El canal seco se extendería por más de 300 kilómetros, desde Parismina de Siquirres, hasta bahía Salinas, en La Cruz de Guanacaste
Johnny Núñez Zúñiga
Periodista-UNA
En Costa Rica existe una propuesta de Estudio de Factibilidad Proyecto Canal seco interoceánico de Costa Rica, con el que se buscaría conectar las costas Atlántica y Pacífico. A la Universidad Nacional se le solicitó un criterio y tras su análisis, una comisión especial nombrada al efecto por el Consejo Universitario concluyó que no es un estudio de factibilidad, sino un estudio de pre-factibilidad incompleto, pues ni siquiera incluye las evaluaciones técnica, económica, financiera, legal y administrativa. El estudio solo incluye una rápida y cuestionable evaluación financiera, en la que se ofrece una estimación muy preliminar y poco fundamentada de la demanda y del pago de impuestos.
Otra advertencia que se hace es la ausencia de información precisa para tomar decisiones informadas y fundamentadas; no mide—por ejemplo—el riesgo para las personas, la sociedad, el patrimonio cultural y natural, pues desde el punto de vista de la gestión ambiental carece de los componentes básicos para realizar un sólido análisis. Tampoco incluye un capítulo sobre evaluación administrativa que brinde una perspectiva sobre la capacidad interna y externa para administrar la ejecución de las obras y la posterior operación del proyecto.
Aurora Hernández, académica de la Sede Regional Chortega y coordinadora de la comisión especial, indicó que en el estudio de factibilidad (o prefactibilidad) no se hace una mención al desplazamiento y cuantificación de las familias, principalmente rurales, que podrían ser afectadas directamente por la construcción del canal o los cambios en las zonas de influencia cercanas a su construcción y posterior operación. Además, para las áreas de relocalización de las familias, no menciona las consecuencias que esto podría traer en las áreas que albergarán a estas familias relocalizadas.
Ni proyecto, ni megaproyecto
En cuanto a las recomendaciones que hace el informe, se plantea que el “Proyecto del Canal Seco”, no debería ser considerado como tal, ni tampoco como «megaproyecto», dado que en Costa Rica, si se le llama “proyecto” el único requisito ambiental por cumplir sería una evaluación de impacto ambiental (EIA). En cambio, un “programa”, tendría que realizar, de forma previa o paralela a la EIA, una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El término correcto para designarle sería “programa” (de desarrollo) del Canal Seco.
José Carlos Chinchilla, miembro del Consejo Universitario de la UNA, reconoce la importancia del proyecto. Sin embargo, evita una posición a favor o en contra, pues considera que “por la magnitud y las dimensiones que podría tener para el país” la posición de la UNA debe ser enriquecida, por equipos más amplios, y con los aportes desde la economía, la sociología y la gestión ambiental.
Sugirió, mientras tanto, trasladar el caso al Consejo Nacional de Rectores (Conare) para desarrollar un esfuerzo conjunto entre las universidad públicas sobre el tema, toda vez que la información preliminar sugiere abrir la discusión a instancia municipales, gubernamentales y sociedad civil interesada, como se estipula en el acuerdo del Consejo Universitario 1395-2018.
En la Comisión de la UNA participaron, además, académicos del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis), de la Escuela de Economía, del Instituto de Estudios del Trabajo (Iestra), Escuela de Ciencias Ambientales, Consejo Universitario, Federación de Estudiantes (Feuna) y Sede Regional Chorotega. Dicha comisión recopiló la información necesaria para analizar los eventuales impactos que la construcción del proyecto presentado por la empresa Canal Seco Interoceánico (Cansec), podría generar. Se priorizaron aspectos como la interconexión y visión geopolítica del territorio costarricense, impactos y consecuencias sociales, económicas, ambientales, laborales y de derechos humanos, enfocados en la Región Chorotega, así como en el Área de Conservación Guanacaste.
De costa a costa
- El proyecto del canal seco tendría una longitud de 315 kilómetros de vías, costaría $16,000 millones y constaría de dos líneas férreas operativas, con capacidad para movilizar contenedores a doble altura y una carretera con 10 carriles, cuatro operativos por sentido y uno por sentido, que unirían los puertos que se construirían en Parismina (Limón) y Santa Elena (Guanacaste). Abarcaría territorios de Sarapiquí y los cantones de Pococí, Guápiles y Siquirres, y permitiría atravesar el país de costa a costa en tres horas. Se estima que la construcción de la obra tardaría cinco años, incluidas zonas francas, banco propio y zonas de servicio.
- La propuesta también incluiría otras obras: construcción de plantas hidroeléctricas y la creación de 28 comunidades en áreas de influencia del proyecto, que iría desde Santa Elena de La Cruz, pasando por Guatuso, Upala, San Carlos y Grecia en Alajuela. Uno de los elementos más destacables del proyecto es que el canal seco tendría la capacidad de generar unos 80 mil empleos tanto directos como indirectos.
- En un informe de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), del 14 de noviembre de 2016, Silvia Jiménez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Consesiones, en ese momento, explicó, que las potencialidades de la obra para el país serían inmensas, además de las condiciones estratégicas de ubicación de Costa Rica, en el cinturón de las Américas, la cercanía a las principales rutas marítimas mundiales, la capacidad de generación de energías limpias y la topografía privilegiada para poder realizar la interconexión entre los dos puertos en ambos litorales, al tener el área del trazado propuesto sólo un 1% de gradiente, lo cual técnicamente ofrece grandes beneficios para la construcción y operación de la infraestructura ferroviaria y vial requerida.
***Mayor información con: Dra. Aurora Hernández (8719-5131 o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3464).–
Oficina Comunicación
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Imagen ilustrativa tomada de Youtube.
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