Ihann Paniagua Porras, politólogo alajuelense graduado de la Universidad de Costa Rica y asesor legislativo, lanzó oficialmente su candidatura a la Vicepresidencia Nacional de Juventudes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de cara a las elecciones internas del próximo 27 de abril.
Durante su discurso, Paniagua centró su mensaje en los retos que enfrenta la juventud costarricense, entre ellos el desempleo, la falta de acceso a la educación superior y la desconexión entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral.
“Hablar de juventud en Costa Rica es hablar de potencial, de talento, de ganas de salir adelante, pero también es hablar de desafíos”, afirmó. “Muchos jóvenes sienten que el sistema no los escucha, que la educación no está conectada con el mundo actual, y que conseguir una oportunidad digna se vuelve cada vez más difícil”.
Con una visión renovadora desde lo que denomina la nueva unidad, Paniagua propone impulsar una agenda política que coloque a los jóvenes en el centro del desarrollo del país, promoviendo políticas públicas que faciliten el acceso a la educación técnica y universitaria, apoyen el emprendimiento juvenil y garanticen un primer empleo digno.
“Proponemos una Costa Rica donde la educación esté alineada con el presente y el futuro. Donde el primer empleo deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho accesible. Queremos oportunidades, sí, pero también queremos confianza”.
Paniagua destacó además el papel que el PUSC debe jugar en la construcción de una alternativa sólida de gobierno para las elecciones nacionales de 2026, asegurando que su generación está lista para asumir responsabilidades con seriedad y liderazgo.
“Sabemos que gobernar no es improvisar: es escuchar, planificar y actuar con valentía. Nosotros sí tenemos la experiencia y la visión para transformar”, aseguró.
Finalmente, hizo un llamado a la militancia socialcristiana a respaldar su papeleta este 27 de abril, marcada con el número 10, reiterando su compromiso con una juventud que no solo exige ser escuchada, sino que está preparada para liderar.
Para producir el suero antiofídico se necesita extraer el veneno de la serpiente.
Más de cinco décadas de alivio
En los últimos 55 años, el ICP-UCR ha producido 3 800 000 sueros antiofídicos que han permitido salvar miles de vidas en Costa Rica y el mundo
¿Alguna vez se ha preguntado cuántos frascos de antiveneno se requieren para salvar la vida de una persona que sufrió de un envenenamiento por la mordedura de una serpiente?
Bueno, no es uno ni dos, sino que pueden ser entre 5 a 10 frascos para una única persona, según la condición particular de cada paciente y, por supuesto, del tipo de serpiente que lo mordió.
En el caso de la terciopelo, por ejemplo, el veneno de este animal puede ocasionar un fallecimiento entre las primeras 6 a 48 horas después de la mordedura.
Así, desde que se da un accidente ofídico inicia, de manera inmediata, una carrera contra el tiempo, en la cual cada segundo determina la esperanza de vida.
En ese escenario está el Instituto Clodomiro Picado (ICP), de la Universidad de Costa Rica (UCR). Este ente, por 55 años, ha sido el encargado de producir el único fármaco capaz de hacer la diferencia entre la vida y la muerte: el suero antiofídico.
“El ICP-UCR fue creado con la finalidad de enfrentar un problema muy serio de salud pública como son los envenenamientos por mordeduras. Todo el trabajo del Instituto, en estos 55 años, ha redundado en la solución de este serio problema de salud pública para Costa Rica y otros países”, expresó el Dr. José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor emérito de la UCR.
El logro es notable. Mientras en muchas partes del mundo —incluidos varios países del continente africano— hay desabastecimiento de antiveneno, Costa Rica, en cambio, lo produce en su propio territorio.
En 1970, ICP-UCR hizo que una nación pequeña, y principalmente campesina, lograra tener su propio antídoto en casa, algo que jamás se pensó como posible.
Ahora, y de la mano con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el principal responsable de administrar el suero, cada año se salvan cerca de 600 vidas en Costa Rica.
Si pensamos en el ámbito internacional, la cifra es aún mayor. Tan solo en los últimos 55 años, el ICP-UCR ha producido cerca de 3 800 000 frascos de sueros antiofídicos distribuidos a varios países de Centroamérica: Panamá, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
También a otras naciones como Ecuador, Perú, Eswatini, Burkina Faso, Nigeria, Kenia, Costa de Marfil y algunas regiones en las que operan las misiones de la organización Médicos sin Fronteras.
Mediante la UCR, todos esos países obtienen un fármaco del cual suelen carecer debido a que no es producido por las grandes empresas farmacéuticas. ¿Las razones? Varias.
Una es que el problema del envenenamiento ofídico suele afectar a regiones rurales y con altos índices de pobreza.
La segunda es que es una enfermedad desatendida y, la tercera, es que el antiveneno es un medicamento de alta dificultad de producción. Por lo tanto, el desarrollo del suero se considera un negocio poco rentable.
“Al año producimos cerca de 120 000 frascos de antiveneno. Estos pueden ser tanto para el continente americano como para el africano”, detalló el Dr. Andrés Hernández Bolaños, regente farmacéutico del ICP-UCR.
Esa capacidad de producción, más la investigación y el compromiso social, hoy consolidan al Instituto Clodomiro Picado como un referente mundial en la elaboración de sueros antiofídicos.
Incluso, a finales del 2024, la Organización Gavi comunicó el éxito del antiveneno costarricense en Eswatini, África, que permitió, por primera vez en la historia de ese país africano, reducir a cero las muertes por envenenamientos ofídicos.
Desde la U: Elaboración de sueros antiofídicos
Más que sueros
Otro eje son los estudios científicos. La Dra. Teresa Escalante Muñoz, coordinadora de la División de Investigación y Acción Social del ICP-UCR, indica que mediante la investigación se ha logrado analizar la composición y el mecanismo de acción de los venenos de serpiente para mejorar las formulaciones de los sueros antiofídicos.
Asimismo, han procurado ir más allá de las serpientes y analizar el veneno de otros animales tóxicos como las ranas y los escorpiones venenosos.
“Estamos buscando nuevos inhibidores para las toxinas de ranas y escorpiones. Igualmente, tenemos proyectos enfocados en toxinas bacterianas que causan enfermedades en animales y en humanos. Incluso, tenemos proyectos en inmunología y cáncer. Todas estas investigaciones han generado, tan solo en el 2024, más de 60 publicaciones en revistas científicas internacionales a favor de la salud pública”, expresó la Dra. Escalante.
Lo anterior se acompaña de una invaluable acción social. Por 55 años, el ICP-UCR ha capacitado al sector médico para la administración del suero y ha apoyado a las comunidades en riesgo como las ubicadas en Talamanca, Turrialba y Limón.
Del mismo modo, ha colaborado con los cuerpos de socorro en la atención de emergencias generadas por serpientes —y hasta cocodrilos— en todo el país.
“En las comunidades generamos capacitaciones sobre prevención de accidentes ofídicos y qué hacer en caso de que ocurra un accidente. En ese mismo sentido, educamos sobre cómo manejar de forma segura a estos animales cuando entran a alguna infraestructura como a una casa, por ejemplo. Con los cuerpos de socorro trabajamos en la atención y traslados de pacientes al centro hospitalario”, comentó el Dr. Fabián Bonilla Murillo, biólogo del ICP-UCR.
Actualmente, el ICP-UCR contribuye a reducir significativamente las muertes por accidentes ofídicos en Centroamérica y África. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El siguiente paso
Desde la perspectiva de la Dra. Yamileth Angulo Ugalde, directora del ICP-UCR, una de las metas futuras es seguir la investigación básica y aplicada para producir antivenenos que lleguen a nuevas latitudes.
“En África, el accidente ofídico es un problema de salud pública importante y mueren muchísimas personas. Consideramos que podemos aportar más como Instituto en esa región. Además, queremos desarrollar nuevos productos, no necesariamente antivenenos, sino en transferencia tecnológica y seguir contribuyendo al desarrollo científico tecnológico de nuestro país”, señaló la Dra. Angulo.
Así, a lo largo de 55 años el ICP-UCR demuestra que, cuando el conocimiento se pone al servicio del bien común, no existen fronteras si de salvar vidas se trata.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Imaginemos que nuestras comunidades (en el amplio sentido de la palabra) son carruseles que giran a diferentes velocidades utilizando su propia energía, donde sus integrantes están sujetos a la barra de los caballitos. Cada carrusel representa una dinámica social, económica y cultural propia, con ritmos que dependen de su historia, sus recursos y su capacidad de adaptación.
Pero, ¿qué sucede si a algunas de estas comunidades llegan energías externas (flujos de dinero, inversión, turismo, migración o incluso nuevas políticas) y que hacen que sus carruseles aumenten el ímpetu y la velocidad? A primera vista, este podría parecer un impulso positivo, una oportunidad de crecimiento y revitalización para la zona y sus habitantes. Sin embargo, no todos están igualmente preparados para el cambio, ni todas las externalidades negativas están siendo consideradas. Algunos, firmemente sujetos a la barra, logran adaptarse al nuevo ritmo, aprovechando las oportunidades que surgen con la aceleración. Otros, en cambio, que apenas se sostenían de la barra, sin estructuras de apoyo sólidas, terminan siendo expulsados del carrusel.
Este fenómeno se observa en procesos de gentrificación, en transformaciones urbanas abruptas y en economías locales que de pronto se ven influenciadas por dinámicas globales que reconfiguran su estructura.
Los que caen del carrusel no necesariamente lo hacen por falta de voluntad o esfuerzo, sino porque la velocidad impuesta no tomó en cuenta sus realidades. Entonces, ¿es posible regular la velocidad de los carruseles para que nadie salga expulsado? ¿Podemos diseñar sistemas donde la inclusión y la adaptación sean prioritarias, en lugar de que el cambio beneficie solo a quienes tienen un mejor agarre o a quienes influyen con su energía?
Quizá el reto no sea evitar el impulso externo, porque el cambio es inevitable, sino construir mecanismos de ajuste, de transición, y de compensación que permitan que todos los actores tengan la oportunidad de fortalecer su agarre antes de que la nueva dinámica económica los expulse del carrusel.
Liderazgo es el espejo que refleja las virtudes del hombre y su visión futura…
Caryl Alonso Jiménez
Es innegable, el cooperativismo ya no es un fenómeno marginal en la sociedad mundial, tiene una importante presencia. Según la Alianza Cooperativa Mundial a finales del 2024 existen tres millones de cooperativas en el mundo, donde el 12% de la población mundial (1000 millones) son socios activos…
En Guatemala representan el 35% de las exportaciones anuales, cuanta con más de tres millones de asociados en más de dos mil seiscientas cooperativas, que representan el 7.3% del PIB. ¿Realmente importa el papel de las cooperativas y su incidencia en la vida económica productiva y el bienestar de comunidades rurales…?
Si. Si importan, hay líderes y dirigentes que si les importa. Son aquellos que hacen que las cosas sucedan… son hombres y mujeres que tejen organizaciones de cooperación, dotados de la sensibilidad humana que son capaces de hacer sentir la diferencia (Kutter, 2006).
En las cooperativas, sus resultados se vinculan a las transformaciones de los ciudadanos, donde sus beneficios pueden medirse en procesos de cambio que producen mejora en la escala social, y allí sí que hay un balance en sus estados de resultados… porque el reparto de la riqueza es notable entre sus asociados.
Justamente, desde hace 49 años se viene gestando una dinámica social en Alta Verapaz, que recoge una historia tejida con la participación de líderes comunitarios que se han organizado alrededor de 40 cooperativas y crearon la Federación de Cooperativas de Alta Verapaz (FEDECOVERA), que ha construido las bases del desarrollo comunitario.
Su historia inicia en los albores de los años ochenta, donde construyó las bases de una dinámica comunitaria y rural con lógicas del trabajo de campo que le dieron razones a las veleidades trágicas de la época, y lograron situarse en los márgenes de esa historia.
La visión productiva y la combinación de la capacidad de imponer un modelo que le dio una sólida autonomía para buscar en los mercados mundiales en cinco continentes, aquello que las manos campesinas de hombres y mujeres que trabajan cada día.
Poner de acuerdo 40 cooperativas con dinámica propia y sentido competitivo, demanda la habilidad que solamente la confianza y visión de horizonte podían lograrlo: Leonardo Daniel Delgado, gerente general y principal líder, quien, con el carisma incontestable, supo comprender aspiraciones y optimismo con sentido humano. Por ello resulta la envidia de los que no tienen esas virtudes, esa voluntad inquebrantable que construye en silencio un sistema económico productivo para el desarrollo de Alta y Baja Verapaz.
Leonardo Delgado no tiene el sigilo del líder misterioso. No, por el contrario, tiene ese particular sentido humano del hombre sabio que escucha y reproduce en lenguaje de emprendimiento todo aquello que mira y procesa de la realidad. Recibe elogios que lo destacan como líder, pero sabe en su humildad que solo el ejemplo y el testimonio diario por el trabajo y sus convicciones, es lo que tienen validez.
Tiene uno de los olfatos más talentosos para construir prosperidad. Es un compulsivo legionario de la competitividad productiva, con excepcional genialidad para incorporar iniciativas en una faceta que transita hacia lo industrial, donde cada movimiento, según afirma, debe brindar valor agregado para producir rentas y repartirlas a los asociados cooperativistas. Con ello, busca demostrar que la vida en el campo es un laboratorio para el descubrimiento y compromiso que confirma, que la dignidad del hombre y la mujer del área rural, pueden salir adelante…
Es un lector compulsivo de los avances científicos, con esas combinaciones donde explica que toda invención deberá pasar por la combinación de usufructuar resultados para el bienestar humano; sino es un instrumento para el mercado, a veces impagable para campesinos pobres, como los servicios de salud rural y educación.
Leonardo Delgado no es un predicador y tampoco un motivador, es su extraordinario ejemplo y su testimonio. Ha reunido a lo largo de estos 40 años de capitán de buque, los mapas de interpretación para el desarrollo.
Tiene esos rasgos indiscutibles de quien encuentra en el trabajo diario, desde las alboradas de la blanca neblina del amanecer hasta las estrelladas noches de Alta Verapaz, esas razones que le dan la inspiración para la lucha diaria.
FEDECOVERA es un símbolo departamental que crea condiciones para el desarrollo, no es retórica para ganar adeptos; sino, para hacer de los balances financieros, un importante espacio para escribir los resultados anuales del desarrollo y bienestar en Alta Verapaz. Y justo, es allí donde Leonardo Delgado está haciendo que sucedan cosas buenas para Guatemala.
Defensoría consolida encuentro con autoridades de salud, municipalidades, juntas de salud y líderes comunales.
A partir de una investigación sobre las condiciones de recurso humano, infraestructura, equipamiento, primer nivel de atención, listas de espera y otras situaciones que se viven en los cinco centros hospitalarios de la Región Brunca, la Defensoría de los Habitantes agrupó a autoridades y representantes de diversos sectores del campo de la salud, municipalidades y líderes comunales en aras de impulsar propuestas de mejora en la prestación de los servicios de salud para toda la Zona Sur del país.
La intención es que, una vez consolidadas las iniciativas sean remitidas a la entidad que corresponda (CCSS, Ministerio de Salud, Gobiernos Locales, Juntas de Salud) para que puedan ser ejecutadas con la urgencia que requieren.
El hospital Fernando Escalante Pradilla es el centro de salud con mayor cantidad de denuncias ante la Defensoría sobre listas de espera en los últimos años; para abril del 2024 ocupaba el primer lugar con un 75 % del total de quejas, seguido por el Hospital Tony Facio, de Limón, con un 12%, el Hospital San Juan de Dios con 8% y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia con 5%. En cuanto a la distribución de las especialidades denunciadas se ubica Oftalmología, Radiología e Imágenes Medicas, Neurocirugía, Cirugía General y Ortopedia.
De los cinco hospitales de la Región Brunca (Escalante Pradilla, Ciudad Neily, Juana Pirola, Manuel Mora y Tomás Casas), solo uno dispone de un equipo para realizar mamografías y se encuentra en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón por lo que implica largos desplazamientos para las pacientes, dificultando el acceso a pruebas preventivas, lo que no resulta de recibo para esta Defensoría, ya que esta distribución de equipos no responde a criterios de equidad y amplían las brechas en el derecho a la salud. Actualmente se está a la espera de un nuevo mamógrafo en el Hospital Tomás Casas, con el aporte del gobierno local. El Hospital de Ciudad Neily enfrenta desafíos que requieren atención inmediata y la asignación de recursos a nivel de personal especializado, infraestructura y equipamiento médico. Otro servicio que requiere fortalecimiento urgente es enfermería, siendo la mayor carencia la especialidad de obstetricia, así como en Consulta Externa, cardiología, oftalmología, urología y optometría.
Debido a la alta incidencia de cáncer gástrico y males respiratorios en San Vito, el Hospital Juana Pirola (HJP), requiere con urgencia la incorporación de personal médico especialista en gastroenterología y terapia respiratoria, para atender las necesidades de salud de esta población. El Hospital Manuel Mora Valverde, de Golfito es el responsable de atender a 45.000 habitantes de los cantones de Golfito, Puerto Jiménez y Osa, pero enfrenta desafíos significativos para brindar una atención médica adecuada debido a que solo tiene 57 camas y otras limitaciones en recursos humanos, infraestructura y equipamiento.
El Hospital Tomás Casas de Osa presenta un conjunto de retos significativos en materia de especialidades médicas, infraestructura y equipamiento. La gran mayoría de las instalaciones hospitalarias de la zona Brunca enfrenta un problema en los cielos rasos, producto de shock térmico que se da en la región por las altas temperaturas; se requiere de climatización de las mismas.
En servicio de transporte público Orotina-Esparza-Puntarenas
La Defensoría de los Habitantes presentó formalmente su oposición a la solicitud de fijación tarifaria ordinaria planteada por la empresa JOALPA S.A. ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), expediente ET-007-2025, correspondiente a la denominada «Ruta Sin Número», que cubre distintos trayectos entre Orotina, Esparza y Puntarenas.
Según la solicitud presentada, algunos tramos tendrían aumentos tarifarios de hasta un 860%, afectando de forma significativa el bolsillo de las personas usuarias, especialmente de sectores con bajos ingresos. La Defensoría advirtió que estos aumentos no cuentan con una evaluación de impacto social y económico, lo que vulnera principios de racionalidad tarifaria y derechos fundamentales.
De acuerdo con datos del Índice de Desarrollo Cantonal y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), las personas habitantes del cantón de Esparza tienen un ingreso promedio de ₡303.311, y actualmente destinan en promedio un 14,4% a transporte. Con el ajuste propuesto, este porcentaje podría duplicarse, comprometiendo seriamente su acceso a otros derechos esenciales como el trabajo, la salud y la educación. Además, la Defensoría expresó su preocupación por el hecho de que la ruta no cuenta con un número oficial asignado por el Consejo de Transporte Público, lo cual genera inseguridad jurídica, limita la trazabilidad administrativa y abre la puerta a solicitudes futuras de rutas informales.
En cumplimiento de la Ley N° 7593, la ARESEP debe procurar el equilibrio entre los intereses de los prestatarios del servicio y las necesidades de las personas usuarias. En este caso, la balanza parece inclinarse de forma desproporcionada hacia el operador privado, en detrimento de la ciudadanía. Por último, la Defensoría señala con preocupación que el actual rezago tarifario, de esta y otras rutas, se utilice como justificación para las solicitudes de tarifas, ante la falta de cumplimiento para una revisión anual, tal y como lo establece la normativa vigente.
Esta omisión, que no conlleva sanción alguna bajo el marco legal actual, termina trasladando una carga económica desproporcionada a las personas usuarias, quienes no tienen responsabilidad alguna en el retraso del procedimiento. La Defensoría, considera que es necesario revisar esta situación, pues la ausencia de consecuencias ante la inacción del prestador genera distorsiones que afectan el acceso equitativo y progresivo al transporte público como derecho humano.
El ciudadano Marco Levy Virgo presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de humedales en el cantón de Talamanca.
La petición, remitida el 9 de abril a la oficina del fiscal general Carlo Díaz Sánchez, solicita una «investigación exhaustiva e inmediata» en relación con la causa penal 23-000041-0611-PE, vinculada al manejo del documento técnico «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de junio de 2021.
Según se detalla en el escrito, Levy considera que existen acciones cuestionables sobre la administración de áreas protegidas en el Caribe Sur, específicamente en el Refugio Gandoca-Manzanillo, donde el MINAE administra aproximadamente el 60% del territorio y el 75% de sus costas, incluyendo 2.802,65 hectáreas de humedales protegidos bajo el Convenio Ramsar.
El documento menciona destituciones de personal en el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), como el caso del señor Mario Cerdas Gómez, quien fue reemplazado por Maylin Mora Arias. Este proceso de nombramiento, según indica Levy está siendo investigado por la Contraloría General de la República por presunto nombramiento ilegal.
La misiva también hace referencia a la Directriz 09-2023 emitida por el jerarca del MINAE y menciona que desde febrero de 2019, mediante oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019, se alertó a la Dirección Ejecutiva de SINAC sobre supuestas irregularidades.
En su petitoria, el ciudadano limonense solicita:
La apertura inmediata de una investigación penal contra el ministro Tattenbach Capra.
La designación de una comisión especial de fiscales para indagar actuaciones de personal del ACLAC-SINAC.
Una revisión de las acciones de empresarias y empresarios inmobiliarios que, según alega, estarían afectando áreas protegidas.
La carta fue enviada con copia a diversas instituciones, incluyendo la Defensoría de las y los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Agrario Ambiental, la Comisión de Acceso a la Justicia, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Ambiente del Poder Legislativo.
Hay que reconocer que la Semana Santa se ha transformado como se transforma la cultura y la vida. Antes no había tanto estrés ni carreras… hoy el mundo gira a gran velocidad y la mayoría de gente se deja arrastrar en ese remolino de horas veloces, comidas rápidas y ajetreos fulminantes.
Antes se trabajaba hasta media Semana Santa, ahora se toma como una semana vacacional y empieza el éxodo a las playas, montañas, ríos y lugares de descanso.
Para una gran cantidad de personas la Semana Santa se convirtió en simples vacaciones que permiten ir a las playas, visitar familiares, salir a los ríos, descansar y hasta pasarse de copas dejando gran cantidad de basura.
Hoy debemos reconocer que la Fe y la religiosidad han cambiado y en muchos aspectos se ha pasado de una Fe basada en el miedo, en el temor, a una Fe más reflexiva y de más acción.
Antes por ejemplo la gente no salía de la casa los días Santos, ni se bañaban en ríos, ni manejaban vehículos, ni se prendía la radio, incluso el viernes Santo no se prendía el fuego. Todo por un miedo inculcado a que le podía pasar algo. Había gente que afirmaba que el que se bañaba el viernes santo en un río se convertía en pescado y muchos, por pura curiosidad, se iban a bañar para ver si era cierto.
Pero todo esto fue cambiando hacia una fe más madura que entiende los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección como la historia general de la humanidad y la historia particular de cada persona. Por eso en las homilías se relaciona constantemente la pasión que sufren muchas personas en el mundo de hoy, la muerte que persigue a mucha gente vestida de hambre, guerra, drogas, avaricia y también la resurrección de familias, pueblos y personas que logran salir adelante y hacen que la luz triunfe sobre las tinieblas, que la vida triunfe sobre la muerte.
Aprovechemos esta Semana Santa para detener nuestro paso y saquemos el espacio para reflexionar en nuestra vida particular y comunitaria. Esa reflexión nos hará crecer espiritualmente y prepararnos para seguir nuestro peregrinar.
El documento titulado «Cronología de las Jornadas Patrióticas contra el Combo del ICE del año 2000», elaborado por Jorge Mora Portuguez, presenta un análisis detallado y cronológico de uno de los movimientos sociales más importantes en la historia reciente de Costa Rica.
La investigación está estructurada en dos capítulos principales. El primero ofrece un análisis de los actores y de la coyuntura del Combo, subdividido en cuatro secciones que abordan desde la metodología utilizada hasta las nuevas tendencias del movimiento popular.
En la primera sección, el autor presenta las variables metodológicas para la selección de actores y para el análisis comparativo. La segunda sección clasifica la coyuntura del Combo en cinco etapas evolutivas: el aislamiento, la transición de la incredulidad a la tempestad, la huelga general, la comisión mixta del ICE y el nacimiento de la CONAES.
La tercera sección desarrolla un análisis detallado de actores seleccionados, centrándose en la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) y el movimiento popular en Siquirres, examinando variables como el conocimiento del tema del ICE, el acceso a la información y las dinámicas de movilización implementadas. La cuarta sección analiza las nuevas tendencias, considerando las condiciones subjetivas y objetivas presentes en el proceso.
El segundo capítulo ofrece una cronología minuciosa del Combo del ICE, dividida en cuatro momentos: los comienzos, el nuevo siglo, el aumento de la acción popular y el levantamiento popular contra el Combo.
En la introducción, Mora Portuguez explica que, durante marzo y principios de abril del 2000, Costa Rica vivió un estallido social sin precedentes en respuesta al llamado «Combo del ICE», un conjunto de propuestas legales impulsadas por el gobierno para desmantelar el Instituto Costarricense de Electricidad y privatizar las comunicaciones y la energía.
Este movimiento representó la convergencia de diversos sectores sociales —sindicatos, movimientos ambientales, estudiantiles, de mujeres, grupos campesinos, cooperativas y organizaciones comunales— que se articularon bajo un esquema de red policéntrica para enfrentar las políticas neoliberales que venían golpeando a los sectores más vulnerables.
El 4 de abril del 2000, el movimiento popular logró una victoria histórica, obligando a los partidos tradicionales a retirar el proyecto de ley ya aprobado en primer debate y forzando al Estado a generar un espacio de encuentro con la sociedad civil en el Parlamento.
El documento concluye destacando que este triunfo permitió a los movimientos sociales costarricenses pasar de una fase defensiva a una etapa de equilibrio estratégico de fuerzas, con efectos visibles en el surgimiento de nuevas fuerzas políticas progresistas y en la posterior lucha contra el Tratado de Libre Comercio.
Para acceder al documento completo «Cronología de las Jornadas Patrióticas contra el Combo del ICE del año 2000» en formato PDF, puede descargarlo aquí.
El 28 de marzo de 2022, el ejército colombiano con tropas de asalto, vestidos de negro, realizaron un operativo militar, por tierra, aire y agua, contra la población civil campesina e indígena, que habían organizado un bazar el día anterior y realizado un campeonato de futbol, con el fin de recaudar fondos para arreglar un camino vecinal y tirar la placa de huella. La invitación para dichas actividades se hizo por medio de un volante que dice: “El Cabildo de Alto Remanso tiene el gusto de invitarlos a un sensacional bazar que se llevará a cabo el sábado 26, domingo 27 y el gran remate el lunes 28 de marzo, hora de inicio a las 10:00 am. Habrá encuentros deportivos masculino y femenino, valor puesto planilla equipo masculino 100.000 pesos. Valor puesto planilla equipo femenino 70.000 pesos. La premiación será de acuerdo a los equipos participantes”.
Como habían escogido, para el festejo popular, el fin de semana, desde el día viernes comenzaron a llegar a Puerto Leguizamo, en el Putumayo, colombiano, los habitantes del Alto y el bajo Remanso. También vecinos pobladores del territorio peruano. Los del Alto Remanso son más bien población de colonos campesinos. Los del Bajo Remanso son, mayoritariamente, población indígena. Los sabuesos del ejército colombiano sabían de ese festejo y miraban con recelo la llegada y concentración de la población. Fue entonces cuando idearon que se trataba de una reunión a la que asistiría un comandante guerrillero que era buscado por ellos. Con el jolgorio transcurrieron las horas de la noche. Ya amanecido, el día lunes 28, siendo las 6 de la mañana, las primeras canoas aprestaban a salir con trasnochados fiesteros; en tanto que, en el área del rancho grande con pista de cemento, las botellas vacías y las mesas en desorden, con uno que otro amanecido durmiendo, reflejaba la cantidad de licor y cerveza consumido.
Entre esos dormilones amanecidos se encontraba el gobernador indígena de nombre Pablo Panduro, a quien llamaban “Pantalon”, por cariño. Era también el profesor de la lengua indígena kichwa que él transmitía a los niños, y el único que sabía leer y escribir. “Esa era la batalla de Pantalon cuando lo asesinaron”, dice su esposa Fidelina. Al iniciar el ataque, las balas lo sorprendieron dormido y murió en el acto. La abuela, Gloria Condo Alvarado, de 73 años lo recuerda y exclama: “Anoche vino “Pantalon” y se sentó aquí a afilar su machete pa´ irse a trabajar. Estaba sentado al lado del taita. Se nos aparece cada 28 de marzo”. La soldadesca asesina al observar que se movían para partir las primeras canoas, abrió fuego indiscriminado y en un arreciado tiroteo, que no duro más de veinte minutos, cayeron en el acto el presidente de la junta de acción comunal, su esposa embarazada, un joven de 16 años que al correr a refugiarse fue asesinado por tiros de fusil en la espalda y así se contaron 11 víctimas fatales. Todos civiles.
Tres años después de la masacre, emocionalmente no soy capaz de rememorar cada una de las personas asesinadas y el estado de indefensión en que fueron masacradas. Este trágico suceso lo relaté con dolor, que hoy vuelvo a repetir y a padecer al lado de las víctimas. Lo hice con dedicada atención como FISCAL DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINIÓN- TRINO, al sustentar con detallada precisión y manejo probatorio la ponencia de acusación contra el Ejercito y las Fuerzas Armadas del Estado colombiano colombiano, por la masacre de Puerto Leguizamo-Putumayo. El día 13 de abril de 2.022, sesionó el Juicio del Tribunal Internacional de Opinión – TRINO y profirió dictamen condenatorio contra el ejercito y las fuerzas armadas de Colombia por los sucesos en Puerto Leguizamo, sucedidos el 28 de marzo de 2.022. Con la conformación de seis magistrados internacionales y la inhibición de una firma, se profirió la sentencia condenatoria; bajo la dirección del Profesor Doctor Luis Bernardo Díaz Gamboa, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, Coordinador del Tribunal Internacional de Opinión – TRINO – y su presidente.
Siendo que el TRINO, es un tribunal de conciencia y opinión internacional, su veredicto constituye un testimonio técnico de valor jurídico probatorio y tres años después no ha sido considerado como tal por las confusas ramas de investigación penal vernáculas que se han iniciado y por la carencia de una acción contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se dice por calificada ONG: “La jurisdicción penal militar no proporciona la independencia necesaria para investigar y enjuiciar adecuadamente las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por miembros de las Fuerzas Armadas”.
Mientras el malogrado proceso no avanza, ninguno de los que ha pedido justicia ha estado exento de riesgos. Rodolfo Pama, padre del joven de 16 años asesinado con disparos por la espalada, se transporta por el río en canoa desde el Alto al Bajo Remanso, y susurra que hace dos meses lo amenazaron de muerte en Puerto Leguizamo. Algunos de los asistentes al festejo sufrieron el destierro y están comenzando a regresar. Debido a los desplazados, cuentan que la reconstrucción de la vereda ha sido lenta El proceso de investigación penal ha tenido contrapesos. El 16 de abril de 2.024 La Corte Constitucional envía el proceso por la masacre del Alto Remanso a la justicia ordinaria (…) La Fiscalía ha imputado a los 25 militares que participaron por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en persona protegida. Se tiene registro que 5 de los militares imputados salieron del país. “Tenemos información de que cinco de ellos salieron del país y están prófugos. Sus abogados han dicho, en las audiencias, que no han vuelto a tener contacto con ellos”. “Cuando el Ejército lo para a uno en un retén y pregunta de dónde es, decir Alto o Bajo Remanso. es casi ponerse una cruz encima”, relata la gobernadora Yarley.
Ya se han cumplido 3 años de impunidad. Los Tribunales internacionales han dado la espalda. Aun resuena el llamado militarista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que difundió, a pocas semanas de la masacre en Putumayo, el día 12 de abril de 2.022, que “el Estado debe aumentar y fortalecer su presencia en las zonas donde se han visto afectadas por la violencia”. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno- para entonces- investigar el operativo militar de Putumayo. Solo resta implorar a El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exija y pida a Colombia cumplir con las recomendaciones del Relator sobre ejecuciones y aplicar con rigor el protocolo de Minnesota para investigar y sancionar a los responsables.
Hoy, en la Vereda del Remanso, Fidelina Cruz coloca globos Blancos en la conmemoración de la masacre. Varios manifestantes llegan. El padre africano, Francis Kitave, llegó desde Kenia y es el párroco en ese territorio. Realizó una misa para conmemorar la muerte del gobernador Pablo Panduro, el recordado Pantalon. Su hermana Derly sobrevivió al ataque porque logró resguardarse detrás de una palmera. Allí, recostada sobre el pasto, vio caer a Divier Hernández, el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, y a su esposa, Ana María Sarrias, que esperaba un bebé. Presenció la caída del joven de 16 años y su asesinato cuando corría a ocultarse. Tes años después el salón comunal e indígena queda oscuro y en silencio. El taita eleva unos cánticos para llamar a los espíritus mientras mece con sus manos un ramo de hojas. De la botella de Aguayhasca, cada uno de los asistentes va bebiendo de un mismo totumo. Alrededor, otros indígenas mambean hoja de coca con ambil de tabaco para acompañar el encuentro. Sobre el techo han colgado las hamacas y en el centro encienden una fogata, toman el remedio yagé y se concentran en sus pensamientos.
Del papel del TRINO en Colombia
El Tribunal Internacional de Opinión- TRINO, funciona en Colombia, con sede en Tunja. Ha tenido dos actuaciones desde su creación. La primera, ya fue citada con el caso de la masacre reseñada. La segunda actuación del TRINO, fue el 27 de julio de 2024 y se pronunció frente a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Palestina. En la audiencia participaron magistrados de varios países latinoamericanos que sesionaron. El TRINO, cuyo presidente es el Dr. Luis Bernardo Díaz Gamboa, contó con la participación de magistrados de Colombia, Argentina, Brasil, Guatemala, Chile México. En este grupo interdisciplinario estuvieron defensores de derechos humanos, académicos, y sindicalistas reconocidos. El fiscal de la sesión fue el Dr. Carlos Meneses Reyes, de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y el defensor fue el abogado German Guevara, reconocido litigante. Participaron como partes e intervinientes: el embajador de Palestina en Colombia, Rauf Al Malki; el médico y periodista, Víctor de Currea-Lugo; el representante del Instituto de Estudios Humanitarios (IEH), José Pascual Mora; el experto en el tema Pedro Pablo Salas, la docente y activista Ana Gabriela Trujillo, y los académicos Rene Venegas, Gustavo Zuluaga, Fernando Mayorga, Sergio Acevedo, entre otros. El fallo del TRINO fue condenatorio al Estado de Israel por el delito de Genocidio contra el pueblo palestino.
Se ha fijado una nueva fecha de juicio del TRINO a llevarse a cabo en el mes de mayo de 2.025 con ocasión del angustiante drama de asesinatos de líderes comunales y exguerrilleros desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc. Fui llamado para fungir como Fiscal en esta nueva sesión. Me he visto en la penosa decisión de declinar tan honrosa postulación, por aspectos técnicos, en cuanto a la indefinición-para mí- del sujeto pasivo de la acción penal a incoarse y en cuanto a la tipificación del delito penal a investigarse. Expongo, con motivado razonamiento, que el Juicio debe dirigirse por el Delito de Terrorismo de Estado y contra el Estado colombiano, excluyendo a diversos actores armados, los cuales no tendrían la calidad de Estado-parte y genera natural aprehensión que el TRINO sea utilizado como un instrumento contrainsurgente, en momentos, en que desafortunadamente, la salida política definitiva del conflicto armado interno en el país, está confusa y enredada. Valga esta oportunidad para desear al Tribunal de Opinión Internacional- TRINO, los mejores logros y resultados en este nuevo empeño de la indeclinable labor de la defensa de los derechos humanos del derecho internacional humanitario.
