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Autor: María José Ferlini Cartín

Denuncia por quema de cientos de hectáreas de rastrojos de piña en Buenos Aires

  • Sin aviso previo y hasta altas horas de la noche

  • Viviendas, personas y el planeta pagan la factura de una mala práctica

  • Impactantes registros en video nocturnos y tomas aéreas con dron durante el día

Bloque Verde. Para muchas personas la llegada del verano es la mejor época del año. Sin embargo, para quienes viven cerca de plantaciones piñeras o cañales, esta temporada se convierte en un período crítico debido a la intensificación de las quemas agrícolas, una práctica que antepone las ganancias de la agroindustria a la salud de las comunidades deteriora el ambiente y contribuye al cambio climático.

Esto es lo que experimentan vecinas y vecinos del cantón central de Buenos Aires, donde los piñales se han expandido por prácticamente todos los rincones del territorio, rodeando escuelas, clínicas, urbanizaciones y viviendas. En este contexto, la quema de rastrojos se ha consolidado como una de las formas más agresivas e irresponsables de manejar los desechos de la producción.

Desde aproximadamente las cuatro de la tarde y hasta altas horas de la noche, en ocasiones hasta la medianoche, los piñales arden, afectando el descanso de cientos de personas y agravando de forma directa la salud de quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias. Estas quemas no solo impactan la salud humana, sino que también deterioran el suelo, afectan la calidad del agua, dañan la vegetación y contribuyen al calentamiento global.

En los videos se evidencia que no se respetan las áreas de protección de nacientes, ya que el fuego avanza sin distinción sobre zonas que deberían permanecer intocables, pese a que el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas establece la obligación de respetar estas áreas de protección. Incluso, las quemas se realizan en las cercanías del tanque de captación de agua que abastece a la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un riesgo directo para la seguridad hídrica y la salud de la población.

Resulta alarmante que, existiendo múltiples alternativas para el manejo de los residuos de la piña como: el triturado mecánico del rastrojo, su incorporación al suelo como abono orgánico, el uso de microorganismos descomponedores, el compostaje, las coberturas vegetales e incluso su aprovechamiento energético, la empresa PINDECO (Del Monte) continúe recurriendo a la quema, mientras se presenta ante los mercados del norte global como un modelo de “buenas prácticas” y sostenibilidad.

La situación se agrava aún más porque, según denuncian personas de la comunidad, la práctica habitual de la industria piñera consiste en aplicar previamente herbicidas como paraquat o glifosato para acelerar la desecación del rastrojo y posteriormente proceder a la quema. Durante estos procesos pueden generarse dioxinas, sustancias altamente tóxicas, cancerígenas y bioacumulativas, además de humo blanco y partículas en suspensión que contaminan el aire.

Las dioxinas se producen en procesos de combustión donde interviene el cloro. Estas partículas son inhaladas por las personas, afectan la naturaleza y la vida silvestre, y contribuyen al calentamiento global, convirtiendo estas quemas en un grave problema de salud pública y ambiental.

La comunidad bonaerense ha manifestado reiteradamente su preocupación por estos “sahumerios tóxicos» que afectan la salud laboral y ambiental, generan malestar inmediato y representan riesgos a largo plazo, por lo que exigen el cese inmediato de esta práctica.

Según relatan vecinas y vecinos, no existe ningún aviso previo: simplemente se prende fuego cuando las personas se disponen a descansar o a aprovechar el fresco de la tarde, después de días extremadamente calurosos característicos del verano en la zona.

Las quemas agrícolas constituyen una mala práctica productiva, aunque actualmente se encuentren permitidas mediante permisos otorgados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con base en la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y su reglamento, la Ley de Cercas Divisorias y Quemas y el Reglamento para Quemas Agrícolas Controladas. No obstante, esta legalidad está siendo cuestionada mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, fundamentada en la legislación climática y de legislación ambiental vigente.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012–2021, entre 2007 y 2012 las principales causas de incendios forestales fueron las quemas de pastos y actividades agropecuarias, que representaron un 46,06% de los casos. En años recientes, la afectación por incendios ha sido persistente y creciente: 10.724 hectáreas quemadas en 2020, 6.411 hectáreas en 2021, 8.900 hectáreas en 2022 y 8.500 hectáreas en 2023. La temporada de incendios del 2024 fue la más agresiva de los últimos diez años, con 141 emergencias registradas y 27.865 hectáreas afectadas, lo que evidencia la urgencia de revisar, limitar y erradicar prácticas como las quemas agrícolas.

Para el Bloque Verde, la salud pública y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés empresarial. Mucho se ha hablado de buenas prácticas, de enfriar el planeta y de enfrentar el cambio climático, pero las quemas agrícolas son una práctica arcaica, sin justificación técnica, en un contexto donde la temperatura global alcanza récords históricos año tras año.

La empresa transnacional PINDECO mantiene presencia exclusiva en la Zona Sur desde hace cerca de 50 años, territorio donde inició la expansión del monocultivo de piña en el país. Esta expansión fue denunciada por la deforestación de 5.568 hectáreas de bosque entre los años 2000 y 2015 en todo el país, cuando la tala ya constituía un delito ambiental. De ese total, 1.789,71 hectáreas corresponden a la región Brunca, según datos del Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (MOCUPP)

Le invitamos a ver el video:

Área de la producción orgánica se reduce en 16% durante lo que va de la administración Chaves-Robles

Comunicado de la Federación Ecologista:

Mandatos ministeriales de Víctor Carvajal Porras hacen desplomarse producción orgánica.

Según los datos publicados hoy 26 de febrero de 2025 por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) el área dedicada a la producción orgánica certificada se redujo un 8,6% en tan sólo un año. Pasando de 10359.65 en el año de 2024 a 9.466.84 hectáreas para al 2025.

Hay que recordar que en setiembre del 2024 el Movimiento Costarricense de Agricultura Orgánica (MAOCO) denunció que se había desmantelado el Departamento de Agricultura por decisión del ministro Víctor Carvajal Porras.

Sumado a eso Carvajal también había decidido desarticular la Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica “al margen de la legalidad, contraviniendo los principios más básicos de la administración pública y la participación social en materia de política alimentaria”, denunció el MAOCO en ese momento.

Cabe señalar que en el 2022 cuando la administración Chaves-Robles inició el Departamento de Agricultura Orgánica tenía cuatro funcionarios. A la fecha, la extinta dependencia sigue sin ser sustituida por ninguna otra estructura u oficina articuladora. Dejando en el vacío institucional todo un sector dedicad a la producción libre de pesticidas.

Cabe resaltar que la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (Ley n°8591) en su artículo 8 señala que: “corresponde al MAG realizar las labores de promoción, desarrollo, fomento, administración y control de la actividad agropecuaria orgánica.” disposición legal que el señor Carvajal Porras parece desobedecer al mirar las estadísticas desplomarse.

Los números son más dramáticos cuando comparamos el área sembrada como orgánica certificada en el 2022 con los datos del 2025. En lo que va de la administración Chaves-Robles se han perdido 1.800 hectáreas de producción orgánica, un 16% menos que en el año 2022.

Fecon, 26 de febrero 2026.

CONCEVERDE alerta sobre proyecto municipal en el cerro Chompipe y advierte riesgos para el recurso hídrico

La organización CONCEVERDE emitió una alerta pública dirigida a la población de San Rafael de Heredia ante la posibilidad de que avance un proyecto impulsado por la Municipalidad en el cerro Chompipe, iniciativa que —según la organización— se presentaría bajo la figura de “Monumento Natural”, pero que implicaría el desarrollo de infraestructura recreativa en una zona de alta vulnerabilidad ambiental.

El pronunciamiento surge tras la difusión de un video en el que funcionarios municipales aparecen junto a la diputada electa Marta Esquivel, quien manifiesta respaldo al proyecto promovido por el alcalde rafaeleño. CONCEVERDE cuestiona la participación de actores externos en una iniciativa que, afirma, compromete un territorio reconocido jurídicamente como área de protección absoluta.

Zona de protección dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

El cerro Chompipe se ubica dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo y en la zona inalienable establecida por la Ley 65 del 30 de julio de 1888, condición que le otorga un régimen especial de protección. Según la organización, cualquier intervención en esa área podría amenazar directamente recursos naturales estratégicos, en particular el recurso hídrico.

CONCEVERDE advierte que no se trata únicamente de un asunto local, ya que las zonas montañosas del sector cumplen funciones de recarga acuífera que abastecen a amplias áreas del Valle Central. Por ello, consideran que el eventual desarrollo de infraestructura recreativa generaría impactos que trascienden el ámbito cantonal.

Antecedentes del debate ambiental en San Rafael

En notas previas publicadas por este medio se ha documentado la preocupación de organizaciones comunitarias y ambientales ante proyectos que podrían afectar áreas protegidas y zonas de recarga hídrica en San Rafael de Heredia. Estos antecedentes incluyen discusiones sobre ordenamiento territorial, protección de nacientes y el rol de la ciudadanía en la defensa de bienes públicos ambientales.

La controversia en torno al cerro Chompipe se inscribe en ese contexto más amplio, donde sectores comunitarios han señalado la necesidad de que cualquier iniciativa en zonas de alta fragilidad ecológica cuente con estudios técnicos rigurosos, transparencia en la toma de decisiones y participación efectiva de la comunidad.

Llamado a la participación ciudadana

CONCEVERDE sostiene que la defensa del agua, los bosques y las áreas protegidas no puede quedar únicamente en manos de decisiones políticas, sino que constituye una responsabilidad colectiva. En su mensaje, llaman a la ciudadanía herediana a mantenerse vigilante y a involucrarse en la discusión sobre las prioridades ambientales del cantón.

El caso reabre el debate sobre el alcance de las figuras de protección ambiental, los límites de la intervención municipal en áreas protegidas y la importancia de resguardar zonas estratégicas para la seguridad hídrica y el equilibrio ecológico regional.

Mayoría ciudadana valora de manera positiva el proceso electoral

81.5% considera que sí se garantizó igualdad de condiciones a todos los partidos. Un 78.2% valora positivamente la gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)

UNA Comunica. Condiciones de igualdad para los partidos políticos participantes y una adecuada gestión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de los medios de comunicación en la cobertura periodística, reflejan un apoyo mayoritario de parte de la ciudadanía hacia el recién concluido proceso electoral.

Así lo determina la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), contenida en el informe Percepción ciudadana costarricense respecto al proceso electoral, dado a conocer esta mañana.

Como parte del ejercicio de análisis, luego de las elecciones, los investigadores del Idespo-UNA consultaron a los encuestados su valoración con respecto a seis enunciados sobre las elecciones. En todos ellos se registró una opinión mayoritaria favorable.

Sobre si “se garantizó la igualdad de condiciones para que todos los partidos políticos pudieran exponer sus ideas a la ciudadanía” un 81.5% dijo estar de acuerdo con esa afirmación, frente a un 15.7% que manifestó su desacuerdo.

Un 78.2% también respaldó el enunciado “la actuación del Tribunal Supremo de Elecciones fue adecuada para gestionar la campaña electoral”. Un 15.4% opinó lo contrario.

La labor informativa de los medios de comunicación también recibió el espaldarazo de tres de cada 10 encuestados. Ellos se pronunciaron ante la frase “la cobertura que los medios dieron a todo el proceso electoral fue adecuada”.

Por debajo del 70%, pero siempre con predominancia positiva, destacaron las afirmaciones “la ciudadanía acudió a emitir su voto de manera informada”, si “considera que el actuar de los partidos políticos durante el proceso electoral contribuyó a fortalecer la democracia del país” y si “la campaña electoral se basó en la discusión de ideas y propuestas”. Indicaron estar de acuerdo, en un 67.1%, un 63.7% y un 59.1%, respectivamente.

En otro apartado de la encuesta, el Idespo-UNA indagó cuáles factores políticos y sociales pudieron influir en la decisión final de voto. A pesar de que la seguridad ciudadana ha sido señalada en diversos análisis como la principal preocupación de los costarricenses, esta razón se ubicó en segundo lugar con una media de 3,82, donde 5 es el valor mayor y 1 el menor.

La primera razón fue “la situación económica por la que atraviesa el país” con una media de 3,94. Después de estas dos primeras posiciones destacan “la atención en salud que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social” (3,79), “la situación actual del sistema educativo en Costa Rica (3,78) y “las noticias que informaron sobre la campaña electoral” (3,46).

Aunque predominó en el debate público el tema de la influencia religiosa sobre las elecciones, este ítem fue el que recibió la mención media más baja entre 14 enunciados. El resultado fue de 1,74.

Otros determinantes con baja mención fueron “las opiniones dadas por los superiores de su lugar de trabajo” (2,15), “los comentarios en redes sociales sobre la campaña electoral” (2,79) y “las conversaciones que tuvo con compañeros de trabajo” (2,87).

Otras consideraciones

Asimismo, el Idespo-UNA detalló si en el entorno cercano de los votantes hubo otras personas que los motivaron a emitir el sufragio. El grupo más numeroso fue el de quienes afirmó “sí, hay una persona en mi grupo cercano”, conformado por un 30,9%. Sin embargo, un 26,3% dijo que “otras personas y yo”, un 16% afirmó categóricamente “no” y un 12,8% indicó “sí, soy yo”.

Sigue pesando, con mayor predominancia, el porcentaje de ciudadanos que dice “nunca o casi nunca” se habla de política con personas cercanas: así lo determina la mitad de la muestra (49,8%). Los que afirman “siempre o casi siempre” son el 40% y “algunas veces” el 10.2%.

El acto de haber acudido a las urnas el 1º de febrero representa, para la mayoría, un ejercicio colectivo. Un 57.8% indicó que asistió acompañado, frente a un 42.2% que lo hizo de manera individual.

En esta encuesta post electoral, se quiso profundizar en las razones para no haber ido a votar. La respuesta más señalada, por parte de un 26.3% de la muestra fue “no hice el cambio de domicilio electoral y me quedaba lejos el lugar de votación”. Le siguieron “por motivos laborales no pude ir” (22.4%), “por condiciones de salud” (17.9) y más abajo, “no me interesa la política” (6.1%).

Un 87% dijo que acudió a votar, frente a un 13% que indicó lo contrario. Este resultado dista del porcentaje de abstencionismo en esta elección (del 31%), ante lo cual, el Idespo-UNA señala que “la diferencia podría corresponder a que las personas abstencionistas suelen rechazar contestar (sic) encuestas de carácter político-electoral, por lo que existe la posibilidad de que queden subrepresentadas”, explicaron en el informe los investigadores.

Al final de cuentas, casi la mitad de la población (48.7%), ya había decidido desde meses antes su voto, mientras que un 22.9% lo hizo semanas antes. Un 28.3% tomó partido en la misma semana o el propio día de las votaciones.

La red social Facebook, con un 66.6% de menciones, seguida de la televisión con 65%, fueron los dos medios donde la población se informó sobre la campaña electoral, principalmente. En posiciones intermedias se ubicaron TikTok (38%), Instagram (28.2%) y YouTube (26.9%). Llama la atención que un 13.3% mencionó a la inteligencia artificial (IA), aunque es un mecanismo menos empleado que los periódicos impresos o digitales, los sitios en Internet de los partidos políticos, la radio o la mensajería instantánea (WhatsApp).

La encuesta se realizó del 3 al 10 de febrero. Se realizaron 1.291 entrevistas completas, con un margen de error de 2,7 puntos porcentuales (hacia arriba o abajo) y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/02/INFORME_febrero-2026.pdf

Exposición “Fragilidad: danzando con la luz»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi y  la Asociación de Artistas en Vidrio de Costa Rica, se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición Fragilidad: danzando con la luz.

La actividad será presencial el martes 3 de marzo a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La exposición estará abierta al público del 3 al 26 de marzo, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Inauguración de la exposición de arte «Mujeres del mundo»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi y Letras & Artes by Nayuribes, se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición Mujeres del mundo, con la participación de Nayuribes Ramírez, Natalia Esquivel Benitez y Thelma Darkins Bucknam.

La exposición se realiza en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La actividad será presencial el lunes 2 de marzo a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La exposición estará abierta al público del 2 al 26 de marzo, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.

Hacia una nueva Costa Rica

Por Arnoldo Mora

Como bien sabemos, la campaña electoral recién pasada culminó con el triunfo arrollador (en las urnas, es decir, en los votos emitidos, pero no así en el padrón electoral, que nos da el número de ciudadanos con derecho a votar, ejerzan o no ese derecho) de la candidata oficial y su partido. Esta campaña debe ser analizada con especial atención, pues no es una campaña más como las que se sucedieron ininterrumpidamente desde que la Constitución Política de 1949 rige la marcha de la política nacional. Esta campaña representa un salto cualitativo en nuestra historia política, lo cual significa que, a partir de ahora, viviremos una Costa Rica inédita, una Costa Rica que no tiene marcha atrás, nos guste o no nos guste. Habitualmente hemos hablado de que el Estado Social de Derecho está en juego, por lo que las fuerzas sociales y políticas del país se dividen entre quienes lo defienden e, incluso, desean ampliarlo y quienes lo combaten. Estos últimos emplean para lograr sus objetivos, en no pocas ocasiones, métodos autoritarios que rozan la Constitución, como en esta campaña, en que se incrementó el choque entre los dos polos ideológicos; por lo que se desarrolló con una confrontación en que, en no pocas ocasiones, afloraron los insultos y amenazas de agresión física, sobre todo, a través de las redes sociales.

En mi opinión, esta polarización tiene una raíz nueva que va más allá de la anteriormente mencionada. Es el contrato social básico en que se funda nuestra vida republicana, el que se ha roto tan hondamente que alcanza los orígenes mismos de la creación del Estado Nación, desde los ya los lejanos días de Don Braulio Carrillo y la Guerra de la Liga (1835), la segunda guerra civil de nuestra historia patria. Esta guerra civil que enfrentó a San José con las otras provincias vecinas y les infligió una derrota de la cual nunca se repusieron, trajo como consecuencia que la creación del Estado Nación convirtió al ganador en epicentro de la vida política, cultural y económica de la naciente nación. Poco a poco y de manera inexorable San José se fue engullendo a las ciudades vecinas, hasta el punto de que la GAM no es hoy más que un vecindario de San José. Pero ahora lo que debemos preguntarnos es qué tipo de nación queremos ser en la nueva era, en cuyos dinteles los más recientes eventos políticos nos han puesto. Comencemos por indagar qué pasó en el resto del país, ese que yo llamo LA OTRA COSTA RICA, esa Costa Rica que no gozó en el mismo grado de los beneficios que implica la concentración prácticamente omnímoda y, con ello, el disfrute del poder estatal.

Sin embargo, no deja de ser paradójico que la élite gobernante haya entregado las provincias costeñas al capital extranjero, especialmente de origen anglosajón. En concreto, con los liberales como D. Bernardo Soto, gran parte de la, hasta entonces inhóspita región del Caribe, fue entregada en las codiciosas manos del empresario inglés Minor Keith. Posteriormente, la situación se agravó con la construcción del ferrocarril, que indujo a los ingleses a traer trabajadores chinos, italianos y, particularmente, jamaiquinos en condiciones que rayaban en la esclavitud. Posteriormente se instaló la Compañía Bananera que, luego de la huelga de 1934, se trasladó a las regiones del Sur de Puntarenas (popularmente conocida como “Zona Bananera”). Todo el país que no fuera lo que hoy es la GAM se convirtió en la periferia de ésta, se entregó a las empresas transnacionales y la jurisdicción del Estado Nacional se redujo – y con ello la democracia real – a un mero formalismo. Porque sin soberanía no hay democracia real. El vacío dejado por el Estado Nación está siendo hoy en día llenado por la penetración de las mafias del narcotráfico. Éste se lleva a cabo actualmente por vía marítima. En concreto, en aguas del Océano Pacífico va hacia los Estados Unidos un 85% de la droga proveniente de los países de Sur América, porque el país del Norte, albergando tan sólo el 5% de la población mundial, consume un 30% de ese maléfico producto. Por su parte, desde nuestras costas del Caribe se trafica la droga hacia Europa, que consume 20% de la droga del mundo entero.

Lo dicho constituye el trasfondo de lo que ha pasado en la campaña recién pasada en las provincias costeñas. Como el chavismo no se ha organizado como un partido que merezca el calificativo de tal, sino que no pasa de ser un conglomerado heterogéneo unido tan sólo por el culto a un caudillo, el actual presidente Rodrigo Chaves, su candidata Laura Fernández buscó y logró concretar un acuerdo político con los pastores evangélicos de la región, dado que en las dos provincias porteñas ya los católicos son minoría. Esa alianza, coyuntural por el momento, nos recuerda el régimen político imperante durante los siglos de la Colonia entre el clero católico y la Corona Española, llamado en sociología de la religión “régimen de cristiandad”; según el cual el clero recibía privilegios del Estado a cambio de una lealtad acrítica. El gran perdedor de este pacto fue Fabricio Alvarado, quien había sido un furgón de cola del gobierno, hasta el punto de que en la nueva configuración de la Asamblea Legislativa su partido ni siquiera logró sacar un diputado. Esto explica el triunfo arrollador logrado por el chavismo que llevó como candidata, hasta hace poco una figura anodina en el ámbito político, que fue impuesta a dedo por el propio presidente Chaves. Quienes votaron por el Partido Pueblo Soberano no lo hicieron por Laura Fernández sino por Rodrigo Chaves, el gran triunfador de esta campaña. Por lo cual mucho me temo que nos estemos encaminando hacia un régimen caudillista, que tratará de impulsar aquellas reformas a la Constitución que lo faculten a gobernar a su gusto y talante. Lo que está en juego no es sólo la democracia, sino el régimen republicano forjado por nuestros próceres en el siglo XIX.

Frente a tan amenazante perspectiva, sólo cabe como alternativa patriótica el forjar la unión de todos aquellos que creemos que, en una crisis como la actual, no basta con defender el estado social de derecho que reproduzca tan sólo nuestra actual democracia representativa; hay que ir más allá en vistas a lograr poner las bases políticas para crear una democracia directa, popular y participativa. Para ello se debe comenzar por hacer un trabajo político en las zonas donde el chavismo se ha arraigado. No se trata solamente de que el Estado central asuma un papel protagónico para resolver a corto plazo los graves problemas que, dado el atraso en que con sistemática negligencia los han tenido los gobiernos anteriores, incluido el actual. Como primer paso se debe promover una organización desde las bases populares. En esto los partidos políticos deben jugar un papel protagónico; por lo que deben dejar de ser tan sólo aparatos burocráticos que consumen los descomunales recursos de la deuda política en hacer una contienda electoral que tiene más de “marketing” que de campaña masiva de formación cívica. Es en la sociedad civil donde se juega el futuro de la democracia. Sólo con una organización que desarrolle la conciencia cívica de toda la población y la implique en sus luchas, se logrará la construcción de una democracia viva. Sólo así será posible superar el clientelismo. Los dirigentes políticos de las zonas periféricas, especialmente de las municipalidades, no deben comportarse como mendigos pidiendo limosnas a quienes gobiernan desde la GAM, sino como ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales en igualdad de condiciones. Los derechos no se mendigan, sólo se logran mediante organización y luchas comunales. La democracia comienza desde abajo. La democracia real debe llegar hasta el último rincón de la Patria.

Académico advierte que permitir bases militares en el país implicaría cesión de soberanía

Mauricio Ramírez

El académico Mauricio Ramírez Núñez cuestionó públicamente la posibilidad de reformar la Constitución Política para permitir bases militares extranjeras en el país, tras declaraciones atribuidas al nuevo asesor presidencial Fabián Silva Gamboa.

En sus declaraciones, Ramírez Núñez afirmó que la discusión debe plantearse con claridad: “Cooperación internacional, toda la que sea necesaria, bases militares ninguna”. Según indicó, una base militar extranjera no puede entenderse como un mecanismo de cooperación, sino como una cesión de soberanía y una forma de influencia permanente sobre las decisiones nacionales.

El académico sostuvo que la existencia de una base militar implica pérdida de capacidad de decisión real en materia de seguridad y política exterior, y señaló que las grandes potencias no permiten bases extranjeras en su propio territorio, precisamente porque comprenden que limitan la soberanía y condicionan el control territorial.

“No importa la bandera, las bases militares no son acuerdos entre iguales, son instrumentos de poder asimétrico”, expresó, al señalar que el país que alberga una base se convierte en plataforma de disputas geopolíticas ajenas.

Ramírez Núñez recordó que el país abolió su ejército con el propósito de evitar la militarización de la política y no convertirse en pieza de confrontaciones internacionales, defendiendo en cambio una tradición de neutralidad activa.

En ese contexto, hizo un llamado al jefe de fracción de la bancada del Partido Liberación Nacional, en su condición de fracción mayoritaria de oposición, para que no permita que una eventual iniciativa en esa línea avance en el ámbito legislativo.

El planteamiento abre un debate sobre soberanía, política de seguridad y orientación internacional del país, en un escenario global marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas estratégicas.

📌 Invitación:
Puede ver el video completo con las declaraciones del académico Mauricio Ramírez Núñez en el enlace adjunto a esta publicación.

Solicitan medida cautelar urgente al Minae por presunto maltrato de patos en condominio

Una gestión ciudadana fue presentada ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) solicitando la adopción de una medida cautelar urgente para detener lo que se califica como maltrato animal contra patos en un lago artificial ubicado en el Condominio Campo Real, en San Rafael de Alajuela.

La petición fue dirigida al ministro Franz Tattenbach y a distintas instancias del Minae, incluyendo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), con copia a otras dependencias institucionales. En el mensaje se solicita que se ordene de manera inmediata una medida cautelar que permita proteger a los animales mientras se analiza el fondo del asunto.

Según lo expuesto en el correo, Sinac habría ordenado no alimentar a los patos al considerar que se trata de fauna silvestre. No obstante, la persona remitente señala que no se habrían aportado pruebas concluyentes sobre la condición silvestre de los patos ni se habrían establecido medidas transitorias para evitar afectaciones a los animales.

La gestión afirma que la medida de no alimentación ha generado muertes de patitos y situaciones de agresión entre ellos por competencia de alimento. Asimismo, se indica que tanto Sinac como el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) no habrían intervenido de forma efectiva ante la situación denunciada.

En el mensaje se informa que se adjuntaron dos estudios técnicos elaborados por personas expertas, en los que se analiza la condición de los patos y la situación generada en el lago artificial.

Antecedentes del tema

Este caso se inscribe en una discusión más amplia sobre la gestión de fauna en espacios urbanos o privados con características artificiales, particularmente cuando existe controversia sobre si los animales deben considerarse fauna silvestre bajo competencia del Sinac o animales domésticos bajo la rectoría de Senasa.

En gestiones anteriores relacionadas con la administración ambiental y la protección de bienes públicos y naturales, organizaciones ciudadanas han planteado la necesidad de que las autoridades actúen con base en criterios técnicos claros, transparencia en la toma de decisiones y medidas proporcionales que eviten daños irreversibles mientras se resuelven los aspectos de fondo.

La solicitud actual plantea precisamente la adopción de una medida cautelar como instrumento preventivo, con el fin de evitar la muerte o sufrimiento de los animales mientras se determina su condición jurídica y el marco de competencia institucional correspondiente.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una resolución formal del Minae respecto a la petición planteada.

AEL solicita informe técnico detallado sobre acciones municipales en la zona marítimo terrestre de Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó una nueva gestión ante la Municipalidad de Talamanca solicitando información pública detallada sobre las acciones ejecutadas en la zona marítimo terrestre, particularmente en relación con ocupaciones denunciadas en Cocles y Manzanillo.

La solicitud, contenida en el oficio AEL-0018-2026 del 27 de febrero de 2026, invoca la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley Nº 10554) y plantea la necesidad de contar con prueba “clara y veraz” sobre la ejecución efectiva de las disposiciones señaladas previamente por la propia Alcaldía.

Antecedente: respuesta general de la Alcaldía

El planteamiento surge a raíz del oficio OF-AMT-E-0016-2025, mediante el cual la Alcaldía indicó que la Municipalidad, por delegación de la Ley Nº 6043 (Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre), es responsable de la administración de las zonas costeras del cantón.

En ese documento se recordó que la zona marítimo terrestre forma parte del patrimonio nacional, es inalienable e imprescriptible, y que la franja de cincuenta metros a partir de la pleamar ordinaria constituye zona pública donde no puede autorizarse ningún tipo de ocupación.

Sin embargo, AEL señala que dicha respuesta fue de carácter general y no incluyó evidencia concreta sobre intervenciones específicas, cronologías, inspecciones o medidas adoptadas frente a denuncias ciudadanas.

Solicitud de prueba documentada y acciones concretas

En el nuevo oficio, AEL solicita un informe técnico-legal detallado que incluya:

  • Lista cronológica de sitios intervenidos desde Puerto Viejo hasta Manzanillo.

  • Fechas de intervención y medidas adoptadas (desalojos, demoliciones, sanciones).

  • Fundamentos fácticos y legales aplicados en cada caso.

La gestión pone especial énfasis en la zona frente al Hotel Le Camaleon en Cocles, donde —según se expone— persisten denuncias por piscinas, mesas, parqueos, baños, cercas de alambre y otras estructuras que podrían contravenir la prohibición de ocupación en la zona pública.

Asimismo, se solicita información sobre inspecciones recientes, evidencias recopiladas, aplicación específica de los artículos 1, 3 y 20 de la Ley Nº 6043, y acciones correctivas ejecutadas o planificadas para restaurar el dominio público.

Enfoque en rendición de cuentas y control ciudadano

La gestión de AEL se fundamenta en el derecho de acceso a la información pública y en el principio de rendición de cuentas en el ejercicio de la función administrativa. El documento señala que la información debe ser entregada en formato accesible y dentro del plazo legal de diez días hábiles, conforme a la normativa vigente.

La organización sostiene que la protección efectiva de la zona marítimo terrestre requiere no solo declaraciones generales sobre el marco legal aplicable, sino también evidencia verificable de intervenciones concretas frente a ocupaciones que restrinjan el acceso público o alteren el dominio inalienable del Estado.

El caso reabre el debate sobre la gestión municipal en la protección del patrimonio natural costero y la necesidad de fortalecer mecanismos de transparencia, fiscalización ciudadana y cumplimiento normativo en territorios de alta presión turística y comercial.