En una actividad organizada por la Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera de Belén, esta comunidad le espera este fin de semana música, teatro, baile y exposiciones.
Las diferentes actividades se llevarán a cabo en el Salón Comunal La Ribera y su entrada es gratuita.
Enviado por Karla Villegas Garita, Unidad de Cultura, Municipalidad de Belén.
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“Ciertamente y gracias a nuestros antecesores Costa Rica obtuvo un prestigioso lugar, colmado de reconocimientos por su forma de vida, su Democracia (si su Democracia popular), su desarrollo y visión Social en total respeto de los Derechos Humanos y de su Medio Ambiente. Después de París y Nueva York fuimos la tercera ciudad iluminada del mundo y la primera en América Latina. Hemos sido abanderados de la Seguridad Social a nivel mundial. Hemos hecho buenas cosas. Sumado a ello, su belleza territorial y marítima, su paz y linda convivencia.
(…)
Costa Rica, en su división de siete provincias y ahora 82 cantones. Parlamentariamente, solo, tan solo 57 ocupantes con curul – que no llegan precisamente de un ejercicio real de la democracia en su plena ideología, sino que, por obra del paquete -. Esos seres humanos, una vez alcanzada la curul se transforman y por su apegada inmunidad, hasta ofenden a su pueblo y en el mejor de los casos, disponen productividad para favorecimiento de una minoría dominante y acomodada en capital. Las leyes de un país son el reflejo de las fuerzas político-económico dominantes, fiel reflejo del proyecto de ley que usted don Carlos, lidera.
(…)
Costa Rica, muy diferente a otras naciones (en especial de primer mundo) dio tempranero paso de respeto del Derecho, del bagaje jurídico y muy en especial de los Derechos Humanos y de los derechos de los trabajadores y patronos, con ello asentó el Derecho del Estado. Estos tres principios instrumentales son los cimientos de la Organización Internacional del Trabajo. La triada equilibrada – Trabajadores-Patrones-Estado -. Que hoy Usted pretende disolver erróneamente. Temerariamente, por cuanto, de pasar su capricho ya no tendríamos ese prestigio ni reconocimiento de Nación amante de la Democracia ni las Libertades Humanas. (…)”
Lea la carta completa en el siguiente enlace:
Enviado por Sindicato AESS CR.
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En poco tiempo llegará la época de las fiestas, y las tiendas ya están preparando sus ofertas de juguetes y regalos para que nosotros escogimos.
Para los y las niños, los juguetes son más que una forma de divertirse. Cuando juegan, ellos y ellas practican papeles de la vida, se estimulan la imaginación y aprenden como convivir con sus amiguitos. Pueden ser futbolistas, transportistas, amas de casa, maestros o héroes de la imaginación. Los juegos de mesa contribuyen a la unión entre miembros de la familia y amistades mientras les dan un desafío cerebral.
En el mercado hay muchos juguetes y juegos que promueven los valores, ayudan con el desarrollo físico y mental y al mismo tiempo son divertidos. Hay juguetes para toda edad, toda habilidad y todo presupuesto familiar.
Pero en algunas tiendas se encuentran juguetes que representan la violencia, como pistolas, rifles, armas de fuego y juguetes de guerra. Unos son tan reales como armas de verdad. Y para los chicos más grandes el mercado ofrece juegos de computación. Muchos son buenos pero otros presentan actos de violencia como golpes, matanzas, guerras y otras formas de abuso hacia humanos.
Estos tipos de juguetes y juegos les dan a los niños, niñas y jóvenes la impresión de que la violencia y las armas de fuego son parte de la vida, o que nosotros, los y las adultos, aceptamos la violencia. Por eso es muy importante que escojamos regalos que reflejen los valores que queremos compartir, y rechacemos todos los que representan la violencia.
Estamos contra las armas de verdad también porque en una cultura de paz no hay campo para las armas que matan, ni para los juguetes que imiten la violencia.
Para una entrevista o más información contáctenos con peacewomen@gmail.com o por teléfono al 2433-7078.
Liga Internacional de Mujeres pro Paz y Libertad sección Costa Rica
Enviado por Olive Branch.
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Nunca como ahora han estado tan amenazadas las universidades públicas. Los medios más importantes de comunicación escritos y de la televisión se han ensañado, para desprestigiar a la educación superior pública, bastión importantísimo para el desarrollo y la democracia de nuestro país.
Lea en la siguiente imagen el comunicado de forma completa:
Enviado por Enviado por Rafael López, presidente de UNED PRO.
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Durante el devenir de nuestra historia, la nacional y la global, las protestas sociales han sido catalizadoras y detonantes del cambio. Cuando a las personas se les han negado derechos, sean estos civiles y políticos, económicos y sociales, culturales o ambientales, se han creado movimientos de desaprobación que han surcado nuevos caminos.
¿Cómo han variado los índices y características de la protesta social durante los últimos años en el país? ¿Cuáles son los derechos que tienen las y los ciudadanos en la protesta? ¿Se están atendiendo problemas sociales con respuestas policiales? Estas son algunas de las preguntas que contestaremos en esta nueva #TertuliaDelFarolito.
Fecha: jueves 29 de noviembre
Hora: 7 p.m.
Lugar: El Farolito – Centro Cultural de España en Costa Rica
Participan:
Modera:
Sergio Pacheco
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Es difícil hacer ver cuáles valores están en juego en el debate sobre el Proyecto de Reforma Fiscal. Es difícil, si no se asume una perspectiva ética y, examinando las discusiones de los últimos dos meses, pareciera que los actores protagónicos en el debate al asumir sus posiciones, no se han fundamentado en argumentaciones propia y directamente éticas. Al menos no de manera explícita. Se ha hablado, eso sí y mucho, de argumentos financieros y contables: por ejemplo, quienes están por la aprobación del proyecto de ley de reforma mencionan la necesidad de que el Gobierno cuente con fondos para compensar el déficit fiscal, cancelar los intereses de deuda pública, transferir las partidas a las universidades y otros compromisos similares, pagar los salarios de los empleados públicos… Quienes están en contra, alegan que el peso de los impuestos va a recaer sobre los sectores menos pudientes, que no se tocan los bolsillos de aquellos a quienes les va mejor —sectores de mayores ingresos, pensionados de lujo… De uno y otro lado pareciera que las posiciones son razonables, y podría afirmarse que detrás de cada una hay valores en juego. Quizás, pero mientras no se saquen a la superficie no hay forma de emitir un juicio ético. ¿Cómo saber, por ejemplo, si se afectan más cosas valiosas al aprobar o al rechazar el proyecto de reforma? ¿Qué es éticamente más importante aumentar el impuesto al valor agregado o no tener cómo pagar salarios a los empleados públicos o financiar programas de investigación e innovación?
Algo parecido sucedió con la discusión en torno a la huelga. Casi siempre las diversas opiniones giraron en torno al derecho a la huelga y sobre la legalidad de la misma, es decir, si cumplía con requisitos legales su convocatoria y realización. Pero también aquí estuvo ausente la consideración de dimensiones éticas. Una cosa es defender el derecho a huelga y otra la decisión prudencial de ejercerlo en un momento y lugares dados. ¿Se tuvo en cuenta si el ejercicio del derecho de huelga chocaba con el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, el de los niños y jóvenes a recibir la educación financiada por el Estado, el de los enfermos a recibir los servicios de salud financiados con la cotización de los asegurados?
¿Y el derecho de quienes no apoyaban la huelga, a la libre circulación, al transporte, al trabajo y a recibir servicios por los que directa o indirectamente ya han pagado?
Este tipo de consideraciones escapan al ámbito meramente legal, incapaz de cubrir todos estos interrogantes por completo, y caen bajo el juicio más alto de valores éticos tales como la justicia, la equidad y la solidaridad.
Pero, ¿a quiénes corresponde analizar y decidir este tipo de situaciones? ¿Quiénes son los sujetos de ese juicio ético? ¿Hay otros criterios éticos fundamentales que pueden guiar el análisis de situaciones socioeconómicas y políticas tan complejas como las que se generan en torno a una discusión como la provocada por la ley de reforma fiscal? En el campo de la ética de las políticas económicas hay, al menos, dos criterios fundamentales que nos aportan una respuesta. Primero, todos los directamente afectados por una medida económica tienen el derecho de contribuir a una decisión expresando objetivamente cómo y por qué perciben que sus intereses resultan afectados, de manera positiva o negativa, por la medida, política, ley, o directriz en cuestión. En una democracia representativa, el Gobierno, poderes Ejecutivo y Legislativo, tiene el derecho y la obligación de presentar las propuestas de ley previo análisis y consideración de los diversos efectos sobre cada uno de los sectores afectados. Pero esto no sustituye el contraste de su visión con el que exprese un proceso de diálogo democrático entre representantes de todos los sectores afectados directamente. Ni siquiera un “Consejo Económico social”, indispensable referente para el Gobierno en su quehacer cotidiano, puede sustituir el más amplio e integrador proceso de diálogo participativo en situaciones de medidas extraordinarias de más amplio alcance, como una reforma fiscal. Segundo, partiendo de los intereses expresados transparentemente en un proceso de diálogo verdaderamente democrático, en su realización e integración, —no en un pulso de fuerzas para sacar adelante la posición propia— por parte de los representantes de todos los sectores afectados, se debe generar una aproximación a la definición de un interés común, general. Ambos criterios fundamentales garantizarían el carácter ético en conjunto de la toma de decisión sobre el tema debatido. Valga aclarar algo que debería ser obvio: a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones, todos los grupos afectados deberían contar con sus correspondientes asesorías técnica y ética para identificar las implicaciones puntuales de cada uno de los aspectos del tema discutido y del proceso de discusión, para encuadrarlos tanto desde la visión de los intereses propios como desde la visión del bien común. Esto permitirá que, a la hora de una mesa de verdadero diálogo entre representantes de todos los afectados, los aportes cada uno correspondan a una racionalidad técnica y a una racionalidad ética. Y, finalmente, aquí se presenta un proceso deseable, al que hay que ir acercándose en aproximaciones sucesivas.
Reflexión compartida con SURCOS por el Centro Dominico de Investigación:
http://www.cedi2017.cedi.cr/el-impacto-%C3%A9tico-de-la-discusi%C3%B3n-fiscal
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FECON, 5 de octubre 2018. El ministro Renato Alvarado se niega a prohibir plaguicidas que pone en peligro las abejas y con esto el70% de la agricultura. Según oficio dirigido a los magistrados de la Sala Constitucional, el ministro asegura que “no existe evidencia científica que demuestre que los insecticidas neonicotinoides Clotianidina, Tiametoxan e Imidaclorpid son la causa de la afectación a las colmenas de abejas.» (Ver adjunto). Esto a pesar de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) se basó en 1500 estudios científicos que demuestran que estos plaguicidas, fabricados por Bayer y Syngenta, son causantes de la desaparición de millones de abejas en todo el mundo.
La Unión Europea llegó a un consenso en abril del 2018 y ha decidió prohibir estos plaguicidas en campo abierto. La Comisión de Ambiente del Parlamento Europeo (PE) asegura que los insecticidas neonicotinoides suponen “riesgos muy agudos” para las abejas. Pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería dice no haber sido notificado de esta resolución por parte de la Unión Europea.
Según FECON “La negativa de Alvarado carece de sustento científico ya que no viene acompañado de evidencia de que estos plaguicidas sean seguros para la la abejas.”
En este momento la Sala Constitucional evaluá un Recurso de Amparo interpuesto por en Diputado José María Villalta bajo el expediente 18-014586-0007 el cual solicita prohibir los neonicotinoides en Costa Rica para proteger unas 650 especies de abejas nativas y meliferas.
Según los ecologistas, una de las características más peligrosas de los neonicotinoides es su persistencia, es decir los plaguicidas pueden permanecer en el suelo durante varios años, así las plantas que crecen en suelos previamente expuestos a estos plaguicidas pueden absorberlos a través de sus raíces y convertirse en un peligro para las abejas(2).
Se registra en Costa Rica el uso de imidacloprid y thiametoxam en el café(5) que paradojicamente ha tenido impacto negativo sobre las polinizadores de dichos cultivos. Se ha comprobado que la conectividad de la red de servicios que brinda los polinizadores se han visto afectados por los Neonicotinoides en sistemas productivos tan importantes como el café, que sin estos servicios la producción disminuiría hasta un 50% (3).
En Costa Rica como país tropical y biodiverso es importante tomar precauciones, ya que tenemos más de 650 especies de abejas de las cuales 58 son especies de abejas sin aguijón que se agrupan socialmente con géneros diversos y abundantes, como lo son:Cephalotrigona, Frieseomelitta, Nannotrigona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona, Scaura, Trigona, Tetragona, Tetragonisca, etc.(4).
Sumado a lo anterior la sobreexplotación de los bosques y recientemente el uso de pesticidas entre ellos Neonicotinoides, han provocado la disminución en el número de colonias de Apis mellifera (Apidae: Apini)(6)(7) y efectos adversos aún no cuantificados en otras especies, entre ellas las abejas nativas sin aguijón consideradas las abejas más importantes en la polinización de los bosques tropicales y subtropicales del mundo.
Las organizaciones ecologistas hace un llamado para que se presenten coadyuvancias bajo el Expediente 18-014586-0007-CO para defender las abejas y con esto la agricultura y la alimentación a nivel nacional.
Henry Picado Cerdas, presidente FECON
Información y contacto al teléfono: 87609800
Referencias:
Enviado por FECON.
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CulturaCR Medios. ¿Sabía usted que la primera esposa de Rubén Darío era costarricense y que se le considera la primera narradora modernista de nuestro país?
Por esa razón, la Asociación Costarricense de Escritoras (ACE) realizará su “IV Encuentro: Literatura de Mujeres en Costa Rica” en honor a Rafaela Contreras, quien ha sido olvidada en el país.
Las actividades dieron inicio el miércoles 21 de noviembre en el Instituto México con una rueda de prensa en donde se explicaron los detalles y la importancia de este encuentro y de este homenaje.
A partir de las 6 p.m. se contó con las palabras de bienvenida en la voz de las poetas Magda Zavala y Julieta Dobles. Poco después Jimena Sánchez Zumbado dio una conferencia de inauguración denominada “Vida y obra de Rafaela Contreras Cañas: su genealogía materna”.
Ese mismo día, se realizó una mesa redonda a cargo Iris Chaves e Isabel Ducca seguido por un brindis de honor. Grace Prada, especialista en el ensayo de mujeres costarricenses y conocedora de la época, será la moderadora.
“El propósito es visibilizar su presencia en la literatura costarricense, que fue ignorada durante mucho tiempo”, expresó Magda Zavala, de la ACE.
El jueves 22 de noviembre en la Biblioteca Nacional se realizó un conversatorio y lecturas de poesía y narrativa costarricense en homenaje de Contreras Cañas.
“Ella fue la primera esposa de Rubén Darío, su musa bajo el seudónimo de Stella y la primera escritora costarricense propiamente dicha de la que se tiene noticia”, agregó Zavala.
El encuentro tendría fin el viernes 23 de 9 a.m. a 12 m.d. en el Centro Cultural José Figueres Ferrer de San Ramón de Alajuela, donde el público asistiría a varias actividades para honrar a la escritora costarricense.
“Preocupa que haya sido ignorada por la historia y la crítica literaria del país, por razones aún no muy claras, pero es un hecho que las escritoras del siglo XX en Costa Rica no tuvieron mucho reconocimiento”, indica Magda Zavala.
Rafaela Contreras conoció a Darío de niña en Nicaragua y luego, mientras dirigía la revista “Ramo de violetas” en El Salvador, lo saludó de nuevo como adultos. Ella había publicado cuentos y poemas en el periódico La Unión que dirigía Darío con los seudónimos de “Emelina” y “Stella”, sin que el vate nicaragüense supiera.
Contreras y Darío se casan en 1890 y luego de varios viajes por diferentes países tienen un hijo -Rubén Álvaro Darío Contreras- que nace en Costa Rica.
En enero de 1893 la costarricense Rafaela Contreras muere en una cirugía a la edad de 23 años, lo que provoca que Darío escriba el famoso poema “El poeta pregunta por Stella” que se puede leer en su libro “Prosas profanas”.
“Este encuentro es la apertura de lo que esperamos sea un ciclo de celebraciones en 2019 ante los 150 años de su nacimiento”, concluye la poeta Magda Zavala, quien ha realizado un trabajo importante en el rescate de la literatura femenina del país y de Centroamérica.
CONTACTO PARA AMPLIAR INFORMACIÓN:
Magda Zavala, Asociación Costarricense de Escritoras.
Tel +506 8842 5205
Correo: mzavalagcr@yahoo.com
CULTURACR MEDIOS
Comunicación y difusión
Tel. +506 8527-2814.
Correo: prensa@culturacr.net
Imagen tomada de https://letralia.com/sala-de-ensayo/2016/07/18/rafaela-contreras-primera-escritora-modernista/
Enviado por Geovanny Debrús.
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Este pasado 22 de noviembre se realizó el conversatorio “Las mujeres en los movimientos sociales: ¿qué pasó con los sindicatos?”, con la participación de las expositoras Patricia Mora, presidenta del INAMU, María Florez Estrada, periodista Semanario Universidad y Rosemary Gómez, secretaria general del SINDEU.
Compartido por Marjorie Hernández en redes digitales.
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En su sesión 4489-1999, (http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/1999/4486.pdf), el Consejo Universitario estableció un límite de 30 anualidades a quienes laboramos en la Universidad de Costa Rica. Este acuerdo determina que las personas tendrían un 90% de anualidades (3% de anualidad multiplicado por 30 años). Esta formulación del 90% se deriva de que el 3% por anualidad entró en vigencia en 1987. Quienes laboraban antes de esa fecha recibían un 2% por anualidad.
Diez años más tarde, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica dejó sin efecto el tope de 30 años de anualidades (http://cu.ucr.ac.cr/actas/2009/5376.pdf). En lo sucesivo, el personal de la institución recibirá anualidades durante el total de sus años laborados. Este acuerdo del Consejo Universitario cita varias razones. Se menciona, por ejemplo, el voto 15460-08 de la Sala Constitucional que anuló, por inconstitucionales, la frase “hasta un total de treinta” y la palabra “treinta” del artículo 5° de la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166 de 9 de octubre de 1957. Desde el punto de vista financiero, se hace referencia a un informe preparado por la Oficina de Recursos Humanos acerca de las consecuencias salariales del cese del tope de las anualidades y la estimación del aumento del número de personas que superarían los 30 años de laborar en la institución.
Si bien la Oficina Jurídica (OJ-1330-2008) le hace saber al Consejo Universitario que el voto de la Sala Constitucional, referido a la Ley de Salarios de la Administración Pública, no es vinculante para la Universidad de Costa Rica, pues en su lugar rige la Convención Colectiva, se toma el acuerdo de derogar el tope de las anualidades. En el acuerdo propiamente dicho, el Consejo Universitario no considera los alcances de las estimaciones financieras aportadas por la Oficina de Recursos Humanos.
Hoy, transcurridos nueve años, este acuerdo debe revisarse. Si en 1999 121 personas tenían 30 años o más de laborar en la Universidad de Costa Rica, en el año 2009 ese número era de 175. De acuerdo con datos proporcionados por la Vicerrectoría de Administración, a finales de este año 2018, son (o somos) 726 (7,33%) de un total de 9911 personas. Si el tope de las anualidades entrara nuevamente en vigencia, la Universidad de Costa Rica ahorraría más de ₡1.000 millones anuales (1 058 996 977), un 23,84% del gasto total por anualidades que se pagan a las personas con más de 30 años de servicio.
En diciembre del año 1999, la Contraloría Universitaria (OCU-R-224-99) ya advertía las consecuencias de largo plazo de esta estructura salarial. Leído este acuerdo del Consejo Universitario del año 2009 en el contexto de crisis fiscal a los criterios jurídicos y financieros se pueden adicionar consideraciones políticas y éticas.
En términos políticos, las pretensiones de debilitar las universidades públicas no pueden ser respondidas ignorando aquello que internamente se debe mejorar y corregir. La legitimidad institucional de la Universidad de Costa Rica no está en discusión; sin embargo, lo mismo no se puede decir de su estructura de salarios. La actual estructura de salarios debilita la legitimidad institucional.
Hay intereses neoliberales y neoconservadores que pretenden socavar a la Universidad de Costa Rica y, en general, a las universidades públicas. Las universidades forman profesionales que toman decisiones en el país y participan en la formación de opiniones. Debilitar a estas instituciones tiene efectos de largo plazo en la sociedad costarricense. Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política están en la mira de los sectores más radicales.
Desde el punto de vista ético, la crítica a las profundas desigualdades que se han entronizado en la sociedad costarricense y en la mayoría de las sociedades contemporáneas debe reconocer también las desigualdades salariales internas de la Universidad de Costa Rica. Los salarios más altos del sector docente superan en ocho veces a los salarios devengados por quienes se incorporan anualmente a laborar en la Universidad de Costa Rica.
El Consejo Universitario debe entrar a discutir el tope a las anualidades. La autocrítica es indispensable para la defensa y el fortalecimiento de la Universidad de Costa Rica.
Imagen tomada de la página oficial de la UCR.
Compartido con SURCOS por Carlos Sandoval García.
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