65% de la población lo hace por esta causa sin contemplar los riesgos
De la totalidad de los encuestados, el 11% conoce a alguien que ha tenido que asistir a los servicios de emergencia por automedicarse. – foto Cristian Araya Badilla, UCR.
La alta disponibilidad de medicamentos de venta libre en Costa Rica, junto con la posibilidad de acceso para la compra, permite que se incentive la automedicación, una práctica sin supervisión médica que puede provocar desde el empeoramiento de los síntomas hasta reacciones no deseadas e intoxicación.
Así se desprende de la investigación realizada en el marco de la Encuesta Actualidades 2017, desarrollada por los estudiantes de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR), José Pablo Durán, Andrés Flores, Marcos Scott, Manuel Fiallos y Fabián Solís. Su estudio reveló que el 81,7% de los costarricenses se automedica, es decir, más de tres millones de personas.
La principal condición que promueve su práctica es el dolor de cabeza. Del total de los encuestados, un 64,5% afirmó hacerlo por ese motivo, principalmente, porque creen identificar los síntomas que les afectan fácilmente.
Karen Kenton Paniagua, farmacéutica del Centro Nacional de Información de Medicamentos (CIMED) de la UCR, afirmó que llevar a cabo esta acción de forma continua pone en riesgo la salud, pues es capaz de ocultarotro tipo de complicaciones más severas en el organismo. Entre ellas, la presencia de un tumor, lesiones vasculares e incluso alguna infección de fondo.
“Existen varios tipos de dolores de cabeza o cefalea. A veces se presentan dolores de cabeza tensionales por estrés, de tipo migrañoso y también los llamados brotes o racimos, que se caracterizan por estar solo a un lado de la cabeza. El abuso de los medicamentos puede ocasionar un efecto rebote, es decir, un nuevo dolor de cabeza, así como enmascarar otros problemas de fondo. Hay situaciones de alarma que el paciente debe tener muy claras para que consulte a un especialista de salud lo antes posible cuando el dolor es repentino o recurrente, o bien, si hay confusión o alteraciones en el estado de conciencia”, enfatizó la Dra. Kenton.
Los fármacos más comunes para tratarlo son los analgésicos, de los cuales el más frecuente es la Acetaminofén, seguido por los Analgésicos Antiinflamatorios no Esteroideos (AINE) como el Ibuprofeno y el Diclofenaco.
Cinthia Chávez Solís, también especialista del CIMED, aclaró que “el tema con esos medicamentos es que son de venta libre, pero eso no significa que no tengan efectos adversos. Por eso, lo recomendable es que si los dolores de cabeza no se resuelven en corto tiempo se consulte con el médico, pues podría ser señal de algo más”, manifestó.
Enfermedades comunes
Después del dolor de cabeza, otros padecimientos frecuentes que inciden en la automedicación son el resfrío, el dolor de estómago, la fiebre y el dolor de garganta. Estas condiciones provocan que más del 50% de los ciudadanos tomen medicamentos sin receta médica.
Si bien un resfrío se consideraría por algunos como inofensivo, para Chávez el consumo de un antigripal tiene el potencial de originar una interacción perjudicial si el paciente lo mezcla con otros fármacos de uso diario. Los resultados pueden maximizar o anular la respuesta esperada de alguno de los medicamentos implicados.
“Los analgésicos pueden promover alteraciones a nivel gástrico como gastritis e irritación, por lo que personas con úlceras deben tener cuidado. Además, también es posible que quienes padecen de presión alta sufranalguna complicación. Por otra parte la acetaminofén, que puede encontrarse en los antigripales, no es recomendable para personas que tienen problemas en el hígado”, expresó.
Ante esto, no se deben considerar los medicamentos de venta libre como inofensivos. María José Alvarado Fernández, farmacéutica del CIMED, agregó que lo más recomendable en estas situaciones es consultar con un farmacéutico a fin de tomar medidas, ya sea modificar la dosis o ajustar un horario.
La intensidad con la que se lleva a cabo la automedicación tiende a variar. Flores indicó que casi la mitad de quienes se suministran su propio medicamento lo hace por conocimiento propio. De este número, el 53,3% de los habitantes lo realiza pocas veces, el 31,4% con una intensidad media y el 15,3% con mucha frecuencia. Según el estudio, las mujeres tienden a automedicarse con una intensidad alta, generalmente aquellas menores a los 50 años y con educación secundaria.
Antibióticos son los de mayor riesgo
Uno de los fármacos más peligrosos en la automedicación es el antibiótico. Flores señaló que su uso y mala administración acelera el proceso de resistencia entre los usuarios.
Aunque el estudio mostró que el 80,9% de aquellos que consumieron algún antibiótico lo hizo con receta médica, esta cifra correspondía a su mayoría a hombres y mujeres con edades superiores a los 50 años. En cambio el grupo entre los 18 a 29 años, que es el que más consume antibióticos, obtuvo el porcentaje más bajo de adherencia con un resultado del 44,1%. En otras palabras, más del 40% de los jóvenes posee poca asimilación al tratamiento.
En lo que respecta a los antibióticos, el 42% los consumió al menos una vez en los últimos 12 meses. El grupo más importante que los utiliza son jóvenes de educación secundaria y universitaria. – foto Cristian Araya Badilla,UCR.
Flores manifestó que esa poca adherencia a los antibióticos podría estar relacionado al hecho de que el 63,9% de los pacientes solo continúa tomándolos si se sienten mejor. Tan solo el 31,1% respondió que no le sobran tabletas y el 15,5% dijo que nunca olvida tomarlos.
“Los antibióticos deben ser prescritos por un médico. Lo que hacen estos fármacos es combatir las infecciones bacterianas. Se usan de forma inadecuada o innecesaria, pues al exponerse la bacteria al antibiótico aquella genera resistencia, entonces ya el tratamiento antibiótico no va a funcionar. Ahora hay muchas bacterias que por este motivo son difíciles de atacar, porque se nos van agotando las opciones de tratamiento”, explicó Chavez.
Por otro lado, la valoración también arrojó que el lugar donde más se consiguen antibióticos es en los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Los principales usuarios son de nivel socioeconómico medio y alto.
Chávez concluyó que lo principal aquí es que los pacientes siempre finalicen el tratamiento y no lo compartan con otra persona. Además, que hagan la consulta correspondiente, ya sea al médico o al farmacéutico, para que verdaderamente los medicamentos les generen un beneficio y no un problema adicional.
Recuerde que si tiene alguna duda sobre sus medicamentos puede contactar con al CIMED a los teléfonos 2511 8313, 2511 8311, 2511 8727 o 2511 8328 o al correo cimed.inifar@ucr.ac.cr.
Especialistas de la UCR evaluaron puentes, carreteras y alcantarillas para determinar el impacto de la tormenta Nate y brindar recomendaciones
Los ingenieros Cristian Valverde Cordero y Ronald Naranjo Ureña, del LanammeUCR, analizan el estado de ciertas áreas de la Ruta 27 (foto cortesía de LanammeUCR).
Tres días duró el paso de la tormenta tropical Nate por el territorio costarricense. El jueves 5 de octubre fue el día que más fuerte se sintió este fenómeno climático. Solo bastaron unas pocas horas de lluvias intensas para que gran parte de la infraestructura vial del país colapsara y presentara daños considerables.
Pero, ¿cuáles son las razones por las que la infraestructura vial cedió ante un lapso torrencial de lluvia como el que presentó la tormenta Nate? El Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, coordinador del Programa de Infraestructura del Transporte (Pitra) del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR), explica que esto se debe a que “en Costa Rica no se han incluido adecuadamente las variables climáticas en el diseño de obras de infraestructura».
Cada vez que hay fenómenos naturales, en vez de mitigar la vulnerabilidad mediante trabajos que disminuyan los efectos del clima, solo se replica la obra anterior, por eso ocurren los mismos daños.
Lo que se vive en este tipo de situaciones, indican los ingenieros Rolando Castillo Barahona, Esteban Villalobos Vega, del LanammeUCR, y Alberto Serrano Pacheco, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil (EIC) de la UCR, es que los puentes y alcantarillas que cruzan los ríos se convierten en obstáculos que limitan el flujo del agua, la cual arrastra con sus fuertes corrientes árboles, rocas y sedimentos. Cuando esto sucede el agua busca caminos alternativos para poder cruzar y es ahí cuando se generan los problemas.
“Entre los daños que pueden presentar las estructuras viales están la erosión de los márgenes de los ríos; el movimiento lateral de los cauces; socavación en diferentes estructuras como los bastiones, pilas y rellenos de aproximación y la inundación de planicies, entre otros”, añaden los especialistas.
Entre las propuestas para mitigar los daños que provocan las tormentas, los expertos del LanammeUCR y de la EIC consideran que el país debe contar con un inventario actualizado de todos los puentes, que incluya información sobre condición estructural, sísmica, hidráulica y de seguridad vial.
El Ing. Guillermo Vargas Alas, experto de la Unidad de Puentes del Programa de Ingeniería Estructural del LanammeUCR, formó parte de las labores de inspección del puente Agua Caliente en Cartago (foto cortesía de LanammeUCR).
Asimismo, es recomendable elaborar un manual o lineamiento oficial en el que se indiquen los requerimientos mínimos que necesita el diseño hidráulico de puentes (actualmente no se cuenta con esta normativa) y una guía para evaluar aspectos hidráulicos de puentes que permitan identificar elementos indicativos de vulnerabilidad del puente y del cauce.
Loría añade que muchos pueblos y ciudades están localizadas en zonas de alto riesgo, lo que desemboca en tragedias por pérdidas de vidas y daños materiales cuantiosos.“Hay que invertir, a pesar del costo, en obras de infraestructura vial que estén diseñadas para resistir el embate de fenómenos de cierta magnitud y, eventualmente, estudiar la relocalización de pueblos y edificaciones que se encuentren en zonas vulnerables”, subraya.
Asimismo, el informe preliminar del paso de la tormenta Nate por la cuenca del Caribe, elaborado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), menciona que 117 carreteras de las rutas nacionales, así como 423 puentes, presentaron diversos daños.
En cuanto a la estimación de las pérdidas, basada en datos históricos y evaluaciones preliminares, el informe apunta un registro de daños en la infraestructura vial en el 73 % de la Red cantonal y 27 % en la Red nacional.En conjunto, suman pérdidas por $127 millones con una proyección a $165 millones.
Reveló además que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) trabajaron para el restablecimiento del paso y la rehabilitación de 119 rutas de la Red Vial Nacional, tanto asfaltadas como las que están en lastre, incluyendo el daño en los puentes.
Para el apartado de infraestructura vial, el MOPT y el Conavi solicitaron la ayuda del LanammeUCR para la evaluación del estado de 215 estructuras, entre puentes y alcantarillas, ubicadas en la Ruta Nacional 2 (tramo entre Pérez Zeledón y Paso Canoas), Ruta Nacional 14 (tramo entre Río Claro y Golfito), Ruta Nacional 27 (tramo entre San José y Pozón) y Ruta Nacional 34 (tramo entre Pozón y Palmar Norte). Estas inspecciones se llevaron a cabo del 11 al 14 de octubre.
Finalmente, los ingenieros Castillo, Villalobos y Serrano recomendaron que para minimizar problemas a futuro“los carteles de licitación para el diseño y construcción de puentes nuevos tendrían que hacer referencia al Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para la Infraestructura Vial de Centroamérica, ideado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca); esto mientras se elabora un manual adecuado para el país”.
Resumen de efectos en alcantarillas y puentes:
Ruta Nacional 2: 47 estructuras sin daño aparente, 9 con daño que podría afectar la estructura a futuro y 9 estructuras con daño serio.
Ruta Nacional 14: 6 estructuras sin daño aparente, 1 con daño que podría afectar la estructura a futuro y ninguna estructura con daño serio.
Ruta Nacional 27: 46 estructuras sin daño aparente, 2 con daño que podría afectar la estructura a futuro y ninguna estructura con daño serio.
Ruta Nacional 34 (entre Pozón y Palmar Norte): 67 estructuras sin daño aparente, 20 con daño que podría afectar la estructura a futuro y 8 estructuras con daño serio.
Tema irrumpe con fuerza en la recta final de la campaña electoral
Opinión consultiva reviste especial interés en algunos Estados del hemisferio en los que aún persisten discriminaciones de esta naturaleza
Este 9 de enero del 2018, Costa Rica fue notificada por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de su respuesta a una solicitud de opinión consultiva hecha en mayo del 2016 por las autoridades costarricenses. Se trataba de una solicitud de opinión relacionada a los derechos de las parejas del mismo sexo y a la mejor manera de garantizar los cambios de identidad de género por parte del Estado costarricense.
La unión entre personas del mismo sexo y los derechos que asisten a quiénes optan por cambiar su identidad de género han ocupado parte del debate político costarricense desde varios años en el Poder Legislativo, así como en el Poder Judicial, sin encontrar ninguna solución jurídica. Pese a diversos estudios sobre la normativa y la jurisprudencia internacional aplicables, el juez constitucional costarricense ha optado por una lectura bastante restringida, declarando sin lugar una gran cantidad de recursos planteados ante él. En algunos ámbitos muy específicos, se ha logrado obtener una respuesta satisfactoria, como por ejemplo en el ámbito penitenciario (Nota 1). En otros casos, fueron dependencias del Poder Judicial inferiores a la Corte Suprema de Justicia las que intentaron responder de forma afirmativa, como por ejemplo en el 2015 en materia de unión de hecho entre dos personas del mismo sexo (Nota 2). De manera extremadamente reveladora, esta decisión dio lugar a un inusual debate generado en el mes de febrero del 2016 en el seno de la misma Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia sobre la procedencia de sancionar a un juez disciplinariamente por practicar… el control de convencionalidad (Nota 3).
Imagen extraída de nota de prensa titulada «Defensoría: “Las personas LGBT siguen sufriendo discriminación en la peor magnitud en Costa Rica” (Prensa Libre, edición del 22.06.2015).
El texto remitido y hecho público por la Corte de San José se titula formalmente «Opinión Consultiva OC-24 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)«.
La fecha de esta opinión consultiva es del 24 de noviembre del 2017, pero por alguna razón, es hasta la fecha del 9 de enero del 2018 que se notifica y hace público su contenido. Nótese que la solicitud de opinión consultiva fue hecha por las mismas autoridades y no por entidades de la sociedad civil, las cuales habían anunciado que las víctimas de discriminaciones de esta naturaleza podrían acudir al sistema interamericano en el marco de un procedimiento contencioso contra Costa Rica, de persistir una vulneración a sus derechos.
Las preguntas formuladas por Costa Rica al juez interamericano
Las preguntas hechas por Costa Rica al juez interamericano en el 2016 son varias, y se reproducen textualmente a continuación, de manera que el lector pueda mejor apreciar la respuesta que se les dio:
«1. Tomando en cuenta que la identidad de género es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la CADH, además de lo establecido en los numerales 11.2 y 18 de la Convención ¿contempla esa protección y la CADH que el Estado deba reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas, de conformidad con la identidad de género de cada una?
1.1 En caso de que la respuesta a la anterior consulta fuera afirmativa, ¿se podría considerar contrario a la CADH que la persona interesada en modificar su nombre de pila solamente pueda acudir a un proceso jurisdiccional sin que exista un procedimiento para ello en vía administrativa?
1.2 ¿Podría entenderse que el artículo 54 del Código Civil de Costa Rica, debe ser interpretado, de acuerdo con la CADH, en el sentido de que las personas que deseen cambiar su nombre de pila a partir de su identidad de género no están obligadas a someterse al proceso jurisdiccional allí contemplado, sino que el Estado debe proveerles un trámite administrativo gratuito, rápido y accesible para ejercer ese derecho humano?
2. Tomando en cuenta que la no discriminación por motivos de orientación sexual es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la CADH, además de lo establecido en el numeral 11.2 de la Convención, ¿contempla esta protección y la CADH que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas del mismo sexo?
2.1 En caso que la respuesta anterior sea afirmativa, ¿es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esta relación?»
Tal y como se puede revisar, se trata de preguntas muy precisas hechas por las autoridades costarricenses. Recordemos que la administración (2014-2018) inició sus funciones mostrándose particularmente sensible a las reivindicaciones de la población LGTBI, izando incluso la bandera del movimiento LGTBI en Casa Presidencial para celebrar el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia en el mes de mayo del 2014 (véase nota de prensa de la BBC del 17.05.2015).
La respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La opinión consultiva consta de un total 89 páginas de gran interés (véase texto completo), que posiblemente sean analizadas por parte de entidades sociales y colectivos en todo el hemisferio americano. En la parte dispositiva de su decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece (pp.87-88) que:
«2. El cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de género autopercibida constituye un derecho protegido por los artículos 3, 7.1, 11.2 y 18 de la Convención Americana, en relación con el 1.1 y 24 del mismo instrumento, por lo que los Estados están en la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines, en los términos establecidos en los párrafos 85 a 116.
por unanimidad, que:
Los Estados deben garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la anotación del género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros y/o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de género auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o un trámite: a) enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) debe ser confidencial. Además, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de género; d) debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y e) no debe requerir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales. El procedimiento que mejor se adecua a esos elementos es el procedimiento o trámite materialmente administrativo o notarial. Los Estados pueden proveer paralelamente una vía administrativa, que posibilite la elección de la persona, en los términos establecidos en los párrafos 117 a 161.
por unanimidad, que:
El artículo 54 del Código Civil de Costa Rica, en su redacción actual, sería conforme a las disposiciones de la Convención Americana, únicamente si el mismo es interpretado, bien sea en sede judicial o reglamentado administrativamente, en el sentido que el procedimiento que esa norma establece pueda garantizar que las personas que deseen cambiar sus datos de identidad para que sean conformes a su identidad de género auto-percibida, sea un trámite materialmente administrativo, que cumpla con los siguientes aspectos: a) debe estar enfocado a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida; b) debe estar basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) debe ser confidencial. Además los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de género; d) debe ser expedito y en la medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y e) no debe exigir la acreditación de intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales. En consecuencia, en virtud del control de convencionalidad, el artículo 54 del Código Civil debe ser interpretado de conformidad con los estándares previamente establecidos para que las personas que desean adecuar integralmente los registros y/o los documentos de identidad a su identidad de género auto-percibida puedan gozar efectivamente de ese derecho humano reconocido en los artículos 3, 7, 11.2, 13 y 18 de la Convención Americana en los términos establecidos en los párrafos 162 a 171.
por unanimidad, que:
El Estado de Costa Rica, con el propósito de garantizar de manera más efectiva la protección de los derechos humanos, podrá expedir un reglamento mediante el cual incorpore los estándares antes mencionados al procedimiento de naturaleza administrativa el cual puede proveer de forma paralela, de conformidad a lo señalado en los párrafos anteriores de la presente opinión en los términos establecidos en los párrafos 162 a 171.
por unanimidad, que:
La Convención Americana, en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar (artículo 11.2), así como del derecho a la protección de la familia (artículo 17), protege el vínculo familiar que puede derivar de una relación de una pareja del mismo sexo en los términos establecidos en los párrafos 173 a 199.
por unanimidad, que:
El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, y en los términos establecidos en los párrafos 200 a 218.
por seis votos a favor y uno en contra, que:
De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales, en los términos establecidos en los párrafos 200 a 228«.
El juez constitucional costarricense (de nuevo) en la mira
Lo dispuesto en el punto 8 sobre el «derecho al matrimonio» es un tema sobre el que, desde varios años en Costa Rica, las organizaciones sociales de defensa de los derechos de las parejas del mismo sexo han insistido, sin obtener por parte del Estado una respuesta a sus reivindicaciones. En el 2006, el juez constitucional descartó el matrimonio para personas del mismo sexo (resolución 2006-07262, véase texto) y en el 2010, rechazó la tutela legal de la unión de hecho para personas del mismo sexo (voto 2010-641).
No es la primera vez en Costa Rica que la peculiar lectura que hace el juez constitucional obliga a activar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En el 2012, Costa Rica fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al no existir ningún marco legal para que familias pudiesen procrear mediante la técnica de la Fecundación In Vitro (FIV): el reglamento vigente había sido anulado por el juez constitucional en una cuestionada sentencia del año 2000. Ante la situación de desacato por parte de Costa Rica, las víctimas acudieron nuevamente al juez interamericano. El 26 de febrero del 2016, el juez interamericano confirmaría la plena validez de un Decreto Ejecutivo sobre la FIV cuestionado ante el juez constitucional (véase sentencia sobre cumplimiento del 26 de febrero del 2016), no sin antes recordarle a la Sala Constitucional algunas verdades incómodas (véase en particular los párrafos 12 y 20 de la decisión del 2016).
La primera niña fecundada in vitro en Costa Rica después del 2012, María José, nació el 8 de marzo del 2017 (véase nuestra breve nota al respecto publicada en Contexto.cr, titulada «María José: la bebé símbolo del regreso de la FIV a Costa Rica«).
La lectura completa de la opinión consultiva como tal es recomendada para entender mejor los alcances de esta decisión. Cabe señalar la gran cantidad de jurisprudencia citada, proveniente tanto del sistema universal de Naciones Unidas como de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la misma Corte Interamericana. En el párrafo 83, la Corte Interamericana de Derechos Humanos arrebata un argumento a menudo utilizado por los Estados en sus alegatos:
«Por último, resulta importante recordar que la falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, reales o percibidas, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido«.
A modo de conclusión: la opinión consultiva en medio de una diversidad de opiniones jurídicas
A diferencia del procedimiento contencioso, el procedimiento consultivo permite que diversas entidades proporcionen a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión jurídica sobre el tema objeto de la consulta. En este enlace se pueden consultar las opiniones jurídicas dadas por nueve Estados a la Corte Estado (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay), así como por parte de varios colectivos de ONGs, expertos, entidades estatales de derechos humanos y demás.
De las diversas opiniones remitidas, la opinión jurídica proporcionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto completo) cobra particular relevancia, al proceder a un repaso de la jurisprudencia internacional aplicable a la materia a partir de los parámetros interpretativos de los órganos del sistema interamericano.
Como indicado anteriormente, la notificación de esta opinión consultiva, que lleva la fecha del 24 de noviembre del 2017, se dió el 9 de enero del 2018 tan solo, por razones que se desconocen. El tema irrumpe con fuerza en la recta final de la campaña electoral en Costa Rica, cuyos comicios están previstos para el próximo 4 de febrero del 2018. Más allá de la posición que puedan externar al respecto los 13 candidatos a la Presidencia en Costa Rica, no cabe duda que esta opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reviste también un especial interés en algunos Estados del hemisferio en los que aún persisten discriminaciones de esta naturaleza irresueltas por el aparato estatal, justicia constitucional incluida.
Nota 1: Véase por ejemplo sentencia N°2103-2016 de la Sala Constitucional de Costa Rica que ordena al Ministerio de Justicia construir un módulo específico para la atención a la población reclusa transexual. Texto disponible en este enlace de DerechoalDía.
Nota 2: Véase por ejemplo decisión del 2015 de un juzgado de familia que reconoce la unión de hecho entre dos personas del mismo sexo, en aplicación del principio de convencionalidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: decisión reproducida en esta nota de DerechoalDía.
Nota 3: Véase AMADOR GARITA C. y RODRIGUEZ MATA N. D., «El control de convencionalidad en Costa Rica: propuesta de aplicación por los jueces ordinarios. Análisis comparado desde la perspectiva del derecho internacional público«, noviembre del 2016, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), 627 páginas, pp.540 y subsiguientes.
Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Método dará la oportunidad de garantizar los análisis que se realicen en el país
De momento LBDNet tiene programadas tres intercomparaciones. Para enero se espera que esté la de micronúcleos, la cual evalúa fragmentos de cromosomas que por la radiación quedaron afuera del núcleo celular. En agosto se espera la de condensación cromosómica prematura, cuyos marcadores son los cromosomas en anillo. Finalmente, en el 2019 se desea obtener la del ensayo de dicéntricos. Estas dos últimas se harán con imágenes. – foto Karla Richmond.
Los accidentes radiológicos son más posibles de lo que se cree. Aunque por lo general son pocas las personas afectadas, un mal cálculo en una dosis de radioterapia o una mala manipulación de algún equipo con fuente radiactiva es suficiente para crear una alarma social elevada.
Por esa razón 27 expertos internacionales de América Latina y España visitaron Costa Rica para establecer el primer mecanismo de la región orientado a asegurar la calidad de los análisis de cromosomas alterados por sobreirradiación, los cuales si no son tratados a tiempo, pueden provocar serios efectos perjudiciales en la salud humana como daño cerebral, esterilidad, cáncer e inclusive el fallecimiento.
El establecimiento consiste en un Sistema Regular de Intercomparación encargado de garantizar que las evaluaciones que realicen los científicos sean correctas. Con este nuevo aporte, se aumentará la calidad del servicio de Dosimetría Biológica que la Universidad de Costa Rica (UCR) busca instaurar desde el 2017 con el fin de verificar y evaluar la dosis que recibió una persona expuesta accidentalmente a radiaciones ionizantes -energía en forma de ondas electromagnéticas-.
Este nuevo esfuerzo fortalece el trabajo que ha estado realizando la UCR durante el último año, cuando en agosto de 2017 recibió el equipo de mayor avance tecnológico a nivel mundial orientado a identificar alteraciones genéticas de forma automatizada en menor tiempo.
El nuevo sistema se consolidó en el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa-UCR) durante un taller impulsado por la Red Lationamericana de Dosimetría Biológica (LBDNet), y dará la oportunidad de montar una base de datos entre los 11 laboratorios de América Latina y el Caribe que integran esta red.
De acuerdo con Luisa Valle Bourrouet, investigadora del Inisa-UCR, las intercomparaciones se pueden realizar mediante diferentes métodos, uno de ellos es por medio de imágenes. A través de la colaboración conjunta entre los laboratorios de la LBDNet se recopilarán recursos visuales de figuras mitóticas irradiadas -cromosomas durante las fases de la mitosis-, a fin de evaluar la frecuencia de las alteraciones a diferentes dosis de radiación.
Con lo anterior será posible realizar ejercicios diagnósticos de manera sistematizada, es decir, que todos los laboratorios analicen cada cierto tiempo un mismo conjunto de imágenes, con el propósito final de comparar y evaluar las competencias de los analistas.
“Deseamos saber si como analistas estamos evaluando de manera similar y si se está realizando un recuento adecuado de los biomarcadores en estudio, con base en los criterios de análisis acordados para los diferentes ensayos en las reuniones de LBDNet. Los laboratorios de la red, al usar las mismas imágenes, hacen que se robustezca la comparación. Básicamente, todos deberíamos hacer una lectura similar. Si analizamos bien y los resultados de la participación en las intercomparaciones es satisfactoria, se valida nuestro trabajo y nos autoriza como entidad competente en brindar el servicio a nivel nacional”, explicó Valle.
Durante la actividad también se revisó el avance en la implementación de la técnica de dicéntricos -identificación de estructuras con dos centrómeros que se originan producto de una sobreirradiación- y la estrategia que se usará para equipararla en los 11 laboratorios de América Latina y el Caribe integrantes a la red que realizan este tipo de pruebas.
Un peligro latente
Aunque Costa Rica no es un país nuclear, hace uso constante de fuentes radiactivas que implican un riesgo que debe ser contemplado. Las fuentes de radiación de mayor uso en Costa Rica se encuentran en los centros médicos que proporcionan medicina nuclear. De igual forma, se usa en aparatos utilizados en procesos productivos, de medición y control de calidad.
El caso más reciente se dio a inicios del 2017, cuando el Ministerio de Salud publicó la pérdida de un equipo destinado a llevar a cabo mediciones de densidad y humedad de los suelos conocido como dosímetro nuclear, el cual utilizaba fuentes radiactivas. Si este tipo de fuentes no están bajo control, son altamente peligrosas para las personas y el ambiente.
De acuerdo con información proporcionada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la institución cuenta con fuentes radiactivas instaladas en equipos, como las unidades con cobalto 60 (Co60) y braquiterapia (radioterapia interna) de alta tasa de dosis con Iridio 192 (Ir192). También, dispone de tres servicios de medicina nuclear que trabajan con varios tipos de fuentes radiactivas abiertas, y un amplio inventario de equipos emisores de radiaciones ionizantes distribuidos en 186 centros de salud. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
Valle indicó que ese es un ejemplo claro de la necesidad de contar con un servicio de Dosimetría Biológica en el país, con un programa altamente sofisticado que esté avalado tanto por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de los Estados Unidos, como por las Comisiones de Energía Atómica de los países miembros.
“Este tipo de accidentes tienen un gran impacto en la sociedad. Más allá de lo que una persona pueda verse afectada, una respuesta a nivel país rápida y eficaz genera un componente psicológico importante, del cual Costa Rica se está preocupando por brindar de forma competente”, señaló Joan-Francesc Barquinero Estruch, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona participante del taller.
Disponer del sistema abre una nueva puerta de prevención y atención que beneficiará no solo a Costa Rica, sino también a los países miembros de la Red. Carlos Madrigal Díaz, de la Dirección Ambiental del Ministerio de Salud, afirmó que su presencia da pie para lograr una respuesta oportuna ante las emergencias que se presenten en la región, especialmente en la zona Centroamericana.
“El país no debe atender únicamente las emergencias cuando se presentan, debe además trabajar en la fase previa. El Inisa, con la infraestructura que tiene desarrollada, es propicia para llevar a cabo este tipo de servicios”, afirmó Madrigal.
Este es el grupo de expertos internacionales y nacionales, integrantes de la red que permitirán robustecer el sistema de Dosimetría Biológica en Costa Rica y en la región Latinoamericana. – foto Cristian Araya Badilla.
Múltiples usos
El mismo marcador de dicéntricos que utiliza el ensayo para identificar a qué dosis ha estado expuesto un individuo en caso de accidente, también se puede utilizar en determinar la cantidad de radiación que un paciente ha recibido durante su tratamiento de radioterapia.
Dicho uso brinda una nueva oportunidad de generar estudios encaminados a minimizar el efecto que la radiación origina al tejido sano, así como maximizar su impacto en el tejido tumoral, lo que mejoraría potencialmente la calidad de vida del paciente.
Según Omar Francisco García Lima, Director de Gestión del Centro de Protección y Radiaciones en la Habana, Cuba, al menos cuatro laboratorios de la región han comenzado a realizar este tipo de estudios clínicos. Entre ellos se encontrará próximamente la UCR.
“Las personas que conforman la red son especializadas en este tipo de análisis y Costa Rica es parte de ella. Es decir, está adquiriendo una alta capacidad de respuesta ante situaciones que pueden ocurrir y ayudar a otros en Centroamérica”, afirmó García.
“La meta no es solo quedar esperando un accidente, sino hacer investigación básica en ese campo de la salud.Tenemos un estudio previo que se realizó con el apoyo del Servicio de Radioterapia del Hospital San Juan de Dios. La investigación evaluó el efecto de la radiación ionizante en los pacientes sometidos a radioterapia. Entre los resultados de la investigación se observó un incremento de los cromosomas dicéntricos. Deseamos continuar esos estudios, pero primero debemos tener lista la curva”, manifestó Valle.
El siguiente paso para Costa Rica es concluir la primera curva dosis-efecto para radiación gama, muy utilizada a nivel nacional, y posteriormente estimar altas dosis de radiación.
El ensayo de dicéntricos permite calcular una dosis de 0 a 5 gray (Gy)- , pero no cubre todos los niveles que pueden llegar hasta los 20 Gy. Debido a esto, también se elaborará la curva para el ensayo de condensación cromosómica prematura (PCCr) y el ensayo con cafeína que por sus características facilita el cálculo de dosis altas superiores a 5 Gy.
El pasado mes de diciembre el Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal sostuvo una reunión con Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA y Mauricio Herrera, Ministro de Comunicación, en la cual se acordó que el 11 de enero del 2018 se reunirían de nuevo para abrir una mesa de diálogo y tomar acuerdos sobre el Proyecto de Ampliación del Acueducto Coco-Ocotal. El Comité les exigiría agua potable para los vecinos de los barrios y caseríos que pertenecen al distrito, estudios técnicos actualizados y permisos para empezar a negociar sobre los avances de las obras, ya que según esta comunidad, sin estos sería temerario tomar decisiones sobre los mantos acuíferos.
Asimismo, si el AYA y el Gobierno incumplen los acuerdos tomados el día 11 de enero, “nos queda claro que algo muy grave esconden y entonces tomaremos las calles para manifestarnos pacíficamente hasta que venga alguien de las autoridades competentes involucradas en el Proyecto de Ampliación del Acueducto Coco-Ocotal.
Acaba de terminar un buen invierno en el que llovió mucho y ya los ríos se han secado considerablemente; estos son signos de que algo anda mal”, manifestó Eunice Contreras, Presidenta del Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal.
*Imagen con fines ilustrativos.
Información facilitada por Eunice Contreras, Presidenta del Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal.
María Elena Fournier nos comparte este comunicado nacional e internacional suscrito por los y las asistentes al Foro “Diálogos Sobre el Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico Expediente N 17.742” organizado por la Asociación de Profesionales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED PRO), como respuesta al artículo de Fanca por lo sucedido en dicho Foro.
Para leer el comunicado, ingrese en el siguiente enlace:
Este miércoles 10 de enero a las 5 p.m. frente al Diario Extra se llevará a cabo una manifestación de solidaridad con la huelga de trabajadores de exportaciones norteñas.
Según se puede leer en un comunicado publicado en la página de Facebook de Sitrasep Cr: “Los trabajadores de la piñera Exportaciones Norteñas se vieron obligados a irse a huelga nuevamente. Más de 60 familias trabajadoras pasaron la navidad sin aguinaldo, y despedidos sin ningún derecho.
Como si fuera poco están amenazando la integridad física de los compañeros que están allá defendiendo los derechos.
Es urgente demostrar nuestra solidaridad. Esta es una lucha de toda la clase trabajadora.
Este miércoles 10 de enero a las 5 p.m. en el Boulevard de la Avenida 4 (Frente a la Extra) se estará volanteando, recogiendo contribuciones para la comida de la huelga, y buscando darle impacto al tema para que el Ministerio de Trabajo y el gobierno hagan valer los derechos de este grupo.
Nuestra solidaridad es vital para que la policía no reprima a quienes hoy luchan, para que las amenazas contra la integridad de los compañeros no se hagan realidad y para que puedan triunfar en su lucha por sus justos derechos.
Ellos no tienen aguinaldo, no tienen derecho a decir nada cuando les violentan los derechos, no les pagan salario mínimo y están expuestos a condiciones inimaginables que ponen en riesgo su vida.
Ojalá mañana se sumen muchos trabajadores y trabajadoras a esta lucha por los derechos más elementales. Si queremos tener derechos no podemos dejar que este tipo de cosas pasen de forma impune”.
Se desarrollaron tutorías de español y matemática para bachillerato y la promoción mejoró considerablemente. Foto por: TC-665, UCR.
Desde el proyecto “Apoyo a gestión local de programas públicos” (TC-665) de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) se considera que la educación es central para mejorar las oportunidades que las personas tienen a lo largo de la vida. Desde hace dos años, el proyecto ha desarrollado iniciativas para fortalecer las competencias de los y las estudiantes de secundaria, así como asesorar y capacitar a las Juntas Administrativas de los centros educativos seleccionados para realizar un adecuado y eficiente aprovechamientos de los recursos públicos.
El trabajo con los y las estudiantes de secundaria se ha realizado con la metodología Habilidades para la Vida, de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que fortalece las habilidades comunicativas y de razonamiento cualitativo, además se han realizado tutorías para bachillerato en las materias de español y matemática, en el Liceo Dr. José María Castro Madriz, el Colegio Técnico Profesional de San Sebastián y el Colegio Técnico Profesional de Purral. Estos colegios atienden poblaciones vulnerables y califican dentro de la admisión diferida de la Universidad.
Las acciones desarrolladas ya apuntan algunos resultados, en el caso del Liceo Dr. José María Castro Madriz, la promoción de bachillerato del 2016 aumentó de 45% en años anteriores, a 71%. Por su parte el Colegio Técnico Profesional de Purral aumentó de 13% en 2016 a 45% en el 2017.
Las juntas educativas de los centros educativos recibieron asesorías en temas de uso eficiente de los recursos públicos. Foto por: TC-665.
A la fecha, se ha trabajado con un total de 320 estudiantes de secundaria. Se espera continuar con las capacitaciones y tutorías durante el próximo año.
Las Juntas Administrativas de dichos centros educativos también se han visto beneficiadas con las asesorías y capacitaciones que ha brindado el TC-665. Específicamente se han tratado temas sobre reglamento de Juntas, trabajo en equipo, estrategia, proyectos, presupuesto, contratación administrativa, vinculación con otros actores, rendición de cuentas y expresión oral y escrita. Han participado un total de 20 miembros de las juntas y 15 docentes y administrativos.
Para la coordinadora del TCU, Sirlen Rivera Solano, docente de la Escuela de Economía, la idea con el surgimiento del proyecto era “construir un TCU que integre diversas acciones para lograr una sociedad más equitativa y promoviera la igualdad de oportunidades, como lo ha venido impulsando la Universidad”.
El proyecto trabaja en forma interdisciplinaria, con docentes de otras escuelas y estudiantes de las carreras de Economía, Filología, Dirección de Empresas, Contaduría Pública, Enseñanza del Castellano y Enseñanza de la Matemática.
Leonardo Garita Alvarado
Asistente de comunicación Trabajo Comunal Universitario
Hace varios años atrás leyendo sobre el proceso eleccionario en un país de Suramérica destacaban las noticias que los electores decían que iban a ir votar para hacer uso de un derecho soberano, aunque no sabían por qué candidato hacerlo pues todos los aspirantes estaban cuestionados por acciones que afectaban un buen desempeño público. Y en ese momento pensé, ¡que tristeza, pobre pueblo donde han llegado, tener que enfrentar un proceso eleccionario en tales condiciones! Escudriñar en la oferta buscando cuál está menos cuestionado, cuál posiblemente haga menos daño, cuál hoja de vida está menos manchada, jugársela a ver cuál ofrece menos peligro.
Hoy, a escaso un mes para asistir a las urnas electorales para escoger nuevos gobernantes, los costarricenses nos encontramos ante esa misma situación. Una desazón invade a una buena mayoría de electores; no sabemos por quién ir a votar, no creemos en ninguno, sus hojas de vida (escondidas por testaferros) o sus acciones éticas (favorecidas por una moral permisiva) muestran a todos los grupos políticos, sin excepción, como equipos de provecho, deseosos de alcanzar el poder para satisfacer intereses personalistas, sin compromiso social, sin interés por el país. Esta es la percepción general, la que se comenta en todas las mesas familiares o de amigos.
Se supone que la elección de un grupo gobernante debe darse bajo la posibilidad de votar al mejor, al que va a transformar el país para bien, al que nos guiará por el camino del desarrollo social, del bienestar general; un equipo líder que trabaja con y para nosotros, que se muestra como modelo a seguir; personas probas, que muestran y exigen un respaldo moral sólido y un comportamiento ético ejemplar. Pero muchos de los que conforman los partidos y asistirán al poder presentan la otra cara, y algunos pocos soñadores de ojos abiertos que les acompañan no pesan en las decisiones del grupo.
Parece que la vía eleccionaria está agotada y en un país democrático y sin ejército, que requiere con urgencia de un movimiento revolucionario que ponga las cosas a derecho, la fuerza ya no radica en los grupos político-electorales, sino en un poder judicial que replantee la moral y exija el cumplimiento ético del actuar público; un equipo de jueces valientes y comprometidos que pongan freno a tanto malabarismo y mala praxis. Nuestro voto debe ser para restablecer el orden público, y no para escoger al menos malo.
Cuando abordo un avión espero al mejor piloto, nunca al mejor entre los malos; pero además me cuido de que el avión esté en buenas condiciones pues ambas situaciones definen el tener un viaje seguro y placentero, que es lo que busco. Y para mi país quiero un guía que nos brinde un ambiente que nos permita vivir en paz, de manera justa, en constante desarrollo. El primer domingo de febrero próximo salgamos a apoyar a un movimiento judicial líder y a repudiar a los grupos políticos que solo mentiras ofrecen. Nuestra consigna debe ser ¡BASTA YA!
*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com
Enviado por MSc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor comunicación, Rectoría UNA.
La U ofrece talleres, charlas y cursos gratuitos para niños, niñas, jóvenes y adultos en todo el país
Los campamentos para niños y niñas integran actividades recreativas donde los pequeños hacen actividad física y aprenden habilidades para la vida como el trabajo en equipo, la solidaridad y el compañerismo (foto de Laura Rodríguez). – foto Laura Rodríguez Rodríguez.
Este verano la Universidad de Costa Rica (UCR) le da la oportunidad de aprender, compartir y disfrutar en los Campamentos de Desarrollo Humano, que incluyen una amplia oferta de actividades recreativas, educativas y culturales para niños, niñas, jóvenes y adultos.
La matrícula extraordinaria está abierta durante esta semana (del 8 al 12 enero) en las diferentes sedes y recintos universitarios. La inscripción es totalmente gratuita y no se solicitan requisitos académicos.
Los campamentos se ofrecerán durante los meses de enero y febrero en todas las sedes y recintos de la UCR distribuidos en el territorio nacional: San José, Golfito, Liberia, Santa Cruz, Limón, Guápiles, San Ramón, Grecia, Puntarenas y Paraíso, así como en comunidades aledañas.
Usted podrá escoger entre una oferta variadísima de actividades en temáticas como tecnología, idiomas, artes plásticas, música, deportes, ambiente, conocimientos prácticos, juegos tradicionales, ciencia y movimiento humano, entre otras. Por ejemplo, en Golfito se impartirán talleres de pesca deportiva, dibujo urbano o inglés básico para niños y en San Ramón habrá robótica para niños, un curso básico de conceptos de aviación y uno de contabilidad, en el Caribe habrá un taller de historia de Limón y uno de teatro.
El objetivo es que personas de todas las edades y de las diferentes comunidades tengan acceso a las aulas, laboratorios e instalaciones de la Universidad de Costa Rica y puedan disfrutar de un espacio de sana convivencia donde se promueven los valores de la vida activa, la colaboración, la amistad y el aprendizaje a lo largo de la vida. Se espera la participación de 7.000 personas de todo el país, incluyendo comunidades indígenas de Chirripó, Térraba y Salitre.
Los Campamentos de Desarrollo Humano: hacia el acceso universal son una iniciativa que surgió en el Recinto de Grecia en el 2011 y que desde el año 2017 se extendió hacia todas las sedes y recintos universitarios como parte de una política de acceso universal a la educación que promueve la Universidad a traves de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS).
En total se ofrecen 385 actividades que son gestionadas por docentes, estudiantes o administrativos de la UCR, también hay actividades que realizarán organizaciones y colectivos como por ejemplo Recrearte, Fundación Keme, Fundación Ser y Crecer entre otras, asimismo se trabaja en vinculación con municipalidades como la Municipalidad de Curridabat, Alajuelita, Cartago y Montes de Oca, detalló Claudia Castro de la Vicerrectoría de Acción Social.
Explore la oferta de cursos y actividades disponibles en su comunidad en el siguiente enlace: https://accionsocial.ucr.ac.cr/campamentos o acuda directamente a la sede o recinto más cercano para realizar la matrícula.
Fechas de matrícula extraordinaria y contacto
–Sede del Atlántico (Turrialba, La Suiza, Santa Cruz)
Matrícula del 10 al 12 de enero.
Tel: 2511-9250
–Recinto de Paraíso (Cartago, Quebradilla y Oreamuno)
Tel: 8865-8561/ 2575-4000
–Sede de Guanacaste (Liberia)
Matrícula del 8 al 9 de enero
Tel: 2511-9542
–Sede del Caribe (Limón)
Matrícula del 9 al 11 de enero
Tel: 2511-7307 (8:00 am a 12:00 md)
–Recinto de Guápiles (Toro Amarillo, Los Diamantes, La Rita)
Matrícula del 10 al 12 de enero
Tel: 2511-7607
–Sede de Occidente (San Ramón)
Matrícula 10 al 12 de enero
Tel: 2511-7108 y 2511-7018
–Recinto de Grecia (Tacares, San Vicente)
Matrícula del 10 al 12 de enero
Tel: 7019-3282
–Sede del Pacífico (Puntarenas)
Matrícula del 8 al 22 de enero
Tel: 2511 -7433
–Recinto de Golfito
Matrícula del 10 al 12 de enero
Tel: 2511-7714
–Sede Rodrigo Facio (San Pedro, Alajuelita, Curridabat centro, Granadilla y Tirrases)
