Ir al contenido principal

Autor: María José Ferlini Cartín

La semilla de las luchas que vendrán (Reflexiones sobre una huelga). Segunda parte

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Segunda parte

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor

De Esperanza Tasies: “Hemos hablado públicamente contra Hacienda, hemos dicho que quienes están ahí, deben ser investigados por sus nexos con los tenedores de bonos y evasores porque un hecho cierto es que ahí podrán ver a quienes incriminar por este saqueo y chantaje al país”.

Esta huelga cívica y laboral, que han venido protagonizando los trabajadores del sector público, y sobre todo los que laboran en el sector de la educación de Costa Rica, durante un lapso de más de ochenta días, constituyéndose en una de las más largas de nuestra historia social más reciente, es ya un hecho histórico singular que nos ha dejado profundas enseñanzas, las que se harán sentir o podrán ser captadas con mucha más intensidad, en el largo y el mediano plazo, sobre todo por parte de quienes serán realmente las víctimas de la contrarreforma social, puesta en marcha por el gobierno, los partidos políticos y la clase empresarial, aunque muchos de ellos no logren entender todavía los sutiles hilos de la trama, los que habrán de evidenciarse, de manera brutal a lo largo de los próximos meses y años. Resulta innegable que esta ha sido una lucha contra viento y marea, en un medio en el que por desgracia muchas de las víctimas de lo que vendrá han terminado, por el momento, amando a los opresores y denostando en los peores términos, ante la carencia de argumentos sólidos, a quienes escogieron el duro camino de la lucha y la resistencia, razón por la que cabe destacar nuestro reconocimiento y respeto para estas gentes valerosas.

La estrategia de signo totalitario de los mencionados sectores sociales, destinada a aplastar cualquier foco de resistencia a sus políticas, se basa en una campaña ideológica muy bien montada, con la que han pretendido satanizar la figura de quienes trabajan en la función pública, haciéndole creer a un amplio segmento de la población, sobre todo entre la que habita en las áreas urbanas, una de cuyas características más esenciales es la de estar conformado por gentes que no tienen acceso a otras fuentes de información que no sean aquellas que, como los grandes diarios y noticiarios de televisión, por lo general en poder de los empresarios, han sido los eternos detractores de los movimientos huelguísticos y de las organizaciones sindicales, llevándolos a afirmar tercamente que son los salarios y beneficios que tienen estos trabajadores los que llevaron (o llevarán) al país y la economía nacional a una profunda crisis que, según afirman los voceros del régimen, se expresa en un abultado déficit fiscal(aunque las cifras del mismo sean presentadas, de una manera contradictoria, fragmentada y presentando variaciones intencionales, en diferentes momentos, llegándose a admitir la existencia de presuntos errores), el que según las élites del poder es preciso corregir o eliminar con un conjunto de medidas de política social y económica, cuando en realidad no solucionan nada al no atacar la elevada evasión y elusión tributarias, sino que lo que buscan es obtener la aceptación de los usureros internacionales para seguir endeudando al país, para en el mediano y largo plazo llevarlo a lo quiebra y someterlo a los dictados del Fondo Monetario Internacional (Han hablado de un déficit fiscal que supera el 8 % del PIB, aunque después dijeron que era apenas equivalente al 6% del mismo, en tanto que el paquete fiscal si acaso produciría un monto del 1,9% del mencionado PIB, al cabo de un año y siempre que la economía crezca, cosa que no va a suceder como consecuencia de la disminución del poder de compra de los funcionarios públicos), mientras tanto se abocan a una serie de acciones punitivas que, aunque son presentadas como una reforma tributaria en los términos ya indicados, y reducir así el crecimiento de la deuda pública, en realidad de lo que se trata en esencia, es de la implementación de una violenta reorganización del régimen de empleo público, la que traerá una reducción y un estancamiento de los salarios nominales de esos trabajadores, una medida que dará lugar en los próximos años a una disminución importante de la demanda de bienes y servicios, por parte de ese sector de la sociedad, lo que terminará por afectar también a quienes laboran en el sector privado, donde habrá una disminución del empleo y en el caso de la abultada informalidad de grandes segmentos del mundo laboral, esta también continuará creciendo sin ninguna perspectiva de que vaya a bajar, en el mediano plazo.

Durante el interregno del conflicto, y aún antes de su materialización, los poderes fácticos se abocaron a la especulación con las tasas de interés de los títulos valores de la deuda pública(Una maniobra de la que casi nadie se ha percatado, pero que ha hecho crecer la deuda pública hasta alturas insospechadas, esa obligación financiera que nunca se podrá pagar) y con el tipo de cambio o paridad fija entre el colón costarricense y el dólar estadounidense, el que hace ya muchas semanas superó los seiscientos colones por dólar, en una jugada que les ha dejado grandes ganancias (del orden de los 93.111 millones de colones, según informó el Semanario Universidad en su edición n°2253, 7 al 13 de noviembre de 2018, página 2) y ha empobrecido a la mayoría de la población, dada la violenta caída del poder adquisitivo de los salarios, al que se suela llamar salario real. Son medidas que los han beneficiado inmensamente, de una manera fraudulenta y descarada, pero que al mismo tiempo han formado parte esencial de la estrategia del terror, bien diseñada para someter al pueblo costarricense a los designios de las élites o poderes fácticos, que son los que de verdad toman las decisiones más importantes en materia de política económica y social, tanto en este como en los otros países de la región.

Uno de los aportes de esta huelga, digamos que colaterales, más no en daño, es el hecho esencial de que, durante las largas semanas en que se ha sostenido con heroica y decidida determinación, se ha producido un importante y voluminoso material informativo, producido por valiosos economistas y analistas sociales como Luis Paulino Vargas, Walter Antillón Montealegre, Gerardo Contreras, Manuel Delgado, Sofía Guillén, Pablo Abarca y Esperanza Tasis, entre otros, el que ha sido divulgado y analizado con las bases sindicales, lo mismo que con amplios sectores de la población, en lo que ha sido todo un acto de reflexión y educación política que nos presenta un panorama muy diferente al de los anuncios paradisíacos de los impulsores del proyecto de ley 20580, aprobada en primer debate por la Asamblea Legislativa. El hecho esencial es que la huelga permitió desenmascarar, ante los ojos de los sectores populares, la perfidia de los planes de la reacción conservadora para destruir la economía nacional, poniendo al país en manos del FMI y de los banqueros internacionales, con su insaciable codicia. En la siguiente y última entrega de este artículo hablaremos del saqueo de los fondos de pensiones, de la criminalización de la protesta social, y de las implicaciones de la judicialización de la política, con lo que se cae el mito de la división de poderes, dentro de lo fue una democracia de baja intensidad, basada sobre todo en las mascaradas electorales, la que se nos ha venido cayendo a pedazos con la complicidad y decidida participación de los políticos profesionales del PLUSC PAC(que por fin se desenmascaró, al destartalarse su fachada progre), además de la complicidad de un sector del llamado Frente Amplio, por lo que estamos apenas en los inicios de una dura y larga batalla. Hace ya mucho rato que la dictadura en democracia, ese engendro fascistoide, se encuentra enquistada entre nosotros, aunque muchas buenas gentes no se den por enteradas.

 

Enviado por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Carta pública a las organizaciones magisteriales

Escrito en . Publicado en Derechos.

San José de Costa Rica, 3 de diciembre de 2018.

De Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la UNA

A los compañeros de las organizaciones magisteriales (ANDE, APSE, SEC, SINPAE Y OTROS)

La justa y prolongada huelga que ustedes han mantenido, a lo largo de más de ochenta días, contra viento y marea, contra toda clase de amenazas, en medio de un cerco ideológico violento y totalitario, donde los medios de (in)comunicación social mienten y tergiversan lo que está pasando en el país, mientras se preparan para asaltar la institucionalidad del país, buscando que la deuda pública siga creciendo hasta el infinito hasta que se vuelva inmanejable, de tal manera que habiendo llegado a ese punto tengamos que someternos a los dictados del Fondo Monetario Internacional: Entonces liquidarán a precios de baratillo nuestras instituciones más importantes como la Caja del Seguro Social y el ICE dándoselas a sus amigotes, así como ya entregaron el monopolio de los contenedores en Moín a la empresa holandesa a APM Terminals, lo que traerá más hambre y desempleo en nuestro puerto caribeño. Por ahora, los políticos y gobernantes han emprendido una contrarreforma laboral que congela los salarios de los trabajadores del sector público, castiga con impuestos indirectos a los sectores más desfavorecidos, los que aún no logran entender lo que pasará, por lo que algunas de estas gentes nos atacan. Especulando con las tasas de interés de los bonos de la deuda pública y con el valor de la moneda nacional ya depreciaron los salarios reales, es decir ya redujeron su poder de compra mientras los congelan, de manera formal, es por eso que la economía no crecerá al estancarse el PIB, conformado en buena medida por los gastos de los hogares costarricenses. Lo más grave está por venir, sin embargo, con la ley del empleo público, con el saqueo de los fondos de pensiones del Poder Judicial y del Magisterio Nacional, cuyos fondos fueron saqueados en la década de los noventa, perdiéndose alrededor de un billón de colón en un agujero negro, del que nadie quiere hablar, mientras el de la caja es constantemente manipulado y puesto en riesgo, es por eso que hoy debemos estar más unidos que nunca.

A los compañeros del SEC les digo que el hecho de que hayan decidido levantar la huelga no los separa del resto de las organizaciones magisteriales, como fundador que fui de ese sindicato (acabamos de despedir a su primer presidente, el compañero Carlos Vargas Solano, fallecido hace apenas un mes, con quien compartimos muchos episodios de lucha) les pido reflexionar y manejarse con mucho cuidado, algunos políticos rondan por ahí y podrían querer confundirnos.

A los compañeros de la ANDE, a quienes acompañé por todo el país después de la huelga de julio-agosto de 1995, a petición de la recordada compañera Lilliam Mora, gran dirigente de aquellos años, para reflexionar sobre las consecuencias y alcances de aquellas jornadas de lucha tan importantes, un saludo fraternal y respetuoso.

A los compañeros de APSE, y de otras organizaciones, que con tenacidad y un valor inmenso han levantado las banderas de lucha sin dejarlas caer un solo momento, va también mi saludo, no desmayen en esta lucha que la semilla que ya sembraron fructificará en suelo fértil, en todas las luchas que vendrán.

Sólo la unidad y la persistencia en los objetivos planteados en este momento histórico nos permitirá alcanzar la victoria. Con todo mi afecto y respeto para ustedes.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Experiencias y aprendizajes de la huelga magisterial

Enviado por Rogelio Cedeño Castro.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Conversatorio: «Matrimonio igualitario en Costa Rica: Decisión de la Sala Constitucional 2018»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El pasado 07 de diciembre se realizó el Conversatorio: «Matrimonio igualitario en Costa Rica: Decisión de la Sala Constitucional 2018», en el Auditorio Pablo Casafont, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

 

Compartido por Marco Castillo Rojas en redes digitales.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

La cuestión fiscal y más allá: Lo que nos conviene y lo que nos quieren imponer

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Walter Antillon Montealegre (*)

No es este el momento de un minucioso análisis dogmático-jurídico del voto número 19.511 de la Sala Constitucional, porque sólo contamos con el ‘Por Tanto’. Para eso hay que esperar la publicación de los ‘considerandos’, que es donde se debe y se suele situar la fundamentación jurídico-racional de las decisiones judiciales. Sin embargo, si contamos con esos datos que ya son públicos, es posible y necesario, e incluso urgente hacer algunas reflexiones de carácter histórico y político-filosófico.

Como en tiempos del TLC y las leyes complementarias, una opaca Sala Cuarta sale de nuevo a autorizar lo indefendible, a bendecir lo irredimible. Nos recuerda aquel tiempo en que un magistrado suplente fue sorteado milagrosamente durante varios meses consecutivos, es decir: el tiempo necesario para que saliera libre de polvo y paja la última de las leyes complementarias Ahora, de nuevo las facciones de la oligarquía, que parecían distantes, escamoteando de nuevo la verdadera solución del problema fiscal que venimos arrastrando por decenios, se han reunificado para dar el siguiente paso contra la institucionalidad democrática ¡Cómo se adivina el compás de una batuta en el aparente silencio!

La cuestión de los impuestos

Estoy convencido de que, hagan lo que hagan, no podrán impedir que la cuestión fiscal sea finalmente resuelta en beneficio del pueblo, y ese es el sentido del movimiento que lleva el nombre de Alfredo González Flores. Y lo primero a plantear por ese camino es la exigencia de que el sistema general de los tributos vigentes en Costa Rica se funde en criterios de progresividad. Es decir, que en términos globales resulte que los ricos, pagando en relación directa con lo que ganan, estén contribuyendo a sufragar los gastos públicos en mayor proporción que los pobres; de modo que dentro del sistema no importará que haya tributos pagados en igual medida por unos y otros, siempre y cuando en el conjunto, la contribución de los ricos resulte ser más que proporcional a su riqueza, por virtud de ciertos impuestos capaces de determinar ese resultado.

Estamos hablando obviamente de los impuestos directos en el Mundo Globalizado, con tarifas progresivas, que obligan a tributar en razón de las manifestaciones directas de riqueza (de ganancia, de ingreso periódico, a escala mundial, etc.) que presente cada contribuyente. Entonces, cuando los impuestos directos pesan en el conjunto, más que los indirectos, podemos decir que el sistema tributario al que pertenecen está fundado en criterios de progresividad.

De acuerdo con lo anterior, me parece que debemos empezar por proponer una reforma de la disposición constitucional que consagra el deber de tributar, es decir, del artículo 18 de la Constitución, para que diga algo así como lo siguiente:

Art. 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes, servir a la Patria, defenderla y contribuir a los gastos públicos de conformidad con la capacidad contributiva de cada uno.

El sistema tributario se funda en criterios de progresividad.

Desde aquellos días (hace más de un siglo) en que don Alfredo González Flores descubrió en Europa la vigencia y operación del impuesto sobre la renta, éste se ha ido robusteciendo paulatinamente en aquellos países, experimentando notables mejoras en su configuración técnico-legislativa, así como en sus mecanismos de percepción y cobro. De modo que no podría hoy concebirse el progreso y la riqueza de los países del Primer Mundo sin el impuesto a la renta (hoy ‘renta mundial’) con tarifas progresivas, en sus diferentes modalidades.

Don Alfredo promulgó la respectiva Ley en 1916: los ricos la hicieron derogar y han conseguido hasta ahora no verse obligados a contribuir, por esa vía, de una manera regular y en una cuantía justa. Exhibiendo por años de años un impuesto a las rentas limitado y anodino, con esporádicos, milimétricos progresos dosificados a placer, las oligarquías centroamericanas han condenado a nuestros Países a la precariedad fiscal, al desgobierno y al subdesarrollo, a la vez que han mantenido una prosperísima escuela de evasión y de corrupciones que hoy se retroalimenta de narcotráfico y nos está pasando la factura.

En cambio, como consecuencia lógica de la vigencia de un sistema impositivo justo, racional y democrático, en los países civilizados se ha alcanzado además un grado mucho mayor de cultura tributaria del ciudadano en general, y del empresario en particular; y un grado mucho mayor de probidad y sensatez en los gobiernos, que han contribuido decisivamente a la robustez de la Hacienda Pública y a la ejecución sostenida de políticas y programas de bienestar colectivo. Todo lo cual sería impensable, repito, si en el centro del sistema no hubiera estado funcionando, desde hace más de un siglo, el grupo de los impuestos directos capitaneado por un impuesto a la renta mundial. Esto es visible hoy en general en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en los países europeos, señaladamente en los Escandinavos y en Suiza, Islandia, Alemania, Holanda y el Reino Unido.

Desafortunadamente no ha sido éste, repito, el caso de Costa Rica: desde el punto de vista de su tributación, la Suiza de Centroamérica sólo se distingue de Honduras y de Nicaragua porque recauda menos que ellos. Su estructura impositiva, después de doscientos años, conserva los rasgos regresivos de la Colonia: la ausencia persistente de un núcleo de impuestos directos que mantuviera la principalía en el sistema, ha hecho de aquélla un mecanismo injusto y deficitario. El fracaso crónico de los gobiernos en hacer tributar a los ricos en una proporción justa y suficiente; el expediente de los bonos y los empréstitos; y el recurrente asalto a los fondos de pensiones y a los activos de las instituciones y las empresas públicas, como las alternativas chapuceras y alevosas de las que han venido echando mano dichos gobiernos, ante el silencio cómplice de las instituciones de control, todo ello sumado a las inexplicables, abusivas exoneraciones y a una conducta derrochadora e irresponsable en las altas esferas, lejos de aportar soluciones, han terminado por minar severamente las finanzas públicas y tienen a los sectores más vulnerables de la comunidad costarricense, y al País entero, sometidos a un grave peligro.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Ahora, viniendo a la propuesta Ley de Fortalecimiento, sus mismos propulsores reconocen que no sólo es inocua frente a la emergencia, sino que tampoco resuelve la crisis (tan urgente e inaplazable como nos la quieran poner) ni siquiera en el mediano plazo. El Gobierno lo sabe desde el principio y apagará el incendio como lo han hecho los gobiernos anteriores: recurriendo a medidas de emergencia, gravemente onerosas para el País, que muy pronto harán sentir sus efectos.

Por esto, si en este campo queremos realmente hacer las cosas bien, es preciso replantear el proyecto mediante un fuerte golpe de timón que nos conduzca a la verdadera, definitiva solución de la cuestión tributaria de Costa Rica: la primacía de un conjunto de impuestos directos precedido por un moderno y eficiente Impuesto sobre la Renta. Esta alternativa, desechada oficialmente durante decenios como un tema tabú, ha sido reiteradamente propuesta al Gobierno actual, desde antes de que estallase la huelga.

El Gobierno se muestra temblando ante la inminencia del colapso fiscal, pero se niega tenazmente, sin justificación valedera, a impulsar aquella única solución efectiva: un moderno impuesto a la renta mundial, justo, eficiente y seguro, en el centro del sistema tributario. No quiere echarse la bronca con sus compinches de la oligarquía nacional y transnacional. Si no lo hicieron Luis Alberto ni Oscar, ni los Ángeles, ni Abel, ni Figuerillos, ni Laura, ni Luisgui ¿por qué voy a hacerlo yo? ¡Bonita cosa!

Pero, si vemos que, por un lado, el Proyecto en discusión no aporta una solución consistente al problema fiscal mismo; por otro lado, en cambio, sí es bien capaz de poner las bases de graves intromisiones del Poder Ejecutivo en la esfera jurídica de otros conglomerados orgánicos estatales, cuya autonomía creíamos hasta ahora que estaba constitucional e internacionalmente garantizada. Y entonces de pronto empezamos a apreciar los perfiles equinoformes del Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas: como lo han denunciado varios analistas, es un nuevo Caballo de Troya que, detrás de su denominación netamente fiscal, oculta los instrumentos para un ataque en toda regla contra la institucionalidad democrática del Estado costarricense: contra el principio de independencia de los poderes y de autonomía de los entes menores; contra el principio de reserva de ley, etc.

La ofensiva autoritaria y antidemocrática

El viernes 23 de noviembre de 2018 la Sala Constitucional dictó la sentencia Número 19.511, en la cual decidió, en lo que aquí interesa:

  1. a) que el Proyecto de Ley de Reforzamiento de las Finanzas Públicas no presenta visos de inconstitucionalidad;
  2. b) que nada de lo allí preceptuado afecta el funcionamiento del Poder Judicial; y
  3. c) que en su segundo debate en el Plenario de la Asamblea Legislativa, la aprobación de dicho Proyecto no requiere la mayoría calificada de 38 votos.

¿Qué decir? Es una resolución como un traje a la medida de las pretensiones de un Gobierno que, a los 200 días de estar en el poder, se revela como el abanderado del tripartido PLUSCAC y asociados menores. El dique constitucional aparentemente sólido construido en 1949 con la doctrina de los artículos 9, 154, 156 y 167 de la Carta, ha cedido ante la Raison d’Etat. Para aparentar que conjuran el peligro de un colapso fiscal, los tres poderes del Estado (igual que los tres partidos de la oligarquía: ¡qué casualidad!) se funden en una alianza para la defensa de la supuesta solución, encarnada en el protervo y claramente ineficaz Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo verdadero nombre tendría que ser ‘Proyecto de Debilitamiento de las Garantías Constitucionales y los Derechos Fundamentales.

Sus motivos resultan transparentes: ante “la magnitud del peligro y lo extremado de la urgencia”, los roces constitucionales y las dudosas nulidades desaparecen por insignificancia comparativa. La Sala Cuarta repite, diez años después, el deslucido sainete que le tocó ejecutar en relación con el TLC y las Leyes Complementarias en 2008. La consigna era similar: ante el peligro de perder el TLC y sus ríos de leche y miel (y sus Mercedes y sus BMW) desapareció toda posibilidad de encontrar roces constitucionales. Invoco un ejemplo doloroso: galvanizados por la misión de ‘salvar al País’ no advirtieron, o fingieron no advertir cómo el TLC rompía la exclusividad jurisdiccional de Costa Rica (art. 153 Const.); de modo que, a partir de entonces, los inversionistas han podido demandarnos válidamente en cualquier panel o tribunal internacional. Desde hace años he sospechado que conseguir este resultado fue siempre uno de los fundamentales, verdaderos objetivos del TLC.

Aquella flagrante violación constitucional (que es una herida abierta en el cuerpo del Estado) seguramente les pareció peccata minuta a los guardianes de la Constitución, frente a la magnitud de la consigna que entonces unificó Gobierno, Corte y Asamblea: librar al TLC y sus Leyes Complementarias de toda mácula de inconstitucionalidad, para salvar al País de la ruina económica. Y como ahora, también entonces, pero por la vía de los suplentes, se forzó la incorporación de ciertos magistrados ex post factum. Me pregunto si, frente a lo que está pasando, los ex y los magistrados que participaron en el complot, sentirán todavía la vergüenza de haber mancillado la Carta que juraron defender, por el infame plato de lentejas de aquella consigna.

 Ahora estamos ante el hecho de que, diez años después de aquello, los dictados de la Geopolítica Neoliberal vuelven a determinar la Razón de Estado, y los Poderes se unen para que la Razón de Estado prevalezca decisivamente sobre la Razón Jurídica. La unidad de los Poderes es la delicia de los malos gobernantes y la perdición de los gobernados. Cuando los magistrados de la Sala Cuarta adoptan el punto de vista de los gobernantes y los legisladores, en relación con la valoración de una situación de conflicto social, desaparece la separación de Poderes y ellos pasan a ser meras partes en el conflicto; y se cumple entonces lo que advertía el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución.

Costa Rica, la Suiza Centroamericana ¿sin Constitución? Ante este panorama de desolación política y jurídica donde ya se inscribe un fuerte debilitamiento de la independencia judicial y de las autonomías, y se ven venir la proscripción de los sindicatos, la huelga y la protesta social, el deber insoslayable de todo buen ciudadano es informarse y reflexionar para comprender y denunciar; convocar y organizarse para resistir y luchar.

 

Imagen ilustrativa.

Compartido con SURCOS por Arnoldo Mora Rodríguez.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Mujeres por Costa Rica: La educación es un derecho

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El colectivo Mujeres por Costa Rica: madres, abuelas, tías, hermanas y muchas de nosotras educadoras, hacemos un llamado al Magisterio Nacional, en especial a las mujeres docentes y personal administrativo, para que pongamos fin a la situación de incertidumbre, a los temores y congojas que hemos vivido en los hogares costarricenses en estos más de setenta días de huelga.

Instamos como mujeres a nuestras conciudadanas para que pensemos en nuestros niños, niñas y adolescentes y pongamos de primero su interés y bienestar, como nos lo obliga no solo la ley sino nuestra naturaleza misma como mujeres y promotoras de paz.

Apelamos a su compromiso de respetar el derecho humano a la educación según la Declaración Universal de Derechos Humanos y a promover y garantizar la educación de las personas menores, según el tratado internacional de la Convención de Derechos del Niño de 1990.

Apelamos a la obligación que, como personas adultas tenemos, de poner primero el interés superior de las personas menores por sobre cualquier otro interés, según se expresa en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Esa normativa nos dice que cualquiera de nuestras acciones, públicas o privadas, que conciernan a una persona menor de dieciocho años, debe considerar de primero el interés y los derechos de la persona menor.

Por lo tanto, a la hora de decidir cualquier cuestión que les afecte, debemos como personas adultas en primera instancia proteger los derechos de las personas menores, respetar su desarrollo integral, procurar una vida digna, y velar por sus intereses.

De ahí que el derecho a huelga se debe respetar pero no puede estar NUNCA por encima del derecho superior de las personas menores, en este caso su derecho a la educación.

La huelga ha provocado serios daños a cientos de miles de estudiantes de escuelas y colegios públicos: desde el punto de vista social, hemos afectado mayoritariamente a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas del país al retroceder su proceso educativo, así como desatender las necesidades alimenticias y la adecuada nutrición con el cierre de numerosos comedores escolares, sin considerar que para muchos de nuestros niños y niñas, la principal comida es la que obtienen en el centro educativo.

Con estas acciones lo que propiciamos es el aumento de la brecha social y la inequidad en nuestro país.

Desde el punto de vista ético, es necesario reconocer que la Educación es un derecho humano y un bien común y por lo tanto, la interrupción y el abandono del proceso educativo atentan contra los principios fundamentales de nuestra legislación en materia educativa de la que nos hemos sentido orgullosos como costarricenses.

Esos actos tienen consecuencias impredecibles en la formación ética de nuestros estudiantes quienes han sido sometidos a situaciones de estrés innecesarias, al negarles sus promedios de notas, al obstaculizar exámenes y actos cívicos, al incumplir deberes docentes y administrativos, al escuchar y leer manifestaciones consideradas como “bullying” contra autoridades nacionales.

Desde lo pedagógico, es clara la afectación de que tantos días de abandono requerirá de un gran esfuerzo que tendrá un impacto económico tanto sobre las maltrechas finanzas públicas como las de las familias.

Los procesos educativos tienen una secuencia y deben mantenerse en los tiempos programados, contando para ello con la orientación y el acompañamiento de las personas adultas asignadas por el Estado para cumplir con esa noble misión de educar personas. Requerimos por lo tanto, iniciar procesos de recuperación pedagógica lo antes posible.

Dado lo anterior hacemos un llamado a los funcionarios y funcionarias públicas del sector educación para que privilegiemos sobre cualquier otro interés, el interés principal de las personas menores.

Para ello instamos a cada persona a que se reintegre a su trabajo y cumpla con su deber de procurar una mejor educación.

Unamos esfuerzos para recuperar la educación pública como promotora de la movilidad social y base de la democracia costarricense, en el marco de una cultura de paz.

 

Imagen ilustrativa tomada del video ¿Qué dicen realmente los programas de educación para la afectividad y sexualidad integral del MEP?

Enviado por Erika Henchoz.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

UCR: Sobre las instituciones de educación superior y los objetivos de desarrollo sostenible

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Comunicado de Córdoba

Asociaciones y redes de instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, reunidas los días 3 y 4 de diciembre de 2018, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, manifiestan su adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y expresan su compromiso profundo y consecuente con contribuir a erradicar la pobreza, fomentar la prosperidad y el buen vivir, y proteger el planeta y todas las formas de vida.

Al mismo tiempo, exhortan a los Estados y gobiernos de la región, a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, y a las instituciones públicas y privadas, a llevar a cabo iniciativas que impulsen el desarrollo con equidad, justicia e igualdad, y promuevan acciones para superar las necesidades de la población mediante la educación, la salud, la protección social, la seguridad alimentaria y las oportunidades de empleo, sin afectar su financiamiento y los derechos fundamentales consagrados, a la vez que tomen medidas contra el cambio climático y estimulen la protección del medio ambiente.

La asociaciones y redes de educación superior de América Latina y el Caribe, conscientes de los beneficios de iniciativas conjuntas y concertadas, ponen a disposición de los Estados, los gobiernos y las sociedades de la región sus conocimientos y capacidades para desarrollar una agenda inclusiva de cooperación con el fin de contribuir al logro conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esto será posible, tal y como ya lo ha demostrado el grupo de monitoreo del tema 4 de los ODS sobre educación para América Latina y el Caribe, siempre y cuando se pueda revertir la difícil situación en la que se encuentran las universidades e instituciones de educación superior, y se logren enfrentar las enormes desigualdades e inequidades que se presentan en toda la región, las dificultades y retrocesos en la gobernabilidad democrática, y se favorezcan las condiciones para el buen vivir, la dignidad y la libertad de nuestros pueblos.

Córdoba, Argentina, 3 y 4 de diciembre de 2018.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Escritores privados de su libertad presentaron documental en Museo Penitenciario

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación.

Los integrantes del Taller Literario Reencuentro con los Vivos del Centro de Atención Institucional Sandoval de Limón realizaron la proyección del documental “Nosotros” el pasado 30 de noviembre a las 4:00 p.m. en el Museo Penitenciario ubicado en el Museo de los Niños en San José. El evento llevó el nombre de “Foro Poesía y Dignidad” y tuvo el objetivo de brindar un espacio de divulgación del producto audiovisual que se realizó durante el presente año.

El corto-documental se llama “Nosotros” dirigido por Juan Diego Villalobos y Diana Carrillo Rosales, estudiante de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR. Este es un producto que intenta sensibilizar acerca de los derechos humanos de las personas privadas de libertad; en este caso de los participantes del Taller Literario Reencuentro con Los Vivos (RCLV). Tiene una duración de aproximadamente 40 minutos y cuenta con lecturas de poesía original, testimonios de los participantes, además de escenas del último recital realizado en la Feria Internacional del Libro.

El trabajo del Taller Literario Reencuentro con los Vivos está enmarcado en el proyecto Libertad Bajo Palabra de la plataforma de Iniciativas Estudiantiles de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Desde hace tres años, la gestión cultural del espacio ha estado a cargo del Circulo Literario Vertedero Satélite conformado por autores y autoras del Gran Área Metropolitana, que comprenden la literatura como una herramienta de transformación social.

El Taller Literario Reencuentro con los Vivos sacó en el 2016 el libro “Cementerio de los Vivos”, que habla de la transformación social que ofrece la poesía en la cárcel. Este se puede encontrar en todas las bibliotecas públicas del territorio nacional.

Más información:

Sebastián Barquero Zúñiga

sebastian.barquero@ucr.ac.cr

Cel. 8392-7255

 

Enviado por Nosotros Documental.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

UCR: Simulación virtual de modelos matemáticos para reducir el dengue, zika y chikungunya iniciará en enero del 2019

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

  • Expertos utilizan variables como lugares con mayor incidencia, cantidad de criaderos y movilidad poblacional

Los científicos hacen un llamado a la población para eliminar los materiales que podrían potenciar la creación de criaderos del Aedes Aegypti (Foto: archivo ODI).

Desde inicios de este año, un grupo de investigadores nacionales e internacionales han puesto sus esfuerzos en la creación de un nuevo e innovador modelo matemático de predicción para disminuir la incidencia de los casos de dengue, zika y chikungunya en el país.

Para enero del 2019 se espera iniciar la fase de simulaciones virtuales del modelo, que permitirán conocer cuáles son las estrategias de control más efectivas para reducir los casos de dengue, zika y chikungunya en suelo nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Costa Rica se atienden alrededor de 6 000 casos anuales de personas con estas enfermedades.

El proyecto Modelos matemáticos para el desarrollo de estrategias de prevención/control de Aedes aegypti en Costa Rica, liderado por expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR), busca generar ecuaciones matemáticas que tomen en cuenta los criaderos de estos mosquitos y su ecología, así como el movimiento diario de las personas de una localidad a otra, entre otros factores.

Estos modelos resultan importantes para la sociedad y la salud pública para predecir la propagación de enfermedades infecciosas y evaluar el impacto de diferentes estrategias de mitigación, situaciones que contribuirían a reducir los costos sociales provocados por la atención de estos padecimientos.

Desde el Ministerio de Salud se da seguimiento al comportamiento de las poblaciones de los insectos vectores de estas enfermedades y sus criaderos, a través de una herramienta conocida como ovitrampa, que contribuye a detectar el índice de infestación de las poblaciones de mosquitos en una comunidad o zona.

Parte del equipo de la UCR que participa en el proyecto de investigación. El Dr. Randall Bejarano (cuarto en la primera fila) forma parte del grupo investigador desde el Ministerio de Salud. Foto: Anel Kenjekeeva.

El ente jerarca de la salud pública también visita las comunidades del país para realizar un conteo de los criaderos tanto artificiales como naturales. Esta información funciona como insumo en los modelos matemáticos en los que se trabaja.

Con los datos suministrados, los especialistas podrán determinar umbrales que permitan definir cuánto hay que reducir los criaderos para lograr una disminución en la incidencia del dengue, el zika y el chikungunya, por ejemplo.

En la etapa de simulación, los investigadores toman en cuenta variables como la cantidad de criaderos por cantón, la densidad de la población, la movilidad de las personas, entre otros, que gracias al programa computacional MatLab pueden ser procesados para generar diversos escenarios posibles.

La información fue expuesta en el foro público: Modelos Matemáticos para el Control de Aedes aegypti, donde los expertos dieron a conocer a la comunidad universitaria los avances y la metodología utilizada en la investigación.

Los investigadores realizarán más actividades abiertas a todo el público, para informar sobre los resultados preliminares del modelo matemático y el efecto que los diversos escenarios simulados podría tener en las comunidades del país, sobre todo en las zonas costeras, lugares en los que la incidencia de estas enfermedades es mayor.

El dengue, el zika y el chikungunya son padecimientos que pueden afectar a cualquier persona y una participación activa de las comunidades costarricenses es vital para disminuir los casos.

 

Paula Umaña González

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Estudiante UNA en Concierto de Ginastera, Lituania

Escrito en . Publicado en Derechos.

Concierto de inauguración del Festival de Música Contemporánea y el Concurso de Piano la Música del Siglo en Vilnius, Lituania

Nuestro estudiante Eleazar Membreño interpretó el Concierto de Ginastera para piano y orquesta, como ganador del Grand Prix del II Concurso Internacional de Piano “La Música del Siglo”, en 2016.

Eleazar Membreño recibiendo la ovación del público luego de su maravillosa e impecable interpretación del Concierto para piano y orquesta de Alberto Ginastera.

 

Colaboración:

Msc. Nuria Zuñiga- Directora Escuela de Música-UNA.

 

Enviado por M.Sc. Efarín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Canal seco tropieza contra criterio de la UNA

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El canal seco se extendería por más de 300 kilómetros, desde Parismina de Siquirres, hasta bahía Salinas, en La Cruz de Guanacaste

Johnny Núñez Zúñiga

Periodista-UNA

En Costa Rica existe una propuesta de Estudio de Factibilidad Proyecto Canal seco interoceánico de Costa Rica, con el que se buscaría conectar las costas Atlántica y Pacífico. A la Universidad Nacional se le solicitó un criterio y tras su análisis, una comisión especial nombrada al efecto por el Consejo Universitario concluyó que no es un estudio de factibilidad, sino un estudio de pre-factibilidad incompleto, pues ni siquiera incluye las evaluaciones técnica, económica, financiera, legal y administrativa. El estudio solo incluye una rápida y cuestionable evaluación financiera, en la que se ofrece una estimación muy preliminar y poco fundamentada de la demanda y del pago de impuestos.

Otra advertencia que se hace es la ausencia de información precisa para tomar decisiones informadas y fundamentadas; no mide—por ejemplo—el riesgo para las personas, la sociedad, el patrimonio cultural y natural, pues desde el punto de vista de la gestión ambiental carece de los componentes básicos para realizar un sólido análisis. Tampoco incluye un capítulo sobre evaluación administrativa que brinde una perspectiva sobre la capacidad interna y externa para administrar la ejecución de las obras y la posterior operación del proyecto.

Aurora Hernández, académica de la Sede Regional Chortega y coordinadora de la comisión especial, indicó que en el estudio de factibilidad (o prefactibilidad) no se hace una mención al desplazamiento y cuantificación de las familias, principalmente rurales, que podrían ser afectadas directamente por la construcción del canal o los cambios en las zonas de influencia cercanas a su construcción y posterior operación. Además, para las áreas de relocalización de las familias, no menciona las consecuencias que esto podría traer en las áreas que albergarán a estas familias relocalizadas.

Ni proyecto, ni megaproyecto

En cuanto a las recomendaciones que hace el informe, se plantea que el “Proyecto del Canal Seco”, no debería ser considerado como tal, ni tampoco como «megaproyecto», dado que en Costa Rica, si se le llama “proyecto” el único requisito ambiental por cumplir sería una evaluación de impacto ambiental (EIA). En cambio, un “programa”, tendría que realizar, de forma previa o paralela a la EIA, una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El término correcto para designarle sería “programa” (de desarrollo) del Canal Seco.

José Carlos Chinchilla, miembro del Consejo Universitario de la UNA, reconoce la importancia del proyecto. Sin embargo, evita una posición a favor o en contra, pues considera que “por la magnitud y las dimensiones que podría tener para el país” la posición de la UNA debe ser enriquecida, por equipos más amplios, y con los aportes desde la economía, la sociología y la gestión ambiental.

Sugirió, mientras tanto, trasladar el caso al Consejo Nacional de Rectores (Conare) para desarrollar un esfuerzo conjunto entre las universidad públicas sobre el tema, toda vez que la información preliminar sugiere abrir la discusión a instancia municipales, gubernamentales y sociedad civil interesada, como se estipula en el acuerdo del Consejo Universitario 1395-2018.

En la Comisión de la UNA participaron, además, académicos del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (Icomvis), de la Escuela de Economía, del Instituto de Estudios del Trabajo (Iestra), Escuela de Ciencias Ambientales, Consejo Universitario, Federación de Estudiantes (Feuna) y Sede Regional Chorotega. Dicha comisión recopiló la información necesaria para analizar los eventuales impactos que la construcción del proyecto presentado por la empresa Canal Seco Interoceánico (Cansec), podría generar. Se priorizaron aspectos como la interconexión y visión geopolítica del territorio costarricense, impactos y consecuencias sociales, económicas, ambientales, laborales y de derechos humanos, enfocados en la Región Chorotega, así como en el Área de Conservación Guanacaste.

De costa a costa

  • El proyecto del canal seco tendría una longitud de 315 kilómetros de vías, costaría $16,000 millones y constaría de dos líneas férreas operativas, con capacidad para movilizar contenedores a doble altura y una carretera con 10 carriles, cuatro operativos por sentido y uno por sentido, que unirían los puertos que se construirían en Parismina (Limón) y Santa Elena (Guanacaste). Abarcaría territorios de Sarapiquí y los cantones de Pococí, Guápiles y Siquirres, y permitiría atravesar el país de costa a costa en tres horas. Se estima que la construcción de la obra tardaría cinco años, incluidas zonas francas, banco propio y zonas de servicio.
  • La propuesta también incluiría otras obras: construcción de plantas hidroeléctricas y la creación de 28 comunidades en áreas de influencia del proyecto, que iría desde Santa Elena de La Cruz, pasando por Guatuso, Upala, San Carlos y Grecia en Alajuela. Uno de los elementos más destacables del proyecto es que el canal seco tendría la capacidad de generar unos 80 mil empleos tanto directos como indirectos.
  • En un informe de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), del 14 de noviembre de 2016, Silvia Jiménez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Consesiones, en ese momento, explicó, que las potencialidades de la obra para el país serían inmensas, además de las condiciones estratégicas de ubicación de Costa Rica, en el cinturón de las Américas, la cercanía a las principales rutas marítimas mundiales, la capacidad de generación de energías limpias y la topografía privilegiada para poder realizar la interconexión entre los dos puertos en ambos litorales, al tener el área del trazado propuesto sólo un 1% de gradiente, lo cual técnicamente ofrece grandes beneficios para la construcción y operación de la infraestructura ferroviaria y vial requerida.

***Mayor información con: Dra. Aurora Hernández (8719-5131 o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3464).–

Oficina Comunicación

Teléfonos: 2277-3224 / 2237-5929

 

Imagen ilustrativa tomada de Youtube.

Enviado por UNA Comunicación.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/