Las noticias a veces se vuelven tóxicas, repetitivas, cansonas, la vuelta cada día a los sucesos, política, deporte, muchas miserias humanas sentadas en el santuario del hogar.
No es noticia.
En contraste, los acontecimientos hermosos no ocupan, ni parecen tener espacio en los noticieros, la madre o el padre haciendo la tarea con un niño (muchas veces el pequeño más avispado que su progenitor).
Las personas dispuestas desde temprano al jornal honesto.
Tantos detalles de solidaridad, especialmente de aquellos con poco para llevar a la mesa, desprendiéndose de lo escaso para compartirlo con el prójimo.
Nos han hecho creer que las buenas noticias no venden, entonces nos atosigan con las malas.
Ni bueno ni malo.
La historia de la humanidad no es distinta a la del pasado (algunos insisten fue mejor), desconocen la resiliencia de quienes habitamos el planeta.
La eliminación del plástico de un solo uso, es una noticia maravillosa.
El ingenio humano se las arreglará de la mejor manera, gente sirviendo los productos en hojas desinfectadas, materiales de desecho de café, piña, caña, banano, materia prima de innovadores productos.
Hago mío el inmortal verso del enorme Jorge Delio Bravo Brenes (Jorge Debravo).
“A pesar de la muerte y de la guerra, el amor bajo el hombre está creciendo. Os lo juro por todo lo que amo y todo lo que espero”.
El sistema dominante o establishment estadounidense utilizaría la dictadura invisible del consumismo compulsivo de bienes materiales para anular los ideales del individuo primigenio y conformar una sociedad homogénea, uniforme y fácilmente manipulable mediante las técnicas de manipulación de masas. Asimismo, la sui generis democracia estadounidense tendría como pilar de su sistema político la sucesiva alternancia en el Poder del Partido Demócrata y del Republicano, ambos fagocitados por el lobby judío pues el 9% de los senadores y el 6% de los congresistas son judíos, aunque tan sólo representen el 2,4% de la población estadounidense.
¿Es Estados Unidos la mula estúpida de Israel?
El Magnicidio de Kennedy tuvo como daño colateral el nacimiento de un sistema político tutelado por el “Poder en la sombra”, quedando desde entonces como rehenes todos los sucesivos Presidentes electos de EEUU, según la confesión realizada por el primer Ministro israelí Ariel Sharon al entonces Ministro de Exteriores Shimon Peres en octubre del 2001: “Nosotros, el pueblo judío, controlamos Estados Unidos y los estadounidenses lo saben”, («El Lobby israelí y la política exterior estadounidense” de John J. Mearsheimer y Stephen M. Walt, Quibla, 07-04-2006).
Para ello se servirían de los lobbys de presión entre los que descollaría la American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). La AIPAC sería el más influyente grupo de presión pro-ísraelí en EEUU pues cuenta con más de 100.000 miembros (150 de ellos dedicados exclusivamente a presionar al Congreso, a la Casa Blanca y todos los organismos administrativos en la toma de decisiones políticas que puedan afectar a los intereses del Estado de Israel).
La AIPAC sería de facto un “gobierno virtual” que teledirigiría la política exterior de EEUU en función de los intereses israelíes, pues el lobby pro-israelí tiene verdadero peso en los ámbitos del poder de EE.UU al colaborar económicamente en las campañas electorales de congresistas, senadores, alcaldes y gobernadores leales al Estado de Israel, y todos los Presidentes de EEUU, antes de ser elegidos, deben acudir a la Asamblea de la AIPAC y recibir sus bendiciones.
Sin embargo, el exconsejero de Seguridad Nacional del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski. en un discurso ante al Consejo Nacional Irano-estadounidense (NIAC), afirmó que “creo que los EE.UU. tiene derecho a decidir su propia política de seguridad nacional y no seguir cual mula estúpida lo que hagan los israelíes».
El cisne negro de Biden
En un discurso pronunciado en la reunión de Nueva York del Congreso Mundial Judío de 2816, el entonces vicepresidente de Obama, Joe Biden afirmó: “Soy sionista, pero para esto no hace falta ser judío”, tras lo que se le concedió el “Premio Theodor Herzl” y se convirtió en el nuevo tapado de la AIPAC.
Sin embargo, la asimetría del castigo realizada por Israel en Gaza habría provocado la desafección hacia Biden del ala izquierda del partido Demócrata, lo que facilitaría el retorno triunfal de Donald Trump en las presidenciales de noviembre al tener expedito el camino hacia la Casa Blanca tras las últimas decisiones del Tribunal Supremo.
En consecuencia, la Administración Biden intenta desesperadamente lograr una declaración por Netanyahu de «una tregua indefinida» que permitiría el canje de los rehenes judíos todavía en manos de Hamas, así como restablecer la circulación de camiones de ayuda humanitaria para más de 1 millón de palestinos confinados en Rafah, con lo que Biden se apuntaría un importante tanto diplomático y lavaría su imagen de colaborador necesario de Israel en la limpieza étnica de Gaza.
Sin embargo, el cisne negro de Biden sería la protesta de los estudiantes universitarios contra la invasión de Gaza en las Universidades de Columbia y la UCLA y su violento desalojo por la policía, movimiento de protesta que por mimetismo podría extenderse al resto de Universidades de Estados Unidos, rememorando las protestas de 1964 contra la guerra de Vietnam.
¿Golpe blando contra la Primera Enmienda?
Dicho movimiento de apoyo a la causa palestina podría hacer oscilar en sus valores el mantra impreso a sangre y fuego en la mente del estadounidense medio por el lobby sionista: «Israel es la única democracia de Oriente Medio y el único país de la zona en que se respetan los DDHH».
En consecuencia, presionados por dichos lobbys, el Congreso ha aprobado por 320 votos frente a 91 el proyecto de ley H.R. 6090 que asume las tesis de los grupos sionistas sobre el antisemitismo y que sería un golpe blando contra la Primera Enmienda, que indica que “el Congreso no promulgará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma, o que coarte la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios«.
Así, dicha proposición obligaría al Departamento de Educación a utilizar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (HRA) y deberá vigilar y sancionar a quienes puedan ser calificados de antisemitas según dicha definición.
Este enfoque legislativo se produce en un año electoral y la AIPAC habría visto el momento adecuado para aprobarla pues los republicanos buscan aprovechar las divisiones internas en el Partido Demócrata respecto al apoyo sin fisuras a Israel para robarle votos a Biden, siendo previsible su aprobación por un Senado de mayoría demócrata pero teledirigido por los lobyys judíos y la aparición de un cisma en el seno del Partido Demócrata que podría afectar a la solidez de la nominación de Biden como candidato a la Presidencia en la Convención Nacional Demócrata que se celebrará en Chicago del 19 al 22 de agosto.
En FLACSO Costa Rica, estamos realizando un proyecto de investigación junto con el Tribunal Supremo de Elecciones, con el objetivo de evaluar los servicios brindados por dicha entidad y queremos conocer la opinión de la ciudadanía. Para esto tendremos 3 talleres:
Con personas entre 18 a 35 años. Fecha: lunes 6 de mayo, 4 pm a 7pm.
Con personas de más de 35 años con grado universitario. Fecha: miércoles 8 de mayo, 5 pm a 8 pm.
Con personas de más de 35 años con grado de secundaria. Fecha: jueves 9 de mayo, 5 pm a 8 pm.
Los talleres se realizarán presencialmente en las instalaciones de FLACSO Costa Rica ubicadas en Curridabat.
El Colegio Técnico Profesional de Acosta está atravesando un grave problema, a causa de que el MEP disminuyó un 60% del presupuesto. Dado esto, el 29 de abril pasado, la empresa de electricidad Coopesantos les suspendió el servicio. Testimonios comunitarios indican que «este centro de estudios, es muy importante para su comunidad, pues sus estudiantes han logrado salir como profesionales, colocándolos en empresas para generar experiencia laboral».
Es por esto que una madre de familia de dos estudiantes solicita ayuda; los estudiantes están teniendo problemas al recibir lecciones, ya que hay aulas en donde no se cuenta con suficiente luz natural, además de afectar la sección técnica de Informática.
La madre de familia menciona que como padres quieren buscar ayuda del gobierno para solucionar dicha situación, pues la Junta Administrativa, «no va a poder conseguir tanto dinero, debido a que se habla de más de un 50% de afectación presupuestaria, sumado a esto, la matrícula ha aumentado año con año y el gobierno aun sabiendo este escenario, disminuyó el presupuesto». Menciona que incluso desde el año pasado, tenían que hacer rifas y pasar por las aulas para poder pagar el agua y la luz.
Esta situación ha provocado que los padres y madres de familia, así como el estudiantado estuvo en huelga tres días a partir del 30 de abril.
El martes 30 de abril de 2024, el director del colegio, M.Sc Andy García López, por medio de una carta le manifestó su preocupación por la falta de electricidad en las instalaciones a la ministra de educación Katherine Müller-Marín, pues la situación impide el derecho a la educación de la juventud de la comunidad de Acosta; la isntitución actualmente alberga 1300 estudiantes. Se señala que la Constitución Política y el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia protegen ese derecho.
En dicha carta el director del colegio menciona que se tiene una deuda con la Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos, por un monto de 13 millones, sin embargo, el presupuesto actual del colegio solo permite el pago parcial de la deuda de la corriente eléctrica y el agua, dejando por fuera también servicios básicos como el jabón, papel higiénico, mantenimiento de infraestructura entre otros.
En la carta también se encuentra el detalle de las deudas actuales según informe de la Junta Administrativa.
Además el director le plantea cuatro puntos de afectación que está teniendo tanto la comunidad como la institución. En primer lugar el corte de electricidad afecta significativamente las actividades escolares y el bienestar de las y los estudiantes, esto debido a que se dificulta el mantener las condiciones adecuadas de iluminación y refrigeración, afectando directamente el aprendizaje y confort del sector estudiantil y del personal.
Como segundo punto de afectación, es que se ven comprometidos el el uso de equipos y tecnología necesaria para la enseñanza como las computadoras, proyectores o laboratorios, lo que limita el aprendizaje, impactando negativamente en la calidad de la educación ofrecida por la institución, además de afectar la administración del colegio, impidiendo el uso de tecnologías esenciales para el procesamiento de documentos y el mantenimiento de registros, lo que genera retrasos o dificultades en la gestión escolar y la atención a las necesidades de los estudiantes y personal.
Como tercer punto, García López, menciona el deterioro de las instalaciones físicas del colegio ya que no se puede mantener adecuadamente ante la falta de electricidad, lo que afecta la seguridad y el mantenimiento general del edificio escolar, representando un riesgo para toda la comunidad escolar.
Como último punto el director menciona que el colegio ha recibido múltiples mensajes por parte de personeros de Coope Santos R. L., por la falta de pago, lo que genera una reputación negativa para la institución, afectando su credibilidad y relaciones con la comunidad educativa y los padres de familia, lo que a largo plazo afectará en la matrícula de estudiantes y el apoyo financiero al colegio.
Las afectaciones que causa el corte de electricidad en el Colegio Técnico Profesional de Acosta son multifactoriales y tienen impactos negativos significativos en las operaciones escolares, la calidad de la educación y la percepción pública de la institución. Es crucial abordar esta situación de manera urgente y buscar soluciones para mitigar estos efectos adversos en la comunidad educativa.
Además, el director menciona que como administrador ha remitido múltiples oficios solicitando la ayuda presupuestaria para el CTP de Acosta para sufragar los gastos básicos, sin embargo, de acuerdo con la estructura jerárquica él tiene un límite, por lo que solicita a la ministra de educación, la Sra. Katherine Müller-Marín el apoyo para resolver dicha situación de emergencia.
Fanny Sequeira, secretaria general de CTRN sustentó las razones por las cuales Costa Rica debería ingresar a la lista de países que violentan los Convenios Internacionales del Trabajo.
Comunicado de la CTRN
Costa Rica ha sido incluida en la lista de los 40 países del mundo que violan las normas internacionales del trabajo, luego de que la secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Fanny Sequeira, participara en la reunión continental preparativa de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) de cara a la próxima Conferencia Internacional del Trabajo.
En la reunión de la CSA, realizada en Montevideo, el 1 y 2 de abril de 2024, Sequeira evidenció cómo se ha venido violentando sistemáticamente en Costa Rica el Convenio 98 sobre la negociación colectiva. Esto fue posible, a través de sus intervenciones y gestiones dirigidas a los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la elaboración, por parte de la CTRN, de las memorias anuales sobre el cumplimiento de los Convenios de la OIT en el país, para la Comisión de Normas de la 112° Conferencia de la OIT (en junio próximo).
En este encuentro, logramos el aval del Secretariado de la CSA y el apoyo valioso y solidario de importantes confederaciones y sindicatos sectoriales de países hermanos de América Latina, para incluir al país en dicha lista, frente a las graves violaciones a dicho convenio internacional.
“Sin duda ha aumentado la vulnerabilidad de la libertad sindical y la negociación colectiva, lo que hace más difícil luchar contra la creciente tendencia a la precarización del empleo, las relaciones laborales, la protección social y el salario, tanto en el sector público como en el privado”, explicó Fanny Sequeira.
En los últimos informes de la Comisión de Expertos de la OIT, dicho órgano ha llamado reiteradamente la atención al país por violentar el convenio 98. Nuevamente este año, pidió al gobierno que: “en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para revisar la Ley Marco de Empleo Público, núm. 10159 y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas núm. 9635, de manera que los empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado puedan ejercer su derecho de negociar colectivamente temas económicos y salariales de conformidad con el Convenio”.
Agregó la Comisión de Expertos en su recomendación al gobierno, que tomara las medidas, incluso legislativas -en consulta con los interlocutores sociales- para que el establecimiento de arreglos directos con trabajadores no sindicalizados solo sea posible en ausencia de organizaciones sindicales.
A la vez, recomendó “tomar medidas tendientes a reforzar el derecho de negociación colectiva en el sector público, tales como las previstas en el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) y del Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), cuya ratificación alentó la Comisión en ocasiones anteriores.”
Luego de ingresar en la lista larga, continuaremos el trabajo de la CTRN para impulsar acciones de manera que el caso de Costa Rica sea revisado y que el país quede en la lista corta definitiva de la Comisión de Normas, por violentar el Convenio 98 de la OIT.
Precisamente, las tres leyes antiobreras (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ley antihuelgas y la Ley Marco de Empleo Público), que limitan los derechos sindicales, serían revisadas a fondo por la Comisión, y Costa Rica estaría “en el banquillo de los acusados” por segundo año consecutivo en la próxima Conferencia de la OIT, luego de 16 años de no haber ingresado en la lista de países violatorios de los convenios sobre derechos humanos.
Definitivamente, estos reclamos y acciones transnacionales para nuestro país son parte del importante trabajo sindical e internacional que la CTRN lleva a cabo con el apoyo de la CSA y la CSI, en aras de buscar mejores condiciones laborales y salariales para las personas trabajadoras y luchar contra el atropello de un sistema cada vez más excluyente y explotador.
La CTRN participa activamente en la agenda del sindicalismo internacional representado por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), a las cuales estamos afiliados, entregando aportes valiosos para la unidad de acción de la clase trabajadora de América Latina y el mundo.
¡LA SOLIDARIDAD SINDICAL INTERNACIONAL ES ESENCIAL PARA EL PROGRESO Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS!
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.
El pasado 2 de mayo, Colombia anunció oficialmente la suspensión de sus relaciones diplomáticas con Israel (véase comunicado oficial del 1ero de mayo y comunicado adicional del 3 de mayo).
La respuesta de Israel no se hizo esperar, con los ya habituales exabruptos que no impresionan mayormente (véase nota de la DW).
Esta decisión viene a sumarse a varias decisiones similares de otros Estados del continente americano, siendo Bolivia el Estado que tempranamente anunció la suspensión de sus relaciones diplomáticas con Israel el 31 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial).
El comunicado de Colombia en breve
En el comunicado oficial difundido desde el portal de la diplomacia colombiana el 2 de mayo, se puede leer que:
«Colombia considera que la negociación y el diálogo son las vías para resolver los conflictos y apoya el multilateralismo firmemente y sin vacilaciones. Igualmente, el país se ha pronunciado en los foros internacionales y ha intervenido ante la Corte Internacional de Justicia, tanto en el caso de Sudáfrica contra Israel por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, como en el trámite de la Opinión Consultiva sobre los efectos jurídicos de la Ocupación Israelí y los asentamientos.
Lamentablemente, ni los llamados de Colombia ni de la comunidad internacional han sido escuchados y por el contrario, lo único que ha recibido el país y el presidente Gustavo Petro han sido insultos, acusaciones tergiversadas de antisemitismo y actos inamistosos por parte del gobierno de Israel y sus representantes.
Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un gobierno que se comporta de esa manera y enfrenta tan graves acusaciones de la comisión de un genocidio, crímenes de guerra y violaciones al Derecho internacional Humanitario.
Colombia tampoco puede ser indiferente al enorme e indescriptible sufrimiento humano que esto causa, por lo cual el presidente Gustavo Petro ha anunciado la decisión de romper relaciones diplomáticas con Israel a partir del 2 de mayo.
Esta decisión se dirige exclusivamente a la ruptura de relaciones diplomáticas y nunca contra el pueblo israelí ni contra las comunidades judías, ya que nos unen lazos históricos y de amistad que persistirán«.
Como se puede apreciar, Colombia hace ver en su comunicado que ha intentado por diversos medios instar a Israel a modificar su acción militar en Gaza, sin lograr más que recibir insultos, improperios y expresiones indebidas por parte del aparato estatal israelí, al señalar que:
«Lamentablemente, ni los llamados de Colombia ni de la comunidad internacional han sido escuchados y por el contrario, lo único que ha recibido el país y el presidente Gustavo Petro han sido insultos, acusaciones tergiversadas de antisemitismo y actos inamistosos por parte del gobierno de Israel y sus representantes».
Como indicado anteriormente, las reacciones iracundas dentro del aparato estatal israelí no impresionan mayormente, sea a nivel de Naciones Unidas, sea a nivel regional, sea en el plano bilateral. Recientemente se reportó que el Primer Ministro de Israel no encontró mejor argumento que calificar de «antisemita» a la misma Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota del Timesof Israel del 1ero de mayo del 2024).
América Latina: un apoyo notorio e indiscutible a la causa palestina
La decisión de Colombia viene a añadirse a otros gestos diplomáticos de esta y otra naturaleza tomados por Estados de América Latina que mantienen relaciones diplomáticas con Israel (Nota 1): estos gestos han sido todos motivados por el profundo repudio causado ante la insensatez del accionar del aparato militar israelí en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
No está de más señalar que en América Latina, Panamá persiste en ser el único Estado que no ha reconocido a Palestina como Estado: desde agosto del 2014, sus autoridades «evalúan» la posibilidad de reconocer a Palestina como Estado (véase nota de la Estrella de Panamá de agosto del 2014).
Cabe también recordar que, siempre en América Latina, Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas con Israel desde junio del 2010, en razón del ataque a una flotilla turca de carácter humanitario por parte del ejército de Israel (véase nota de El Tiempo / Colombia del 1 de junio del 2010): se trata de una situación que Nicaragua comparte con otros Estados en América Latina, siendo Bolivia (octubre del 2023) y Belice (noviembre del 2023) los dos últimos Estados en haber procedido a romper sus relaciones diplomáticas con Israel, a los que se suma oficialmente Colombia desde este 2 de mayo del 2024.
Por su parte, Cuba no tiene relaciones con Israel desde 1967, al tiempo que Venezuela rompió sus relaciones diplomáticas con Israel en enero del 2009, a raíz de la dramática ofensiva militar en Israel observada entre diciembre del 2008 y enero del 2009 (véase nota de prensa de El País /España). Al igual que Venezuela en el 2009, Bolivia también rompió sus relaciones diplomáticas con Israel y las reanudó oficialmente hace unos pocos años, a finales del mes de noviembre del 2019 (véase nota de prensa del 2019 de la agencia turca de noticias TRT).
La decisión de Colombia puesta en contexto
La decisión de Colombia fue antecedida unos días antes por la lectura de la ordenanza de la CIJ del 30 de abril del 2024 en la que, al rechazar ordenarle a Alemania las medidas provisionales urgentes solicitadas por Nicaragua, el juez internacional hace una seria advertencia Alemania (y a todos los Estados Parte a la Convención contra el Genocidio de 1948 – 153 Estados Partes), en particular a los que continúan apoyando a Israel en el plano militar. A diferencia de lo leído en algunos medios de prensa internacionales, la CIJ, fiel a su tradición, adoptó una decisión muy equilibrada y no archivó el caso, tal como se lo solicitaba expresamente Alemania (Nota 2).
A la vez esta decisión de Colombia coincide con:
– varios anuncios oficiales en Israel que evidencian el profundo temor de que la CPI emita en los próximos días órdenes de arresto contra sus principales autoridades por los crímenes cometidos por Israel en Gaza (véase nota de The Guardian del 29 de abril, nota del Timesof Israel y esta reciente nota de la BBC sobre la «alarma» que significa en Israel publicada el 2 de mayo del 2024). Han sido tales las reacciones de enojo en Israel (y en algunos sectores de Estados Unidos), sugiriendo tomar acciones y represalias contra el personal de esta jurisdicción penal internacional, que la CPI consideró necesario emitir un comunicado oficial el 2 de mayo (véase texto);
– la amenaza por parte de Israel de iniciar su operación militar en Rafah, que alberga a una gran cantidad de refugiados y de desplazados en Gaza;
– una amplia labor de difusión por parte de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestina, de su informe titulado «Anatomía de un genocidio» (véase informe) en las principales capitales en Europa, y que se difundirá también en América Latina el próximo 7 de mayo con un webinar desde ya muy publicitado en redes sociales (véase volante);
– una fuerte movilización estudiantil y de profesores universitarios en favor de Palestina que inició en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y se propagó rápidamente a otros centros de estudios norteamericanos, con «campamentos» similares observados luego en Australia, Japón, Francia y España (Valencia): se trata de una onda expansiva que posiblemente llegue a campus universitarios de muchas otras latitudes. En el caso de Estados Unidos, la brutalidad de las autoridades policiales y universitarias ha despertado una honda preocupación del mismo Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado oficial del 30 de abril);
– una iniciativa que probablemente sea votada en la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de mayo sobre la membresía de Palestina como Estado Miembro, luego del veto (vergonzoso e indefendible) de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad observado el 18 de abril del 2024, que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 3). Esta misiva colectiva al presidente de la Asamblea General solicitando una reunión con fecha del 24 de abril así lo evidencia. Un comunicado de prensa de Naciones Unidas del 1ero de mayo detalla la primera reunión sostenida al respecto. En un artículo reciente sobre la admisión de Palestina en Naciones Unidas y cuya lectura se recomienda, el autor concluye que:
«The Charter has no procedure to override a General Assembly resolution to admit a State. A favorable vote in the General Assembly would make Palestine a member State» (Nota 4).
– el reconocimiento de Palestina como Estado, provocado en gran parte por el indefendible veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad: Barbados lo anunció 48 horas después de este veto (véase nota de Caribbean News), Jamaica lo anunció el pasado 22 de abril (véase comunicado oficial), y Trinidad y Tobago es el último en proceder a este reconocimiento el pasado 2 de mayo (véase comunicado oficial de prensa): el desafío a Estados Unidos (y a Israel) de estos tres Estados del Caribe anglófono constituye una poderosa llamada que bien podría inspirar a otros Estados que aún persisten en no reconocer a Palestina como Estado, en particular los situados en el continente europeo.
– un insensato accionar militar de Israel que sigue cobrando día tras día víctimas mortales y heridos de gravedad. En el último informe de situación de Naciones Unidas (véase informe al 1 de mayo del 2024), se lee que:
«Between the afternoon of 29 April and 11:00 on 1 May, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 80 Palestinians were killed and 118 injured, including 33 killed and 57 injured in the last 24 hours. Between 7 October 2023 and 11:00 on 1 May 2024, at least 34,568 Palestinians were killed in Gaza and 77,765 Palestinians were injured, according to MoH in Gaza.
The following are among the deadly incidents on 29 April:
– On 29 April, at about 12:25, two Palestinian women and two girls were reportedly killed, and others injured, when a house was hit in Tall As Sultan neighborhood in western Rafah.
– On 29 April, at about 13:20, three Palestinians, including a child and a woman, were reportedly killed and others injured when a house was hit near Al Ihsan Mosque, in An Nuseirat Refugee Camp.
– On 29 April, at about 16:00, two Palestinians were reportedly killed and two injured when a house was hit in At Tuffah neighborhood, in Gaza city.
– On 29 April, at about 18:45, three Palestinians, including a child and a journalist, were reportedly killed and others injured when a house was hit in An Nuseirat Refugee Camp.
– Between the afternoons of 28 April and 1 May, two Israeli soldiers were reported killed in Gaza. As of 1 May, 262 soldiers have been killed and 1,602 soldiers have been injured in Gaza since the beginning of the ground operation, according to the Israeli military. In addition, over 1,200 Israelis and foreign nationals, including 33 children, have been killed in Israel, the vast majority on 7 October. As of 1 May, Israeli authorities estimate that 133 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including fatalities whose bodies are withheld.
– More than 10,000 people are estimated to be missing under rubble in Gaza, the Palestinian Civil Defense (PCD) said in a statement on 30 April. PCD added that they are facing enormous challenges in recovering dead bodies, including lack of equipment, heavy machinery and personnel, warning it could take up to three years to retrieve the bodies using the primitive tools they have on hand «.
A modo de conclusión
Es muy posible que Colombia haya tomado esta decisión luego de consultas con otros Estados de América Latina, así como con autoridades de Estados de otras regiones del mundo. Y que esperó también conocer el contenido de la ordenanza de la CIJ del 30 de abril en el marco de la demanda de Nicaragua contra Alemania por complicidad de genocidio en Gaza (y que, contrario a titulares de prensa no fue «rechazada» como tal).
También es muy factible que los intercambios en el marco de la visita en días pasados del Fiscal de la CPI a Colombia, hayan llevado a las autoridades colombianas a tomar una decisión de esta índole (véase nota de France24 sobre esta visita).
Con esta decisión de Colombia, se reafirma a América Latina como la región del mundo más solidaria con Palestina, destacándose por los diversos gestos diplomáticos adoptados por Estados de la región contra Israel, así como por la interposición de acciones legales ante la CIJ en apoyo a la demanda de Sudáfrica contra Israel (por parte de Nicaragua y de Colombia) y ante la CPI (Bolivia, junto con otros 4 Estados en noviembre del 2023 – véase comunicado de la CPI-, así como de manera conjunta Chile y México en enero del 2024 – véase comunicado de Chile).
No está de más señalar que la actitud desafiante de los tres Estados del Caribe anglófono al reconocer a Palestina como Estado días después del veto norteamericano observado en el Consejo de Seguridad, evidencia (como pocas veces observado) la total pérdida de credibilidad y de liderazgo de Estados Unidos en la región.
Es de señalar que en Vermont (Estados Unidos), la máxima representante de Estados Unidos en Naciones Unidas debió suspender su conferencia a solicitud de estudiantes organizados en favor de Palestina (véase nota del Timesof Israel del 4 de mayo del 2024).
De persistir Israel en su accionar insensato en Gaza, es posible que otros Estados desde otras latitudes también acompañen a Bolivia (octubre del 2023), Belice (noviembre del 2023) y Colombia (mayo del 2024) y opten por suspender sus relaciones diplomáticas con Israel.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes con relación al anuncio por parte de Bolivia de romper sus relaciones diplomáticas con Israel y al llamado a consultas de embajadores por parte de Chile, de Colombia y de Honduras», edición del 31 de octubre del 2023. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la ordenanza de la CIJ del 30 de abril relativa a la solicitud de medidas provisionales de Nicaragua contra Alemania«, edición del 30 de abril del 2024. Texto disponible aquí. Véase también, de los pocos análisis publicados en portales jurídicos, TALMON S., «Why the Provisional Measures Order in Nicaragua v. Germany severely limits Germany’s ability to transfer arms to Israel«, Verfassunblog, edición del 2 de mayo del 2024. Texto disponibleaquí; así como STENDEL R. & WENTKER A., «Taking the road less travelled: the ICJ’s pragmatic approach to provisional measures in Nicaragua v. Germany«, EJIL-Talk, edición del 3 de mayo del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «El veto de Estados Unidos a la admisión de Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas: algunas reflexiones«, edición del 18 de abril del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase QUIGLEY J., «Forget the Security Council: the General Assembly can admit Palestine«, Opinio Juris, edición del 3 de mayo del 2024. Texto disponible aquí.
Conversamos con Sebastián Sánchez y Mauricio Valverde para conocer más de cerca qué está pasando con la vida comunitaria, ¿Cuáles son esos desafíos que atraviesan ante el contexto de urbanización acelerada que estamos viviendo?
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
A partir del discurso presidencial del Sr. Rodrigo Chaves Robles ante la Asamblea Legislativa del pasado 2 de mayo, reflexionamos sobre qué dijo en torno al ambiente. En líneas generales, estamos ante un gobierno que considera la naturaleza como proveedora de bienes e ignora las diversas relaciones que establecemos para su cuido, disfrute y defensa. Esto se nota, ante las omisiones evidentes de todas las movilizaciones locales que se generan en defensa o denuncia de los diversos atropellos de empresas privadas, gobiernos locales o del gobierno nacional.
Por esta razón, nos parece importante hacer hincapié en que estamos ante una noción de ambiente que privilegia y legitima relaciones extractivistas y financierizadas de la naturaleza, es decir, una propuesta de negocios y a corto plazo.
Ante esto, nos preguntamos si el tan mencionado jaguar, al final de este gobierno extractivista, ¿tendrá algún lugar para vivir?
Defensoría lidera proceso entre organizaciones de mujeres, personas con discapacidad e institucionalidad pública
La Defensoría de los Habitantes realizó una sesión de trabajo para abordar observaciones finales sobre los informes periódicos emitidos este año por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incluido el informe alternativo presentado por la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) en relación con los derechos de las mujeres y las niñas.
Uno de los objetivos de este encuentro fue iniciar el camino para la elaboración de acciones que permitan el cumplimiento de estas observaciones, a partir de una sesión de trabajo por ejes temáticos y derechos, con la participación de representantes de la sociedad civil y de las instituciones estatales competentes.
En la actividad estuvieron presentes la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Allegra Baiocchi; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vásquez; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca; la directora ejecutiva del CONAPDIS, Bilbia González Ulate; representantes de Alamud, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres, entre otros actores.
Es importante destacar que, en Costa Rica, el 60,9% de las personas con discapacidad mayores de 18 años corresponde a mujeres, dato suministrado por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad- ENADIS 2018 y similar ocurre con las personas con discapacidad menores de edad.
En el informe preparado por Alamud se indica que la formulación de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, así como las dirigidas a las personas con discapacidad, en general, no cuenta con perspectiva de género. Asimismo, las políticas públicas de género no introducen el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Señalan que las mujeres no sólo son la mayoría de la población con discapacidad, sino que también asumen en un porcentaje de un 70 por ciento las tareas de asistencia, apoyos y cuidados.
En ese sentido, consideran necesario evidenciar las situaciones de doble discriminación, barreras y retos que viven las niñas y mujeres en situación de discapacidad para el avance real en la protección y garantía de sus derechos desde el modelo social y la discapacidad.
En cuanto a las principales preocupaciones hechas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas están la persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad psicosocial e intelectual, y la inexistencia de mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad; así como la demora para la aprobación del Proyecto de Ley Expediente N. 20174 “Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”, así como la ausencia del criterio de discapacidad en la definición de discriminación y de referencias sobre las formas múltiples e interseccionales de discriminación.
A su vez, señala el Comité las insuficientes medidas legales y políticas para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, de manera explícita, particularmente en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (PIEG); que los programas de formación y capacitación política del INAMU no prioricen a las mujeres con discapacidad. A ello se suma la inexistencia de un protocolo para la protección de mujeres y niñas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso, derivado de la violencia de género.
Otros puntos importantes señalan la falta de medidas para asegurar el acceso, de manera autónoma, de las mujeres y las niñas con discapacidad a los mecanismos de protección, incluyendo albergues temporales y terapias de recuperación en casos de violencia, abuso y explotación en todo el territorio del Estado parte; asimismo la baja representatividad de las mujeres con discapacidad en el INAMU y la falta de programas de empoderamiento para las mujeres con discapacidad en el empleo, la vida pública y política, la toma de decisiones y el Poder Judicial. Además, la falta de datos sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, debido a la inexistencia de información desagregada del sistema de recolección de datos estadísticos en las diferentes instituciones públicas.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
