Desde este miércoles 24 de enero los estudiantes admitidos en esta modalidad fueron notificados por parte de la Oficina de Registro e Información de la UCR
El mecanismo de Admisión Diferida responde a las acciones que emprende la UCR para promover una mayor equidad en el proceso de admisión.
Con el objetivo de brindar mayores oportunidades de acceso a las y los estudiantes que no fueron admitidos en la fase ordinaria del concurso a carrera, la UCR implementó por cuarta vez consecutiva la “Admisión Diferida para promover la Equidad”.
De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina de Registro e Información (ORI) de la Universidad de Costa Rica (UCR), este 2018 un total de 306 estudiantes resultaron admitidos bajo este mecanismo.
Los estudiantes admitidos en esta nueva fase de ingreso provienen de centros educativos en los cuales un 15% o menos del estudiantado que efectuó la Prueba de Aptitud Académica (PAA) resultó admitido en la fase ordinaria de concurso a carrera, según la resolución VD-R-9844-2017.
Desde este miércoles 24 de enero, los estudiantes admitidos en esta modalidad fueron notificados por parte de la Oficina de Registro e Información de la UCR a través del correo electrónico.
Adicionalmente, funcionarios de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil están contactando vía telefónica a esta población, con el fin de ampliar información relacionada con los procesos de admisión y de becas.
De igual manera, los estudiantes pueden consultar los resultados de la Admisión Diferida en la página: www.ori.ucr.ac.cr y despejar sus dudas por medio del teléfono 2511-4671.
La población estudiantil también puede consultar las notas corte de la fase de Admisión Diferida, así como el listado de los centros educativos que participaron en esta modalidad en el siguiente enlace: http://vd.ucr.ac.cr/documento/vd-r-9995-2018/
En el 2018 la UCR recibirá a un total de 9127 estudiantes, 8821 fueron admitidos en fase ordinaria y 306 bajo la modalidad de Admisión Diferida.
¿Qué es la Admisión Diferida?
El mecanismo de Admisión Diferida combina elementos como el número de colegios en los cuales un 15% o menos del estudiantado que efectuó la Prueba de Aptitud Académica (PAA) resultó admitido en la fase ordinaria de concurso a carrera, la preferencia vocacional de los estudiantes, nota de admisión, cantidad de cupos ofrecidos en cada carrera y la nota de admisión modificada para cada una de las carreras y recintos.
Para implementar la Admisión Diferida, la UCR establece una nota de admisión modificada que se calcula de esta manera: a la nota de corte resultante en el año 2018, en cada una de las carreras y recintos, se le resta el promedio de las cuatro diferencias absolutas resultantes de las notas de corte de cada uno de los últimos cinco años (incluido el año 2018) con respecto al año anterior.
Los cupos en cada carrera son asignados a aquellas personas que obtuvieron mejores puntajes de admisión, en la medida en que este supere la nota de admisión modificada.
Si el estudiante no logra ingresar en la carrera de primera opción, el sistema analiza las variables para determinar si el postulante cumple con los requisitos para ingresar a la segunda carrera de su escogencia.
Cuando cualquier se atreve a hablar del tema de la homosexualidad, parece ser obligatorio primero decir que se es heterosexual, pues quienes leen de inmediato piensan que el redactor defiende una posición porque es gay o lesbiana, lo cual considero un atrevimiento, pues implica que si uno no es negro o no es mujer no puede defenderlos contra la discriminación social, que en algunos países llega en pleno siglo XXI a ser hasta esclavismo.
El segundo elemento, gústeme o no, es que el planteamiento que se argumenta generalmente con aspectos religiosos como fundamento para prohibir de manera legal cualquier cosa que se considere “pecado”, lo extraño es que, siendo humanos, según este mismo enfoque, cometeremos multiplicidad de pecados, de diferentes tamaños, colores y sabores. Para algunas fes religiosas unos serán imperdonables y otros se podrán perdonar, sin embargo, eso no quiere decir que en nuestros tiempos, todos los pecados están prohibidos por ley, eso solo suceden en países fundamentalistas, donde la unión entre Estado y religión no se da.
La resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que concluyó que a los homosexuales se les deben dar los mismos derechos que a los otros ciudadanos, haciendo referencia específica al matrimonio, ha causado tal revuelo en nuestro país, supongo que también en el resto del continente que están bajo la jurisdicción de ese organismo de la Organización de Estados Americanos, que ha sacado a la luz todas las opiniones cargadas de odio, desprecio y desde lujo prejuicio, igual que cuando muchos se opusieron décadas atrás al matrimonio interracial.
En todos los grupos virtuales, Facebook donde estoy de gentiles personas, incluso dulces “almas” inteligentes, las que empiezan diciendo algo como “yo no soy homofóbico, ni condeno ni juzgo, incluso tengo amigos gay pero…” han salido los sapos y culebras (aquella expresión del cuento infantil) así de la boca de familiares, compañeros de trabajo, dirigentes sindicales, excompañeros de escuela de colegio, “expertos” en derecho, todos condenando lo resuelto incluso cuestionando la validez legal de la resolución de la Corte Interamericana, incluso demandando respeto a la soberanía o a salirse del sistema interamericano de derechos humanos.
Hemos leído también una especie de advertencia apocalíptica que culminará primero con la destrucción de la familia y posteriormente la prohibición del ejercicio de la fe religiosa, incluso una internauta que advirtiendo que “correrá sangre”, hasta han dicho que nos van a “homosexualizar a todos, se acabará el mundo por falta de hijos.
Nos encontramos ante una discusión que mezcla los temas religiosos con los derechos civiles, quizás es así por tener una Estado Confesional cuya religión oficial es la católica, apostólica y romana, algo así como que el Estado costarricense fuera una persona real -no jurídica- con alma que puede profesar una religión, aunque respeta la libertad de culto.
En este tema puntualizo:
Todos tienen derecho a pensar y expresarse libremente, pero esto tiene límites pues hay opiniones xenofóbicas, racistas, homofóbicas, machistas, las cuales no se deben respetar.
Cada pareja tiene derecho a las prácticas sexuales consensuadas que desee y no puede ni debe ser condenado menos restringido.
Todos los ciudadanos tienen derecho a un trato igualitario, aunque eso sea considerado pecado por cualquiera de las religiones, pues la fe es una decisión privada no pública.
El país ha reconocido que existen todo tipo de familias, no solo la familia de mamá, papá e hijos.
La jurisdicción de la Corte Interamericana de derechos humanos es incuestionable, así lo ha dicho la Sala Constitucional aunque el país se saliera de esa convención, las sentencias previas seguirán siendo obligatorias, lo que procede al Gobierno de la República, es acatarlo de inmediato, de implementarlo a la mayor urgencia posible en lo que corresponda desde la Administración, el Registro Civil y el aparato consular, como desde la Institucionalidad pública, para asegurar el desarrollo de los Derechos que allí se han reconocido.
No podemos atar la vida democrática a las creencias de ninguna religión pues de ser así, el divorcio no se permitiría, estaría prohibido el matrimonio por segundas nupcias, la unión libre posiblemente sería delictiva, la educación estaría dirigida por una religión que pondría en duda los avances científicos que entren en contradicción con sus postulados y los cementerios, quizás serían todavía católicos y no podríamos enterrar a quienes no son de esa fe, etc.
Debemos aprender a incorporar los valores de la tolerancia y respeto por los demás, aunque eso le incomode a cualquiera, es imperativo superarlo para vivir en una sociedad democrática.
Pocas veces se ha evidenciado tanto, dentro de una determinada coyuntura histórica, lo que sucede en una sociedad o estado nacional, como cuando se hace evidente, de muchas maneras, el hecho de que la institucionalidad democrática ha quedado vaciada de sus contenidos esenciales: este, y no otro es el panorama que se presenta en toda la América Central, casi al concluir la segunda década del siglo XXI, una región en la que se habla más que nunca de la existencia de una presunta democracia, la que no resiste la menor contrastación con la realidad que muestra el acontecer político cotidiano, en unos escenarios donde la ausencia de prácticas y manifestaciones de un ejercicio ciudadano de los derechos democráticos es más que notoria, mientras lo que se nos sigue revelando, paso a paso, es la persistencia de una recurrente mascarada electoral, la que ha quedado reducida a un conjunto de rituales, carentes de asidero o correspondencia entre la vacía y monótona elaboración discursiva, por parte de los dirigentes de unos partidos políticos, que hace mucho tiempo dejaron de serlo, y las acciones u omisiones que estos llevan a cabo, una vez que se convierten en unos gobernantes insípidos y mediocres, siempre al servicio de unos poderes fácticos, los que no sólo no se ocupan o inquietan de mantener ocultas sus pretensiones hegemónicas ilegítimas sobre el conjunto de la sociedad, sino que proclaman en voz alta, a través del aparato mediático que controlan, con mano férrea, la intencionalidad de seguir asaltando la institucionalidad de cada una de las naciones centroamericanas. Es así como en países, tales como Costa Rica, Honduras o Guatemala se siguen realizando unos comicios o elecciones, dentro de una dinámica que responde a una cierta inercia paradojal, o cuando menos al lejano recuerdo de unos actos que alguna vez se asumieron como democráticos, aún en las épocas de las peores dictaduras de la primera, y la segunda mitad del siglo anterior.
Mientras en Honduras se lleva a cabo un descarado y gigantesco fraude electoral, a la vista de toda la población del país, y de la llamada opinión pública internacional o regional, en Costa Rica lo fraudulento es todo el espectáculo electoral, montado por unas elites del poder que se disputan entre sí el privilegio de cumplir las órdenes de los ya mencionados poderes fácticos: es decir, de la materialización de los más íntimos deseos o el inconfesable proyecto totalitario de los amos del país. Para ello, necesitan todavía seguir hablando, en medio de la puesta en escena de la campaña electoral, de que vivimos en una sociedad democrática ejemplar, aunque los hechos demuestren lo contrario. La casi totalidad de los candidatos presidenciales, y aspirantes a diputaciones en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, están dispuestos a ponerse el corset o cinturón de castidad neoliberal, proclamando a voz en cuello que no caerán en los pecados mortales del populismo, repartidor de riqueza entre los más desfavorecidos de la sociedad y causa de todos los males universales. Hacen gala o profesión de fe de su fe reduccionista del gasto público y aperturista de los servicios básicos, mostrándose dispuestos a regalárselos a los amos del país, para que hagan buenos negocios con los servicios de la electricidad, los teléfonos, el agua (convertida ahora en una mercancía),la salud y los fondos de pensiones de la población. Solo uno de los candidatos presidenciales, de filiación marxista trotskista, se atrevió a decir en un debate público junto otros aspirantes a la presidencia de la república, que su meta era seguir luchando al lado de los trabajadores de la empresa privada, para que estos puedan tener sus sindicatos, sus convenciones colectivas y ejercer sus derechos de petición para mejorar sus condiciones laborales, tal y como establece la legislación laboral vigente en el país, de la que la gran mayoría de los jueces han hecho caso omiso. De esta manera, el trabajador docente John Vega, del Partido de los Trabajadores (PT) dejó con la boca abierta a los otros(as) ciudadanos presidenciables, al emplear expresiones y plantearse metas que las elites políticas dejaron en el olvido, hace ya varias décadas: hablar de respeto a los salarios mínimos establecidos por ley, de combatir la gigantesca evasión tributaria de los más poderosos, de reactivar la economía en términos reales, incentivando la producción local entre otras cosas lo convirtió en una especie de convidado de piedra, dentro de ese foro. Gracias a sus denuncias también el país se enteró de que los trabajadores agrícolas de las empresas piñeras estaban en huelga, mientras eran objeto de una salvaje y descarada represión.
Conforme pasan las semanas, y cuando ya está a punto de concluir la mascarada electoral, la que habrá de culminar en unas elecciones generales, el domingo 4 de febrero, en la vecina República de Honduras las mayorías populares se han manifestado en las calles para repudiar el fraude electoral, siendo reprimidas por el ejército y la policía, con un saldo de 34 ciudadanos muertos, numerosos heridos y de detenidos, para imponer la reelección presidencial del dictador Juan Orlando Hernández (JOH), en un país donde la constitución vigente lo prohíbe de manera expresa. En ese país el acto de votar con la pretensión de cambiar la sociedad o mejorar las condiciones de vida de los habitantes no pasa de ser una vana ilusión, puesto que allí los poderes fácticos están dispuestos a emplear todos los medios posibles para arrebatarle su triunfo al presidente escogido por los hondureños, en los comicios del día domingo 26 de noviembre: el Ingeniero Salvador Nasralla, de la Coalición Alianza Opositora.
En Costa Rica, la campaña electoral ha asumido tonos delirantes por las acusaciones o satanizaciones mediáticas hacia determinado candidato electoral, un personaje que no figuraba entre los favoritos de las elites para gobernar, y que ha irrumpido con mucha fuerza, por lo que habrá que esperar para ver, con más claridad, ¿cuáles son los juegos de poder y los intereses en disputa detrás de este tipo de juegos pirotécnicos, donde los protagonistas se lanzan descalificaciones mutuas?. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para darle un tono surrealista a la mise en scène de esta campaña electoral ha sido el fallo favorable al matrimonio de los homosexuales, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene su sede en la capital costarricense, una acción que ha desatado la furia de los integristas religiosos por un lado y el júbilo de la llamada comunidad LGTBI, por el otro.
El ilusionismo prestidigitador de la campaña electoral en Costa Rica, no ha servido para sacar la gran mayoría de los potenciales electores de su indiferencia y frialdad manifiesta frente a unos partidos políticos que hace ya mucho tiempo llevan una existencia puramente nominal, mientras que en Honduras la sola pretensión de validar lo actuado en las urnas, por parte de una ciudadanía heroica y decidida, supone el enfrentarse a una disyuntiva de vida o muerte. La comedia o la tragedia deben continuar porque los espectadores ya pagaron sus boletos, aún y cuando la democracia siga sin dar señales de existencia, en medio del ruido ensordecer de unos pocos actores de mala calidad o la violencia homicida de los que buscan perpetrarse en el poder para mantener intacto el modelo capitalista neoliberal, triste destino el de nuestros pueblos centroamericanos en este cambio de siglo.
El tema ambiental ha solido estar ausente, a lo sumo, de relleno en las elecciones presidenciales y parlamentarias, en esta oportunidad se repite con creces la situación. Pero este tema no es el único que brilla por su ausencia. Si yo fuera una persona indígena o bien madre jefa de hogar, un obrero agrícola, una pequeña productora o pescadora artesanal, pensaría que no es conmigo la cosa, que se trata de unas elecciones pensadas únicamente para la gran área metropolitana y con temas concentrados en el “hombre meseteño promedio.” Además, talvez como nunca antes, estamos frente un proceso electoral que más bien es un proceso de descarte que haremos con base en el miedo y no por lo que soñamos o anhelamos para el futuro del país y del planeta.
En general los problemas ambientales, por lo menos los más estructurales, tienen su origen en las desigualdades sociales y eso parece omitirse en general en los planes de la mayoría de los partidos. En eso de la desigualdad nos hemos convertido en los últimos años en potencia latinoamericana mientras que la brecha entre el ingreso que reciben los hogares más ricos de Latinoamérica y los más pobres disminuyó, la desigualdad aumentó en Costa Rica, como lo confirman diversos informes y estudios publicados durante 2017.
Si no existe visión de orden estructural para hacer frente a la complejidad de los retos socioambientales incluyendo la destrucción del patrimonio natural en los costos de producción, estamos condenados a círculos de depredación, destrucción, desposesión, vulnerabilización, apropiación desigual de los bienes comunes, de manera que unos seguirán “sobreconsumiendo” los recursos de quienes dependemos todas las personas y el planeta entero para vivir en el presente y el futuro, mientras la gran mayoría permanece malviviendo de las migajas derramadas en medio de un crisis climática planetaria.
A pesar de su literal vital importancia, el tema de la gestión ambiental es invisible en el debate oficial del TSE en días pasados y lo sería del todo si no fuera por el esfuerzo de algunas organizaciones ambientales y comunidades que han hecho uso de la redes sociales en internet para provocar debate y discusión, como por ejemplo Debate Ambiental y Campaña ¿Quién podrá defendernos?.
En general, después de leer la mayoría de planes en áreas relacionadas a economía, reforma institucional, actividad agrícola, turismo, infraestructura o alguno que otro aspecto que hace alusión específica a lo “ambiental”, la sensación es que el abordaje es de relleno, simplismo, con muchas contradicciones y sobre todo grandes vacíos, donde la mayoría pone el énfasis en crear nuevas leyes obviando la falta de cumplimiento de las más de 7000 mil existentes.
Falta de “comos” es una constante, en ambiente lograr mayor institucionalidad para el control y gestión ambiental es indispensable, se necesitan recursos nuevos pues el presupuesto del 1% al 2% del total asignados al MINAE ya sabemos que alcanza para las escobas, palopisos y no llega al papel higiénico en parques nacionales.
En general, con un par de excepciones, poco se dice y mucho menos se delinea alguna estrategia de participación social, que quedó como apellido vacío de un partido que ya por lo menos no tuvo el descaro de estafar una segunda vez al sector ambiental con un “Pacto Ambiental” como lo hizo el PAC hace cuatro años dentro de su campaña electoral incumpliendo y contradiciendo lo pactado con representantes de la diversidad del movimiento ambientalista de Costa Rica.
Al pensar en la urgencia de cambios que nuestra sociedad necesita y las implicaciones que resultan de tomar decisiones desde las más extremas hasta las más sencillas en este país, no pensar en animar la participación ciudadana es apostar a las mismas fórmulas que nos tienen donde estamos, así que se perpetúa que las decisiones por ejemplo de transporte público, las tomen tecnócratas que andan en carro y que han dejado hace más de un cuarto de siglo de ser peatones y andar, al menos, en bus.
Sin tomarse en serio la participación ciudadana el partido más grande del país seguirá siendo el que se expresa no votando, apático al sistema cada día más necesitado de cambios y más lleno de mentirosos y corruptos. Si siguen con campañas políticas que no se las cree nadie, cada cuatro años tendremos un en vez de la “fiesta” un “velorio” en tanto el pueblo estará de duelo o bien un espectáculo más decadente que el anterior. Cuando la pulsión inmediata resulta en marginarse de este patético drama que apela a las emociones y no al análisis, ¿cómo le podemos reclamar a la gente que no vote?
Así, en una coyuntura electoral que más bien nos coloca ante la imposibilidad de elegir lo mejor, propongo guía ecologista para descartar lo peor. Esta lista iniciará con el partido más amenazante para el medio ambiente y terminará con los partidos que parecieran tener una propuesta más en armonía con la Naturaleza. Algo que podríamos llamar el “descartómetro ecologista”.
Empezamos, estos son los partidos descartables por sus posturas frente a la gestión de los bienes naturales del país.
El primero por descartar: Movimiento Libertario recicla sus cuatro anteriores programas con “más de lo mismo” y neoliberalismo puro y duro, es un “plan de negocios” de y para sus patrocinadores. Más aperturas y desnacionalización por doquier, privatización del subsuelo, regresiones ambientales e inconstitucionalidades, eliminación de la moratoria a la exploración de petróleo y gas.
Es una colección de todo lo que no debemos hacer con el territorio y el Estado: flexibilización y desregulación de instituciones como SENARA y SETENA para beneficio de negocios privados, privatización energética, proyectos como mega aeropuerto de Osa, Canal Seco y su mega puerto en Guanacaste, granjas marinas de peces y las marinas turísticas que han querido aprobar a como dé lugar, abrir los “monopolios” de comercialización de la caña y azúcar, eliminar el Consejo Nacional de Producción, modificar el reglamento de la ley de conservación de vida silvestre, todo tipo de privatización vía “titulación” de áreas públicas como fronteras, áreas forestales y de canales a nombre de JAPDEVA, islas hasta del subsuelo urbano?, desregular ampliar las Zona Marítima Terrestre (ZMT) para hacer hasta construcciones en riscos y titulación de propiedades dentro de áreas protegidas. Estas y otras propuestas como reconvertir en cárcel la Isla San Lucas o en sitio turístico, son propuestas que ya han intentado y fueron declarado inconstitucionales.
Proponen una serie de regresiones ambientales y de los incipientes derechos de naturaleza revisando y simplificar y acomodado toda la normativa ambiental como reglamentos, concesiones a intereses privado. Tal vez el punto más cuestionable que proponen es una “reforma constitucional para acotar los principios de “in dubio pro natura” y “no regresividad en materia ambiental” que es volver más o menos a las “cavernas” en materia ambiental y retroceder y sancionar varios acuerdos y convenios internacionales en sintonía con la tendencia conservadora y retrograda de la Sala Constitucional.
El segundo por descartar: Partido Unidad Social Cristiana por la extinción del campesinado o lo que es lo mismo en contra de la soberanía alimentaria, arrasar con el Mar Caribe y a favor del megaturismo y privatización de los territorios indígenas.
La agricultura lo reduce a la agenda del sector empresarial, desregulación, zonificaciones, eficiencia y crédito para profundizar lo que tiene que ver con en la extinción del campesinado. Lo más polémico pareciera ser priorizar por el ingreso de Costa Rica a la Alianza Pacífico con una promesa de negociar mantener las condiciones, que es una acción contraria al sector agrícola que ha denunciado que esto pone en riesgo a 500 mil empleos del sector e implica que los pequeños no sobreviran esta nueva apertura, ósea ¿los que sobrevivieron a 14 acuerdos de libre comercio que no sé preocupen?. Como si fuera poco ofrecen que seamos observador en otros tratados más neoliberales como APEC y TPP.
En cuanto al tema marino, lo mismo que viene prometiendo desde hace unas 4 o 5 campañas que es revisar la vergonzosa entrega de atún a la flota internacional, lo cual está muy bien y revisar INCOPESCA, ¡ver para creer!.También dice algo tan ambiguo de la pesca de arrastre, como la posición del actual gobierno, pero suma una propuesta de claro orden extractivista “prospección de especies pelágicas en el Caribe”, es decir investigación en el Caribe para hacer inventario de cantidades de especies comercializables, que considerando el contexto no tendrá intenciones de protección o uso sustentable, si no que activa la alertas de que ante la sobreexplotación de la pesca en Pacífico, viene la intención de arrasar el otro lado de nuestro territorio marino.
En turismo, habla de aeropuertos regionales, incluido el Sur sin especificar, sin duda se refiere al mega aeropuerto en Osa que implica Guanacastización y hacer un modelo de mega turismo en una zona muy vulnerable ambientalmente. También es visible el lobby hecho por sectores como la pesca turística, camaroneros y operadores de mega turismo para lograr meter su agenda de negocios. Parecido al plan de negocios del libertario, pero más maquillado.
Tienen propuestas que nada envidian al Partido Movimiento Libertario que afirma: “consideramos prioritario resolver en definitiva el derecho de los indígenas a acceder a la propiedad de las tierras en las reservas” hasta ahí suena bien pero de seguido indica: “nos comprometemos a luchar porque el derecho a la propiedad privada sea efectivo para los habitantes indígenas” esto en dos platos es permitir y legalizar la mayor forma de despojo y privatización de las pocos territorios que sobreviven al proceso acelerado de apropiación ilegal del territorio concebido desde la lógica de los pueblos indígenas y por tanto implica un desconocimiento de su cultura y autonomía, de manera que pasa por encima al proceso de consulta de pueblos indígenas con la pretensión de abrir camino al extractivismo.
En la parte ambiental refiere a la agenda 2030 al igual que el PIN y otros partidos, que da continuidad a algunas de las medidas para seguir dilapidando fondos y recursos, como por ejemplo apostando por un modelo de riego ineficiente, injusto e insostenible como el represamiento del Río Piedras en Guanacaste o igual que el PRSC aprovecha la legalización de la incineración para general electricidad, lo cual es peligroso porque implica gran contaminación y riesgos a la salud pública, igual está de acuerdo con una mayor apertura en la producción eléctrica privada que implica acabar con nuestros ríos libres para negocios particulares, incluyendo la geotermia a privados, y al igual que el PLN viene en su agenda para abrir la participación de empresas privadas para la exportación al Mercado Regional Centroamericano. ¿Cuál es el problema con esto? que estamos poniendo en el juego mercantilista lo que deberían ser servicios públicos y universales para beneficio privado afectando los ríos y el patrimonio natural.
El tercero por descartar: Partido Republicano Social Cristiano por la privatización de bienes comunes, a favor de la contaminación por incineración y por el crecimiento de los nocivos monocultivos reduciendo la soberanía alimentaria.
El plan de este partido está claramente bien permeado de sectores empresariales interesados. Habla de convertir ASADAS en cooperativas, osea apoyar una forma posible de privatización del agua (Diario Extra, 19-5-2015). En el plano agrícola apoya a la agroindustria tal y como está, para que siga generando riqueza para los grandes propietarios y transnacionales, pero sumándoles incentivos para la generación de biocombustibles con base en más monocultivos como caña y “200 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera”, que es casi la mitad de áreas de siembra actuales y muy cerca de las 283 mil hectáreas adicionales, que calculó en 2008 el Informe del Estado de la Nación, que necesitaríamos sembrar de maíz blanco y amarillo, frijol y arroz para dejar de importar esos productos básicos, es decir para apostar por nuestra soberanía alimentaria. Proponen aprovechar la legalización a la incineración decretada por el actual gobierno y además de subir el tope para aumentar la producción eléctrica privada y reactivar los estudios de proyectos hidroeléctricos polémicos como Savegre y Pacuare que están protegidos de este tipo de iniciativas por el decreto Nº 39199-MINAE.
El cuarto por descartar es el PIN, Partido Integración Nacional de Juan Diego Castro, en general si las omisiones le dicen algo, tome en cuenta que dice muy poco y que eso nos sugiere muchas cosas. Está a favor de la explotación petrolera y del gas.
No incluyó ninguna propuesta concreta para el sector agrícola, hay una propuesta de Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) que podría tener injerencia en el tema de soberanía alimentaria, pero ni se menciona el tema específicamente. A pesar lo sugerente de la portada del plan con el mapa completo del territorio costarricense que incluye el mar patrimonial y el slogan de “país azul” no hay nada en la propuesta que lo retome. En temas ambientales tiene un programa tradicional, de lo que ya se viene haciendo y tiene al planeta en colapso, en específico se refiere a la Agenda 2030 fijada por Naciones Unidas que es una buena receta para atacar los síntomas y no las causas estructurales de la crisis ambiental global. En su ejercicio profesional se le conoce por su anti ambientalismo defendiendo a empresas acusadas por contaminar, desforestar y demandar ecologistas. Y bueno más allá de su profesión y su plan, el candidato presidencial llamó a quienes buscamos construir un mundo ambientalmente más justo, ecoterroristas, creo que sólo por podría pasar a tener el primer lugar de partidos para descartar.
El quinto por descarta Partido Liberación Nacional con la misma receta de privatización de nuestros recursos naturales y apertura de parques nacionales. El PLN vuelve a retomar la propuesta del uso de los recursos naturales dentro las Áreas Silvestres Protegidas, lo cual sería contrario a distintos tratados internacionales de conservación suscritos por el país y hasta el momento la Sala Constitucional rechazó todos los intentos. También propone mayor apertura de generación eléctrica privada que tanto impacto negativo tiene a las finanzas del ICE y en los ríos con decenas de proyectos que solo generan en invierno cuando sobran las posibilidades de generación nacional. La apertura eléctrica propuesta por el PLN va más allá al incluir la agenda de las empresas privadas de importar y exportar directamente al Mercado Regional Centroamericano pretensión que han buscado por décadas, lo que implicaría que empresas y operadores pueden importar y exportar en un mercado que produce más de 50% con petróleo su electricidad sucia a bajo precio.
Habría que revisar cuanto y a quienes están desembolsando estas compañías a la actual campaña electoral pues fueron grandes contribuyentes -220 millones de colones- de las elecciones que llevaron a la presidencia a Laura Chinchilla. La denuncia del 2012 el exdiputado Juan Carlos Mendoza señalo a las compañías Ingenio Taboga, Hidroeléctrica Río Lajas, la familia Esquivel Volio y las cogeneradoras Plantas Eólicas SRL e Ingenio Quebrada Azul S.A., donde participa el grupo Mesoamérica Investments de capital extranjero y promotora de la apertura en telecomunicaciones. Además de otros intereses más ligados a políticos y trasnacionales como el grupo de capital guatemalteco Campollo Codina, propietario de CATSA e ingenios de azúcar asociados, así como los accionistas de Corporación Jeromo y Azucarera el Viejo, a su vez accionistas del Ingenio Taboga. Todos, cogeneradores de electricidad ligados a políticos-empresarios conocidos y quienes han promovido como dogma la apertura eléctrica.
Ahora el PLN dice que está dispuesto a cumplir lo que en papel se puso hace décadas: que la rectoría del sector energético se haga desde MINAE y no a partir del manoseo político del gobierno de turno y desde los intereses del ICE y RECOPE, ¡ver para creer! También se insiste en este programa con megaproyectos de gran impacto ambiental como el Aeropuerto en Osa ahora con el nombre de Brunca(Kioscos Socioambientales UCR, 2012)
El sexto lugar por descartar es un empate entre el Partido Alianza Democrática Cristiana, Partido Accesibilidad Sin Exclusión y Partido Restauración Nacional.
Partido Alianza Democrática Cristiana, pura privatización de bienes comunes. Propone una agenda neoliberal como apertura del sector eléctrico, apertura de RECOPE, de manera específica al respecto del sector agrícola y ambiental no hay nada destacable, en transporte se suma al fetiche del tren eléctrico interurbano, fetiche en tanto se presenta como opción totalizante y que resuelve todo el problema de colapso vial.
Partido Accesibilidad Sin Exclusión viejos discursos, pero si hubiese que mencionar algo interesante es el concepto de “ciudades amigables” centrado en el peatón y la accesibilidad. Ofrece algo llamado “apoyo empresarial al sector agrícola” a través de las “marcas de origen” pero no desarrolla mucho la idea, parece como una nueva manera de hablar de las ventajas comparativas que nos dejaron sin granos básicos y exportando banano y piña. En cuanto a cambio climático propone mayor competencia de las municipalidades con nuevos cánones ambientales. En lo ambiental es un panfleto de viejos discursos de los noventas como desarrollo sostenible, las 4 erres más otra nueva de “regular” un énfasis en lo municipal.
Partido Restauración Nacional a favor de la minería. Tiene casi ninguna mención sobre la parte agricultura solo habla promover políticas de reconversión en el agro para seguir con la exportación de productos orgánicos. Hasta vergüenza ajena daba una entrevista sobre pesca donde demostró su nula comprensión y falta de estrategia. En la parte ambiental habla de promover un nuevo Código de Minería que “saldará la deuda pendiente que el país tiene para con sus recursos mineros y geológicos, como el caso del oro o la plata”. ¿Esto implicará derogar la ley de prohibición a la minería del oro y reactivar la minería de cielo abierto en el caso de la plata?
El sétimo lugar por descartar Partido Nueva Generación, más de lo mismo, queda debiendo lo nuevo de su generación excepto investigación en energía renovable. Para temas ambientales menciona las políticas en áreas marinas que le faltaron al PIN, cae en las mismas reducciones de la mayoría de los partidos: “ferrocarril urbano moderno”, más negocios con la naturaleza desde la “economía verde” concepto que no deja de ser un experimento fallido desde el capitalismo salvaje que ha arrasado con la naturaleza hasta el día de hoy y en la parte agrícola algo así como nuevas generaciones de agricultores mediante la misma fórmula que ya sabemos que no funciona. En vez de soberanía habla de seguridad alimentaria ósea preocupémonos por tener plata para comprar lo que comemos y desparezcamos la producción local de nuestros alimentos. ¿Está de acuerdo con explotar geotermia dentro de Parques Nacionales y pasarles el canal seco en medio?, según este comparativo: si! Lo destacable es que retoma y mejora propuesta ecologista para sector energético de crear un instituto que lidere la investigación de nuevas en energía renovables fusionando RECOPE y Grupo ICE.
Descartados los anteriores ¿quiénes nos quedan?¿los menos malos? La siguiente lista de tres partidos inicia con el partido más cercano a los descartables en materia ambiental y termina con el más potable por considerar.
Antes de seguir, detalle para poner atención, aunque no estamos frente al tradicional bipartidismo, seguirnos viendo semejanzas entre PUSC y PLN: Piza y Desanti quieren “reducir, flexibilizar y apearse” leyes ambientales. Estos dos candidatos hablan de desregular trámites, el primero apunta en su página web “eliminar o derogar el 50% de los requisitos establecidos por decretos o reglamentos administrativos” ¿se refiere a trámites como consulta a la gente, diálogo y participación social y requisitos ambientales? Si, en su plan de gobierno lo confirma. Lo mismo Desanti que centra “la pega” en SETENA (CRhoy, 8-1-18) que parece desconocer lo que implica un cambio de la Ley Orgánica del Ambiente sin la debida fundamentación y razonabilidad, lo cual sería además inconstitucional al ser una clara regresión ambiental. En la lógica tecnocrática y neoliberal que defienden estos candidatos la legislación y evaluación ambiental es un engorroso trámite que solo sirve para atrasar los proyectos, en vez de reconocer una valiosa información para planificar, ahorrar recursos, reducir costos a mediano y largo plazo, sacar mayor provecho al ambiente y finalmente maximizar y optimizar el uso de los bienes comunes, y se los digo en su “dialecto” de costos y ganancias.
Ahora sí, seguimos con la lista. Más “palangana” que menos malo, el Partido Acción Ciudadana hace más promesas vacías, más de lo que no hizo y su especialidad: contradicciones. También ofrece lo que dejó “a medio palo” como modernización de tramitología ósea digitalizar expedientes o profundizar el procesos de desregulación como lo hizo en SETENA, promete una ley de participación cuando no eliminó el veto sobre una ley aprobada por Asamblea Legislativa el ex diputado José Merino que garantizaba la participación vinculante en temas ambientales (El País, 11-12-2014). Ofrece muchos planes, programas, estrategia y reformulaciones que atestiguamos que duran hasta un año y medio negociando el financiamiento de cooperación externa (consultorías), un año o más elaborando (en pobres y apurados procesos de “disque” consulta), un año para aprobarlo y finalmente se acabó el gobierno y quedaron unos mamotretos que en el mejor de casos terminan sirviendo de servilletas en parques nacionales. ¿Biocombustibles dónde y cómo no amenazan la soberanía alimentaria? Ofrecen cosas como la “sectorización del transporte público”, lo cual está muy bien, sin embargo, en su única administración eliminaron a un viceministro que quiso hacer este trabajo ¿entonces? ¿cinismo de campaña electoral? y proponen un montón de cosas tan fáciles que se puede hacer mañana antes que termine la campaña política o el gobierno, como prohibir el estereofón y ¿por qué no lo han hecho con un simple decreto? Suena bien, pero si por la víspera se saca el día, resulta difícil volver a confiar. Alguna nueva promesa como “prohibición del fracking» que nadie sabe cómo se materializaría y que podemos equiparar con tantas promesas que no cumplieron como etiquetar transgénicos, moratoria a la piña o detener la pesca de arrastre entre otras.
El Partido de los Trabajadores es mucho “obrerismo” y poco ecologismo, es importante reconocer que sus militantes y simpatizantes tienen una gran sensibilidad, perseverancia y están presentes en muchas luchas socioambientales y feministas, pero parece traducirse en nutrir su ideología.
El PT propone reforma agraria y aumentar producción de alimentos, complementado con financiamiento, caminos y asistencia al campesinado. Se plantea la recuperación y la nacionalización de recursos y detener la privatización energética. Lo anterior suena “revolucionario” pero ha resultado en los gobiernos de izquierda suramericanos en mayor extractivismo, corrupción y contaminación para financiar programas sociales de clientelismo y propaganda que no atacan las causas estructurales de la desigualdad o sobreexplotación de los bienes comunes.
Fuera del proceso electoral están trabajando con sectores como trabajadores de la piñería donde han dado luchas ejemplares. Se reconoce su gran compromiso, su buena formación teórica y propuestas más de fondo que la mayoría de partidos, son bastante válidas, pero se podría pensar que más para el siglo pasado o antepasado. La intensidad de los cambios que proponen es bastante coincidente con la profundidad que necesita la sociedad si pretende sobrevivir a la crisis socio ambiental, pero parece que están planteados con categorías de análisis un poco desfasadas para la escala y la complejidad de los problemas del momento. Compartimos que el capitalismo no es sustentable y maquillarlo nos tiene con buena parte de los ciclos naturales irreversiblemente rotos.
Y finalmente, el Frente Amplio nos ofrece un gran menú en favor del ambiente, pero muchas dudas para su realización. Nutrido de muchas de las propuestas conjuntas con el sector ecologista y comunitario lo cual es un buen arranque, pero la duda surge ante la pregunta de ¿cómo lograr sus objetivos?, ¿necesitarán 57 diputados electos para prevenir que aunque algunos se salgan del canasto como ya les ha sucedido, aún puedan tener mayoría para aprobar lo que prometen?, además todo parece indicar que necesitarían un nuevo poder judicial, entre uno que otro cambio, para llevarlo adelante. Por ejemplo, destaca propuestas como “la creación de consejos de cuenca con participación de las comunidades y potestad de decidir sobre las prioridades en el uso del agua” pero no está claro si esto puede ser por decreto o solo por medio de una reforma de ley. Igual sucede con la buena propuesta de establecer un impuesto a las compañías generadoras de contaminación marina que subsidie a los pescadores artesanales y el proyecto de ley para garantizar la protección de la vida de activistas que luchan por la defensa del ambiente.
Tiene algunas de las propuestas más interesantes como “llevar la investigación científica y el desarrollo tecnológico a las y los ciudadanos, a sus comunidades, y hacer del conocimiento obtenido mediante la acción comunitaria apoyada con financiamiento estatal, un bien común, como medio de apropiación social de ese conocimiento” o revisar las normas constructivas para el uso de dispositivos que aprovechen la energía solar para generar electricidad y agua caliente.
En conclusión, es indispensable analizar antes de dejarse llevar por lo emocional, hace falta una lectura más profunda y en retrospectiva acerca del quehacer de estos partidos y candidatos en las últimas administraciones, pues el papel aguanta lo que le pongan. El sistema de representación política hace rato dejó de funcionar, si es que alguna vez funcionó, votamos para cambiar quienes dirigirán el poder ejecutivo en un sistema que necesita más reformas de fondo, no solo nuevas leyes o una refundación en el poder judicial, si no que ha quedado claro que sin participación de la ciudadanía y cambios más estructurales seguiremos profundizando esta crisis que se refleja en mayor deterioro ambiental y en las relaciones humanas a todo nivel.
La campaña destaca por su decadencia, parece a ratos un espectáculo de sucesos, una colección de ocurrencias y cinismos, a veces una pesadilla mediática de ejercicios vacíos y competencia de micro opiniones mal llamados debates donde vemos montajes que ya le gustaría a uno simplemente creerlos, el electorado tratando de ver en cuál caudillo patriarcal, porque para colmo sólo hay candidatos hombres(-1), deposita sus responsabilidades políticas para guardar su dedo los próximos años y a lo sumo sacar la lengua en redes sociales para quejarse o simplemente no hacer nada para que lo que exige de un gobierno sea una realidad, va compra un discurso y después se sienta esperar que todo por arte de magia sea como cada quien quiere.
Ante la falta de esperanza no es extraño que tengan que bajar a un Dios de furia y miedo, que se parece más imágenes dantescas de lo que llaman demonio o satanás, para ayudar a disuadir a los electores con temor y chantaje “divino” para que vote de tal o cual forma, tratando de hacer de la fe un activo electoral manipulable y por lo tanto descartable. Agotada la esperanza, dilapidada la fe para mucha gente no quedará nada o ¿fascismo?. Insisto, resulta un poco inútil “condenar” a una mayoría que se abstiene de votar.
Toca asumir de alguna manera más con las neuronas que con el hígado, que parece ser el órgano que más estamos activando en esta (des)elecciones nacionales, toca dejar a un lado las emociones y analizar, que esto aunque nos insistan en la figura de la “fiesta electoral” es de otro orden, lo que está en juego es el país entero.
Estudio del IDESPO-UNA revela expectativas de posibles usuarios
Visitantes esperan que también el público en general pueda disfrutarlo
Natación, rescate, aquaeróbicos, buceo y clavado: las clases que deben impartirse, según los visitantes de La Sabana
9 de cada 10 visitantes a La Sabana opinan que el nuevo Centro Acuático deberá abrir al público en general, y no sólo a deportistas. Además esperan unas instalaciones modernas y espaciosas en las que se puedan impartir clases de natación, rescate, aquaeróbicos, buceo y clavado.
Estas cifras se desprenden de una reciente encuesta de percepción realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (IDESPO-UNA) en noviembre anterior, entre visitantes del Parque Metropolitano La Sabana, usuarios y deportistas de la piscina María del Milagro París, ubicada en ese parque. “El objetivo era conocer qué opinan estas personas de cara a la construcción de lo que será el Centro Acuático más importante de Centroamérica, y que arrancaría a finales de año”, puntualizó Nelly López, directora del IDESPO.
El estudio también arrojó que “el 85% de los usuarios de la actual piscina María del Milagro París, piensan que un nuevo Centro Acuático debería preservar el paisaje natural. Además creen que la salud física sigue siendo el principal beneficio de la natación”, agregó María José Ureña, investigadora del IDESPO.
Según la consulta pública, los usuarios y deportistas de la piscina María del Milagro París, son personas entre los 36-64 años (49.8%) con educación universitaria completa (50.5%), y mujeres (62.5%). En su mayoría son de San José (83.7%) y la visitan ocasionalmente o solo en actividades especiales (28.6%), en promedio de 2 a 3 veces por semana (24.6%) en las mañanas preferiblemente. Llegan en autobús (41.8%) y vehículo propio (38.2%), utilizando la Ruta 27, y parqueando en los alrededores de las canchas de tenis (35.4%) o en el parqueo interno de La Sabana (32.3%).
Los encuestadores del IDESPO concluyeron que el 82% de los visitantes a La Sabana son josefinos, principalmente de zonas marginales como Pavas y Alajuelita, y casi un 10% provienen de Heredia, siendo el bus (40%) la más importante forma de movilización.
La encuesta del IDESPO, fue dada a conocer el pasado 16 de enero en conferencia de prensa, organizada conjuntamente con el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). Casualmente el ICODER, promotor del Centro Acuático, contrató los servicios del IDESPO para la ejecución del estudio, el cual forma parte de los trámites y requisitos del anteproyecto en mención.
*Más información. Oficina de Comunicación, UNA (2277-3067/2237-5929).
Imagen con fines ilustrativos tomada de http://gobierno.cr
Llamamos a no votar por los neoliberales del PLN/PUSC/PIN/LIBERTARIO/REPUBLICANO ni por el fundamentalismo religioso
Comisión Nacional de Enlace
Comunicado Político Nº 58
En esta coyuntura electoral se hace necesario recordar que efectivamente, nuestro país ha sido gobernado treinta y dos años por el Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Son esos dos partidos los principales responsables de la crisis actual y sobre ellos cae toda la responsabilidad política de lo que ocurre en nuestro país.
Todas las políticas económicas que se aplicaron desde la administración Monge Álvarez hasta la administración Chinchilla Miranda fueron promovidas en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y ejecutadas por el conjunto de sus ministros de Economía, Hacienda, presidentes del Banco Central y los asesores económicos.
Cinco administraciones del PLN (Monge Alvarez, Figueres Olsen, Arias Sánchez y Chinchilla Miranda) y tres del PUSC (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella), veinte años del PLN en las cuales se aprobaron el PAE-1, 2 y 3 y el TLC y doce años del PUSC nos dice cuáles son los partidos políticos responsables del desastre derivado de la imposición del modelo neoliberal.
Después de treinta dos años de neoliberalismo en nuestro país tenemos un país, con mayor concentración de la riqueza, con una pobreza estructural que nunca redujeron, mayor exclusión y desigualdad social, mayor informalidad y precariedad laboral. Además durante treinta y dos años esos partidos convirtieron a Costa Rica en un territorio de corrupción y saqueo.
En este proceso electoral, esos partidos PLN y PUSC, más otros neoliberales que hoy se presentan como salvadores de la Patria, el REPUBLICANO/LIBERTARIOS/PIN, nos vienen con la misma receta: privatización de la salud, la educación, del ICE, recortes presupuestarios a programas sociales, reducción del Estado, venta de instituciones, flexibilización laboral, reducción salarial y de las pensiones a los trabajadores, eliminación de complementos salariales, despido de trabajadores del sector público, aumento en la edad de retiro, entre otros.
Votar por los mismos PLN y PUSC y por los otros partidos igual citados, para que sigan haciendo lo mismo, sería un gravísimo error que cometería el pueblo costarricense, especialmente la clase trabajadora.
Pero además en este proceso electoral tenemos otros actores no menos peligrosos, los partidos fundamentalistas evangélicos, que gracias a la inoperancia del Tribunal Supremo de Elecciones, involucraron la religión como eje de campaña y la convirtieron con la complicidad de los partidos tradicionales PLN, PUSC en una de las más conservadoras e intolerantes de la historia.
En este proceso de exacerbación de la intolerancia han tenido como aliados a una buena parte de la iglesia católica que compite por ver quién es más fundamentalista. Este fundamentalismo religioso, además tiene una agenda neoliberal de empobrecimiento de las mayorías, doble razón para no votar por ellos.
Este 4 de febrero el desafío es detener electoralmente esta contraofensiva conservadora neoliberal y religiosa, con el fin de avanzar las condiciones para desmontar el modelo económico neoliberal en el país, tarea del momento de la clase trabajadora costarricense.
Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
25 enero 2018
*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com
Este sábado miles de eco-terrorista costarricenses clasificaron su basura, pero no sólo eso, una peligrosa señora denunció una tala ilegal cerca de su casa; también se reportan sospechosas brigadas reforestadoras por todo el país; además unos cuanto violentos que decidieron dejar de usar plástico en sus compras e incluso algunos periódicos locales denunciaron que varias eco-terroristas recogieron animales silvestres atropellados para curarlos.
Por su lado político adscritos a varios partidos aseguran que -de quedar electos presidentes- pondrán al servicio de las cámaras empresariales cientos de topadoras para arrancar bosque enteros; para luego rociar con miles de fumigadoras millones de litros de poderosos herbicidas. Esto con el propósito de poner fin a las acciones de peligrosos eco-terroristas que han protegido el bosque tropical. Incluso uno de los candidatos mencionó, en una de sus conferencias de prensa, que buscará instaurar un Estado confesional petrolero el cual funcionará con el carbón natural que se pueda sacar de cerro Chirripó, la Barra del Colorado y la Península de Osa.
Lejos de ser una fábula, la contienda política nos ha dado la sorpresa de abandonar debates urgentes para dar paso en varios momentos a transformarse en campaña de odio contra quienes se dedican a cuidar el ambiente. Paradójicamente asistimos a denuncias tan graves como es que 5000 personas vieron contaminada su agua con el herbicida bromacil en Veracruz y Pital de San Carlos. Al mismo tiempo candidatos a la presidencia no entienden en absoluto la protección de la naturaleza y lo que ha significado en este país las luchas ecologistas.
En medio de ese clima de odio hoy 20 de enero la Federación Ecologista (FECON) celebró su asamblea anual. Representantes de 15 organizaciones formales en representación de sus movimientos sociales y muchos más grupos organizados en comunidades de todas las regiones del país, se reunieron en San José para definir agendas de articulación ante las innumerables agresiones que enfrentan las comunidades y la naturaleza, debido a prácticas irresponsables de crecimiento económico.
Para Juan Ariaga de la Cooperativa Sol de Vida -organización dedicada a la energía solar- mencionó que “esta campaña de odio es preocupante y que tenemos que visibilizar la gente que recicla, que reforesta, que cuida la semilla. Ampliar el concepto de ecologistas. Destacar que los ecologista no somos grupos de chancletudos”.
Para la Asociación de Mujeres de África de Guácimo de Limón, doña Clemencia… “En un país de ecologistas, somos nosotras las que enfrentamos la destrucción trabajando con lo que tenemos. Tenemos fincas educativas, hacemos reforestaciones, charlas en colegios, denuncias legales… trabajamos sin un cinco y los hacemos porque somos ecologistas”.
Desde la FECON reivindicamos el sentirse ecologista y rechazamos el discurso de odio infundado desde la ignorancia y la mala fe. Hacemos un llamado a ser vigilantes. Las personas que defendemos la naturaleza debemos denunciar cualquier acción de violencia contra nuestras organizaciones o integrantes de los mismos.
Sábado, 20 de enero 2018. San José, Costa Rica.
Información: Henry Picado Cerdas, teléfono 8760 9800
Este próximo 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su fallo sobre la última demanda presentada por Costa Rica contra Nicaragua, relacionada a una carpa militar de Nicaragua ubicada en la playa adyacente a la Laguna de Isla Portillos (véase comunicado en francés y en inglés ). Se trata de una demanda que fue interpuesta por Costa Rica el 16 de enero del 2017, solicitando al juez internacional ordenar a Nicaragua el retiro de una carpa plástica de militares que apareció en la playa que se ubica frente a la Laguna de Portillos (véase texto de la demanda interpuesta en La Haya como tal con en pp.12-13 fotos satelitales).
Toma satelital extraída de esta nota de prensa de la BBC titulada «El destartalado y polémico campamento militar de Nicaragua del que dependen miles de kilómetros de mar territorial de Costa Rica».
En una ordenanza del 2 de febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos de presentación de escritos extremadamente breves de un mes para Costa Rica y de un mes y medio para Nicaragua (véase texto de la ordenanza). El juez internacional accedió además, a solicitud de Costa Rica, a unir esta demanda con la demanda de Costa Rica en materia de delimitación marítima interpuesta en febrero del 2014.
Algunas consideraciones previas
Antes de entrar a analizar en las líneas que siguen los alcances de esta inusual demanda, procederemos a recapitular la secuencia de demandas entre ambos Estados en los últimos años con algunas breves explicaciones. Ello con el fin de familiarizar un poco a nuestro estimable lector con el clima que se vive dentro del aparato estatal de ambos Estados, en el que pareciera que conceptos como «consulta», «diálogo», «mediación», «negociación», «racionalidad», o «sensatez» se desvanecen cuando se trata del Estado vecino:
– A.) Demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2010. En noviembre el 2010, Costa Rica demandó a Nicaragua (véase texto de la demanda) por la ocupación ilegal de su territorio en el sector conocido como «Isla Portillos«: se trata del extremo Norte de una masa terrestre denominada «Isla Calero«, de unos 155 Km2. El sector conocido como «Isla Portillos» representa en superficie alrededor de 1,7 Km2. Es de notar que pese al uso de la palabra «isla» en ambos casos, ninguna de estas dos regiones califica como tal, al situarse dentro del territorio correspondiente a la costa costarricense en el Mar Caribe.
Mapa de la zona conocida como «Isla Calero» correspondiente al delta del río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. En el círculo rojo dibujado por el autor, la zona conocida como «Isla Portillos». Figura facilitada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesor, Escuela Centroamericana de Geología, UCR.
Como lo puede apreciar visualmente nuestro lector, declarar que «Nicaragua ocupa Isla Portillos ilegalmente» no es igual a declarar que «Nicaragua ocupa Isla Calero ilegalmente» dada la diferencia de superficie entre ambos. El uso de las palabras «invasión» o «agresión» en vez de «ocupación ilegal» o «incursión» (de carácter estrictamente semántico para algunos, y como tal de relevancia relativa), tampoco es anodino. En agosto del 2013, un funcionario-consultor de la cancillería de Costa Rica reconoció, en una de las primeras preguntas realizadas por la periodista Natalia Rodríguez Mata, conductora del programa Sobre la Mesa de Canal 15 UCR, la diferencia existente entre estos diversos términos: admitió que, desde el punto de vista jurídico, “agresión” e “invasión” no aplicaban a la situación acaecida en Isla Portillos (Nota 1).
Este y otros sutiles juegos del lenguaje llevaron en el 2016 a algunos académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) a analizar cómo el discurso de las autoridades de Costa Rica en el período 2010-2014 tendió a sobredimensionar la controversia con Nicaragua (véase nota oficial del portal de la UCR titulada «Analizan política exterior con Nicaragua desde la perspectiva legal y social. Especialistas cuestionan sobredimensión de conflicto limítrofe«).
Como bien se recordará, la ubicación del encargado del dragado del Río San Juan en Nicaragua, Eden Pastora, se debió a un error de la empresa Google Earth, puesto que los mapas cartográficos oficiales de Costa Rica y de Nicaragua coincidían (al menos hasta el 2011) en ubicar «Isla Portillos» bajo la jurisdicción de Costa Rica. En esta nota de La Nación del 4.11.2010 se puede leer “Vea la foto satelital de Google y ahí se ve la frontera. En los últimos 3.000 metros las dos márgenes son de Nicaragua”.
Recurrir a mapas equivocados de Google teniendo a disposición mapas cartográficos oficiales coincidentes constituye un hecho inusitado, y el «Comandante 0» (nombre de guerra de Eden Pastora en los años 80) es, sin lugar a dudas, partidario de lo inusual.
Mapa del último sector de la frontera terrestre entre Costa Rica y Nicaragua de Google Earth usado por Eden Pastora para ubicarse en Isla Portillos en octubre del 2010. A la izquierda, mapa usado que contiene un error, a la derecha, el mapa rectificado por Google Earth a inicios de noviembre del 2010 (ver nota de La Nación titulada «Google reconoce error en mapa que traza límites en sector de isla Calero»). Imagen extraida de artículo de prensa titulada «Google se desmarca del conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica».
Pese a los esfuerzos de los asesores legales de Nicaragua ante la CIJ, la ocurrencia de Eden Pastora no surtió efectos. En su fallo del 16 de diciembre del 2015, la CIJ ordenó a Nicaragua retirarse del sector conocido como «Isla Portillos» al ser declarado por los jueces territorio costarricense (véase texto de la sentencia, párrafos 92-93).
– B.) Demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011. En diciembre del 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» por parte de Costa Rica iniciada a mediados del mismo año (véase texto de la demanda). Se trata de una ruta de unos 154 kilometros que bordea la frontera fluvial y parte de la frontera terrestre, sin que se entienda muy bien -hasta la fecha – qué relación puede guardar con el lugar en el que incursionó de forma ilegal Nicaragua en «Isla Portillos«, y cuyo punto de inicio en puesto Delta dista de unos 25 kilómetros. Construir una ruta paralela a la frontera de más 150 kilómetros entre Los Chiles y Puesto Delta so pretexto que permite a Costa Rica «defenderse» y vigilar lo que ocurre en Isla Portillos se mantiene como una idea profundamente original. Bautizarla oficialmente como «Ruta 1856 Juan Rafael Mora Fernández» para enfatizar la importancia que le otorga Costa Rica en la defensa de su soberanía no resuelve mayormente el problema de su originalidad.
Mapa de la denominada «trocha fronteriza» y de las rutas de acceso al río San Juan habilitadas por Costa Rica en respuesta a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua calificada como una «agresión» e «invasión» por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2010. Documento oficial presentado en Casa Presidencial en Costa Rica. Al extremo derecho, Isla Portillos (circulo en rojo realizado por el autor ya que no se distingue mayormente en razón de la escala usada).
Tal y como lo indicamos en un medio de prensa en Costa Rica en diciembre del 2015 (véase artículo publicado en La Extra), la transitabilidad de un trazado de 154 kilómetros en una zona tropical presenta desafíos que no se dieron en el caso de otras fronteras en el mundo acordonadas con una ruta paralela a la línea divisoria (entre otros, las fronteras de Israel y un segmento de la frontera entre Estados Unidos y México):
«esta ruta se ubica en el trópico húmedo, lo cual requiere un ejercicio mayor en cuanto a su construcción y mantenimiento, sin que quede muy claro cuál es la “contención” a la que se quiere proceder por parte de Costa Rica. Algunos de su promotores han afirmado que permite “defender” a Costa Rica, sin que se tenga tampoco claridad de cómo una ruta paralela a un río (que además se desborda en ciertas épocas del año) permita cumplir con este objetivo. Finalmente, de optar por mantener esta idea, esta ruta debería garantizarle continuidad a sus usuarios, con puentes sobre el Río Sarapiquí, el Río San Carlos, el Río Frío, que conllevan un esfuerzo ingenieril debido a las características muy propias de estos ríos en cuanto a caudal (similares al Río Parrita en la vertiente Pacífico) sin contar innumerables quebradas, humedales y muchos otros cuerpos de agua que desembocan en el San Juan«.
Lo más notorio es que, a la fecha en que se redactan estas líneas (enero del 2018), la «trocha fronteriza» persiste como una verdadera criatura sin padre:
– en el mes de agosto del 2012, un artículo en el Semanario Universidad se tituló “Se mantiene interrogante de quién ordenó construir trocha fronteriza”;
– en enero del 2013, en un artículo de opinión, el entonces Ministro de Seguridad, José María Tijerino Picado, rechazó haber sugerido la construcción de la “trocha” (veáse texto);
– en abril del 2013, un artículo publicado en el Semanario Universidad se tituló: “Todos alabaron la trocha, pero nadie asumió la paternidad”.
A finales del 2015 tuvimos la oportunidad de preguntar directamente ante cámaras quién fue, dentro del gabinete, el que sugirió la «trocha» a un ex alto funcionario de la administración 2010-2014, Carlos Roverssi Rojas (en un primer momento designado como Vice Canciller en el período mayo 2010-junio 2013 y a partir de junio del 2013, Ministro de Comunicación). Su respuesta fue: «los responsables de la trocha somos todos, y Costa Rica en general» (sic.) (Nota 2). En mayo del 2016, un interesante artículo de CRHoy se tituló con una pregunta cuya vigencia persiste a la fecha: «Caso de la trocha: ¿y los responsables?«.
Pese a los esfuerzos de los asesores legales de Costa Rica ante la CIJ, la ocurrente idea de alguien en alguna oficina gubernamental en Costa Rica no convenció mayormente a los jueces. El fallo de la CIJ de diciembre del 2015 contiene un párrafo en el que la CIJ desdice a Costa Rica sobre la pretendida «situación de emergencia» para construir en condiciones tan peculiares la denominada «trocha«.
En efecto, en el párrafo 158 de su sentencia (véase texto) del 16 de diciembre del 2015, se lee que para la CIJ:
“…la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le Costa Rica n’a pas démontré l’existence d’une urgence justifiant de construire la route sans entreprendre d’évaluation de l’impact sur l’environnement. En effet, l’exécution des travaux était prévue dès le départ pour durer plusieurs années, ce qui s’est confirmé par la suite. De plus, lorsque le Costa Rica a entrepris la construction de la route, la situation dont le territoire litigieux était le théâtre avait déjà été portée devant la Cour, laquelle a, peu de temps après, indiqué des mesures conservatoires«.
En caso de alguna duda de nuestros estimables lectores, reproducimos la versión en inglés del mismo extracto del párrafo 158 de la sentencia de la CIJ:
«the Court considers that, in the circumstances of this case, Costa Rica has not shown the existence of an emergency that justified constructing the road without undertaking an environmental impact assessment. In fact, completion of the project was going to take, and is indeed taking, several years. In addition, when Costa Rica embarked upon the construction of the road, the situation in the disputed territory was before the Court, which shortly thereafter issued provisional measures«.
– C.) Demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2014. En febrero el 2014, Costa Rica demandó a Nicaragua por el tema de la delimitación marítima, pidiendo al juez internacional determinar la frontera marítima en ambos océanos (véase texto de la demanda, la cual viene sin mapas que pudiesen ilustrar las pretensiones de Costa Rica). Esta demanda se presentó de forma sorpresiva, al no haber mayor tensión con Nicaragua registrada en febrero del 2014 en este ámbito preciso. A notar que fue presentada pocas semanas después de celebrarse la primera vuelta electoral en Costa Rica.
Ante las coordenadas muy distantes dadas por cada uno de los dos Estados con relación al inicio de la frontera terrestre en Punta Castilla, en el Caribe, el cual fue fijado en 1897, la CIJ ordenó un peritaje, y dos expertos nombrados por la CIJ realizaron varias visitas in situ en aras de tener mayor claridad antes de ubicar este punto. Ambos rindieron su informe en abril del 2017 (véase texto en francés y en inglés en el que, en la página 45, figuran los puntos propuestos por cada Estado). En junio del 2017, ambos expertos contestaron a algunas dudas que tenía Costa Rica sobre sus conclusiones (véase texto de su respuesta a Costa Rica).
– D.) Demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2017. En enero del 2017 Costa Rica demandó a Nicaragua por el campamento militar localizado en la playa frente a la Laguna de Portillos, que detallaremos a continuación.
Foto extraída de artículo de prensa del Tico Times titulada «Costa Rica sues Nicaragua over military camp near border». En el centro en azul, la carpa militar colocada por Nicaragua en el playón que se forma frente a la Laguna de Portillos.
Una carpa militar sola frente al mar
Un lector acostumbrado a revisar el tipo de asuntos que terminan en La Haya podría mostrarse un tanto perplejo ante una demanda presentada por un Estado contra otro en razón de la colocación de una carpa militar ubicada en una playa. Observando el carácter rudimentario de la carpa plástica colocada, la perplejidad puede ser mayor y esperamos que las líneas anteriores lo ayuden a mantenerla a niveles aceptables. De manera conocer el breve cruce de notas entre ambos Estados acaecido a finales del 2016, lo remitimos a nuestra nota publicada en Pressenza, titulada «Campamento militar en la playa: Costa Rica presenta nueva demanda contra Nicaragua ante la CIJ«, que incluye algunas tomas aéreas y fotos satelitales.
Gráfico extraído de esta nota de prensa de La Nación.
Es de notar que el banco de arena que se forma naturalmente frente a la Laguna de Portillos (y que la protege del mar) en la que se ubicó la carpa militar colocada por Nicaragua es considerado en todos los mapas oficiales de Costa Rica (al menos hasta diciembre del 2015) como perteneciente a… Nicaragua. En efecto, en su último segmento, la línea fronteriza sigue el contorno del borde de la Laguna de Portillos, tal y como se observa en los mapas del mismo Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Costa Rica, iniciando en Punta Castilla.
Mapa cartográfico publicado por el Instituto Geográfico Nacional o IGN (Costa Rica) en el que se detalla cómo la frontera bordea la Laguna de Portillos (Mapa “Punta Castilla” 3448-II, 1:50.000).
Al haber en su decisión de diciembre del 2015 la CIJ ordenado a Nicaragua retirarse del sector conocido como Isla Portillos, no ahondó sobre la pertenencia de este playón (que protege la Laguna de Portillos de la erosión marina) a uno u otro Estado. En una de sus ordenanzas, la CIJ pareciera haber incluido la playa en la expresión «territorio en disputa«, al menos esto es lo que interpreta Costa Rica en su demanda del 2017. El alegar que el fallo de diciembre del 2015 modificó la situación anterior y le adjudicó esta playa a Costa Rica es la tarea a la que se abocaron los asesores internacionales contratados por Costa Rica ante el juez internacional. Este próximo 2 de febrero, se podrá apreciar cuán convincentes fueron y cuán sólidos fueron sus argumentos.
La última controversia de varias aún pendientes de resolución entre ambos Estados
Este mismo 2 de febrero del 2018, la CIJ determinará también, en un fallo distinto para cada asunto, dos cuestiones pendientes de resolución entre ambos Estados:
– A.) La compensación por daño ambiental. El juez internacional deberá fijar el monto exacto de la compensación por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en el sector de Isla Portillos a partir de octubre del 2010 y luego en setiembre del 2013 con la apertura de dos nuevos «caños» (véase nota sobre anuncio de la CIJ). Se trata de un aspecto irresuelto entre ambos Estados, en el que destaca la peculiar manera de «negociar» un monto indemnizatorio. Anunciar públicamente, sin previa consulta, un monto constituye sin lugar a dudas una verdadera novedad para los entendidos en técnicas de negociación internacional. Sobre el particular y otros detalles de interés, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro artículo publicado en el OPALC (Sciences-Po, Paris) titulado: «Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes«).
Nótese que al anunciar el monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016, Costa Rica reconoció que la metodología usada para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos no proviene de una entidad del Estado, sino de una entidad privada costarricense.
El monto que asigne la CIJ dependerá de la metodología usada por cada uno de los dos Estados para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos, al materializar una cifra a partir de un desglose del daño ocasionado y valores asignados, por ejemplo, a la tala de árboles, entre muchos otros rubros. Desde este punto de vista, y sin tal vez proponérselo, la escogencia oficial que hayan hecho Costa Rica por su parte y Nicaragua por su lado en sus respectivos alegatos escritos, puede resultar de interés para efectos internos, y en particular para los sectores ecologistas de ambos Estados (Nota 3).
– B.) La frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua. En otra sentencia, el juez internacional determinará la frontera marítima entre los dos Estados en ambas costas, en respuesta a la solicitud que interpuso Costa Rica en febrero del 2014 (véase nota nuestra al respecto). Este último procedimiento contencioso fue unido por la CIJ con el de la carpa militar del 2017.
Con relación a los plazos para la presentación de escritos, en su ordenanza de abril del 2014 (véase texto), la CIJ fijó este plazo a 10 meses (Costa Rica habiendo solicitado un plazo de 6 meses y Nicaragua uno de 12 meses).
Las audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua con relación a la delimitación marítima tuvieron lugar en julio del 2017 en La Haya durante las cuales cada Estado presentó a los jueces las líneas que pretende (véase breve nota nuestra al respecto).
Concluidas las audiencias orales en La Haya, se abrió la etapa del «délibéré» de la CIJ: en este caso, las deliberaciones internas entre los jueces duraron 6 meses. Tratándose de dos costas a delimitar, este plazo resulta inusualmente corto, en particular si lo comparamos con los 13 meses que debieron de esperar pacientemente Perú y Chile en el 2014 para escuchar la lectura del fallo de la CIJ sobre su frontera marítima (véase breve nota nuestra al respecto en la que se intenta dar algunas razones que puedan explicar plazos tan largos del debate colegial interno a la CIJ).
Recordando la discusión originada entre Perú y Chile en el 2015 al no coincidir el inicio de la frontera marítima con el punto terminal de la frontera terrestre en la sentencia de la CIJ (véase foto satelital y triangulación objetada por Chile en esta nota de Elpais.cr) sería al respecto deseable que, en la decisión que rinda el juez internacional, el punto de inicio de la frontera marítima en el Caribe coincidiera con el punto terminal de la frontera en la playa entre Costa Rica y Nicaragua.
Otro punto de discordia potencial que sería (también) deseable que la CIJ resolviera en el texto de su sentencia, es la pertenencia de Isla Bolaños a Costa Rica, en el Océano Pacífico: se trata de una isla (esta sí es una isla que califica como tal, rodeada de agua salada…) ubicada en un bahía común a ambos Estados, la bahía de Salinas. El tratado de límites de 1858, siempre vigente, establece que ambos Estados ejercen de forma conjunta su soberanía en esta bahía (así como en la Bahía de San Juan del Norte en el Caribe). ¿Cuál es el régimen de esta isla? Se trata de un tema que tensó a la opinión pública en Costa Rica en julio del 2016 al publicarse en la prensa de Costa Rica una de las pretensiones de Nicaragua contenida en sus alegatos escritos sobre esta isla: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota al respecto. No es la primera vez que se filtra a la prensa costarricense documentos que, en apego a las estrictas reglas de confidencialidad de la CIJ, no debieran de circular más que entre el juez y las partes (Nota 4).
La controversia sobre la Isla Bolaños y la coincidencia antes referida del punto inicial de la frontera marítima son algunos aspectos que ojalá se resuelvan en el texto de la sentencia a ser leida este 2 de febrero. Para ello, ambos Estados debieron de haberlo solicitado en sus conclusiones finales a los jueces. De no haberlo hecho, darían pie para nuevas discusiones entre dos Estados que parecieran tener como única agenda bilateral, el de remitir sus controversias al juez en La Haya.
Con relación al monto por compensación en materia ambiental, Costa Rica anunció unilateralmente un monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016 (véase nota de prensa), y a la fecha se desconoce el monto ofertado por Nicaragua que se haya plasmado en un documento oficial. El conocerlo permitiría conocer la distancia existente entre ambos montos. Es muy probable que la CIJ en su decisión busque un término medio entre el monto solicitado por Costa Rica y el monto ofertado por Nicaragua (el cual deberá aparecer en alguna parte de la sentencia a leerse): se trata de un recurso al que recurre a menudo el juez internacional en aras de permitir a ambos Estados salir bien librados ante sus respectivas opiniones públicas. «Partir el ayote por la mitad» es un concepto familiar en Costa Rica para quiénes son llamados a impartir justicia y agradecemos desde ya a nuestros atentos lectores indicarnos si la misma expresión es también usada en Nicaragua.
Este próximo 2 de febrero: un inédito día para la justicia internacional
Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia que la CIJ convoca a dos Estados para leerles su decisión en tres asuntos distintos, intentando enviar tal vez con esta larga jornada en perspectiva, un mensaje a ambos ribereños del río San Juan.
Al tratarse de tres asuntos distintos, el poner en relieve los asuntos en los que la otra parte quedó desfavorecida y en el que se salió favorecido debería permitir a ambos Estados salir airosos ante la opinión pública nacional e internacional este próximo 2 de febrero.
En el preciso caso de Costa Rica y de Nicaragua, tanto en el caso del fallo de julio del 2009 (sobre derechos de navegación) como en el de diciembre del 2015 sobre Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» (dos casos unidos en un solo procedimiento contencioso a solicitud de Nicaragua), mañaneros cantos de sirena se dejaron oír de ambos lados del río San Juan.
En el caso de la sentencia de julio del 2009 de la CIJ, Nicaragua obtuvo de la CIJ un reconocimiento a su potestad para reglamentar la navegación y Costa Rica una prohibición absoluta hecha a sus fuerzas policiales de navegar: véase párrafo 156, en particular incisos 1)h y 1)i) adoptados ambos por unanimidad de la decisión del 2009). El hecho que, siendo titular de una competencia en materia de vigilancia fluvial reconocida en un tratado vigente desde 1858, un Estado presente una demanda, y regrese de La Haya con una sentencia negándole ejercerla es poco casual y, como mínimo, merece mención. Un año después de leída la sentencia, Costa Rica enfrentaría, en el 2010, enormes dificultades para vigilar lo que ocurría en el último segmento de su frontera fluvial con funcionarios de Nicaragua utilizando mapas erróneos de Google Earth para ubicarse.
La última demanda presentada en el 2017: una nueva marca para la CIJ en medio de una nebulosa
Al haber sido presentada por Costa Rica en enero del 2017, esta demanda por la presencia de una carpa militar de Nicaragua en esta playa del Caribe constituye el caso contencioso resuelto de la forma más expédida (un año) por la CIJ en toda su historia: en efecto, por cada demanda contenciosa, los Estados deben prepararse a por lo menos cuatro años de procedimiento como mínimo, y a sufragar los gastos que supone su defensa, los cuales oscilan entre 5 a 9 millones de US$ para cada Estado y cada demanda. Chile se vió forzado a reconocer que para enfrentar la demanda peruana ante la CIJ, gastó más de 20 millones de US$.
Los gastos que significa una demanda en La Haya constituyen un ámbito sobre el que los Estados se muestran usualmente discretos, y la prensa, poco curiosa (salvo muy contadas excepciones).
En Costa Rica, en junio del 2015, se leyó en la prensa que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales” (véase nota de CRHoy): un dato verdaderamente curioso que despierta algunas interrogantes y que nos ha parecido oportuno mencionar (y que habría tal vez que dar a conocer – discretamente – a los que velan por la buena salud de la hacienda pública chilena).
Sobre algunos otros datos arrojados en Costa Rica y en Nicaragua así como en otros Estados en los que la prensa se muestra más interesada por este aspecto, remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota publicada en CIARglobal titulada «Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ» (véase en particular sección «El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura«).
A modo de conclusión
No cabe duda que en los últimos años, Costa Rica y Nicaragua han protagonizado un espectáculo raramente visto en el ámbito internacional. La respuesta del juez internacional a la demanda por la carpa militar edificada en el playón que protege la Laguna de Portillos del mar vendrá a concluir una secuencia ininterrumpida de demandas entre ambos Estados desde el mes de noviembre del 2010. El observar que en, seis años y dos meses, dos Estados puedan llegar a presentar cuatro demandas entre ambos (de las cuales tres planteadas por Costa Rica) constituye un hecho insólito en los anales de la justicia internacional de La Haya.
Esperemos que una vez leída la sentencia en el caso de la carpa militar y en los dos asuntos que también se dilucidarán este 2 de febrero, ambos Estados intentarán reencausar sus deterioradas relaciones hacia aguas menos tormentosas: su cargada y compleja agenda bilateral suspendida por más de 12 años así lo requiere.
Notas
Nota 1: Véase el video disponible en You Tube del programa Sobre la Mesa de agosto 2013, Canal 15 UCR. El consultor-funcionario justificó no obstante ante las cámaras del canal universitario el uso de la palabra «invasión«, según sus propios términos «para que la gente entienda» (Minuto 7:23).
Nota 2: Véase Programa RTNoticias, video disponible en YouTube, emisión del 15/12/2015 (Minuto 24:18).
Nota 3: A la fecha, en ausencia de una metodología oficializada por parte del Estado costarricense para cuantificar el daño ambiental, está pendiente de una decisión de la justicia costarricense la fijación exacta del monto por el daño ambiental ocasionado por la empresa minera canadiense Infinito Gold en octubre del 2008 en Las Crucitas. Con relación a otro escándalo ambiental, que ordenó esta vez el mismo Estado costarricense en abierta violación a su legislación ambiental, no se ha dado a conocer (aún) la cuantificación del daño ambiental causado por la construcción de la denominada «trocha fronteriza» construida a partir del 2011 por las autoridades costarricenses a lo largo de buena parte de la frontera fluvial con Nicaragua. De igual manera un sinfín de acciones contra piñeras están archivadas por el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) desde muchos años en ausencia de una cuantificación del daño ambiental por parte del Estado costarricense.
Nota 4: Los documentos escritos como la memoria y la contramemoria presentados por los Estados al juez internacional no son documentos públicos hasta tanto los jueces de la CIJ decidan darlos a conocer: esta decisión usualmente se toma al iniciar las audiencias orales en La Haya, fase correspondiente a la recta final del procedimiento contencioso. Ello obedece al hecho que no es sino hasta las audiencias orales que los Estados ultiman y seleccionan sus mejores argumentos legales. La primera fase escrita del contradictorio (memoria / contramemoria) seguida de una segunda ronda de alegatos escritos (réplica / dúplica) permite descartar pretensiones y argumentos claramente abusivos, usados inicialmente como parte de la batería jurídica adoptada. El 4 de febrero del 2013, un artículo de La Nación (Costa Rica) titulado «Managua formaliza en La Haya reclamo para usar Río Colorado» fue antecedido por la presentación unos días antes en la CIJ de un escrito de Nicaragua solicitando nuevos puntos a considerar (denominados «demandas reconvencionales«), incluyendo una pretensión sobre el Río Colorado (véase documento del 30 de enero del 2013). Esta pretensión de Nicaragua en aras de que se le concedieran derechos provisionales de navegación en el Colorado fue rechazada por la CIJ en su ordenanza del 18 de abril del 2013. Lo que nunca se logró saber es cómo esta información llegó en cuestión de pocos días a la redacción de La Nación.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Iniciativa construyó junto a activistas y movimientos sociales un manifiesto feminista que plantea las luchas urgentes para la construcción de una sociedad democrática
Informe señala la discriminación y desigualdad a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito político y que son reflejo de la realidad que acompaña su vida cotidiana.
El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres “Nosotras en la Política”, denunció la presencia de prácticas sexistas y de violencia política en el proceso electoral que experimenta el país actualmente, de cara a las elecciones del próximo 4 de febrero.
La iniciativa es desarrollada por el Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica (ONU) y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR), con el apoyo de los Países Bajos y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Pese a que este espacio de reflexión, análisis y vigilancia cuenta con apenas tres meses de existencia, ya consolidó un primer informe que señala la discriminación y desigualdad a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito político y que son reflejo de la realidad que acompaña su vida cotidiana.
Ana Carcedo, coordinadora del nuevo observatorio, afirmó que los partidos políticos en Costa Rica siguen sin respetar la legislación vigente que establece la paridad en la participación de hombres y mujeres en sus papeletas.
Ana Carcedo, coordinadora del nuevo observatorio, hizo un recuento de las diversas formas en que el actual proceso electoral violenta la equidad de género. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
La situación descrita se evidencia al constatar que sólo uno de los 13 partidos inscritos cuenta con una mujer como candidata a la presidencia, sólo 9 partidos presentan mujeres como candidatas a la primera presidencia y 4 a la segunda presidencia.
Señaló además que solo un 21,7% de mujeres fueron mencionadas para ocupar puestos ejecutivos según los debates presidenciales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) del pasado 7 y 8 de enero.
Montserrat Sagot, Directora del CIEM, afirmó que la construcción de una sociedad democrática no sólo implica la aprobación de nuevas leyes y políticas públicas, sino también, la construcción de cambios culturales y políticos más profundos que conduzcan a la eliminación de las múltiples formas de discriminación y exclusión de las mujeres.
“Nuestro país tiene un compromiso internacional con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos: la discriminación y la violencia deben eliminarse de la sociedad costarricense con urgencia” manifestó Sagot.
Manifiesto feminista demanda reivindicaciones
Montserrat Sagot, Directora del CIEM, enfatizó sobre la necesidad de consolidar cambios culturales y políticos profundos que conduzcan a la eliminación de las múltiples formas de discriminación y exclusión de las mujeres. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
El escenario de desigualdad y discriminación que media la participación de las mujeres en la política costarricense motivó a que el Observatorio “Nosotras en la Política”, grupos feministas y representantes de otros movimientos sociales crearan un manifiesto.
El documento reúne en cinco apartados las principales demandas que estas agrupaciones plantean como urgentes para la construcción de una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, así como de la ciudadanía en general.
Según la feminista independiente Lorena Camacho, la iniciativa surge como resultado de un proceso de creación colectiva, que reconoce la necesidad de reaccionar ante los embates de las políticas odio y de antiderechos impulsados por sectores cristianos, fundamentalistas conservadores y los partidos tradicionales.
“Nuestro manifiesto asume la perspectiva de la libertad, la igualdad, la equidad y los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas, cuestiona el modelo económico neoliberal centrado en el mercado y que acentúa las desigualdades”, enfatizó.
Alice H. Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, señaló la equidad de género una condición imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible. – foto Anel Kenjekeeva, UCR.
Sagot señaló que aunque este tipo de demandas han sido planteadas en diversos países como agendas políticas firmadas por los aspirantes presidenciales, en este caso, el manifiesto fue firmado por activistas y representantes de movimientos sociales, comprometidos con la construcción de un estado de bienestar social.
Las representantes de los diversos grupos feministas coincidieron en la necesidad de reflexionar sobre el tipo de sociedad que se quiere y de continuar sumando esfuerzos que consoliden acciones para hacer frente a los desafíos económicos, políticos y de derechos humanos.
Alice H. Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, resaltó la urgencia de asegurar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos como una condición imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible.
“Las mujeres debemos formar parte de todos los espacios para la toma de decisiones, y la paridad en el ámbito político es central para fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres sin retroceso alguno y para no dejar a nadie atrás”, concluyó la representante internacional.
Prestigio de centro de investigación de la UCR lo hace un líder mundial en desarrollo y provisión de sueros antiofídicos
En el mundo se estima que ocurren 2.5 millones de envenenamientos por mordeduras de serpiente. De esta cifra, 100.000 personas mueren por este motivo en tan solo un año. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El renombre científico del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR), durante sus 50 años de trayectoria, le permite hoy trabajar con laboratorios especializados en más de 28 países alrededor del mundo. Estas alianzas, junto con su amplia experiencia técnica, le da la posibilidad de producir antivenenos para distribuirlos en 14 países de alta vulnerabilidad social, que de otra forma no podrían acceder a este medicamento vital.
¿Su objetivo? Salvar vidas y erradicar los efectos perjudiciales que una mordedura de serpiente puede generar en la salud humana, cuyas consecuencias van desde secuelas permanentes hasta el fallecimiento.
Esta contribución de la UCR se enmarca en un contexto mundial en el que la mayoría de accidentes ofídicos ocurre en países pobres, específicamente afecta a trabajadores agrícolas y jóvenes de zonas rurales. Dicha situación hace que las grandes farmacéuticas no produzcan antivenenos al considerarlos como medicamentos poco lucrativos a nivel económico, razón por la cual el ICP-UCR pone su saber científico al servicio de las zonas más necesitadas sin ningún ánimo de lucro.
Entre los 14 países en los que el Instituto distribuye sus productos se encuentran Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia y Ecuador, donde en conjunto se presentan más de 6.000 accidentes ofídicos al año. En los últimos cinco años el Instituto ha donado a esta naciones cerca de 300.000 viales de antivenenos. Además, ha contribuido con la investigación y distribución de sueros en países africanos como Nigeria y Costa De Marfil, Sri Lanka en el continente asiático y Papua Nueva Guinea en Oceanía.
Los accidentes ofídicos afectan alrededor de 600 personas por año en Costa Rica. Por eso, la Sección de Desarrollo Tecnológico del ICP tiene como objetivo conocer los perfiles de eficacia neutralizante de antivenenos a través de pruebas de laboratorio de alta calidad.
De acuerdo con el Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, investigador del ICP-UCR, el aporte del Instituto a nivel internacional es posible gracias a investigaciones de punta, a la calidad humana y profesional de los funcionarios y a los vínculos internacionales promovidos por una filosofía de solidaridad.
El ICP realiza estudios para el conocimiento biológico de las serpientes venenosas mediante análisis relacionados con el mecanismo de acción de las toxinas, la capacidad neutralizante de los antivenenos, así como la innovación tecnológica para el desarrollo de nuevos productos y el mejoramiento de los existentes.
“El amplio conocimiento en la fabricación de antivenenos por el ICP-UCR, proporciona el desarrollo de nuevas tecnologías para la producción y el control de calidad. Por otra parte, la investigación se ha fortalecido en diversos ámbitos temáticos, uno de los cuales es el estudio en detalle de la composición bioquímica, esencial para la comprensión de los mecanismos de acción de los venenos y sus toxinas. Para ello, se emplea la tecnología de espectrometría de masas para identificar componentes y cuantificar su concentración”, puntualizó.
Investigación más allá de las fronteras
El conocimiento generado por el Instituto beneficia a la cultura científica de Costa Rica. Los estudios que se llevan a cabo por la UCR generan vínculos entre investigadores de diversas regiones del mundo. La oportunidad abre las puertas en el abordaje de temas de mayor complejidad que aumentan el impacto y la proyección costarricense a nivel internacional.
El ICP-UCR realiza evaluaciones de eficacia de antivenenos no solo en Costa Rica, sino también con los elaborados en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica y México, lo que le ha permitido fortalecer sus lazos con otros laboratorios latinoamericanos.
De los 28 laboratorios con los que trabaja el ICP sobresalen algunos ubicados en Brasil, Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, España, Francia, Israel, Alemania, Japón y Australia, así como de otros países en América Latina. Estas colaboraciones son clave para la UCR, pues le permite generar espacios de encuentro académico con colegas de diversas latitudes y contextos.
“Los estudios efectuados por el ICP en colaboración con grupos de otros países, dan a conocer a profundidad la forma sobre cómo actúan los venenos de serpiente y permiten conocer cuál es la capacidad de diversos sueros para neutralizar venenos de varias regiones. Todo eso impulsa la proyección de la ciencia costarricense al ámbito global y al mismo tiempo beneficia a poblaciones de muchos países”, relató el Dr. Gutiérrez.
Solo en Nigeria se calcula que hay unos 40.000 accidentes ofidícos al año. Sri Lanka tampoco se queda atrás. Sólo ahí ocurre un promedio de 30.000 casos de envenenamientos. En cuanto a Papua Nueva Guinea, se registran unos 1000 casos por año.
Labor destacada
Costa Rica es un modelo referente sobre cómo enfrentar el problema de los envenenamientos por mordeduras de serpiente. Su prestigio hizo que incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) recurriera al país en el 2017 para consultar criterio técnico en esta materia como resultado de su alta credibilidad científica.
A finales de ese mismo año el ICP-UCR recibió el premio de la Famila De Girolami, galardón que entrega anualmente la Revista de Biología Tropical a la mejor publicación en el campo de la biomedicina –área que estudia los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares y genéticos de las enfermedades humanas -.
En esa ocasión, la investigación se basó en analizar si realmente el suero elaborado por “Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México” (Birmex) era capaz de neutralizar, en un solo antídoto, cinco venenos de serpientes del género Bothrops Asper (mejor conocida como Terciopelo) y Crotalus Basiliscus (conocida como Cascabel). El resultado fue positivo y crea una nueva oportunidad para resolver el problema de abastecimiento que hoy afecta a Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia.
“Los resultados de las investigaciones suministran información valiosa, de gran utilidad para los tomadores de decisiones en ministerios de salud y otras instituciones. Los resultados aclaran cuáles antivenenos son eficaces en ciertos países y cuáles no lo son, elemento fundamental para el abordaje eficaz del padecimiento”, señaló Gutiérrez.
Actualmente, la demanda y la confianza de los productos del ICP-UCR ha crecido. Por este motivo, se pretende buscar nuevos inhibidores para los venenos, es decir, moléculas diferentes a los antivenenos que puedan neutralizar las principales toxinas de las mordeduras de serpiente de mayor necesidad. La línea de investigación aún está en una fase temprana de su desarrollo, pero ya se han encontrado hallazgos prometedores.
