Entre música en vivo y ricas comidas al fogón, la energía positiva se podía sentir en el aire. Fue un día para celebrar el poder de comunidades organizadas por la salud, la justicia y la sostenibilidad… Estamos creando el mundo en el que queremos vivir…
Así describe Verónica Sheehan para SURCOS la celebración del cierre de año de varias organizaciones que trabajan en conjunto por su calidad de vida. En Guacimal se dieron cita la Asada de Guacimal, la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, la Asociación de Desarrollo Comunal, el Centro Demostrativo de Sostenibilidad Ambiental, Kioscos Socioambientales de la UCR y don Vicente Chavarría, regidor en la Municipalidad de Puntarenas por el Frente Amplio.
“Estuvimos grabando programas para radio gracias al apoyo de la Asociación Voces Nuestras. Se introdujo el proyecto que empieza con talleres de radio para mujeres en la provincia de Puntarenas en febrero gracias a Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura. Se tocaron temas como el derecho a la semilla criolla, al agua, a la justicia social y económica, la Feria de Guacimal, entre otros”.
Presencia de presuntas personas ajenas a la Universidad tiene a la negociación en un punto muerto
Estudiantes y presuntas personas que no tienen relación con la Universidad se encuentran dentro y fuera de las instalaciones de la Sede del Caribe, y no permiten el ingreso (foto Otto Salas).
A pesar de un acuerdo preliminar para sentarse a dialogar y pactar una salida a la situación que se vive en la Sede del Caribe, el proceso de diálogo tuvo un nuevo tropiezo.
Según lo anunciado en comunicados previos, este lunes en la mañana el Consejo de Sede (conformado por el Director, Subdirectora y coordinadores de Docencia, Vida Estudiantil, Investigación y Acción Social) se presentó en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Limón para buscar entablar negociaciones una vez más con los estudiantes, quienes mantienen cerrados los portones de acceso desde hace 19 días.
Las autoridades propusieron abrir los portones, permitir el ingreso de la comunidad universitaria para que se restablezcan las actividades académicas y administrativas,y seguidamente sentarse en una mesa de diálogo con los estudiantes; sin embargo, los estudiantes se negaron a abrir la Sede y solicitan la presencia de autoridades de la Administración Superior.
Según las autoridades de la Sede del Caribe se constató además la presencia de presuntas personas ajenas a la UCR (dentro de las que se encontraría Héctor Monestel, reconocido líder sindical) que están apoyando este movimiento estudiantil y que se encontraban dentro de la Sede en el momento del primer encuentro.
Ante este panorama las autoridades se negaron a conducir el proceso dentro del espacio universitario y por el contrario propusieron realizar las conversaciones en un sitio externo, iniciativa inicialmente aceptada por ambas partes. El lugar elegido fue la Iglesia Bautista de Limón.
A la negociación se presentaron los seis miembros del Consejo de Sede y cinco estudiantes acompañados por Héctor Monestel, a quien identificaron como su representante legal. La presencia del sindicalista no fue aceptada por el equipo de autoridades de la Sede y por esta razón no se pudo continuar con el diálogo.
Seis representantes del Consejo de Sede se presentaron en horas de la mañana para intentar un diálogo con los estudiantes de Licenciatura en Marina Civil.
Para el director de la Sede del Caribe, Dr. Juan Diego Quesada Pacheco la prioridad está en defender el derecho de todos los miembros de la comunidad universitaria, quienes se han visto afectados por el cierre de las instalaciones, ya que no se han logrado aplicar los últimos exámenes con normalidad en ninguna de las 11 carreras que conforman la oferta académica de la UCR en Limón.
«Nuestro compromiso es con todos los estudiantes que están matriculados en la Sede y con los funcionarios administrativos quienes quieren continuar con sus trabajos y terminar el año de manera positiva. Lamentablemente el cambio en las reglas acordadas truncó los esfuerzos para sentarse a negociar un preacuerdo con el cual lograr abrir las instalaciones. Hemos movido mar y tierra para lograr acuerpar la carrera de Marina Civil pero hay situaciones que no dependen de la UCR, deben ser solucionadas por otras entidades del Gobierno y hay que esperar que eso suceda; por nuestra parte estamos abiertos al diálogo y a continuar apoyando esta carrera», aseveró el Dr. Quesada.
En las redes sociales institucionales y de las agrupaciones de estudiantes, múltiples comentarios muestran inconformidad con el proceso de diálogo y han defendido su derecho a hacerse acompañar por asesores durante las negociaciones. Además condicionan el levantamiento de la toma a la presencia de la Vicerrectora de Docencia y del Rector en el campus.
Por su parte, la Vicerrectora de Docencia, Dra. Marlen León Guzmán indicó que es necesario que las personas ajenas a la UCR no entorpezcan los esfuerzos que hacen las autoridades para normalizar las actividades en la Sede del Caribe,
“Es inoportuna la presencia de personas ajenas a la UCR y del señor Héctor Monestel dentro de la Sede. Les hemos solicitado que por favor se retiren del campus universitario debido a que nos encontramos en un proceso de negociación y resulta en una violación al espacio en el que se abordan temas académicos y de carácter estudiantil», subrayó la Dra. León.
El Consejo de Sede manifiesta mantener abiertas las opciones al diálogo con los estudiantes para trazar acciones que desemboquen en la apertura de las instalaciones de la Sede del Caribe. Asimismo, procuran continuar trabajando para que la problemática que afecta al estudiantado de Marina Civil se resuelva y puedan avanzar en su formación profesional.
Este 10 de diciembre se celebran 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Acción Social de la UCR en derechos humanos llega a casi dos millones de personas en todas las regiones
“La vulnerabilidad del incumplimiento de los derechos humanos es un asunto que atraviesa a todos los segmentos de población. En especial, la pobreza, la exclusión educativa, el trabajo informal y otras actividades que los enrolan en actividades ilícitas”, detalló Dina Espinosa Brilla, coordinadora del proyecto EDNA. Foto muestra niños jugando. Archivo VAS.
Para superar los pendientes en materia de derechos humanos y lograr que la mayor cantidad de habitantes en el territorio nacional los disfruten a plenitud, cada año la Universidad de Costa Rica (UCR) invierte miles de horas en la ejecución de más de 130 proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).
Los desafíos de la sociedad costarricense para construir una sociedad más equitativa, solidaria y respetuosa de los derechos humanos son múltiples. Por eso, desde cada una de las iniciativas de la VAS se llega a las comunidades con proyectos relacionados con la niñez y la adolescencia, el derecho al trabajo justo, el envejecimiento digno, el acceso a la educación, la prevención de la violencia por causa de género, edad, orientación e identidad sexuales.
Con un presupuesto de ₡265 millones anuales, el personal universitario y la comunidad estudiantil asumen como propios los problemas que impiden que cada persona acceda a los derechos humanos garantizados por la normativa nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Precisamente, este 10 diciembre la humanidad celebrará los 75 de la promulgación de dicha declaración. Sus 30 artículos se han constituido una guía para que los Estados y sus instituciones eliminen las barreras para garantizar que todas las personas alcancen esa plenitud, sin distinción alguna.
“Los Derechos Humanos tienen por principio primordial el respeto y el reconocimiento de la dignidad inherente de todas las personas. Esto implica a su vez la gestión de la igualdad de oportunidades, lo que tiene que ver con la inclusión y la reducción de la brecha social”, aseguró el Lic. José Daniel Rodríguez Arrieta, coordinador del proyecto “Población con discapacidad y derechos humanos: comunidades hacia la inclusión y el empoderamiento” (TC-633).
En materia de derechos humanos, el vínculo universidad-sociedad ha sido constante desde la creación de la UCR, aseguró Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social. Foto muestra jóvenes que se toman fotografia con marco #AcciónSocialUCR Archivo VAS.
El TC-633, de la Escuela de Ciencias Políticasde la UCR, es una instancia que vincula a estudiantes con las comunidades para fomentar espacios y actividades para reconocimiento, apropiación y sensibilización acerca de los derechos humanos de la población con discapacidad en función de la inclusión.
Una importante cantidad de proyectos de Acción Social trabajan porque la niñez y adolescencia tengan acceso a la salud, la educación y la posibilidad de vivir en ambientes libres de violencias. Uno de ellos es el proyecto del Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) denominado “Prevención de Violencia en 100 Centros Educativos del Ministerio de Educación Pública” (ED-3221) . El objetivo es brindar capacitación al personal destacado en dichas escuelas sobre los temas de la violencia intraescolar y fomentar la permanencia en las aulas.
Además, la UCR aporta investigación para el diseño de políticas públicas en esta materia. Por ejemplo, se difunden periódicamente informes relacionados con la niñez y la adolescencia en Costa Rica. Entre ellos destaca el “Informe EDNA: Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia” (ED-389), cuyo equipo de profesionales tiene su base en la Escuela de Estudios Generales.
En total, para el año 2018 unos 35 proyectos se relacionan con la población infantil y adolescente en Costa Rica.
Derechos Humanos y vínculo social
“La acción social es un pilar fundamental en la lógica y razón de ser de las universidades estatales. Nuestra labor es enteramente en función de la sociedad costarricense en tanto su progreso y su consolidación como una sociedad inclusiva que busque sostenidamente la reducción de las brechas sociales y económicas. Este es el contacto más directo y tangible de la Universidad con las comunidades a las cuales se debe; es la más visible devolución que se hace de la inversión de una sociedad en la educación superior y no debe nunca escatimarse en esta inversión”, aseguró el Lic. Rodríguez Arrieta.
Como parte de su compromiso con los derechos humanos, la UCR trabaja de la mano con instituciones estatales y organizaciones comunitarias para favorecer condiciones de acceso a todos los derechos para las personas habitantes en el territorio nacional. Foto archivo ODI.
De los 168 proyectos inscritos en la VAS, unos 16 se enfocan en el apoyo coordinado con otras organizaciones para que personas con alguna discapacidad tengan iguales oportunidades de acceso a la educación, la participación ciudadana e integrarse a la fuerza laboral del país.
Un ejemplo es el proyecto del Instituto de Investigación en Educación de la UCR para crear un “Modelo de capacitación en higiene y manipulación de los alimentos para personas con discapacidad intelectual” (ED-3104), que le ha permitido a jóvenes concluir exitosamente el curso este requisito para optar por una oportunidad laboral. Para ello, se diseñaron módulos temáticos a partir de los contenidos del programa estandarizado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Otro proyecto, “Construyendo juntos: Personas con discapacidad en el ejercicio efectivo de los derechos humanos” (ED-3297), ejecutado por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, se propone que en el país se “cumpla totalmente normativa nacional e internacional en derechos humanos en discapacidad e identificar las brechas normativas que aún persisten entre el ordenamiento jurídico nacional y lo que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad establece”, acotó el magíster Erick Hess Araya, coordinador del mismo.
Hess reafirmó que el “vínculo entre Universidad y sociedad es total, porque el proyecto avanza en la medida en que las personas con discapacidad así lo demandan y porque las personas con discapacidad van a obtener una orientación y asesoría técnica y académica que han solicitado para beneficio de sus propios intereses”. Actualmente, en Costa Rica cerca de medio millón de personas viven con alguna discapacidad y el 64% están excluidas de la fuerza laboral, con especial énfasis las mujeres.
“Decir que la UCR ha contribuido con los más diversos sectores de la sociedad costarricense no es retórico. La UCR ha estado presente desde sus inicios en el mejoramiento de la educación, la formación del concepto integral de la salud, en la generación de competencias productivas comunales, la defensa del ambiente, de los derechos humanos y la reivindicación de las fibras culturales que conforman nuestras identidades”, recordó la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social.
Más de 1250 denuncias se registraron en los últimos 5 años
A inicios de Noviembre el Consejo Universitario hizo de conocimiento público un nuevo pronunciamiento respecto a los impactos del monocultivo de piña en el país, esto tras atender la solicitud del Programa Kioscos Socioambientales para actualizar el pronunciamiento sobre “las consecuencias socioambientales de la agroindustria de la piña” del año 2008. Este nuevo acuerdo es producto del trabajo de una comisión especial del CU- UCR que fue conformada a final del 2017, y estuvo integrada por representantes de distintas áreas de la Universidad.
El CU – UCR considera necesario que se limite la expansión de nuevas áreas de producción piñera, esto con el objetivo de respetar las áreas de protección de ríos y nacientes, así como las fronteras agrícolas, las franjas de amortiguamiento, los territorios indígenas y la salud de las comunidades.
Este nuevo pronunciamiento recoge una serie de preocupaciones provocadas por esta agroindustria en los principales focos piñeros del país (Región Huétar Norte, Región Brunca y Región Huétar Atlántica), regiones que como destaca este pronunciamiento, siguen siendo las zonas con los cantones de más bajo desarrollo humano, al tiempo en que la actividad piñera sigue siendo la principal actividad económica de estos municipios.
Entre los considerandos que llevó al CU – UCR a manifestar su preocupación por las consecuencias negativas de la producción de piña están las más de 1250 denuncias que entre el 2013 y el 2018, se han interpuesto ante distintas instancias públicas por presuntas violaciones a derechos laborales y ambientales. Esta información fue recopilada por la Comisión especial del CU- UCR.
Además de la gran cantidad de denuncias interpuestas en los últimos 5 años, el CU – UCR consideró que existe un existe un faltante de registros e indagaciones técnicas, lo que deja sin respaldo los testimonios de personas que han sufrido enfermedades respiratorias, dérmicas y cancerígenas producidas por la aplicación de agroquímicos y la cercanía que tienen los hogares con los monocultivos de piña. Ver Cuadro N.° 1
Cantidad de denuncias sobre la actividad piñera por institución, según su naturaleza
Periodo 2013-2018
Naturaleza
Institución
Denuncias
Descripción
Ambiental
Ministerio de Ambiente y Energía
71
Tala de árboles
Contaminación de aguas
Tribunal Ambiental Administrativo
29*
Invasión de áreas de protección hídrica
Ausencia de viabilidad ambiental
Servicio Nacional de Salud Animal
1082
Mosca del establo
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
39
Tala de árboles
Invasión de áreas de protección hídrica
Acueductos y Alcantarillados
2
Contaminación de aguas
Defensoría de los Habitantes
8
Recurso Hídrico
Mosca del establo
Sala Constitucional
2
Contaminación de aguas
Ausencia de viabilidad ambiental
Social
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
42
Condiciones laborales inadecuadas
Salud
Ministerio de Salud
–
Información insuficiente
Caja Costarricense de Seguro Social
–
Información insuficiente
*Durante el periodo 2005-2013 se presentaron 90 denuncias ante el Tribunal
Ambiental Administrativo que aún no tienen sentencia.
Fuente: CU – UCR, (2018) Acuerdos firmes, aprobados por el Consejo Universitario en sesión N.° 6235, ordinaria el martes 6 de noviembre de 2018.
La mayoría de las denuncias ambientales son por la corta de árboles; datos que coinciden con los hallazgos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) quien determinó que entre los años 2000 y 2015, se perdieron 5.568,98 hectáreas de bosque por la expansión piñera mediante el proyecto de “Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Mocupp). Dicho monitoreo se realizó en colaboración con diversas entidades gubernamentales y agencias de la ONU (Semanario UNIVERSIDAD, 08-3-2017).
Además de exhortar a todas las instituciones públicas y a la ciudadanía en general, a tomar acciones para amortiguar los efectos negativos de la producción de piña en el país, el Consejo Universitario insta a los empresarios piñeros a cumplir con todas las leyes sociales, ambientales y laborales que podrían estar siendo violentadas por la agro-cadena de la piña. Razón por la que exhorta a los productores piñeros a permitir auditorías de terceros, esto con el objetivo de verificar y transparentar el cumplimiento de las normas y leyes establecidas.
El CU – UCR señala la necesidad de levantar registros que pudieran respaldar las denuncias interpuestas por las comunidades, ya que una serie de resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) del año 2009, determinaron que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) dejarían de ser obligatorios para el desarrollo de proyectos piñeros. Estas resoluciones dieron paso a los “Diagnósticos ambientales”, los cuales son de aplicación voluntaria y posterior al desarrollo del proyecto. El Consejo Universitario valoró esta situación para demandar mayor rigurosidad en beneficio de la salud comunitaria y la protección ambiental.
El órgano universitario también señaló la falta de precisión de los registros estatales respecto a la producción de piña, ya que señala la contradicción de los datos del gobierno central respecto a la producción de piña. Mientras que el MAG sostiene que para el año 2017 existían 44.500 hectáreas de monocultivo de piña, el MINAET afirma que para ese mismo año el área de piña ascendía a 58.442 hectáreas. Además, el Consejo Universitario consideró pertinente para la actualización de este pronunciamiento el desmesurado aumento de las áreas cultivadas de piña. Según el INEC, en los últimos 30 años los terrenos cultivados de piña aumentaron un 1.422%, al tiempo en que se dio una sensible disminución de los terrenos dedicados a la producción de granos necesarios para la seguridad alimentaria del país, dejando a los productos de exportación en una relación 3:1 con respecto al área de productos como arroz, frijol y maíz.
Coincidimos con el CU – UCR en que “los sistemas nacionales e internacionales de certificación disponibles no garantizan el cumplimiento de las buenas prácticas sociales, agrícolas y ambientales en la agro-cadena de la piña”.
El Programa Kioscos considera que “en la cadena de esta agroindustria, los pequeños productores terminan comercializando su producto con las grandes empresas exportadoras; por lo que cabe preguntarse de qué valen todas las certificaciones si finalmente se continúa vendiendo una piña producida con exceso de contaminación y violando los derechos de trabajadores y comunidades, a pesar de que las grandes empresas cumplan con las “buenas prácticas agrícolas”.
Informes con Lic. Karina Valverde, 8824 8292, docente del programa Kioscos y miembro de la Comisión especial del CU- UCR sobre piña.
Organizaciones y colectivos de personas indígenas exigen al Poder Judicial y al Gobierno en general un fin a la impunidad ante los ataques perpetrados hacia personas indígenas, recuperadoras de tierras de pueblos originarios
El primero de setiembre de 2016 un grupo de no indígenas dispara al menos en seis ocasiones al campamento de recuperadores de Brazo de Oro, en las montañas de Cabagra, provincia de Puntarenas. Dentro del grupo agresor se identifica a Sebastián Córdoba Rodríguez, Álvaro Solís Moreno y Víctor Hugo Vargas Valderrama.
El 17 de setiembre, unos días después, un grupo de no indígenas ataca a balazos a Allan Delgado Torresy Baldomero Waisa en la misma recuperación de Brazo de Oro. Los agresores fueron identificados como Marlon Sandí Morales, Yordani Sandí Morales, Elvin Picado Altamira y Esteban Córdoba Rodríguez.
Estos son sólo algunos de los cientos de ataques perpetrados durante años, como se recopila en el documento “Los conflictos por la tenencia de la tierra en la Zona Sur: Pueblos originarios y comunidades campesinas”. Si estos ataques se hubieran dado en cualquier barrio de clase media de San José; o al final de un partido de futbol en Cartago, lo más probable es que ya se hubiera dado un juicio, una sentencia y cárcel para los responsables. Pero poco le importa a la gente y a las autoridades lo que ocurre en las montañas de Cabagra, en ese lugar lejos de todo, donde pareciera que ya no hay ley.
Luzmilda Delgado Morales, recuperadora en su territorio de Brazo de Oro de Cabagra, confirma que las amenazas y ataques físicos que han sufrido son a raíz de las recuperaciones que hicieron.
“El 17 de setiembre de 2016 se dio un ataque violento, donde dos de nuestros hermanos fueron heridos. Fueron impactados con balas, les dispararon y tuvieron que ser atendidos. Al día siguiente hicimos la denuncia correspondiente; pero hasta la fecha no ha habido resolución. Los agresores siguen libres y, hasta donde sé, tenían medidas cautelares, pero siguen por la comunidad transitando como si nada. No ha habido sentencia”, cuenta Luz.
Costa Rica arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan. Sin embargo, desde fines de los años 50s muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra-venta o por medio de engaños. La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, que han decidido recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen.
Finca recuperada Crun Shurin, en territorio indígena Térraba. Foto: Fabiola Pomareda.
Todas las agresiones han sido denunciadas ante las autoridades, afirman
El 5 de julio un grupo de no indígenas con matones a sueldo queman ranchos de familias indígenas recuperadoras en Cebror, Salitre y los persiguen por las montañas. Bloquean la entrada al territorio indígena. El 6 de julio más de 100 no indígenas amenazan y disparan, bloqueando el acceso al territorio con piedras y arena que llevan en dos vagonetas. Cortan la electricidad en Cebror. Este es otro hecho recopilado en el documento citado.
Leandro Morales Ortiz, es parte del Consejo Iriría Ajkonuk Wakpa, de Salitre y relata: “Estábamos en una finca que pertenecía a Pindeco y se había recuperado, en Salitre. Habíamos hecho el rancho. De pronto llegaron los terratenientes que se habían organizado y habían bloqueado la carretera por Cebror. Nos corretearon. Muchas mujeres tuvieron que huir hacia la montaña; estuvieron escondidas por varias horas. Y así nos quemaron el rancho. Encontramos las botellas con gasolina”.
“La mayoría de los ataques que se han cometido, se han hecho las denuncias pero no se llega a ningún castigo ni a ninguna condena. Lo único que hacen es que archivan los casos. Los ataques han sido de los terratenientes no indígenas que viven en los territorios indígenas. Unos son de Salitre o Cabagra; otros de Buenos Aires. No ha habido ningún castigo. Muchos casos se han archivado, han quedado impunes porque dentro de los territorios uno sigue viendo a los mismos agresores. No hay nada que nos favorezca. No se han cumplido las leyes a favor nuestro”, afirma Leandro.
Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Coordinadora de Lucha Sur Sur, señala que “en los últimos años, ante su digna lucha y justa causa de recuperar sus territorios, los pueblos originarios han sido víctimas de distintas agresiones, como intentos de homicidio, quema de sus casas, agresiones físicas, agresiones psicológicas, amenazas por parte de terratenientes y de grupos de interés que tratan de apoderarse de sus territorios”.
“Todas estas agresiones han sido denunciadas públicamente. La mayoría han sido llevadas a las vías judiciales y hasta el momento ha habido una impunidad total, en el sentido de que ninguno de los responsables ha sido sancionado de acuerdo a la ley, sino que siguen en la mayor impunidad. Las y los funcionarios judiciales del cantón de Buenos Aires no están cumpliendo con sus obligaciones; entonces, las investigaciones que en muchos casos se han iniciado, no han llegado a nada. En otros casos, por la inacción de las y los funcionarios judiciales nisiquiera se llegan a desarrollar los procesos judiciales. Es absolutamente necesario que se establezcan las sanciones legales ante estas agresiones”, subraya Oreamuno.
Leandro Morales Ortiz, es parte del Consejo Iriría Ajkonuk Wakpa, de Salitre. Foto: Fabiola Pomareda.
Jueces desvirtúan la demanda original de las agresiones, dicen
El 17 de setiembre de 2012 un grupo de no indígenas dispara en seis ocasiones contra Sergio Rojas Ortiz, líder del territorio bribri de Salitre y en ese entonces presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre, en Cebror. La persecución que ha tenido que experimentar Rojas desde entonces ha sido inaudita. En lugar de que sus agresores fueran detenidos, él fue arrestado y encarcelado injustamente, por apoyar las recuperaciones de tierras.
Rojas se encuentra libre y el 9 de agosto participó en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos, en San José. La actividad fue organizada por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y el Comité Nacional de apoyo a la Autonomía Indígena.
“Hemos enfrentado la persecución de los invasores, encarcelamientos, agresiones físicas y verbales en Salitre, Cabagra y Térraba y hemos logrado enfrentar y salir adelante de estas agresiones. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictó medidas cautelares; pero el Gobierno no las ha cumplido”, añade Rojas.
“En el caso del territorio bribri de Salitre, hay varias causas judiciales que han sido desestimadas. Otras que han sido archivadas porque dicen que no hay suficiente pruebas, que no hay testigos, que no saben si la tierra es de indígenas o de no indígenas; entonces que por eso no pueden resolver el caso, porque no están seguros de quién es la tierra”, explica el líder.
“Cuando tratan de resolver un tema de agresión de usurpadores, los jueces lo que hacen es desvirtuar la demanda original, para decir que no castigan al agresor porque no saben si la tierra es del agresor o era de los indígenas, y declaran libre de culpa al agresor”, critica Rojas.
El 22 de febrero de 2016 Clarita Quiel Torres y su familia recuperan una finca en Palmira, territorio indígena de Cabagra. El no indígena Mario Espinoza, quien era el usurpador ilegal de la finca, los alemanaza con arma de fuego. Al día siguiente regresa con otros seis hombres a amenazar de nuevo. Posteriormente llegan dos oficiales de la Fuerza Pública y únicamente pidieron los datos a la familia de Clarita y se fueron. La noche del 22 alguien prendió fuego y destruyó el ú-sure o casa cósmica, en Cabagra, construido por el Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa, que apoya las recuperaciones.
Clarita Quiel Torres también participó en la conferencia de prensa del 9 de agosto. “Hasta el momento no han habido resoluciones en contra de los agresores. Algunas resoluciones han habido en contra de nosotros los bribris. Hay algunos casos cerrados. En el caso mío la denuncia que pusimos de amenazas contra mi persona está cerrada. La fiscalía la cerró”, refiere.
Clarita Quiel, junto a doña Luisa Bejarano. Foto: Fabiola Pomareda.
Piden investigación en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se solicitó a las autoridades una investigación en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad, incluyendo defensores públicos, fiscalía, tribunales, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la delegación de la Fuerza Pública del cantón de Buenos Aires. Las personas afectadas quieren que se cumplan las leyes, que se sancione a los responsables de las agresiones, que las denuncias se tomen con seriedad y que haya resoluciones.
La Coordinadora gestionó, junto con la Defensoría de los Habitantes una reunión con representantes del Poder Judicial. Finalmente esta se realizó el 24 de agosto en Buenos Aires. Asistieron representantes de distintos pueblos y de los territorios indígenas de Salitre, Cabagra, Rey Curré y Térraba y representantes campesinos de Finca Chánguina y Térraba. De parte del Estado participaron distintas juezas, jueces, representantes de la defensa pública, de la fiscalía, de la Contraloría de Servicios y Carmen María Escoto, coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas es Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
“Los y las representantes indígenas dejaron en evidencia las sistemáticas agresiones que viven los pueblos indígenas en los procesos de recuperación de tierra-territorio, donde la respuesta institucional ha sido la impunidad. Esto es evidente al constatar que ninguno de los agresores plenamente identificados ha sido condenado, además de que distintas denuncias han sido desestimadas por considerarse falsamente como un conflicto entre indígenas”, recuenta un comunicado de la Coordinadora.
El Poder Judicial se comprometió “a presentar ante la Inspección Judicial cada uno de los casos denunciados por las personas indígenas presentes en la reunión, para que sean debidamente investigados; lo que podría generar sanciones administrativas y/o judiciales a las y los funcionarios implicados”.
Para Luzmilda Delgado, “el objetivo de retomar lo que era de nosotros es algo que nos da fuerzas para seguir adelante hasta el final porque una vez empezado un proceso de esa magnitud sabíamos que enfrentaríamos cosas” y afirmó: “Creemos que tenemos todo el derecho de retomar lo que por derecho nos corresponde”.
Leandro Morales, por su parte, expresó: “Hemos seguido con nuestra visión, con nuestra lucha, que es recuperar las tierras. Aprendemos de lo que sucede y agarramos más valor para hacer que se cumplan las leyes y demostrar que el territorio es nuestro”.
Enviado a SURCOS por Fabiola Pomareda, periodista Voces Nuestras.
Familias de pueblos originarios continúan recuperando tierras que se encontraban en manos de usurpadores, en la Zona Sur del país. La más reciente fue a principios de noviembre en el territorio indígena de Yimba Cajc, conocido como Rey Curré.
El domingo 4 de noviembre, un grupo de habitantes del territorio indígena de Yimba Cajc, o Rey Curré, decidieron hacer un paseo, una especie de caminata. Ese día unieron sus fuerzas y, después de un proceso planeado y meditado, recuperaron una finca de aproximadamente 280 hectáreas, ubicada aproximadamente a tres kilómetros al noreste del centro de Yimba Cajc, sobre la Carretera Interamericana.
El terreno se ubica cerca de la antiguamente llamada Finca Potomac, que en marzo de este año también fue recuperada por 16 familias indígenas Broran Térraba. La finca fue renombrada como Crun Shurin, “tierra de venados”.
De acuerdo con la Asociación de Desarrollo Indigna de Yimba Cajc, la recuperación del 4 de noviembre se hizo de manera pacífica y desde entonces trabajan reparando cercas y limpiando. Su plan es construir una cocina, un lugar para reuniones e instalar servicios básicos como electricidad, agua potable, servicios sanitarios y calle de acceso. La tierra será otorgada a indígenas, organizaciones o comités con proyectos agropecuarios, de reforestación o de protección de bosques.
El 3 de agosto esta Asociación también impulsó la recuperación de otra finca de unas 250 hectáreas; pero que se ubica dos kilómetros al sur de Rey Curré, también sobre la Interamericana. Según la agrupación, se “está haciendo un movimiento social de reivindicación de derechos ancestrales y defensa de su territorio en el sitio arqueológico Dú Túj, donde está la finca. La propiedad estaba en manos de una persona no indígena, a pesar de ser un sitio arqueológico, registrado ante el Museo Nacional de Costa Rica. La Asociación quiere que ahí se reubiquen algunas familias afectadas por la tormenta Nate, en octubre de 2017, así como el Colegio de Curré, que se inundó totalmente durante la tormenta.
Foto: Asociación de Desarrollo Indigna de Yimba Cajc
Foto: Asociación de Desarrollo Indigna de Yimba Cajc
Miles de hectáreas recuperadas en la Zona Sur
Los conflictos por tenencia de la tierra en territorios indígenas son una problemática que afecta sobre todo a los territorios de Salitre, Cabagra, Térraba y Curré.
Costa Rica arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan. Sin embargo, desde fines de los años 50s muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra-venta o por medio de engaños. La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, que han decidido recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen.
Según datos de Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Coordinadora de Lucha Sur Sur, se calcula que desde el 2008 se han recuperado 1.200 hectáreas en Salitre y 1.950 en Cabagra.
Para Oreamuno, estas recuperaciones de tierras son legítimas y justas “porque de acuerdo a la legislación nacional e internacional, los territorios de los pueblos originarios les pertenecen a ellos”.
“Los territorios ancestrales son territorios que ellos han trabajado, donde han vivido desde antes de la conquista y de la creación del estado nación. Y actualmente los territorios de estos pueblos han sido invadidos en diferentes procesos, en diferentes etapas, por personas no indígenas. Esto es contrario a la ley”, dijo.
“Las recuperaciones también son legítimas porque de acuerdo a su costumbre, a su cosmogonía, estos territorios son parte de sus formas de vida, y están en todo el derecho, de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus culturas para recuperar estos territorios donde han convivido, los cuales han cuidado, y de los cuales en muchos casos sale agua, no sólo para sus comunidades sino para sus alrededores”, agregó Oreamuno.
Para don Irene Flores Rodríguez, indígena de Abrojo Montezuma e integrante de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, las recuperaciones son legítimas “porque los indígenas antes no era que habían venido de otros lugares; eran nativos del mismo territorio”.
“Muchos dicen que los indígenas no quieren trabajar, por eso nos devaloran lo que tenemos. No es que se las hemos quitado las tierras [a los usurpadores no indígenas]; es que son nuestras”, expresó don Irene.
Don Irene Flores, en reunión de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, en Rey Curré.
Reivindicar la autonomía a partir de la recuperación de tierras
Emmanuel Buitrago, indígena bribri de Talamanca, refirió que después de que en el año 2010 el Gobierno desalojó de forma violenta a las personas indígenas que estaban en la Asamblea Legislativa, demandando la aprobación de una ley que defendiera sus derechos y autonomía, ellas y ellos decidieron “reivindicar esa autonomía a partir de la recuperación de tierras”.
En una conferencia de prensa realizada el pasado 9 de agosto en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos, en San José, Buitrago y otras lideresas y líderes indígenas denunciaron como el gobierno costarricense sigue atentando contra los derechos de los pueblos originarios, desde todos los poderes de la República. La actividad fue organizada por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y el Comité Nacional de apoyo a la Autonomía Indígena.
“Los pueblos indígenas no vemos la tierra como mercancía, no vemos los recursos como símbolo de monetarización, sino que tienen otras connotaciones espirituales y exigimos el respeto a esas espiritualidades”, aclaró Buitrago.
“Por eso en los ultimos años hemos venido recuperando las tierras en manos de usurpadores, que han hecho daños incalculables en territorios, especiamente cuando destruyen las tierras, destruyen los bosques, ponen precio a nuestra biodiversidad, a nuestros recursos, a nuestras aguas y eso es sumamente peligroso para la humanidad y el pueblo costarricense”, añadió.
Todo esto ocurre pese a que el derecho internacional de los pueblos indígenas exige el respeto a la autonomía y a la reivindicación de su espiritualidad, cultura, educación, vivienda y de todas sus formas de vida.
“Por eso que hacemos este llamado a la ciudadanía y a todos los poderes, para que desde los tribunales de justicia y desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no se sigan atropellando esos derechos”, concluyó Buitrago.
El líder también contó que están planeando un congreso nacional indígena, que posicione la agenda de los pueblos indigenas en pro de los derechos humanos, “frente a la agenda de exclusividad, de violencia y de etnocidio sistemático del estado costarricense contra los pueblos indígenas”.
Doña Luisa Bejarano Montezuma, lideresa indígena de Conte Burica, también participó en la conferencia de prensa del 9 de agosto, y afirmó: “Nosotros seguimos aquí de pie, con la intenció de continuar la lucha por nuestros derechos porque cuando en el 2010 nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa fue por reclamar nuestros derechos, por querer hacer valer nuestros derechos y hasta el momento el Gobierno no quiere darnos ese reconocimiento”.
“Siempre he dicho que el Gobierno quiere darnos atolillo con el dedo y nosotros, los compañeros de esta lucha, de este movimiento, no queremos eso. Ya han pasado muchos años en que nos han humillado. Creo que ya es el momento en que nosotros continuemos la lucha porque sinceramente: si nosotros no vamos a luchar, nadie lo va a hacer por nosotros”, dijo doña Luisa.
Conferencia de prensa en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos.
Enviado a SURCOS por Fabiola Pomareda, periodista Voces Nuestras.
Deseo aclararle lo siguiente a aquellos que están diciendo que deponemos la huelga, porque esta se perdió contra la ley 20580:
La huelga se levanta porque ya se cumplió el fin para la cual se había convocado. El propósito era la lucha por un Plan Fiscal justo y progresivo. Y la decisión fue llevar la lucha hasta el final. Si ya había cumplido todo el proceso, ¿qué sentido u objetivo tenía continuar en huelga? No creo que se perdiera la lucha, todo lo contrario. La ley 20580 se caerá solita ya lo verán, es cuestión de tiempo. En realidad lo negativo en esta batalla fue la persecución, presión, acoso, humillaciones, burlas, amenazas que sufrimos quienes asumimos el compromiso de salir a las calles con la convicción de que esta era una causa justa y necesaria.
Lo demás, fue solo ganar-ganar: Se logró abrir un debate nacional en torno al 20580, se dio un despertar de conciencias sobre la importancia de conocer las leyes que se discuten en la Asamblea Legislativa y el rol que tenemos como ciudadanos costarricenses, nuestra responsabilidad en la participación de las políticas públicas. O sea se inició un proceso de educación ciudadana. Lo cual considero es de suma importancia en momentos donde la ciudadanía desconoce sus derechos y deberes.
Se iniciaron cambios que siguen su curso y es cuestión de tiempo (no mucho) que se darán verdaderas transformaciones. Esta huelga, por sí misma, ha dejado un precedente histórico nunca antes vivido en la historia de Costa Rica porque ha tenido un efecto transformador y el tiempo nos dará la razón. Nos retiramos muy orgullosos de la lucha dada, valientes y decididos fueron mis compañeros en esta batalla. Y aunque intentaron violentar nuestro derecho constitucional de huelga, no lograron hacernos claudicar. Quedó en evidencia la violación del art. 9 de nuestra Carta Magna. Y sobre esto hay mucho que trabajar. Así es que como pueden darse cuenta, la huelga no se perdió.
Lucha del trabajador por sobrevivir ante la avaricia del capital por sacar el máximo de ganancia.
Lucha del poderoso por conservar su poder.
Lucha del campesino por subsistir en su parcela improductiva.
Lucha del empleado público y privado por tener un mundo mejor.
Hemos dado una lucha justa y necesaria. Se ha desnudado la clase gobernante hasta sus huesos. Ha quedado claro quién defiende a quién. Quiénes nos representan con lealtad en los poderes del Estado. La vida continúa. La lucha no se detiene. Adelante trabajadores de la Educación y del sector público. Somos el último bastión de la democracia.
Felicito a las maestras y maestros que lucharon con hidalguía por una Costa Rica más justa y equitativa. Adelante. Siempre en la lucha. La hora de Juanito Mora sigue vigente.
En un debate conducido por la periodista Laura Martínez, el coordinador del Movimiento Ciudadano que Construye Territorios Seguros, Carlos Campos, explica los fundamentos constitucionales del derecho de la ciudadanía a la información transparente. SURCOS le invita a escuchar ese debate.
Imagen de portada con fines ilustrativos.
Video compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.
