En el marco del proceso de reflexión «Reconociendo nuestros territorios» compartimos los primeros aportes sobre qué entendemos por territorio y los desafíos que representa para el territorio indígena en el contexto actual. ¿Por qué es importante esta discusión? ¿Qué dimensiones debemos considerar? Son parte de los aportes que comparten los y las compañeras durante esta sesión.
Comunicado
El Partido Acción Ciudadana, desde su fundación, hace 24 años, se manifestó como defensor del modelo solidario de nuestro Sistema de Electricidad Nacional. Un modelo con 75 años de experiencia exitosa, sustentado en los artículos 50 y 74 constitucionales para ofrecer el servicio eléctrico basado en los principios de solidaridad, universalidad y al costo. Sin este modelo, nuestro país no habría alcanzado en paz y en democracia un desarrollo social y económico con mayor equidad y ser un ejemplo mundialmente reconocido de sostenibilidad ambiental.
En abril del 2000 el pueblo costarricense se enfrentó con argumentos sólidos y en las calles al Combo del ICE, proyecto estrella del bipartidismo. Una larga lucha que se extiende luego al referéndum del TLC y sus leyes de implementación hasta el presente por mantener el control del Estado sobre la planificación, la generación y la distribución eléctrica sustentada en fuentes energéticas limpias. Proceso que ejecuta con el apoyo de un grupo de empresas públicas y cooperativas, al igual que con una participación del sector privado que colabora en ese objetivo público nacional. Este objetivo estratégico es hoy más importante que nunca. La tendencia mundial de electrificación del transporte y de los procesos industriales, incluida la producción de vectores energéticos alternativos, así lo pone en evidencia.
Aunque podemos reconocer que el Sistema Eléctrico Nacional necesita ajustes para enfrentar adecuadamente los retos que se presentan, estos cambios no deben surgir al calor de una campaña que antagonice los sectores, como ha sucedido hasta ahora soterradamente en la Asamblea Legislativa, durante el trámite del Proyecto Nº23.414, sino, como resultado de un ejercicio ciudadano de diálogo transparente y constructivo pensando en el bienestar del mayor número.
El actual proyecto de ley, mal llamado “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, se queda exclusivamente en otro intento de mercantilizar el servicio de suministro eléctrico y acabar con el modelo que defiende los intereses nacionales. Propone una apertura total de la generación y la comercialización de la energía, manteniendo la Red de Transmisión en manos del ICE sin clara garantía de que sus costos de operación e inversión serán cubiertos. Además, creará una nueva burocracia gubernamental, el Órgano Costarricense del Sistema Eléctrico Nacional, ECOCEN, que nace como una estructura politizada de control al fungir el ministro de Energía de turno, como el presidente de su Junta Directiva. Acompañan los representantes de los actores económicos interesados del lado de la generación y, del lado de los usuarios, la representación se otorga únicamente a los grandes consumidores que, de paso, son los únicos ganadores asegurados en el último texto que fue aprobado por la comisión legislativa.
Por otra parte, siguiendo con la propuesta del proyecto, sería sumamente grave que la planificación del ECOCEN no sea luego vinculante para los actores del mercado poniendo en riesgo la universalización del servicio eléctrico al costo, a la vez que la generación con combustibles fósiles no queda expresamente reservada por ley para las empresas públicas, con el fin único y exclusivo de proveer generación de respaldo al SEN, como último recurso, lo que generaría una explosión descontrolada de generación térmica que atentaría contra los objetivos nacionales.
Ante el incremento de las tensiones geopolíticas y los efectos del cambio climático, el país necesita mantener la capacidad de diseñar e implementar políticas de Estado para enfrentar la crisis energética global con alternativas limpias y sostenibles, determinantes en el proceso de descarbonización de la economía, al que el país y el mundo le han apostado.
En síntesis, un proyecto de ley que va en contraposición a la propuesta constitucional de autonomía del ICE, que le ha permitido a la institución sortear las ocurrencias politiqueras y las presiones de grandes intereses privados por controlar el mercado eléctrico para servirse sólo a sí mismos de energía barata, aún en detrimento de las necesidades del resto del país para garantizar un desarrollo nacional con equidad y sostenibilidad.
Hacemos un fuerte llamado a la ciudadanía, a las universidades públicas y a los movimientos sociales, a reaccionar con firmeza ante esta nueva amenaza de acabar con el modelo eléctrico solidario de nuestro país y con el ICE.
El Consejo de Gobierno se niega a abrir procedimiento administrativo contra Marta Esquivel, comunicado por la secretaria del Consejo de Gobierno en OFICIO PR-SCG-0F-00057-2024, en respuesta al fundamentado reclamo de UNDECA.
El Consejo de Gobierno se ampara, en que no cuenta con elementos de juicio para la apertura de un procedimiento disciplinario, debido a que no obtuvo información de la Contraloría General de la República (CGR) y del Ministerio Público (MP), a pesar de tener conocimiento que tanto la CGR como la Procuraduría de la Ética Pública, han presentado denuncias penales contra la jerarca de la CCSS.
“La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (8422) y su Reglamento, exige al órgano que ostenta la potestad disciplinaria – en este caso Consejo de Gobierno- tramitar el procedimiento administrativo disciplinario contra la jerarca de la CCSS, sobre la cual pesan denuncias penales, por supuestos tráfico de influencias, nombramiento ilegal y maquillaje de informes actuariales de la CCSS, entre otros”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
La omisión de deberes legales que se deduce del oficio remitido a UNDECA, podría otorgar ventajas y favorecimientos indebidos, ilícitos y odiosos a la jerarca de la CCSS, ya que cualquier otro servidor público sería sometido a un procedimiento disciplinario.
Estamos hablando del mismo Consejo de Gobierno, que, con sólo una denuncia verbal de esta misma jerarca, sustentada en informes actuariales que fueron denunciados por la Contraloría General de la República en la vía penal, apertura un procedimiento contra 5 directivos de la CCSS.
“Ese Consejo de Gobierno tampoco ejerció potestad disciplinaria, cuando la presidenta ejecutiva invadió con una cámara, un quirófano del Hospital Calderón Guardia, en el momento en que se procedía con un delicado trasplante a un paciente, poniendo en riesgo al paciente y ante la sorpresa atónita de toda la población, en un alarde de poder, desbordado e ilegítimo, que la caracteriza”, agregó Luis Chavarría.
Nuestro ordenamiento jurídico establece el delito de incumplimiento de deberes en el artículo 339 del Código Penal y en el Reglamento a la Ley Contra la Corrupción, se refiere al “… uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal, el beneficio político o el de tercero …”.
UNDECA, ante la presunción, razonable, de que se le han otorgado privilegios, ventajas y fueros a la señora Marta Esquivel Rodríguez, prohibidos en nuestro Estado de Derecho, procedió a denunciar ante las autoridades penales competentes, los presuntos actos de corrupción, incumplimiento de deberes, falta de transparencia y probidad, encubrimiento, favorecimiento personal por parte del Consejo de Gobierno.
UNDECA respetuoso de los principios éticos, morales y democráticos, considera inaceptable que este tipo de actos se presenten en una institución como la Caja -que le pertenece a los costarricenses- y hace un llamado al pueblo a defender esta emblemática institución.
Mañana se cumplen dos años de la actual administración, pero en cuanto a política fiscal, no ha habido un cambio sustancial de la orientación mostrada en los últimos cuatro años.
Considerando que la regla fiscal entró a regir en el 2019, y se empezó a aplicar en el presupuesto propiamente en el 2020, podemos afirmar que al cierre de 2023 cumplimos cuatro años con la aplicación de un mecanismo de control de gasto.
Particularmente, en los años 2022 y 2023 se vio la aplicación del mecanismo más estricto de la regla fiscal, la limitación del crecimiento del gasto de capital y el congelamiento de salarios y pensiones.
Para tener una idea más clara, en estos cuatro años el gasto público sin intereses creció un 1,4%. Las transferencias corrientes al sector público, donde se registran los movimientos de recursos para el financiamiento del gasto social y la educación superior, han sido las más afectadas, pues en estos cuatros años disminuyeron un 10,7%.
Muestra de ello es que este rubro de gasto equivalía a un 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019, mientras que para el año 2023 cayó a un 3,8% del PIB, un ajuste de 1,5% en un partida dedicada a financiar otras entidades públicas.
Otro ejemplo preocupante del peso del ajuste es la partida de gasto de capital, que en ese periodo del 2020 al 2023 decreció un 16%; pasó de un 1,9% del PIB en el 2019 a un 1,3% del PIB en el 2023.
La otra partida de peso en el presupuesto es el pago de remuneraciones, el cual creció un 7,1% entre el 2020 y el 2023, en un periodo en que se acumuló una inflación de 10,45%, lo que implicó un retroceso salarial, en términos reales.
La otra cara de esta evolución han sido las transferencias corrientes al sector privado, que recoge principalmente las pensiones con cargo al presupuesto, que han crecido en este periodo, aunque con fluctuaciones; presentan un crecimiento del 17,9% entre el 2020 y 2023, aunque entre los años 2022 y 2023 apenas creció un 1,7%.
El pago de intereses crece y es la partida de mayor crecimiento; en el periodo 2020-2023 aumentó un 49,1%, lo que ha implicado pasar de un porcentaje del PIB de 4% en el 2019, a un 4,8% en el 2023.
Junto a la reducción del gasto en la mayor parte de las partidas, con excepción de los intereses, los ingresos corrientes aumentan y pasan de 13,9% del PIB al 15,2% del PIB, como consecuencia de la reforma fiscal de 2018. Toda esto tuvo como resultado una mejora en la situación fiscal, pues el déficit financiero pasó de 6,7% en el 2019 a un 2,5% en el 2022, y para volver a subir a un 3,3% en el 2023, además de volver a contar con un superávit primario (gasto sin intereses menos ingresos corrientes) nuevamente en el 2022.
No obstante, y a pesar de la señalada mejora en el resultado fiscal del país, los intereses siguieron aumentando, lo que incluso explica en gran parte el repunte del déficit financiero del año anterior. Eso complica hoy la tarea de reducción del nivel de deuda del gobierno central, que sigue por encima del 60% del PIB y mantiene activa la cláusula más restrictiva de la regla fiscal. La estimación del Observatorio Económico y Social (OES) es que la deuda seguirá por encima de ese nivel todavía al cierre de 2024, y deja la flexibilización de las normas más restrictivas de gasto hasta el presupuesto nacional del año 2026.
El sacrificio que está haciendo el país con la reducción del gasto social, la caída en la inversión pública y el congelamiento de salarios en el sector público, no se está compensando con una rápida mejora en el nivel de deuda, lo que complica la posibilidad de que las autoridades cambien el rumbo de la política fiscal en el corto plazo. Esto se explica por la nula respuesta del pago de intereses a la mejora en el resultado fiscal y a la reducción en el nivel de deuda. Como lo ha señalado el OES en varias oportunidades, así como se hizo con el tema de ingresos tributarios y de gasto público, deben orientarse esfuerzos de política pública y reforma legal para reducir el pago de intereses, sobre todo considerando el alto costo de la deuda pública costarricense.
Lo anterior será particularmente importante en el futuro, si el tipo de cambio sube en relación con los niveles observados en el 2023 e inicios del 2024, pues el gobierno ha estado acumulando más deuda pública en dólares, al punto de que la mayor parte del financiamiento del déficit de los años 2022 y 2023 se hizo con endeudamiento externo. Si el mayor riesgo cambiario que estamos asumiendo en el presente se manifiesta en el futuro, nuestra deuda podría hacerse más cara y eso nos llevaría a pagar más intereses por esa deuda en moneda extranjera.
Otro tema importante, que también explica el mayor déficit de 2023 con respecto a 2022, es la pérdida de dinamismo en la recaudación de impuestos. En un informe hecho público en octubre de 2023, sobre la evolución de la situación fiscal a agosto de ese año, desde el Observatorio señalábamos que: “cabe indicar que el comportamiento de los ingresos tributarios totales muestra una desaceleración importante desde finales del 2022 y que se hizo más marcada en los últimos meses, … de continuar ese ritmo, … el crecimiento de los ingresos tributarios quedaría por debajo del crecimiento del PIB nominal y con eso la carga tributaria (ingresos tributarios / PIB) del 2023 se reduciría, lo que iría en sentido contrario a lo esperado por la reforma fiscal del 2018”.
Los ingresos tributarios interanuales siguen mostrando una desaceleración en su ritmo de crecimiento, incluso al arranque del 2024, lo que se debe a la caída en el tipo de cambio y la pérdida de dinamismo en varios sectores de actividad económica. La caída en la carga tributaria que esperábamos en efecto se dio, pasó de un 14,09% del PIB en el 2022 a un 13,65% del PIB en el 2023.
La combinación de resultados que arroja la situación fiscal del país, en cuanto a menor gasto social, menor inversión pública, más gasto en intereses y menor dinamismo de la recaudación de impuestos, afectará el resultado de la política fiscal en los próximos años, no en cuanto al resultado fiscal propiamente, sino al impacto de esta política en el crecimiento económico, el desarrollo humano y la distribución del ingreso. Retomar la inversión social y de capital, disminuir el costo de la deuda pública y recuperar el dinamismo de los ingresos tributarios, será fundamental para retomar el papel de la política fiscal en condiciones de estabilidad.
UNA Comunica.
*El autor es coordinador del Proyecto Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).
En el documento enviado por CONCEVERDE a las nuevas autoridades municipales de San Rafael de Heredia se resaltan puntos importantes sobre cómo proteger el recurso hídrico del cantón, entre esos se señalan los siguientes:
SURCOS comparte el enlace para tener acceso al documento completo con firmas, un detalle de la situación del recurso hídrico en el cantón, así como las quince peticiones concretas hechas a las nuevas autoridades municipales de San Rafael de Heredia:
El Centro de Amigos Cuáqueros para la Paz (CAP) envió una carta el 09 de abril de 2024 al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica con asunto de: “Denuncia y Consulta por la posición de Costa Rica con respecto a la Votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra”.
El Centro de Amigos Cuáqueros para la Paz (CAP) es una organización ecuménica-interreligiosa, fundada en 1983, cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de medios no violentos, de acuerdo con la filosofía y práctica cuáquera. Como organización entienden la paz no sólo como la ausencia de guerra, sino también como un proceso de desarrollo de sociedades caracterizadas por la igualdad, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la plena oportunidad para todos. Son miembros de la comunidad cuáquera internacional que trabaja para promover la paz y la justicia social a nivel local y global.
En la carta Luis Ángel Céspedes Rodríguez, presidente del Centro de Amigos Cuáqueros para la Paz (CAP) expresó: “Le escribimos sumamente consternados por el voto reciente de Costa Rica, el jueves 4 de abril 2024, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en el cual Costa Rica, se abstuvo con su voto ante la moción que prohíbe a los países miembros vender armas al estado de Israel, en esta ocasión, 28 países votaron a favor de la moción y la abstención de Costa Rica se suma a la posición de otros 12 países”
Continúan expresando: “Ante el genocidio que se desarrolla a diario contra los Palestinos, mayoritariamente en la Franja de Gaza, donde más de 33.000 personas han sido masacrados, incluyendo más de 13.800 niños según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, es incomprensible el voto de Costa Rica de abstención. Esta resolución llamaba a “todos los Estados a detener la venta, envío y entrega de armas, de municiones y de otros equipamientos militares a Israel (…) para prevenir nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y violaciones de los derechos Humanos”.
Asimismo, expresaron que: “Ante el fracaso de la última resolución en Naciones Unidas en Nueva York llamando a un Cese al Fuego, el voto en Ginebra era sumamente vital apoyar. Sin embargo, Costa Rica, país conocido internacionalmente por haber abolido su ejército en 1948 y por promoverse como país amante de la paz, falló en este momento crucial en la historia. Los pueblos claman a gritos un cese al fuego y paz para las y los palestinos. A nivel de gobiernos, Costa Rica debería tomar un liderazgo junto con los demás países que se esfuerzan para buscar una salida al conflicto Israel-Palestina”.
Culminan su carta diciendo: “Colegas y organizaciones en distintas partes del mundo con quienes colaboramos nos preguntan el porqué de esta última abstención en Ginebra. No tenemos una explicación para contestarles adecuadamente. Es por esto por lo que les dejamos no solamente nuestro reclamo por los hechos arriba descritos, sino que les rogamos, Indicarnos el motivo de la abstención de nuestro país al correo centroamigosparalapaz@gmail.com”.
Ante esta carta la Embajadora Eugenia Gutiérrez Ruíz, Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de Costa Rica expresó en uno de los párrafos de su carta del 22 de abril de 2024: “Para Costa Rica, no hay ninguna duda de que los Derechos de los Palestinos en los territorios ocupados deben ser respetados, a tenor de los instrumentos y principios internacionales de Derecho Internacional, incluyendo el Derecho Internacional Humanitario. Se insta reiteradamente a Israel a cumplir sus obligaciones internacionales, a proteger a los civiles y garantizar el corredor humanitario para el paso de la ayuda internacional. Sólo con verdadera voluntad política, más allá de las resoluciones que se adopten, se logrará resolver de una vez por todas este conflicto”.
También mencionó que: “Costa Rica registró el voto en abstención, respecto al proyecto de resolución antes mencionado, sin que esto constituya un cambio en relación con los derechos de los palestinos en territorios ocupados, ni deba entenderse como un cambio en el patrón de voto. Sobre la situación, la comunidad internacional debe asegurar una solución permanente. Para Costa Rica. así como para la inmensa mayoría de los estados, ésta debe ser la de dos Estados, Israel y Palestina, viviendo en paz y seguridad, uno al lado del otro, de acuerdo con las líneas fronterizas acordadas por las Naciones Unidas en la Resolución 242 del año 1967”.
Para mayor información sobre esta temática y las cartas refiérase a los documentos adjuntos.
El recurso de amparo se interpuso contra el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), alegando que no se han ejercido las competencias de protección de los humedales ubicados en el litoral de Talamanca. El recurrente sostiene que la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 omitió considerar dichos humedales.
La Sala Constitucional mediante sentencia declaró con lugar el recurso y ordenó al ACLAC complementar la certificación de Patrimonio Natural del Estado con el estudio denominado «Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca». La acción fue presentada por Marco Levy Virgo.
El ACLAC informó que dicho estudio no ha sido aprobado ni oficializado, sino que es una guía técnica interna. Sin embargo, no explicó por qué los estudios de 2017 son técnicamente superiores.
La Sala aplicó el principio precautorio y ordenó al ACLAC actualizar la certificación. Este principio establece que, ante la falta de certeza científica absoluta pero un riesgo de daño grave o irreversible al ambiente, se deben adoptar medidas eficaces para prevenir la degradación ambiental.
La Sala también ordenó a SETENA revisar la viabilidad ambiental otorgada, una vez que el ACLAC actualice la certificación de Patrimonio Natural del Estado.
El recurrente presentó un recurso de amparo contra el Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Alega que no se han ejercido las competencias de protección de los humedales ubicados en el litoral del cantón de Talamanca, según un informe técnico de junio de 2021 que delimita y caracteriza dichos humedales. Sin embargo, en la certificación de Patrimonio Natural del Estado de 2017 se omitieron algunos de estos humedales.
Pese a que desde 2021 el director del Área de Conservación gestionó la revisión y modificación de la certificación de 2017, al 12 de marzo de 2024 esta seguía siendo el único documento oficial. Esto evidencia que el Área de Conservación no ha actuado con diligencia para proteger adecuadamente el ambiente, los humedales y los bienes demaniales, vulnerando el artículo 50 constitucional y el principio precautorio.
Por ello, la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó que, en el plazo de 3 meses después de cumplir la orden de complementar la certificación de 2017 con el informe de 2021, se revise la delimitación del Patrimonio Natural del Estado contemplado en 2017 y se emita una certificación actualizada, que abarque y delimite la totalidad de las franjas de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre del cantón.
La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) y la Fundación Friedrich Ebert en Costa Rica (FES), mediante el Proyecto en América Central Transformación Social Ecológica, le invitan al Foro “La Educación Necesaria en Costa Rica” ¿Cuál es la educación requerida en un mundo en transformación?”
Históricamente la educación pública ha logrado posicionar a Costa Rica como un país de un “alto índice” de desarrollo humano y ha encadenado el desarrollo económico a partir del crecimiento del sector productivo y de la atracción de inversión extranjera.
Pero las desigualdades en el nivel de aprendizaje se incrementaron debido a la pandemia por COVID-19 y sus consecuencias. Estudiantes de familias de condición socioeconómica más baja se vieron afectados de manera desproporcionada por la pandemia.
Además, es urgente construir una visión de la educación necesaria para consolidar un escenario futuro del país que posicione en el centro la transformación social ecológica de la economía y del mundo del trabajo por el desarrollo humano de la sociedad.
Día: martes 14 de mayo 2024
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, UCR
Mini auditorio 1 de la Facultad de Ingeniería, primer piso de la Facultad de Ingeniería
Inscripciones: https://nextcloud.fes.de/nc/apps/forms/s/CQHy8FLXSZdnNW4AQ4xRXfTz
La educación necesaria en Costa Rica: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/20657.pdf
CONCEVERDE denuncia la violación de la zona inalienable de la Ley 65 del año 1888 por parte de particulares que han intervenido un sendero de aproximadamente 300 metros en Concepción de San Rafael de Heredia con maquinaria pesada, aparentemente, para habilitarlo para el uso de vehículos.
Esta intervención ha causado daño ambiental a la vegetación nativa en una zona que goza de protección absoluta.
Se solicita al Ministerio de Ambiente y Energía que detenga inmediatamente las obras, interponga las denuncias correspondientes contra los responsables por el daño ambiental y estar llevando a cabo obras en el Patrimonio Natural del Estado, y que se informe sobre las acciones tomadas.
La zona inalienable tiene protección total según la jurisprudencia de la Sala Constitucional y el MINAE tiene la obligación legal de administrar y protegerla.
Se adjuntan imágenes y el documento en formato PDF.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita información y acciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Consejo Nacional de Concesiones en relación con el proyecto Terminal de Contenedores Moín. Piden lo siguiente:
La Asociación, presidida por Marco Levy Virgo, denuncia la presunta erosión de materiales de relleno en el proyecto y acumulación de sedimentos en la playa de Moín, exigiendo mayor información, estudios independientes y acciones concretas por parte de las autoridades y la empresa concesionaria para corregir la situación y sus daños ambientales.
Se adjunta los documentos de referencia con los detalles del proceso.
Imagen ilustrativa.