La corrupción: delincuencia del sistema

Juan Huaylupo Alcázar¹

La corrupción está asociada a distintas expresiones relacionadas a su significación del latín, alterar las cosas, que suele estar complementada con destruir, corromper, estragar, viciar, romper o pervertir. La corrupción es entendida como la acción que modifica las condiciones existentes, como un acto intencionado ajeno y contradictorio con la moralidad, legalidad, cultura o en general con las formas como son o deben ser efectuadas las relaciones en cada contexto social.

El delito de la corrupción es una interrelación desigual y engañosa, entre una alianza corruptos-corruptores contra alguna persona, organización o instituciones públicas, cuyo propósito es beneficiarse directa o indirectamente a costa de despojar el patrimonio de entidades o individuos, donde el protagonista corruptor-corruptores, asume la jerarquía o poder sobre la(s) víctima(s), legal o ilegalmente, para transferir fraudulentamente recursos, propiedades, realización pactos o contratos que perjudican los intereses de las personas e instituciones afectadas.

La diversidad de las concreciones disimiles sobre la índole y naturaleza de los actos calificados como corruptos (cohecho, malversación, abuso de autoridad, colusión, sobornos, tráfico de influencia, falsedad ideológica, fraude…), ha impedido tener un concepto que sea consensual, como por las diversas perspectivas analíticas y jurídicas sobre su concepción, prevención y de sanción a esta forma delincuencial.

Gran parte de los análisis sobre la corrupción inciden en aislar el fenómeno, según la naturaleza y las formas como se reviste, que incide en la atribución de responsabilidades a individuos aislados, a pesar de ser un proceso complejo que oculta e invisibiliza a los corruptos, así como omite la peculiaridad legal, moralidad, cultura y el impacto social de la corrupción e ignora las condiciones contextuales del delito.

El creer que la corrupción son actos simples e inherentes de las personas de cualquier condición social, sociedad y tiempo, es asumir que todos, o cualquier individuo, es susceptible de una actuación corrupta e inmoral, contra toda norma, las buenas costumbres, buena fe, etc., lo cual es una interpretación individualista que simplifica y supone que todos los individuos son, o tienen la potencialidad de ser corruptos e inmorales, que podría erradicarse con la vigilancia digital, la yatrogenia o el aislamiento carcelario. No obstante, esa concepción ni el control totalitario impiden las acciones corruptas y constituyendo un argumento que encubre las determinaciones contextuales para la inmunidad e impunidad de la delincuencia organizada.

La corrupción no es natural ni los inconmensurables casos son casuales en los espacios sociales. Es un fenómeno que trasciende a los individuos que comprometen las relaciones sociales y las instituciones públicas, en todos los espacios y tiempos, de modo particular en las sociedades dictatoriales y en las endebles democracias. Se podría afirmar que es una problemática política estructural entre clases segmentos sociales indistintos, sin otra consideración, que el beneficio, personal o grupal, contra los intereses y posesiones de otros. Sin embargo, la corrupción es una condición del devenir de la sociedad contemporánea, que no puede admitir ni reconocer que su constitución originaria que reproduce históricamente es un proceso corrupto que se apropia indebidamente de las riquezas y recursos de las sociedades, que se enriquece privadamente del trabajo social no pagado y que esclaviza a las poblaciones del mundo. Asimismo, tanto en el pasado como en el presente, se evidencia que el poder dictatorial, la explotación y las frecuentes defraudaciones y crisis financieras se sustentan en la corrupción, como fuentes para la expansión y crecimiento económico y político del sistema.

Concebir la corrupción como violación al orden constituido es contradictorio e inconsistente, pues ese orden, es el precisamente conservado y reproducido con las prácticas delincuenciales. La corrupción al profundizar la desigualdad y la privatización de los recursos de los subalternos y de la nación, evidencia ser la mediación funcional, útil y necesaria, del orden construido por el poder, como también lo son las leyes indignas y muchas prácticas cotidianas legalizadas, pero inmorales, ilegitimas y corruptas.

El individualismo metodológico, como determinación de la causalidad de los fenómenos complejos, es una simplificación, pero también es un prejuicio que ha servido y sirve para juzgar y condenar a subalternos que históricamente se les culpa y discrimina socialmente, mientras se pondera, justifica y legaliza la explotación, la desigualdad, inequidad y exclusión en las históricas prácticas estructurales y en las impuestas relaciones laborales, mercantiles y financieras, aun cuando determinan y perjudican la calidad y vida de millones de personas y naciones. El sistema imperante se nutre de la corrupción y desigualdad cotidiana.

La corrupción tiene determinaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales que inciden en la valoración y calificación de los delitos. Los corruptos en el mundo de los negocios, la política nacional, la administración justicia, derechos iguales entre desiguales, etc., no poseen sanciones similares, porque no dependen de la naturaleza del delito, sino básicamente de la condición social e influencias del poder delincuencial. Así, muchos son eximidos de culpa por dispensas jurídicas, por influencias políticas y compromisos judiciales, intimidación o por la relativización y dilución del delito.

En una sociedad que valida y reproduce desigualdad, inequidad y explotación, la corrupción se convierte en un medio adicional de enriquecimiento privado en perjuicio de sectores mayoritarios. Es una mediación que también promueve la desigualdad y la inmoralidad del poder en la sociedad contemporánea.

Las ejemplificaciones de corrupción abundan en Costa Rica, como las pseudos crisis de las financieras en el año 1987, donde incontables personas “perdieron” sus ahorros de liquidaciones y pensiones laborales. La administración corrupta de ALDESA, con la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), a fines de la década de 1990, donde se “esfumaron” cientos de millones de centenares inversionistas. La construcción de la carretera en la frontera con Nicaragua, conocida con “La Trocha Fronteriza”, en marzo de 2012, que fue calificada como una megacorrupción, donde autoridades políticas, constructoras y negociantes están implicados, pero no ha pasado nada y el sobreseimiento es la alternativa del poder para el poder. La crisis de Coopeservidores del 2024, es otra muestra de la negligencia de los entes fiscalizadores y reguladores de la situación y el manejo de los recursos financieros en dolosas administraciones que privatizaron los recursos y anhelos de los cooperativistas.

En ningún caso mencionado, entre otros, se ha culpado a los responsables, recuperado lo “perdido” ni se ha resarcido a las víctimas. Estos son solo algunos casos que no son objeto de indagación exhaustiva ni de condenas, como tampoco interesan los casos conocidos, pero no denunciados. La corrupción violenta los derechos ciudadanos, mientras que las autoridades se eximen de su responsabilidad, que bien deberían ser demandadas por el mismo delito que no dictaminan.

La corrupción es una problemática cada vez más acuciante en la cotidianidad de la heterogeneidad social, que con otras formas delincuenciales, como el tráfico de drogas, son parte inherentes del sistema global, cuya práctica sistemática contribuyen al crecimiento, acumulación y expansión del poder político y económico mundial.

La corrupción no es un proceso simple es complejo que compromete a subalternos, funcionarios, al Estado y al poder geoestratégico imperial, pero es afín al sistema, pues contribuye a polarizar más la desigualdad y el empobrecimiento social y la magnificación del enriquecimiento de la posesividad del poder.