El secretario general de SINTRAJAP, Antonio Wells, informó que el sindicato logró la reinstalación laboral del delegado sindical en la empresa Del Monte.
Rodolfo Mora, sindicalista reinstalado llamó a sus compañeros a que se unan a SINTRAJAP para continuar la lucha por la defensa de sus derechos.
Le invitamos a ver el video.
SURCOS comparte la transcripción del video que adjuntamos, el cual puede ser compartido desde este enlace o bien desde la incrustación al final de la nota.
César López Dávila:
La tradición democrática en nuestro país ha hecho que el estado costarricense se desarrolle con una serie de pesos y contrapesos que pretenden evitar que haya quienes quieran concentrar el poder en pocas manos para imponer decisiones con cortes arbitrarios. Dentro de este sistema de pesos y contrapesos se encuentra sin duda la figura de las auditorías, siendo la auditoría interna del ICE alguien que ha actuado en apego y sin excederse al establecimiento de sus funciones.
Por eso, dentro de la Liga Cívica Nacional, como grupo ciudadano, acciones como el retiro de las visas no las vemos como hechos aislados, sino como un intento lamentable por debilitar estos mecanismos de control de pesos y contrapesos que tiene el estado costarricense en su tradición democrática.
Costa Rica no es la República Bananera de 100 años atrás. Un gobierno que realmente defienda nuestra Carta Constitucional hubiese, como mínimo, tomado las medidas de sacar un comunicado defendiendo nuestra soberanía, nuestra institucionalidad y dentro de ella el sistema de pesos y contrapesos que implica también o que abarca también la figura de las auditorías como la auditoría interna del ICE.
Así que creemos que es lamentable que no haya un posicionamiento crítico al respecto de esta decisión que no sólo lacera el sistema de pesos y contrapesos de nuestra administración democrática, del estado costarricense, sino que sin duda también es una lamentable afrenta a nuestra soberanía.
Juan de Dios Cordero Duarte:
Interpretamos las acciones de la Embajada Americana con el retiro de las visas a funcionarios públicos y expresamente a la Auditora General del ICE, como una acción intimidante porque atenta contra la soberanía en primer lugar del país, a la autodeterminación que tienen todos los países y los pueblos y también una violación clara a la Ley de Contratación Administrativa que tiene principios de libre participación, libre concurrencia e igualdad de trato.
Entonces habría que preguntarse qué hay por detrás de estas acciones, qué es lo que está buscando la Embajada.
Política y a la Ley Constitutiva de la institución
Desde el punto de vista legal, la creación de la presidencia ejecutiva de la CCSS es contraria a la Ley Constitutiva y a la Constitución Política, violenta la autonomía institucional y la convierte en «botín» de los gobiernos de turno. Son algunos de los puntos de vista que Manuel Hernández, asesor jurídico de UNDECA expuso ante la comisión legislativa que analiza el tema. Le invitamos a leer la transcripción, así como a descargar aquí el video con la exposición del especialista.
“Quiero referirme puntualmente, puntualmente a lo que es el origen de la norma que se pretende modificar acertadamente con este proyecto de ley que es particularmente el inciso A del artículo 6 de la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, el artículo 6 establece que la Caja será dirigida por una junta directiva integrada de la siguiente manera, el número 1 establece que por un presidente ejecutivo de reconocida experiencia y conocimiento en el campo designado libremente por el consejo de gobierno y el inciso A establece lo siguiente que es lo que se pretende con toda razón enmendar, establece la norma actual será el funcionario de mayor jerarquía, quiero destacar esto, para efectos del gobierno de la institución cuya junta directiva presidirá.
¿Cuál es el origen de esta norma legal? El origen de esta norma legal es el siguiente, pero de antemano adelantó que para nosotros este inciso A del artículo 1 constituye un injerto político de dudosa constitucionalidad por lo siguiente, en el año 1968 se hizo una reforma como ya sabemos del artículo 188 de la Constitución Política, originalmente la Constitución Política estableció que las instituciones descentralizadas tenían autonomía administrativa y de gobierno, en el año 68 se hace la reforma constitucional se reserva a las descentralizadas únicamente la autonomía administrativa y se reserva la materia de ley a lo que es la materia de gobierno al poder ejecutivo, con base en esta reforma constitucional dos años después en el año 1970 se promulga la ley de presidencias ejecutivas y en el artículo 4 se vino a establecer de la ley de presidencias ejecutivas la 46 46 vino a establecerse la figura de la presidencia ejecutiva como la figura de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la respectiva institución.
Pero ¿cuál es el gazapo que contiene el artículo 4 a la ley de presidencias ejecutivas? Que ciertamente estableció la gran mayoría de las instituciones descentralizadas con autonomía administrativa únicamente con base en la reforma que se hizo en el artículo en el 1968, el artículo 188 pero además que fue el grave error que se cometió en aquella ocasión se incluyó la Caja Costarricense de Seguro Social, que ya sabemos dos cosas primero que la reforma del artículo 188 de la constitución no vino a afectar de ninguna manera lo que es la autonomía política y de gobierno de la Caja costarricense de seguros sociales, es decir el artículo 73 es constitucional que establece que le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social de manera exclusiva y excluyente la administración y gobierno de los seguros sociales de ninguna manera se vio alterada por la reforma del artículo 188 de la Constitución Política.
Luego, en el año 1984 se realiza la reforma del artículo 6 de la ley constitutiva y se viene a incorporar en el artículo 6 precisamente la figura de la presidencia ejecutiva estableciendo como lo dice el artículo 4 de la ley de presidencias ejecutivas que es la figura de mayor jerarquía pero no para efectos administrativos sino para efectos de gobierno y esta norma, la del artículo 4, se relaciona con la reforma del artículo 188 de la Constitución que le vino a privar a las instituciones descentralizadas lo que es la autonomía de gobierno por eso esta reforma que se hizo la ley constitutiva del artículo 6 que es la que se mantiene hasta ahora incorporando la presidencia ejecutiva como la figura administrativa que es un órgano dentro de otro órgano es un órgano político porque el artículo 6 dice que la figura de mayor jerarquía para efectos políticos; es un órgano político dentro de otro órgano político.
Comunicado
UNDECA y BUSSCO, nos oponemos a la propuesta remitida al Comité de Vigilancia del IVM, por parte del Lic. Ubaldo Carrillo, director de Administración de Pensiones de la CCSS, producto de una reunión entre representantes de la UCCAEP, el solidarismo y cooperativismo. La única excepción ante esta desafortunada iniciativa ha sido el representante del sector sindical, quien ha manifestado reiteradamente su oposición a estas reformas irracionales y nocivas para los trabajadores y las personas pensionadas.
En los últimos años, la CCSS ha ejecutado varias reformas al IVM, algunas con mayor consenso tripartito, la mayoría han sido reformas unilaterales, entre ellas, un ajuste del 1% a las cuotas solo de los trabajadores -respaldado por el SINAE-; y la eliminación de la pensión anticipada para hombres y el aumento de edad de 59 y 11 meses a 63 años para las mujeres.
“Desde nuestra perspectiva esta es una propuesta improcedente, totalmente regresiva, para los actuales y futuros pensionados”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Los principales retrocesos son:
“UNDECA repudia enérgicamente la propuesta, que violenta la dignidad y la calidad de vida de las personas más vulnerables y pobres. Es inaceptable el menosprecio hacia las personas trabajadoras y la ignorancia de la realidad socioeconómica del pueblo”, señaló Chavarría.
Estas propuestas no tienen ningún respaldo técnico y no pueden ser aprobadas por ese Comité, porque no tienen esa competencia.
¡La lucha por nuestras pensiones, es una lucha por la justicia y la dignidad!
Comunicado de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT)
¡Nos hicimos sentir!
La UNT no solo acudió a instancias judiciales a demandar igualdad, equidad y justicia salarial para las personas trabajadoras del sector público, sino que también convocamos a la primera acción de calle que se realiza contra la odiosa discriminación generada por la implementación del salario global.
Visitamos la Sala Constitucional para demandar que se garantice el derecho fundamental a la justicia pronta y cumplida, solicitando a este tribunal que resuelva la acción de inconstitucionalidad contra el transitorio XI de la Ley Marcio de Empleo Público, presentada por nuestra organización sindical desde hace un año y medio. Las personas trabajadoras llevan más de un año sufriendo esta situación, siendo que con la espera de una solución el perjuicio por la violación a sus derechos fundamentales se agrava de forma constante.
También estuvimos en la Asamblea Legislativa donde fuimos atendidos por las jefaturas de fracción del Partido Frente Amplio, Nueva República y Liberal Progresista, así como por la Diputada Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana.
Las fracciones legislativas visitadas coincidieron en que se debe legislar para corregir esta situación de irracional discriminación generada por la Ley Marco de Empleo Público, manteniendo un equilibrio con las finanzas públicas y se mostraron dispuestas a analizar, discutir e impulsar las propuestas que desarrollará el sindicato UNT para mejorar el proyecto de ley que se encuentra en la corriente legislativa.
La UNT continuará realizando el trabajo de incidencia y cabildeo legislativo, así como el seguimiento para que la Sala Constitucional resuelva la gestión presentada, con el fin de que las voces de las personas trabajadoras a las que representamos, sean escuchadas, restaurándose los derechos violentados, en busca de la justicia y la equidad.
PRIMERA PARTE: Se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley No. 23.414, irónicamente llamado de Armonización, cuando debiera de llamarse de Destrucción del ICE. Por supuesto que para nada se expresa tal intención, no serían tan ingenuos sus autores para decirlo, pero si lo suficientemente perversos para establecerlo en un proyecto. Veamos solo algunos detalles, de los muchos que el proyecto tiene y que insisto, terminarían destruyendo -literalmente- al ICE.
En el Artículo 11 se establece: “La planificación de la expansión del SEM (Sistema Eléctrico Nacional) seguirá los siguientes pasos; 1. Será responsabilidad del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), elaborar el Plan de Expansión de la Generación. Este plan será desarrollado en consulta con los agentes del sector e interesados.” Nótese que de un plumazo le cercenan al ICE lo que mejor ha hecho desde su fundación, la planificación del Sistema Eléctrico Nacional.
En el Artículo 19, se establece “Serán funciones del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN): 1. Operar el Sistema Eléctrico Nacional al mínimo costo, cumpliendo los requerimientos de calidad, seguridad y desempeño.” Nótese que de otro plumazo le cercenan al ICE el Centro de Control de Energía, el cerebro del sistema eléctrico nacional y en el cual el ICE ha invertido millones de dólares.
En el Artículo 20, Fuentes de Financiamiento del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), se establece “El Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) tendrá exclusivamente financiamiento del canon de energía que esta ley establece para los agentes de los mercados eléctricos.” Nótese que este canon se refiere al costo que pagarían los agentes de energía eléctrica que el proyecto crea (definidas como personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, agregación y grandes consumidores de electricidad), como derecho de paso para trasegar la energía por las redes eléctricas del ICE, principalmente.
En el Artículo 24, Canon de energía eléctrica, se establece “Los agentes del mercado eléctrico nacional integrantes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) están obligados al pago del canon de energía eléctrica el cual será recaudado por el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Dicho canon se destinará a financiar el presupuesto aprobado para el ECOSEN. El canon será pagado por todos los agentes nacionales, según las transacciones de energía ejecutadas en el Mercado Eléctrico Nacional.” Nótese la ironía y el descaro, que no pueden ser mayores, se le quita la planificación nacional al ICE, se le cercena el Centro de Control de Energía al ICE, se le obliga a disponer sus redes eléctricas para el servicio de los agentes del mercado eléctrico, y como si fuera poco, se establece un Canon sobre esas redes del ICE, para financiar el Ecosen. ¡Así hasta yo!, como alguien dijo alguna vez (Semanario Universidad, 02/10/2024).
SEGUNDA PARTE: Analicemos hoy otro de los aspectos del proyecto de ley No. 23414, que destruiría nuestro Sistema Eléctrico Nacional actual, antes que Armonizarlo, proyecto al que hicimos referencia en un artículo anterior, por este mismo medio, el 2/10/2024.
En el Artículo 3, Inciso b) se define el Agregador de recursos en la demanda: “Es la persona física o jurídica legalmente autorizado por la ARESEP como un agente económico independiente. Es una entidad o empresa que actúa como intermediario entre los consumidores y el mercado nacional.”
En el Artículo 3, Inciso m) se define el “Gran consumidor de energía eléctrica: persona física o jurídica que cumple con … que le permita ser agente del mercado mayorista.”
En el Artículo 31 se crean los Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN). “Son Agentes del Mercado Eléctrico Nacional (MEN) las personas físicas o jurídicas que se dediquen total o parcialmente a las actividades de generación, agregación, transmisión, distribución, y comercialización, así como los grandes consumidores indistintamente de su naturaleza pública, privada o mixta, … los propietarios u operadores de recursos energéticos distribuidos con capacidad instalada mayor a un mega vatio…”.
En el Artículo 37 se autoriza a los Agentes a “poner a disposición la oferta o demanda de energía y sus excedentes en el Mercado Eléctrico Nacional, igualmente podrán ofertar la energía para ser negociada, comercializada y transada en el Mercado Eléctrico Regional.”
Y en el Artículo 38 “Se habilitan como agentes del Mercado Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Regional a las empresas privadas de generación de electricidad que han contado con una concesión de generación de electricidad bajo los términos de la Ley No. 7200 y sus reformas en sus actividades de generación.”
De aprobarse este proyecto, convertiría el mercado eléctrico nacional en un mercado persa. Cualquiera que genere más de un MW de potencia o bien sea un gran consumidor (73 son hoy), podría hacer de todo en el marcado eléctrico nacional: generar, distribuir, comercializar, importar y exportar energía.
Si consideramos la creación del Centro de Control de Energía, ECOSEN, a expensas del ICE -como ya vimos en el artículo anterior-, y se habilita la cantidad de agentes de mercado que podrían comerciar con la energía, (según los artículos arriba transcritos), que alguien me explique: ¿cómo si creamos más burocracia estatal y un centenar de nuevos intermediarios, podrían bajar los precios?
Lo que sí es clarísimo es que esos 73 grandes clientes y todos los generadores, tendrían la libertad de negociar los mejores precios, en el mercado nacional y centroamericano, no así todos los demás. Cuando el ICE, la CNFL, las empresas Municipales y las Cooperativas actuales, pierdan esos grandes clientes, deberán de soportar el mismo nivel de gasto y endeudamiento que ya tienen, y por pura regla de tres, quebrarían como empresas o se verían obligados a subir las tarifas al resto, 1.9 millones de medianos y pequeños clientes, que no tendrían el derecho ni el músculo empresarial para hacer lo que los grandes.
Es la eterna historia del burro amarrado contra el tigre suelto. Sería otro duro golpe al sistema solidario de que tanto nos preciamos, amparado en principios constitucionales, consagrados en los artículos 50 y 74 de nuestra Constitución Política,1 los cuales pasarían a ser un saludo a la bandera -en este campo-, principios ya de por si debilitados por la Ley 72002, pero que ahora terminarían de vaciarse de contenido. Todo gracias a algunos “padres de la patria”, que más bien se comportan como “destructores de la patria” (Semanario Universidad, 23/10/2024).
TERCERA PARTE: En esta tercera parte del análisis, desearía valorar la normativa que conforma nuestro marco legal, y la nueva, de ser aprobado el proyecto de ley No. 23414. Tal y como hemos visto, ésta provocaría enormes pérdidas al ICE (Primera publicación) y aumentos en las tarifas de los pequeños y medianos usuarios, mientras las disminuiría para los grandes (Segunda publicación).
El Dictamen AL-DEST- IJU- 332 – 2022, del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa sobre este proyecto de ley, refiriéndose al marco legal actual, informa de: “… la existencia de 31 leyes relacionadas con el marco regulatorio o general, razón por la cual el modelo regulatorio se puede calificar como disperso…”. A ese marco legal, este proyecto agregaría una ley más, la que transformaría por completo nuestro modelo de desarrollo eléctrico y crearía más burocracia -el ECOSEN-, según el Artículo 17 y más intermediarios –los Agentes de Mercado-, según el Artículo 37.
De modo que, si el marco legal era ya disperso y complejo, se volvería aún más confuso con una nueva ley, que provocaría profundos cambios, potenciaría posibles traslapes legales y crearía nuevas fronteras de responsabilidad al establecer una nueva institución, lo que lejos de contribuir a la seguridad jurídica, agregaría más caos y confusión.
De modo que este proyecto en nada hace honor a su nombre (Armonización del Sistema Eléctrico Nacional), todo lo contrario, mantendría un marco legal aprobado en el transcurso de más de 80 años, pues alguna de las leyes data de 1941. Cierto es que un marco tan complejo ameritaría una verdadera modernización y armonización, pero este proyecto más bien lo complica y enreda aún más.
Me cuestiono ¿cuál sería el objetivo de los ingenieros que diseñaron esta nueva arquitectura para nuestro sistema eléctrico?, (con un mercado de subastas, docenas de agentes de mercado, creación de más burocracia, libertad y abaratamiento de los costos para los grandes clientes y encarecimiento de los precios para todos los demás), si la ingeniería construye para mejorar y buscar mayor eficiencia. ¿O será que se copió algún modelo de un país hermano? Copiar es siempre más fácil, el único cuidado es copiar solo lo bueno, aunque también es cierto que dependiendo de a quién se quiera favorecer con el cambio, se pueden copiar otras cosas.
Me cuestiono ¿en qué pensarían los abogados que dispusieron crear más legislación y burocracia?, y que, en contraste, agregaron una mayor injerencia política en la operación y administración del sistema eléctrico, en contradicción con la técnica que una materia tan especializada amerita. Cuando más bien están llamados a simplificar, transparentar y ordenar el Estado y a garantizar la primacía de la técnica en procesos altamente complejos. ¿O será que se dejaron llevar por el mismo interés detrás del diseño ingenieril?
Me cuestiono ¿qué motivará a los diputados que apoyan este proyecto, que terminaría de debilitar al ICE, encarecería los precios de las tarifas eléctricas a 1.9 millones de costarricenses y en cambio los abarataría para no más de un centenar de grandes consumidores?
Desearía poder entender finalmente ¿cómo este proyecto pretende “impulsar la modernización del Sistema Eléctrico Nacional, buscar la eficiencia del sistema y su sostenibilidad, garantizar confiabilidad, calidad y el menor costo posible para los consumidores finales de energía y promover el aprovechamiento de las nuevas tecnologías”? retóricos objetivos que se establecen en su Artículo 1.
Si, por el contrario, parece que lograría todo lo opuesto, según lo que hemos analizado en estos tres breves artículos. De lo que sí no tengo duda es de que auguraría el principio del fin del ICE (lo que persiguen desde el Combo Eléctrico) y garantizaría el encarecimiento de los precios para casi la totalidad de los usuarios, en beneficio de unos pocos, acelerando la desigualdad y la inequidad en el país y contraviniendo importantes principios constitucionales (Semanario Universidad, 22/01/2025).
1 Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Artículo 74: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.
2 La Ley 7200 ha garantizado sobre precios para los generadores privados durante 24 años, por ejemplo, “La CGR estimó que las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados a mayo de 2019 eran de $23,8 millones solo entre 2017 y 2019.” Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/ice-ha-pagado-casi-%C2%A21-9-billones-a-generadores-privados-por-compras-de-electricidad/#:~:text=Entre%201989%20y%202021%20el,a%20estas%20empresas%20y%20cooperativas.
Desde ayer, vecinos y defensores del humedal de Coris, en Cartago, han sido testigos de la destrucción parcial de este valioso ecosistema, sin que las autoridades tomen medidas al respecto. El humedal, que alberga nacientes de agua, un manantial natural y fuentes hidrotermales, es crucial para la biodiversidad de la zona. Además, juega un papel fundamental como zona de recarga acuífera, extendiéndose desde Coris hasta la Laguna de Doña Ana, en Paraíso.
Las acciones realizadas incluyen lo que parece ser el dragado y el relleno del humedal. El año pasado, las organizaciones defensoras del medioambiente ya habían denunciado a la finca La Mara por actividades similares.
Los humedales, por su propia naturaleza, son esenciales para la observación de aves y otros animales asociados a estos ecosistemas. En un contexto urbano, también ayudan a mitigar los efectos de las lluvias intensas y las inundaciones, al absorber el exceso de precipitaciones. Asimismo, la vegetación presente en estos humedales actúa como un filtro natural que mejora la calidad del agua. Por todas estas razones, los humedales están protegidos por la ley en todo el país.
La interpelación es inmediata y clara: ¿Qué lo llevó a usted a escribir?, pregunta una niña de unos ocho años. Y siempre vuelvo a la misma historia: Julio Verne y sus 20 mil leguas de viaje submarino, un cuaderno de segundo grado de escuela con una obra de teatro escrita en tres actos, mis primeros trazos en borrador, inicialmente con la profesora Carmen Ugalde a quien le debo me hiciera conocer a Antonio Machado y el ejercicio de re-escritura y empezar a saber de Julio Cortázar, en el taller de Osvaldo Sauma en el Conservatorio Castella, institución pionera en el arte en Costa Rica.
Cualquier respuesta llevará siempre a más preguntas: ¿Por qué escribió VOSTOK? ¿Cuál es su libro publicado favorito? ¿qué hay que hacer para escribir?
Leer, será sin duda la respuesta común. Leer y trabajar permanentemente. Trato de ocultar al académico y dejar salir a flote al escritor que enseña.
Porque escribir también es un oficio, como el de la sociología, la comunicación social, la dirección de un instituto de investigación en poblaciones y un vicedecanato de una facultad en una universidad pública de mi país.
Hacer hoy cualquier actividad que recreé el arte, es resistir los embates de un modelo, un sistema aniquilador para la cultura, en fin, para el ser humano, para el humanismo como enfoque.
Eso, resistencia, fue precisamente lo que sentí a lo largo de 3 días intensos de actividades en el marco del XIV Encuentro de narradores en San Francisco de Macorís, República Dominicana.
Un equipo de trabajo con mística encabezado por los dominicanos poeta, dramaturgo y gestor cultural Noé Zayas y la querida historiadora y escritora Elena Ramos, se encargó de hacernos ver que cuando hay empeño y lucha, la falta de recursos, el desinterés institucional y la desidia de un entorno marcado por la desvalorización de la literatura, pasan a segundo plano.
En medio de asopaos, sancochos (platos típicos dominicanos preparados por Noé y su equipo) y una agenda repleta de actividades tanto en la capital como en San Francisco de Macorís, también hubo espacio para lo otro, la academia.
Entonces presenté por primera vez mi ensayo sobre la tesis doctoral en el que reflexiono sobre la historia de Costa Rica contada por los cuerpos de “los otros”; lo hice en dos universidades auspiciadoras de la actividad: la histórica Universidad Autónoma de Santo Domingo, próxima a cumplir 500 años de fundada y la Universidad Católica Nordestana.
En esta última impartí la conferencia “Desafíos para las movilidades humanas centroamericanas en la nueva administración Trump”. En la primera fuimos reconocidos, a lo mejor sin merecerlo, como visitantes distinguidos de la universidad, un honor que entiendo es entregado a pocas personas.
Regreso a la razón de ser de estos encuentros: el intercambio con niños, niñas y adolescentes. Uno solo de ellos que se interese por la literatura habrá hecho que valga la pena el ejercicio de resistencia. Y en nuestro caso, seguir trabajando desde la base por construir una sociedad más humana.
Queda un largo camino por recorrer. Esto apenas empieza. Y la resistencia desde el arte y la cultura también son ejercicios políticos de transformación de las sociedades que nos tocó construir.
A eso vamos.
SURCOS comparte la siguiente información:
Convocatoria de Artículos para el Anuario del CIEP “Estudios sociales del agua en América Latina y el Caribe” El Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos (Anuario CIEP) invita a investigadores, académicos y profesionales a enviar sus contribuciones para la sección temática de nuestro próximo número dedicada al estudio del agua desde la ecología política en América Latina y el Caribe.
Fechas importantes:
Envío de resúmenes (abstracts): 15 de marzo de 2025
Envío de borradores completos: 31 de agosto de 2025
Descripción del tema: El agua es un recurso fundamental para la vida y el desarrollo, y su gestión y distribución son temas de importancia clave para la ecología política. Por décadas, investigadores vinculados a esta perspectiva académica han señalado cómo estas prácticas, reglas, instituciones e infraestructuras que definen el uso y acceso al agua, se caracterizan por ser fragmentadas, complejas, imbuidas por el poder político y propensas a producir desigualdades de uso y acceso sobre la base de diferencias de clase, género y etnicidad. Aunque los casos varían significativamente, atención particular se ha dirigido a la forma en que la extracción, circulación y consumo de agua potable – ya sea en formas públicas, comunitarias o mercantilizadas (y/o privatizadas) – revelan procesos multiescalares que dan forma a la manera en que diferentes grupos sociales ejercen control sobre el acceso y uso del recurso. Estudiar la intersección entre recursos hídricos y las relaciones de poder en América Latina y el Caribe es un campo fértil para el análisis y la reflexión crítica. La sección temática del próximo número del Anuario CIEP busca explorar esta intersección y fomentar un debate académico riguroso y multidisciplinario sobre la gestión del agua, los conflictos relacionados, las estrategias de control del uso y acceso y los fines políticos, económicos y sociales de éstas.
Temáticas sugeridas:
Gestión política del agua
Territorios hidrosociales
Paisajes hídricos
Gobernanza del agua
Gubernamentalidades del agua
Geografías tóxicas del agua
Servicios ambientales del agua
Usos en competencia por el agua (turismo, hidroeléctricas, agricultura)
Ecologías políticas urbanas del agua
Neoliberalización y privatización del agua
Derechos humanos y acceso al agua
Conflictos socioambientales por el agua
Participación comunitaria en la gestión del agua
Crisis y escasez del agua y sus construcciones políticas
Invitamos a las personas autoras interesadas a enviar un resumen de su propuesta (máximo 300 palabras) a más tardar el 15 de marzo de 2025. Estos resúmenes serán valorados por las personas editoras temáticas del número para proceder con el envío de los borradores completos antes del 31 de agosto de 2025.
Contacto: Para más información y envío de propuestas, favor contactar a Alonso Ramírez o Daniella Carranza a través del correo electrónico anuario.ciep@ucr.ac.cr.
Enviar un resumen de 300 palabras a ciep@ucr.ac.cr a más tardar el 15 de marzo del 2025.
Fuente: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/announcement/view/626
Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana
La aprobación de la ley 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, aprobada 3 de diciembre de 2018, entrada en vigencia el 1 de julio de 2019, sienta las bases para la aplicación de la fiscalidad (Consenso de Washington) regresiva, antipopular, contra la estructura del Estado Social de Derecho y de los Servicios Públicos, principalmente en contra de sus principales e icónicas instituciones autónomas y públicas, que son altamente productivas y rentables, solo que su riqueza no se acumula en las pocas manos de empresas particulares, sino es distribuida entre toda la población en lo que se podría denominar capital social, altamente solidario, por tanto, opuesto a la competencia de mercado, ésta sí altamente individualista, que acumula, concentra y centraliza sus utilidades, riqueza, que se extrae del trabajo humano.
La teoría del estado mínimo tesis del neoliberalismo (Hayek, 1938), se empieza a configurar y aplicar desde el decenio de los noventa del siglo XX, (Ley de cogeneración eléctrica, tercerización de los servicios de vigilancia, mantenimiento y limpieza, mensajería, remesas bancarias, entrega de recetas, servicios secretariales en los Ebais, entre otras).
El Tratado de Libre Comercio, TLC, en 2007, la metodología para su puesta en funciones se confirma con la ley 9635 citada, consolida el proceso neoliberal, que permitirá con la estructura jurídica creada, generar otras leyes que continúan desmantelando, destruyendo y socavando los contrapesos que han resistido la avalancha neoliberal; nos referimos a las organizaciones sindicales y sociales, en particular del sector público, con gran mayoría de la denominada clase media, así por ejemplo leyes tales como la de Empleo público, las jornadas 4-3, la ley Anti huelgas, la regla fiscal.
En el presente, están promoviendo la ley de Armonización del Sistema eléctrico, que es una reedición del “Combo del ICE” del año 2000, la venta del Banco de Costa Rica, del Consejo Nacional de la Producción-CNP, la Fábrica Nacional de Licores-Fanal-El Instituto Nacional de Seguros-INS- que como se puede notar contribuyen al erario del Estado en sumo grado.
Los poderes del Estado, sus organismos auxiliares y la Constitución Política
Con el control, mediante la ley 9635 y su regla fiscal y las leyes anti laborales, el gobierno actual ha logrado debilitar la movilización popular, la protesta y mediante la utilización de un discurso contra la clase trabajadora, de manera particular del sector público, fuerte contingente de la denominada clase media, como apuntamos líneas arriba, lanzando una serie de epítetos engañosos, considerando a dicho sector como la causa de todos los males económicos, financieros y sociales que enfrentan las familias más pobres del país, con un afán de dividir el movimiento popular y desplazar esa fuerza laboral al sector privado, desarticulando los servicios públicos esenciales para el desarrollo social, que caerán en manos privadas.
Con la ley Jaguar, el gobierno actual pretende, mediante una nueva constitución, desplazar la actual, romper y debilitar la estructura de la división de poderes, convertir a la Asamblea Legislativa en un instrumento bajo el control presidencial, igual que el poder judicial; los órganos auxiliares tales como la Contraloría General de la República, Procuraduría, Defensoría de los Habitantes, jugarían un papel secundario sin poder de vigilancia ni control. El ataque sistemático al Sector primario de la economía, con el fin de que desaparezca, (arroceros, cafetaleros, ganaderos-areteo-), ha sido una política del gobierno.
Como corolario de lo anterior, con la llegada al poder de Donald Trump y en concreto la visita del secretario de Estado Marco Rubio, desaparece la poca credibilidad de gobierno en democracia y soberanía nacional. El presidente Rodrigo Chaves R, acoge, de forma indecorosa, los planteamientos del enviado de la Casa Blanca, que incluye medidas de coerción a funcionarios que negocien con la República Popular China, en especial en el caso Hawei y 5-G, en un escenario muy particular, el asunto de la “ciberseguridad”; oprobiosa postura, que además de impositiva, violenta la soberanía del país.
En línea con lo anterior el cuadro se completa con la anulación de visas a dos legisladoras nacionales, por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto representa una afrenta diplomática, una intromisión en los asuntos internos de las naciones y rompe con el principio de autodeterminación de los pueblos, además, para Costa Rica, representa una flagrante violación a nuestro principio de país pacífico y pisotea la proclama de Neutralidad perpetua activa y no armada de Costa Rica, dado que dichas iniciativas y otras como la fabricación de microchips, (tecnología para la guerra), que puede generar conflictos y deriven en bélicos, aunque inicialmente se presente como fabricación tecnológica para el desarrollo económico nacional.
Exhortamos a la ciudadanía costarricense a manifestar su descontento y desaprobación, ante la blanda y laxa posición asumida por la presidencia de la República, ante las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, así como las negociaciones para la instalación de fábricas de los microchips y por la anulación de las visas a dos diputadas de la república de Costa Rica.
A las señoras diputadas reiteramos nuestra admiración por su valentía y gesto soberano, ante lo ocurrido.
Instamos a nuestra Asamblea Legislativa, como primer poder, a tomar medidas para que lo anterior sea revertido, es una vergüenza a nivel nacional e internacional el grado de sumisión en que ha caído el gobierno de la república. “Sepamos ser libres, no siervos menguados, derechos sagrados la patria nos da” (Himno al 15 de septiembre de 1883, letra de Juan Fernández Ferraz, música de José Campabadal y Calvert).
P/ Movimiento Patriótico por Costa Rica Soberana:
Mainier A. Barboza Soto, Gerardo Quirós Jiménez, Fabio Villalobos Campos, Rafael A. Sánchez Rojas, Luis Alberto Rojas Fallas, Juan Rodolfo Leiva Peña, Alexander Cortés Campos, Bernardo Corrales Briceño, Francisco Cordero Gené.