En noviembre celebramos la Lucha contra la Violencia de Género:
«Toda pieza de teatro es un ajuste de cuentas, un enfrentamiento más o menos inmediato con la sociedad»
El próximo jueves 20 de noviembre se estará presentando la obra «Ellas, Nosotras y Ustedes» basada en los monólogos El Nombre y El Despojamiento de Griselda Gambaro (Argentina).
«Ellas, Nosotras y Ustedes» se estrenó un 25 de noviembre en el Centro Penitenciario La Reforma y el Buen Pastor. Fue beneficiada por el Programa Proartes y llevada a varios territorios indígenas, comunidades en las provincias de Guanacaste, Alajuela, Limón, Puntarenas, Cartago y San José.
Habrá una exposición fotográfica de Mariana Delgado basada en el proceso de montaje de la obra Ellas, Nosotras y Ustedes.
L@s esperamos, jueves 20 de noviembre, 7 p.m; Amón Solar (Barrio Amón).
La decisión unilateral del Director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, de pasar la jornada laboral de 8 a 10 horas diarias causó malestar y efervescencia en todos los y las policías con rol 5×2 en todos los centros penitenciarios.
El pasado martes 18 de noviembre, todos los y las policías que laboran en esta jornada, se mantuvieron en posición de huelga hasta tanto el Director de la Policía y la Ministra del Ramo se escucharan a estos trabajadores, mismos que se encuentran respaldados por la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT).
El movimiento se ha estado realizando en los CAI Reforma, San Rafael, Gerardo Rodríguez.
El Área de Relaciones Laborales de la Defensoría de los Habitantes ya está interviniendo como mediador, para que el Director de la Policía, el Viceministro de Trabajo y la propia Defensoría, se trasladen hasta la Reforma a reunirse con los compañeros y compañeras en paro.
En las próximas horas, en caso de que las Autoridades mantengan su negativa a escuchar y resolver las demandas de las y los compañeros, policías de otros centros penitenciarios se estarán sumando a la lucha.
Para más información: 8877-5471 Susan Quirós, 8356-6251 Edgar Morales
Dra. Eugenia Zamora Chavarría, magistrada vicepresidenta, Tribunal Supremo de Elecciones; Mag. María Florez-Estrada Pimentel, investigadora, CIICLA, Dra. Eugenia Rodríguez Saénz, coordinadora del Programa Género e Identidades, CIICLA y la Dra. Eugenia Zavaleta Ochoa, directora, CIICLA
Número Identificador de Solicitud: 2992
Organiza:El Centro de Investigación en Indentidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA)
Colabora:con el Museo +UCR y el IFED, Tribunal Supremo de Elecciones
Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, Los Santos conformada por los cantones de Tarrazú, León Cortés y Dota es la zona que presenta mayor cantidad de intentos de suicidio por cada 100 mil habitantes en el país. Fue en Dota donde su alcalde, un pastor evangélico y un médico de la localidad decidieron pedir ayuda a la Universidad de Costa Rica (UCR) para investigar el por qué de tantos intentos de suicidios en un lugar con pocos habitantes (6.946, según el Censo Nacional del 2011). Las autoridades comunales solicitaron también la búsqueda de posibles soluciones para este fenómeno.
El rector de la UCR, Henning Jensen, en conjunto con el vicerrector de Acción Social (VAS), Roberto Salom, gestionaron la elaboración de una propuesta que creó el proyecto Desarrollo de Capacidades en la Comunidad de Santa María de Dota para la Prevención de Suicidios, desarrollada por las escuelas de Psicología y Sociología, en coordinación con la VAS.
La primera fase de esta iniciativa dio inicio a finales del año pasado. El grupo investigador está compuesto por la socióloga Carolina Castillo y la psicóloga Adriana Maroto, además de dos asistentes; todos ellos bajo la asesoría de Salom; del director de la Escuela de Sociología, Asdrubal Alvarado y del director de la maestría Clínica en Sociología, Manuel Martínez.
Después de un año de análisis, que conllevó la realización de entrevistas, una reunión con los Asistentes Técnicos de Atención Primaria de Salud de la zona (ATAPS), grupos de discusión y talleres con instituciones, adolescentes y mujeres, las investigadoras lograron identificar algunas características que podrían incidir en que Dota tenga la tercera tasa de intento de suicidios más alta del país (ver gráfico) y el décimo lugar de suicidios por cada 100 mil habitantes.
Entre los factores se encuentra el que Santa María, cabecera del cantón de Dota, sea una comunidad donde es normal que sus habitantes se conozcan, y por tanto se pierda cierta privacidad; la falta de espacios y actividades recreativas hace de los jóvenes víctimas presa fácil del consumo de drogas ilegales y legales (principalmente del alcohol), además de la violencia intrafamiliar, e inclusive de incestos.
Tanto Castillo como Maroto aseguran que si bien esos elementos no son causales directos de suicidio, sí se trata de problemáticas a tomar en cuenta para explicar el fenómeno. Además, señalan que aunque no hay casos de suicidios consumados todos los meses, los intentos de atentar contra la propia vida sí tienen esa frecuencia, al punto de que es bastante frecuente que personas de la comunidad conozcan a alguien que se ha suicidado, o que al menos lo ha intentado.
Entre los datos proporcionados por ambas docentes se afirma que por cada suicidio consumado hay entre 10 y 20 intentos fallidos y que un 20% de quienes intentan suicidarse lo vuelven a hacer en el lapso de un año. De ellos, un 10% de ellos lo consigue. En Dota, los adolescentes son quienes más intentan acabar con su vida.
Las investigadoras coinciden en que, pese a que la comunidad de Santa María tiene claro el problema, existe poca participación de sus habitantes para solucionarlo: “a veces convocamos a 20 personas y llegan solo 2”, ejemplificó Maroto, aunque Castillo agregó que aún están en el proceso de integración con la comunidad. Los resultados del trabajo de campo se presentarán a la comunidad en la primera semana de diciembre.
Para el próximo año, el proyecto impulsará acciones para prevenir el suicidio, para lo cual se implementarán procesos participativos y de concientización focalizados en adolescentes, jóvenes adultos, grupos de mujeres organizadas e instituciones locales.
Este viernes 21 de noviembre a las 5 p.m; se presenta el conversatorio de los siguientes temas: las edificaciones, calles y parqueos que tiene planeados la UCR para el Parque UCR versus la conservación ambiental del mismo.
El evento será en la Escuela de Arquitectura, en la Sala Expo, primer piso y es un evento organizado por las asociaciones de estudiantes de Arquitectura y Biología, UCR.
Agenda:
5:10 – 5:30 exposición del Plan Maestro, OEPI-UCR.
5:30 – 5:50 exposición de la lucha de los vecinos del Residencial Guaymí en pro del bosque de Finca 4, que data de 1998.
5:50 – 7:00 comentarios y preguntas del público
Será un espacio muy interesante en el cual participarán funcionarios y estudiantes de la UCR, así como muchos vecinos interesados en el tema. El proyecto va a tener un gran impacto sobre la zona y la comunidad inmediata, por eso es muy importante la participación ciudadana.
Información enviada a SURCOS Digital por Paulina Mata Monge.
El compañero indígena Bribri Sergio Rojas Ortiz, del territorio indígena de Salitre fue detenido el pasado jueves 06 de noviembre; y desde ese día está detenido en la Prisión de San Isidro de Pérez Zeledón, con “medidas cautelares”, ante el Juzgado Penal de Buenos Aires, por solicitud de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, a cargo de la Licda. Adriana Céspedes del Ministerio Público; quién alegó la existencia en “grado de probabilidad”, el “peligro de fuga y obstaculización a la investigación”, pidiendo “medidas cautelares”, una caución o fianza de 50 millones de colones, el impedimento de salida del país, la prohibición de contactar a los denunciantes y testigos, además de ser inhabilitado del cargo como Presidente de la Asociación –ADI de Salitre.
El Expediente # 12-200679-0634-PE se tramita en la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Primer Circuito Judicial, contra Sergio Rojas Ortiz y otros por el delito de administración fraudulenta.
Ante esta situación, nosotros jóvenes indígenas decidimos al ser las 10:15 de la mañana de hoy miércoles 19 de noviembre, tomar las Oficinas de la Fiscalía de Asuntos Indígenas; para exigir la liberación inmediata del compañero Sergio Rojas, ya que consideramos que actualmente es un preso político del Estado costarricense.
Consideramos que la actuación de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, del Poder Judicial y del Ejecutivo ha sido injusta, desproporcionada y cargada de prejuicios racistas; por lo que exigimos un proceso judicial justo y en libertad para Sergio Rojas.
Ante el proceso de recuperación de tierras que ha venido desarrollando el pueblo Bribri de Salitre; grupos de terratenientes y otros sectores dominantes han perpetrado actos de violencia contra el pueblo indígena, con ataques con arma de fuego, machetes, tortura, persecución de mujeres y niños en la montaña, quema de ranchos, amenazas y otros actos violentos; ante los cuales la administración anterior y la actual actuaron de forma complaciente con los grupos de matones y agresores.
¿Dónde estaba esta Fiscala Céspedes y el Ministro Gamboa, cuando ocurrieron las agresiones citadas antes? ¿Cuántos despliegues de policías se han hecho y allanamientos similares, para capturar a los /as responsables de esos actos delictivos contra los vecinos dueños de la tierra /territorio de Salitre? ¿Por qué no se resuelve el Recurso de Amparo, para desalojar al ex juez Carlos Gutiérrez y la abogada Thais Vidal que poseen tierras ilegalmente dentro del territorio?
Nosotros como jóvenes indígenas, hacemos un llamado a los demás hermanas y hermanos indígenas a solidarizarse y manifestarse por la libertad de Sergio Rojas, así como a profundizar la organización en nuestros territorios para defender nuestros derechos.
El día de hoy, a las 8 am, el no indígena Armando Gómez (conocido como tito Gómez), junto con otros hombres armados ingresaron al Territorio Indígena Salitre, zona sur de Costa Rica, y se dirigieron a la zona de La Fortuna.
Según informes de la comunidad, estos agresores se introdujeron en la tierra recuperada de la familia de Camelia Ortiz, les intimidaron con las armas de fuego, y luego les quemaron el rancho y sus pertenencias.
La señora Ortiz, su hermana, 8 niños y un hombre -todas y todos, indígenas bribris- huyeron hacia la montaña para protegerse de la agresión, y hasta hace pocos minutos se tuvo certeza por parte de la comunidad de que ya se encuentran a salvo.
Los informes de la comunidad indican que los agresores no indígenas se encuentran dentro de la finca de la familia Ortiz, mientras continúan sus intimidaciones contra la comunidad indígena accionando las armas. Se reportan constantes sonidos de balas.
Según indican los y las compañeras indígenas, el informe de la Fuerza Pública de Buenos Aires, que llegó a revisar la situación, describe que no hay ni disparos, ni ranchos quemados ni intimidaciones. «Todo se encuentra normal».
La comunidad pregunta, ¿Dónde está la Fiscal Indígena?
Información enviada a SURCOS Digital por Radio 8 de Octubre.
En el ámbito internacional, tanto la ONU en el 2010, como la OEA en el 2012, reconocieron el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida (foto archivo ODI).
Derecho humano al agua debe tutelarse aunque no sea reconocido como tal en la Constitución
“El problema de los derechos fundamentales ya no consiste en su reconocimiento, sino en la posibilidad de hacerlos efectivos. Por eso el derecho humano al agua y al saneamiento debe tutelarse, independientemente de que éste sea o no reconocido por la Constitución Política”.
Así lo manifestó el M.Sc. Mario Peña Chacón, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), durante la segunda jornada del II ForoInstitucional 2014 Diagnóstico y Planificación del Recurso Hídrico en Costa Rica: Hacia una gestión integrada de la conservación y el aprovechamiento del agua.
En la actividad, organizada por la Comisión Especial Interdisciplinaria (CEI) de la Rectoría, el especialista se refirió a los principios, derechos y obligaciones derivadas de los tratados internacionales vinculantes suscritos por Costa Rica, mediante los cuales ese derecho humano al agua debería ser efectivo en el ámbito nacional.
Entre ellos citó la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres, la Convención de los Derechos del Niño, el Protocolo adicional al Convenio de Ginebra relativo a las víctimas de conflictos armados internacionales y la interpretación ambiental del Artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que se deriva el derecho humano al agua y al saneamiento. “Se trata del derecho de todos al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
Aunque Peña es partidario de que siendo el agua un recurso finito, vulnerable y que requiere costos económicos para su gestión no debe ser gratuito, existe un deber estatal de proveer el servicio a las poblaciones más desfavorecidas colocando cerca una fuente de agua y un sistema de saneamiento.“El derecho humano al agua debe privar en hospitales, centros de salud, escuelas, orfanatos, estaciones de bomberos y asilos de ancianos, que no deberían sufrir cortes o interrupciones del servicio y ser gratuito para poblaciones alejadas, organizaciones comunales y pueblos indígenas”, indicó.
El recurso hídrico debe tener un valor económico para desestimular su mal uso y que cubra al menos los costos de mantenimiento y traslado del agua al punto de abastecimiento, indicó el M.Sc. Mario Peña (foto Rafael León).
Sin embargo –acotó- la estructura tarifaria debería reflejar los niveles de recuperación económica y castigar el desperdicio. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que una familia no debería gastar más de un 5% de su presupuesto en la tarifa hídrica y que cada persona debería tener acceso diario a entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene, lavado, saneamiento y agricultura de subsistencia. “Quedan por fuera de ese derecho humano los usos del agua comerciales, industriales, para la agricultura extensiva y para la producción de energía eléctrica”.
Chacón explicó que actualmente Costa Rica está al nivel de un país desarrollado como Suecia en lo referente a la distribución de agua potable con un porcentaje de 90.1%. No obstante, en cuanto al tratamiento de las aguas residuales el país está al nivel de Haití, ya que solo se trata el 3% de esas aguas a nivel nacional y únicamente el 0.79% en la Gran Área Metropolitana (GAM).“El resto se descarga directamente en los ríos Tiribí, María Aguilar, Torres y Rivera, que acaban en la cuenca del Grande de Tárcoles, la más contaminada de toda Centroamérica”.
Discusión nacional
Mientras países como Suráfrica en 1996, Uruguay en el 2004, Ecuador en el 2008, Bolivia en el 2009 y México en el 2011, reconocieron en sus respectivas Constituciones que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible y que el Estado es el que debe garantizar ese derecho, en Costa Rica solo está plasmado a nivel de un Decreto Ejecutivo del MINAE de junio del 2002.
“En UICN buscamos que los instrumentos del derecho internacional sean plasmados en normativas nacionales en los diferentes países de la región”, indicó la M.Sc. Rocío Córdoba (foto Rafael León).
Como en el país es poco probable que se dé una reforma constitucional semejante, dijo Chacón, en el 2003 en su Sentencia 4654-2003, la Sala Constitucional reconoció como parte del Derecho de la Constitución el derecho humano al agua, derivado de los derechos fundamentales a la salud, a la vida, al medio ambiente sano, a la alimentación y a la vivienda digna, haciendo el mismo ejercicio que hizo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Además actualmente en la corriente legislativa circula un Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, presentado mediante iniciativa popular por la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) en el año 2007, que contempla este derecho de manera expresa en el artículo 2.
Aunque esta iniciativa fue aprobada en primer debate, luego de una consulta a la Sala Constitucional fue devuelto a la Comisión Permanente Especial de Ambiente donde se analizan tres artículos que fueron declarados inconstitucionales. Asimismo, en la corriente legislativa circula un proyecto de reforma al artículo 50 de la Constitución Política, para incluir a nivel constitucional derecho humano al agua, al que se han opuesto sistemáticamente los diputados del Movimiento Libertario.
Entretanto, comentó Chacón, las estadísticas nacionales dejan mucho que desear, pues indican que ese derecho humano al agua no es efectivo. “Pese a las sentencias que en la materia ha dictado la Sala Constitucional, el nivel de cumplimiento de las mismas por parte de las entidades del Estado es muy bajo: el MINAET un 15,9%, el Ministerio de Salud un 13,1%, Acueductos y Alcantarillados un 16,4%, el ICE un 21,1%, el MAG un 25% y el INCOPESCA un 0%”.
Mencionó como claros ejemplos de esta ineficacia la situación de contaminación del agua por plaguicidas o arsénico que sufren desde hace años las comunidades El Cairo, Milana, La Francia y Luisiana de Siquirres, Guanacaste y San Carlos, y que siguen sin resolverse en beneficio de sus habitantes, a pesar de existir recursos de amparo con lugar que son vinculantes.
Únicamente 0.26% del agua del planeta está disponible para consumo humano en lagos, embalses y canales (foto archivo ODI).
Además, de las 439 denuncias que se presentaron en el 2012 en el Tribunal Ambiental Administrativo, solo salieron cuatro resoluciones de acuerdo conciliatorio, 31 resoluciones de desestimación y 10 resoluciones finales, lo que denota una acumulación de procedimientos. Igual situación ocurre en el Ministerio Público, por cuanto de las 1 763 denuncias que se presentaron en el 2012 por delitos ambientales, hubo 26 sentencias condenatorias y 56 sentencias absolutorias. Las demás siguen sin resolución.
Para Chacón la palabra clave es efectividad, porque si a través de su ejercicio los derechos no se materializan, no sirven de nada, concluyó.
Recursos hídricos
La M.Sc. Rocío Córdoba Muñoz, coordinadora para Mesoamérica de Medios de Vida y Cambio Climático de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), indicó por su parte que pese a que no existe en el ámbito internacional una convención del agua que regule de forma holística todo el ciclo hidrológico, hay varios tratados, convenios y mecanismos internacionales que se refieren directa e indirectamente a la gestión integrada de recursos hídricos, su relación con los ecosistemas y con la sociedad.
“Nuestras instituciones están permeadas por la corrupción. De otra manera los votos de la Sala Constitucional se acatarían”, sentenció Álvaro Sagot (foto Rafael León).
En su opinión, son estos instrumentos del derecho internacional los que promueven un ambiente propicio para que los Estados dialoguen, negocien, consensuen y cooperen, sobre todo aquellos que comparten la gestión de lagos y cuencas fluviales.
Datos aportados por el Ing. Gerardo Fumero Paniagua, moderador de la mesa, indican que en el planeta existen 263 lagos y cuencas fluviales transfronterizas. Un total de 145 naciones tienen parte de su territorio en cuencas que comparten varios países y otras 21 se sitúan en su totalidad en el interior de cuencas compartidas por varios países.
La mayoría de las cuencas hidrográficas son compartidas por más de dos países, pero existen 13 cuencas que son compartidas por grupos de entre cinco y ocho naciones. Las cuencas de los ríos Congo, Níger, Nilo y Zambeze, todos en África y el río Rin en Europa, son compartidas por grupos de entre nueve y 11 países. El río que atraviesa la mayor cantidad de naciones es el río Danubio, que fluye a través de 18 naciones.
Esa condición de compartir las cuencas hidrográficas, unida a la cada vez menor disponibilidad del agua y un creciente deterioro de su calidad, hace que se incremente la competencia por este recurso, lo cual obliga a procurar tratados internacionales que establezcan acuerdos sobre su uso.
Por esa razón, continuó Rocío Córdoba,los tratados internacionales que tienen que ver de una u otra forma con el tema del agua proveen principios específicos relacionados con la gobernanza y el uso del agua, establecen, parcialmente instrumentos y mecanismos para su gestión efectiva e integral, y algunos contienen mecanismos de sanciones para asegurar la observancia de sus disposiciones por los Estados parte.
La cada vez menor disponibilidad del agua y un creciente deterioro de su calidad, hacen que se incremente la competencia por este recurso lo que obliga a procurar tratados internacionales que establezcan acuerdos sobre su uso (foto archivo ODI).
Al respecto, mencionó la Convención de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, ratificada por el país en 1950, que se orienta a la protección de áreas de captación de agua como ríos, lagos, humedales y zonas costeras y que toma en cuenta diversos ecosistemas y su relación con el ser humano. Tal es el caso del Parque Nacional Talamanca-La Amistad y el Parque Nacional Marino Isla del Coco.
Otra es la Convención sobre los Humedales de importancia Internacional (Ramsar), que entró en vigor en 1971 y que el país aprobó en 1992, en la que Costa Rica es muy activa y que busca la conservación y el uso racional de estos ecosistemas acuáticos tanto de aguas dulces, como de aguas salobres y saladas y que contempla lineamientos para integrar la conservación de humedales dentro del manejo de cuencas hidrográficas.
Un tercer instrumento es el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (CDB) que entró en vigor en diciembre de 1993 y fue ratificado por Costa Rica en 1994. Este contempla la cooperación para la conservación de la diversidad biológica dentro y más allá de las jurisdicciones nacionales y resoluciones de las partes contratantes de la convención sobre diversidad biológica de aguas dulces.
Aparte de esos tratados, Córdoba mencionó instrumentos regionales dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que son políticas y estrategias a nivel regional que se han elaborado con participación de todos los países con el fin de buscar una mejor gestión de los recursos hídricos.
Entre otras mencionó la Política Centroamericana para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, ratificada por los ministros de Ambiente en el 2002, y la Estrategia Regional de Cambio Climático, aprobada en el 2010.“Esta última es muy importante porque la variabilidad climática no puede ser desligada de ninguna forma ni en la región, ni en el país, de los recursos hídricos porque está relacionada con fenómenos hidrometeorológicos”.
El 75% del agua dulce del mundo se usa para la agricultura. Si se continúa en esa línea, se prevé que hacia el 2025, el 66% de los habitantes del planeta sufrirá condiciones de sequía o escasez (foto archivo ODI).
Finalmente, hizo referencia a dos instrumentos internacionales que sí están ratificados, que aunque no incluyen todo el ciclo hidrológico, se refieren a cursos de agua internacional o cuencas transfronterizas, incluidas las aguas subterráneas, “que casi nunca se toman en cuenta porque no se ven”.
Se trata del Convenio de Helsinki, que se convirtió en instrumento global en febrero del 2013 y la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la Navegación, que entró en vigor el 17 de agosto del 2014.“Ambas convenciones toman en cuenta los principios de cooperación, desarrollo sostenible y subsidiaridad y establecen una serie de principios del derecho internacional que son obligatorios para los países parte, la cual, hasta el momento, no ha sido ratificada por ningún país de América Central, ni de Latinoamérica”.
Durante los comentarios finales el M.Sc. Álvaro Sagot Rodríguez, consultor ambiental, concordó con los expositores en que a pesar de las directrices de la Sala Constitucional, todo parece indicar que las instituciones como tal y sus funcionarios aún no están sensibilizados con el tema del agua como derecho humano fundamental, no obstante que es reconocido incluso por convenciones internacionales ratificadas por Costa Rica. “Cuando se revisan los votos de la Sala Constitucional pareciera que a las instituciones se les repite una y otra vez que están violando derechos humanos fundamentales y con todo lo lamentable que puede ser, pareciera que contaminar el agua no es tan grave como el robo de un reloj o una cadena”.
A juicio de Sagot muchas de esas actitudes de los funcionarios públicos hacia la normativa existente, se deben a que en algunos casos existe corrupción, que responde a intereses de empresas extranjeras que invierten en el país, como ocurre en el caso de las comunidades de Siquirres, que desde el 2009 obtuvieron un voto favorable y continúan consumiendo agua contaminada por pesticidas.“Esto hay que dejarlo perfectamente claro: nuestras instituciones están permeadas por la corrupción. De otra manera los votos de la Sala Constitucional se acatarían”, concluyó.
En este proyecto participan jóvenes de décimo y undécimo año de diez colegios de Sarapiquí y Nicoya (foto Laura Rodríguez).
La joven Paola Montiel Gómez es estudiante de la Telesecundaria de Ostional, tiene 17 años y desde hace varios meses mejora sus habilidades de expresión y de razonamiento lógico- matemático a través de un novedoso proyecto educativo que impulsa la Universidad de Costa Rica.
Todos los sábados, ella se traslada con entusiasmo, desde su comunidad hasta el centro de Nicoya, para recibir las clases del “Programa + Equidad”, una iniciativa de la rectoría, mediante la cual, se les brinda a estudiantes de colegios de zonas alejadas, las herramientas cognitivas básicas para enfrentar distintas situaciones de la vida cotidiana.
Al igual que Paola, el joven Eliab Gómez Sánchez de 16 años y vecino de Bocas de Nosara asiste a estas clases, con el fin de mejorar sus destrezas de comprensión de lectura y de razonamiento cuantitativo, y así lograr alcanzar su sueño de convertirse en médico.
Junto a Paola y Eliab, otros 185 estudiantes de diez colegios públicos de Sarapiquí y Nicoya experimentan una nueva forma de aprendizaje a través de un planteamiento curricular y metodológico no tradicional.
Estos jóvenes son guiados en su proceso de formación por estudiantes avanzados de la Escuela de Formación Docente y de la Escuela de Orientación de la UCR, quienes mediante juegos y dinámicas ayudan a los colegiales a mejorar sus habilidades de argumentación y de razonamiento cuantitativo.
Paola Montiel complementa la formación que recibe en la Telesecundaria de Ostional con las tutorías del Programa + Equidad de la UCR (foto Laura Rodríguez).
Novedosa Metodología
Este proyecto educativo se basa en la teoría de “La espiral del conocimiento”, la cual propone, que el aprendizaje se da a partir de elementos como la socialización, la observación, la externalización, la internalización, entre otros.
La mayoría de ejercicios que se plantean en las ocho sesiones de trabajo, son integrales, interactivos, dinámicos y hasta lúdicos; los estudiantes no memorizan contenidos sino que aprenden a través de la interacción y el intercambio del conocimiento.
“Las clases son diferentes, son entretenidas, uno interactúa con los compañeros y tutores y así uno aprende mejor” dijo Samarina Loría Chavarría, estudiante del Colegio Técnico Profesional de Nicoya.
Sus compañeras Meybis Obando y Amanda Suarez coinciden en que este método les ha permitido mejorar sus habilidades de expresión y las ha ayudado a resolver de manera simple operaciones matemáticas.
Eliab Gómez del Liceo de Bocas de Nosara también forma parte del programa de la UCR (foto Laura Rodríguez).
El plan de formación se complementa con sesiones de orientación vocacional por medio de las cuales, los estudiantes identifican sus fortalezas y debilidades, esto con el objetivo de que en un futuro, puedan tomar decisiones informadas sobre su proyecto de vida.
¿Cuál es el propósito del Programa + Equidad?
El Programa + Equidad es una iniciativa que impulsa la Rectoría y de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la UCR desde hace año y medio, en varios colegios de Nicoya y Sarapiquí.
Con el apoyo del posgrado en Planificación Curricular de la Escuela de Formación Docente y de la Escuela de Orientación, la UCR prepara a estos colegiales, con el objetivo de que emprendan de manera informada su proyecto de vida, indistintamente de si desean, o no, ingresar al sistema de educación superior.
Sin embargo, uno de los objetivos del proyecto, radica en persuadir a estos jóvenes para que tomen en cuenta el ingreso al sistema de Educación Superior y conozcan su papel de agente para la movilidad social.
Los jóvenes del plan piloto son preparados por la UCR con el objetivo de que emprendan de manera informada su proyecto de vida, indistintamente de si desean, o no, ingresar al sistema de educación superior (foto Laura Rodríguez Rodríguez).
Los estudiantes que participan en el proyecto, fueron seleccionados de acuerdo con un estudio que realizó la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en alianza, con el Ministerio de Educación Pública (MEP).
En este estudio se analizó el comportamiento de los colegios del país en las distintas etapas del proceso de admisión y su desempeño en las pruebas nacionales de Bachillerato en español y matemáticas.
Fue así como la UCR logró seleccionar para este programa, a aquellos colegios públicos del país, en los cuales, un porcentaje muy reducido de sus graduados logran ingresan al Sistema de Educación Superior.
Según la M.Sc. Ruth De La Asunción Romero, vicerrectora de Vida Estudiantil, esta iniciativa reafirma el compromiso institucional, con el fortalecimiento de una sociedad costarricense más justa y equitativa.
Los colegios de Sarapiquí que participan en el programa son: el Liceo de San José del Río, la Telesecundaria Los Arbolitos, el Liceo Rural La Gata y el Liceo Rural Las Marías. Mientras que, en la región de Guanacaste participan estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Nicoya, del Liceo de Copal, del Liceo de Belén, del Liceo Rural La Esperanza, el Colegio Bocas de Nosara y la Telesecundaria de Ostional.
Durante la visita al CTP de Nicoya, la ministra instó a los estudiantes a continuar con sus estudios (foto Laura Rodríguez).
Para ejecutar este programa, la Universidad despliega una serie de esfuerzos de articulación, ya que la entidad debe coordinar permisos con el MEP y con las autoridades de los colegios. Asimismo, la institución se hace cargo de la logística de transporte y alimentación de los estudiantes.Programa Modelo
A pesar de que el “Programa + Equidad” es un proyecto piloto, las autoridades de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública (MEP) valoran la posibilidad de evaluar el efecto de esta propuesta curricular,con el objetivo de definir acciones de mayor impacto y cobertura a nivel nacional.
Con el fin de observar y escuchar las experiencias de los estudiantes y docentes que participan del programa, la Ministra de Educación, Sonia Marta Mora Escalante, visitó el sábado anterior, el Colegio Técnico Profesional de Nicoya, uno de los centros educativos involucrados en este proyecto.
Durante su visita, la Ministra atendió las necesidades de los estudiantes y los motivó a aprovechar la oportunidad de formación complementaria que les brinda la UCR con este programa.
Los pueblos de Abya Yala –América- guardaron por 500 años lo mejor de su sabiduría, hoy la comparten con quienes quieren vida y paz, uno de esos pueblos es Bolivia.
Cultura de la Vida
David Choquehuanca, Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia
“Estamos ahora en tiempos de cambio, en tiempos de grandes desafíos. Vemos un mundo esperanzador, un mundo de cambios fundamentales. Los pueblos originarios indígenas estamos resurgiendo en este continente y en todo el planeta. Como una voz de esperanza de un porvenir más equilibrado, irrumpe la Cultura de la Vida, la búsqueda del Vivir Bien. Nuestras comunidades están impulsando otra forma de vida, la construcción de otro mundo.
Cultura de la Vida…
Whipala, bandera de los 7 colores, materialización del Arco Iris y la armonía del Buen Vivir con la Madre Tierra.
Ahora hemos decidido recuperar nuestros valores, recuperar nuestros códigos que se han resistido durante más de quinientos años. Los indígenas nos hemos organizado para volver a nuestro camino, al camino del equilibrio, camino que nos permita la armonía entre las personas, pero fundamentalmente la armonía entre el hombre y la naturaleza”.
Vivir Bien no es lo mismo que vivir mejor
Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
“…Vivir Bien es vivir en igualdad y en justicia. Donde no haya ni explotados ni explotadores, donde no haya ni excluidos ni quienes excluyan, donde no haya ni marginados ni marginadores. El Vivir Bien es vivir en comunidad, en colectividad, en reciprocidad, en solidaridad, y, especialmente, en complementariedad.
Cerro Espíritu Santo, Naranjo-Alajuela, Costa Rica.
El Vivir Bien no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor que el otro. Porque para el vivir mejor, frente al prójimo, se hace necesario explotar, se instala la competencia, se concentra la riqueza en pocas manos”.
“Quinientos años después que el árbol fue cortado, comienza a retoñar… Una profunda sabiduría se oculta en nuestras raíces, un profundo silencio comienza a ser remplazado por la danza sagrada, por la música mística…” Luis Espinoza, Chamalú.
Diez Mandamientos para salvar al planeta, a la humanidad y a la vida, basados en el Vivir Bien
Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
1) Terminar, acabar con, erradicar el sistema capitalista.
2) Renunciar a la guerra.
3) Un mundo sin imperialismo ni colonialismos.
4) El agua es de todos los seres vivientes.
5) Desarrollo de energías limpias y amigables con la naturaleza.
6) Respeto a la Madre Tierra.
7) Servicios básicos como derecho humano.
8) Consumir lo necesario, priorizar lo que producimos y consumimos localmente.
9) Promover la diversidad de culturas y economías.
10) El Vivir Bien.
Llanos de Cortés, Bagaces-Guanacaste, Costa Rica.
“¿Sirvió de algo que durante milenios nuestros antepasados cuidaran la tierra
como algo sagrado?” Luis Espinoza, Chamalú.
Derechos de la Madre Tierra
“La Tierra no nos pertenece, Nosotros pertenecemos a la Tierra”
En este camino, Bolivia propone a los 192 gobiernos de Naciones Unidas consensuar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, declaración que debe ser basada en los siguientes cuatro principios:
Quetzalia-Pachamama, Turrialba–Cartago, Costa Rica
El derecho a la vida, que significa el derecho a existir. Los humanos tenemos que reconocer que también la Madre Tierra y los otros seres vivientes tienen derecho a existir.
El derecho a la regeneración de su biocapacidad. La actividad humana en el Planeta y el desarrollo no son infinitos. Consumiendo y derrochando más de lo que la Madre Tierra es capaz de reponer y recrear, estamos matando lentamente nuestro hogar.
El derecho a una vida limpia, que significa el derecho de la Madre Tierra a vivir sin contaminación.
El derecho a la armonía y al equilibrio con todos y entre todos y todo. Es el derecho a ser reconocida como parte de un sistema del cual todo y todos somos interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos.
Personas interesadas en divulgar esto en sus comunidades o apoyar la reproducción de este folleto, pueden comunicarse por los teléfonos 8835-9895 / 8705-6173, página en Facebook Movimiento Patriótico Juanito Mora ó www.facebook.com/proyectolalegión
Cerro Espíritu Santo, Naranjo-Alajuela y Parque Los Héroes, Paso Ancho-San José; Costa Rica.
“Buscamos gente dispuesta a disfrutar, a bajar de su cabeza e instalarse en su corazón.”
Luis Espinoza, Chamalú.
Información enviada a SURCOS Digital por Edison Valverde Araya.
