Alberto Salom Echeverría
Introducción
Ya estaba redactado el artículo actual, que lo dedico a poner en evidencia la forma drástica y grosera como el gobierno Chaves Robles rompe con la tradición ambientalista y conservacionista llevada adelante, al menos, por diez administraciones en Costa Rica, cuando saltó a la palestra pública la noticia en la que el Tribunal Supremo de Elecciones señala nada menos que al actual mandatario Rodrigo Chaves, al vicepresidente Brunner y al ministro de relaciones exteriores Arnoldo André, como posibles responsables de cuatro delitos electorales. La investigación -dice la periodista Natasha Cambronero- se benefició del dinero captado utilizando estructuras paralelas que operaron al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes. (Cfr. Cambronero N, La Nación 2.02.2025)
Es imposible guardar silencio, porque de comprobarse la culpabilidad, una vez que se les levante la inmunidad a los altos funcionarios públicos, se configurarían delitos de gran calado que, lógicamente conllevarían fuertes penas contra el Estado. Me abocaré la próxima semana a externar mi opinión sobre estas espeluznantes denuncias contra el mandatario y consortes.
Lo anterior no debe interpretarse para nada en el sentido de que estoy demeritando el examen de los gazapos de la actual administración en materia de política ambiental, que son -como se verá- muchos y muy graves. Sin embargo, he sentido que debía advertir a ustedes por qué un asunto tan delicado como la comisión de posibles delitos electorales contra el Estado y la sociedad toda, por parte del mandatario Chaves y sus colegas, no lo abordé inmediatamente en mis escritos. Ya lo haré.
En la materia ambiental, en el presente artículo, secundo la trascendental acusación de la investigadora del PEN Karen Chacón Araya en el sentido de que: “…actualmente el país enfrenta una ruptura en la narrativa sobre el ambiente como motor del desarrollo humano”. (Cfr. Chacón Araya, K. citado en, Brenes Mora, S. Delfino.cr, 2024).
Costa Rica pasó de haber asumido políticas ambientales que le produjeron un avance en aumentar su prestigio y liderazgo en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, a adoptar políticas que han roto con esa trayectoria.
Para toda aquella persona que deseé saber en qué ha retrocedido nuestro país de manera radical con este gobierno en materia ambiental, lo único que debe hacer es conocer el informe del Programa del Estado de la Nación (en adelante PEN por sus siglas en español), en políticas ambientales. Para que se formen una buena idea, me he propuesto hacer un breve resumen de lo que quedó consignado en ese informe del año 2024. El retroceso es atroz. Veamos.
El PEN apunta cuatro amenazas que se han creado:
1.Reducción de los fondos económicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (en adelante el SINAC) en los años 2022 y 2023, en un 33% (es decir, una tercera parte). Esto constituye un golpe muy significativo a los esfuerzos que el país venía haciendo, ya que se habían aumentado las áreas de conservación que estaban protegidas en un 524%. Es decir, hoy tenemos sustancialmente menos recursos para fiscalizar y controlar una extensión de áreas protegidas mucho más grande por parte del SINAC, el MINAE y CONAGEBIO.
2. Con la actual administración ha vuelto a posicionarse el discurso que señala la protección ambiental como si fuese un obstáculo para el desarrollo del país. Una falacia del “tamaño de la Catedral”. En cambio, le han dado rienda suelta a las políticas extractivas que tienen un gran impacto contra el medio ambiente y desde el punto de vista social. Un ejemplo es el discurso que se ha adoptado por el gobierno para favorecer la exploración y explotación tanto de la minería a cielo abierto, como del gas natural y el petróleo. Los esfuerzos están orientados a flexibilizar las regulaciones ambientales, bajo el supuesto de que las actividades extractivistas producen más riqueza a la economía nacional.
3. El PEN es enfático en señalar también riesgos de regresividad y retrocesos ambientales que provocarán que no alcancemos las metas que el país se había impuesto en: la descarbonización de la economía para el 2030, la gestión integral de residuos sólidos, el manejo integrado del recurso hídrico o el uso sostenible del suelo agrícola. Todo este riesgo de retroceso repercutiría negativamente sobre: la calidad de vida de la población la seguridad ante amenazas climáticas, el acceso equitativo a los recursos naturales, la seguridad ante amenazas climáticas y la salud de los ecosistemas.
4. EL PEN advierte también que ya se han producido afectaciones a la tradición de liderazgo de Costa Rica a nivel internacional. Algunas de las acciones que este gobierno ha golpeado con sus políticas son las siguientes: a. La constitución del pago por servicios ambientales (PSA), b. la instauración del canon a la emisión de dióxido de carbono, c. la propuesta de crear la figura de experto independiente de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente, d. la incorporación de CR a iniciativas como la Coalición de Países con Bosques Tropicales (desde el 2005), e. el Foro de Vulnerabilidad Climática y La Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza. Luego adiciona el PEN literalmente en el informe: “…en los últimos años se han adoptado algunas decisiones que rompen con esa trayectoria. No se ratificó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) …Tampoco se firmó la declaración de la Alianza para ir más allá del petróleo y el gas natural (BOGA por sus siglas en inglés), iniciativa que CR impulsó y lideró junto a Dinamarca”. (Cfr. Chacón Araya, K et.al. “¿Está en riesgo la imagen verde de Costa Rica?” estadonacion.or.cr. 2024).
Por otra parte, la prensa nacional, siguiendo a el PEN, también señala deficiencias importantes de la política ambiental del país, como en el artículo del periodista Juan Fernando Lara, titulado “Gobierno actual debilitó histórica apuesta ambiental del país”. (Cfr. Lara S., JF. La Nación 15.11.2024, Pp.10)
En este caso, el periodista Juan F. Lara destaca los siguientes hallazgos: a. se han rebasado los aforos (cantidad de gente) permitidos en parques nacionales, b. se han desatendido órdenes para el resguardo de áreas protegidas, c. se ha promocionado la explotación de especies marinas sin criterio técnico ni científico, d. y en algunos casos se han reducido y hasta retirado metas ambientales asumidas en compromisos internacionales. (Ibidem).
Además, los estudios realizados por la PEN dan testimonio de que la administración Chaves Robles ha priorizado los criterios político-ideológicos sobre los técnicos en varios casos: A. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) decidió aumentar el número de visitas diarias al Parque Nacional Manuel Antonio, desde el mes de mayo del 2024, sin respaldo técnico alguno. El hecho se produjo inclusive después de que la Sala Constitucional dictara una sentencia de mayo del 2023, en la cual ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) reducir el ingreso de visitantes de 3.000 a 1.120 por jornada, conforme a la capacidad de carga que fue calculada en diciembre del 2022. B. Otro tanto ocurrió en otros sitios protegidos como, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (R G-M), ubicado en el Caribe Sur (Talamanca-Limón). C. Asimismo, fueron modificados los límites del refugio en clara contraposición con la legislación nacional y con el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República y una sentencia de la Sala Constitucional (N° 2019-1245, del 10 de julio del 2019). D. Con base en una ley del 2014, impulsada por el entonces diputado Walter Céspedes, hoy alcalde de Matina, se desafectaron 188 hectáreas de bosque del refugio G-M, con lo que supuestamente se le cambiaba su condición de bien de dominio público. No obstante, aunque el 10 de julio del 2019, la Sala IV declaró inconstitucional dicha ley, ordenando al SINAC delimitar el área y junto con la Procuraduría General ejercer acciones legales para defender el patrimonio público, a la fecha del cierre del informe del PEN, tanto el MINAE como el SINAC se habían resistido a cumplir con la orden recibida de la citada sentencia de la Sala Constitucional. E. El presupuesto del SINAC, dependiente del MINAE, cuyo fin es administrar las áreas protegidas, se redujo en un 37% en cinco años, pasando de 44.000 millones de colones en el 2020 a 28.000 millones de colones en el 2025.
Junto a todo lo anterior, el país perdió 48.000 árboles en 12 años; un 43% debido a la tala ilegal de los bosques. Este dato constituye una pérdida en promedio de 1.518 árboles anualmente. Una reversión muy grande en la política ambiental, puesto que, debido a regulaciones ambientales más estrictas, que nacieron en 1980, el país venía impulsando un modelo de turismo sostenible, reconocido mundialmente. Esta política permitió que se alcanzara una superficie forestal de tres millones de hectáreas en el 2021, lo que significó un incremento del 6,27% en comparación con el 2010. (Cfr. Lara S, JF. “País perdió 48.000 árboles en 12 años; 43% debido a la tala ilegal. La Nación. 28.12.2024).
Para concluir diremos que, algunos de los problemas más importantes y álgidos en ambiente y desarrollo se han agudizado en la administración actual. Los datos son reveladores de una orientación errática de la política ambiental de la actual administración. Basta ver los siguientes datos para cerciorarnos de lo expresado:
El año recién pasado (2024), fue el segundo año consecutivo que arrojó una cifra récord en el uso de energía eléctrica basada en hidrocarburos. El periodista Juan Fernando Lara, aporta que, en ese mismo año la generación térmica aportó el 13% del consumo total de la energía, sumando producción local más importaciones. La generación con búnker y diésel cubrió el 10% de la demanda eléctrica nacional. El periodista afirma también, con base en datos aportados por el ICE, que ese 13% representa un gran incremento del uso de energía con base en generación térmica, ya que en el 2022 solamente el 1.27% de la demanda fue atendida con generación térmica. Asimismo, se corrobora que esos datos son fiel reflejo de que se rompió con una tradición de ocho años consecutivos en que el país se mantuvo empleando un 98% de energías limpias para abastecer la demanda, valga decir una combinación de energía hidroeléctrica, geotérmica, eólica, y en menor medida solar y biomasa. (Cfr. Lara S, Juan Fernando. “País rompe récord de generación térmica por segundo año consecutivo”. La Nación. 29.11.2024).
Como puede verse, se trata de una situación muy compleja, porque concurren varios factores que explican el decaimiento del caudal de agua en la nueva Planta del Reventazón, (inaugurada el 16 de setiembre del 2016); la planificación del ICE estima que esa planta es imprescindible para aportar la energía limpia que se esperaba almacenar y así recuperar la proporción de un 98% de aporte para abastecer la demanda del consumo local basado en energías limpias. Pero no se ha conseguido el caudal planificado por un régimen de precipitaciones en la cuenca.
No se puede entender entonces que el gobierno actual siga considerando como opción viable, abrirle camino a la exploración y explotación de petróleo y gas por parte de empresas extranjeras; habida cuenta de la enorme incertidumbre que hay en cuanto a la posibilidad de encontrar esos recursos en condiciones comercializables y por otro lado, la inseguridad de cara a la elevación de la contaminación con gases de efecto invernadero que este tipo de extracción y eventual producción, conllevaría para el país. Tampoco nos explicamos los enormes yerros en que ha incurrido esta administración en materia de política ambiental, rompiendo con una tradición ambientalista de gobiernos de distinto signo. El daño está hecho.
Compartido con SURCOS por el autor.
