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Autor: María José Ferlini Cartín

Costa Rica traza el rumbo hacia la pesca sostenible con recomendaciones técnicas, sociales y ambientales

San José, 14 de mayo de 2025 — La pesca sostenible se ha convertido en un tema prioritario para Costa Rica, no solo por su relevancia económica, sino por su impacto directo en la seguridad alimentaria, la biodiversidad marina y la estabilidad de las comunidades costeras. En respuesta a los desafíos crecientes que enfrenta este sector, el Parlamento Cívico Ambiental presentó el informe “Elementos clave para la pesca sostenible”, resultado del Encuentro Técnico celebrado en enero de 2025 con participación de expertos nacionales, organizaciones científicas, representantes comunitarios y autoridades vinculadas al ámbito marino-costero.

Este documento ofrece un diagnóstico claro sobre la situación actual de la pesca en Costa Rica, expone los principales obstáculos para su desarrollo sostenible y plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza pesquera, mejorar la calidad de la información científica disponible, incorporar el cambio climático en la gestión y promover la equidad en las comunidades costeras.

Desafíos múltiples y urgentes

Entre los principales hallazgos del informe se destaca:

  • La falta de datos científicos actualizados sobre el estado de las poblaciones pesqueras y el esfuerzo de pesca aplicado, lo que impide una gestión adecuada basada en evidencia.

  • La debilidad institucional y normativa del sector, con procesos de fiscalización limitados, escasa transparencia y una trazabilidad deficiente de las capturas.

  • El impacto creciente del cambio climático, que podría reducir las capturas en el Pacífico en un 15% y en el Caribe en un 30% para el año 2050, afectando no solo la productividad pesquera, sino también la seguridad alimentaria.

  • La falta de alternativas económicas viables para las comunidades pesqueras, muchas de las cuales dependen casi exclusivamente de la pesca artesanal para subsistir.


Un llamado a la acción: recomendaciones para transformar el sector

El informe plantea una ruta clara para alcanzar la sostenibilidad pesquera en el país, articulada en tres ejes estratégicos. En el plano técnico y científico, urge establecer sistemas de monitoreo y recopilación de datos biológicos que permitan estimar el estado de las poblaciones y definir límites de captura.

Desde lo social, se destaca la importancia de involucrar a las comunidades costeras mediante educación ambiental, participación activa y diversificación económica. Actividades como el ecoturismo y la pesca turística pueden reducir la presión sobre los recursos, al tiempo que mejoran los ingresos locales y promueven prácticas sostenibles.

Finalmente, a nivel de gobernanza, se recomienda reformar a INCOPESCA para que se alinee con los objetivos de sostenibilidad, y establecer marcos normativos dinámicos que respondan a los retos actuales, incluyendo el cambio climático. Herramientas como vedas, tallas mínimas y áreas marinas protegidas son esenciales para la recuperación de las especies y la salud del ecosistema marino.

Damián Martínez-Fernández, miembro de la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental, subrayó:

Costa Rica enfrenta el reto de reconducir su modelo pesquero hacia la sostenibilidad. Este informe no solo evidencia las áreas que debemos mejorar, sino que ofrece ideas de cómo lograr una pesca que respete los límites del ecosistema y fortalezca el bienestar de las comunidades costeras. Es una invitación abierta a todos los sectores a construir juntos un futuro donde la conservación y el desarrollo caminen de la mano.”

Descargue el informe completo: https://fishcostarica.org/key-elements-for-sustainable-fshing/

Vea el resumen del Encuentro Técnico:

El Vaticano: juego político de pesos y contrapesos

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En el reciente nombramiento del Papa, una vez más se ha puesto en evidencia la inteligencia política del Vaticano. Una estrategia de pesos y contrapesos lo ha sostenido, contra viento y marea, como una sólida institución religiosa. Ha sabido enfrentar las disidencias y movimientos contestatarios, algunas veces con medidas disciplinarias y censuras y otras asimilándolos para vaciarles o diezmarles su poder disruptivo. Así, por ejemplo, asimiló el movimiento de reforma impulsado por San Francisco de Asís, que invitaba a una conversión al mundo de los pobres y la hermandad con toda la creación. La contraparte fue la descalificación del movimiento de reforma protestante del Siglo XVI, particularmente por sus tesis fundantes de la salvación por gracia (sola gratia y sola fide) que venían a deslegitimar la venta de indulgencias, la que anteponía a la autoridad papal la autoridad centrada en la Biblia (sola scriptura) y la del sacerdocio universal de los creyentes que enfrentaba a la estructura jerárquica de la Iglesia.

Para el filósofo italiano Antonio Gramsci, si la Iglesia hubiese perseguido y deslegitimado al movimiento franciscano habría anticipado la Reforma en dos siglos. Sin embargo, más bien lo inmuniza, dispersa a sus discípulos y reduce a la nueva religión a una simple orden monástica a su servicio (Citado por Portelli, 1977,72). Un claro ejemplo de cómo apelando al mecanismo de la asimilación, por canonización también en este caso, la Iglesia se legitima y consolida institucionalmente.

Podríamos decir que hoy la Iglesia Católica reivindica el legado franciscano al nombrar al cardenal Jorge Bergoglio, un jesuita que emula, simbólicamente con sus gestos e ideario teológico y pastoral, a San Francisco de Asís; y ahora al cardenal Robert Prevost, un agustino que se presenta como continuidad del magisterio de su antecesor. La gran diferencia con la recuperación anterior es que ahora en lugar de asimilarlo para quitarle o restarle su fuerza disruptiva y reformadora, más bien se potencia su legado para impulsar la iglesia hacia mejores rumbos; una revalorización no por asimilación sino por recuperación como agente que fermenta la masa eclesial y le señala nuevos desafíos y derroteros a asumir.

De esta manera, el peso conservador que privó, especialmente en lo dogmático y doctrinal, en los magisterios de Juan Pablo II y Benedicto XVI, se ve compensado por estos dos nuevos papas de perfil progresista y reformador. Esto explica, la paradoja de que fuese el Papa Benedicto XVI, perteneciente al ala conservadora quien, de alguna manera, contribuyera también con su renuncia para el nombramiento de un papa progresista como Francisco.

Efectivamente, el cardenal Joseph Ratzinger cuando ejercía como mano derecha (también en sentido político) del Papa Juan Pablo II impulsó, como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, las medidas disciplinarias que se aplicaron al teólogo latinoamericano de la liberación y franciscano, Leonardo Boff, por sus tesis críticas, particularmente eclesiológicas, contenidas en su libro Iglesia, carisma y poder. Cabe destacar que Leonardo Boff en una ocasión hizo referencia a los detalles del proceso a que fue sometido en el Vaticano. Relata que en el momento en que el Papa Juan Pablo II iba a dictar la censura, siendo conducido por Joseph Ratzinger a la sala respectiva, quien había sido su profesor cuando estudiaba en Alemania, le dijo que lucía bien la sotana a lo que él le respondió que el problema de vestirla en Brasil era que cuando se subía a un bus hasta la joven embarazada se paraba para darle campo, entonces, aquel símbolo perdía todo su significado diaconal. Y cuando el Papa avanzaba hacia el pódium para dictar la sentencia final, se arrodilló, y al lado en una pared había una pintura de San Francisco, entonces Leonardo se acercó al oído de Ratzinger y le dijo que viera el valioso gesto del Papa inclinándose ante el santo de los pobres. ¿Quién podría imaginar que Leonardo Boff, el censurado con la llamada ley mordaza, se convertiría en asesor del Papa Francisco en materia de ecología y cambio climático (ecoteología) para la elaboración de la Encíclica Laudato Sí?

No es casual tampoco, que siendo el magisterio de Juan Pablo II conservador en lo teológico y pro-neoliberal en lo económico y político, en algunas coyunturas, apelara al juego de los contrapesos. Por ejemplo, al final de su pontificado visita a Cuba donde pronunció la frase “que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba”. Asimismo, en una Conferencia de Obispos en Brasil se pronunció reconociendo la necesidad y utilidad de la Teología de la Liberación, incluso aduciendo que debía constituir una etapa nueva y ser incorporada en la reflexión teológica iniciada en la tradición apostólica y continuada en el magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia (Scannone, 1987,80).

Estamos ante una estrategia o juego de pesos y contrapesos por parte del vaticano, en donde debe privar la inteligencia política que sabe valorar las coyunturas históricas, sociales y religiosas, a la hora del nombramiento de la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa. En este aspecto la Iglesia Católica, como lo destacara Gramsci, ha sido muy tenaz en su lucha por evitar que se formen dos religiones: la de los “intelectuales” y la de las “almas simples”. También, podríamos decir la de los conservadores y la de los reformistas, contribuyendo a procurar la unidad desde una política de contrapesos. Y el gran desafío sigue siendo, tener la inteligencia y lucidez para saber atender a los signos de los tiempos.

El Papa de la misericordia y la esperanza, Francisco, abrió nuevos senderos reformadores para una iglesia más sinodal que jerárquica, ensanchó el espacio para las mujeres, fue un defensor insigne de los migrantes y empobrecidos, del cuido y defensa de la naturaleza, benevolente con los estigmatizados por sus preferencias sexuales e impulsó el diálogo interreligioso para una convivencia fraterna y amistosa (Encíclica Fratelli Tutti).

A pesar de que con el nombramiento del nuevo Papa León XIV hay signos de continuidad reformista, como ya indicamos, también los hay en sentido contrario. Dentro del comportamiento político de pesos y contrapesos está por verse cuál orientación prevalecerá. Hacemos votos para que los grandes logros del magisterio de Francisco no se vean opacados por las fuerzas conservadoras que gravitan resistiéndose al cambio necesario de una Iglesia que ha sabido, en buena medida durante el magisterio de Francisco, leer los signos de los tiempos para contribuir a la paz mundial, la inclusión a todo nivel y particularmente comprometida con la defensa de los empobrecidos y los derechos de la naturaleza.

Fila Costeña amenazada por proyectos inmobiliarios y falta de regulación

  • Comunidades y la UCR han solicitado una moratoria

La reciente paralización total de las obras de un proyecto residencial en el Corredor Biológico Paso La Danta, en Portalón de Savegre sobre la Fila Costeña, es solo uno de los múltiples casos que ilustran la creciente amenaza que enfrenta este importante ecosistema montañoso debido a desarrollos inmobiliarios sin una regulación adecuada.

En muchos casos, estas construcciones se han realizado sin ningún tipo de regulación, sin estudios de viabilidad ambiental por parte de SETENA, ni permisos municipales. Esta situación fue documentada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), en un estudio realizado en 2024, donde se concluye que el 25 % de las construcciones operan sin permisos. El cantón de Osa ocupa el décimo lugar a nivel nacional, con 4.798 metros cuadrados construidos sin licencia.

Problemática. Una investigación liderada por Carlos Morera, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario. Muchas de estas edificaciones carecían de los permisos necesarios, lo que provocó deslizamientos y sedimentación en cuerpos de agua, afectando negativamente ecosistemas sensibles como el Parque Marino Ballena (UNA Comunica, 16-1-2009; Morera C.2009).

Esta contaminación marino-costera por sedimentación afecta directamente la supervivencia de corales y especies marinas protegidas, que son la razón de ser del Parque Marino Ballena. Además, impacta actividades como el ecoturismo y la pesca artesanal, que son fundamentales tanto para la economía local como para la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras.

El estudio de Morera también advierte que, aunque la cobertura boscosa ha aumentado en décadas recientes, esta tendencia está hoy en riesgo. El auge del llamado “turismo inmobiliario” —es decir, la construcción de bienes inmuebles como condominios, casas de lujo y residenciales orientados a la inversión extranjera— ha propiciado la deforestación en zonas clave, en especial aquellas con vistas al mar. En comunidades como Dominicalito, este fenómeno ha llevado al desplazamiento de habitantes locales para dar paso a desarrollos turísticos

Según estudios registrales realizados por Óscar Leiva, Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO, se estima que entre el 70 % y el 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas inscritas, muchas a nombre de sociedades anónimas, y forma parte de su tesis de Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional (UNA), Sede Chorotega.

Además, el “estilo constructivo” de estas “comunidades privadas” —grandes casas con vistas al mar— implica la apertura de caminos en zonas boscosas y con pendientes pronunciadas, contribuyendo a la fragmentación de los parches de bosque que garantizan la conectividad ecológica de la fauna y flora. Según el Diagnóstico del Corredor Biológico (2018), esta conectividad se ha visto reducida en un 70 % debido a la fragmentación.

A ello se suma el impacto negativo sobre el recurso hídrico. La eliminación de cobertura forestal afecta la calidad y disponibilidad del agua, altera el ciclo de recarga de acuíferos y, junto con el traslado de material pesado por caminos no aptos, ha provocado daños a manantiales —como lo documenta el biólogo Jorge Lobo desde 2006— y constantes interrupciones en el suministro de agua a comunidades de tierras bajas debido a fugas y roturas en la red, como refieren las y los vecinos.

En esa línea, según informó Camilo Flores, fiscal ambiental de Osa, los delitos ambientales más frecuentes en la Fila Costeña incluyen: tala ilegal, cambio de uso de suelo, invasión de áreas de protección y de cauces de agua, destrucción o extracción de vegetación en zonas protegidas, y aprovechamiento ilegal de recursos.

Según el informe “Situación del Reciclaje 2021-2024” de la Asociación de Reciclaje AmbiciOsas (2025), entre 2020 y 2024 la construcción de viviendas y negocios para la industria turística aumentó un 300 % en el distrito de Bahía Ballena. Solo en Ojochal, durante 2022, se tramitaron 2.000 permisos de construcción. El mismo informe, con datos del ICT (2024), señala al Parque Nacional Marino Ballena como el tercer parque más visitado del país, con 317 empresas de hospedaje, 1.713 habitaciones y 103 establecimientos gastronómicos en el distrito más pequeño del cantón. Esta afluencia turística, sumada al aumento de “comunidades privadas” en las montañas de la Fila Costeña, agrava los problemas de manejo de residuos y limita la capacidad de respuesta municipal.

Respuestas. En 2008, ante la gravedad de los impactos, la Universidad de Costa Rica hizo un llamado público a establecer una moratoria al turismo inmobiliario en esta zona. Este pronunciamiento subrayó la necesidad urgente de replantear los modelos de desarrollo turístico hacia enfoques sostenibles que respeten tanto el ambiente como las culturas locales (UCR, 2008).

Más recientemente, el 17 de julio de 2024, la Comisión de Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso La Danta presentó ante el Concejo Municipal de Osa un acuerdo comunitario surgido del foro “Enlace Tierra+Mar”, realizado en el Festival del Día del Océano 2024. El acuerdo solicita:

  • Una moratoria en los permisos de construcción hasta contar con la regulación adecuada.

  • La actualización integral del Plan Regulador Cantonal.

  • La declaratoria de la Fila Costeña como “Categoría de Manejo Especial de Protección”.

  • La conformación de una Mesa de Diálogo Ciudadana para avanzar hacia un ordenamiento territorial participativo.

Un foro reciente titulado «El impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña del Pacífico Sur (SURCOS Digital, 5-4-2025), evidenció que la presión sobre estos territorios ha aumentado considerablemente. Con participación de expertos y representantes comunales, se discutieron los impactos negativos de los desarrollos no regulados, la deforestación y la falta de planificación territorial. Se reiteró la necesidad urgente de establecer una moratoria hasta contar con un plan regulador integral y participativo.

Antecedentes

  • Entre 2008 y 2010, el Tribunal Ambiental Administrativo abrió 44 expedientes por denuncias relacionadas con proyectos inmobiliarios, hoteles y aserraderos en esta región. Estas cifras, junto con las de la Península de Osa, constituyeron un récord preocupante (TAA: Osa, un tesoro en peligro).

  • Solo en el cantón de Osa, entre 2005 y 2014, se otorgaron 2.247 permisos de construcción. En 2008 se alcanzó un pico, seguido de una caída por la crisis inmobiliaria mundial; sin embargo, desde 2013 la tendencia ha retomado un crecimiento acelerado(La Nación, 08-6-2015).

  • La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) denunció en 2008 la proliferación de residencias en la Fila Costeña mediante vacíos legales, como el Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que permite lotificaciones agrícolas sin evaluaciones ambientales integrales por parte de SETENA, bastando sólo una inspección municipal para obtener permisos (La Nación, 11- 9-2008).

Importancia de la zona

  • ¿Qué es el Corredor Biológico Paso de la Danta? Este territorio, que conecta las regiones del Pacífico Central y Sur de Costa Rica entre los ríos Savegre y Térraba, abarca aproximadamente 82.000 ha y 68 km de costa (ITCR, 2014). Es un corredor con ecosistemas diversos y de gran valor biológico, que protege zonas clave como los arrecifes rocosos de Dominicalito, el arrecife de coral en el Parque Nacional Marino Ballena y otras áreas costeras adyacentes(mapa).

  • La Fila Costeña. En Osa se extiende desde Dominical hasta Palmar Norte, descendiendo cerca de la costa y de la carretera Costanera Sur. Como bosque tropical húmedo, alberga una mezcla única de especies de bosques secos y húmedos, muchas de ellas endémicas. Cumple un rol clave en la conectividad ecológica entre áreas protegidas como los parques nacionales Manuel Antonio, Marino Ballena, Corcovado y el Humedal Térraba-Sierpe. Además, regula el clima local, tanto en la costa como en el Valle de El General, y es fuente de manantiales, cuencas y microcuencas vitales para la salud de los ecosistemas costeros y el abastecimiento de agua potable para las comunidades de tierras bajas.

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1dfytJwhXbYTOqSMtfm0brNUDqMRW-4Kz?usp=sharing

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

SINTRAJAP hace un llamado a las diputaciones para atender la crisis en JAPDEVA

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) emitió una carta dirigida hacia las diputaciones de la Asamblea Legislativa con el propósito de atender la crisis financiera y mediática que enfrenta la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA). En la petición igualmente la organización agradece la aprobación de las leyes: Ley No. 10.633, Ley No. 10.669 y Ley No. 10.726 (pendiente de publicación en el diario oficial La Gaceta).

Este cuerpo normativo se dio con el propósito de contener la crisis financiera en la institución. Por medio de la autorización para que las instituciones del estado perdonen las deudas a JAPDEVA, así como permitir la utilización de recursos correspondientes al fondo del canon de explotación y desarrollo regional para el reconocimiento de los aportes patronales acordados en la convención colectiva de 2002, y más recientemente, brindar la posibilidad de ajustar las tarifas portuarias todos los años.

SINTRAJAP, recalca que la institución históricamente ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la provincia de Limón, no solo como Autoridad Portuaria sino también asumiendo funciones de infraestructura y apoyo económico en ausencia de intervención gubernamental. Así mismo reconocen que recientemente existe un deterioro de su imagen pública de la institución. Agregado a lo anterior se presenta la crisis financiera producto del Plan Maestro Portuario en el 2008 y de la firma de contrato de concesión con APM Terminals Moín S.A en el 2012, reduciendo significativamente los ingresos de la institución.

Ante esta crisis, se implementó la Ley 9764 para transformar la estructura de JAPDEVA y garantizar la protección de sus trabajadores. Con base en esta ley, se logró obtener financiamiento de entidades estatales no financieras, permitiendo la liquidación de gran parte del personal y la continuidad de las operaciones portuarias.

Finalmente, la carta denuncia que la Contraloría General de la República confirmó que el contrato de concesión de APM Terminals Moín, presenta contradicciones con la legislación vigente. De acuerdo con este órgano auxiliar la aprobación de dicha concesión afecta la capacidad de JAPDEVA para cumplir su función de desarrollo regional que históricamente ha sido un pilar en la provincia de Limón.

Seis “titanes” se rifan la vida en su camino a la Sala penal

Rafael A. Ugalde Q.

Seis “pesos pesados” en derecho penal presentaron sus nombres como candidatos a magistrados a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa presidida por la diputada Alejandra Larios Trejos.

Los méritos y capacidades de un mayor número de penalistas a tan importante cargo de nuestro Poder Judicial, pudo aumentar si no hubiera sido por la brevedad del concurso con que dicha comisión convocó al foro de jueces y litigantes nacionales.

El horario para la entrega de la documentación ante dicha comisión fue de lunes a jueves a partir de las 9:00 horas y hasta las 17 horas, los viernes a partir de las 9:00 horas y hasta las 11:00 horas, así versa en la convocatoria oficial. Se designará el sustituto de Jesús Ramírez Quirós, de 82 años, tras ocupar por 40 años la magistratura y acogerse a su jubilación.

Por disposición expresa un magistrado en nuestro país pierde el cargo solo sí 38 diputados de los partidos políticos en el congreso no renuevan su nombramiento.

La comisión, presidida entonces por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Guanacaste, Larios Trejos, conoció los atestados de Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, Norberto E. Garay Boza, Ronald Salazar Murillo, Giovanni Mena Artavia, Rafael Mayid González González y Rafael Segura Bonilla.

Jiménez Madrigal es actualmente juez de apelaciones, es políglota, es doctor en derechos humanos por la Universidad española Carlos III de Madrid, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, especialización en filosofía y sociología, con graduaciones de honor en Universidades de Alemania y España, en materia penal, entre otras.

Durante su carrera en la Facultad de Derecho en la U.C.R obtuvo calificaciones honoríficas por su promedio y se graduó con honores; tiene en su hoja curricular una vasta lista de artículos publicados, tanto en el plano local como en el exterior.

Garay Boza tiene una amplia experiencia en el campo del derecho penal, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Candidato doctoral en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, máster y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Mena Artavia tiene también una amplia experiencia como juez penal y amplios estudios en el doctorado de derecho de la U.C.R, maestría además en Criminología por la UNED

Sus atestados dan cuenta de su gran experiencia como magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia, Juez en Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José Goicoechea, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, entre otras funciones.

Salazar Murillo es máster en Ciencias Penales por la U.C.R., doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Justicia Constitucional, otorgado por la Universidad de Castilla – La Mancha, España, así como máster en Derecho Constitucional por la UNED, entre sus amplios logros alcanzados dentro y fuera del país.

Su vasta experiencia incluye la docencia en la U.C.R., 30 años de servicio judicial en la Judicatura, 14 años como Magistrado Suplente en la Sala Constitucional y Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

González González, por su parte, tiene una extensa experiencia en asuntos administrativos y penales dentro y fuera del poder judicial. Integró el Consejo Superior, Poder Judicial, laboró en tareas para garantizar la independencia de los tribunales y procurar la eficiencia, corrección y decoro de las personas funcionarias en este importante poder de la república.

Ha laborado para el Poder Judicial durante 32 años. Actualmente dirige y coordina el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Hacienda, Sen el Segundo Circuito Judicial de San José. Además, es conocedor a profundidad en la dirección, coordinación y organización de despachos judiciales, en entornos de transformación digital, implementación de sistemas de teletrabajo y evaluación del desempeño.

Segura Bonilla durante su quehacer profesional alcanzó maestrías y doctorados en campos tan diversos como Ciencias Penales UCR., en Administración de Justicia, con énfasis en Derecho Penal, por la UNA y es doctor en Derecho por la UNED.

Es conocedor a fondo sobre crimen organizado, trata de personas, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia, Justicia Restaurativa para las víctimas, entre otras especialidades.

Según el Semanario Universidad, edición del 16 de agosto de 2023, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, se redujo en un 9% el atascamiento de expedientes a la espera de una resolución judicial. O que es decir lo mismo: resolvieron 75.712 expedientes que hacían presa.

El artículo 41 de la Constitución Política, de acatamiento obligatorio, pues no presenta reserva o excepción alguna, establece: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.

Cualquier interpretación constitucional, tal como el constituyente plasmó solo un alcance de carácter ético a los jueces, al decir “debe hacérseles” justicia pronta y cumplida, y no un mandato categórico de “es obligatorio hacerles” tal justicia sin demora, no es más que una leguleyada o un fraude de mal gusto, a juzgar por el capítulo especial en nuestra Constitución asignado exclusivamente para el poder judicial, en torno a obligaciones, administración, independencia y el contenido financiero aportado por todos los costarricenses.

Durante una reciente reunión de la Corte Plena, hubo magistrados que expresaron su preocupación por la percepción de los costarricenses por el Poder Judicial.

Hablaron de medidas que contrarrestaran la mala imagen de este poder y hasta de contratar especialistas en ramas como la sociología, comunicación y antropología, a fin de posesionar mejor el gobierno de los jueces.

Solo el 44% de los costarricenses confía en el Poder Judicial, según un informe de la OCDE; porcentaje que, según el Programa Estado de la Nación, se considera relativamente alto, pero aún hay margen para mejorar la percepción de la justicia en el país, concluyó.

Marco Levy Virgo responde artículo suscrito por Edwin Patterson

SURCOS comparte el siguiente documento enviado a nuestra redacción por Marco Levy Virgo:

Réplica al comunicado de prensa de Edwin Patterson y denuncia de su conflicto de intereses

Las comunidades del Caribe Sur, representadas por organizaciones de base como el Movimiento Cahuita Unida, COVIRENAS Caribe Sur, el Bloque Verde, y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), rechazamos categóricamente el comunicado de prensa publicado el 11 de mayo de 2025, suscrito por Edwin Patterson, quien se presenta como representante del pueblo tribal afrodescendiente del Caribe Sur a través de la Asociación Tribal Afro-Costarricense del Caribe Sur (ATACS). Denunciamos que las afirmaciones de Patterson no solo carecen de legitimidad técnica y moral, sino que encubren un claro conflicto de intereses, ya que él mismo es beneficiario potencial de una concesión bajo el controvertido Plan Regulador Costero (PRC) de Talamanca, un proyecto que amenaza el patrimonio ambiental y cultural de nuestra región.

Desmintiendo las afirmaciones de Edwin Patterson

1. Falsa representación de los pueblos afrodescendientes: Edwin Patterson no representa el sentir mayoritario de las comunidades afrodescendientes ni indígenas del Caribe Sur. Su respaldo al PRC, lejos de defender los derechos de los pueblos tribales, promueve un modelo de desarrollo turístico que prioriza intereses económicos privados sobre las necesidades de las comunidades locales. Organizaciones como Cahuita Unida y COVIRENAS han documentado cómo el PRC permite la fragmentación de ecosistemas clave, como humedales y bosques costeros, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, afectando la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades que dependen de estos recursos.

2. Conflicto de intereses evidente: Patterson omite mencionar que él mismo está posicionado para obtener una concesión en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) bajo el PRC, lo que lo convierte en un beneficiario directo de este plan. Esta omisión compromete su credibilidad y deslegitima su supuesto rol como defensor de los derechos humanos y ambientales. Su apoyo al PRC no responde al bienestar colectivo, sino a intereses personales y económicos, lo que constituye una traición al legado de lucha de los pueblos afrodescendientes e indígenas del Caribe Sur.

3. Manipulación de la narrativa ambiental: El comunicado de Patterson acusa a “grupos extremistas” y autoridades de manipular la normativa ambiental para frenar el desarrollo. Esta afirmación es engañosa y desinforma a la población. La oposición al PRC no proviene de extremismos, sino de preocupaciones fundamentadas por la falta de consulta indígena, la omisión de humedales en la zonificación, y la ausencia de una delimitación adecuada del Refugio Gandoca-Manzanillo, como lo ha señalado la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional en múltiples resoluciones. Por ejemplo, la sentencia 31756-2023 de la Sala IV anuló una audiencia pública del PRC por excluir al Territorio Indígena Kéköldi, evidenciando el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

4. Desarrollo desigual y marginación del Caribe Sur: Patterson afirma que el Caribe es marginado bajo el pretexto de la conservación. Si bien es cierto que el Caribe Sur ha sido históricamente marginado, el PRC no resuelve esta problemática. Al contrario, fomenta un modelo de turismo masivo, similar al del Pacífico, que beneficia a grandes inversionistas y cadenas hoteleras en detrimento de las comunidades locales. El PRC no incluye planes para abordar carencias críticas, como la falta de agua potable (85% de los acueductos en Talamanca enfrentan estrés hídrico, según ARESEP) o la infraestructura educativa deficiente, como la Escuela de Puerto Viejo, que está al borde del colapso.

La verdadera amenaza: el Plan Regulador Costero de Talamanca

El PRC de Talamanca, lejos de ser una herramienta de desarrollo sostenible, representa una amenaza directa a la seguridad ambiental, cultural y social de las comunidades del Caribe Sur. Entre sus principales problemas, destacamos:

Impacto ambiental devastador: El PRC permite el desarrollo turístico en áreas sensibles, como humedales y bosques costeros, ignorando un informe del SINAC de 2021 que identificó 165 hectáreas de humedales en la ZMT. La directriz del MINAE de 2023, que desestimó este informe, facilita la construcción en estas zonas protegidas, violando sentencias de la Sala Constitucional (12745-2019, 3959-2024, entre otras).

Falta de consulta indígena: La Municipalidad de Talamanca ha incumplido sistemáticamente el derecho de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. La Defensoría de los Habitantes confirmó que no existe solicitud alguna para consultar al Territorio Indígena Kéköldi, lo que invalida el proceso del PRC.

Despojo de tierras ancestrales: Aunque Patterson y sus aliados, como Edwin Cyrus, argumentan que el PRC garantiza seguridad jurídica a los habitantes históricos, el plan no protege adecuadamente los derechos de propiedad de las comunidades afrodescendientes. La Ley 9223, declarada inconstitucional en 2019, desafectó bosques del Refugio Gandoca-Manzanillo, abriendo la puerta a la especulación inmobiliaria. Las concesiones previstas en el PRC benefician principalmente a inversionistas externos, no a los pobladores ancestrales.

Llamado a la acción y exigencia de transparencia

Rechazamos la narrativa de Edwin Patterson y exigimos lo siguiente:

1. Suspensión inmediata del PRC: La Municipalidad de Talamanca debe acatar las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes y suspender cualquier acto de aprobación del PRC hasta que se cumplan los requisitos legales, incluida la consulta indígena y la delimitación del Refugio Gandoca-Manzanillo.

2. Investigación sobre conflictos de intereses: Solicitamos a la Comisión Legislativa de Ambiente, que ya abrió un expediente sobre el PRC, investigar las conexiones de Patterson y otros promotores del plan con concesiones en la ZMT, así como posibles casos de tráfico de influencias.

3. Diálogo inclusivo y participativo: Instamos al Gobierno de Costa Rica a establecer un diálogo genuino con todas las organizaciones comunitarias del Caribe Sur, excluyendo a figuras como Patterson, cuya legitimidad está comprometida por sus intereses personales. Este diálogo debe priorizar la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales.

4. Protección del legado ambiental y cultural: Conservar el Caribe Sur no implica despojar a sus habitantes, como Patterson sugiere, sino garantizar que el desarrollo respete la armonía entre las comunidades y su entorno. Los pueblos afrodescendientes e indígenas hemos convivido sosteniblemente con esta región por generaciones, y no permitiremos que se sacrifique nuestro patrimonio en nombre de un falso progreso.

Conclusión

Edwin Patterson no habla por el Caribe Sur. Su respaldo al PRC, motivado por intereses personales, traiciona la lucha histórica de los pueblos afrodescendientes e indígenas por la justicia ambiental y territorial. Invitamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las autoridades a escuchar las voces legítimas de las comunidades organizadas que defendemos nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro futuro. No permitiremos que el Caribe Sur sea entregado a la codicia de unos pocos bajo el disfraz de un desarrollo que no nos representa.

Referencias:

• Defensoría de los Habitantes, alerta temprana sobre el PRC, 10 de octubre de 2024.

• Sala Constitucional, sentencias 31756-2023, 12745-2019, 3959-2024, entre otras.

• Informe SINAC sobre humedales, 2021.

• ARESEP, informe sobre estrés hídrico en Talamanca, 21 de julio de 2023.

• COVIRENAS y Bloque Verde, denuncias sobre impacto ambiental del PRC, 2023.

Puerto Viejo de Talamanca
12 de mayo de 2025

Imagen con fines ilustrativos.

La negociación como táctica revolucionaria: China le da la razón a Manuel Mora

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

En la década de los ochenta, en plena Guerra Fría y ante la sombra de una posible aniquilación nuclear, el benemérito de la patria costarricense, Manuel Mora Valverde, planteó en un simposio en Alemania una tesis audaz: la negociación debía entenderse como una fase superior de la lucha de clases. Su afirmación, lejos de ser una claudicación ideológica como algunos pensaron, era una lectura estratégica y profundamente dialéctica del momento histórico. Pero muchos no lo entendieron. Encerrados en los dogmatismos de la Guerra Fría, acusaron a Mora de traicionar principios, como si hablar con el enemigo fuera rendirse a él. Una lógica absurda. Tan absurda como suponer que la negociación de la crisis de los misiles de 1962 volvió comunista a Estados Unidos o capitalista a la Unión Soviética.

Hoy, en el siglo XXI, donde aquellos esquemas binarios han perdido toda utilidad política real, la experiencia china ha venido a reivindicar esa tesis de manera práctica y contundente, dando la razón al benemérito de la Patria. No desde la teoría, sino desde la acción concreta. Con una visión estratégica y sin renunciar a su proyecto de una civilización socialista con características propias, China ha hecho de la negociación una herramienta de afirmación nacional y de proyección global.

Las recientes conversaciones sostenidas en Suiza entre el viceprimer ministro chino He Lifeng, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el representante de Comercio Jamieson, para enfrentar la guerra de aranceles desatada unilateralmente por la administración Trump, son un ejemplo elocuente de cómo se negocia sin claudicar. China no se sentó a la mesa desde la sumisión, sino desde una posición de fuerza estratégica, consciente de su peso económico global y de su rol como actor central en la estabilidad mundial.

El resultado habla por sí solo: una tregua de 90 días en la guerra comercial y una significativa reducción mutua de aranceles; Washington bajará sus tarifas del 145% al 30%, y Pekín del 125% al 10%. No se trata de concesiones graciosas, sino de logros concretos producto de una diplomacia realista, que entiende que en la lucha de clases global la negociación no es traición, sino táctica revolucionaria cuando se hace desde la soberanía y con claridad estratégica.

Esta lección no nace de la ingenuidad, sino de una lectura lúcida de las correlaciones de fuerza, del sentido del momento histórico y del valor de preservar condiciones de desarrollo frente a la hostilidad imperial. China, como lo advirtió Manuel Mora en su momento, demuestra que, en ciertos contextos, negociar es también una forma superior de luchar.

En un mundo en crisis múltiple (económica, política, ecológica y espiritual), la vieja lucha de clases no ha desaparecido, simplemente ha mutado de formas y escenarios. Hoy no solo las minorías son vulnerables; también lo son las grandes mayorías. La clase trabajadora, las comunidades rurales, los sectores populares urbanos, clases medias, etc., todos enfrentan nuevas formas de exclusión, precarización y desarraigo. Y mientras los pueblos son empujados a pelear entre sí, mayorías contra minorías, pobres contra pobres, las élites económicas y culturales celebran su victoria: nos mantienen divididos, confundidos, y sin dirección. En esa fragmentación inducida se produce su mayor victoria: la neutralización política efectiva de cualquier oposición que amenace el orden establecido.

Por eso la tesis de Manuel Mora cobra renovada vigencia. Porque entender la negociación como fase superior de la lucha de clases no implica renunciar a los principios, sino releerlos en clave estratégica, adaptarlos a nuevas condiciones sin diluir su contenido emancipador. Los principios permanecen, lo que cambia es el terreno donde se libra la batalla. Solo un pensamiento político maduro puede entender esto. Solo una izquierda o social democracia libre de dogmas puede asumir esta tarea sin culpa.

China, sin hacer ruido ideológico, ha mostrado que es posible. No se ha rendido ante el capitalismo global, pero ha sabido utilizar sus grietas para avanzar usando sus mismas reglas. Ha negociado, sí, pero no para someterse, sino para fortalecer su soberanía, su economía y su modelo. El resultado: millones de personas sacadas de la pobreza, infraestructuras transformadas, y un proyecto de nación que combina tradición, modernidad y futuro.

Esa es la lección: negociar no es rendirse. Negociar con visión, con estrategia y con firmeza, es también luchar en una forma superior. Es prolongar la lucha de clases por otros medios cuando las condiciones lo exigen. Es evitar el sectarismo inútil que solo sirve al enemigo. Es resistir con inteligencia y construir con realismo. Es, como decía Mora, elevar la lucha a un plano más complejo y eficaz, sin perder el horizonte de justicia social, la paz y la dignidad humana.

Inmigrantes en EEUU

Mg. José A. Amesty Rivera

Es increíble que un país como Estados Unidos de Norteamérica esté persiguiendo y deportando a los inmigrantes, cuando la realidad es que en EEUU conviven una gran cantidad de ellos y ellas, además de que es un país que fue formado por migrantes.

Ante la cruzada de Donald Trump contra los migrantes, recordemos que en EEUU y reiterando, coexisten una gran cantidad de inmigrantes, los cuales son de múltiples naciones del orbe.

La variedad de nacionalidades está representada, al menos, por México (por ejemplo, con el 23% de los inmigrantes nacidos en México en 2022), India, China, Filipinas (estos países también tienen una presencia significativa, representando el 6%, 5% y 4% de los inmigrantes, respectivamente), El Salvador, Guatemala, Corea del Sur, Vietnam, Cuba y República Dominicana (también tienen una población inmigrante considerable en EE. UU.).

Países sudamericanos como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú también aportan un número importante de inmigrantes a Estados Unidos. En general, la inmigración a EEUU proviene de diversos países alrededor del mundo, reflejando la diversidad cultural e histórica del país norteamericano.

Según el último estudio del Centro de Investigación Pew (el Pew Research Center), es un grupo de expertos estadounidenses no partidista con sede en Washington, DC, que proporciona información sobre temas sociales, opinión pública y tendencias demográficas que dan forma a los Estados Unidos y al mundo. Destaca que más de 46 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos, una cifra récord, y además señala que, hasta 2022-2023, el 77% de los migrantes estaban en el país de manera legal.

El 49% eran ciudadanos estadounidenses naturalizados (tenían la nacionalidad), el 24% eran residentes permanentes legales (LPR) y el 4% eran residentes temporales legales. El resto, el 23%, residía irregularmente en el país. Son 11 millones de personas.

Los datos anteriores son hasta el 2022-2023, por lo que es posible que hayan aumentado, es decir, se desconoce cuánto, ya que algunos abandonan el país, otros mueren y otros se regularizan.

Ahora, según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU, USCIS, en 2024 se les otorgó la nacionalidad estadounidense a 815.500 personas, lo que supone un 7% menos que en 2023.

México es el país líder con el 31,1% de las nacionalizaciones, seguido de India con el 6,1%, Filipinas con el 5%, República Dominicana con el 4,9% y Vietnam con el 4,1%.

Estas personas nacionalizadas residen en los estados de California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Washington, Pensilvania, Massachusetts y Virginia.

Por ejemplo, las Estadísticas de Naturalización del Año Fiscal 2024 en EEUU: en Massachusetts 23,600, Washington 23,500, todos los demás 238,700; total, 818,500.

Ya es conocido, por otro lado, que, aunque Trump afirma querer deportar a hasta 11 millones de inmigrantes, los análisis publicados por The New York Times y The Washington Post indican que podría ser difícil expulsar a muchos de ellos bajo la legislación estadounidense vigente. El único grupo fácil de expulsar (son aquellos con antecedentes penales) es relativamente pequeño, con unas 650.000 personas.

En fin, la mayoría de los inmigrantes, ya sea que se encuentren legal o ilegalmente en EEUU, han vivido en el país durante muchos años. Casi la mitad de las personas nacidas en el extranjero han vivido en el país durante dos décadas o más, y más de dos tercios han vivido en el país durante al menos 10 años. Solo el 20% llegó en los últimos cinco años.

Esto significa que muchas de las personas que probablemente serán objeto de deportación en los próximos meses son miembros establecidos y de larga data de la sociedad estadounidense.

En resumen, en EEUU, la población inmigrante podría superar los 13 millones de personas en 2025, según estimaciones de organizaciones como Migration Policy Institute y Pew Research Center. Además, hay al menos 11 millones de personas inmigrantes indocumentadas en el país. Se espera que las deportaciones se mantengan en niveles similares a los de 2024, con la mayoría de los vuelos dirigidos a América Latina.

Población inmigrante: Se estima que la población inmigrante en Estados Unidos podría superar los 13 millones de personas para el año 2025.

Inmigrantes indocumentados: Hay al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.

Deportaciones: Las deportaciones se mantienen similares a las de 2024, con el 90% de los vuelos dirigidos a América Latina.

Impacto de la política: El enfoque del gobierno en deportaciones y las nuevas leyes pueden afectar significativamente a la comunidad inmigrante.

Origen de los inmigrantes: La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos provienen de México, India y China.

Nuevas leyes y reglas: Se implementarán nuevas leyes y reglas migratorias, como la que requiere el registro de ciudadanos extranjeros que permanezcan en el país por más de 30 días.

Es decir, a partir del 11 de abril de 2025, todo ciudadano extranjero mayor de 14 años que permanezca en Estados Unidos por más de 30 días deberá registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Además, en 2025 ha traído importantes noticias en el ámbito migratorio, especialmente para quienes buscan trabajar temporalmente en EEUU. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha aprobado un aumento temporal en la cantidad de visas H-2B para trabajadores no agrícolas.

En fin, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se han implementado nuevas medidas destinadas a fortalecer los procesos migratorios y agilizar solicitudes pendientes hasta el 2025. A continuación, le presentamos algunos de los aspectos más destacados:

Extensión de programas temporales: El gobierno ha ampliado programas como el TPS (Estatus de Protección Temporal) para países como Honduras, El Salvador y Haití. Esta medida permite que miles de personas puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras las condiciones en sus países de origen mejoran.

Nuevas prioridades en deportaciones: La administración actual ha decidido enfocar los esfuerzos de deportación en individuos con antecedentes penales graves. Por otro lado, se están reduciendo las deportaciones de personas que no representan un riesgo para la seguridad pública, marcando un cambio positivo para muchas familias en situación irregular.

Actualización del sistema de visas: El Departamento de Estado ha comenzado a digitalizar más procesos relacionados con visas de trabajo y reunificación familiar. Esta modernización tiene como objetivo reducir los tiempos de espera, facilitando el acceso a beneficios migratorios de manera más eficiente.

No obstante, estos datos pueden variar de acuerdo a las políticas migratorias de Donald Trump, ya que, como hemos visto, hoy dice una cosa y mañana otra.

*HASTA SIEMPRE PEPE*

A José Mujica, el hombre, el maestro, el guerrero.

Hoy lloro, lloro y lloro.

Las interminables marchas de protesta,
nunca desgastaron las suelas de tu corazón.

La fuerza de tu voz
jamás se debilitó bajo las macanas y el gas lacrimógeno.

La dureza de la selva
no pudo mermar tu sensibilidad y compromiso.

La letanía mortal de la metralla,
no te impidió escuchar el lamento de los oprimidos.

Las torturas oficiales
no apagaron tu voluntad.

La obscuridad del calabozo,
no pudo cegar la luz de tus sueños.

Tampoco con el poder en tus manos,
te arrodillaste ante la ambición y la soberbia.

La vida, la injusticia y la violencia estructural,
te transformaron en un sabio imprescindible.

Pepe,
hoy te digo que los nombres de todos tus detractores y verdugos, serán
ilegibles bajo tus pies.

Viejo, mi querido viejo,
hoy te llevas un pedazo de mi humanidad…

Palabra de HECO

Herberth Contreras Vásquez

UCR. Obra Corazón Gaseado apuesta por la justicia social y la libertad de expresión

La temporada de la obra Corazón Gaseado será del 8 al 25 de mayo en el Teatro Universitario. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

La temporada será del 8 al 25 de mayo

En su 75 aniversario el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica presenta “Corazón Gaseado” de Tristán Tzara, dirigida por Gabrio Zappelli. Una obra representativa del Dadá, vanguardia histórica del siglo XX, que en aquel momento criticaba al sistema industrial que se había instalado en Europa y a su idea de progreso. Se burlaba de la razón burguesa de la época y también de lo absurdo de la vida después de vivir los horrores la guerra, apuntó la Dra. Erika Rojas Barrantes, directora de la Escuela de Artes Dramáticas y del Teatro Universitario.

Esta propuesta es una experiencia muy diferente a una obra tradicional, mezcla teatro, performance, música e integra un elemento novedoso que es LESCO en toda la pieza, pues los actores/personajes incorporan este lenguaje de señas en sus acciones, de principio a fin.

Para Sonia Suárez, asistente de dirección de la puesta en escena, esta integración no solo promueve el acceso y la inclusión de la comunidad sorda, sino que también enriquece la diversidad cultural y creativa de la obra. Al hacerlo, se refuerza la importancia de la libertad de expresión y se fomenta un arte que reconoce y celebra la pluralidad de voces en la sociedad. Esta inserción de dos lenguas en una obra no es solo para traducir, sino para converger en un acto artístico puro, donde una sociedad cohabita de manera natural entre dos lenguas. No se está separando la acción del uso de la lengua LESCO como un acto meramente de traducción, como un marco por aparte, sino que está ínfimamente integrada al espectáculo en sí. No es una narración extra, es parte de la narración, de la dramaturgia, de la dirección, de la construcción de la obra teatral en sí. Ya vivimos en una sociedad que cada vez se reafirma con nuevas generaciones bilingües. Esta obra tiene dos lenguas que cohabitan y una de la otra se accionan, se necesitan y se transforman en una energía que no se separan, no se distinguen.  

A nivel narrativo los personajes son las partes de un cuerpo desarticulado: ojo, nariz, oreja, garganta, boca discutiendo palabras sin sentido, a modo de juego absurdo. La obra nos invita a preguntarnos hoy por lo absurdo de la vida en esta sociedad, del amor, de las relaciones y sus contradicciones. Nos recuerda la imposibilidad de comunicarnos a pesar de las herramientas tecnológicas, la vida en un mundo tan caótico y desafiante en el que parece que no logramos superar muchos de los problemas del siglo pasado.

A través de la sátira y la burla, «Corazón Gaseado» invita a cuestionar la realidad contemporánea en un panorama donde la búsqueda de identidad y el consumismo son temas recurrentes. El mensaje de Tzara se vuelve especialmente pertinente hoy, al oponerse a la homogenización y fomentar la libertad creativa, aspectos esenciales del crecimiento individual en el ámbito latinoamericano, donde la diversidad cultural y la resistencia a la marginación son cruciales.

Esta puesta en escena se revela como un eco de las voces contemporáneas que claman por justicia social y libertad de expresión. Su ruptura con el orden establecido aboga por nuevas formas de comunicación e inclusión de diversas opiniones en la narrativa social. En un mundo afectado por la desinformación y la polarización, el dadaísmo recuerda la importancia de cuestionar la realidad y crear espacios de diálogo sustanciales, haciendo que su legado sea urgente y necesario para las luchas actuales por la verdad y la independencia en Costa Rica y Latinoamérica.

«Corazón Gaseado» no solo celebra la multiplicidad de voces, sino que también defiende la resistencia a la marginación y la búsqueda de identidad en un contexto donde el consumismo y la desinformación son crecientes.

Dadá no significa nada, tanto como la banalidad con la que miramos desde este lado del mundo la guerra, la democracia, la empatía, la justicia, el conocimiento, entonces Corazón gaseado es una invitación a vivir una experiencia, más que a entender una historia. Nos propone atrevemos a mirar el mundo desde otros ángulos, a reímos de nosotras mismas, de lo absurda que es la existencia y nuestra realidad o algunos de los valores que la estructuran.

El costo de la entrada general es de 6000 colones; estudiantes con carné y personas ciudadanas de oro, 3000 colones.

Las entradas están a la venta en tienda.fundacionucr.com.

José Montero Peña
Comunicación Teatro Universitario