Autor: María José Ferlini Cartín

Segunda parte.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad  Nacional de Costa Rica (UNA).

“Cada vez que algún prominente integrante de esta sociedad de EL CRIMEN ORGANIZADO PARA DETENTAR EL PODER en que se convirtió el PLUSC, quiere impresionar a la gente y justificar alguna travesura, proclama a pleno pulmón que estamos en un Estado de Derecho. ¡Cómo no! Veamos como cumple el PLUSC con el Estado de Derecho en cuanto a los seguros sociales.

El artículo 177 de la Constitución establece la universalidad de los seguros sociales; el artículo 73 establece tales seguros para beneficio de todos los trabajadores y, al mismo tiempo, dispone que los fondos de tales seguros son intransferibles y  no podrán ser usados para otros fines y el artículo 74 proclama que los mismos tienen la finalidad de “procurar una política permanente de solidaridad nacional”” Luis Alberto Jaén EL GRAN ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL(San José Costa Rica 2011) p.33.

IV

Nadie fue tan tenaz en denunciar la grave situación y el saqueo de que estaba siendo objeto la seguridad social en Costa Rica como don Luis Alberto Jaén Martínez, durante los últimos años de su fructífera existencia entre nosotros. A lo largo de ese período que concluyó hace dos años, dado que don Luis falleció en los primeros días del mes de noviembre de 2011, presentó informes y documentos ante innumerables funcionarios de todos los poderes públicos sin obtener respuesta alguna y casi siempre, sin que la prensa se hiciera eco de sus denuncias, encargándose la Contraloría General de la República y otras instancias de guardar un conveniente silencio, en perjuicio de salud y la vida de la mayoría de los ciudadanos costarricenses. Se llegó al colmo de no contestarle la petición de una audiencia de cinco minutos, en tres oportunidades, solicitada a la entonces diputada Elizabeth Fonseca, del Partido Acción Ciudadana (PAC), para informarle de lo que ocurría en la caja y presentarle las pruebas. Ante tales hechos don Luis acudió a la Sala IV, que declaró sin lugar el recurso que presentó, en aquella oportunidad, contra la actitud asumida por la susodicha diputada, quien al parecer no tendría entre sus deberes atender a las inquietudes de un ciudadano tan valioso y tan auténtico como fue don Luis Alberto Jaén, ni tampoco con las de los restantes electores representados al parecer por la legisladora. El comportamiento de los 57 diputados del período 2006-2010 y de sus sucesores en adelante, no resultó ser menos indiferente, es referido por don Luis, en un irónico reconocimiento “Por haber hecho caso omiso de la denuncia que yo les presentara desde el primer día de su inútil mandato, sobre los gravísimos hechos que ocurren en la caja” (ibid. p. 5). En cuanto a la actitud asumida entonces  por Eduardo Doryan Garrón, quien abandonó la presidencia ejecutiva de la caja, al inicio de la administración Chinchilla Miranda, por escándalos en el Instituto Costarricense de Electricidad, del que había sido presidente en la segunda administración Arias Sánchez, don Luis le otorga un reconocimiento:“ Por haber mantenido el depredador reglamento de pensiones de la Caja del tiempo de Abel(Pacheco)  y, en general, a esa Institución como la misma maquinaria de robo, de tortura y de muerte en que la han convertido”(ibid. p. 4).

Es por eso que reiteramos lo dicho en la primera parte de nuestro texto, aquí lo que hay es una grave crisis de legitimidad de la clase gobernante y del régimen de la dictadura en democracia (Óscar Arias dixit), el que con sus múltiples tentáculos hace burla y escarnio de los más elementales derechos de los ciudadanos. Ahora que estamos en tiempos electorales y el escenario circense vuelve a levantarse debemos recordar estos y otros hechos, para de esta manera reflexionar sin dejarnos deslumbrar por las luces y el colorido del espectáculo que nos ofrecen, pero sobre todo para dejar de seguir eligiendo en las urnas a nuestros verdugos de siempre.

V

La gran pregunta que nos hacemos es la que algunos llaman, no sin una gran dosis de ironía, la pregunta del millón es si la Constitución de Política de la República de Costa Rica todavía está vigente, especialmente en lo que se refiere al espíritu que los diputados socialdemócratas de la Asamblea Constituyente de 1949 (de ellos solo vive don Luis Alberto Monge Álvarez) le introdujeron a través de algunos de los artículos citados por don Luis Alberto Jaén, como son el 177, el 73 y nos permitimos agregar el 50 y el 74 que acuden a nuestra memoria o, en caso contrario, ¿no será acaso que nos equivocamos de país y esta no es la Suiza Centroamericana de que tanto hablan algunos demagogos y cortesanos de oficio?. Es por ello que aquí no estamos solamente ante un problema relativo a la seguridad social sino ante la ilegitimidad absoluta del régimen imperante, puesta en evidencia a través de la violación absoluta y descarada de la constitución y las leyes, en este y otros casos. Si queremos salvar lo poco que nos queda de democracia la ciudadanía deberá pedir cuentas a estos gobernantes ilegítimos y comportarse como tal, pues sin ciudadanía no puede haber democracia alguna y continuaremos en manos de quienes nos (des)gobiernan desde lo que llaman la dictadura en democracia o como decía don Luis Alberto Jaén, desde los círculos del CRIMEN ORGANIZADO PARA DETENTAR EL PODER.

En el texto de Luis Alberto Jaén nos encontramos con que:.., el artículo 177 de la Constitución proclama la universalidad de los seguros sociales y la obligación estatal de establecer rentas suficientes para hacerla realidad. Cuando se proclamó esta disposición constitucional en los años 1959 y 1961, Administración de Mario Echandi, las rentas a que en ella se hace referencia ya estaban creada por el artículo 24 de la Ley Constitutiva de la Caja desde su promulgación en 1941. Si resultaban insuficientes, el Estado debía crear otras. Pero nunca se entró en estas consideraciones. Por el momento, lo que nos interesa resaltar es que esas rentas a favor de la universalidad de los seguros sociales no son otra cosa que impuestos que paga toda la población y en el caso concreto del Estado, el artículo 24 de la Ley Constitutiva de la Caja dispone que para pagar las cuotas del Estado como tal y como patrono se establecen ciertos impuestos que ahí mismo se enumeran. Llegamos aquí a lo que interesa destacar: la supuesta contribución tripartita para el financiamiento de los seguros sociales sin posibilidades de eludir tal contribución; los patronos supuestamente contribuyen con ciertos porcentajes, pero esa contribución se la cargan ellos a los costos de producción de los bienes y servicios que producen sus empresas, de modo que quien realmente resulta pagando es la sociedad en general, de la que los trabajadores son la inmensa mayoría (ibid p.p 31-32). Es decir que, a partir de lo indicado por el autor, se evidencian los mecanismos del  aquel engranaje que fueron montando los distintos gobiernos del PLUSC para efectuar, a lo largo de las últimas décadas, el saqueo masivo de los recursos de la seguridad social y del erario público en general.

VI

Fue don Rodrigo Carazo Odio(1926-2009), quien durante el año de 1981 dispuso, en su condición de presidente de la república, aumentar de 0.25(colones) % a  3,25( colones) % la contribución del estado al sostenimiento de la seguridad social en Costa Rica, afirma Luis Alberto Jaén(ibid. p. 69), en otro apartado de su polémico, vibrante y directo libro con sus páginas de denuncia, llamando a las cosas por su nombre y evitando el medroso (y a veces elegante) lenguaje de los cortesanos al servicio del régimen. Esta contribución de 3.25% se mantuvo en el período de la administración de Luis Alberto Monge hasta que, ya en la primera administración de Óscar Arias Sánchez se dispuso regresarla a 0.25%, a partir de 1988, todo ello dentro del mejor estilo del PLUSC que ya había empezado a consolidarse, volviendo a la situación que se había planteado a partir de 1971 y sin que se entregaran a la institución las sumas requeridas para la universalización de los seguros sociales, las que habían sido prometidas a mediados de los años setenta, a raíz del traspaso de los hospitales de la Junta de Protección Social a la Caja. Como si esto fuera poco, esa administración dejó de pagar a la caja más de ocho mil millones de colones y dispuso una inversión en  bonos por un monto de 36184 millones de colones, algo que don Luis Alberto califica como retención indebida de fondos, incumplimiento de deberes e incumplimiento de pagos, a lo largo de los cuatro años del gobierno de aquel a quien el autor califica como el PALOMO DE LA PAZ, AVE RAPAZ (ibid p. 47).  Para Luis Alberto Jaén estos hechos fueron muy graves, sobre todo “además de no pagar las cuotas correspondientes del seguro social, Óscar Arias le sacó al fondo de Salud, ese que está destinado a comprar medicinas y pagar médicos, hasta más de diez mil millones de colones en un solo año, para financiamiento barato de su gobierno, todo lo cual suma más de dieciocho mil millones de colones en manejo irregular, abusivo, delictivo y criminal del fondo de Salud del Seguro Social, Y mientras la administración Arias actuaba de esta manera en el manejo de los fondos, la población asegurada padecía que no le dieran ciertos medicamentos porque eran muy caros, las citas con los especialistas eran a meses y años plazo, los hospitales y clínicas carecían de equipos médicos adecuados y en fin, todos los padecimientos crónicos en los servicios médicos de la Caja…(ibid p.48) Todo esto, sostiene el autor, trajo un notable incremento de las muertes por enfermedades del corazón y los tumores malignos, lo que lo lleva a reflexionar en estos términos:” Si bien es cierto que todos vamos a morir algún día, también lo es que no es justo que algunos o muchos mueran prematuramente por falta de medicamento, de médicos o de medicamentos adecuados, porque los fondos destinados a adquirirlos fueron malversados por un gobierno abusivo y despótico. Con semejantes credenciales, Óscar Arias se lanzó a un nuevo período presidencial al margen de la Constitución y en cuanto a la Caja del Seguro Social se refiere, su política no podía ser otra que la observada en su primer período, con el agravante que se metió en el “negocio” de la salud y en consecuencia las condiciones empeoraron en la Caja, para favorecer la medicina”privada”, EN LA CUAL ÉL HA PASADO A SER EL GRAN SOCIO” (ibid.p.49). Ampliando esta línea de razonamiento del autor, puede afirmarse que la estrategia de largo plazo (por lo menos de un cuarto de siglo) de los personeros del régimen imperante no sólo se fundamentó en reducir, de nuevo, los aportes estatales a la caja y en no pagar las obligaciones estatales a la institución, por montos de muchos miles de millones de colones, sino que se crearon las condiciones para favorecer la medicina privada, de tal manera que comenzaron a florecer los edificios y el equipamiento de algunas clínicas ya existentes en la capital de la república, sólo que empezaron a hacerse muy notorias dentro del paisaje urbano, además de engordar considerablemente los bolsillos de sus propietarios. Entre ellos los del padre e ideólogo más importante de la dictadura en democracia, cuya segunda administración está a punto de concluir, al mismo tiempo que nos ofrecen el inicio de una tercera dentro de pocos meses.

Información enviada a SURCOS por el autor.