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El espacio señaló el impacto de las políticas neoliberales en la profundización de las desigualdades sociales
Un altar, al estilo propio de la celebración mexicana del día de muertos, trajo al presente la muerte de Tonito, un niño de dos años y de origen nicaragüense, que falleció en la localidad de Los Chiles en el año 2015. Foto: Dennis Castro.
Estudiantes, investigadores, docentes y público en general se reunieron en la Universidad de Costa Rica (UCR) para analizar por medio de investigaciones, ponencias y hasta expresiones artísticas la necesidad de articular redes de trabajo y plantear nuevas formas para el abordaje de la violencia social.
El espacio se denominó “Coloquio: Prácticas sociales violentas y subjetividad” y tuvo lugar el 27 de setiembre. La directora de la Escuela de Psicología, Teresita Ramellini, celebró la consolidación de la iniciativa y señaló la urgencia de crear investigaciones y acciones sociales que aborden estas temáticas.
“Como universidad pública nos guía el compromiso de contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, la consecución de justicia social, de equidad, de desarrollo integral y justicia social, de libertad e independencia plena”, afirmó la académica.
Por su parte, la directora del posgrado en Psicología, Marietta Villalobos, señalo el interés de articular redes de apoyo a partir de las experiencias de trabajo en comunidades y de plantear una reflexión crítica sobre el recrudecimiento de las tensiones entre los sectores populares y las hegemonías de corte neoliberal.
“Durante los últimos 40 años hemos visto el debilitamiento del estado social de derecho, de ahí que hoy, lamentablemente, Costa Rica ocupe el noveno lugar del mundo con mayor desigualdad económica y esto plantea un panorama muy oscuro en violencia social”, señaló.
La psicóloga comunitaria Helga Arroyo afirmó que la situación de suicidio de jóvenes en Talamanca es resultado de un “contexto de profunda exclusión y violencia”. Foto: Dennis Castro.
Rostros y escenarios de la violencia
El primer panel de discusión del espacio estuvo a cargo de la docente y psicóloga comunitaria, Helga Arroyo; la psicoanalista y coordinadora del Programa de Investigación en Violencia y Sociedad, Mónica Vul, y de la actriz, María Luisa Garita, quienes perfilaron diversos rostros de la violencia social en el país.
Arroyo compartió con los presentes reflexiones generadas a partir del trabajo que realiza en el territorio indígena bribri en el cantón Talamanca, a donde llegó desde el año 2015 por medio de un proyecto de investigación de la Escuela de Psicología.
Asegura que se acercó a la localidad para tratar de entender “lo que le estaba doliendo”, pues desde el 2014, Talamanca declaró emergencia cantonal ante la creciente tasa de suicidios entre la población joven. La localidad registró ese año 47 intentos y 11 suicidios, de las 302 muertes de este tipo en el país.
Según la académica, a partir del proceso de investigación y acción participativa, fue posible determinar que la situación es resultado de un “contexto de profunda exclusión y violencia”, como lo refleja sus índices de pobreza y la posición que ocupa en los índices de desarrollo humano y social.
Arroyo asegura que se trata de un territorio atravesado por prácticas sistemáticas de dominación, colonización y destrucción que han consolidado desigualdades sociales, políticas, culturales y económicas.
La psicoanalista Mónica Vul señala la urgencia de encontrar otras vías posibles para acercarse a las comunidades y poblaciones que enfrentan situaciones de violencia. Foto: Dennis Castro.
“Los resultados de nuestra investigación revelaron que los factores incidentes del suicidio en el territorio indígena bribri están vinculados con esta herida, una herida zanjada a través de prácticas históricas y sistemáticas de colonización, dominación y violencia”, enfatizó.
Asegura que tales acontecimientos han impuesto una dinámica de dominación que transforma sus formas de vivir y ver el mundo, un proceso histórico de violencia sistemática que los enfrenta en la actualidad a otras manifestaciones y tensiones como resultado de los procesos de globalización.
“Los jóvenes están en medio de una cultura occidental que está tratando de imponerse desde diversas prácticas colonizadoras, pero que a la vez los excluye, y de una cultura interna adultocéntrica que dice que todos los jóvenes están perdiendo su cultura”, señaló Arroyo, quien asegura que en este contexto, la muerte es vista como la forma de acabar el sufrimiento de una vida sin conexión ni existencia.
La psicoanalista Mónica Vul le dio otro rosto a la violencia desde la realidad que vive la comunidad de “El rótulo”, localizada en el distrito de Cariari, en Pococí de Limón, donde las problemáticas sociales enfrentan a su población a una serie de etiquetas sociales y abordajes de criminalización.
“Allí viven jóvenes, mujeres, niños, niñas y se producen entre ellos homicidios, ventas de drogas, intoxicaciones, adicciones a todo tipo de drogas y alcohol. Múltiples manifestaciones de violencia contra las mujeres y sus cuerpos, altercados violentos entre grupos y también suicidios”, explicó.
La actriz María Luisa Garita planteó las posibilidades que ofrece el arte, particularmente la disciplina del performace, para sensibilizar y reflexionar sobre las diversas manifestaciones de violencia social. Foto: Dennis Castro.
Frente a este escenario de violencia social, la académica señala la urgencia de encontrar otras vías posibles para acercarse a la comunidad, pero sobretodo, para escuchar y leer las realidades que viven sus pobladores en los diversos espacios de su dinámica cotidiana.
“El rótulo es la comunidad, pero es también la etiqueta de adicto, criminal, delincuente, prostituta y muchos otros, por eso planteo el cuestionamiento a los binarios, lo bueno y lo malo, la necesidad de un abordaje desde poner el cuerpo, desde la escucha, desde el estar allí”, enfatizó.
La especialista afirma que, lejos de quedarse en los datos, prefirió entrar y escuchar el sentir de la comunidad, para buscar alternativas que rompan con el discurso mediático, psiquiátrico, médico o jurídico que a su criterio “criminalizan, judicializan, patologizan lo que pasa en la comunidad” para explicar las violencias y banalizar el problema.
Finalmente, la actriz María Luisa Garita abordó un caso de infanticidio ocurrido en el país para evidenciar las posibilidades que ofrece el arte, particularmente la disciplina del performace, para sensibilizar y reflexionar sobre las diversas manifestaciones de violencia social.
A partir de la elaboración de un altar al estilo propio de la celebración mexicana del día de muertos, Garita trajo al presente la muerte del Tonito, un niño de dos años y de origen nicaragüense, que falleció en la localidad de Los Chiles en el año 2015, como resultado de golpes y torturas físicas por parte de su padrastro.
Los asistentes al Congreso fueron invitados a caminar con velas encendidas dedicadas a un niño ausente, Tonito, como parte del esfuerzo de la artista creadora por generar un espacio donde “la idea del cuerpo simbólico está ejecutando cosas”.
El altar estuvo acompañado de un intenso sonido de llanto, que irrumpió en el espacio de socialización que desarrollaban los asistentes en el marco del congreso, quienes posteriormente fueron invitados a caminar con velas encendidas dedicadas al niño ausente.
“Las palabras no son constantes, son performativas porque permiten crear una realidad y con un acto de nombrar estoy creando una realidad”, afirmó la actriz, quien reconoció su intención de generar un espacio donde “la idea del cuerpo simbólico está ejecutando cosas”.
A criterio de la artista, los estudios del performance pueden convertirse en una herramienta para analizar las temáticas relacionadas con la violencia social. En esta ocasión, se abordó “el cuerpo como archivo, como categoría de estudio que documenta algo”.
“En este caso, el cuerpo del niño se convierte en un archivo de la violencia, un archivo del despojo, un archivo de la exclusión, un archivo de la desigualdad”, concluyó Garita.
El coloquio fue organizado por la Escuela de Psicología, el Posgrado en Psicología, la Escuela de Trabajo Social, la Vicerrectora de Acción Social, el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena) y el Programa de Investigación en Violencia y Sociedad (PIVS).
Se extiende la invitación a la comunidad de San Ramón, Piedades Sur para asistir a la Asamblea Popular sobre el tema: “El Plan Fiscal y cómo afectará a su comunidad”, en el salón comunal de El Salvador, el próximo jueves 18 de octubre a las 4 p.m.
Ante el ascenso de los sectores de ultraderecha, neofascistas, en Brasil, el Departamento Ecuménico de Investigaciones nos propone este diálogo como urgente y necesario, para ampliar la comprensión de la situación geopolítica en la región.
El DEI invita a la charla con el Dr. Bruno Simoes: «Golpe y elecciones en Brasil. Una mirada psicopolítica«, el próximo martes 16 de octubre a las 6 p.m. en la sala de audiovisuales, primer piso, de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós (Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio- Montes de Oca).
La entrada es libre.
Información compartida por Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI.
Dany Villalobos compartió una producción propia basada en datos de Stella Chinchilla hasta el 10 de octubre, en relación con el rechazo municipal al actual plan fiscal que se tramita en la Asamblea Legislativa.
En la Asamblea Legislativa quieren archivar un proyecto de ley importantísimo para las huertas comunitarias y los proyectos de agricultura urbana, es el proyecto 20561. Carmen Chan (PRN), Óscar Cascante (PUSC) y Paola Valladares (PLN) hicieron un informe de subcomisión con datos falsos, diciendo que sólo tres organismos se pronunciaron con respecto al proyecto de ley 20561, cuando en el expediente legislativo (que es de consulta pública) constan múltiples criterios de diferentes centros agrícolas cantonales que sugieren notables mejoras al proyecto de ley.
Además, pretenden archivar el proyecto sin solicitar el criterio técnico que debe emitir de oficio el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Vamos este martes 16 de octubre a las 12:30 p. m. a las barras de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y digámosle a los diputados que exigimos apoyo a la agricultura urbana en Costa Rica, tal como lo recomienda la FAO y las organizaciones internacionales por una alimentación saludable y completa.
Residencial de lujo amenaza La Loma de Salitral importante reducto de bosque de la GAM
Municipalidad de Desamparados vota permisos en contra de orden de la Sala Constitucional y el Plan Regulador y de Ordenamiento Territorial.
La Loma Salitral constituye uno de los últimos remanentes del bosque húmedo premontano del el Valle Central y se encuentra amenazada por la empresa Urbanizadora La Laguna S.A. cuyo representante legal, Manuel Fernando Terán Jiménez, es a su vez accionista del Grupo Nación.
El Concejo Municipal de Desamparados votó en contra de la conservación de la Loma Salitral al aprobar el pasado 9 de octubre, en votación a favor 6 contra 5, los permisos de construcción del Proyecto Urbanístico La Arboleda el cual se compone de 780 casas área comercial de oficinas centro recreativo, con extensión en área de 43 hectáreas, en la zona de Amortiguamiento de la Reserva Forestal Especial de la Loma Salitral, protegida desde 1977. La zona de protección denominada Loma de Salitral fue establecida como Zona Especial de Protección de los Cerros de la Carpintera en la Normativa del Plan Regional Metropolitano publicada en la Gaceta No 119 del 22 de junio de 1982.
La Loma de Salitral es conocida además por ser una Zona de Fragilidad Ambiental, definida principalmente por la presencia de una cobertura de bosque de alta densidad, el cual tiene un valor extraordinario como ecosistema, especialmente por razón de la alta cuota de deforestación dentro de todo el área del GAM. Por esta razón es clave establecer un régimen de protección para los terrenos de esta categoría. La Loma Salitral incluye más de 187 especies de plantas, de las cuales cinco solo existen en Costa Rica, gran cantidad de aves y mamíferos, y dos tipos de felinos: puma yaguarundí y tigrillo.
Además, es una zona de recarga acuífera donde nacen varios afluentes de los ríos Damas, Cucubres y Jorco y hay una fuente de aguas termales. Esto incrementa la preocupación de vecinos que se oponen al proyecto ya que La Arboleda amenazaría el recurso hídrico existente en la Loma de Salitral ya que esta resguarda importantes nacientes de agua fría y de aguas termales, por lo tanto el bosque cumple una función de recarga de agua en las nacientes.
La resolución de la Sala Constitucional en el expediente 17-002841-0001-CO ratifican la legalidad y vigencia de la protección ambiental y la necesidad de delimitar de forma adecuada la Zona de Amortiguamiento para su protección. Por otro lado, el Artículo 148 del Plan Regulador y de Ordenamiento Territorial define el propósito y los usos conformes de la Zona de Amortiguamiento de la Loma Salitral, en la cual no se incluyen usos residenciales.
En política lo obvio no siempre es lo real. Es lo menos evidente frente al público lo que mueve el tablero de los dueños del poder. Ese tablero, generalmente, está en manos de poderes fácticos detrás del telón. En la tarima del escenario vemos a sus principales actores, actuando de acuerdo al libreto preparado previamente por terceros.
Sin lugar a dudas los organismos multilaterales y bilaterales han estado día a día, observando, al asecho y actuando sobre la controversia de las últimas semanas para resolver el déficit fiscal.
Lo evidente es que tres partidos políticos (PAC, PLN y PUSC) apuestan por la reforma fiscal aprobada en primer debate el viernes 5. Éste está en el período de consulta en varias instituciones. Sin embargo, es al llegar a la Corte Suprema de Justicia adónde existen mayores probabilidades de rechazarse, dados los casos anteriores sobre el mismo tema. Pero, podría ser que pase su aprobación.
Mientras éste proceso llega a concretarse (puede tardar un mes), las discusiones sobre las probables opciones se mantienen, aun después de suspender la huelga de trabajadores. Ignorar esta discusión es evitar servir al futuro del país.
Sabemos que sí el Estado cobra a los evasores del ISR su deuda, se rescatarían hasta el 8% del PIB. Un porcentaje arriba del déficit actual. Esto sin aplicar la carga de impuestos indirectos que se tienen proyectados por la Asamblea y el Ejecutivo.
No obstante existen otras propuestas que están detrás de bambalinas: subir y ampliar el IVA, imitando a otros países, de por sí empobrecidos y en miseria, además de la reducción de servicios sociales y venta (privatización) de bienes y servicios, con lo cual el Estado adquiera ingresos frescos. Nada que envidiar de las experiencias chilenas, argentinas y brasileñas.
Lógicamente, nuestra Costa Rica entraría al grupo de países empobrecidos, con una juventud sin futuro, emigrando a otros territorios en busca de algo mejor, mientras los antes pensionados, esperan su último suspiro. Sin servicios básicos, ni salud, ni educación, menos trabajo y perdiendo sus techos, y hasta su dignidad, como hemos visto en Grecia, Argentina, Brasil, Italia y no digamos los países balcánicos y países africanos.
En pocas palabras, se nos estaría aplicando la receta de los «chicagos boys», el recorte presupuestario a todo servicio público en salud, educación, comunicaciones, vivienda social, carreteras para zonas campesinas e indígenas; crédito agrícola a pequeños y medianos productores; subsidios a medio ambiente (parques naturales), es decir, lo que no sea negocio rentable, perdería importancia alguna. Solamente se fortalecería aquello que pueda venderse al mejor postor en un corto plazo. En esa escuela del neoliberalismo, ya fracasada, el Estado debe reducirse al máximo, para que la iniciativa privada predomine y venda cuanto servicio sea requerido por la ciudadanía.
Es así que nuestra democrática Costa Rica puede concluir sus días, pasando de la folclórica expresión “pura vida” hacia “pura miseria mae”.
De nuestra ciudadanía depende nuestro futuro, si nuestro Gobierno sigue como ha mostrado ser en estas semanas.
A la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hoy Ministra de la Niñez, se le olvidó ponerse la camiseta a favor de quienes por mandato presidencial se encuentran bajo su cuidado, al guardar silencio, luego que los Padres de la Patria cercenaran los recursos que con tanto esfuerzo se luchó tener, para apoyar programas y proyectos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes.
¿Será que la señora Ministra se le olvidó el juramento que hizo el 8 de mayo? Eso no lo podemos asegurar, pero si por la víspera se saca el día, ella sigue sin entender la función que le fue encomendada. Pareciera ser que en lugar de trabajar en el PANI lo hiciera en el Ministerio de Hacienda, buscando solucionar la situación fiscal del país, en lugar de realizar el trabajo que le fue encomendado de velar por la niñez costarricense.
No solo nunca salió a defender el que no se le quitara al PANI el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta, escondida como una moción del proyecto de paquete de impuestos N°20580 “Fortalecimiento de la Hacienda Pública” que incluye también el tema de empleo público y el mecanismo conocido como regla fiscal. Sino que además no ejecuta el presupuesto institucional.
El mecanismo aprobado ayer por los Diputados contempla evitar la aprobación de proyectos de ley sin fuente de financiamiento, todo nuevo gasto debe contar con una fuente de financiamiento en el largo plazo, el proyecto que contemple gastos debe ser conocido por el Ministerio de Hacienda que tendrá la responsabilidad de dictaminarlo, esta regla busca desacelerar el gasto corriente durante un periodo prudente, mientras se alcanza un nivel razonable de “equilibrio fiscal”. Pero además elimina los ya existentes.
Nuestra Jerarca parece desconocer el mandato internacional, que obliga a las naciones que ratificaron la Convención de los Derechos el Niño, de asegurar recursos para la ejecución de programas que permitan la atención y protección integral de la persona menor de edad, no solo cuando ya han sido violentados sus derechos, sino mucho antes, mediante programas preventivos, para evitar que esto suceda y no convertirlos en una víctima más.
Claro que ahora, las señoras y señores diputados pueden argumentar que la Institución es incapaz de ejecutar los recursos, cuando la realidad es que para nadie es un secreto que en el 2017 el dinero nunca ingresó a las arcas del PANI, por el supuesto problema fiscal que existía y lo poco que entregaron fue demasiado tarde para poder ejecutarse en su totalidad. Y ni qué hablar del 2018, cuando la Ministra a 5 meses de haber asumido su cargo, todavía se encuentra “acomodando la casa” y tiene la mayoría de proyectos detenidos, lo que significa que, a la fecha, solo se ha ejecutado el 30% del presupuesto institucional, entendiendo que la mayoría de lo invertido fue durante los primeros 4 meses de la administración anterior.
Ante esta situación el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) no puede guardar silencio, y denuncia el accionar de la jerarca, para que se sienten las responsabilidades en quien realmente corresponde. De manera que la próxima vez que un niño sea víctima inocente, esta no recaiga en los funcionarios quienes nuevamente deberán trabajar sin recursos, por culpa de decisiones políticas y no técnicas.
*Imagen ilustrativa tomada de http://www.pani.go.cr/
