dr. Carlos Rodríguez y la Dra. Elizabeth Carazo participaron en el corte de la cinta durante la inauguración del edificio del CICA. Foto: Karla Richmond.
Edificio con condiciones especiales
Este centro ha apostado por el uso de nuevos equipos y ensayos para monitorear contaminantes en el ambiente. Fue el primer centro de investigación de la UCR en trabajar con radioisótopos para el estudio de contaminantes en el medio ambiente, el control de calidad de las muestras que se procesan, el uso eficiente del agua y la mitigación de gases de efecto invernadero, entre otras áreas de investigación.
Para seguir avanzando en ésta línea, el Dr. Carlos Rodríguez anunció que en los próximos meses instalarán un nuevo equipo de alta tecnología llamado Espectrómetro de Masas de Relación Isotópica (IRMS por sus siglas en ingles), el cual puede cuantificar la relación en que diferentes isotopos de un mismo átomo se encuentran en una muestra líquida o sólida.
El uso de la relación isotópica es una herramienta poderosa para el estudio de infinidad de procesos físicos, químicos, biogeoquímicos e hidrológicos en el medio ambiente. Según detalló Johan Molina Delgado, coordinador del Laboratorio de Calidad de Aguas, entre ellos; caracterizar puntos de recarga de acuíferos, discernir entre los posibles orígenes de diversos contaminantes, determinar la respuesta de las plantas al estrés hídrico, determinar el trazado de erosión de suelo en microcuencas, determinar la dinámica del transporte de contaminantes orgánicos (como plaguicidas, antibióticos, medicamentos), adulteración de productos alimenticios y farmacéuticos, entre otros.
En el nuevo edificio se destinó un espacio con condiciones especiales para el óptimo funcionamiento de un equipo altamente sensible y preciso, fundamental para determinar la contaminación por metales, llamado Espectrómetro de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-Ms). Este equipo genera un plasma entre 6 000℃ a 10 000℃, que descompone las muestras hasta su estado atómico, lo que permite detectar elementos de la tabla periódica con masas atómicas entre 2 a 240 UMA, explicó el coordinador del Laboratorio de Calidad de Aguas, Johan Molina. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Debido a la alta tecnología de los equipos que posee este centro de investigación algunos espacios requieren condiciones de humedad y extracción sumamente controladas. Por lo tanto, las instalaciones electromecánicas de este proyecto, resaltan dentro de las obras más complejas, tomando en cuenta los aires acondicionados de precisión, los sistemas de extracción e inyección y el sistema de ductería con los filtros y unidades necesarias, detalló el Arq. Kevin Cotter Murillo, director de la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI).
Para garantizar la seguridad del personal, cada laboratorio tiene drenajes de piso para lavado en caso de derrames, el centro utiliza aproximadamente 10 tipos de gases diferentes para el accionar de los equipos, los cuales se ubicaron en cuartos de cilindros ventilados y con acceso exterior. Para generar mínimo impacto al medio ambiente las aguas negras se separaran de las aguas especiales, de manera que las primeras van a alcantarillado sanitario y las segundas a la planta de tratamiento nueva que se ubicará en Finca 2.
Una de las fortalezas del CICA es su personal altamente especializado. Sus investigadores representan a la UCR en diversas comisiones a nivel nacional e internacional y también realizan actividades de docencia en las facultades y escuelas de microbiología, química, agronomía, salud ambiental, biología, ingeniería química e ingeniería en biosistemas, entre otras. El equipo lo conforman 60 personas entre profesionales y estudiantes de diversas disciplinas.
La Asociación de Desarrollo Bajo Arias Calle Orlich le invita este próximo domingo 03 de marzo a las 9 a.m. a la Caminata Recreativa a Catarata la Danta en Bajo la Paz de San Ramón 2019. La misma consta de 13 kilómetros caminando por senderos por bosque primario y secundario hasta llegar a la catarata La Danta.
El costo será de 7 mil colones e incluye un refrigerio en el campamento de la catarata y se rifaran unas camisetas entre los participantes.
El 02 de febrero, Chalecos Amarillos volvió a recuperar las principales ciudades de Francia, protestando contra la represión brutal que las fuerzas de seguridad han desplegado en los últimos 3 meses, contra las actividades de gilets jaunes
Además, salieron a protestar contra la ley que se aprobó la semana pasada, que penaliza las manifestaciones dentro del marco de la ley antiterrorista.
No somos “casseur” gritaban los manifestantes, que una vez más fueron reprimidos con armas convencionales de guerra, que ya son 11 personas fallecidas desde que empezó la protesta.
El sábado 02 de febrero, la represión salvaje, no fue la excepción, pero la fuerza de los amarillos es incontenible.
El pasado martes 05 de febrero se llevó a cabo la huelga general en Francia, apoyada por los sindicatos; que por fin se desmarcaron del gobierno y que, en definitiva, las circunstancias los obligaron a comprender que no le podían seguir dando la espalda al pueblo, que está luchando y jugándose el pellejo en las calles por una nueva República.
La Asamblea Nacional de Francia aprobó el pasado 1 de febrero, la “ley anticaussers”.
Esta nueva ley criminaliza la protesta social.
Por una parte, se autoriza a las fuerzas arrestar a las personas que participen en manifestaciones, invocando actos que arriesguen el orden público, con pena de 6 meses de prisión y 7500 € de multa.
Por otra parte, crea el delito de disimulación de rostros en manifestaciones.
Este delito castiga que un manifestante porte casco o use montañas, sancionado con un año de prisión y 15000 € de multa
Estas medidas represivas urgentes pretenden intimidar a las personas y trabajadoras, en la víspera de la huelga general que fue convocada para el pasado 05 de febrero.
En la suiza centroamericana, se pretende penalizar la huelga y disolver los sindicatos que convoquen a manifestaciones públicas.
Por lo visto, más de un volado está agarrando Macron del gobierno neoliberal del duo Piza/Alvarado
El pasado 26 de enero, el Consejo de Seguridad se reunió para intercambiar opiniones sobre la situación imperante en Venezuela, a solicitud de Estados Unidos. No se aprobó ninguna resolución sobre el tema objeto de dicha reunión sabatina.
Algunos detalles de la sesión en breve
Al inicio de la sesión, se solicitó un voto, al considerar Rusia que la situación interna en Venezuela no es tema de agenda ni califica como «amenaza para la paz y la seguridad internacional«: el resultado fue de 9 votos en favor de mantener el orden del día, 4 votos en contra y 2 abstenciones.
Foto del Secretario de Estado norteamericano rodeado de los delegados de Reino Unido y de Bélgica durante la votación del orden del día del Consejo de Seguridad durante el pasado 26 de enero del 2019. Foto extraída de artículo de prensa de El Comercio.
En el acta de esta sesión (disponible en este enlace, versión en español), se puede apreciar la diversidad de las posiciones de los Estados que participaron a esta cita, a lo largo de sus extensas 45 páginas.
La inusual duración de esta sesión del máximo órgano de Naciones Unidas se debe al hecho que, además de los 15 Estados que integran formalmente el Consejo de Seguridad, participaron los delegados de otros 21 Estados del hemisferio americano que desearon hacerse presentes a la cita para exponer su posición sobre la situación interna prevaleciente en Venezuela.
Cabe precisar que Colombia, Estados Unidos y Venezuela optaron por enviar a sus respectivos Ministros de Relaciones Exteriores a esta sesión.
Un abanico de posiciones
Un análisis pormenorizado de estas 45 páginas puede ciertamente resultar de interés, pero se recomienda una lectura integral del acta en aras de hacerse una idea del tono, de las valoraciones y del tipo de acusaciones realizadas por algunos Estados: en particular un grupo que ha optado por mantener un tono extremadamente confrontativo con Venezuela. Desde el punto de vista diplomático, varios Estados mantuvieron un tono mesurado, posiblemente en razón de intentos colectivos de mediación futura (Grupo de contacto u otra modalidad) que propondrá la comunidad internacional en aras de encontrar una salida negociada a la crisis política que se vive en Venezuela.
Varios de los Estados que participaron a la cita no reconocen como legítimo al Presidente Nicolas Maduro en Venezuela cuyo segundo mandato inició formalmente el pasado 10 de enero del 2019. Tuvimos la oportunidad hace unas semanas de analizar la declaración del denominado «Grupo de Lima» hecha al respecto el 9 de enero del 2019 (véase nuestra breve nota sobre el particular). En una declaración del 23 de enero suscrita por sus integrantes, el mismo «Grupo de Lima» reconoció como autoridad legítima en Venezuela a Juan Guaidó (véase texto de la declaración circulada desde la cancillería brasileña).
Siempre en América Latina, cabe señalar que el pasado 30 de enero, México y Uruguay convocaron a una conferencia internacional a celebrarse en Montevideo este próximo 7 de febrero para intentar acordar un mecanismo de mediación internacional en Venezuela (véase comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México).
La Unión Europea: en busca de una delicada mediación internacional sobre Venezuela
Este llamado de México y Uruguay podría en parte coincidir con el realizado por la Unión Europea (UE) el mismo 26 de enero, fecha en la que se reunía el Consejo de Seguridad, en el que se lee que «La UE se mantiene preparada para apoyar un proceso inmediato y creíble de colaboración, inclusive a través del establecimiento inmediato de un Grupo Internacional de Contacto. Continúan los contactos y coordinación con los socios regionales e internacionales y se intensificaran en las próximas horas» (véase comunicado de prensa de la portavoz de la UE).
Dicho comunicado responde al que emitieron 6 Estados, incluyendo a España, Francia y Portugal, el pasado 22 de enero, invitando expresamente a la UE a involucrarse en la creación de un grupo de contacto internacional sobre Venezuela (véase comunicado conjunto divulgado por el sitio oficial de la diplomacia española).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
La sociedad se beneficia más de la universidad si ella es libre y se desempeña sin la injerencia del Estado, de la religión o la política
Según la constitución política, la autonomía universitaria es especial, por lo que es distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico.
Existe un debate sobre el concepto de autonomía universitaria, sus implicaciones y alcances. Desde la Universidad de Costa Rica se desea aportar elementos a dicho debate.
La autonomía universitaria fue enunciada, a principios del siglo XIX, por Guillermo de Humboldt, cuando, junto con otras personas, fundó la Universidad de Berlín. Decía este erudito alemán que la sociedad se beneficiaría más de la universidad si ella fuera libre y pudiera desempeñarse sin la injerencia del Estado, de la religión o la política, ya que el desarrollo del conocimiento, el avance científico y tecnológico, así como la innovación social y cultural requieren de condiciones de libertad para otorgarle a la sociedad sus mejores propuestas.
En América Latina, estas ideas de Humboldt cobraron vida gracias a la llamada Reforma de Córdoba de 1918. En nuestro país se estableció en el artículo 84 de la Constitución Política de 1949, la cual rige hasta nuestros días.
La autonomía da independencia a las universidades públicas en el desempeño de sus funciones y plena capacidad legal. Garantiza el derecho a organizarse, administrarse y regularse a sí misma, sin interferencias de grupos o sectores externos, así como a emplear sus recursos de acuerdo con sus propias decisiones. Todo esto dentro de los límites establecidos por la misma Carta Magna.
La autonomía se creó históricamente en la mayoría de universidades públicas de América, y del mundo, para democratizar la educación superior pública y para acercarla a las necesidades de la sociedad, a la vez que procuraba alejarla de los intereses de sectores económicos o políticos influyentes. Ese fue uno de los principales reclamos del movimiento que lideró la Reforma de Córdoba.
Concepto de autonomía
En nuestro país, como en muchos otros, las resoluciones de la Sala Constitucional marcan pauta sobre los alcances de la autonomía universitaria.
La sentencia de la Sala Constitucional No. 1993-01313, del 26 de marzo de 1993, en el apartado “Significación del concepto de autonomía”, es clara al manifestar que “las Universidades del Estado están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Esa autonomía, que ha sido clasificada como especial, es completa y por ésto, distinta de la del resto de los entes descentralizados en nuestro ordenamiento jurídico”.
Las universidades públicas han sido dotadas de facultades y poderes administrativos para llevar adelante el fin que se les ha encomendado, sin injerencias externas. Pueden establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal. Todas estas las modalidades: administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía, se han considerado como indispensables para asegurar la democracia de las universidades en el importante servicio que brindan a toda la sociedad.
La Sala Constitucional también manifestó que lo que se plasmó en la Constitución Política es que la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra su cometido.
Según explica el Lic. Luis Baudrit, jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica, la autonomía universitaria no se reduce al simple ejercicio de las funciones académicas, ni tampoco a las actividades de naturaleza puramente administrativa. Es mucho más amplia. Incluye las potestades de organizarse, de gobernarse y de celebrar contratos. Todos estos ámbitos, potestades y derechos corresponden exclusivamente a las universidades estatales, tal como lo garantiza la Constitución, de forma tal que en sus competencias y gestiones no pueden intervenir entes u órganos externos.
Por su parte, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, ha señalado que la autonomía universitaria no significa que las universidades estatales sean «repúblicas independientes», ni un estado dentro de otro estado. La autonomía no significa aislamiento, ni actuar al margen del ordenamiento jurídico; al contrario, es una forma de vínculo socialmente responsable y comprometido con el bien común de toda la sociedad.
El rector Jensen, así como otras y otros rectores de la UCR, han manifestado que el ejercicio de la autonomía debe estar acompañado de una comunicación directa con la sociedad para que las universidades respondan a sus necesidades, para lo cual la independencia resulta una condición indispensable. Solo desde su autonomía la Universidad puede contribuir adecuadamente al bienestar ciudadano, la equidad y la justicia social.
Rendición de cuentas permanente
En materia presupuestaria y cumpliendo con los principios de transparencia y rendición de cuentas el presupuesto de la UCR, tras ser fiscalizado por instancias internas, es aprobado por la Contraloría General de la República (CGR), y cada seis meses se presenta un informe de ejecución presupuestaria ante el ente contralor.
La UCR también contrata anualmente una auditoría externa que realiza un análisis de la situación financiera de la Universidad, que es presentada ante la CGR. Además la Contraloría realiza periódicamente auditorías a la institución. Es decir, no es cierto que la Universidad esté exenta de controles internos y externos.
Así mismo, la UCR cuenta con el sitio web de transparencia (www.ucr.ac.cr/transparencia), donde se encuentra toda la información actualizada de la normativa, presupuestos, escalas salariales y mucha otra información que es de acceso público.
La autonomía y la Reforma de Córdoba de 1918
La Reforma de Córdoba, fue impulsada por un fuerte movimiento estudiantil y social en 1918, en la provincia argentina de Córdoba, que promovió la democracia interna de las universidades, frente al dominio que tenía la oligarquía y los resabios del colonialismo español. Se exigía contar con universidades públicas que respondieran a la sociedad en su totalidad y que no privilegiaran los intereses de determinados grupos o sectores.
La Reforma se centró en la organización de un gobierno propio en las universidades, que pudiera garantizar la democratización en la toma de decisiones en todos los niveles.
Los jóvenes exigieron una educación laica, la libertad de cátedra y la participación del movimiento estudiantil en el rumbo de las universidades.
Además, lucharon por el derecho a la autonomía universitaria como principio rector del autogobierno en los aspectos académicos, docentes, la investigación científica de avanzada y control de las finanzas institucionales.
El concepto de autonomía viene de una lucha social generada por la Reforma de Córdoba, cuyos principios fueron incorporados en la educación superior pública de casi todo el continente y que han sido referentes en procesos de discusión sin precedentes en todo el mundo.
La autonomía universitaria no significa evadir la rendición de cuentas a los entes gubernamentales correspondientes o la creación de territorios soberanos.
Las universidades deben tener un ejercicio trasparente de sus funciones. Para ello poseen instancias internas que participan en la toma de decisiones, así como procesos internos de control y de rendición de cuentas, ese quizás es el principal aporte de la Reforma de Córdoba que sigue aún vigente, luego de cien años de historia.
Las universidades públicas rinden cuentas a la ciudadanía y a las instancias correspondientes brindando acceso a la información clara, suficiente, relevante y oportuna
Rectores de universidades públicas, enero, 2019. Foto: Anel Kenjekeeva.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) refutó las declaraciones de la Contralora, Marta Acosta, realizadas el lunes, en la Comisión Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), sobre la planificación y la rendición de cuentas de las universidades públicas.
A pesar de que es práctica usual el envío de los informes a la Contraloría General de la República, por parte del Consejo Nacional de Rectores y las Universidades Estatales, se envió a la Contralora, mediante oficio OF-CNR-20-2019, del 5 de febrero y firmado por el Presidente del Conare, Henning Jensen, los informes de seguimiento y monitoreo del Plan Nacional de la Educación Superior Planes 2016-2020, correspondientes a los años 2016 y 2017, además se le indicó el proceso con el cuál se realizó dicho seguimiento y monitoreo, el cual se detalla:
El proceso parte de los indicadores que fueron definidos en la formulación del Planes 2016-2020.
En el año 2016, la Comisión de Directores de Planificación designó a la Subcomisión de Indicadores para que realizara el seguimiento. Este equipo elaboró la metodología con la cual realizaría el monitoreo y seguimiento, la cual fue aprobada por la Comisión de Directores de Planificación en la sesión 04-17 del 04 de mayo de 2016.
Durante el año 2017 se inició con la recopilación y procesamiento de los datos 2016, para los indicadores establecidos, con los que se elaboró el documento “Informe ejecutivo de seguimiento y monitoreo del Planes 2016-2020, Logros 2016” que fue aprobado por la Comisión de Directores de Planificación en el mes de noviembre de 2017.
La Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), a partir de los compromisos definidos en el Acuerdo de Financiamiento de la Educación Superior del año 2016, elaboró una propuesta de indicadores y la hizo del conocimiento de la Comisión de Directores de Planificación para sus observaciones.
Una vez logrado el consenso de los indicadores, que se utilizarían para dar seguimiento a los compromisos de las universidades suscritos en el Acuerdo de Financiamiento, la Oficina de Planificación de la Educación Superior, recolectó la información correspondiente a estos indicadores y elaboró el documento “Indicadores para el seguimiento del artículo 7 del Acuerdo de financiamiento del FEES 2016”.
Para el seguimiento y monitoreo del Planes 2016-2020 correspondiente al año 2017, el informe se trabajó de la misma forma que el año anterior, con la Subcomisión de Indicadores, y la recolección de datos de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Financiamiento de la Educación Superior. OPES recolectó la información y la procesó.
Para dar cumplimiento al articulado del Acuerdo de Financiamiento para la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES), desde que fue firmado en agosto de 2015, con vigencia para el año 2016, en el que se establece que el monitoreo de los compromisos de las universidades en dicho acuerdo se realizará mediante las acciones de seguimiento del PLANES vigente, se procedió a integrar en un solo documento los indicadores originalmente incluidos en el PLANES 2016-2020 y los indicadores acordados con el Gobierno para el cumplimiento del artículo 7.
Producto del proceso anterior se elaboró el documento denominado “Informe de seguimiento del PLANES 2016-2020, Logros 2017: Incluye indicadores relacionados con la cláusula 7 del acuerdo de financiamiento FEES”.
Las universidades públicas rinden cuentas a la ciudadanía y a las instancias correspondientes brindando acceso a la información clara, suficiente, relevante y oportuna, como parte de la transparencia que es prioridad y distingue la gestión universitaria.
Las universidades públicas son ejemplo de los procesos de transparencia, lo cual queda reflejado en el estudio anual del Índice de Transparencia en el Sector Público Costarricense (ITSP), elaborado por la Defensoría de los Habitantes, en donde ocupan altas calificaciones por la promoción de una cultura institucional orientada hacia buenas prácticas de acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos, a través de los sitios web.
