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Autor: María José Ferlini Cartín

Gobernanza y ciudadanía: el poder de la palabra y la acción

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Este será el primer artículo de una serie, cuyos escritos se sucederán un par de semanas más. (Espero no aburrir a los queridos lectores y lectoras).

Capítulo I. Un marco conceptual para pensar la democracia desde la ciudadanía

¿Quién gobierna cuando gobierna la democracia?

La democracia suele ser entendida, ante todo, como el sistema político mediante el cual la ciudadanía elige periódicamente a quienes habrán de gobernarla. Esta definición contiene una verdad fundamental, pero resulta insuficiente para comprender la complejidad de las democracias contemporáneas.

Elegir es indispensable. Pero elegir no agota la ciudadanía.

Una democracia puede cumplir razonablemente con sus procedimientos electorales y, al mismo tiempo, experimentar profundas desigualdades en la distribución del poder, de la información, de las oportunidades y de la capacidad efectiva de influir sobre las decisiones públicas.

De ahí surge una pregunta que debería acompañar toda reflexión seria sobre la democracia:

¿Qué ocurre con la ciudadanía después de depositar su voto? ¿Se convierte en espectadora de las decisiones de quienes fueron elegidos? ¿Se limita a esperar la próxima elección? ¿O puede continuar participando, organizándose, deliberando, controlando, proponiendo y evaluando aquello que los gobernantes hacen en su nombre?

La pregunta conduce directamente al concepto de gobernanza. Pero también obliga a formular una pregunta todavía más profunda:

¿En qué condiciones puede la ciudadanía participar realmente en la construcción de la cosa pública?

No basta con abrir espacios para que la gente hable. Tampoco basta con convocar reuniones, consultas, foros o asambleas. La cuestión decisiva es saber quién organiza esos espacios, con qué información, mediante qué procedimientos, con qué posibilidades reales de incidencia cuenta la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía “de a pie”, los más desfavorecidos de las políticas públicas, y cuáles son las consecuencias que se derivan de las decisiones públicas.

La participación, por tanto, no puede ser considerada como un acto aislado. Es un proceso. Y ese proceso debe comenzar mucho antes de la deliberación.

Gobernabilidad y gobernanza: una diferencia necesaria

Joan Prats i Catalá, catalán, oriundo de Benicolet, Vall d´Albaida, fue académico de la Universidad de Barcelona y de la Sorbona de París, politólogo y también político, miembro del Partido Socialista de Catalunya y también senador por la Comunidad Autónoma entre 1980-1983. Prats resulta particularmente útil para iniciar esta reflexión. Su concepción de la gobernabilidad se aparta de aquella visión que la reduce a la estabilidad política o a la capacidad de un Gobierno para imponer decisiones. Para Prats, la gobernabilidad es, fundamentalmente, la capacidad de la sociedad para enfrentar positivamente los desafíos y oportunidades de su tiempo. Sostiene enfáticamente que tales desafíos y oportunidades, no dependen únicamente de los gobernantes: también apunta que, todo ello está relacionado con los valores, actitudes y modelos mentales existentes en la sociedad.

Esta perspectiva introduce un cambio de considerable importancia: la gobernabilidad no es solamente una cualidad del Gobierno; es también una cualidad de la sociedad. Por eso, cuando hablamos de gobernanza democrática, no podemos pensar únicamente en cómo gobiernan las instituciones públicas. Tenemos que preguntarnos también cómo se relacionan esas instituciones con una sociedad plural, desigual, organizada en múltiples intereses y atravesada por diferentes formas de poder.

En este sentido, la gobernanza supone una transformación de las relaciones entre Estado y sociedad. Prats la vincula con los procesos mediante los cuales las preferencias ciudadanas y la pluralidad de intereses sociales pueden convertirse en decisiones y acciones colectivas.

Pero aquí comienza precisamente nuestro problema; la sociedad no es un espacio homogéneo. Nunca lo ha sido. No todos sus integrantes disponen de los mismos recursos, de la misma información, del mismo tiempo, de las mismas posibilidades de organización ni de la misma capacidad para hacer escuchar su voz. Por eso, hablar de gobernanza sin hablar de desigualdad sería construir una concepción incompleta, o más bien distorsionada de la democracia, ya que, la ciudadanía no participa desde un terreno neutral.

Una de las mayores dificultades para comprender la participación ciudadana consiste en imaginarla como si todos los participantes concurrieran a ella desde una posición semejante. No es así.

Un pequeño productor rural no llega a una deliberación con las mismas condiciones que un gran empresario. Un trabajador asalariado no dispone necesariamente de los mismos recursos que la organización empresarial que representa a su sector. Una asociación comunal no posee la misma capacidad técnica que una institución pública. Un ciudadano individual difícilmente puede competir en condiciones de igualdad con una organización que dispone de abogados, economistas, comunicadores, asesores y recursos financieros.

En consecuencia, la deliberación democrática ocurre dentro de una sociedad desigual. Esta afirmación no significa que la palabra de unos ciudadanos valga más que la de otros. Significa algo diferente y más importante: las condiciones materiales y culturales para hacer valer esa palabra no están distribuidas equitativamente.

De ahí que una democracia verdaderamente participativa tenga que preocuparse no solamente por garantizar el derecho a hablar, sino también por crear condiciones para que la ciudadanía pueda formarse un juicio propio.

Y aquí aparece el problema de la información. ¿Quién informa a quienes deliberan? Una sociedad democrática necesita ciudadanos informados.

Pero esta afirmación aparentemente sencilla contiene una pregunta que no lo es:

¿Quién informa a la ciudadanía? ¿Quién selecciona los temas? ¿Quién decide qué información circula? ¿Quién tiene recursos para producirla? ¿Quién puede contratar especialistas? ¿Quién posee medios para difundir determinadas interpretaciones de la realidad? ¿Quién tiene tiempo para estudiar un problema antes de pronunciarse sobre él? ¿Quién puede contradecir públicamente una información falsa o incompleta?

Estas preguntas nos conducen inevitablemente al problema del poder.

La desigualdad no se manifiesta solamente en la posesión de bienes materiales. También puede manifestarse en la capacidad desigual para producir, interpretar, difundir y legitimar conocimientos e ideas.

Aquí resulta pertinente recuperar una de las intuiciones fundamentales de Marx acerca de la relación entre las condiciones materiales de la sociedad y la producción de las ideas dominantes. Advierto que no comparto el determinismo que algunos pensadores marxistas introdujeron a la filosofía de Marx.

No se trata de sostener que las personas pertenecientes a los sectores menos favorecidos piensen necesariamente como quienes ocupan posiciones dominantes. Tampoco consiste en suponer que la ideología opera mecánicamente desde arriba hacia abajo.

Se trata de reconocer algo más complejo: las relaciones de poder influyen en las condiciones dentro de las cuales las personas construyen sus interpretaciones de la realidad. Por ello, la desigualdad social puede transformarse también en desigualdad en la capacidad de interpretar la realidad. Y esta es una cuestión cardinal para la gobernanza democrática. Porque si las personas deliberan sobre la base de información incompleta, falsa o deliberadamente manipulada, ¿qué clase de deliberación estamos construyendo? ¿Puede existir una participación democrática de calidad si las premisas sobre las cuales se construye esa participación son premisas falsas? ¿Y quién determina cuáles son esas premisas?

La palabra ciudadana

La democracia necesita la palabra de la ciudadanía. Pero la palabra ciudadana no debería ser entendida únicamente como la posibilidad formal de expresar una opinión. Una democracia madura necesita que esa palabra pueda convertirse progresivamente en juicio, organización, acción e incidencia.

La persona debe poder hablar. Pero también debe poder preguntar, debe poder contrastar, poder disentir, poder organizarse con otros, poder acceder a información plural, poder revisar sus propias posiciones, debe poder exigir respuestas, y, finalmente, debe poder saber qué ocurrió con aquello que ayudó a decidir. Todo eso se aprende.

Por eso proponemos entender la participación democrática como una secuencia mucho más amplia: educación y formación cívica para una ciudadanía activa → información → organización → participación → deliberación → acción → decisión → ejecución → evaluación → rendición de cuentas.

Si la cadena se rompe, la participación puede convertirse en una experiencia puramente simbólica. Una ciudadanía puede ser escuchada y, sin embargo, no tener ninguna capacidad de incidencia; puede ser consultada y descubrir después que la decisión ya estaba tomada; puede ser convocada a una reunión y desconocer quién estableció la agenda; puede participar de un proceso y no conocer nunca sus resultados. Participar, por tanto, no significa necesariamente ejercer poder. La diferencia entre ambas cosas es fundamental.

¿Quién organiza la deliberación?

Esta pregunta merece ocupar un lugar central en nuestra reflexión. Porque cuando se habla de deliberación suele imaginarse un espacio abierto en el que ciudadanos libres intercambian argumentos y, después de escucharse mutuamente, alcanzan mejores decisiones.

Pero la realidad es mucho más compleja.

¿Quién convoca? ¿Quién determina quiénes participan? ¿Quién establece el orden del día? ¿Quién suministra la información? ¿Quién modera? ¿Quién determina los tiempos? ¿Quién define las preguntas? ¿Quién registra las conclusiones? ¿Quién decide qué conclusiones serán trasladadas a las instituciones?

La metodología de la participación nunca es completamente neutral. Toda metodología organiza de alguna manera las relaciones de poder. Por eso una gobernanza democrática de calidad debe prestar tanta atención a los procedimientos como a los objetivos. No es igual una asamblea de pequeños productores organizada territorialmente que una reunión de grandes empresarios; Tampoco es igual una deliberación entre docentes que una reunión de funcionarios gubernamentales, ni es igual una asamblea cooperativa que una reunión empresarial; así como no es simétrica una organización comunal que una organización sindical.

Cada espacio contiene conocimientos, intereses, experiencias y relaciones de poder diferentes. La metodología debe reconocer esa diversidad, no ocultarla.

La experiencia costarricense: cuando la participación se convierte en aprendizaje democrático

Costa Rica posee una experiencia particularmente aleccionadora en este terreno: el proceso político que condujo al referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Aquel proceso estuvo jalonado y atravesado por enormes diferencias de recursos, capacidades organizativas, información y poder político. Aunque también produjo una intensa movilización ciudadana. Hubo debates, foros, mesas redondas, campañas, organizaciones territoriales, comités patrióticos y múltiples espacios de confrontación de argumentos.

El Tribunal Supremo de Elecciones llegó a considerar el referéndum como una oportunidad extraordinaria de profundización democrática y sostuvo que la participación popular incluía no solamente votar, sino también contribuir y controlar la formación y ejecución de políticas públicas y decisiones estatales relevantes.

Aquella experiencia merece ser estudiada con serenidad, sin idealizaciones. Hubo desigualdad de recursos. Pero, también hubo propaganda y espacio para incoar estrategias políticas. Los principales protagonistas de la contienda tenían, cada uno sus propios intereses económicos, y, en algunos casos eran intereses contrapuestos. Sin embargo, hubo espacio para la persuasión; aunque también confrontación de ideas y esfuerzos ciudadanos por producir información alternativa.

El llamado Memorándum del miedo constituye, precisamente, un episodio que permite analizar los límites entre persuasión política, presión y manipulación dentro de un proceso democrático.

Aquella experiencia dejó también una enseñanza positiva: cuando existen mecanismos que permiten confrontar públicamente las diferentes posiciones, una sociedad puede ampliar sus posibilidades de formar juicio colectivo incluso dentro de condiciones profundas de desigualdad. No obstante, la democracia no elimina la desigualdad de partida. Pero sí puede crear procedimientos para disminuir sus efectos sobre la formación de la voluntad ciudadana. Esa es una tarea esencial de la gobernanza.

La independencia ciudadana

Llegamos así a un concepto que consideramos central para este ensayo: la independencia ciudadana. No entendemos por ella el aislamiento del individuo frente a la sociedad ni la ausencia de intereses, convicciones o pertenencias. Ningún ciudadano vive fuera de relaciones sociales.

Por ello la independencia ciudadana significa otra cosa: tiene que ver más bien con la capacidad progresiva de formar un juicio propio y actuar políticamente sin quedar subordinado de manera absoluta a un poder económico, político, partidario, gubernamental, mediático o de cualquier otra naturaleza. En otras palabras, la independencia nunca será absoluta. Tampoco puede alcanzarse de una vez y para siempre. Es una construcción, un proceso plagado de contradicciones y por lo tanto de gran complejidad.

Se fortalece cuando existen educación de calidad, información plural y confiable, organizaciones sociales autónomas, libertad de expresión, espacios de deliberación, instituciones imparciales, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y cuando se abren espacios claros para la evaluación de la política pública.

Se debilita cuando la ciudadanía depende de un único proveedor de información, cuando las organizaciones son capturadas por intereses particulares, también cuando la pobreza de recursos económicos, comunicacionales o culturales restringen la capacidad de participación o cuando el poder político convierte la comunicación pública en un instrumento de propaganda.

Por eso la independencia ciudadana debe ser entendida como una condición de la democracia y no como un lujo de las sociedades desarrolladas.

La participación como aprendizaje social

Aquí volvemos a Joan Prats.

El cambio institucional, según su perspectiva, no puede reducirse a modificar leyes. También requiere cambios en los actores, en las relaciones de poder y en los modelos mentales; y necesita procesos de aprendizaje social capaces de arraigar las nuevas reglas en la cultura política.

Esta idea tiene consecuencias enormes. Significa que la gobernanza democrática no es o no puede ser una técnica que se instala desde el Gobierno. Es una capacidad que una sociedad aprende a construir. Al igual que aprende a participar, a escuchar, a discutir, a organizarse, a controlar, a evaluar. Aprende a reconocer sus propios errores y también aprende a cambiar sus instituciones, cuando estas son deficitarias para resolver los problemas de la democracia.

De esta manera, la ciudadanía deja de ser simplemente destinataria de las políticas públicas y comienza a convertirse en protagonista de un proceso permanente de aprendizaje democrático.

Del voto a la acción ciudadana

La democracia representativa continúa siendo indispensable. No se trata de sustituirla por una democracia asamblearia ni de convertir a la ciudadanía en legisladora permanente. En realidad, la participación complementa la representación.

La cuestión es otra.

La democracia representativa necesita ser profundizada mediante una ciudadanía activa, una ciudadanía que no aparezca únicamente cada cuatro años; sino más bien, una ciudadanía que sea capaz de intervenir en los asuntos públicos entre una elección y otra, una ciudadanía que pueda preguntar: ¿Qué nos prometieron? ¿Qué hicieron los que prometieron? ¿Qué hicieron unos y otros? ¿Qué hizo la oposición? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Quién se benefició? ¿Quién quedó excluido? ¿Qué, finalmente es lo que debe corregirse?

Estas preguntas constituyen, en esencia, una forma de control democrático. Y sin control ciudadano, la representación corre el riesgo de convertirse en delegación pasiva.

Una democracia que aprende de sus resultados

Llegamos finalmente a una cuestión decisiva. La participación debe producir consecuencias que puedan ser evaluadas. No basta preguntar cuántas personas participaron. Debemos preguntar qué produjo esa participación. ¿Mejoraron las políticas públicas? ¿Disminuyó la pobreza? ¿Se redujo la desigualdad? ¿Mejoró la educación? ¿La salud? ¿Se fortaleció la seguridad para toda la población? ¿Aumentó el acceso a vivienda digna? ¿Mejoraron las condiciones de alimentación? ¿Se ampliaron las oportunidades de quienes se encontraban en posiciones desventajosas? Estas preguntas y otras no pueden responderse mediante discursos políticos. Requieren evidencia, aunque la evidencia tampoco habla por sí sola.

Los datos necesitan interpretación.

Por eso, a lo largo de este ensayo, recurriremos cuando resulte pertinente a indicadores sociales, económicos e institucionales de Costa Rica. No para acumular cifras, sino para someter a prueba las afirmaciones que hagamos o que hayan hecho los gobernantes.

La gobernanza democrática debe ser capaz de producir información sobre sus propios resultados. Y después debe permitir que esos resultados sean discutidos públicamente.

Así aparece otro ciclo:

participación → decisión → resultados → rendición de cuentas → evaluación → corrección. Cuando ese ciclo funciona, la democracia aprende; cuando se interrumpe, la participación puede convertirse en una ceremonia.

Hacia una gobernanza democrática incremental

No existe una democracia perfecta. Tampoco existe una sociedad sin conflictos, sin desigualdades, sin intereses contrapuestos ni sin dominación. La democracia no elimina esas realidades. Lo que puede hacer es construir instituciones y prácticas capaces de procesarlas sin permitir que el poder se concentre indefinidamente en unas pocas manos.

Por eso, el propósito de una gobernanza democrática no debería formularse como la búsqueda de una sociedad ideal.

Debe plantearse como una tarea histórica e incremental que permita ampliar la participación, cada vez un poco más y mejor; también se debe mejorar la calidad de las instituciones; reducir las desigualdades y la pobreza que deforman la deliberación; fortalecer la independencia ciudadana; multiplicar los espacios de organización autónoma; mejorar la capacidad de las instituciones para escuchar y responder; evaluar los resultados de las políticas públicas; hacer efectiva la rendición de cuentas y corregir aquello que no funciona o que funciona mal.

En definitiva, se trata de construir una forma de convivencia democrática en la que la ciudadanía no sea solamente la fuente formal de legitimidad del poder, sino también una fuerza permanente de control, deliberación, acción y transformación de la vida pública.

Porque la democracia comienza con el voto, pero no termina en las urnas.

Y quizá la pregunta más importante que deberemos responder a lo largo de este ensayo sea precisamente esta:

¿Cómo puede una sociedad desigual construir ciudadanos suficientemente libres, informados, organizados e independientes como para participar en la construcción de las decisiones que determinan su propio destino? Nuestro ensayo continuará, paciencia…

El gota a gota se viste de corbata. No hagan legal lo que hoy es criminal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Welmer Ramos González

La señora presidenta me culpó de haber impulsado la Ley Contra la Usura, ¡qué honor! y acusó a esta de causar el gota a gota. Tengo la obligación de responderle con la verdad.

El gota a gota no lo inventó la Ley Contra la Usura. El gota a gota existe desde que existen la miseria y la desesperación. Y los usureros también. Lo que sí existía antes de 2020 era un sistema financiero que cobraba tasas de interés anuales del 80%, el 100% y el 200% sin cometer ningún delito. Eso era legal. Nadie iba preso. Nadie respondía por tal crimen. Y 850.000 familias costarricenses estaban en cobro judicial, sin amparo, a merced del crédito informal. Esa era la realidad que motivó la ley.

Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.

El proyecto que el Gobierno presentó hoy no propone un tope más razonable. No fija ningún parámetro en la ley. Lo deja en manos de un ente técnico, sin ancla democrática, sin control de la Asamblea Legislativa. Eso significa que ese tope puede subir a lo que ese ente decida. Y el mismo prestamista que hoy puede ser detenido y procesado operaría mañana sin cometer ningún crimen, con la diferencia de que, en lugar de cobrar con intimidación, cobraría con embargo y con policía. Para la familia que pierde la casa, que pierde el carro, que pierde los trastos de la cocina, la diferencia es ninguna.

El tope vigente hoy es del 51%, ya es altísimo y esa ley pretende llevarlo a niveles de 80%, 100% y más. Los bancos y las financieras ganan bien con las tasa hoy vigentes. Los datos del Banco Central lo confirman: incluso con carteras morosas del 10% y gastos administrativos duplicados, un ente financiero puede operar sosteniblemente con una tasa del 25%. Nadie está quebrando. Lo que los entes financieros no quieren es ganar razonablemente. Quieren ganar sin límite.

Señora presidenta, la usura no es un invento moderno ni una ideología. Es una práctica que la Biblia condena en el Éxodo, en el Levítico, en Nehemías y en el Deuteronomio. La usura es una práctica depravada, vulgar e inhumana. Lo ha sido siempre. No porque lo diga yo, sino porque así la han juzgado la Biblia, Aristóteles, Dante y todos los códigos morales y jurídicos que la humanidad ha construido a lo largo de su historia. Siempre opera igual: busca al que no tiene opciones y lo desangra. Proteger a esa persona no es comunismo. Es justicia. Es lo mismo que hicieron Don Pepe y Juanito Mora: ponerse del lado del pueblo cuando el poder quería aplastarlo.

A las diputadas y los diputados con conciencia les digo esto con toda claridad: no le quiten al Estado el único instrumento que tiene hoy para encarcelar a los usureros. Porque el día que lo hagan, el gota a gota no desaparece. Y una parte de este seguirá vestido de corbata, en una oficina y cobrando despiadadamente con la ley de su lado.

Sin odio. Con la verdad de frente. Eso es lo que esta hora exige.

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

Gobernantes y ciudadanos: la responsabilidad compartida

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

«Entre un gobernante que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una complicidad vergonzosa».
Pensamiento atribuido a Víctor Hugo (1802-1885)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

biodiversidadcr@gmail.com

Una democracia necesita gobernantes sometidos a la ley y ciudadanos dispuestos a exigirles cuentas. Cuando uno de los dos renuncia a su responsabilidad, todos pagamos las consecuencias.

Hay frases que sobreviven a su tiempo porque expresan verdades que ninguna sociedad debería olvidar. Esta, atribuida al escritor, político e intelectual francés Víctor Hugo, adquiere una particular vigencia en la Costa Rica actual.

La frase plantea una responsabilidad doble. Por un lado, la de quienes ejercen el poder y pueden utilizarlo de manera arbitraria, abusiva o irresponsable. Por otro, la de una ciudadanía que, por indiferencia, conveniencia, fanatismo político o simple resignación, termina aceptando aquello que debería cuestionar. Y aquí comienza nuestra responsabilidad.

Un gobierno puede equivocarse. Puede adoptar políticas desacertadas, incumplir promesas o fracasar en determinados ámbitos. Nada de ello, por sí mismo, constituye una amenaza para la democracia. El verdadero peligro aparece cuando el poder deja de aceptar límites, convierte la crítica en enemistad, presenta a las instituciones de control como obstáculos y pretende que la ciudadanía confunda autoridad con obediencia. Eso es lo que debería preocuparnos.

En la Costa Rica de hoy hemos visto crecer en los últimos años una confrontación política en la que el desacuerdo se presenta con demasiada frecuencia como una conspiración. El Poder Judicial, la prensa, la oposición política y otras instituciones han sido objeto de descalificaciones que no deberían convertirse en parte normal del lenguaje de quienes gobiernan. Una democracia constitucional, sin embargo, no fue diseñada para que el gobernante tenga siempre la razón. Fue diseñada para que nadie tenga todo el poder.

Por eso existen la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, los órganos de control y el derecho ciudadano a conocer cómo se administra lo público. No son obstáculos colocados en el camino de un gobierno. Son precisamente los mecanismos que impiden que el poder público se convierta en poder absoluto.

Cuando controlar al poder se convierte en una amenaza

Uno de los signos más preocupantes de cualquier democracia es que quienes ejercen el poder comiencen a considerar ilegítimo todo aquello que los contradice. Si una resolución judicial resulta desfavorable, se cuestiona al juez. Si una investigación incomoda, se cuestiona al investigador. Si un medio publica información crítica, se cuestiona al medio. Si un ciudadano denuncia una irregularidad, se cuestionan sus intenciones.

El problema no está en criticar a jueces, fiscales, periodistas o ciudadanos. Todos pueden equivocarse y todos deben responder por sus actuaciones. El problema aparece cuando la crítica deja de dirigirse a sus decisiones y se convierte en una estrategia para deslegitimar sistemáticamente a quienes tienen la función de fiscalizar al poder. Porque entonces el debate deja de ser “¿tiene razón esta institución?” y pasa a ser “¿está con nosotros o contra nosotros?”. Esa lógica es incompatible con una democracia madura.

Lo mismo ocurre con la información pública. La seguridad del Estado puede justificar determinadas reservas, pero el secreto no puede transformarse en la regla general para administrar asuntos que pertenecen a la ciudadanía. En una democracia, quien gobierna administra recursos, instituciones e información que no le pertenecen personalmente.

El Estado no es propiedad del Gobierno.

Y la información pública tampoco. Por eso, ante cualquier intento de ampliar innecesariamente el ámbito de lo reservado, la ciudadanía tiene derecho a preguntar: ¿qué se pretende proteger?, ¿por cuánto tiempo?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién ejercerá el control?

Preguntar no es conspirar. Fiscalizar no es desestabilizar. Discrepar no es traicionar.

El problema también somos nosotros

Aquí es donde la frase de Víctor Hugo adquiere su mayor fuerza. Resulta cómodo atribuir toda la responsabilidad al gobernante. Es evidente que quien ocupa la Presidencia tiene una responsabilidad extraordinaria. Pero ningún gobierno puede deteriorar por sí solo una democracia que encuentre una ciudadanía dispuesta a defenderla.

El poder necesita, para avanzar sin controles, algo más que funcionarios obedientes. Necesita ciudadanos indiferentes. En este contexto, la indiferencia puede adoptar muchas formas: Es aceptar una injusticia porque beneficia a los nuestros. Es justificar una arbitrariedad porque fue cometida por alguien a quien apoyamos. Es guardar silencio ante un abuso porque creemos que la víctima pertenece al bando contrario. Es repetir que “todos son iguales” para no asumir ninguna responsabilidad. Y es, sobre todo, renunciar a pensar críticamente.

Una democracia no se debilita únicamente cuando un gobernante concentra poder. También se debilita cuando los ciudadanos comienzan a justificar esa concentración. La pregunta, entonces, no puede limitarse a qué está haciendo mal el Gobierno. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros frente a ello. Una democracia no se defiende en silencio.

Ni obediencia ni oposición ciega

Defender la democracia tampoco significa convertirse automáticamente en opositor del Gobierno. Una sociedad democrática no necesita ciudadanos que estén permanentemente a favor o permanentemente en contra. Necesita ciudadanos capaces de juzgar cada decisión según sus méritos.

Se puede reconocer un acierto del Gobierno y cuestionar su política institucional. Se puede defender una reforma y rechazar la forma en que pretende aprobarse. Se puede criticar al Poder Judicial sin aceptar que se destruya su independencia. Se puede cuestionar a la prensa sin pretender silenciarla. Se puede exigir reformas profundas sin permitir que la palabra “reforma” se utilice como sinónimo de sometimiento.

Esa independencia de criterio es justamente lo que distingue a un ciudadano de un partidario. Y nuestro país necesita más ciudadanos y menos fanáticos.

La democracia no desaparece de un día para otro

Las democracias rara vez se deterioran mediante un único acontecimiento espectacular. Con frecuencia, el proceso es mucho más silencioso: Una descalificación aquí. Una institución desacreditada allá. Una información que deja de estar disponible. Una amenaza que se normaliza. Una crítica que se convierte en enemistad. Un abuso que se justifica porque “esta vez” favorece a los nuestros. Cada episodio puede parecer menor. El problema aparece cuando todos empiezan a formar parte de una misma cultura política.

La normalización es el verdadero peligro. Cuando una sociedad se acostumbra a que el poder ataque a quienes lo controlan, deja de sorprenderse. Cuando deja de sorprenderse, deja de reaccionar. Y cuando deja de reaccionar, el abuso encuentra terreno fértil para crecer. Por eso no debemos esperar a que desaparezcan las instituciones para defenderlas. Hay que defenderlas precisamente mientras todavía funcionan.

La responsabilidad de no consentir

La cita de Víctor Hugo no debería utilizarse únicamente para acusar a un gobierno. Su verdadero valor está en obligarnos a mirar hacia nosotros mismos: ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? ¿Qué principios estamos dispuestos a defender incluso cuando hacerlo perjudica políticamente a quienes apoyamos? ¿Somos capaces de exigir transparencia cuando el secreto beneficia a los nuestros? ¿Somos capaces de defender la independencia judicial cuando una resolución favorece al adversario? ¿Somos capaces de defender la libertad de prensa cuando una noticia nos incomoda?

Ahí se mide realmente la cultura democrática de una sociedad. Porque defender las instituciones únicamente cuando nos favorecen no es defender la democracia. Es defender nuestros intereses.

Nuestro país no necesita gobernantes infalibles. Necesita gobernantes sometidos a la ley. No necesita instituciones intocables. Necesita instituciones independientes y responsables. No necesita una ciudadanía que aplauda. Necesita una ciudadanía que pregunte, fiscalice y exija cuentas.

El poder debe saber que gobernar no significa disponer del país a voluntad. Y la ciudadanía debe recordar que votar no significa entregar un cheque en blanco. Al final, la advertencia de Víctor Hugo contiene una verdad sencilla: el poder que no encuentra límites ciudadanos termina creyendo que no los necesita.

Por eso, la pregunta decisiva no es únicamente qué hará el Gobierno. Es qué haremos nosotros. Porque mientras existan ciudadanos dispuestos a exigir cuentas, ninguna autoridad estará por encima de la sociedad.

Cuando, por el contrario, decidimos consentirlo todo, dejamos de ser solamente víctimas del mal gobierno: nos convertimos en parte del problema. Y esa sí sería, para nuestro país, una complicidad verdaderamente vergonzosa: una irresponsabilidad hacia nosotros mismos y, sobre todo, hacia las futuras generaciones.

Gracias por recordarnos lo valioso de ser zurdo, de izquierda, por ser mayoría

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza

Mainier Barboza

Somos herederos de: libertad – igualdad – fraternidad.

La palabra zurdo, de origen prerromano, asociado al vasco, zur (avaro, agarrado) y, zurrun, (inflexible, pesado) de grosero, evoluciona al término avaro.

Históricamente: Se asocia como que la sociedad es 90% es del lado derecho del cuerpo, (pierna, pie, brazo, mano) por tanto se da como las de habilidades, rectitud, maestría, por ejemplo, diestro. El desprecio a la izquierda era vinculado culturalmente como torpeza, siniestro, (en latín sinister significa izquierda). Esto creó un estigma sobre las personas que usaban la mano o pie izquierdo, sea para escribir, o patear un balón, por ejemplo. Así en las escuelas se utilizaban métodos literalmente antipedagógicos e inhumanos, para obligar a la persona con estas características a dejar de utilizarlas. Esto creó secuelas psicológicas tan dañinas que afectaron el lenguaje, la lectura en las personas.

Biológicamente: La cosa cambia. El 10% de la población mundial es zurda, se debe a una combinación de factores de genética compleja, donde confluyen muchos genes implicados- poligénica-(hoy se sabe que, si el padre y la madre son zurdos, la probabilidad de nacer zurdo es de un 25%, en tanto si son diestros, está en la proporción mundial, 10%). La parte más interesante es que el desarrollo cerebral sitúa a los zurdos y zurdas o izquierdas e izquierdos, con una mayor conectividad y comunicación entre los dos hemisferios del cerebro a través del cuerpo calloso – que a menudo procesa la información de forma más rápida; también influyen factores prenatales.

Políticamente: Se asocia el término izquierda en la Asamblea Constituyente, en el evento de la Revolución francesa de 1789. Se discutía o debatía, cuánto poder de veto debía conservar el rey Luis XVI frente a las nuevas leyes. Las diputaciones o representantes de dicha Asamblea se situaron así: A la derecha del presidente, los conservadores, aristócratas, y el clero que defendían al Rey, el orden tradicional y la corona. A la izquierda del que presidía se ubicaron los revolucionarios, los burgueses y jacobinos, que buscaban cambios radicales, limitar el poder monárquico y promover la igualdad social. Desde entonces la prensa y los diversos medios de comunicación establecen la diferencia entre derecha e izquierda, para definir ideológicamente las posiciones políticas actuales.

En resumen, podemos concluir que dicho término, lejos de ofender, enaltece a las personas así catalogadas, toda vez que representan un porcentaje mucho menor de la población mundial, desde el punto de vista de la composición humana, pero desde el punto de vista ideológico del término, una gran parte del mundo se ubica en esa izquierda, zurda, dado que las pretensiones, ideales, principios, valores, espíritu comunitario, gregario de la sociedad humana coinciden en esas pretensiones que la Revolución Francesa ha resumido de una forma precisa: Libertad, Igualdad, Fraternidad,(en Francés Liberté, Égalité, Fraternité).

Bibliografía.

Sha, Z, Schijven, D, carriion-Castillo, A et al./2021) Estudio sobre Asimetría y Genética.

Hertz, R (1909). La Dualidad Histótrçrica del Lenguaje (Siniestro versus Diestro).

Corominas, J. (1954). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico.

Gauchet, M. (1994)” La derecha y la izquierda”. En la obra “Elementos para una historia política de Pierre Nora. (Origen de la izquierda y derecha política.

Verhulst, B, et al. (2012). The correlation between handedness and political orientation

La dignidad humana frente a la politización de la ayuda y el derecho internacional

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Alejandro Machado García

Alejandro Machado García
Consultor
Gestor de desarrollo, género y migraciones

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque no nació como un tratado internacional jurídicamente vinculante en sentido estricto, se ha convertido en uno de los instrumentos fundamentales del orden internacional. Su amplia aceptación, la práctica sostenida de los Estados y su influencia en tratados, constituciones y decisiones judiciales han contribuido a que numerosos principios contenidos en ella sean reconocidos como normas de derecho internacional consuetudinario. Su importancia no es únicamente jurídica: también representa un compromiso político y ético con la protección de la dignidad humana.

En ese marco, el derecho internacional, la protección de los derechos humanos y la asistencia humanitaria cumplen una función esencial: responder a las situaciones que colocan a personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, ya sea de manera temporal o permanente. Conflictos armados, desastres naturales, desplazamientos forzados, crisis económicas y persecuciones políticas pueden destruir las condiciones mínimas para una vida digna. Frente a esas realidades, la cooperación internacional procura proteger a las personas, aliviar el sufrimiento y garantizar que nadie quede excluido por su nacionalidad, situación migratoria, género, raza, religión, condición económica u opinión política.

La construcción de este marco internacional fue el resultado de un proceso doloroso. Las dos guerras mundiales demostraron el costo de dejar las relaciones entre los Estados sometidas exclusivamente a la lógica de la fuerza, los intereses geopolíticos y la capacidad militar. La Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, provocó aproximadamente 20 millones de muertes. La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, dejó entre 70 y 85 millones de personas fallecidas. A ello se suma el Holocausto nazi, durante el cual fueron asesinados seis millones de judíos, además de millones de personas pertenecientes a otras minorías perseguidas.

Pero las violaciones a la dignidad humana no se limitaron a los escenarios bélicos. Durante décadas, el trabajo careció de una regulación internacional adecuada; en fábricas textiles y minas de Europa y América eran habituales jornadas de entre 14 y 16 horas. Persistían la servidumbre por deudas, la explotación infantil y diversas formas de discriminación. Las mujeres no podían votar en numerosos países ni ejercer plenamente derechos económicos básicos, como abrir una cuenta bancaria o administrar sus bienes. La creación del Sistema de Naciones Unidas y el desarrollo progresivo del derecho internacional respondieron, precisamente, a la necesidad de sustituir la imposición por reglas comunes, cooperación y responsabilidad compartida.

De esa historia surge una premisa sencilla, pero fundamental: los derechos protegen a las personas por el hecho de ser humanas, no por su riqueza, su nacionalidad, su cercanía con un gobierno o su afiliación política. La dignidad no se compra, no se vende y tampoco se obtiene como recompensa por mérito económico. No pertenece exclusivamente a quienes se ubican a la izquierda o a la derecha, ni depende de la aprobación de un partido o de un gobierno. Es inherente a toda persona.

Por eso deben observarse con preocupación las narrativas que pretenden convertir la asistencia humanitaria en una concesión política. La ayuda no puede depender de la afinidad ideológica, de relaciones de compadrazgo ni de la conveniencia coyuntural de los gobiernos. Tampoco debería utilizarse como instrumento de presión, castigo o legitimación política. Los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia establecen que la acción humanitaria debe responder a las necesidades de las poblaciones afectadas y mantener autonomía frente a objetivos políticos, económicos o militares.

La asistencia humanitaria comprende mucho más que la entrega de alimentos, medicinas o refugio. Incluye acciones de protección y promoción de derechos en contextos de emergencia, de acuerdo con la naturaleza de la crisis y las condiciones de las comunidades afectadas. Su propósito es salvar vidas, aliviar el sufrimiento y preservar la dignidad.

Las narrativas de odio y polarización, nos invitan a preguntarnos: ¿Se defenderán los principios universales incluso cuando hacerlo implique costos políticos, o se optará por callar para sobrevivir frente a gobiernos poderosos? La línea entre la prudencia diplomática y la complicidad puede volverse peligrosamente delgada. El temor a represalias, a la expulsión de organismos o a la restricción del acceso humanitario no debería conducir a la renuncia de las responsabilidades internacionales, nos invita a ser valientes.

Existe un intento evidente por debilitar la confianza en el Sistema de Naciones Unidas, en el derecho internacional y en las respuestas humanitarias. Precisamente por eso es necesario señalar los incumplimientos con claridad y coherencia. Si la comunidad internacional denuncia la selectividad y la desigualdad de poder, pero guarda silencio cuando las violaciones son cometidas por gobiernos aliados o económicamente influyentes, termina atrapada en una contradicción: el sistema que debía limitar la arbitrariedad acaba otorgándole la razón al poder político y económico, y restándose credibilidad frente a la gente.

Defender la dignidad humana exige aplicar los mismos principios a todas las personas y en todos los contextos. De lo contrario, los derechos dejan de ser universales y se convierten en privilegios administrados por quienes tienen mayor poder. La asistencia humanitaria, el derecho internacional y la cooperación solo conservarán su legitimidad si permanecen al servicio de las personas, no de los gobiernos.

Depósitos judiciales son recursos de las personas usuarias, no del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado del Poder Judicial

  • Estos dineros están vinculados a procesos judiciales y no forman parte de ningún fideicomiso.

  • Los recursos se mantienen en el Sistema de Depósitos Judiciales, únicamente pueden ser girados a las personas usuarias cuando una autoridad judicial así lo ordene, mediante una sentencia en firme.

Los recursos que el Poder Judicial custodia mediante depósitos judiciales no pertenecen a la institución ni forman parte de un fideicomiso. Se trata de dineros de personas usuarias, vinculados a procesos judiciales en los que una autoridad judicial ha ordenado un embargo, una retención u otra medida, así como los dineros de pensiones alimentarias que deposita la parte obligada y se giran, mensualmente, en favor de la actora, generalmente mujeres en condiciones de vulnerabilidad y personas menores de edad.

Estos fondos son custodiados y administrados por el Poder Judicial mediante el Sistema Automatizado de Depósitos Judiciales, a la espera de que una autoridad judicial autorice su giro.

En las cuentas del Banco de Costa Rica, se mantienen también los intereses generados por estos recursos, que, conforme lo dicho por la Sala Constitucional, son de las partes y se giran cuando la Autoridad Judicial lo disponga.

El Poder Judicial no recibe ningún beneficio económico por la custodia o administración de estos recursos.

En el caso de los recursos que se mantienen en el Sistema de Depósitos Judiciales, únicamente pueden ser girados a las personas usuarias cuando una autoridad judicial así lo ordene, mediante una sentencia en firme. En estos casos, se entrega el monto que corresponda, junto con los intereses generados.

De manera excepcional, cuando un proceso judicial es declarado en abandono y existen recursos a en el expediente, estos fondos son trasladados al Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cumplimiento de la Ley N.° 9578.

El Poder Judicial reitera que, los fondos de quienes son partes en los procesos judiciales son intocables, porque constituyen propiedad privada. Solo las personas juzgadoras pueden definir a quién se giran y no se pueden destinar a fines distintos a los del proceso judicial.

Recursos del fideicomiso para construcción

Los recursos del fideicomiso del Poder Judicial destinado a la construcción de infraestructura judicial son fondos diferentes a los depósitos judiciales.

Estos recursos se encuentran bajo custodia en la Caja Única del Estado. Actualmente ascienden a $82 millones y son para proyectos en desarrollo. No ascienden a $900 millones, como erróneamente se ha indicado, a pesar de la institución lo ha aclarado ya en diversas ocasiones.

El objetivo del fideicomiso es financiar proyectos de infraestructura judicial y atender el déficit de edificios y espacios adecuados, para brindar los servicios judiciales.

Con estas obras también se busca reducir el gasto por alquileres y generar un ahorro para el Estado.

Desde el 2014 Corte Plena y Consejo Superior, definieron las prioridades de construcción, en las diferentes provincias, con la aprobación del Plan de Construcciones.

Este plan define las necesidades de infraestructura y establece como prioridad la atención de las zonas más críticas, donde se requieren oficinas con condiciones adecuadas y seguras, tanto para las personas servidoras judiciales, como para quienes utilizan los servicios del Poder Judicial.

Recursos Fondo de Emergencias

Se tienen ¢5.074 millones que corresponden al Fondo de Emergencia del Poder Judicial. Corresponde a los dineros autorizados según artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para lo cual se mantiene un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) con un fin específico para atender emergencias declaradas, en procura de la continuidad del servicio y no puede ser utilizado para otro cometido.

Estos dineros se mantienen depositados en cuentas de Caja Única del Estado del Ministerio de Hacienda. El Poder Judicial no recibe rendimientos de estos recursos, sino que los percibe el Ministerio de Hacienda.

Intercambio Bribri-Huetar: compartiendo entre generaciones y territorios sobre soberanía alimentaria y agua

Escrito en . Publicado en Derechos.

Olivia Sylvester
Universidad para la Paz

A pesar del conocimiento cultural ancestral que existe en cada uno de los 24 territorios de los pueblos milenarios de Costa Rica, muchos líderes no han tenido la oportunidad de visitar y aprender de los miembros de otros pueblos. Como parte del proyecto ReAL (Repensando futuras agrarias desde la acción local), se organizó un intercambio entre representantes del Territorio Bribri de Talamanca y del Territorio Huetar de Quitirrisí, con el propósito de compartir conocimientos, prácticas y experiencias relacionadas con el agua y la soberanía alimentaria.

El objetivo de este intercambio fue promover el diálogo y el aprendizaje mutuo sobre las formas de trabajo que se desarrollan en ambos territorios en temas de agricultura indígena y gestión del agua. En este contexto, las personas jóvenes bribris Dulytimi García Corrales y Félix Díaz Morales, de Alto Talamanca, viajaron a Quitirrisí para compartir los resultados de su investigación sobre una práctica tradicional conocida como Di’katö̀k. Esta investigación fue desarrollada con la orientación y el acompañamiento de las personas mayores de su comunidad y se plasmó en un cortometraje documental que recoge conocimientos, experiencias y reflexiones sobre esta importante práctica cultural.

Dulytimi García Corrales y Félix Díaz Morales cuando exponían su cortometraje documental.

Di’katö̀k es una práctica bribri cuyo significado podría traducirse literalmente como «comer agua» o «comer el río», aunque también suele interpretarse como «seca del río». Sin embargo, estas traducciones simplifican considerablemente la profundidad y complejidad de esta práctica cultural. Se trata de una tradición que se realiza una vez al año; no obstante, por diversas razones, entre ellas las prohibiciones estatales, actualmente ya no se practica de forma generalizada. En el documental, que puede verse aquí, se aprecia que el Di’katö̀k no es solo una práctica relacionada con el río y los recursos que este provee, sino también un mecanismo autónomo bribri para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria

Los jóvenes bribris presentaron su documental al grupo Mujeres Huetares de Quitirrisí para compartir esta práctica y su significado cultural. Las integrantes del grupo de mujeres huetares también compartieron sus experiencias dentro del proyecto ReAL, específicamente en temas relacionados con la agricultura huetar y la soberanía alimentaria.

Siembra de maíz y vainica en terrazas.

En este intercambio, se explicó cómo las terrazas son importantes dentro del territorio para el cuido y cultivo de plantas alimenticias y medicinales, especialmente en una zona quebrada y con pendientes, donde estas estructuras son necesarias para prevenir la erosión del suelo. Asimismo, las mujeres compartieron la importancia del intercambio de plantas y semillas dentro del propio territorio para fortalecer la soberanía alimentaria.

En un contexto en el que el Estado no ha cumplido con su obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluido el acceso a la tierra, y donde persiste la ocupación ilegal de terrenos importantes para el cultivo dentro del territorio (Sylvester & Clark, 2025), cada vez resulta más difícil para muchas mujeres cultivar sus alimentos tradicionales y contar con espacios adecuados para conservar semillas locales. Por esta razón, dentro del proyecto ReAL, las mujeres huetares priorizaron la obtención de semillas y plantas fundamentales para su soberanía alimentaria, así como el intercambio de estos recursos entre familias.

En este intercambio y diálogo intercultural, las personas jóvenes y mayores de ambos territorios comenzaron a compartir similitudes y diferencias sobre sus respectivas realidades. Por ejemplo, en Quitirrisí, las mujeres expusieron los retos relacionados con el acceso al agua desde que el Estado asumió el control de los acueductos que habían sido creados por las propias personas mayores huetares, quienes lucharon por construir un sistema local de gestión del agua (Sylvester et al., 2023). Esta situación no solo afecta la gobernanza autónoma local del pueblo huetar, cuyo respeto constituye una obligación del Estado según el Convenio 169 de la OIT ratificado por Costa Rica, sino que también ha generado cobros de agua excesivos y erróneos en los hogares huetares. Aunque las comunidades han presentado reclamos, no han recibido una respuesta adecuada por parte de las instituciones estatales.

Los jóvenes bribris compartieron que, en Talamanca, la situación de los cobros elevados por el servicio de agua no se presenta de la misma manera; sin embargo, el proceso mediante el cual se ha asumido el control de la gestión del agua sin un consentimiento previo, libre e informado adecuado presenta similitudes. Las personas participantes de ambos territorios recalcaron la importancia de las semillas locales y el intercambio concluyó con un trueque de semillas, cultivos y comidas tradicionales.

Aunque los sabores son distintos, en Quitirrisí tuvimos la oportunidad de probar el chicasquil, una planta que no forma parte de la alimentación habitual en Talamanca. Sin embargo, Félix Díaz Morales señaló que encuentra cierta similitud con el ár, término que se utiliza para referirse a diversas plantas y hojas silvestres que se consumen en Alto Talamanca.

Es importante subrayar que compartir entre territorios es de suma importancia para unir fuerzas en las luchas de los pueblos frente una opresión estatal sistémica a las culturas milenarias. Se les agradece a todas las personas quienes nos enseñaron sobre sus prácticas culturales en este intercambio.

Referencias

Sylvester, O. & Clark, A. (2025). Pura Vida for Who?

Slow Violence Against Indigenous Land Defenders in Costa Rica. Local Environment. DOI: 10.1080/13549839.2025.2596712

Sylvester, O., Ramin, C., Serrano González, B., Hernández Mena, Z., Pérez Hernández, y Schuster-Wallace, C. (2023). Acceso y Gestión del Agua en los Pueblos Indígenas de Costa Rica: El Caso del pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora. Ambientico, 288(7), 48-54.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita a Contraloría, Procuraduría y Defensoría investigación integral sobre el Refugio Gandoca-Manzanillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), a través de su presidente Marco Levy Virgo, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, para que ejerzan de manera urgente sus potestades de inspección, control, fiscalización, protección e investigación administrativa sobre el estado actual del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio de importancia internacional bajo la categoría Ramsar.

La gestión, identificada con el oficio AEL-00154-2026 y dirigida a la contralora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, el procurador Iván Vinicio Vincenti Rojas y la defensora Angie Cruickshank Lambert, se presenta en ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 27 de la Constitución Política.

El planteamiento central de la solicitud es que, desde 2014, la Sala Constitucional ha dictado resoluciones que ordenan la verificación, protección y eventual reintegración al patrimonio natural del Estado de áreas de humedal y bosque dentro del Refugio, sin que —según la organización— estas hayan sido ejecutadas de manera plena. La AEL señala que, por el contrario, se ha dado una masificación de permisos e invasiones en la zona, y solicita que cualquier investigación se oriente de manera prioritaria a identificar a quiénes se asignaron los terrenos de humedal que fueron excluidos del documento de caracterización elaborado por el SINAC.

La solicitud hace referencia al proyecto inmobiliario conocido como Puket, señalando que continúa vigente pese al informe técnico TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo, elaborado en mayo de 2011 a solicitud de la Contraloría General de la República. Ese informe de inspección, realizado en una propiedad de Inversiones Puket S.A. en Cocles, Sixaola, Talamanca, concluyó que el terreno se ubica dentro de los límites del REGAMA, que corresponde a Patrimonio Natural del Estado por su condición de bosque, humedal y Área Silvestre Protegida, y documentó actividades de corta de árboles y de sotobosque en un área de afectación de 9,1 hectáreas.

En su solicitud, la AEL menciona también un contexto de amenazas y hostigamiento que, según indica, ha enfrentado el denunciante en relación con su labor de defensa del Refugio, incluyendo actos documentados públicamente por el Semanario Universidad (edición del 29 de julio de 2024), como amenazas telefónicas y una incursión en su vivienda en Limón en octubre de 2023, hecho que fue objeto de denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La organización solicita, en concreto, que las tres instituciones acudan directamente ante el director del OIJ para que instruya al Departamento de Ciencias Forenses la realización de un peritaje científico, integral e independiente sobre el estado actual del Refugio, con especial atención a las áreas de humedal excluidas del documento del SINAC.

Antecedentes documentados

La solicitud se enmarca en un historial de seguimiento institucional sobre el caso. En junio de 2025, la Defensoría de los Habitantes remitió a la Sala Constitucional un informe de seguimiento (oficio DH-0657-2025) sobre el cumplimiento de las resoluciones N.° 26300-2024 y N.° 12745-2019, relacionadas con la delimitación de 188 hectáreas de bosque cercanas al Refugio. En ese informe, la Defensoría concordó con observaciones de la Procuraduría General de la República señalando inconsistencias en la metodología del MINAE para delimitar las áreas boscosas, en particular la exclusión de referencias a humedales documentados en un estudio técnico de 2021 («Caracterización y Delimitación de Humedales en Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca»), cuya validez fue cuestionada por la propia jerarquía del MINAE. La Defensoría sugirió entonces a la Sala Constitucional valorar solicitar la colaboración del OIJ para validar la metodología utilizada.

Asimismo, un informe de investigación preliminar del SINAC de 2019 (oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019), elaborado a partir de denuncias previas del propio Marco Levy Virgo sobre irregularidades en el informe técnico que dio origen a la Ley N.° 9223 (que redujo los límites del REGAMA), concluyó que existió una «situación irregular» que ameritaba mayor investigación formal, y recomendó la apertura de procedimientos administrativos contra tres funcionarios del SINAC por presunto incumplimiento de deberes en el manejo del expediente técnico.

La discusión que Costa Rica no ha querido tener: ¿Con o sin Estado Social?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Maximiliano López López1

Está claro que un Estado debe ser eficiente económicamente y eso conlleva una política fiscal robusta, tanto en recaudación como en control del gasto. Pero si esa eficiencia se convierte en el único timón que guía las políticas públicas, las discusiones se concentran en cuánto darles a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, las universidades, el Poder Judicial, los CEN CINAI, entre otras. La discusión no aborda, sin embargo, la razón de ser de esas instituciones, por ejemplo, ¿cuál es el problema público que atienden? ¿si ya ese problema está resuelto? ¿qué herramientas necesitan para hacer su trabajo de manera más eficaz? ¿qué ocurriría si desaparece esa institución? ¿qué derechos se verían afectados? Si preguntas como estas no forman parte del debate público, estamos entonces ante una política centrada en discusiones presupuestarias.

Contrario a esa situación, la política social que Costa Rica impulsó entre 1940 y al menos la década de 1980, apostó por el universalismo. El Estado Social en el que crecieron quienes hoy superan los 50 o 60 años, y que le ha permitido a los más jóvenes disponer de servicios públicos como electricidad, agua potable y acceso a la salud y la educación, no fue una decisión al azar. Desde la década de 1940, las primeras instituciones autónomas creadas por las fuerzas políticas del momento apuntaron a construir la nación que aún hoy, con todo y sus problemas, tenemos los costarricenses. Y aunque esa decisión no logró eliminar las desigualdades, la evidencia muestra que sí las contuvo y permitió, vía movilidad social, disminuirlas sustancialmente.

Ese Estado Social representa el acuerdo de fuerzas políticas que decidieron mediante un “pacto social” que el Estado asumiera el deber y obligación de financiar las instituciones creadas para reducir desigualdades. Ese acuerdo permitió, por ejemplo, que el acceso a la salud y a la educación se garantizaran como un derecho para todos. Quienes integraban esas fuerzas sabían que Costa Rica ocupaba asegurarles a los trabajadores condiciones laborales justas, también reconocían la importancia de llevar agua potable y electricidad a los diversos rincones del país y asegurar el acceso al crédito oportuno, entre otras cosas. Ofrecer esas condiciones era un paso necesario para reducir las desigualdades que se venían consolidando en producto de la herencia colonial y del diferenciado desarrollo económico entre el valle Central y las zonas periféricas. Y sobre esos cimientos el Estado asumió otros compromisos, como, por ejemplo, contribuir al logro de una vivienda digna, crear rutas de acceso para diversos puntos del territorio y asegurar el desarrollo de las comunicaciones. Y como puede apreciarse, fueron tareas que no las habría resuelto el mercado ni la beneficiencia, ni las resolvería hoy la denominada responsabilidad social empresarial.

El desarrollo de esas acciones del Estado Social consolidó la característica más notoria de nuestra sociedad: la calidad democrática. Esos avances vinieron a reducir las desigualdades y ampliaron la ciudadanía y el sufragio ayudando a la estabilidad política. La inclusión de territorios periféricos a los beneficios sociales también ayudó a mejorar la integración territorial y con ello también se atendió anticipadamente diversos conflictos. Y no se está idealizando y menos insinuando que no hubo problemas. Persistieron importantes desigualdades territoriales, algunos pueblos no recibieron la misma atención, la pobreza como problema social no fue resuelto, la concentración de tierra y de bienes continuó, los pueblos indígenas quedaron excluidos en gran medida y la economía de exportación demostró sus debilidades ante escenarios de crisis, por mencionar algunos.

Lo rescatable, y hasta cierto punto irónico, es que ese Estado Social fue posible pese a un proceso de recaudación fiscal imperfecto y regresivo y a una economía exportadora altamente dependiente del mercado, aunque, eso sí, con una población aún reducida. Ese modelo entró en dificultades en la década de 1980 producto, entre otras cosas, de la crisis internacional que condujo a reformas estructurales y a la reducción del Estado. La crisis fiscal, la inflación, el endeudamiento y la baja productividad alimentaron una tensión que condujo a la adopción de nuevas medidas en un contexto de cambios demográficos significativos, pero también de orientaciones externas que exigían a Costa Rica mejorar su competitividad. Así, en paralelo con los denominados PAE´s Costa Rica empezó, progresivamente, a abandonar esa preocupación por el bienestar general de la población como una tarea del Estado y se empezó a transitar hacia un país de venta de servicios y de enclave para industrias de capital internacional, alegando criterios (válidos) como la generación de empleo.

Como puede colegirse entonces, se pasó de aquel modelo solidario (imperfecto), basado en derechos de todos los ciudadanos (universal), preocupado por la igualdad, la equidad y el bien común, a uno preocupado por la eficiencia, la competitividad, la focalización del gasto o inversión y la sostenibilidad fiscal. Y no es que el cambio hacia esos criterios estuviese mal, por el contrario, ellos pudieron haber cubierto las necesidades del modelo social, pero no lo hicieron ¿decisión política? El punto es que, tras la búsqueda legítima (y necesaria) de la eficiencia económica, en los últimos años hemos presenciado un abandono paulatino de las grandes políticas de Estado (no de gobiernos), como infraestructura, salud, seguridad ciudadana y educación. Ese abandono progresivo del Estado Social que arrancó entre 1980 y 1990 de la mano del PLN y del PUSC se incrementó en los dos gobiernos del PAC, en el Gobierno de Progreso Social Democrático y actualmente del Partido Pueblo Soberano. Particularmente en el último quinquenio se han intensificado los cuestionamientos respecto a preguntas como ¿Qué programas sociales deben financiarse por parte del Estado?, ¿Qué papel deben tener las universidades públicas?, ¿Cómo debe funcionar la política social? Etc.

Entretanto, las demandas ciudadanas se desarrollan en un escenario dual. De un lado conviven las luchas (de algunos) para que se fortalezcan las políticas públicas que aseguren la continuidad del Estado Social que se construyó en la segunda mitad del siglo XX, y de otro se redoblan esfuerzos (también de algunos) por que se atienda los derechos que derivan de los nuevos desafíos del siglo XXI. Hoy se enfrentan problemas derivados de un empleo precario, del envejecimiento de la población, la salud mental, el acceso digital, los efectos del cambio climático y de las dinámicas impulsadas por el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como la corrupción. Esta dualidad plantea, como trasfondo, un reto adicional: ¿Cómo impulsar el Estado Social en una sociedad compleja como la actual?, ¿cómo hacerlo en una sociedad que valora cada vez menos los esfuerzos del pasado por ofrecerle a los ciudadanos el acceso universal a bienes públicos o que incluso cuestionan a quienes encabezan estos desafíos? y ¿cómo lograrlo si la política asume la focalización de la inversión social en lugar del universalismo?

Por ello, hablar de ese reto tiene sentido si nos atrevemos a responder la siguiente pregunta: ¿Queremos, o no, un Estado Social que ayude a ofrecer bienes públicos a todos los costarricenses? Si la respuesta es no, entonces el camino seguramente será el dar luz verde al modelo de Estado mínimo de corte neoliberal y aceptar lo que venga, donde lo único más o menos claro son las privatizaciones. Pero si la respuesta fuese un sí, entonces es importante tener claro que la discusión actual no atañe solo a un tema de finanzas públicas o de corrupción, sino que se trata de la redefinición del pacto social que ha dado sustento a nuestra democracia y al modo de vida por el que el mundo nos reconoce. Implica tener claro que el Estado Social, más que un proveedor de bienes públicos ha sido un constructor de confianza, criterio que incluso se usa internacionalmente para promover la inversión extranjera directa. La corrupción que ha infectado parte de esta institucionalidad hay que combatirla sin duda, pero con imaginación y no destruyendo las bases del sistema social.

Refundar este pacto social implica tener claro que las instituciones, que indudablemente requieren mejoras, son más que simples espacios de gasto. Simbólicamente la CCSS, por ejemplo, no es solo atención médica, representa el mayor símbolo de solidaridad con el que cuenta el país. El acceso a educación pública no es solo un tema de superación, es la materialización de las oportunidades para todos sin distingo de etnia, región o condición socioeconómica. Las universidades no solo gradúan mano de obra, son espacios de movilidad social y de construcción de pensamiento crítico. El ICE, con todo y sus problemas, no solo ha llevado electricidad y telecomunicaciones a todos los rincones del país, sino que representa la capacidad del Estado para impulsar desarrollo. El AyA no solo lleva agua potable a los hogares del país, sino que es un punto medular en la salud preventiva. Por lo tanto, no se trata de cuánto debe gastar el Estado, sino qué derechos y formas de solidaridad está dispuesto a preservar, mejorar o abandonar la sociedad costarricense para seguir encarando el siglo XXI.

En síntesis, la discusión pendiente de la que hablamos no se enfoca en cuánto debe gastar el Estado para atender u ofrecer bienes públicos a la sociedad. Lo que está de fondo es la necesidad de decidir, conscientemente y sin ataduras políticas, qué clase de sociedad queremos ser. Cuando una familia usa sobrecitos plásticos o de papel para dividir sus ingresos y atender responsablemente sus compromisos, no está haciendo otra cosa más que determinar prioridades sobre lo que considera urgente, necesario o prescindible. Del mismo modo, detrás de cada presupuesto institucional hay un objetivo ligado al desarrollo pleno de la ciudadanía y a un criterio de solidaridad. La cuestión es entonces si apostamos por fortalecer las bases democráticas del Estado Social o si prescindimos de él. Ojalá la reflexión sobre esto nos haga conscientes de lo que asumimos como sociedad. Por delante queda un largo camino y una difícil tarea y por ello es bueno recordar que un presupuesto conlleva implícita una declaración moral sobre aquello que la sociedad considera importante de proteger.

1 Profesor e investigador, Escuela de Historia de la Universidad Nacional.