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Autor: María José Ferlini Cartín

UNDECA presenta denuncia ante OIT por prácticas de violencia y discursos de odio del presidente Chaves y la presidenta ejecutiva de la CCSS

Comunicado

El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, desde los primeros días, la emprendió contra el sistema democrático costarricense y rabiosamente contra los sindicatos.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución fundacional del Estado Social y Democrático, que el Gobierno pretende desmantelar y privatizar, aunque sea recurriendo a los actos, denunciados por UNDECA y otros, al Ministerio Publico, que resultaron en la detención en las celdas de OIJ la presidenta ejecutiva de la Caja y siete personas más.

UNDECA es el reducto de defensa de la Caja, su autonomía, recursos financieros y los derechos de casi 70.000 personas que laboran en esa entidad.

Nuestra inclaudicable posición nos ha costado que el presidente de la República y Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, acometan contra UNDECA, desplegando un conjunto de actuaciones que violentan los principios de libertad sindical.

A raíz que la conjura contra este y otros sindicatos institucionales ya resulta desproporcionada, llegando a extremos de violencia intolerable, UNDECA interpuso una denuncia en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) contra el Presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.

Las actuaciones más graves, entre otras, que sustentaron la denuncia son:

1.- Marta Eugenia Esquivel declaró, en la habitual conferencia de prensa de Casa Presidencial, que los sindicatos tienen secuestrada la CCSS.

2.- La misma jerarca declaró públicamente que los sindicatos son los peores enemigos de la Caja y las comunidades.

3.- Esquivel amenazó a los sindicatos por denunciar en el Ministerio Público, la cuestionada adjudicación de 10 áreas de salud a favor de cooperativas y un consorcio hospitalario privado.

El presidente de la República amplificó la agresión contra los sindicatos, atribuyéndonos que somos los responsables de las listas de espera.

4.- Esas prácticas antisindicales se coronan con el ataque deleznable que ha sufrido nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA y representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja, contra quien el Consejo de Gobierno ilegítimamente ordenó la apertura de un procedimiento sancionatorio y una medida cautelar de separación de su cargo, que fue anulada por la Sala Constitucional, por violentar derechos fundamentales.

Las arteras acciones montadas contra nuestra compañera Martha Elena violentan el principio de autonomía e independencia sindical.

El conjunto articulado de actuaciones del Presidente de Gobierno y Marta Esquivel, configuran prácticas recurrentes y sostenidas de hostilidad y discriminación antisindical, que vulneran los principios de libertad sindical, contenidos en la Declaración de Filadelfia de OIT (1944) y los convenios internacionales de OIT, ratificados por Costa Rica.

UNDECA denunció que el Gobierno de la República está creando un peligroso clima de confrontación, amenazas, presión y desprestigio contra los sindicatos, que pretende, impedir que los sindicatos realicen su misión de manera eficiente y eficaz, y además, esos discursos incitan a la violencia, con el propósito que la ciudadanía rechace y repulse moralmente a UNDECA y los sindicatos de la Caja, declarados calumniosamente secuestradores y los peores enemigos de la Caja y las comunidades.

UNDECA comunicó la denuncia internacional al Director General de OIT y está solicitando que se declare que el presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez son autores responsables de la violación de los principios de libertad sindical.

En consecuencia, se solicitó condenar al Gobierno por el ejercicio de prácticas políticas incompatibles con la libertad sindical y ordenar a esas autoridades gubernamentales abstenerse de continuar con esas conductas de violencia antisindicales.

UNDECA terminó su denuncia citando la siguiente declaración del Secretario General de Naciones Unidas; Antonio Gutiérrez:

“El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por una cuestión de principios.”

El discurso de odio del presidente y Marta Esquivel contra los sindicatos es irreconciliable con los postulados de nuestra Constitución Política y los convenios de OIT en materia de libertad sindical.

San José, 02 de octubre de 2024.

¡De «sesión solemne» no tuvo nada!

Freddy Pacheco León

Más bien, lo sucedido, fue síntesis del mal gusto y desprecio, a la memoria de don Juanito Mora.

Quizá porque desconoce particularidades de la gesta histórica de la Campaña Nacional, contra los invasores estadounidenses, y el papel heroico exhibido por el presidente de la República, don Juan Rafael Mora Porras, en Santa Rosa y Rivas, nuestro mandatario, ¡actuó como es!

Si otro presidente, José María Montealegre, cobarde como el que más, un día ordenó asesinar a nuestro héroe, cuando desembarcara en Puntarenas, no se vale, que otro presidente, el Chaves, no le importe despreciar su memoria, al convertir un acto que merece la mayor solemnidad, y el respeto debido, en otro de sus polvorines retóricos, especialmente inconsecuente y hasta vulgar.

Don Juanito es muy grande, como para pensar que su figura fuese degradada, por un fabricado bochinche politiquero y provocador, pero los que guardamos eterno agradecimiento al HÉROE, que nos garantizó la libertad y la verdadera independencia, sí sentimos mucha pena por la insolencia demostrada por el Chaves. Eso no se lo perdonamos.

Obviamente, lo que cabía era, al menos, un respetuoso minuto de silencio, en un ambiente donde, el presidente de la República se dirigiera a los hijos de Costa Rica, motivándonos a reconocer en el Presidente Mora, al compatriota más digno que hubiese nacido en este venerado país. Era el momento de narrar, cómo fue su vil asesinato, e invitar a conocer más de su gesta libertadora. Era el momento en que un estadista, se habría dirigido a los más jóvenes, exaltando los valores democráticos, el absoluto respeto a la institucionalidad, la bendición de vivir en una Patria, donde impera una Constitución Política que recoge gloriosos principios, como la abolición de la pena de muerte, la abolición del ejército, la independencia de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, y una cultura de paz, con la educación en un altar, y la dignidad humana como estandarte.

Palabras así, eran las esperables, en una sesión solemne de un Consejo de Gobierno, que, así lo entendíamos, se había trasladado al querido puerto de Puntarenas, a recordar la vida y muerte de don Juanito, ¡y no a gritar, como cualquier carajo vulgar, «estúpidos» a miembros del Congreso de la República!

Se empañó tanto la conmemoración, que, para no vivir algo similar en los próximos dos años, instamos, para que el Chaves y sus ministros, consideren NO volver a sesionar en Puntarenas. Don Juan Rafael Mora merece ser honrado, desagraviado, respetado.

Etiquetado frontal con advertencias nutricionales para productos alimenticios y bebidas con contenido no alcohólico, una ley urgente

Luis Bernardo Villalobos Solano
Ex Decano de la Facultad de Medicina, UCR

Las facturas de las omisiones en conocimiento y en legislación que deben resguardar la salud de las personas para consumir responsablemente y con información productos alimenticios y bebidas de contenido no alcohólico están llegando a los consultorios de esa gran estación de paso que es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como ya hemos mencionado en publicaciones anteriores. Esas desatenciones pueden coadyuvar problemas de sobrepeso, obesidad, hipertensión y otros males circulatorios y renales, entre otros que están dentro del grupo conocido como Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). La situación, sin duda, aparte del sufrimiento de las personas afectadas y sus familias, tiene un costo para todos los cotizantes: Estado, patronos y trabajadores.

Veamos algunos datos reportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS:


-En 2022, una de cada ocho personas en el mundo eran obesas.


-Desde 1990, la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos de todo el mundo, y se ha cuatriplicado entre los adolescentes.


-En 2022, 2500 millones de adultos (18 años o más) tenían sobrepeso. De ellos, 890 millones eran obesos.


-En 2022, el 43% de los adultos de 18 años o más tenían sobrepeso, y el 16% eran obesos.


-En 2022, 37 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso.


Los trastornos relacionados con la nutrición parte de una manifestación grave de cambios en el estilo de vida y en el patrón alimentario-nutricional que han afectado a la población, en este caso de nuestro país y que se inicia hace más de 4 décadas afectando por consiguiente no solo a la niñez y adolescencia, sino que cobija prácticamente a todas las edades. De manera preocupante muy pocas personas no especializadas en el tema son conscientes de esta situación de lo que podríamos denominar ANALFABETISMO NUTRICIONAL.

En el caso de la niñez paga un monto alto ya que inicia con problemas de obesidad a los que se pueden sumar otras patologías tempranas como afecciones cardio-renales que se ven agravadas algunas veces por dificultades en el rendimiento escolar, así como acoso y ausentismo. Además, algunos de estas personas cuando llegan a la adolescencia pueden tener trastornos hipertensivos y otros relacionados como las cardio y nefropatías severas.

El incremento de el sodio y el azúcar, entre otros, agregados al alimento preparado son parte de los factores de riesgo presentes en la problemática descrita tal y como ha sido documentado en múltiples estudios que el lector puede consultar en varias fuentes confiables, tales como la OMS y centros de investigación especializados.

Ya ha sido muy documentado que el etiquetado frontal es una estrategia clave para la prevención del consumo de alimentos poco saludables que han sido relacionados con los trastornos nutricionales. Esta acción en favor de la Salud Pública podría promover que las empresas productoras de alimentos preparados puedan repensar la composición de la oferta acorde con una población educada que demanda productos saludables. La problemática y las posibles soluciones deben verse desde ambos lados del espejo: productores y consumidores. Sin consumidores saludables el negocio de la alimentación ya preparada se caería.

Por otra parte, el etiquetado frontal debe verse como una estrategia educativa en Salud Pública que promueve el derecho ciudadano a la salud. El etiquetado de los octágonos es uno de los que ha mostrado mayor eficacia y ha sido adoptado por varios países de la región de las Américas. Es un etiquetado simple muy accesible a todos los grupos poblacionales, independientemente de su nivel educacional.

Dentro de ese marco precedente, es importante señalar la importancia del proyecto de conocido como LEY DE ETIQUETADO FRONTAL CON ADVERTENCIAS NUTRICIONALES PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON CONTENIDO NO ALCOHÓLICO . Expendiente N° 23.861, presentado por la Diputada Andrea Alvarez Marín que tiene como objeto:

¨establecer un marco regulatorio para el etiquetado frontal de productos alimenticios y bebidas con contenido no alcohólico. Lo anterior, como mecanismo de advertencia nutricional, promoviendo el acceso a la información de manera visible, rápida y de fácil comprensión para las personas consumidoras de ese tipo de productos, cuando se comercialicen en el país y las reglas aplicables cuando se importen de otro.

En nuestro país en muchas ocasiones se legisla de manera urgente cuando hay evidencia del problema que podría ayudar a resolver una determinada ley. Esta es una extraordinaria oportunidad. Las señoras y señores diputados tienen la palabra para promover esta importante política pública y ojalá pidan a las autoridades de salud todas las estadísticas relacionadas con esta problemática y verifiquen, incluso en su núcleo familiar y de amistades casos en los que esta ley podría contribuir casi de manera inmediata.

luis.villalobos@ucr.ac.cr 

Imagen: www.costaricasaludable.org

Conversatorio sobre Palestina este jueves 3 en la UCR

Este conversatorio contará con la participación de tres personas expertas:

  • Mag. Wajiha Sasa, Cónsul Honoraria de Palestina ante Costa Rica.
  • Dr. Nicolás Boeglin, experto en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y conflictos.
  • MSc. Javier Johanning, docente e investigador de la ECP, CIEP y OPI.

El evento es organizado por el Observatorio de la Política Internacional y la Escuela de Ciencias Políticas (ECP). La actividad promete ser un espacio de reflexión y análisis sobre la situación de Palestina a nivel internacional.Este jueves 3 de octubre de 2024, se llevará a cabo un conversatorio titulado «Palestina. 76 años de Nakba: Apartheid y Genocidio». El evento se realizará en el Auditorio Plaza de la Autonomía de la UCR a las 2:00 p.m.

Defensoría: Urge un proceso de fortalecimiento de la CCSS

Habitantes en condiciones de vulnerabilidad sufren para hacerle frente a sus procesos de enfermedad

Una de las entidades más denunciadas por las y los habitantes ante la Defensoría de los Habitantes es la Caja Costarricense del Seguro Social por transgresiones al derecho fundamental a la salud, siendo algunas de las principales causas: tiempos de espera prolongados, problemas en la entrega de medicamentos, citas con especialistas a plazos irrazonables, realización de exámenes diagnósticos, insuficiencia de recursos humanos, condiciones de infraestructura, problemas en el equipamiento, entre otros.

Las denuncias de los habitantes, el resultado de las investigaciones, la observación activa de procesos de coordinación interinstitucional en el sector salud y las inspecciones de centros de salud, permiten a la Defensoría obtener una mirada que pone en la palestra los riesgos del sistema y la necesidad de acciones urgentes por parte de las autoridades. No sólo se trata de intervenir en la sostenibilidad financiera del sistema a través de una adecuada recaudación, sino también la incorporación de acciones innovadoras en materia de recursos humanos, financiamiento, infraestructura y equipamiento, que se traduzcan en forma efectiva en la satisfacción plena del derecho a la salud de los habitantes.

Los tiempos de espera para exámenes, consultas y cirugías, en múltiples ocasiones resultan irrazonables, situación que coloca a los habitantes en condiciones de vulnerabilidad para hacerle frente a sus procesos de enfermedad. La suspensión de muchos proyectos de infraestructura no sólo ha defraudado las expectativas de muchos habitantes, sino que incrementa los riesgos y ejercen presión sobre el sistema que de por sí, ya está sobrepasado por la demanda. La fuga de especialistas médicos nos da cuenta de un sistema que debe fortalecerse para atender en forma armónica las necesidades de la población, en consideración de saludables y atractivas condiciones laborales para todos los trabajadores del sector.

Procesos de formación de especialistas regulados y estratégicos, estudios de necesidades que sirvan de fundamento para la toma de decisiones con visión prospectiva, un uso máximo y racional de toda la infraestructura disponible, así como el aprovechamiento de todos los turnos horarios; son solo algunas de las líneas de acción que la Defensoría de los Habitantes considera que se deben valorar con urgencia.

La población se enfrenta a una oferta de servicios insuficiente y con problemas de calidad, que podrían tener explicación – en no pocos casos- en esa insuficiente oferta de servicios. Los retos son muchos y definitivamente deben pasar por el fortalecimiento del primer nivel de atención, con mayor capacidad resolutiva, en términos de calidad y cantidad y con un mecanismo definido de coordinación en red, que permita una maximización de los recursos disponibles y un servicio resolutivo más cercano a la población en términos geográficos.

En otro orden de ideas, la digitalización de los servicios sin duda alguna, es una herramienta que facilita los procesos de intervención en salud. El acceso a través de herramientas tecnológicas, ha facilitado a muchas personas su asistencia a los servicios, no obstante, el uso del EDUS y de las plataformas tecnológicas para la obtención de citas, no debe constituirse en una estrategia de intervención generalizada, que desconozca las diferencias en las poblaciones, la disposición de los recursos tecnológicos aptos para su uso y las posibilidades logísticas de los diferentes grupos, especialmente aquellos en condición de vulnerabilidad. Por ello, es necesario evaluar la medida y determinar dónde es idóneo para atender las necesidades de la población adscrita y dónde debe variarse la estrategia para la asignación de citas a las personas aseguradas.

La inversión en la salud de la población requiere un fortalecimiento sostenible en el tiempo. El perfil epidemiológico de nuestro país plantea retos que deben ser atendidos en tiempo y calidad, de tal suerte que la población pueda ver atendidas sus necesidades oportunamente. No resulta de recibo y así lo ha establecido la Sala Constitucional, que continuemos creando barreras a las necesidades de los habitantes en el campo de la salud, argumentando insuficiencia de recursos. Las necesidades del sector salud demandan acciones en las que participen todos los sectores que forman parte del sector, con una mirada hacia el fin público y la garantía del derecho a la salud de los habitantes, con una armonización clara, con rectoría firme y consistente del Ministerio de Salud, tanto en la articulación y regulación, como en la fiscalización del cumplimiento de metas. Y en ese proceso, la voz del paciente y sus organizaciones siguen siendo un punto de partida central, pues los pacientes – receptores directos de los servicios, también pueden contribuir a referenciar los puntos álgidos del sistema y comprender los puntos álgidos del sistema.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense alerta sobre ataques del presidente Chaves hacia la educación pública

En un video publicado el 30 de septiembre de 2024 , Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), hizo un llamado urgente a la ciudadanía y al Magisterio Nacional a estar atentos a los discursos del presidente Chaves. Díaz señaló que dichos mensajes han atacado directamente al sector educativo, poniendo en peligro su estabilidad y dejando de lado los principios establecidos en la Constitución Política, que consagra la educación como un derecho fundamental para todos los costarricenses.

Se resalta como hace unos días, en una entrevista realizada por Radio Columbia, el presidente Chaves abordó de manera desinformada y atacante un tema que preocupa a los estudiantes del país: el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el cual por primera vez no se alcanzó un acuerdo en la negociación de este fondo, lo que llevará el tema a ser discutido en la Asamblea Legislativa. Durante la entrevista, Chaves afirmó que la reforma constitucional de 2011, que estableció el financiamiento de la educación pública en un 8% del PIB, fue una concesión gratuita de la expresidenta Laura Chinchilla, destinada a beneficiar a grupos de interés y privilegio, como los sindicatos de la educación y las universidades públicas.

El SEC, por su parte, ha respondido afirmando que la educación es un derecho humano que avanza y se encuentra consagrado en la Constitución desde 1949 y que su financiamiento es clave para el desarrollo social y económico del país. Las críticas señalan que el presidente ignora la importancia de la educación como motor de igualdad social y herramienta para el progreso nacional. Además, se advierte que su postura pone en riesgo el futuro de la educación pública y, por ende, el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes costarricenses.

Díaz concluyó haciendo un enfático llamado a unir fuerzas para detener la mala gestión del presidente, advirtiendo que sus acciones están abriendo las puertas para que los jóvenes caigan con mayor facilidad en la marginalidad, donde prevalece la delincuencia. Es imprescindible promover un financiamiento adecuado del FEES, que garantice un futuro y una educación digna para el país.

Le invitamos a ver el video.

Rector de la UCR: «No vamos a claudicar en nuestro compromiso de defender la libertad de expresión”

El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta señala en un video: «No vamos a claudicar en nuestro compromiso de defender la libertad de expresión, la educación y el pensamiento crítico, por más incómodo que esto resulte para los enemigos de la educación, la democracia y la paz».

Este lunes 1 de octubre de 2024, el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunció ante la grave situación ocurrida el pasado 30 de septiembre, cuando la institución fue blanco de una amenaza directa de bomba. Gustavo Gutiérrez destacó que este tipo de eventos debería preocupar profundamente a todos los costarricenses que valoran y desean vivir en un país tradicionalmente pacífico, porque aunque la amenaza resultó ser falsa, es preocupante el mensaje que podría transmitir y que no debe permitirse que se repita o se normalice.

Se considera que este acto fue, en parte, el resultado de los discursos cada vez más frecuentes que provienen de los altos mandos del Poder Ejecutivo en el país. La estructura y el enfoque de la amenaza reflejan un patrón similar a esos mensajes que intentan desprestigiar la credibilidad de las instituciones y perjudicar a la educación pública universitaria, fomentando un clima de desconfianza y odio.

Esta situación es especialmente preocupante a su vez, ya que revela cómo para algunos actores la formación en humanidades, el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento se han convertido en una amenaza tanto para ellos como para el país, cuando no es así. Por ello, es inaceptable que los miles de estudiantes que buscan un mejor futuro y más oportunidades sientan que su lugar de aprendizaje ya no es seguro. A pesar de esto, la universidad continuará fortaleciendo estos espacios día a día, reafirmando su compromiso con la educación, la seguridad y el desarrollo integral de sus estudiantes.

Le invitamos a ver el video con la exposición del rector de la UCR:

Óscar Aguilar Bulgarelli llama a “desprenderse de diferencias que hoy no valen la pena” para tener una opción electoral democrática y digna

A un año para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque a las elecciones presidenciales en Costa Rica, programadas para el 1 de febrero de 2026, Óscar Aguilar Bulgarelli hace un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos para que se unan en la construcción de una alternativa democrática que saque al país de la actual crisis. Son 365 días para que las fuerzas democráticas se organicen, porque actualmente no se cuentan con bases de nada, no hay participación, no hay movimientos hacía esas elecciones, ni hay posturas firmes. 

Se destaca a su vez la falta de liderazgo tanto en los partidos políticos como en otros movimientos, junto los mismos ciudadanos, advirtiendo del actual rumbo gubernamental, en donde ese camino se está dando bajo el odio y el conflicto. Siendo este  un momento crucial para dejar de lado las diferencias y los intereses personales, con el fin de garantizar una opción política que promueva la libertad, la institucionalidad y la paz civil en el país. 

El mensaje también incluyó una crítica hacia la actual situación de confrontación, en donde lejos de resolver problemas estructurales como las pensiones de la CCSS, las rutas de arroz, el narcotráfico o el sicariato, está generando un ambiente de agresividad y división que amenaza con desmoronar las instituciones costarricenses.

Finalmente, hace un llamado a todos los sectores a aportar desde sus respectivas trincheras, en un esfuerzo común por retomar el camino de la democracia y el respeto civil. 

¡Solo quedan 365 días!

Le invitamos a escuchar la exposición:

Federación Latinoamericana de Magistrados expresa “profunda preocupación” por las declaraciones del presidente en las que alude a la Fiscalía y al juez del caso Barrenador

PRONUNCIAMIENTO – La FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS – FLAM-1 

I) EXPRESA su profunda preocupación por el contenido de las recientes declaraciones del Sr. Presidente de la República de Costa Rica, en las que alude a la Fiscalía General como así también al juez encargado de conocer las medidas solicitadas por el Ministerio Público, en un proceso judicial que involucra a funcionarios públicos y directivos de una institución pública. 

La función del Poder Judicial es la de asegurar el respeto de la supremacía de la Constitución, custodiar los derechos y garantías enunciados en ella.

Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando una injerencia indebida, sea del sector que fuere, en procura de obtener una determinada resolución judicial, pues ello implica una intromisión inaceptable en trámites de exclusiva función jurisdiccional. Por otra parte, no resulta admisible el ataque al Poder Judicial por el contenido de sus decisiones. 

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que los Estados deben garantizar que quienes ejerzan una función judicial estén libres de injerencias, intimidaciones, obstáculos u hostigamientos. Un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes. 

En esa misma línea argumental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la independencia judicial debe ser garantizada por el Estado “tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el Sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación.” (párrafo 55) (CIDH., en el caso “Apitz Barbera y otros vs. Venezuela”, sentencia del 5 de agosto de 2008)

II) RECORDAMOS que conforme lo prescripto en el estatuto del Juez Iberoamericano, entre otros ordenamientos normativos semejantes:

a) el Poder Judicial debe evolucionar hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos/as y garantía del correcto funcionamiento del Estado constitucional y democrático de Derecho que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.

b) Que como garantía para los y las justiciables, quienes ejercen la magistratura son independientes en sus funciones jurisdiccionales y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a las leyes con estricto respeto al principio de jerarquía normativa.

Como consecuencia de ello, los otros poderes del Estado y en general todas las autoridades, instituciones, los organismos nacionales o internacionales; así como los diferentes grupos y organizaciones económicas, políticas y sociales deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.

En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces y juezas tampoco se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones de los casos a través de los recursos legalmente establecidos y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes y Tribunales Supremos.

III) Es por todo ello que esta Federación EXHORTA a las autoridades del Poder Ejecutivo de Costa Rica a cumplir con los principios enunciados precedentemente, respetando la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y evitando avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios.

El respeto de ellos no solo importa un resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno. 

1 FLAM, es una entidad representativa de los jueces y juezas de 18 países de Latinoamérica, que tiene entre sus objetivos procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial, en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional; cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2024. 

Firmado por MARCELO GALLO TAGLE Presidente Federación Latinoamericana de Magistrados FLAM

Contra el análisis apocalíptico de los políticos costarricenses

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

No comulgo con la visión apocalíptica en los análisis que hacen los candidatos a Presidente o Diputados de la República de Costa Rica. Estoy en contra de la visión apocalíptica. La mayoría son opiniones cualitativas que carecen de datos duros estadísticos para fundamentar un argumento cuantitativo. Basta leer el Programa Macroeconómico 2024 -2025 para darnos cuenta de que no todo está del fin de los tiempos en nuestro país: inflación 0%, baja en la Tasa Básica Pasiva, tipo de cambio hacia la baja, estabilidad macroeconómica, las calificadoras de riesgos nos dan buena nota. No hay que presentar una visión tan apocalíptica del país para ganar las elecciones.

Sobre nuestro país veamos algunos datos del Banco Mundial de un excelente documento “El Modelo de Desarrollo de Costa Rica De bueno a Excelente Resumen Ejecutivo Diagnóstico Sistemático de País.” Costa Rica destaca por ser uno de los países más estable políticamente, progresista, próspero y conscientes del medio ambiente en la región. El modelo ha traído dividendos económicos, sociales y ambientales con un crecimiento sostenido, movilidad económica para un gran porcentaje de la población. El gasto social ha sido eficiente en educación, salud, protección social dado que pasó en 1958 de 3% PIB para 1990 10% PIB y en el 2012 20% PIB. La esperanza de vida hoy es de 79.7 años similar a los países de la OCDE. El gasto en educación 8% PIB 2015 que lamentablemente hoy es de un 4.9% PIB. 97% tasa de alfabetización. Sobre la situación nacional socioeconómica: 12% Pobres, 36% Vulnerables, 47% Clase Media y 5% Ricos. Tenemos marca ecológica país. Hemos logrado tener la pobreza entre las más bajas de América Latina (fui exfuncionario BM IFC). Es cierto la desigualdad está aumentando y la pandemia COVID la profundizó dado que paralizó el flujo circular del ingreso en el país que afecto economías domésticas, empresas y al Estado. Es cierto está aumentando el desempleo, pero para trabajadores no calificados. El PIB per cápita anual promedio 13.365,36 USD (2022) con seguridad social es igual al de China y muy superior al de los países de África – $2.150,6 dólares- Es cierto tenemos presiones fiscales (déficit fiscal 6.24% PIB 2024) pero TODOS sabemos cuáles son sus causas: evasión, exoneraciones, apertura comercial, eliminación de aranceles y, corrupción -las profesiones liberales no tributan-. Nuestra tributación es la más baja de América Latina 14% PIB así no vamos a desarrollar infraestructura pública moderna. ¡Sí! tenemos otros problemas, el 14% PIB es por compliance, blanqueo y lavado de capitales (narco drogas) que está metido de lleno en el sistema financiero nacional y lamentablemente en el MONEX.

Es cierto tenemos costos de producción que debilitan la competitividad país. El paso de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista en los últimos años ha dado lugar a procesos de reforma más complejos y prolongados. Velocidad pública y velocidad privada o de mercado global no coinciden. Sin embargo, Costa Rica es un país menos desigual comparado con tres décadas pasadas. Tenemos tres problemas a resolver: presiones fiscales, sociales y ambientales- cambio climático. Debemos controlar los gastos públicos y aumentar los ingresos. Mejorar la recaudación fiscal. Tenemos otro problema: GOBERNABILIDAD. La administración del sector público -330 instituciones públicas y 330 mil funcionarios públicos- no se ha modernizado paralelamente a la economía abierta y el modelo orientado a la exportación en régimen de zonas francas, apertura comercial y libre comercio, limitando la capacidad de cumplimiento y de arbitro del Estado.

Hay desafíos para nuestro país…. aumentar la productividad y con ello la competitividad nacional, frenar la desigualdad de ingresos de los habitantes del país -poner mucha atención al coeficiente de Gini-, el crecimiento económico debe impulsar el desarrollo económico priorizando dos provincias – Puntarenas, Limón-, desarrollar una fuerza laboral calificada de alto valor agregado para crear empresarialidad y emprendedores globales. El sistema educativo – escuelas, colegios y universidades públicas- requieren una reforma integral total de su normativa dado que graduamos muchos de estudiantes de ciencias sociales y muy pocos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas – STEM- así no contribuimos con sectores de alto valor agregado. El INA hay que reformularlo en su misión y visión y a las nuevas realidades dado que perdió la hoja de ruta. Requerimos: Sostenibilidad fiscal, Sostenibilidad social, Sostenibilidad ambiental. Y, por supuesto Gobernabilidad: mayor capacidad del sector público para planificar a largo plazo (25 años) e implementar políticas, proyectos de inversión pública, prestar servicios y aumentar rendición de cuentas… Pero, el apocalipsis o el diluvio está aún muy distante de nuestro país… ¡Aún estamos a tiempo!