En un video difundido en página de Facebook de Bloque Verde, que invita a manifestarnos a favor de la protección del humedal Terraba Sierpe, la escritora y ecologista Ana Cristina Rossi, manifiesta que “en el Pacífico Sur de Costa Rica se encuentra el humedal más grande de Centroamérica, el Humedal Térraba Sierpe, En estos tiempos inciertos de cambio climático los humedales son armas maravillosas para defendernos y para luchar.
Sin embargo, este humedal está siendo amenazado por 500 hectáreas de expansión piñera que lo van a afectar directamente, y estas hectáreas han sido aprobadas sin estudio de impacto ambiental.
Debemos manifestarnos este 5 de junio, Día del Ambiente, para proteger este maravilloso humedal que representa en estos momentos nuestra esperanza de vida.
El 5 de junio a las 12 m.d. en el Parque Nacional para ir a decirle al Presidente, al país a la SETENA, que nuestros humedales son vida, no muerte, que no queremos píña, que queremos agricultura para los costarricenses”.
La Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UNA desarrolla el Plan Integral para la Atención de Estudiantes en Condición de Maternidad-Paternidad, con el objetivo de apoyar y acompañar el proceso formativo y la responsabilidad como padres y madres de esta población
A partir del II ciclo de 2017, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil pone a disposición una acción afirmativa, que garantiza matrícula prioritaria para la población en condición de maternidad o paternidad.
La iniciativa –según informó Ana María Hernández, vicerrectora de Vida Estudiantil- permite a estos estudiantes matricular sus cursos el primer día y a primera hora, con lo que se les ofrece la posibilidad de escoger el horario más compatible con su responsabilidad de crianza y cuido de su hijo o hija.
Para optar por esta matrícula anticipada, el estudiante madre o padre debe estar a cargo del cuido y crianza de su niño o niña, quien no debe superar los 5 años de edad.
La información suministrada por los universitarios será verificada y los resultados se publicarán en la página web de la VVE el 6 de junio.
Para obtener mayores detalles, se puede consultar la página web de la Vicerrectoría o comunicarse con Diego Rojas a la Dirección Superior de la Vicerrectoría, mediante el correo dro@una.cr o de los teléfonos 2562-6430 y 2277-3121.
La matrícula prioritaria forma parte de las acciones emprendidas por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, a través del Plan Integral para la Atención de Estudiantes en Condición de Maternidad-Paternidad, cuyo objetivo es apoyar y acompañar el proceso formativo y la responsabilidad como padres y madres de esta población.
El Plan arrancó con la inauguración de la primera sala de lactancia con abordaje integral de la salud, en el campus Omar Dengo, en agosto pasado, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Ubicada en el edificio Registro-Financiero, contiguo al megalaboratorio de cómputo, la sala de lactancia representa un apoyo para las madres que amamantan a sus bebés, de manera que la lactancia –de gran importancia para el desarrollo cognitivo y afectivo- no se convierta en un impedimento para asistir a lecciones y continuar con sus estudios universitarios.
También en agosto pasado, se informó a estudiantes padres y madres sobre la implementación de un plan piloto que les permitiría contar con espacios enCentros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) para sus hijos e hijas, en el marco de una alianza estratégica entre la UNA y esos Centros.
Asimismo, el Plan Integral para la Atención de Estudiantes en Condición de Maternidad-Paternidad contempla ayudas económicas para estos jóvenes.
***Mayores detalles con Ana María Hernández, vicerrectora de Vida Estudiantil 8841-4436, con Diego Rojas, Dirección Superior de la Vicerrectoría 2562-6430 / 2277-3121 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
En días recientes se pudo leer en España que los familiares de Timoteo Mendieta Alcalá, un lider sindical fusilado en 1939 por las fuerzas franquistas, han procedido a una nueva exhumación en una fosa común situada en Guadalajara (Castilla-La-Mancha, España): ello en aras de recuperar los restos mortuarios de esta víctima del franquismo. Se lee en esta nota de prensa de El Pais (España) del pasado 10 de mayo del 2017 que:
«El equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha encontrado este miércoles un cráneo en la fosa común del cementerio de Guadalajara donde busca, desde el martes, los restos de Timoteo Mendieta, carnicero y presidente de UGT en su pueblo, Sacedón, que fue fusilado el 15 de noviembre de 1939. Su hija Ascensión, de 91 años, lleva toda la vida buscándolo para darle una digna sepultura».
El integrante de la ARMH a cargo de los trabajos, René Pacheco, precisa en esta otra nota de prensa la principal razón por la que no se logró encontrar la osamenta de Timoteo Mendieta con ocasión del primer intento: «En esta exhumación observamos lo mismo que en la primera, que estaba muy bien documentada, pero luego comprobamos que los cuerpos se han arrojado de forma aleatoria y no corresponde a lo recogido en la documentación», ha afirmado René Pacheco quien, no obstante, espera que esta vez sí sea posible encontrar los restos de Timoteo Mendieta».
Un primer intento realizado en el 2016
En enero del 2016, equipos forenses españoles habían procedido a la excavación de esta fosa común en España en busca de los restos mortales de Timoteo Mendieta. Cuando en el año 1939 fue fusilado, aduciendo las fuerzas franquistas «auxilio a la rebelión», su hija Ascensión Mendieta Ibarra tenía 13 años. Ante los obstáculos de la justicia española para acceder a los restos mortales de esta víctima de la guerra civil española enterrada en una fosa común con otros 22 cuerpos, Doña Ascensión decidió acudir a la justicia argentina.
La exhumación de la fosa común de Guadalajara inició el 30 de enero del 2016, con un emotivo acto muy concurrido al iniciar los trabajos (véase video); estos se mantuvieron por varias semanas. En los últimos días del año 2016, se informó que el análisis ADN de los huesos extraídos correspondientes a 11 de los cuerpos, realizado en Argentina, confirmó que ninguno de ellos pertenecía a Timoteo Mendieta (véase nota de CadenaSER del 30/12/2016). Nótese que los análisis de laboratorio para identificar los restos mortales se efectuaron en Argentina.
El hermetismo del Estado español ante el clamor de las víctimas del franquismo
Es gracias a la inclaudicable perseverancia de los familiares de Timoteo Mendieta, quienes interpusieron una demanda en Argentina en el 2010, que la jueza argentina María Servini de Cubría logró obtener de las autoridades de España, en aplicación del principio de jurisdicción universal, que sea exhumada una fosa común ubicada en Guadalajara. Se estima a unos 150.000 los desaparecidos durante la guerra civil española.
En este Boletín de Medicina Legal y Forense de Galicia (2012) se ofrecen diversos estudios sobre la labor realizada por expertos y colectivos en España a solicitud directa de familiares de víctimas del franquismo ante el mutismo de la justicia (véase texto). La nota introductoria de este documento concluye con un vehemente llamado a la clase política española:
«…deseo hacer desde estas páginas un llamamiento a nuestros nuevos representantes políticos. Apelo a su sentido humanitario para que sigan apoyando a todos los ciudadanos de nuestro pais que quieren saber donde están sus familiares desaparecidos en un conflicto que nunca tuvo que haber ocurrido».
Foto extraída de artículo de prensa titulado: «La nieta de Ascensión cuenta la lucha de su abuela: «Tal vez su luto sea de esos que conviven en los confines de la eternidad».
La justicia argentina al servicio de las víctimas españolas
Timoteo Mendieta se convierte en la primera víctima del franquismo en ser objeto de una orden de exhumación que emane de la justicia … de Argentina. No existe nada similar originado en España desde un juzgado español en materia de exhumación de víctimas del franquismo.
¿Cómo puede explicarse que la exhumación de una persona fusilada en 1939 en España (y cuyos restos mortales yacen con otros en una fosa ubicada en territorio español) deba ser tramitada por sus familiares españoles ante un juzgado ubicado en Buenos Aires? ¿Cómo explicar que procesos similares hayan tenido lugar en América Latina después de oscuros años vividos en el Cono Sur y en América Central en los años 80, permitiendo a familiares de desaparecidos acudir a su sistema judicial para exigir el respeto a la memoria de sus abuelos o padres, víctimas de la violencia política?
¿Cómo entender que mientras que en América Latina es el mismo Estado (a veces obligado por una sentencia judicial) el que concurre con sus recursos a permitir que familiares puedan cerrar un doloroso proceso de duelo, en España las familias y las asociaciones deben sufragar ellas mismas los costos que conlleva su búsqueda?
Las respuestas a estas y a muchas otras preguntas se encuentran revisando el largo camino recorrido por los familiares de Timoteo Mendieta. Muchas de estas respuestas exhiben la incómoda situación de España con respecto a los avances logrados en América Latina y en diversos foros internacionales en materia de derecho a la verdad y derecho al duelo (ambos consagrados en sentencias de jueces nacionales y por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos).
La unión de dos excepciones: España y el derecho a la verdad – Argentina y la impunidad
El derecho a la verdad constituye un tema que ha cobrado particular atención en diversos órganos de Naciones Unidas en la última década, y sería de sumo interés conocer la posición de los delegados de España en sus intervenciones cuando el foro al que participan delibera sobre sus alcances.
Entre muchos textos de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, activamente promovido por Estados de América Latina, podemos citar la resolución 2005/66 adoptada, a iniciativa de Argentina, por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2005, la cual «reconoce la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos». En el 2010, a iniciativa de El Salvador, la resolución A/RES/65/196 de la Asamblea General de Naciones Unidas «Proclama el 24 de marzo Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas» (véase texto). En el 2013, la misma Asamblea aprobó la resolución 68/165 (véase texto) sobre este preciso derecho.
En un ámbito como el del hemisferio americano (al que España participa en su calidad de Estado observador), se puede mencionar la resolución AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07) adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2007, la cual insta a todos los Estados del hemisferio americano:
«a tomar medidas pertinentes para establecer mecanismos o instituciones que divulguen la información sobre violaciones de los derechos humanos, y aseguren el acceso adecuado de los ciudadanos a esta información, con el fin de promover el ejercicio del derecho a la verdad».
Un detallado informe presentado en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad (véase texto completo) señala que pese a notables avances en la región, varios desafíos aún persisten en el hemisferio en materia de justicia transicional, en aras de vencer la resistencia de algunos sectores políticos, de los aparatos militares y de varios sistemas judiciales.
En un artículo sobre su experiencia en España como voluntaria con las víctimas del franquismo (publicado en el 2012), la antropóloga forense costarricense Roxana Ferllini Timms explica que:
«España constituye una excepción dentro del proceso de transición de justicia, ya que el paso a la democratización no buscó conciliar la violencia y abusos de los derechos humanos que ocurrieron durante la Guerra Civil y el régimen Franquista. La transición en 1977 creó el pacto del olvido, el cual fundamentalmente dio cabida al silencio, neutralizando toda temática concerniente a ese pasado, incluyendo la exclusión de dichos temas en cursos de historia española» (véase artículo, página 78).
En una entrevista en el 2013, el juez español Baltasar Garzón había declarado:
«Me da mucha pena que tenga que ser en Argentina donde se investiguen estos crímenes porque España en su día paralizó el proceso, cuando me suspendió y con el auto posterior del Tribunal Supremo que cerraba todas las vías para las víctimas».
No es casualidad si los familiares de Timoteo Mendieta debieron viajar para presentarse ante un juzgado situado en Buenos Aires. Argentina, desde hace muchos años, lidera la lucha contra el olvido y la impunidad en América Latina: los jueces argentinos han logrado avances que sus hómologos latinoamericanos conocen y observan sin poder replicarlos. En el 2016, con relación a una histórica sentencia condenando por vez primera a los responsables del denominado «Plan Cóndor», cuya lectura fue transmitida en directo por varias embajadas argentinas en América Latina, habíamos tenido la oportunidad de señalar que la justicia de Argentina se sitúa a la vanguardia en la región: «esta decisión leída el pasado 27 de mayo representa un sustantivo avance en la lucha contra la impunidad por crímenes del pasado en América Latina. Una lucha en la que pareciera que la justicia argentina cuenta con herramientas legales mucho más efectivas y con jueces mucho más determinados que las de otros Estados afectados por esta misma operación regional» (véase nuestra breve nota publicada por el OPALC).
María Lourdes Platero».
La orden judicial expedida por una jueza en Buenos Aires para excavar una fosa común en España
La solicitud hecha en el 2014 por la jueza desde Argentina precisaba (ver nota) a sus homólogos españoles que:
«Líbrese exhorto diplomático al Titular del Juzgado Territorial, que por razones de turno corresponda, con jurisdicción en Guadalajara (…) a fin de solicitarle arbitre los medios necesarios para que en presencia de quien suscribe se proceda a la exhumación del cuerpo sin vida que se encontraría inhumado en la fosa n° 2, ubicada en el patio n° 4 del cementerio de Guadalajara, ocupando el penúltimo lugar, comenzando de arriba hacia abajo, o segundo lugar de abajo hacia arriba, de diecisiete cuerpos que se hallarían apilados en forma vertical».
Se lee en este sitio sobre la memoria histórica en Guadalajara que el ayuntamiento respondió al juez español que:
«El informe, fechado el 27 de junio de 2014 y remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Guadalajara, explica que la fosa en la que fue enterrado Timoteo es una fosa común cuyo primer enterramiento data del 16 de noviembre de 1939 y el último el 9 de septiembre del mismo año. En la fosa se enterraron, según consta en el informe, 22 o 23 personas ejecutadas por el Juzgado Especial de Ejecuciones, según los distintos registros».
El documento del ayuntamiento de Guadalajara y sus anexos está disponible en esta nota, con relación a una primera respuesta negativa de la justicia española en febrero del 2015, aduciendo incertidumbre sobre la localización exacta del cuerpo para proceder a una exhumación.
El sufrimiento y el dolor ante la coraza institucionalizada del Estado español
El malestar de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas con España es evidente ante una ley de amnistía de 1977 siempre vigente. En el 2015, el Comité de Derechos Humanos reiteró nuevamente:
«… su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe también velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas. El Estado parte debe revisar su legislación relativa a la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas y, a este respecto, se lo alienta a implementar las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada en sus recientes observaciones finales (CED/C/ESP/CO/1, párr. 32). Asimismo, el Estado parte debe establecer un marco jurídico nacional en materia de archivos y permitir la apertura de los archivos sobre la base de criterios claros y públicos, de acuerdo con los derechos garantizados por el Pacto» (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el sexto informe periódico de España, documento CCPR/C/ESP/CO/6 de agosto del 2015, disponible en la red, punto 21).
El malestar de gran parte de la sociedad española con respecto a la falta de respuestas a sus legítimos reclamos por parte del Estado español es profundo. En esta nota de prensa se lee, con referencia a la hija de Timoteo Mendieta, Asunción Mendieta Ibarra, que:
«En 2013 se echó a la espalda sus 88 años y viajó hasta Buenos Aires para declarar voluntariamente ante la jueza Servini. «En España no ha habido justicia para las víctimas ni solidaridad, lo ha impedido la tan cacareada ley de amnistía, que en realidad a quien amnistió fue a los personajes que participaron en las atrocidades que se cometieron contra los ciudadanos de este país», se queja María Ascensión Vargas, y añade que las víctimas de la dictadura no tienen «un estatuto jurídico como sí otras víctimas, por ejemplo las del terrorismo, que me alegro mucho por ellas, pero hemos viajado muy solitos».
La determinación de los familiares de las víctimas del franquismo es compartida con las nuevas generaciones y, contrario a la percepción errónea de algunos círculos políticos españoles, se va fortaleciendo conforme avanza el tiempo. Como bien lo expresa una de las nietas de Doña Ascensión, la periodista Aitana Vargas, en este reportaje publicado en el 2015 y titulado «La nieta de Ascensión cuenta la lucha de su abuela: «Tal vez su luto sea de esos que conviven en los confines de la eternidad»:
«Creo que tal vez el luto de mi abuela sea de esos que conviven en los confines de la eternidad. No hay consuelo para una anciana cuyo padre fue acribillado a balazos cuando era una niña, acribillado a sangre fría como a miles de españoles que compartieron la misma desgracia. A quienes apretaron el gatillo no les tembló el pulso, ni les falló la puntería. Sistemáticamente mataron, asesinaron, torturaron, arrebataron niños de los brazos de sus padres. No hay consuelo ni para ella, ni para los familiares de quienes compartieron semejante destino. Porque no olvidemos que la causa de mi abuela es la causa de cientos de miles de españoles. Y esa causa, en una España democrática, no se puede olvidar ni sepultar bajo toneladas de tierra, piedra, escombros y presiones políticas – jamás».
En este artículo de Página12 (Argentina) sobre el caso de la familia Mendieta, las lágrimas que brotaron en los ojos de Doña Ascensión, al momento de ser informada del tan anhelado “sí” de la justicia española para poder finalmente proceder a la exhumación de los restos de su padre, ilustran el dolor lancinante de muchas familias en España:
“–¿Por qué llorás? –preguntó la abogada argentina.
–Lloro porque pienso en él; toda la vida bajo tierra –respondió.
En opinión de la letrada, esa expresión revela el sufrimiento del familiar de un desaparecido, al que no ha visto morir ni sabe dónde está.
“Para el familiar, el desaparecido no está muerto hasta que ve sus restos”.
Doña Ascensión: una inclaudicable voluntad que exhibe a España ante el mundo
La tenacidad de Doña Ascensión viene ahora a interpelar ante los ojos de España y del mundo el sistema judicial español y ponerlo a prueba. El hermetismo de las autoridades centrales españolas y del sistema judicial han sido tales que desde las comunidades autónomas, se han gestado valiosas iniciativas. Por ejemplo, lo que se ha calificado como el «insultante menosprecio del Estado» recientemente dio lugar a una iniciativa en Cataluña (véase nota de prensa de enero del 2017), mientras que desde el 2015, se cuenta en el País Vasco con un «Plan Vasco 2015-20 de investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil» (véase documento). Hace pocas semanas entró en vigor la «Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía» (véase texto de la Ley 2/2017).
Conclusión
Esta reivindicación colectiva se ha convertido en una verdadera onda expansiva. Encuentra su origen en muchas familias cuyos hijos o nietos han decidido romper con silencios de antaño y miradas evasivas, encontrando el apoyo de activas asociaciones de familiares de víctimas. En este contexto, la exhumación de Timoteo Mendieta puede convertirse en un emblemático precedente para muchas víctimas de la guerra civil española y para sus familiares, y contribuir a relanzar el debate en el seno de la sociedad española sobre la pesada deuda que mantiene consigo misma.
Lista de personas enterradas en la fosa común de Guadalajara, según registros de la ARMH, publicada en esta nota de CadenaSer.
Nota: Para un análisis, desde la perspectiva del derecho internacional, de las diversas obligaciones que incumple el Estado español al no facilitar en lo más mínimo la labor de los familiares de las víctimas del franquismo y al mantener su sistema judicial hermético ante los constantes reclamos de las víctimas, remitimos al lector a un breve análisis escrito con ocasión de la primera exhumación realizada a inicios del 2016 por los familiares de Timoteo Mendieta. El mismo fue publicado en la Revista Los ojos de Hipatia (Valencia, España) y titulado: «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina», enero del 2016, texto disponible aquí.
Agradecemos a los editores de esta revista valenciana por haber aceptado incluir fotografías, mapas e hipervínculos que permiten apreciar el alcance de la labor realizada por Doña Ascención, sus hijos y sus nietos, así como por la ARMH. Una versión ampliada del texto, con algunas referencias bibliográficas adicionales, fue también publicada en España en el sitio jurídico ElJurista (marzo del 2016), disponible aquí.
La presente nota fue publicada en los sitios jurídicos de Ius360 (Perú) el 23/05/2017 y de Debate Global (Colombia) el 26/05/2017. Una versión más reducida fue publicada en distintos medios digitales de Costa Rica (Elpais.cr, Informa-tico) y Ecuador (Alainet).
La mezcla tóxica de negociar impuestos a cambio de empleo público nada bueno augura
Comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
La necesidad del actual Gobierno de la República para tener ingresos frescos en las arcas públicas, vinculando iniciativas de ley en materia de impuestos con reformas salariales en el empleo público nada bueno augura, ni dentro ni fuera del parlamento, pues se trata de una mezcla tóxica generadora de un gran estrés sociopolítico de potencial confrontacional, al menos en algunos casos. Veamos, seguidamente, cuáles son las “nuevas” iniciativas que impulsará el Gobierno en este período electoral ya en desarrollo a fin de obtener aprobación a su peculiar paquete de impuestos.
Si bien es cierto el detestado Expediente Legislativo No. 19.506 está en una especie de coma político inducido, otras iniciativas conexas que el Gobierno del Presidente Solís Rivera piensa impulsar en los próximos días, nos obligan a la más estricta vigilancia y alertas sindicales.
Desde la perspectiva de la ANEP iniciativas de ley como ponerle límite a las remuneraciones totales en la función pública para que ningún salario supere los 5.3 o los 5.5 millones de colones mensuales, son necesarias y contarían con gran respaldo popular.
Eso sí, sin excepciones de ningún tipo como esa de que hay que excluir los salariazos de aquellas entidades en “regímenes en competencia”; o que pretenda dejar por fuera sistemas salariales con nombres y apellidos propios los cuales, como en el caso de la salud pública costarricense, hace que existan abusivos salarios que ni los países nórdicos con sus avanzados sistemas de Seguridad Social pagan.
Así las cosas, los expedientes legislativos números 19.156, presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); o el 19.883, promovido por el Frente Amplio, merecen ser vistos con seria responsabilidad sindical sin rechazos dogmáticos ad portas.
En este tipo de regulación deberían comprenderse los casos salariales del propio Presidente de la República, de los ministros y de los viceministros de Estado.
Por su parte, un expediente de cuidado para la clase trabajadora asalariada del sector público en sus niveles medio y bajo (salarialmente hablando), es el que promueve directamente el presente Gobierno, vía Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Expediente Legislativo No. 19.787.
Las anualidades solamente se reconocerán en aquellos casos de calificaciones de muy bueno y de excelente. En ANEP pensamos que la promoción de la excelencia en la prestación de los servicios públicos merece el más fuerte apoyo de todas las organizaciones sindicales y gremiales responsables, con visión-país y que no estén raptadas por un corporativismo gremial abusivo y miope.
Sin embargo, debe analizarse con gran cuidado y sigilo la metodología de la evaluación del desempeño para descontaminarla de ingredientes subjetivos (“sacaclavos”), de la politiquería y de incluso pedidos de favores sexuales no otorgados.
Bien es sabido que en no pocos casos el poder de los mandos medios se impone y darles una especie de cheque en blanco para manejar, a su antojo, parámetros de evaluación de calificaciones de muy bueno y de excelente sin la debida posibilidad de defensa del servidor en escrutinio, puede ser muy peligroso y hasta potenciar un eventual despido.
Esta iniciativa de Mideplan, Expediente Legislativo No. 19.787, será sometida por parte de la ANEP al más fuerte y minucioso escrutinio.
Como suele suceder con los proyectos de empleo público generados desde el extremismo político ubicado a la derecha del poder del capital, la iniciativa “libertaria” (Expediente Legislativo No. 20.224), para que solamente reciba reconocimiento por anualidad una quinta parte de la clase trabajadora del sector Público, “huele a lirio” no más de entrada. No nos merece mayor esfuerzo en comentarla.
Por otra parte, el nuevo intento de la distinguida señora diputada doña Sandra Pizsk Feinzilber en materia de empleo público y para ver cómo algo de esto queda con su sello personal, nos plantea la iniciativa legislativa No. 20.349, “ley reguladora del pago por restricción” que no variaría el reconocimiento de un 55 % para licenciados y de un 20 % para bachilleres en materia de dedicación exclusiva; y, en cuanto a prohibición, ésta no puede dársele a quienes no sean licenciados, manteniendo el actual 65 % para quienes sí lo son y un 30 % para bachilleres. Lo novedoso sería imponer un sobresueldo de 30 % por concepto de dedicación exclusiva solamente para profesores universitarios.
La nueva iniciativa de la diputada Piszk Feinzilber pareciera inocua si la comparamos con la detestada 19.506; sin embargo, ésta nueva, la 20.349, merece la más incisiva auscultación para buscar en qué artículo, frase, procedimiento y/o lugar está la trampa a fin de que esos pluses, dedicación exclusiva y prohibición, los reciba el menor número posible; o, si hay en ella otras cosas que de manera endodérmicamente semántica tienen dobles propósitos políticos como ocurrió cuando desenmascaramos los verdaderos contenidos del Expediente Legislativo. 19.506.
Luego de tantos y tantos días, semanas y meses de confrontar, hasta derrotarla completamente, la perversa tesis neoliberal de que el déficit fiscal se debe a los salarios de los empleados públicos, tenemos que recalcar que es una mezcla tóxica vincular empleo público e impuestos, por más “light” que parezcan en la superficie iniciativas legislativas para regular algo del empleo público.
Las transformaciones tributarias estructurales urgentes que ocupa la sociedad costarricense de hoy en nada tienen que ver con cambios en el sistema de salarios del sector público, a no ser los que se ocupan para parar los excesos que vienen ocurriendo en ciertas partes de la más alta estructura político-gerencial de la máxima cúpula estatal del país en todas sus modalidades.
ANEP procederá con debida urgencia y responsabilidad al análisis puntual de estas iniciativas que sobre empleo público anuncia el Gobierno querer negociar con los diferentes partidos (y fracciones de éstos), en los próximos días para ver si consigue apoyo su peculiar propuesta de paquete de impuestos.
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
En Costa Rica hay 8 pueblos indígenas, divididos en 24 territorios indígenas.
Costa Rica aprobó el convenio 169 de la OIT, 1992 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
En marzo 2016 la Presidencia de la República publica la Directriz sobre Consulta a los Pueblos Indígenas.
Posterior a la Directriz se realizan algunos talleres de inducción en algunos territorios, sobre el mecanismo de consulta, en otros territorios no se realizaron y otros con poca participación.
La OIT y la declaración de Naciones Unidas se refieren a una consulta a los indígenas de buena fe, libre, previo e informado, donde el Estado debe dotar de recursos a los pueblos para construir sus prioridades. En dicho proceso no puede existir asimetría de poder Estado-Comunidad Indígena, mediante su organización representativa tradicional. Reafirma que el mecanismo lo construye las comunidades con el tiempo y recursos que requieran.
Actualmente los territorios indígenas que aún mantienen sus estructuras tradicionales son Gnöbe (Pacifico Sur), Kabekar (Caribe) y Bribri (Talamanca), además de sus representantes legales.
En abril del 2017 el Estado transfiere a los territorios indígenas una propuesta del Mecanismo de Consulta y un borrador decretó que dictaminaría el mecanismo al nivel ejecutivo.
La asamblea nacional se llevó a cabo con el objetivo de ratificar la propuesta del decreto borrador y propuesta de mecanismo.
Consideraciones:
Actualmente existe una agudización de la violencia en algunos territorios por las tierras indígenas, regulado desde 1939 Ley de Tierras Baldías, Ley Indígena 6172, Convenio 169, Declaración de Naciones Unidas.
No se ha socializado ampliamente las propuestas del decreto y la propuesta de mecanismo de consulta dado por el Gobierno de la República.
El Gobierno debe respetar la Agenda Indígena, el tiempo de los pueblos.
El Gobierno está obligado a cumplir con las medidas cautelares dadas por la Corte Interamericana de Derechos de ordenar las tierras indígenas para proceder con la construcción del Mecanismo de Consulta.
Acuerdos con representantes de territorios indígenas CR:
No aprobar la propuesta de decreto tal como lo ha planteado el Gobierno, sin antes refrendar la propuesta con las comunidades, que se realizará en el transcurso del próximo semestre.
Se realizaron aportes y acuerdos importantes tales como: crear un Registro Indígena para garantizar la participación de indígenas en los procesos de consulta; definir etapas de consulta. El mecanismo que está construyendo es de aplicación general y se construirá una propuesta de consulta por cada territorio, entre otros, que garantice los derechos democráticos y derechos humanos.
Crear un mecanismo nacional que regule la Consulta Indígena que será adecuado a cada territorio indígena de acuerdo con su idioma, geografía, representación, espiritualidad y estructura tradicional; este último será construido con las comunidades indígenas de cada territorio.
El Estado debe garantizar el recurso y transparencia en el proceso de consulta.
No se aceptó la creación de una oficina centralizada sino un Consejo de Consulta en cada territorio, conformado en procesos participativos y consensuados en los territorios.
Se espera que para el 2020 entre en operación el CVA Región Sur, tras el aporte de ¢1.500 millones del CNP para la construcción, la donación del terreno por la Municipalidad de Coto Brus y el equipamiento por parte de Judesur
Johnny Núñez Zúñiga,
Periodista-UNA.
Obtener un valor agregado de los cultivos agrícolas, de manera que el productor local no tenga que depender de un solo cultivo que comercializar en los mercados es el fin que persigue la creación de los Centros Regionales de Promoción de Valor Agregado Agropecuario (CVA). De momento se espera contar con un centro en la Región Huétar y en la Zona Sur del país.
Dicha iniciativa la coordina el Consejo Nacional de Producción (CNP), con el acompañamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Nacional (UNA), entre otras instancias vinculadas al sector.
Ronnie Rodríguez, académico del TEC explicó que la planta busca convertirse en un medio para agregar valor a la producción; es decir, poco a poco dejar de lado la producción tradicional y aventurarse al procesamiento de nuevos productos. «Por ejemplo, en el caso del café, en lugar de ser comprado por el beneficio, se podrían procesar confites, mieles y galletas de café, entre otros».
Recalcó que este CVA se basará en los pilares de mejoramiento de los proveedores institucionales existentes, se dará acompañamiento para generar un fondo de incentivos, en donde se puedan acceder a créditos y la planta de valor agregado. En estos momentos el CNP tiene un listado de 14 productores de la zona Sur inscritos en el Programa de Abastecimiento Institucional (PIA). A ellos se unirán pequeños productores, cooperativas, asociaciones y grupos de mujeres.
Acompañamiento y asesoría
Agregó que el centro acompañará al agricultor vigilando y valorando sus cultivos, las diversas opciones productivas, así como la elaboración de prototipos o muestras de productos y probarlos en el mercado, para conocer la preferencia de los consumidores.
El investigador enfatizó que no es precisamente emprendedurismo ya que: «la planta busca fortalecer a los productores existentes, porque ya producen y generan poco valor. Además, es más fácil para ellos y más barato para el CVA ayudar al productor activo. Un emprendedor resultaría más caro y un proceso más lento», subrayó Rodríguez.
Aseveró que este concepto nació en la zona norte, antes conocida como zona económica exclusiva especial, luego de que un grupo asesor visitara la región de Jalisco en México, en donde conocieron la experiencia del CVA de ese estado.
Rodríguez destacó que en la zona sur el CNP adquirió ¢1.500 millones para construir el edificio, el cual se levantará en un terreno de dos hectáreas en Agua Buena, donado por la municipalidad de Coto Brus. Una vez realizada esta etapa se solicitará a Judesur un proyecto que financie el equipamiento para que, a mediados del 2020, la planta entre en operación.
Al respecto Ignacio Campos, director del Campus Coto de la UNA, comentó que esta iniciativa es de vital importancia, ya que las realidades que se viven son complicadas, como el escaso índice de desarrollo social y difícil acceso a los créditos. De ahí que las universidades deberían enfocarse en la venta de servicios, capacitación e investigación.
*** Mayor Información con: Ignacio Campos, Dir- UNA, Campus Coto. (8883-5853) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (8706-1968).
La Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, y el Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte CEMOAN.ORG invitan este próximo 31 de mayo y 1 de junio en la biblioteca Joaquín García Monge de la UNA de 9 a.m. a 4 p.m. al curso corto “La Mujer en el Islam, del Corán y Hadiz a los Debates Contemporáneos”, impartido por Sergio Moya, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de esta universidad.
Adenás habrá exposición fotográfica y de libros donados por el Centro Cultural Sahar; el documental “Veiled Voices” y el comenatrio de la Dra. Laura Fuentes Belgrave, docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional.
Jóvenes serán únicas representantes de América Latina en final de concurso en EE. UU.
David Quirós León,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Las jóvenes Stephanie Araya, Ana Ligia Vargas, Tatiana Fuentes y Mariana Wilson (de izq. a der.) son finalistas de un concurso en Estados Unidos por su premezcla Güimí (foto: Karla Richmond).
Güiní es un producto innovador y social que aprovecha los residuos de la industria del aceite de maní para combatir la desnutrición en Nicaragua, y sus inventoras, –cuatro estudiantes de la carrera Ingeniería de Alimentos–, están en la final del concurso estadounidense Developing Solutions for Developing Countries, donde son la única representación de América Latina.
Las jóvenes Ana Ligia Vargas, Stephanie Araya, Tatiana Fuentes y Mariana Wilson, estudiantes de quinto año de la Escuela de Tecnología de Alimentos, defenderán su producto el próximo 27 de junio en Las Vegas contra otras cinco propuestas de Estados Unidos, Indonesia y Holanda.
“La actividad se da en un congreso internacional de Ciencias de Alimentos donde van a ir científicos invitados que no podríamos conocer de otra manera, se va a hablar sobre tecnologías que no han llegado al país, habrá cientos de puestos de empresas… Es muy emocionante para nosotras”, comentó la estudiante Ana Ligia Vargas.
“Tener la oportunidad de presentar en el congreso para nosotras es un gran honor, decirle a la gente nuestro proyecto y defendernos también en inglés. Es una experiencia personal y para la vida profesional”, continuó.
Las jóvenes son asesoradas por la docente Dra. Jessie Usaga Barrientos, quien ya ha guiado a otros grupos en la misma competición. De hecho, Usaga dirige la tesis de otra estudiante que competirá individualmente en Las Vegas en la categoría Undergraduate Research Competition por su tesis de licenciatura.
El nombre del producto, Güiní, es una mezcla de un plato tradicional nicaragüense, güirilas, y el maní (foto: Karla Richmond).
¿Qué hace especial a Güiní?
Se trata de una premezcla en polvo que se puede utilizar para hacer galletas, atol, pinolillo o güirilas, un plato tradicional nicaragüense similar a las chorreadas. El nombre de Güiní viene de «güirilas» una receta a base de maiz y a la cual se le suma maní como innovación.
Sus ingredientes incluyen maíz amarillo y harina de ayote, pero la peculiaridad es que integra subproductos de la industria del aceite de maní en Nicaragua. Estos son las cascarillas rojas y la torta, el residuo sólido que resulta tras extraerle el líquido al maní a altas temperaturas y presión.
El resultado es un producto alto en proteína, vitamina A, hierro, calcio, fibra y antioxidantes. “La ventaja es que la torta del maní tiene muchísima proteína y ahorita en Nicaragua se vende para ganado o incluso la cantidad es tal que tienen que pagar para desecharla”, sintetizó la estudiante Ana Ligia Vargas.
“Es una forma de tener proteína de bajo costo”, puntualizó.
Las cascarillas rojas del maní se incorporan a la premezcla una vez pulverizadas (foto: Karla Richmond).
¿Por qué Nicaragua?
Así, las jóvenes pensaron todo el producto para la población nicaragüense.
“El concurso iba dirigido a países en vías de desarrollo y a generar una solución para ellos. Nicaragua no solo cumplía con el requisito de tener las materias primas (del maní), sino que es el país centroamericano con mayor nivel de desnutrición con un 16,6% y 9800 niños están en este estado”, comentó la estudiante Stephanie Araya.
Este país vecino exportó aceite de maní por un valor de $22 millones en 2016 y tan solo una empresa produce por día 190 toneladas de subproductos (entre la torta y la cascarilla roja). Igualmente, en su territorio se cultivan los otros ingredientes, el maíz y el ayote, y la producción de harina de este último podría generar empleos.
Además, el proyecto de estas estudiantes puede tener beneficios en la industria de Costa Rica. “Nuestra investigación puede funcionar para apoyar a empresas que tienen subproductos de maní aquí o desarrollar otros productos que se acoplen más a las empresas”, finalizó la estudiante Ana Ligia Vargas.
La acción social llega a comunidades con el fin de generar un cambio social. La fotografía fue tomada durante uno de los talleres impartidos por estudiantes del TC-568 a inicios del 2017 a escolares de las Las Brisas, en el cantón cartaginés de La Unión – foto Laura Paniagua.
Repensar el diálogo entre la UCR y la comunidad nacional es el espíritu que impulsa el “Foro de Acción Social: Hacia la Universidad de los saberes por el bien común”, un proceso que culminará en el año 2018. De este se difundirá un manifiesto compartido de universidades públicas en conmemoración del centenario de la Reforma de Córdoba, un hito en la historia del siglo XX de las universidades públicas de América Latina.
El foro es organizado por la Vicerrectoría de Acción Social y ha invitado a las Comisiones de Acción Social de las unidades académicas de todas las sedes y recintos, y al sector administrativo vinculado para unirse a este proceso. La iniciativa surgió de la reflexión crítica de la labor realizada por la UCR en este pilar fundamental de su quehacer institucional, que junto a los relacionados con la docencia y la investigación inciden en el bien común, llamado contenido en el Estatuto Orgánico de la UCR.
Durante el mes de enero y febrero pasados, los Campamentos de Desarrollo Humano de Acción Social desarrollaron 350 actividades gratuitas distribuidas en las sedes y recintos, llegando a más de 4 mil personas, Ilustración Jorge Carvajal.
En la UCR, la Acción Social es entendida como el vínculo entre universidad-sociedad, y tiene como objetivo el desarrollo de capacidades en las comunidades con las que se relaciona y procura un diálogo abierto con las necesidades de éstas. Esta relación se concibe como un agente de cambio social, de ahí la pertinencia de este foro en este momento histórico. Según la M.L. Marjorie Jiménez Castro, Vicerrectora de Acción Social, “en esta articulación todas las sedes universitarias tienen un rol protagónico. En ese sentido, y a partir de este foro, esperamos que los planes de acción evidencien las particularidades y necesidades que tenemos en común para contribuir al desarrollo comunitario, al fortalecimiento educativo, la promoción de una mejor calidad de vida y los derechos humanos”.
La comisión organizadora definió tres ejes para abordar este foro. El primero referido a la parte conceptual, es decir cómo entender la acción social actualmente. El segundo a los recursos estructurales institucionales necesarios y el último sobre los fines prácticos de la Acción Social, denominada como dimensión funcional.
Odontología. Brindar servicios de salud es parte de la Acción social de la UCR, cada año estudiantes de Odontología hacen revisiones a escolares en distintos CEN-CINAI. Foto Facultad de Odontología.
El “Foro de Acción Social: Hacia la Universidad de los saberes por el bien común” promoverá actividades preliminares que conducirán a un encuentro en noviembre próximo. A lo largo de este periodo, se realizarán actividades preparatorias en las unidades académicas para sistematizar sus experiencias. Para los días 16 y 17 de noviembre la población universitaria se abocará a una discusión abierta sobre el rol de la Acción Social, con la participación activa de comunidades, docentes, investigadores y estudiantes. Estos dos días la programación incluye ponencias, trabajo en mesas temáticas, y en la plenaria se acordarán propuestas para mejorar y redefinir las formas de hacer Acción Social.
Como parte de este foro, la UCR será la sede de la Escuela de Verano de Acción Social de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria (ULEU), red que periódicamente se reúne para compartir experiencias de la acción social.
Para mayor información sobre las modalidades de participación debe contactarse a Evelyn McQuiddy Padilla y Vania Solano Laclé, de la Unidad de Gestión de Acción Social, al teléfono 2511-5582; o al correo accion.social@ucr.ac.cr
Unidad de Comunicación, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
Jóvenes disfrutando de juegos de mesa. Fotografía cortesía del TCU 547.
Baile, música urbana, arte, juegos y deportes cautivan la atención de jóvenes del Centro de Formación Juvenil Zurquí (CFJZ) y del Centro Especializado Adulto Joven, en las actividades culturales y recreativas que periódicamente organiza el proyecto de Trabajo Comunal Universitario (TCU) Apoyo a la población penal juvenil (TC-547) de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Desde el 2011 se realizan ferias y peñas culturales en los centros penales juveniles, abriendo así un espacio lúdico y de intercambio de habilidades y saberes entre artistas, estudiantes de la UCR y personas privadas de libertad.
“La realización de este tipo de actividades y el éxito de las mismas permite visibilizar la pertinencia de trabajar y crear propuestas de la mano con esta población. Mediante el juego, el deporte y el arte es posible gestar otras formas de vinculación que favorecen el encuentro con los y las otras y esto último, dignifica”, afirmó María José Masís, responsable del proyecto de TCU.
El Festival Urbano Moviliz-Arte es un ejemplo de estas actividades, en el último realizado el pasado 21 de octubre, se realizaron partidos de fútbol, espectáculo de telas por Jessica Monge; y presentación de grupos de hip hop y rap como: GB Real, Fakir, Forest Crew y Hip Hop al barrio. Miriam Calderón, profesora de artes del CFJZ, colaboró en el proceso de diseño y desarrollo de la actividad.
Estudiantes de derecho, psicología, sociología y trabajo social del TCU 547 y artistas en el Centro Especializado Adulto Joven. Fotografía cortesía del TCU 547.
Además, hubo parkour guiado por Sebastián Fernández, quien explicó que la filosofía de esta disciplina “consiste en desplazarse de un lado a otro de la manera más eficiente, considerando que algunos obstáculos pueden ser superados”. La población penitenciaria tuvo la oportunidad de compartir con estos artistas e inclusive, se unieron a improvisar rap y bailar break dance.
La participación activa de los jóvenes privados de libertad en la organización de las actividades impulsa la sana convivencia en los centros penitenciarios basada en el respeto, la escucha, el compromiso y el disfrute.
Por su parte, en el Centro Especializado Adulto Joven se realizó una feria en la que cerca de 130 personas privadas de libertad disfrutaron de arte, deporte, juegos tradicionales y de mesa, el pasado 10 de febrero. La actividad organizada de forma conjunta la UCR y el centro penal, abordó temas ligados a la convivencia y la generación de acuerdos, que garantizaran el máximo aprovechamiento del espacio.
La feria contó con la colaboración de la Iniciativa Estudiantil (IE) Jóvenes transformando: arte y reflexión en el contexto carcelario; del artista plástico Pedro Arce Vega, quien retrató a los jóvenes, les ayudó a pintar y a hacer monotipia; del grafitero Jeancarlos Sequeira, quién les invitó a plasmar en mantas su arte con spray y el Dj Sawin se encargó de amenizar el evento.
Además, se realizaron presentaciones espontáneas por D’Pinta y Konceptualez, quienes a través del arte urbano invitan a reflexionar sobre la realidad social y a continuar luchando. Con canciones propias e improvisando letras de rap, hicieron lazo con los jóvenes del centro, quienes se animaron a compartir su talento con los artistas e inclusive, uno de los jóvenes cantó sobre su experiencia de privación de libertad.
Estas actividades culturales y recreativas en los centros penitenciarios no solo permiten el disfrute y entretenimiento, sino que estudiantes, artistas y población privada de libertad puede compartir e intercambiar ideas alrededor de un tema que promueva la reflexión en aras de fomentar prácticas de solidaridad, cooperación y respeto en prisión.
