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Autor: María José Ferlini Cartín

Sobre el asalto del PLUSC a la seguridad social en Costa Rica (I)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

S

Primera Parte.

Rogelio Cedeño Castro

Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

 

I

Fue mi recordado amigo y compañero de mil batallas, don Luis Alberto Jaén Martínez (1925-2011), quien tuvo la virtud de poner en el primer plano de nuestro horizonte sociopolítico la profunda y radical ilegitimidad de los gobernantes de nuestro país, evidenciada a través del cínico, criminal e irresponsable manejo de los fondos de la seguridad social destinados a la medicina curativa y a las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores costarricenses, de una manera tal que, en  cada caso, el régimen imperante actuó durante varias décadas, al margen de la constitución política(artículo 177) y de las disposiciones de la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS). Dicho de otra manera, es a partir del análisis de ese manejo fraudulento y delictivo de la seguridad social de Costa Rica, llevado a cabo por don Luis, como puede establecerse, de manera precisa y bien fundada, la ilegitimidad del régimen imperante en este país, al negarse sus jerarcas o agentes más visibles a garantizar siquiera la protección a la vida y a la salud de la mayor parte de la ciudadanía. No se trata de simples problemas técnicos, de fácil o difícil solución, sino de las actuaciones delictivas de una clase gobernante que se olvidó hace mucho rato de servir a la población, para pasar a servirse con cuchara grande, con los recursos aportados por los costarricenses. Tampoco se trata de problemitas de gobernabilidad, como acostumbra a hablarse en el lenguaje propio de una ciencia política light y de unos políticos, por lo general incultos y mediocres, aquí de lo que se trata es de problemas de legitimación que no pueden seguir siendo tomados a la ligera. La gran paradoja de hoy, en medio de esta campaña electoral, previa a las elecciones para escoger al nuevo Presidente de la República y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, es que mientras hasta hace poco solo la voz (solitaria) de Luis Alberto Jaén y de otros ciudadanos pugnaba por abrirse paso, para plantear los graves hechos que estaban ocurriendo con la Caja del Seguro Social, hoy casi todos los candidatos a la presidencia hablan de buscarle una solución al tema del seguro social en Costa Rica, sin darse cuenta que no es un problema sólo de la seguridad social sino de la imposibilidad del régimen, dada su naturaleza rapaz y  depredadora, de darle una solución justa y adecuada al conjunto de problemas que afectan a nuestra sociedad en este cambio de siglo.

 

II

Dentro de lo que fue una estrategia de largo plazo, difícilmente percibida por la  gran mayoría de la población, la que dio inicio en la segunda mitad de la década de los 1980, durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez, fue que se produjo el saqueo sistemático de los fondos de la seguridad social y la toma de un conjunto de medidas, entre ellas los fraudes en la compra de equipos médicos, como sucedió en los casos de los préstamos español y finlandés, la negativa en otros casos a comprar equipos médicos y la contratación de servicios privados que conducirían, tarde o temprano, a la privatización de los servicios de salud en este pequeño país centroamericano, con graves consecuencias para la gran mayoría de sus habitantes. Las denuncias constantes de don Luis Alberto Jaén, a lo largo de muchos años, fueron respondidas con el más ominoso de los silencios que se pueda imaginar, en especial por parte de los integrantes de los distintos poderes del estado, los medios de comunicación y muchas instancias de la sociedad civil.

En su libro EL GRAN ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL (San José Costa Rica 2011), un texto testimonial y esclarecedor elaborado a partir de sus experiencias de lucha, a lo largo de más de una década, que vino elaborando como el fruto maduro de su persistente, insobornable e incansable voluntad de combatir hasta la muerte a quienes procuran dejar en el mayor de los desamparos, a la mayor parte de nuestros compatriotas, don Luis Alberto Jaén, utiliza un lenguaje directo, fuerte y bastante alejado del que  acostumbran a emplear los cortesanos del régimen imperante, bautizado hace unos pocos años por el propio Óscar Arias Sánchez como una dictadura en democracia. De esta manera don Luis nos indica que: ”Este libro es el producto de un cuidadoso estudio y la comprobación de la existencia de UNA DOBLE REALIDAD DANTESCA, en relación con el funcionamiento y la aplicación de los seguros sociales en nuestro país, primero por la autoría y complicidad de todos los poderes del Estado en su ejecución y tolerancia, incluyendo en ellos al Tribunal Supremo de Elecciones, La prensa en todas sus formas y la Academia y segundo, por la indiferencia, el conformismo y cierta forma de complicidad de las organizaciones de la sociedad”(Jaén,2011,contraportada del libro).

 

III

Entre las conclusiones más importantes que pueden extraerse del texto de este libro, están dos que constituyen todo un apartado que debería conducir hacia la reflexión y el estudio sistemático de estos temas de vital importancia para todos los habitantes del país: En primer lugar, la forma en que fue creado el Seguro Social en Costa Rica, a partir del 31 de octubre de 1941, durante la administración del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, poniendo a Costa Rica a la vanguardia en esa materia social tan importante diez años antes que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomara decisiones similares en esa materia, a partir de 1952, dentro del Convenio 102, Relativo a la norma mínima de Seguridad Social. Es decir, que las administraciones de  los  presidentes Calderón y Picado tuvieron en mente la necesidad de  otorgarle recursos suficientes a esa naciente institucionalidad, habiéndolo hecho  en términos tales que  la dotaban de rentas y tributos que le dieran sustento a los regímenes de enfermedad y de invalidez, vejez y muerte (referido a las pensiones y jubilaciones), una previsión que por desgracia no fue respetada por muchos de los gobiernos posteriores, dando inicio a la malversación y el saqueo de esos recursos. Sólo por esas sabias y solidarias decisiones políticas ambos gobernantes merecen y continuarán mereciendo un lugar de respeto en la memoria de los costarricenses. Una vez creada la Caja, se dispuso al mismo tiempo el establecimiento de una cotización básica tripartita, destinada al financiamiento inicial de ambos regímenes, así en el reglamento aparecido en el diario La Gaceta del 7 de enero de 1942 se estableció que los patronos aportaban el 5.5%, el asegurado el 3.5% y el estado el 3.0%, lo que fue mejorado en 1947, durante la administración de Teodoro Picado al definir que tanto los patronos como los trabajadores  y el estado aportarían cada uno el 2.5%, dentro de la misma forma de cotización tripartita.

En segundo lugar, Luis Alberto Jaén hace notar que la destrucción de la institucionalidad de seguridad social en Costa Rica no empezó en la era neoliberal sino que se remonta al año de 1971,  todavía en los tiempos del estado benefactor y las políticas keynesianas, poco antes de que la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS) tuviera que abocarse a la universalización de los seguros sociales establecida en su Ley Constitutiva y que se produjo, a partir de 1975, cuando la institución debió asumir la totalidad de los hospitales, entre ellos algunos de los más importantes que hasta entonces eran administrados por la Junta de Protección Social de San José, entre ellos el Hospital San Juan de Dios. Fue así como durante la tercera administración de José Figueres Ferrer (1970-1974) la Junta Directiva de la Caja acordó rebajar los aportes del estado a una suma si se quiere insignificante, sobre todo teniendo en cuenta las crecientes responsabilidades que la Caja del Seguro Social habría de asumir durante esa década. En el capítulo 3 de este volumen que don Luis Alberto titula DE LA VANGUARDIA SOCIAL A LA VANGUARDIA CRIMINAL, el autor afirma lo siguiente: “Es casi seguro que el PLUSC (la fusión encubierta entre el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana) se vino incubando desde mucho tiempo atrás, pero podría ser que el momento en que se rompió la cáscara y emergió como ave de rapiña feroz, fuera en el año 1971, última administración de José Figures Ferrer, y con motivo del nuevo reglamento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, promulgado por la Junta Directiva de la Institución, de la que notoriamente formaban parte el yerno de Figueres, Danilo Jiménez y el hijo del caudillo Calderón Guardia, el joven Rafael Ángel Calderón Fournier…En este nuevo reglamento, la cuota del Estado como tal, que venía siendo de 2.5% desde hacía 24 años, fue rebajada a solamente 0.25 por ciento sobre todos los salarios (ibid. p.p.18-19). Apenas un año después de la muerte de su padre, ocurrida en junio de 1970, Calderón Fournier junto con Danilo Jiménez Veiga,  calderonista  de los años cuarenta y  funcionario de la OIT, durante más de dos décadas, le daban ese golpe a la seguridad social del país, contrariando lo establecido por la constitución y la leyes de la república, de tal manera que la cuota estatal quedó reducida a un décimo de lo que había venido pagando (ibid. p19). Razón tenía don Luis Alberto Jaén al afirmar que el PLUSC estaba naciendo allí, dentro de lo que una estrecha alianza, de larga duración, entre los partidos Liberación Nacional y la Unificación Nacional, que a partir de 1982 pasó a ser la Unidad Social Cristiana, para ir socavando juntos las bases del Estado de Bienestar Social, aun antes del inicio de la era de los reaganomics estadounidenses y las despiadadas políticas neoliberales-neoconservadoras de la Dama de Hierro, allá en el Reino Unido.

 

Información enviada a SURCOS por “el autor.

Acerca de las manifestaciones callejeras del 11 de noviembre: La protesta social sube porque cae el apoyo a la democracia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Acerca de las manifestaciones callejeras del 11 de noviembre- La protesta social sube porque cae el apoyo a la democracia

El sistema político se ha olvidado de la gente.

Más que una protesta convocada por los sindicatos, las personas trabajadoras que saldrán a la calle este lunes 11 de noviembre de 2013, expresarán, vehiculizarán, serán portadoras del creciente sentimiento de frustración popular con una institucionalidad política que, cada vez más, genera exclusión social.

Las protestas de este lunes 11 de noviembre, guardan relación directa con los más relevantes resultados de la encuesta regional más calificada del momento, el Latinobarómetro; cuya última versión expresa, con dureza, la naturaleza profunda del descontento de la ciudadanía costarricense con su clase gobernante tradicional.

·        Solamente el 35 % de la gente está satisfecha con la democracia. Tan sólo dos años antes, este porcentaje estaba en el  44 %.

·        El 85 % de la población considera que en nuestro país la distribución de la riqueza es injusta.

·        El 83 % estima que en Costa Rica no se gobierna para bien de todo el pueblo.

·        Solamente un 15 % estima que el país progresa.

·        Un 74 % no tiene confianza ni en la Presidenta ni en su gobierno.

 

A juicio de los especialistas en este tipo de estudios sobre lo que se piensa en la América Latina sobre el sistema democrático en nuestros países, en el caso de Costa Rica hay cuatro conclusiones básicas.

A) Ha caído sensiblemente la satisfacción de la gente con la democracia.

B) Está en desarrollo un proceso de descapitalización política ante el descrédito que muestran las principales instituciones del sistema.

C) Poca confianza y credibilidad en el Gobierno.

D) Pesimismo sobre el futuro del país.

 

No hay duda: Sin importar la magnitud que tenga, la protesta ciudadana de este lunes 11 de noviembre de 2013, está plenamente legitimada: ante la sordera persistente del sistema político dominante y ante el deterioro de la confianza en su carácter representativo, no le queda más camino a “los y las de abajo” que hacerse escuchar fuertemente con lo mejor que tiene a su alcance: la Democracia de la Calle.

 

Información enviada a SURCOS por ANEP.

 

Ahorro

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Eliseo Valverde Monge

 

Cuando yo tenía cinco años, papá me dijo: “te voy a regalar un colón” y puso una cajita en mi mano llena de moneditas de cinco céntimos. ¡Qué felicidad! Luego preguntó: y ahora, qué harás con tanto dinero, yo contesté que compraría melcochas de menta. Entonces, me aconsejó comprar una por día y que guardara lo que iba sobrando, así tendría para muchas melcochas más. Al finalizar la escuela primaria a los doce años, conseguí trabajo y ganaba 25 colones por semana. El primer pago lo lleve a papá quien preguntó: “¿qué vas a hacer con tanto?”, contesté que compraría una bicicleta. Sí, dijo, me parece bien, pero te aconsejo una libreta de ahorros con el banco donde guardarás una parte de los pagos semanales hasta completar el valor de ella. Así lo hice. Al finalizar diciembre, me regalé la bicicleta. Aprendí que ahorrar es importante. Ahora mi consejo es que si uno gana cinco colones, debe gastar cuatro y ahorrar uno, no gastar seis, pues es esta y no otra, la única forma de vivir con los propios medios sin solicitar dinero prestado, como viven muchas personas y, hasta el Gobierno que no se queda atrás. Para endeudarse, lo único que vale la pena es para comprar casa propia, claro, siempre respetando el alcance de sus ingresos. Si las personas aceptaran los buenos consejos, seguiríamos toda la vida siendo felices y hasta el Gobierno podría dejar de hacer tortas. Endeudarse mientras la fiesta sigue al paso de cumbia, la verdad, es una tontería que está pasando la factura. Hay quienes quieren vivir al día irresponsablemente, sin siquiera tener un nicho adonde enterrarse, pero sí, todos con carro y detrás de las “bandas roqueras” que vienen al país a hacer escándalos y a llevarse los ahorros.

La juventud, incluyendo algunos viejos, se pasa días y horas a la intemperie esperando ver a estos conjuntos de latas y trompetas. Luego, drogados, embrutecen hasta caer enfermos en los hospitales. Los padres también son responsables por ser permisivos y no ser más estrictos con los hijos a quienes también les permiten los bacanales de guaro y drogas en las fiestas del colegio. El país está colapsando entre los malos gobiernos, el desorden y la desorganización social. Con la irresponsabilidad fiscal y nosotros con el enorme despilfarro, terminaremos todos pagando los platos rotos. Todo lo que está sucediendo en el país es preocupante. La brecha social se cerrará cada vez más y no habrá dinero en el futuro ni para construir infraestructura que tanto necesitamos, con carreteras destrozadas, puentes en mal estado, escuelas y colegios deteriorados, cárceles hacinadas, etc. ¿A cuánto ascenderán las deudas netas del Gobierno y del sector público en este país?, estoy seguro que por ahora, no se sabe ni cuánto significa en el PIB. Se nos está acabando el dinero, no sabemos cómo lo perdemos, porque lo estamos tirando sin saber en qué se gasta. El país organizado, pujante que heredamos, ha comenzado a desvanecerse. Sin buenos consejos y con malos ejemplos, en medio de tanta apatía, nos iremos en el despeñadero junto con los irresponsables que aún siguen aplaudiendo y alabando a los Gobiernos desastrosos de los últimos años. Les pregunto: ¿dónde están los beneficios y la justificación de la deuda de los últimos años? Probablemente vamos a tener que ir a buscarlos. Por ahora, el dinero al mejor estilo de “fuman-chú”, se ha ido sin saber por dónde…

 

Enviado a SURCOS por el autor. 

Reflexiones sobre las movilizaciones y resistencias en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

Alejandro Alvarado Alcázar y Gloriana Martínez Sánchez

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica

 

A manera de introducción

Tal como se ha manifestado en los últimos meses, el panorama de la protesta social en Costa Rica muestra una tendencia hacia la reducción en el número de acciones colectivas como resultado de la cercanía del cierre del actual gobierno y el inicio oficial de la campaña presidencial 2014.

En total, durante el mes de septiembre, se presentaron 91 acciones colectivas en las cuales la declaración pública y las protestas callejeras como las huelgas, los paros, las marchas y los bloqueos, fueron las principales formas de protesta social. Igualmente, como ha sucedido en el transcurso del presente año, persisten las y los trabajadores y los distintos grupos organizados locales y regionales como los principales actores colectivos, lo cual también se evidencia en los principales tipos de demanda (Ver Anexo).

En lo que sigue, nos centraremos en reflexionar en torno a tres ejes de conflictualidad de relativa intensidad durante este mes. En primer lugar, la lucha de las y los trabajadores por el pago del ajuste salarial del segundo semestre; segundo, los conflictos relacionados con las malas condiciones en la infraestructura y los servicios públicos en manos del Estado costarricense; y, finalmente, las movilizaciones regionales vinculadas con la defensa de los territorios costeros y fronterizos, por un lado, y la producción nacional de frijoles y maíz, por el otro lado. Cabe mencionar, que ninguno de los ejes desarrollados en este presente informe es “nuevo”, por el contrario, hace a una constante conflictualidad sostenida por distintos actores colectivas frente a la administración Chinchilla.

Conflictos laborales

Durante este mes, la conflictualidad relacionada con la clase trabajadora en el país se centró en el sector municipal, en el cual las y los trabajadores municipales reclamaron el pago del ajuste salarial del segundo semestre. Se registraron distintas medidas de presión, entre ellas el paro de labores y las marchas como parte de las acciones colectivas desarrolladas.

En la Municipalidad de San José, la totalidad de las y los trabajadores, según los reportes de los medios, se declararon en paro ante el impago del ajuste salarial. En este caso, dos días después de iniciada la protesta el concejo municipal votó la aprobación del pago. Cabe señalar, que durante este mes la ANEP se manifestó en contra de la decisión de la Sala Constitucional de eliminar el pago de cesantía sin tope de años laborados para las y los trabajadores de esta municipalidad. En reacción a esto, la organización sindical presentó una denuncian ante la Corte IDH y la Organización Internacional del Trabajo.

Por su parte, en la Municipalidad de Coronado, las y los trabajadores declararon otro paro de labores durante dos días, el 16 y 17 de septiembre, para exigir que el concejo municipal reconociera el pago del ajuste salarial. Las autoridades municipales reaccionaron argumentando problemas financieros para responder con el pago, sin embargo, el día 17, el concejo municipal aprobó el pago. Fuera de la Gran Área Metropolitana, en la Municipalidad de Golfito se registró una huelga de una semana, según los medios consultados, por la misma demanda. La protesta de las y los trabajadores generó la renuncia de la alcaldesa Ana Catón a quien le reclamaron el incumplimiento de compromisos relacionados con el pago de anualidades y el ajuste salarial.

En otros municipios, como los de Aserrí y Alajuela, también se presentaron protestas en reacción a despidos y por la mejora de las condiciones laborales. En Aserrí, el día 23, las y los trabajadores se levantaron en huelga ante el despido de un funcionario de la Junta Vial Cantonal, acción, según denunciaron, injustificada. Mientras tanto, en la Municipalidad de Alajuela, se registró un paro de labores por las malas condiciones en la infraestructura del plantel municipal. El mismo día de la protesta, el director municipal se comprometió con el giro de ¢100 millones de colones para mejorar la infraestructura del plantel municipal.

Otras acciones colectivas se desarrollaron en el sector público, específicamente en el sector salud. El día 10, empleados y empleadas del área de cocina del hospital México implementaron un paro de labores ante el mal estado del área y la falta de plazas para cubrir la demanda del hospital. En este caso, las autoridades institucionales se reunieron con las y los empleados para firmar una serie de acuerdos que pusieran fin a la protesta. La UNDECA, organización sindical que participó en esta protesta, también presentó días después una denuncia pública por las anomalías en el proceso de nombramiento de las plazas en propiedad. Concretamente, denunció que la Caja Costarricense de Seguro Social no asigna las plazas vacantes a las y los empleados en condiciones de interinazgo, si no que las somete a un proceso para que “cualquier otro las ocupe”.

En relación con la conflictualidad sostenida por las y los trabajadores durante este mes, se debe mencionar que prácticamente en la totalidad de los casos las medidas de presión ejercidas fueron acciones de hecho, particularmente el paro. Asimismo, en las acciones colectivas, en el sector municipal y en el sector salud, las protestas terminaron en la consecución de la demanda.

Conflictos sobre infraestructura y servicios públicos

En cuanto a las acciones colectivas vinculadas con los conflictos sobre infraestructura y servicios públicos, el panorama durante este mes sitúa distintos nudos de conflictualidad. En primer lugar, persisten las protestas locales y regionales por el mal estado de las calles y la falta de acción municipal. Segundo, incrementan las protestas contra la adjudicación de los EBAIS de Montes de Oca, Curridabat y La Unión, a la Universidad de Iberoamérica. También se debe mencionar que en ambos casos, otras instancias como colegios profesionales y cámaras patronales criticaron la acción estatal.

En el primer eje de conflictualidad, las protestas se concentraron en el cantón de Aserrí y en comunidades cercanas. Se registraron distintos bloqueos en demanda por el mejoramiento de las vías cantonales, los cuales consiguieron el compromiso por parte de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para iniciar con la reparación de las mismas. En el mismo cantón, se presentó una importante movilización de vecinas y vecinos, integrados en el Foro Comunitario por el Agua de Aserrí, por el mal manejo en el suministro de agua. También en este caso, la lucha organizada de la comunidad generó que el concejo municipal votara la aprobación de una serie de medidas para proteger el recurso hídrico.

En el segundo eje de conflictualidad, organizaciones comunales, sindicales, profesionales, y otras, denunciaron la política de privatización de los EBAIS por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, luego de que esta decidiera adjudicar los EBAIS de tres cantones ubicados en el este de la GAM a una institución de educación superior privada como la Universidad de Iberoamérica. El día 19, se organizó una marcha en la que participaron empleados y empleadas de los EBAIS, vecinos y vecinas de las comunidades, y otras organizaciones para oponerse a la política de privatización. Pese a esto, la presidenta ejecutiva de la institución, Ileana Balmaceda, negó que se trate de privatización, sosteniendo que es el “mismo seguro social” el que implementa un modelo de gestión desde hace “muchos años con las empresas”.

Conflictos sobre tierra y producción agrícola

-La protesta de las comunidades fronterizas y costeras por sus territorios

La seguridad sobre la tierra para la vivienda rural y la producción agrícola, es un tema  recurrente en las agendas de la protesta social del presente año. Como bien se sabe, la tenencia y el derecho sobre la tierra en manos de las poblaciones rurales significa el afianzamiento de los territorios y culturas pesqueras, campesinas, afrodescendientes, indígenas, entre otras. Poblaciones que se enfrentan diariamente a las imposiciones y contradicciones de las lógicas de acumulación de capital en sus territorios, las cuales se traducen en la presencia de monocultivos, latifundios, industrias y proyectos extractivistas. De esta manera, en el mes de septiembre se presentan protestas encabezadas por habitantes de comunidades fronterizas y costeras, en miras de exigir al Estado el reconocimiento de la tenencia y seguridad jurídica de sus tierras.

Así, por un lado, se encuentra el Comité pro-titulación de las tierras -el cual agrupa diferentes comunidades ubicadas en la milla fronteriza norte-, con el planteamiento de exigir la escritura de las tierras en las que habitan. Esto, ante la propuesta del vicepresidente de la República, Alfio Piva, de dar en concesión las tierras a las y los vecinos de la zona. Cabe destacar, que el gobierno argumenta que por razones de “seguridad nacional” no se pueden titular las tierras, sino concesionarlas. No obstante, las y los pobladores, en su mayoría campesinos y trabajadores agrícolas, argumentan que la concesión no les reconoce los derechos legítimos e históricos sobre sus tierras.

Es importante resaltar que a raíz del reavivamiento del conflicto fronterizo entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, el Estado costarricense ha fortalecido sus argumentos sobre  la “seguridad nacional”, así como en el control y presencia policial e institucional en la zona. No obstante las, y los vecinos de la localidad cuestionan la situación; un vecino e integrante del comité indica que: “quienes hoy trabajamos esos terrenos somos los que mejor podemos cuidarlos, velar por el respeto a la soberanía nacional. Además, el gobierno se contradice al haber cerrado varios puestos de control policial” (Alvarado y Martínez, 2013:10).

Asimismo, habitantes de la zona fronteriza de Paso Canoas, zona sur del país, realizaron un proceso de recolección de firmas, marchas en la capital, así como reuniones con autoridades del gobierno con el fin de solicitar una decisión, por parte del poder ejecutivo, sobre el proyecto de Ley N° 16. 657, el cual permite titular las tierras en la milla fronteriza con Panamá, desde Sixaola, provincia de Limón, hasta Punta Burica, provincia de Puntarenas. Pablo Valle, uno de los dirigentes del movimiento indicó que «el único objetivo es llegar a Casa Presidencial para decirle al gobierno que a este proyecto no se le debe dar más largas y que no nos sigan engañando, porque terminaremos enfrentados en las calles de Paso Canoas» (Alvarado y Martínez, 2013:13).

Cabe destacar que en este caso, el argumento  de  “seguridad nacional” utilizado por el gobierno está presente, al igual que en las comunidades de la milla fronteriza norte. Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, señala: «estamos haciendo el mejor esfuerzo para crear condiciones equilibradas de equidad social, seguridad nacional y conveniencia para todos los costarricenses» (Alvarado y Martínez, 2013:19).

Por otro lado, vecinas y vecinos de Manzanillo de Limón y el Foro del Caribe Sur  protestaron frente al Juzgado Penal de Talamanca, en la provincia de Limón para rechazar los procesos judiciales iniciados contra 20 vecinas y vecinos que tienen sus casas dentro de la zona marítimo terrestre (ZMT) en el refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Por esta razón, se llevó a cabo el martes 17 de septiembre la primera audiencia preliminar contra Selvin Brown Forbes, vecino de Manzanillo,  por el supuesto delito de usurpación de la ZMT por poseer dos casas en la zona. Ante esta situación, Brown señaló que «me siento mal porque hemos vivido siempre en esta zona y ahora el gobierno nos quiere sacar» (Alvarado y Martínez, 2013: 14). Asimismo, María Suárez, vocera del Foro de Caribe Sur, indicó “estamos preparando un contencioso, que podría plantear una reconsideración de los casos que están en procesos judiciales”.

La exigencia por el reconocimiento jurídico de las tierras de las y los habitantes de las comunidades fronterizas y costeras, las cuales han sido zonas -en general-  olvidadas y aisladas de las políticas sociales del gobierno, ponen en tensión el papel de las autoridades estatales. De esta manera, se visualiza una especial atención por parte de los altos mandos del poder ejecutivo de conciliar los intereses con las comunidades fronterizas, y por otro lado, en el caso de las comunidades costeras, el caso del juicio a los 20 habitantes de Manzanillo, Limón, muestra un lado más represivo y de criminalización de las y los habitantes de las zonas costeras, por medio de las herramientas legales.

-Los productores de maíz y frijol en defensa de su producción

En el mes de septiembre se visualiza la explosión de un conflicto entre las dinámicas de importación de granos básicos (arroz, frijoles y maíz) profundizadas a través de la implementación del CAFTA-EEUU.  Por esta razón, productores de frijol y maíz del cantón de Pérez Zeledón, zona sur, realizan una serie de protestas en el centro del cantón, como medida de presión para que el gobierno declare un aumento en el precio de ambos granos. Los montos solicitados por los productores fueron de ¢35 mil colones por quintal de frijol y ¢15 mil colones por quintal de maíz.

No obstante,  ante la inacción y falta de respuesta del gobierno las y los productores de la zona se mantuvieron en las calles del centro de Pérez Zeledón, bloqueando la Interamericana Sur, dando como resultado la acción de unidades policiales antimotines, los cuales utilizaron gases lacrimógenos y detuvieron a 43 agricultores, los cuales fueron liberados al día siguiente tras la acción legal de las y los productores de la zona.

Posteriormente a la liberación de los agricultores presos, se inicia la negociación entre estos y las autoridades de gobierno, en donde se acuerda: “la desestimación de las causas penales contra los agricultores detenidos por la protesta, un fondo por ¢250 millones de colones para la compra de insumos y tecnología, la fijación de un piso para el precio del maíz de ¢11.000, el impulso a la reforma de la Ley 8.763, y el arreglo de una calle que facilite la salida de los productos de las comunidades productoras” (Alvarado y Martínez, 2012:5).

A manera de cierre

Pese a que en el mes de septiembre se mantiene la tendencia hacia la reducción en el número de acciones colectivas, los principales nudos de conflictualidad presentes durante el gobierno de Laura Chinchilla, se mantienen. En este mes, el la protesta callejera -huelga, paro, marcha, bloqueo, etc.- fue la principal medida de presión para visibilizar las demandas de los actores colectivos. Asimismo, se denota un incremento en la consecución de las demandas planteadas en las calles y una respuesta “rápida” por parte de las distintas instancias hacia las que se dirigieron.

En términos generales, pareciera que el panorama de la protesta social en el país tiende hacia “estabilizarse” en reacción a los últimos meses del presente gobierno y el avance de la campaña electoral. Los medios de comunicación incrementan la cobertura de informaciones relacionadas con el proceso electoral y las posiciones de los distintos candidatos presidenciales, mientras se reduce el número de acciones colectivas registradas. En este sentido, se combinan la reducción de los movimientos de protesta con el cambio de orientación de la agenda periodística de los principales medios de comunicación del país.

 

Anexo

Tabla 1. Tipos de acción colectiva, setiembre 2013.

Tipo de Acción Cantidad(absolutos) Cantidad(relativos – %)
Declaración pública 35 38,46
Mitin o concentración 14 15,38
Bloqueo 10 10,98
Huelga o paro 9 9,89
Marcha  8 8,79
Reunión con autoridades 7 7,69
Denuncia ante entidades nacionales y/o internacionales  7 7,69
Reunión o asamblea  1 1,09
Total  91 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez (2013). Cronología del Conflicto Social Setiembre 2013. Costa Rica: IIS-UCR.

 

Tabla 2. Tipos de actor colectivo, setiembre 2013.

Tipo de Actor Colectivo Cantidad(absolutos)
Vecinas y Vecinos 18
Trabajadores y/o Trabajadoras 18
Sectores rurales (campesinos, indígenas, pescadores.) 10
Comunidades fronterizas y costeras 8
Grupos de ciudadanos y ciudadanas 7
Sindicatos 6
Transportistas (autobuseros, traileros y taxistas) 4
Empresarios y/o Empresarias 4
Organizaciones y/o activistas ambientalistas 3
Madres y Padres de familia 2
Activistas y Organizaciones LGTB 2
Grupos de profesionales 3
Motociclistas 2
Otros 4
Total 91

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez (2013). Cronología del Conflicto Social Setiembre 2013. Costa Rica: IIS-UCR.

 

Tabla 3. Principales demandas, setiembre 2013.

Principales demandas Cantidad(absolutos)
Infraestructura 10
Defensa y mejora de las condiciones laborales 9
Aumento y/o pago de salarios 9
Tenencia y seguridad jurídica sobre la tierra 8
Salud 8
Producción y comercialización de los granos básicos 7
Agua 5
Rechazo a proyectos (hidroeléctricos, puertos, mineros) 4
Asignación de presupuestos y buen manejo de los recursos públicos 3
Educación 3
Transporte Informal 3
Defensa de la vida silvestre y el medio ambiente 3
Rechazo a las concesiones 3
Pesca de arrastre 2
Derechos LGTB 2
Eliminar la restricción vehicular 2
Marchamo para los motociclistas 2
Otros 8
Total 91

Fuente: Elaboración propia a partir de Alvarado y Martínez (2013). Cronología del Conflicto Social Setiembre 2013. Costa Rica: IIS-UCR.

¿Qué hay detrás de la demanda de la Reserva Indígena Kekoldi?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Cristina Zeledón L.

 

La reserva indígena Bribri-Cocles fue creada por Decreto Ejecutivo Nº 7267 en 1977.  Posteriormente en 1985 por Decreto Nº 16568 se estableció como reserva independiente el área correspondiente al sector ubicado en Cocles.

Sin embargo la delimitación de esta área no fue la más apropiada ya que los responsables de llevar a cabo esa tarea  establecieron los límites desde un avión, lo que no les permitió darse cuenta que  muchas familias afro-descendiente se habían establecido en esa franja desde principios del siglo XX y en cambio, como está demostrado, los indígenas nunca habitaron la zona costera.

Evidentemente este error ocasionó durante muchos años serios problemas a los habitantes originales y altos costos al Estado,  hasta que en  1992 se logró un arreglo amistoso entre las partes, el cual consistió en excluir de la zona problemática los terrenos que ya tenían dueño, compensando con un área similar a los indígenas en los terrenos boscosos al oeste  y al sur de la Reserva.

En esa oportunidad y conforme al artículo de la Ley Indígena  Nº7316, se consultó a la Comunidad local, la cual manifestó su acuerdo al proyecto de reforma de límites.

Acuerdo que se concreta formalmente en el decreto Nº 25296, con fecha del 24 de junio de 1996  que establece esta modificación, así como atendiendo la solicitud de los indígenas, se modifica el nombre de Reserva Cocles por  Reserva Kekoldi.

Sin embargo y a pesar de que lo que en ese momento fue un arreglo inteligente, amistoso y justo, hace algunos meses se inició un proceso que  actualmente se está discutiendo en los Tribunales de Justicia.

La demanda que pretenden los interesados  consiste en   anular los efectos de ese arreglo de 1996, acusando al Estado de usurpar tierras que supuestamente les pertenecen a los indígenas,  argumentando  entre otras cosas, que es la forma de asegurarles acceso al mar, pese a que éste es un derecho de todas las personas independientemente de donde vivan.

Una pretensión además muy temeraria, ya que la misma acarrearía grandísimos costos al Estado, es decir a todos nosotros, por   indemnizaciones a los actuales ocupantes de esos terrenos,  sin que por otra parte les represente  a los indígenas mayores beneficios, ya  que como se señaló, el decreto de 1996, contemplaba mantener la misma área original y además, por la Ley Indígena, están inhibidos de negociar con esas tierras.

Pero esa amenaza a los pobladores de la zona costera de Puerto Viejo es parte de un gran complot donde se mueven intereses muy sospechosos.

¿A qué me refiero?

Hace más o menos 2 años la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento alegando que por carecer las “zonas protegidas” de una legislación específica, éstas estaban sometidas a la ley de Parques Nacionales. Esto   supone que todas las personas que viven en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, están ilegalmente ocupando esos terrenos.  En base a eso la CGR ordena al MINAE    declarar nulo cualquier derecho adquirido y por lo tanto  proceder al desalojo  de los ocupantes.

Además y también  por orden de la CGR, la Municipalidad de Talamanca está procediendo a citar a juicio a algunos pobladores (21 por el momento) que supuestamente están en condición de precaristas, en Puerto Viejo y Manzanillo, ocupando terrenos del Patrimonio Natural del Estado (50 m. inalienables y 200 m. de ZMT), sin tomar en consideración –y procurar una alternativa adecuada- que fueron precisamente los abuelos de esas familias con sus propias manos y cáscaras de coco y troncos de madera, quienes convirtieron en tierra firme lo que eran suampos plagados de lagartos

Es evidente que si se expulsa a los actuales habitantes de la Reserva, se cancelan los derechos de los ocupantes del Refugio y se destruyen las edificaciones en Puerto Viejo y Manzanillo,  no es precisamente para favorecer a los indígenas.  Tampoco  se trata de proteger un ambiente que actualmente está muy bien cuidado por sus habitantes.  Entonces ¿qué hay detrás de estas amenazas)

  • ¿Será que  esta zona se quiere destinar a un mega-proyecto turístico tipo Papagayo?
  • ¿Será que los chinos que adquirieron el derecho a modernizar RECOPE y ampliar la ruta 32, tendrán en mente revivir la exploración y explotación petrolera evitando el enfrentamiento con los pobladores que hasta el momento se han opuesto exitosamente a dicha actividad?
  • ¿Serán los interesados en construir una enorme marina?
  • ¿Serán las empresas farmacéuticas de apoderarse de la zona con mayor diversidad biológica del país?
  • ¿Serán los interesados en la explotación minera?
  • ¿Serán los tentáculos del Plan Puebla Panamá?

 

Enviado a SURCOS por la autora. 

La APM Terminals en Moín y lo socio-económico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Prohibido pescar camarón

*Freddy Pacheco León.

 

Mientras por un lado, los jerarcas del Instituto Costarricense de Turismo y Japdeva muestran regocijo público ante la nueva temporada de llegada de cruceros a puerto Limón, que presagia un aumento sustancial y por, ende, mayores beneficios para sus habitantes, el mismo señor gerente del ICT expresa cierta indignación por la OMISIÓN que presenta EL PROYECTO de construir la “Nueva Terminal de Contenedores” de Moín, conocida como APM Terminals Moín, S. A.

Según criterio del señor gerente general del ICT, don Juan Carlos Borbón Marks (folios 489-490 del expediente Nº 17968-2012-Setena) es preocupante que en el sector en que se construiría dicho proyecto, “han operado históricamente empresas turísticas locales que hacen uso del espacio desde el puerto fluvial Moín”. Y llama la atención, específicamente, en relación con el planteado “DESVÍO del Río Moín” que afectará “el destino turístico Tortuguero”, con (dice textualmente) “una serie de atractivos turísticos que motivan el desplazamiento de movimiento estacional de visitantes cruceristas – turistas nacionales e internacionales”.

Y para que no haya duda del impacto negativo que tendría ese supuesto “desvío del río Moín”, solicita “que el análisis de la variable turística para el Estudio de Impacto Ambiental –EsIA- considere la existencia de varios pequeños atracaderos, muelles o similares a partir de donde inician los tours por los canales que dependen del nivel navegable del río y su paisaje aledaño”.

Pero no solo el ICT está preocupado por los aspectos socio-económicos de este proyecto. El director de urbanismo del INVU, don Leonel Rosales Maroto, también comunica a la Setena un criterio de su instituto que difícilmente se puede obviar. Dice el señor director que otra opción planteada por el proyectista es la de no desviar el río Moín, sino más bien utilizarlo para DEPOSITAR EN ÉL los efluentes de la planta de tratamiento y las aguas pluviales, pero eso sí, proponiendo dragar los “sedimentos que deposite el río sobre el área del proyecto”, con el agravante de que NO se presenten propuestas de acciones “para evitar la erosión de la cuenca y la eutroficación de las aguas que estarían mayormente estancadas en el estero de la boca…”.

E igualmente atendible, en la misma nota del INVU se destaca que el Índice de Fragilidad Ambiental –IFA- señala que la terminal de contenedores “se realizará en dos áreas ambientalmente frágiles: la zona marítimo terrestre y el mar abierto”, por lo que es fundamental “que la acumulación de cambios de usos de suelo provocados por la operación de la Terminal sean previstos por una READECUACIÓN de lo planteado por el PLAN REGULADOR de Limón”. Ello en vista de que dicho proyecto “obvia cualquier regulación urbana existente”, pese a que el área de influencia directa, según los aspectos socioeconómicos, “comprende la totalidad del distrito de Limón, incluyendo la CIUDAD de Limón y los barrios periféricos”, vislumbrándose los IMPACTOS DIRECTOS “que incluyen la contaminación por el ruido de motores, la iluminación no deseada, contaminación del aire por hidrocarburos volátiles y desechos de aceites, y similares”.

En sus observaciones finales, el INVU llama la atención en cuanto a la NECESIDAD, todavía no satisfecha, de modificar el Plan Regulador de Limón, ya que se estima necesario considerar “EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO” sobre la ciudad de Limón, para lo cual se “requiere tomar previsiones urbanas en la zona marítimo terrestre afectada, prever los cambios de la zona portuaria y la inclusión de nuevos desarrollos económicos…”.  Por ejemplo, que pudieren sustituir los beneficios derivados de la llegada de cruceros turísticos (agregamos) que en estos días los entes gubernamentales destacan como de vital importancia para Limón.

Para terminar, he aquí algunos aspectos de este proyecto de casi US$1.000 MILLONES, que, cabe aclarar, YA CUENTA con la aprobación y aval contralor de un contrato de concesión, ¡PREVIO a la aprobación de una eventual viabilidad ambiental de parte de la Setena! Contrato que por cierto, incluye la opción de DESVIAR el río Moín, que es parte de uno de los 10 humedales costarricenses (humedal Cariari) con protección del Convenio internacional sobre Humedales RAMSAR, según decreto ejecutivo Nº 23253-Mirenem, emitido al final de la administración Calderón Fournier.

Pues bien, dicho proyecto contempla un área de relleno en el mar de 78,6 hectáreas (un poco MÁS GRANDE que La Sabana metropolitana) con rompeolas de siete metros sobre el nivel del mar y donde será necesario hacer un gigantesco trabajo de minería, como lo es dragar varios miles de millones de toneladas de sedimentos, que se lanzarían al mar donde las corrientes llevan un sentido hacia el sur.

Es, por tanto, un proyecto que por su magnitud demanda especial cuidado, por lo cual aplaudimos la decisión de la Setena de acordar que se discuta y dialogue sobre él en una audiencia pública que, aclaramos, no solo es de importancia local sino NACIONAL, en vista de sus repercusiones.

*Especialista en Estudios de Impacto Ambiental

 

Enviado a SURCOS por el autor. 

Las calles de Curridabat son tomadas por la Caravana de Culturas Vivas Comunitarias

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Las calles de Curridabat son tomadas por la Caravana de Culturas Vivas Comunitarias

Durante la actividad se enriqueció con las organizaciones locales una propuesta de política local de cultura comunitaria, gestionada con apoyo del Movimiento de las Culturas Vivas Comunitarias y el Ministerio de Cultura, la cual se presentará ante el Consejo Municipal.

La magia y fantasía de la Caravana de Culturas Vivas Comunitarias (CVC) llegaron a Curridabat el sábado 2 de noviembre con el fin de fortalecer los lazos de amistad,  de trabajo y de apoyo para avanzar en una política local para fortalecer a las organizaciones que desarrollan proyectos culturales y ambientales en el cantón.

La actividad arrancó con un pasacalle que salió del Centro Cultural Curridabat y finalizó en el salón de actos de la Escuela de Excelencia Juan Santamaría, donde se llevó a cabo un encuentro de los gestores y gestoras culturales y ambientales, así como artistas de la localidad e invitados de CVC de todo el país. En esta actividad se contó con la presencia de la alcaldesa, Alicia Borja y representantes del Consejo Municipal.

Durante el encuentro se trabajó para articular y fortalecer el tejido comunitario del cantón y se alimentó una propuesta de Política de Apoyo a la Cultura Comunitaria que ya se ha venido gestionando ante la Municipalidad y que se presentará ante el Consejo Municipal en el transcurso del mes de noviembre.

“La actividad contó con el apoyo de la gestión municipal en la producción. El movimiento de Culturas Vivas Comunitarias ha abierto el diálogo con el Concejo Municipal y la Alcaldía y en el encuentro se socializó, y enriqueció la propuesta de política. Esperamos la pronta aprobación este mismo año de la segunda política municipal de apoyo a la cultura comunitaria, independiente y autogestiva”, explicó el coordinador de las Caravanas de las Culturas Vivas Comunitarias, Sebastián Antillón. En marzo pasado se aprobó una política similar en El Guarco de Cartago, donde se llevó a cabo la primera de estas caravanas.

Se concluyó con una Peña Cultural en el salón de actos de la Escuela de Excelencia Juan Santamaría. La Peña contará con poesía, cuentacuentos, zanqueros y la Orquesta del Sinem Curridabat.

El Parque La Libertad, el Sinem de Curridabat, TCU UCR Esperanza Verde, Fundación Neotrópica, Comisión de Cultura Curridabat, Oratorio Festivo Mirabosco, Peña Cultural del Tirra, Red de Gestores Culturales y Ambientales Curridabat y el Colectivo 8 Remolinos fueron algunos de los participantes en el Encuentro de Culturas Vivas CR.

¿Qué son las Culturas Vivas Comunitarias?

Culturas Vivas Comunitarias es un movimiento que busca estimular y apoyar a las personas y colectivos que dinamizan la cultura en las comunidades.

Las Cultura Vivas Comunitarias generan convivencia y fortalecen la solidaridad entre las personas de las comunidades a través de iniciativas artísticas, artesanales, productivas, ecológicas, de comidas criollas, de juego, de diálogo y aprendizaje; de recuperación del patrimonio intangible o la manera tradicional de hacer las cosas, tales como la pesca artesanal, los ritos y las tradiciones.

Además, sirven para incentivar el uso de espacios públicos y el sentido de comunidad; para cuidar la naturaleza; para fomentar la creatividad, la reflexión, la lectura; para recuperar la historia y los conocimientos de las personas mayores; para impulsar la participación; para la convivencia y como motor de desarrollo y bienestar; para que las personas jóvenes inviertan su tiempo en actividades de formación basadas en sus gustos y posibilidades.

Es importante destacar que estas iniciativas ya existen y son movidas por gente que trabaja con muy pocos recursos e involucran diferentes poblaciones tales como niñez, personas mayores, mujeres, jóvenes, personas adultas y con necesidades especiales; indígenas; y grupos muy diversos.

Las caravanas de CVC son una estrategia de integración comunitaria que visibiliza el tejido de iniciativas que acuerpan el movimiento CVC. Hasta el momento se han dado en El guarco de Cartago, donde ya se aprobó la política local, y en Puntarenas y Talamanca, donde las políticas están en proceso de aprobación.

 

Para mayor Información contactar:

Coordinadora del núcleo intersectorial de Culturas Vivas Comunitarias Costa Rica,

Fresia Camacho, teléfono 88812304.

Coordinador de las Caravanas CVC, Sebastián Antillón, teléfono 8970-4333

Prensa, Oriana Ortiz, teléfono 83273245, Diego Molina, teléfono 83098953.

Núcleo Intersectorial de Cultura Viva Comunitaria

culturavivacr@gmail.com/22568315; 22553188 ext 205.

Enviado a SURCOS por Culturas Vivas Comunitarias CR.

Creciendo en familia: Convivio de familias con niños trasplantados de Fundación Costarricense Renal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Convivio de familias con niños trasplantados de Fundación Costarricense Renal2

El 17 de octubre  2013 compartimos en la  comunidad de Aranjuez de  Puntarenas  un gran  y  maravilloso día en familia, con  niños  y niñas trasplantados,  todos luchadores por salir adelante  y demostrar que si se puede superar los desafíos. Gracias a Marvin  Segura  y su estimada familia por las atenciones brindadas y  compartir mucho de lo que ellos son capaces de brindar a otros seres humanos.

Convivio de familias con niños trasplantados de Fundación Costarricense Renal

 

Fue un día inolvidable, entre comidas típicas: picadillo de papaya, tamales, vino de coyol, arroz con leche, miel de ayote, gallos de papas, en fin para no olvidar. Luego jugar  fútbol y compartir con  la naturaleza y sus cristalinos que  me permitió revivir mi  infancia  allende en la  bajura guanacasteca de los ríos Morote, Santa Rita y  Nandayure.  La salud es cultura y como tal, se construye desde las comunidades y  entre familias como las de don Marvin.  Gracias a todos por seguir  soñando, en especial a  la Asociación  de  Profesionales en Contratación Administrativa por el apoyo logístico y a su presidente  Lic. Christian Campos.

 

Enviado a SURCOS por Willian Vargas Loría.

Invitación al Foro: “La visión y compromiso de los Candidatos Presidenciales sobre el Derecho a la Comunicación”

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública y la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, invitó al foro “La visión y compromiso de los Candidatos Presidenciales sobre el Derecho a la Comunicación”.

La actividad se realizó el 30 de octubre de 2:00pm a 6:00pm, en el Auditorio de la Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), ubicado en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica.

Se ha invitó a los candidatos a la Presidencia de la República para que cada uno presentara sus propuestas entorno a la incorporación del Derecho Humano a la Comunicación en las políticas públicas nacionales.

Por lo que se pidió que se refieran a:

a. ¿Es necesario que en Costa Rica, el ordenamiento jurídico incorpore el Derecho Humano a la Comunicación. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es su visión sobre este derecho?

b. ¿Considera que es necesario una nueva ley de radiodifusión sonora y televisiva? ¿Qué aspectos relevantes debería considerar?

c. ¿Qué políticas considera necesarias para promover la producción y difusión de contenidos nacionales de radio y televisión que aseguren una mayor diversidad y pluralidad de las expresiones culturales?

La actividad se inscribe en el compromiso de la Universidad de Costa Rica en abrir espacios para la discusión de estos temas, que nos permitan crear consenso para que el Estado asuma un papel más activo en la definición de políticas públicas que garantice el acceso equitativo de las personas al conocimiento, la producción y difusión de contenidos de calidad.

 

Proyecto de Promoción de los Derechos Comunicativos

ECCC-PROLEDI.

Universidad de Costa Rica.

 

Enviado a SURCOS por Geannina Sojo.