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Autor: María José Ferlini Cartín

Tregua Bajo Sospecha

José A. Amesty Rivera

Cuando el imperio habla de “alto al fuego”, los pueblos no pueden darse el lujo de ser ingenuos, porque el imperialismo (ese viejo zorro) no se detiene, se reacomoda, no descansa, calcula; no negocia por debilidad, sino por conveniencia.

Recordemos que la historia ya nos ha enseñado (desde la Guerra de Vietnam hasta las invasiones en Irak), que muchas veces las pausas no son para la paz, sino para recargar los fusiles, reordenar tropas y afinar la maquinaria de muerte.

Hoy, en medio de la confrontación entre EEUU, Israel e Irán, nos venden un “alto al fuego” de dos semanas. Pero aquí nadie debe confundirse, esto no es paz, es pausa táctica. Dos semanas que, más que un respiro humanitario, huelen a cálculo militar. ¿Qué significa realmente este paréntesis? ¿Un camino hacia la negociación o un simple tiempo muerto para preparar el próximo golpe?

Dos semanas, tiempo suficiente para rearmarse, reorganizarse y volver a golpear, según una gran mayoría de las opiniones, hipótesis y cuestionamientos.

Porque, si algo ha quedado claro en este conflicto, es que Irán no es Irak, no es Libia, no es un país fácil de arrodillar, Irán es otra cosa.

Es un Estado con estructura, con ideología, con una base militar que, aunque golpeada, sigue operativa. Es un país que ha resistido décadas de sanciones, sabotajes, guerras indirectas y amenazas abiertas, y, aun así, no ha caído.

Incluso en medio de los bombardeos, la realidad muestra una contradicción poderosa, mientras la economía civil sufre duramente (con inflación por las nubes, desempleo y destrucción de infraestructura), su aparato militar y su capacidad de resistencia siguen funcionando.

Esto no es poca cosa. Eso significa que no estamos frente a un país derrotado, sino frente a un país golpeado, pero en pie.

Y ahí está el punto clave que el discurso occidental imperial intenta ocultar, porque, si Irán no está derrotado, entonces ¿qué significa este alto al fuego? ¿Un gesto de buena voluntad o una señal de que la ofensiva no logró quebrarlo?

Más aún, el propio contexto revela que este “descanso” no nace del humanismo, sino del miedo al descontrol. Porque el conflicto ya estaba comenzando a sacudir el corazón del sistema mundial, el petróleo.

Es obvio, el simple anuncio del alto al fuego hizo caer los precios energéticos a nivel global, mostrando hasta qué punto esta guerra amenaza la estabilidad económica del planeta, y esto no es casualidad.

Irán controla una de las arterias más sensibles del capitalismo global, el Estrecho de Ormuz. Desde ahí puede abrir o cerrar la llave energética del mundo, y ya lo ha demostrado, aplicando bloqueos selectivos y controlando el paso de buques según sus intereses.

Eso no lo hace un país débil; eso lo hace un actor estratégico de primer orden; por eso entra en escena otro jugador clave, China.

China se mueve por beneficios, y su mayor temor no es la guerra en sí, sino sus consecuencias, quedarse sin energía, ver frenado su crecimiento, perder su lugar en la disputa global.

Entonces, todo apunta a lo evidente, China empuja a Irán a negociar para salvarse a sí misma. Evitar una guerra total en el Golfo es, para Beijing, una cuestión de supervivencia estratégica.

En fin, China depende en gran medida del petróleo que llega desde esa región. Un conflicto prolongado habría significado perder casi la mitad de sus importaciones energéticas marítimas. En otras palabras, un golpe directo a su economía y a su proyecto de convertirse en la principal potencia global.

Entonces, ¿qué hizo China? Jugar al ajedrez.

Presionar a Irán para aceptar un alto al fuego no es rendirse; es evitar una guerra total que podría frenar su ascenso histórico, es decir, es estrategia.

Pero eso también revela otra verdad incómoda, Irán no negocia solo; Irán juega en bloque, y eso cambia todo.

Ahora bien, mientras unos presionan para negociar, otros se preparan para continuar la guerra, porque el imperialismo no acepta fácilmente condiciones.

Aceptar las “diez condiciones” de Irán (como se ha planteado) sería, en términos políticos, una bofetada al discurso de la supremacía imperial estadounidense. Sería reconocer que, después de sanciones, amenazas y bombardeos, no pudieron imponer su voluntad. ¿Esto es derrota? Para el relato imperial, sí.

Pero, en la práctica, el imperialismo no funciona en blanco y negro, retrocede hoy para avanzar mañana, negocia hoy para golpear después.

Por eso, este alto al fuego genera más dudas que certezas, porque, mientras se habla de negociación, la realidad interna de Irán también arde, crisis económica, tensiones sociales y medidas diversas que muestran que el país está bajo una presión brutal.

Es decir, Irán resiste hacia afuera, pero también enfrenta tensiones hacia adentro y, aun así, no se rinde, y esto es lo que más preocupa al poder global.

Porque un país que resiste sanciones, guerra y crisis interna sin colapsar es un mal ejemplo para el resto del mundo; es un mensaje peligroso para los pueblos, que el imperio no es invencible.

Por eso, este alto al fuego no debe leerse como el final del conflicto; debe leerse como lo que probablemente es, una pausa cargada de tensión, donde todos se preparan para el siguiente movimiento.

Esperando que ese “alto al fuego” no sea la antesala de una tormenta mayor; porque, si algo está claro, es esto, la paz verdadera no se construye en dos semanas, ni bajo amenazas ni bajo chantajes geopolíticos, se construye cuando los intereses de los pueblos pesan más que los negocios de la guerra.

EEUU e Israel reorganizando su maquinaria militar. China asegurando su suministro energético. Irán resistiendo, negociando, pero sin arrodillarse. Y no hemos hablado de Rusia e Israel.

Y los pueblos del mundo, una vez más, en medio del fuego cruzado de intereses que no son los suyos. Porque aquí no se está discutiendo solo un acuerdo, se está disputando algo más grande, quién manda en el mundo y hasta dónde puede resistir quien se atreve a decir que no.

Finalizando este escrito, las noticias no nos sorprenden al informarse que Israel viola el alto al fuego al bombardear lugares del Líbano; y, a la inversa, el Líbano viola supuestamente la tregua al atacar a Israel.

Y lo más inaudito, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, afirmó este miércoles que el acuerdo del alto al fuego acordado con Irán la jornada anterior, no incluye el cese de ataques contra el Líbano, calificando la situación como “un malentendido legítimo”: “Ni nosotros ni los israelíes dijimos que el Líbano fuera a formar parte del alto al fuego”, insistió.

Lo cual revela lo voluble, lo inconstante y lo impredecible de esta llamada “tregua”.

UCR respalda proyecto de ley para garantizar acceso público a las playas

La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de su Consejo Universitario, manifestó en la Sesión n.°6983 su respaldo al proyecto de ley que busca reformar el artículo 23 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.° 6043), orientado a garantizar el acceso público a las playas del país (Expediente N.° 24.413).

Tras un proceso de análisis institucional y consulta a diversas instancias académicas, la UCR acordó recomendar la aprobación del proyecto, subrayando la importancia de incorporar observaciones técnicas y sociales que fortalezcan su alcance.

Según el acuerdo, la iniciativa legislativa responde a problemáticas concretas en el país, donde “el acceso público no solo se encuentra restringido o potencialmente limitado, sino que además se han iniciado ciertas prácticas espaciales que favorecen distintos grados y modalidades de privatización del espacio público”.

El proyecto propone establecer requisitos mínimos para la creación y mantenimiento de accesos a las playas, con el fin de evitar su apropiación indebida y garantizar el derecho de todas las personas a disfrutar de estos espacios. Asimismo, plantea medidas como la elaboración de un registro oficial de playas y accesos en un plazo máximo de dos años.

Desde el ámbito académico, distintas unidades señalaron que el proyecto constituye “una iniciativa pertinente y de alta relevancia para la realidad que enfrentan numerosas playas del territorio nacional”, especialmente ante procesos de turistificación, gentrificación y presiones del mercado inmobiliario en las zonas costeras.

No obstante, la Universidad también advirtió que la propuesta debe ser fortalecida en aspectos clave. Entre ellos, la necesidad de incorporar evaluaciones de impacto ambiental para evitar afectaciones a ecosistemas costeros, así como mecanismos efectivos de cumplimiento.

En ese sentido, se recomendó incluir sanciones ante prácticas como la obstrucción de accesos y la señalización engañosa, además de garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura por parte de los gobiernos locales.

El Consejo Universitario enfatizó que “garantizar que cada playa disponga de un mínimo de tres accesos públicos constituye un avance significativo en materia de accesibilidad y en la promoción del uso universal de un bien público”, aunque señaló que es necesario justificar técnicamente este criterio y contemplar posibles excepciones.

Finalmente, la UCR reiteró su disposición a colaborar con el proceso legislativo: “La Universidad de Costa Rica queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Este pronunciamiento se da en un contexto de creciente debate nacional sobre el acceso, uso y protección de las zonas costeras, consideradas bienes públicos fundamentales para la vida social, cultural y ambiental del país.

Durante la discusión del dictamen, la representante del Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, hizo un llamado a ampliar el análisis hacia otras iniciativas en curso, en particular el proyecto de ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (expediente 22.553). Señaló que el Programa Kioscos Socioambientales ya ha solicitado un pronunciamiento al respecto y advirtió sobre la urgencia de abordarlo, dado el rápido avance que ha tenido.

En su intervención, Treminio planteó que este tipo de propuestas no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de reformas que reflejan intereses específicos sobre las zonas costeras. Alertó que, de no mediar una discusión crítica, se corre el riesgo de profundizar procesos de privatización del litoral que favorecen principalmente a grandes inversionistas, generando formas excluyentes de acceso al territorio. Esto, añadió, podría transformar bienes públicos en espacios cada vez más restringidos, subordinados a lógicas de mercado y a dinámicas de apropiación privada.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Dictamen completo: https://drive.google.com/file/d/1qAqqbQroeuwAZ9S7YZdYVJMSRTXJrb6x/view?usp=sharing

Más de 40 organizaciones advierten: Crucitas revela una crisis estructural en la gobernanza ambiental de Costa Rica

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), integrado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, advierte que la situación en Crucitas no puede entenderse como un problema aislado ni como una simple consecuencia de la minería ilegal. Por el contrario, constituye la expresión visible de una crisis estructural en la gobernanza ambiental, la capacidad institucional y el modelo de desarrollo del país.

En su acuerdo 2026-015 y con base en análisis recientes, incluyendo hallazgos del Programa Estado de la Nación, el PCA señala que lo que hoy ocurre en Crucitas es el resultado de décadas de debilitamiento institucional, regresión normativa y decisiones políticas que han erosionado la capacidad del Estado para proteger el ambiente y ordenar el territorio.

La crisis actual refleja una convergencia de factores críticos: reducción de capacidades técnicas, presiones sobre los recursos naturales, cambios en las prioridades de política pública y un discurso que reabre la puerta a actividades extractivas incompatibles con la trayectoria ambiental del país.

Un debilitamiento progresivo de la institucionalidad ambiental

El PCA alerta que Costa Rica ha experimentado en los últimos años una preocupante pérdida de capacidad en su gestión ambiental. Recortes presupuestarios, disminución de personal técnico especializado y crecientes interferencias políticas han limitado la acción del Estado en la protección de ecosistemas y el cumplimiento de la normativa vigente.

A esto se suma una flexibilización de salvaguardas ambientales que genera señales contradictorias y debilita principios fundamentales como la prevención y la precaución.

Un modelo de desarrollo que incrementa la presión ecológica

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, Crucitas ocurre en un contexto donde el país enfrenta una presión ambiental creciente derivada de patrones de desarrollo insostenibles.

Entre estos destacan la mayor dependencia de combustibles fósiles, el aumento de emisiones, la presión sobre los recursos hídricos y la expansión de modelos productivos que comprometen el equilibrio ecológico. Estas tendencias han llevado a Costa Rica a una condición de déficit ecológico, donde el consumo de recursos supera su capacidad de regeneración.

Desorden territorial y aumento de la conflictividad

El caso de Crucitas también evidencia fallas profundas en la gestión del territorio. La ausencia de planificación efectiva, la debilidad en el control institucional y la falta de coherencia en las políticas públicas han generado condiciones propicias para la proliferación de actividades ilegales y la degradación ambiental.

El aumento sostenido de conflictos socioambientales en el país —muchos de ellos dirigidos hacia instituciones públicas— refleja una creciente desconfianza ciudadana y una crisis en la gobernanza territorial.

Crucitas como síntoma de una crisis estructural

El PCA enfatiza que Crucitas no es una anomalía, sino el resultado de: un debilitamiento institucional sostenido, políticas públicas contradictorias, falta de ordenamiento territorial efectivo y tensiones no resueltas entre el modelo económico y la sostenibilidad ambiental.

En este contexto, insistir en soluciones extractivistas como la minería metálica a cielo abierto no solo es técnicamente injustificado, sino que profundiza las causas del problema en lugar de resolverlas.

Un llamado a una respuesta estructural, no superficial

El Parlamento Cívico Ambiental compuesto por 40 organizaciones, sostiene que atender la situación en Crucitas exige mucho más que medidas de control o enfoques de seguridad. Requiere una respuesta estructural basada en ciencia, institucionalidad sólida y visión de largo plazo.

Entre las prioridades fundamentales se destacan: el fortalecimiento real de las instituciones ambientales, la recuperación de la autonomía técnica en la toma de decisiones, la inversión en ordenamiento territorial y participación comunitaria y la transición hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

Es importante destacar que Costa Rica enfrenta una decisión de fondo: corregir el rumbo y fortalecer su legado ambiental, o continuar debilitando las bases que lo han sostenido históricamente. Crucitas no es solo un conflicto local. Es una señal de alerta país. La forma en que se responda a esta crisis definirá no solo el futuro de un territorio, sino la coherencia ambiental de toda la nación, según señala Bermardo Aguila, presidente del Parlamento Cívico Ambiental.

Puede descargar el manifiesto desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-015-Manifiesto-Crucitas-sintoma-de-crisis.pdf

La carrera espacial no tiene un solo vencedor: desmontando el relato supremacista

Por Juan Carlos Cruz para SURCOS

En medio de la escalada retórica de la administración de Donald Trump, ha emergido un intento por reescribir la historia de la carrera espacial, atribuyendo a Estados Unidos un liderazgo pionero absoluto —incluida la exploración de la cara oculta de la Luna y los hitos en diversidad dentro de la tripulación espacial. Sin embargo, los datos históricos y la dinámica actual desmienten con claridad esa narrativa.

Fue la Unión Soviética la que inauguró la era espacial con el Sputnik en 1957, envió al primer ser humano al espacio con Yuri Gagarin en 1961, y abrió también el camino en términos de inclusión: en 1963, la misión Vostok 6 llevó a Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio. En el terreno lunar, la sonda Luna 3 captó en 1959 las primeras imágenes del lado oculto de la Luna, seguida por el primer alunizaje suave (1966) y el despliegue del primer vehículo robótico (1970). En 1980, con la misión Soyuz 38, la URSS llevó al espacio al primer afrodescendiente, el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez.

Lejos de ese relato unilateral, la República Popular China ha consolidado una estrategia sostenida que ya produjo hitos inéditos, como el primer alunizaje en la cara oculta de la Luna en 2019. Pero más relevante aún es la lógica que subyace a su programa: planificación a largo plazo, continuidad institucional y objetivos estratégicos claros.

Como advierte el análisis publicado en Diario Red por Eduardo García Granado, la actual “carrera lunar” no se definirá por gestos espectaculares, sino por la capacidad de establecer una presencia permanente. En ese terreno, el programa estadounidense aparece atravesado por la urgencia y la incertidumbre, mientras que el chino avanza con mayor previsibilidad, financiamiento estable y una hoja de ruta coherente orientada incluso a la instalación de bases en el polo sur lunar.

En ese contexto, el lanzamiento de la misión Artemis II a inicios de abril adquiere un significado que trasciende lo tecnológico. Más allá de sus objetivos declarados, ocurre en un momento en que la popularidad de Trump no alcanza el 40%, lo que permite leerlo también como un recurso de reposicionamiento político interno. La apuesta por un hito mediático se inscribe así en un intento por contrarrestar el desgaste de su imagen, marcado por errores de cálculo en la escalada contra Irán y por las consecuencias humanitarias de la ofensiva impulsada junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Así, aunque Estados Unidos pueda lograr nuevos hitos en el corto plazo, ello no garantiza primacía estratégica en el nuevo ciclo espacial, donde la clave ya no es “llegar primero”, sino “quedarse”.

La historia —y el presente— de la exploración espacial no responde a una supremacía única, sino a una disputa prolongada entre modelos tecnológicos, políticos y geopolíticos. Reescribirla como epopeya nacional no solo distorsiona los hechos: también revela la ansiedad de una potencia que percibe en ascenso a sus competidores.

Panel abordará situación de la prensa ante discursos de deslegitimación

El programa radial Alternativas organiza un panel de análisis titulado “La prensa nacional y alternativa: ante la mordaza velada, bajo el estribillo de ‘prensa canalla’”, con el objetivo de reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en el contexto actual y los desafíos que enfrentan frente a discursos que buscan desacreditarlos.

La actividad se realizará el 10 de abril de 2026 a las 6:00 p.m. (-6 UTC) y será transmitida en vivo a través de diversas plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, YouTube y Spotify, así como por emisoras aliadas.

Un espacio para el análisis crítico

El panel propone responder preguntas clave como: ¿qué se hace, qué falta y cuáles tareas están pendientes en relación con la defensa de la prensa?, en un contexto donde se han intensificado los cuestionamientos hacia los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos.

El encuentro busca abrir un espacio de diálogo sobre la libertad de expresión, el rol del periodismo en la democracia y las tensiones existentes entre el poder político y los medios.

Personas panelistas

El panel contará con la participación de:

  • Martín Chinchilla Castro, periodista y comunicador social, ex presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica y excandidato presidencial.

  • Efraín Valverde Moreno, consultor internacional en derechos humanos e investigador socioambiental, con trayectoria en comunicación alternativa.

  • Rafael Ugalde Quirós, abogado, notario y periodista, miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamileth López.

  • Martín Rodríguez Espinoza, comunicador y analista político, secretario de comunicación del Partido Vanguardia Popular y director del periódico Libertad y Ecos del 56 TV.

Producción y transmisión

El programa Alternativas es producido por el Colectivo Reflexión-Acción y se transmite desde diciembre de 2023. Para esta actividad contará con el apoyo de emisoras amigas, entre ellas:

  • Radio Guanacaste 106.1 FM

  • Radio Soberanía

  • Radio Revolución

  • 506 Ondas Alajuelita

  • 97.3 FM Voces Libertarias

La actividad está abierta al público mediante sus transmisiones en línea, promoviendo la participación y el debate sobre el presente y futuro de la comunicación en el país.

Escuchar el río también es entender lo que está pasando

Observatorio de Bienes Comunes

En esta entrevista con Rocío Chamorro se revela algo clave: limpiar el río no es suficiente.

Detrás de cada jornada aparecen desafíos más profundos: vertidos, agroquímicos, presión sobre los ríos y la urgencia de mayor acción institucional.

Algunas claves:

* La limpieza visibiliza problemas estructurales

* Las comunidades se organizan, pero no pueden solas

* El desafío es pasar de limpiar a prevenir

* Se necesita más monitoreo y compromiso institucional

🎧 Escuchá la entrevista completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/escuchar-el-rio-aprendizajes-desde-la-accion-comunitaria-entrevista-con-rocio-chamorro/

Frente al repliegue de derechos: la interseccionalidad como estrategia política

Por Rodrigo Campos Hernández

Las recientes decisiones en materia de política exterior y derechos humanos en Costa Rica no son hechos aislados. Forman parte de un proceso más amplio de reconfiguración política que exige ser comprendido en toda su complejidad.

El momento político que atraviesa Costa Rica no puede ser leído únicamente como una sucesión de decisiones aisladas en materia de política pública o política exterior. Lo que estamos presenciando es, más bien, una reconfiguración del campo político y simbólico en el que históricamente se han sostenido las luchas por los derechos humanos en el país.

En este contexto, el debilitamiento de espacios internacionales de diálogo en materia de derechos, el desplazamiento de prioridades hacia agendas de seguridad y la erosión progresiva del lenguaje de derechos humanos no afectan a un solo grupo en particular. Sus efectos son múltiples, acumulativos y profundamente interrelacionados.

Es aquí donde la interseccionalidad deja de ser una categoría descriptiva para convertirse en una necesidad política.

No estamos frente a luchas separadas. Las afectaciones que hoy experimentan las personas LGBTIQ+, las mujeres, las personas trabajadoras, las poblaciones migrantes o quienes dependen de la educación y la salud públicas no ocurren en compartimentos estancos. Son expresiones diversas de una misma transformación estructural que redefine prioridades, redistribuye poder y reorganiza las condiciones de inclusión y exclusión en la sociedad.

Insistir en respuestas fragmentadas frente a procesos que son, en sí mismos, estructurales, no solo resulta insuficiente, sino que contribuye —aunque sea involuntariamente— a la reproducción de las mismas condiciones que se pretende transformar.

La interseccionalidad, en este sentido, no debe entenderse como una suma de identidades o como un catálogo de reivindicaciones particulares, sino como una forma de comprender la realidad que permite identificar los puntos de convergencia entre distintas formas de desigualdad y, a partir de ello, construir estrategias comunes.

Esto implica un desafío inmediato para las organizaciones sociales: abandonar el sectarismo como forma de posicionamiento político.

El sectarismo fragmenta, debilita y limita el alcance de cualquier lucha. En cambio, la articulación —aunque más compleja— amplía la capacidad de incidencia, fortalece la legitimidad y permite disputar el sentido de lo público desde una base más amplia.

No se trata de diluir las demandas específicas de cada grupo, sino de reconocer que ninguna de ellas puede sostenerse plenamente en aislamiento.

La historia reciente de Costa Rica ha demostrado que los avances en derechos han sido posibles cuando distintas fuerzas sociales, institucionales y políticas han logrado converger, aun en medio de diferencias. Hoy, frente a un escenario que tiende a reconfigurar esas conquistas, esa lección adquiere una renovada vigencia.

La interseccionalidad, entonces, no es solo un marco analítico. Es una estrategia.

Una estrategia que exige diálogo, apertura, capacidad de escucha y, sobre todo, voluntad de construir en común.

Si el momento actual se caracteriza por la reorganización de la hegemonía, la respuesta no puede ser la dispersión de las resistencias.

Debe ser, por el contrario, su articulación consciente, sostenida y estratégica.

Hoy más que nunca, las organizaciones sociales están llamadas a dar un paso adelante:

• a reconocerse mutuamente,

• a construir agendas compartidas,

• a coordinar acciones más allá de sus diferencias,

• y a asumir que ninguna lucha será suficiente si se libra en soledad.

El tiempo que viene no admite fragmentación. Exige claridad, compromiso y acción colectiva.

La obscenidad del poder: nuevo giro político de la dominación contemporánea

Abelardo Morales Gamboa (*)

Entre negocios, espectáculo y dominación, lo obsceno deja de ser excepción para convertirse en regla.

Hay escenas que condensan una época. Por ejemplo, una investidura presidencial en los Estados Unidos, rodeada de magnates tecnológicos y grandes fortunas no es una simple noticia ni un exceso de protocolo; es la expresión visible de una mutación en las formas de dominación contemporáneas. Esa imagen no revela solo la cercanía entre poder político y poder económico —que siempre ha existido-—, sino un cambio profundo en la forma en que el poder se exhibe, se ejerce y se legitima.

La separación ficticia, pero necesaria, entre el interés público y los intereses privados nunca fue absoluta, pero operó durante largo tiempo como principio normativo. Gobernar en democracia implicaba, al menos en el plano formal, mantener una distancia prudente respecto a la acumulación directa de riqueza, así como una moderación en las formas de ejercer autoridad, sobre todo para el beneficio privado de los gobernantes.

Hoy esos límites se han vuelto crecientemente porosos. Tanto en la política internacional como en los contextos locales, irrumpe un tipo de actor que transita con naturalidad entre los negocios y la política. No es solo el empresario que incursiona en la política, ni el político que se aprovecha de su posición para lucrar. Es una figura híbrida que convierte el poder en un recurso de valorización múltiple: económica, simbólica y mediática.

El caso de Donald Trump resulta paradigmático no porque sea único, sino porque revela cómo, según orienta el marketing político, la presidencia puede funcionar simultáneamente como plataforma política, marca personal y entorno de negocios. Pero más allá de los conflictos de interés —que no son menores—, lo que importa es su naturalización. Lo que antes debía ocultarse o justificarse, ahora se exhibe sin reservas.

La metamorfosis no es solo económica. Junto con esa nueva fusión entre poder y acumulación de riqueza, cambian también los códigos culturales del quehacer político. El poder ya no se ejerce únicamente como autoridad institucional o liderazgo programático: se despliega como espectáculo, como performance, como presencia mediática.

El precedente de Silvio Berlusconi ayuda también a entender esta deriva. Durante años, su figura articuló de manera singular poder político, imperio mediático y escándalos sexuales, en un contexto donde la cosificación de las mujeres y la banalización del poder se volvieron parte del paisaje público. Lo que entonces parecía una anomalía hoy adquiere una resonancia más amplia.

La relación entre poder y escándalo no se agota, sin embargo, en figuras individuales. El caso de Jeffrey Epstein puso al descubierto no solo una red global de explotación sexual, sino también las conexiones entre riqueza, influencia y encubrimiento que permitieron su operación. Más que episodios aislados, estos entramados revelan circuitos donde el abuso, los favores y la impunidad operan como parte de economías clandestinas que se entrelazan con espacios de poder.

Cuando estas prácticas son asumidas como un patrón del ejercicio del poder, desnudan la decadencia en las formas de dominación y subordinación. Es ahí donde la obscenidad deja de ser solo un exceso —como en el imperio de Calígula— para revelarse, no en un sentido moralista, sino como parte de las estratagemas de control: aquello que se muestra sin pudor, que rompe los límites de lo que antes debía permanecer fuera de la escena pública.

Surge así una dimensión difícil de ignorar: la creciente perversidad de la dominación. En ella puede observarse cómo ciertos liderazgos incorporan una retórica y una gestualidad donde el cuerpo, la virilidad, el insulto, la humillación y el abuso ocupan un lugar central.

La obscenidad del poder se expresa en varios registros. En el lenguaje, a través del insulto y la caricaturización del adversario. En la gestualidad, mediante la exhibición de una masculinidad amenazante que impone autoridad más por intimidación que por argumentación. Y en la cultura política, en la normalización de prácticas que trivializan la desigualdad de género y de clase, y refuerzan jerarquías simbólicas.

Estos elementos funcionan como medios de dominación que articulan lenguaje, cuerpo y jerarquía. El insulto no es solo una falta de respeto: es un mecanismo de anulación simbólica. La sexualización del discurso no solo es vulgar: es una forma de marcar dominio, de convertir al otro —en particular a las mujeres— en objeto, y de establecer jerarquías que desplazan el debate racional.

No se trata únicamente de una devaluación del lenguaje público, sino de la transformación de la política en un espacio donde la dominación se exhibe sin mediaciones y donde la deliberación cede ante la imposición y la teatralización de la autoridad. Lo que se exhibe sirve también como mecanismo encubridor.

Este tipo de liderazgos, que suele presentarse como “auténtico”, “directo” o “sin filtros”, funciona porque conecta con un clima social marcado por la ansiedad, la frustración, el desencanto y la ira. Allí donde amplios sectores experimentan inseguridad material y desconfianza institucional, el discurso agresivo encuentra resonancia.

Pero esa conexión no es espontánea. Se construye. La agresividad canaliza malestares difusos; el desprecio por las normas se presenta como rebeldía; y la ostentación de poder —económico o simbólico— se interpreta como eficacia.

En ese marco, la política deja de ser percibida como un espacio de mediación entre intereses diversos y pasa a definirse como el terreno del más fuerte. No del que puede convencer, sino del que logra vencer. No se trata de deliberar, sino de doblegar.

Esta mutación tiene consecuencias más profundas de lo que suele admitirse. Al desdibujarse la frontera entre lo público y lo privado, la autoridad política pasa a operar como un recurso disponible para la acumulación, el exhibicionismo y el encubrimiento. Al mismo tiempo, se transforman las condiciones de la vida democrática: la política deja de ser racional y el conflicto político se tramita mediante la descalificación. No estamos solo ante un cambio de estilo, sino ante una alteración en la forma en que se produce legitimidad.

Cuando la obscenidad del poder consuma la transgresión de límites —en el lenguaje, en los gestos, en la exhibición de la dominación—, lejos de debilitar a estos liderazgos, puede reforzarlos. La falta de pudor se convierte, paradójicamente, en un recurso de autenticidad.

Pero esa eficacia tiene un costo. Se erosionan los vínculos sobre los que descansa cualquier comunidad política civilizada. Cuando el autoritarismo se vuelve espectáculo, la desigualdad deja de ser un problema y empieza a ser aceptada como valor.

Por eso, el desafío no es únicamente ético y comunicacional. Es político en un sentido más profundo: remite a la manera en que se reconfiguran las relaciones entre poder, sociedad y cultura.

Frente a este escenario, la respuesta no puede reducirse a la denuncia moral ni a la nostalgia. Implica reconstruir condiciones que limiten esa captura privada y obscena del poder, pero también desmontar los códigos culturales que hoy le otorgan legitimidad.

Mientras esa forma de dominación basada en la imposición siga siendo percibida como eficacia, seguirá encontrando adhesión.

Y ahí se juega lo esencial: si el poder se ejerce como forma de apropiación privada o como servicio al bien común.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Denuncian intervención de camino en zona inalienable hacia el volcán Barva y solicitan explicaciones al MINAE y SINAC

El colectivo ciudadano CONCEVERDE, mediante gestión presentada el 7 de abril de 2026 ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), denunció la intervención de un camino en una zona declarada inalienable por la Ley N.° 65 del 30 de julio de 1888, en las cercanías del Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Barva.

La solicitud, firmada por José Francisco Alfaro Carvajal, advierte que la Municipalidad de Barva estaría ejecutando obras de ampliación y pavimentación con cemento en el camino ubicado en Sacramento de San José de la Montaña, en un área de alta vulnerabilidad ambiental. Según el documento, estas acciones podrían contravenir el marco legal vigente y generar impactos significativos en ecosistemas clave para la recarga hídrica y la conservación de la biodiversidad.

Zona protegida y restricciones legales

El documento recuerda que la zona intervenida forma parte de un territorio declarado inalienable, lo que implica restricciones estrictas sobre su uso. Además, se señala que la Sala Constitucional, mediante el voto N.° 2008-12109, ordenó a diversas municipalidades —incluida la de Barva— abstenerse de otorgar permisos de construcción en estas áreas.

Según la argumentación presentada, esta prohibición no solo aplica a proyectos de particulares, sino también a obras ejecutadas por las propias municipalidades, en tanto se trata de una disposición orientada a proteger un patrimonio ambiental estratégico.

Asimismo, se enfatiza que, conforme al artículo 13 de la Ley Forestal, estas zonas forman parte del patrimonio natural del Estado y su administración corresponde al MINAE, lo que implica una responsabilidad directa en la supervisión y resguardo de estos territorios.

Riesgos ambientales señalados

El colectivo advierte que la ampliación y pavimentación del camino para facilitar el tránsito de vehículos automotores podría generar impactos acumulativos y sinérgicos, afectando la estabilidad ecológica del área.

Entre los riesgos señalados se incluyen:

  • Afectación a la recarga hídrica.

  • Alteración de ecosistemas de alta fragilidad.

  • Incremento de atropellos de fauna silvestre.

  • Contaminación sónica y lumínica asociada al aumento del tránsito vehicular.

Estos elementos refuerzan la preocupación por una posible degradación progresiva de un entorno ambientalmente sensible.

Solicitudes a las autoridades

En su petitoria, CONCEVERDE solicita al MINAE y al SINAC que informen de manera expresa si han otorgado algún tipo de autorización para la ejecución de estas obras dentro de la zona inalienable.

En caso afirmativo, requieren copia de las resoluciones correspondientes, incluyendo los criterios técnicos y jurídicos que habrían fundamentado dicha decisión. Asimismo, solicitan información sobre los mecanismos de mitigación ambiental previstos frente a los impactos derivados de la intervención.

El documento también remite copia a la Sala Constitucional, lo que sugiere la posibilidad de futuras acciones legales en caso de confirmarse irregularidades.

Antecedentes de conflictos en zonas protegidas

Este caso se suma a otras denuncias ciudadanas documentadas en torno a intervenciones en territorios con protección ambiental, donde se cuestiona la coherencia entre las decisiones institucionales y el marco jurídico vigente.

La situación plantea nuevamente el debate sobre la gestión de áreas protegidas, el rol de las municipalidades y la responsabilidad del Estado en la defensa del patrimonio natural.

Exposición «1881-2026: El legado de Joaquín García Monge

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, el CIICLA de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición 1881-2026: El legado de Joaquín García Monge, en conmemoración del  145 aniversario de su natalicio y del Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor.

La exposición estará abierta al público del 8 al 30 de abril, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.