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Autor: María José Ferlini Cartín

Somos el periodista Assange y somos o ¿seremos espías? si lo decide Londres

 Por Laura Martínez Quesada, Periodista

En esas tardes de lluvia intensa de setiembre de 2007, mi vientre embarazado amenazaba con disparar el botón de la blusa contra cualquier persona que se me pusiera al frente en la oficina de la dirección del Semanario Universidad. Allí llegó Vicky Luna, excompañera de canal cuando hacíamos noticias fuertes. Ella escuchó la rápida conversación con el estimado Vinicio Chacón. Hablaba sobre las amenazas para que no publicáramos el Memorando del Miedo por parte de uno de los autores de ese documento, que en síntesis era un chantaje para que promovieran el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la campaña para el decisivo referendo del 7 octubre de 2007.

Comentamos frente a Luna que lo publicaríamos porque era un documento de interés público. La amenaza de inminente demanda también llegó en forma de carta a la entonces rectora, Yamileth González, a quien le agradecí su respeto por nuestra labor. Vicky solo llegó a regalarme algo muy práctico para los recién nacidos, unas camisetas y calzones de la Red Point (la tiendita queda cerca de la U), que le agradecería toda la vida. Y no se equivocó. Claro, como buena periodista, Luna captó la tensión sobre lo que conversábamos y después ella lo escribiría en las redes sociales de entonces porque el artículo del Memorando salió y fue la bomba, como era de esperar. También salió disparado como una bomba bebé, que de previo me daba cada vez más patadas alborotadas, supongo, por mis obstinadas luchas por tirar la publicación del documento. Un famoso columnista de Llorente, amigo de uno de los autores, según me contaron, consideraba la publicación de la delineada estrategia como el jodido robo de un hacker de una conversación privada entre pares, Sánchez y Casas del gobierno de Óscar Arias. Le respondí al reconocido periodista en un artículo y, posteriormente, el Tribunal Supremo de Elecciones nos dio la razón; se trataba de un documento de interés público. Y ni les cuento que el autor que dimitió un año después se fue a la Fiscalía para activar una investigación contra el periódico que permitiera dar con la persona malévola que me hizo llegar el Memorando. Por dicha, no llegó a más porque alegué los intentos de violar el sagrado derecho de reservarnos nuestras fuentes cuando haya riesgos.

Ese argumento usado en el caso del Memorando sobre el hacker perverso y los “documentos privados”, casi como un secreto de Estado, son a los que se siempre se recurre para que la verdad no salga a luz pública, la luz que necesita el pueblo para tomar decisiones, como en aquella oportunidad durante el referendo.

Ahora que salen las noticias sobre el futuro de Julian Assange, sorprende cómo pasó de ser el periodista australiano a un peligroso megalómano hacker, a quien el Gobierno estadounidense acusa de espionaje basado en una ley de 1917, que usaría por primera vez contra un comunicador.

Un periodista, cuyo crimen fue facilitar con información a través de los WikiLeaks, las verdades sobre los crímenes de guerra en Irak y Afganistán: la cantidad mayor de personas civiles asesinadas, ¡upps!, por algún error (horror), la corrupción y los encubrimientos que se habrían hecho en el manejo de la política exterior estadounidense.

Esa información fue publicada por renombrados medios de comunicación como el alemán Der Spiegel, el estadounidense New York Times o el británico The Guardian. Periodistas de esos medios hicieron revelaciones como las conexiones entre los servicios secretos de estadounidenses y los talibanes, matanzas de civiles o que a los prisioneros les vendaban los ojos, los electrocutaban, maniataban y golpeaban, que se produjeron asesinatos extrajudiciales y que 63% de las personas muertas en Irak eran civiles.

Y para que no olvidemos los periodistas, el video que WikiLeaks tituló “Asesinato colateral”, el cual mostraba como dos helicópteros estadounidenses mataban como en el juego de “Call of duty” a 12 civiles en Bagdad, entre ellos a dos corresponsales de la agencia inglesa Reuters. La reconocida agencia internacional solicitó en diversas ocasiones que le dieran el video y siempre se les negó. ¡Gracias WikiLeaks por esas imágenes, gracias Assange por dejarnos conocer esta historia y gracias por garantizar el derecho a la información de las personas!

Esas revelaciones les dieron galardones a los periodistas de estos medios, que hoy olvidan que Assange se pudre en una cárcel en Londres, cuando ni siquiera ha sido condenado porque se encuentra en prisión preventiva, en aislamiento total en una celda a la que solo llevan a personas de alta peligrosidad, donde no lo dejan hablar con nadie y solo sale a un patio por menos de una hora diaria.

Assange, con un historial de depresión suicida, ha sido perseguido por más de diez años y está a las puertas de ser juzgado por lo que debe hacer un periodista: denunciar los abusos del poder y difundir información de interés público. La escritora italiana, Oriana Fallaci, lo dijo en uno de sus libros que en mi época devorábamos: el periodista debe estar siempre contra el poder.

A las puertas de una extradición que busca silenciar su voz y condenarlo por 173 años, los periodistas estamos en riesgo de ser acusados de espionaje por revelar la verdad a la que tiene derecho la ciudadanía. Por eso, estimadas Yanancy Noguera y Giselle Boza, la voz jurídica de apoyo a la publicación del Memorando, pronunciémonos y digamos: Somos Assange, el periodista y no somos espías.

 

Fuente: https://semanariouniversidad.com/opinion/somos-el-periodista-assange-y-somos-o-seremos-espias-si-lo-decide-londres/

Reelección de diputados, y ¿por qué no, la de Presidente también?

Vladimir de la Cruz

Desde la Independencia de Costa Rica, cuando empezaron a nombrarse o elegirse representantes populares se impuso, en su designación, la posibilidad de su reelección en el cargo.

Cuando se afinaron los procesos electorales así se estableció la reelección consecutiva, de manera continua, mientras los diputados pudieran reelegirse consecutivamente por el apoyo popular de los votos.

Este derecho de reelección consecutivo, de los diputados, se mantuvo hasta 1948. Así, por ejemplo, el diputado comunista Manuel Mora Valverde fue electo por primera vez en 1934 y se mantuvo electo consecutivamente hasta las elecciones de 1948. También Rafael Ángel Calderón Guardia fue electo ese año y reelecto diputado en 1938, dejando el cargo por asumir la Presidencia de la República en 1940. Otros diputados también fueron reelectos de esa manera.

Mi bisabuelo materno Rafael Rodríguez Salas fue electo diputado prácticamente desde 1898 hasta 1906, de 1908 hasta 1916, cuando fue electo a la Asamblea Nacional Constituyente, de 1917, siendo Secretario de la misma. Siguió de diputado desde 1917 hasta 1919. En 1920 no se presentó como diputado porque la oposición política a él, le presentó un yerno de candidato y él muy dignamente dijo que “contra un hijo no peleaba, no se enfrentaría”, retirándose de la lucha política electoral. Su yerno, Hormidas Araya Hidalgo, fue electo diputado desde 1920 hasta 1928, reelegido en una ocasión.

Los Jefes de Estado y Presidentes también podían reelegirse consecutiva y alternativamente, sin que fuera obligado dejar pasar uno o dos períodos de gobierno. El primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, fue electo en tres ocasiones, consecutivas, desde 1823 hasta 1833. Durante el período en que pertenecimos a la República Federal, 1824-1838, los presidentes de esta República podían ser reelectos consecutivamente, como lo fue Francisco Morazán. Otro Presidente electo consecutivamente fue Juan Rafael Mora Porras, el Gran Conductor Político y Militar de la Guerra Nacional contra los filibusteros norteamericanos, quien gobernó desde 1849 hasta 1859. El Presidente Rafael Iglesias gobernó consecutivamente dos períodos, desde 1894 hasta 1902. Alternativamente lo hicieron Braulio Carrillo Colina, José María Alfaro, José Rafael Gallegos, José María Castro Madriz, Jesús Jiménez Zamora, Tomas Guardia Gutiérrez, Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Oreamuno, en tres ocasiones.

Como resultado de la guerra civil de 1948, la reelección continua se eliminó para diputados y presidentes. Se permitió alternativa para diputados como para presidentes. Se mantiene así todavía. Desde 1949 dos veces fueron electos constitucionalmente José Figueres Ferrer, en 1953 y en 1970 y Oscar Arias Sánchez en 1986 y en el 2006, los únicos que han repetido gobierno.

La limitación surgida de la Guerra Civil, en cierta forma fue una reacción contra el sistema presidencialista que existía antes de 1948. En respuesta a eso se limitó la reelección de diputados y de presidentes de manera consecutiva, permitiendo a la vez la reelección alternativa de las personas diputados y presidentes. No se prohibió la reelección consecutiva de los partidos políticos que ganaban la presidencia de la República. De esta manera los partidos, como organizaciones políticas, pueden reelegirse, en el Poder Ejecutivo y también con diputados.

Reelecciones de partidos políticos en el Poder Ejecutivo las ha habido desde 1949. Liberación Nacional en los períodos 1970-1974, con José Figueres Ferrer; en 1974 -1978 con Daniel Oduber Quirós; en 1982-1986, con Luis Alberto Monge Álvarez; en 1986-1990 con Oscar Arias Sánchez; la Unidad Social Cristiana, en 1998-2002 con Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y en el 2002-2006 con Abel Pacheco de la Espriella. Nuevamente, Liberación Nacional, 2006-2010, con Oscar Arias Sánchez y 2010-2014 con Laura Chinchilla Miranda, siguiendo el partido Acción Ciudadana, en el 2014-2018 con Luis Guillermo Solís Rivera y del 2018 al 2022 con Carlos Alvarado Quesada.

Así se permite la reelección de partidos, pero no la de los presidentes electos por esos partidos, lo cual es un absurdo, porque los partidos son las estructuras políticas más importantes. Sin partidos no hay candidatos.

De alguna manera se puede suponer que los partidos políticos responden a ciertos planteamientos programáticos, ideológicos, idearios políticos, a planes y visiones de gobierno, de corto, mediano o largo plazo.

No se llega a la Presidencia, ni se lucha por ella, solo para tratar de gobernar el período de 4 años de gobierno. Los presidentes tratan de dejar su huella profunda en la Administración Pública; que su paso por la presidencia sea recordado positivamente por las obras realizadas y por las políticas ejecutadas; por haber dejado la sensación de que con ellos el país salió adelante, progresó más, se logró mayor nivel de vida en lo económico, social y cultural; que hubo una mejor inserción internacional del país con resultados positivos para el desarrollo nacional.

En el caso de los presidentes el llegar a la Casa Presidencial les establece un gran reto, porque el período presidencial en la práctica se les reduce. Entran un 8 de mayo. Todo ese año gobiernan con un presupuesto nacional que les dejo el gobierno anterior, sin que casi nada pueden modificarlo. De manera que su primer año, por ejemplo 2022-2023, es administrar, lo mejor que pueda, lo que diseñó en obra de gobierno, por el presupuesto nacional aprobado, el presidente anterior. Así, su segundo año, de gobierno 2023-2024, es cuando, habiendo aprobado o impulsado un presupuesto para ese año, el presidente empieza a darle sentido y dirección a su gobierno. Este es un lastre que afecta a todos los presidentes, sin que se pueda modificar, por lo menos hasta ahora. Una solución parcial posible a esto es aprobar presupuestos bianuales, o trianuales. Existen los planes quinquenales que nada tienen que ver con esto, con una gran pérdida institucional por el esfuerzo que realiza en elaborarlos, sin que se cumplan de conformidad a las instituciones que los hacen. El tercer año de gobierno, 2024-2025, es igual que el segundo, lo maneja el presidente y su equipo de gobierno; el cuarto año de gobierno, 2025-2026, es parecido al primero, cuando se diseña un presupuesto que se realiza para pocos meses, de enero a abril, del 2026, y siguientes meses del nuevo gobierno, cuando se entrega el gobierno al siguiente Presidente. Esta es una dificultad real de gobierno y de gobernabilidad gobernanza.

En algo se corrigió el inicio de la administración gubernativa, cuando se logró cambiar, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, en sus sesiones, estableciendo que en mayo se inicie como las Sesiones Extraordinarias, dándole oportunidad al presidente recién electo, que proponga sus principales proyectos de ley, que de alguna manera fijarían derroteros de lo que puede ser su futura administración. En el caso actual, cuando esta reforma empezó a funcionar el Presidente no tenía nada en la manos qué proponer de cosecha propia. Varios días estuvo la Asamblea Legislativa sin funcionar. Todavía no se siente la iniciativa legislativa presidencial.

Ahora bien, cuando hay reelección de partidos en el Poder Ejecutivo no significa que el gobierno consecutivo continúe con la obra del anterior. Lo más próximo a esto fueron los gobiernos Figueres-Oduber donde se sentía el peso del partido en la gestión y visión de ambos gobiernos, porque los dos eran a la vez grandes dirigentes del partido Liberación Nacional. En ninguno de los casos posteriores se produjo esa sensación y continuidad. Oscar Arias rompió y se alejó de Luis Alberto Monge; Abel Pacheco se distanció de Miguel Ángel Rodríguez; Laura Chinchilla rompió con Oscar Arias y Carlos Alvarado, diciendo que iba a continuar con la obra de Luis Guillermo, se alejó de ella cuanto pudo, identificándose más, por sus políticas, con los gobiernos liberacionistas y socialcristianos.

Si se quiere impulsar la reelección de diputados de manera consecutiva, en lo que estoy de acuerdo y apoyo, creo que debe ser abierta. La tendencia es probable que sea una reelección consecutiva. El ejercicio legislativo de los diputados es un arte, una profesión. No solo deben prepararse sino que también tienen que especializarse en el arte legislativo. El proceso de la formación de las leyes es riguroso, está sometido a procedimientos, a negociaciones políticas de los partidos, de los propios diputados, de los partidos y diputados con el gobierno.

La Asamblea Legislativa en su funcionamiento trabaja seis meses al año, de manera exclusiva, para conocer los proyectos de ley que le envía el Poder Ejecutivo. En los otros seis meses los diputados establecen mecanismos de presentación de proyectos de ley, de los propios diputados y sus fracciones legislativas. En este período de sesiones ordinarias los diputados de gobierno o del partido gobernantes tienes su propio derecho de presentar sus proyectos, lo que sumado en tiempo al de las sesiones ordinarias, el resto de los diputados tienen menos tiempo para ellos y sus partidos paras los proyectos que quieren impulsar.

La Asamblea Legislativa trabaja en el conocimiento de los proyectos de ley por comisiones integradas por diputados. Anualmente se integran esas comisiones. Anualmente se pueden cambiar los integrantes de ellas que es lo más frecuente. Esto hace que los diputados no se especialicen en su función parlamentaria según el trabajo de comisiones que realizan, de manera qué al cambiar cada año de comisiones, la mayoría lo hace, se pierde tiempo de aprendizaje y de seguimiento de proyectos. Los partidos con muchos diputados pueden tener una buena distribución de ellos en las distintas comisiones, lo que les permite un poquito más su especialización parlamentaria, pero si gravitan de una comisión a otra igualmente se entraban.

Hay también en la práctica legislativa la posibilidad de enviar proyectos de ley a comisiones que no son especializadas en la materia, como se quiso hacer con la Ley de las jornadas 4-3. Esto se hace como maniobra parlamentaria de quien gobierna la Asamblea Legislativa para tratar de aprobar proyectos de manera más fácil.

El trabajo de los diputados no debe medirse por la presencia en ellos en la Sesión Plenaria que funciona a partir de las 3 de la tarde. El trabajo de los diputados debe evaluarse desde las comisiones parlamentarias donde es que estudian los proyectos de ley para, aprobados en comisión, pasarlos al plenario legislativo.

La reelección parlamentaria es buena. Permite reelegir a los buenos diputados. Con ser diputado no se asegura ser reelecto. Para ello hay que distinguirse en el trabajo que permite a los electores, como a los partidos proponer la reelección de los diputados para un período legislativo más.

Soy partidario de que la reelección de diputados sea más abierta, más amplia, mayor de un período adicional. Esto va a obligar a que los diputados que quieran hacer carrera parlamentaria se pulan, se distingan. Prácticamente en todos los países del mundo esto es posible, es normal, es distinguible; no produce ningún temor ni cuestionamiento. Para el control político y moral de los diputados están las instancias públicas conocidas. Para ese mismo control está el derecho de los ciudadanos al control político. Para el control también está la prensa en todas sus formas, la libertad de pensamiento y de opinión que permite apuntar en las diferentes direcciones del quehacer institucional, público y político.

La propuesta que se impulsa es hipócrita. Propone una reelección de un período, con posibilidad de saltar un período, y volver a la Asamblea Legislativa, por dos períodos más. No solo es hipócrita sino que es también corrupta en la forma. Es vergonzosa para los diputados que la están impulsando, por eso solo promueven un período de reelección consecutiva. Sin miedo deberían actuar y proponer una reelección abierta, continua. Son los electores los que va a decir la última palabra en cuanto a la reelección de un diputado que de nuevo aspire a su continuidad o a un nuevo período. La experiencia legislativa de los diputados no se hereda a otro. Se pierde, se rompe.

Hipócrita es también por cuanto algunos de los diputados que la impulsan ya han sido diputados anteriormente, y su propuesta es que los actuales diputados no puedan reelegirse, puesto que tendrían que dejar el período legislativo siguiente y hasta el 2030 podrían volver a aspirar, en ese momento con la expectativa de los 8 años. ¿Para qué esperar?

En el caso presidencial debería ser igual. En todo el continente y en Europa los presidentes y jefes de Estado pueden reelegirse. También en Europa, especialmente, hay mecanismos más fáciles de destitución. Bien podría establecerse la reelección presidencial con una ley que permita la revocatoria de mandato, como existe a nivel cantonal la posibilidad de destitución de los alcaldes. Si no se quiere, por ahora la reelección presidencia, sí debería valorarse extender el mandato por lo menos a seis años, para facilitar una mejor acción y obra de gobierno.

Pongámoslo en extremo: si no se permite la reelección presidencial, ¿por qué permitir la reelección de un partido, que se le niega a su presidente la posibilidad de reelegirse? Si el Presidente incumplió con lo que ofreció, si resulta malo, peor ha de ser su partido, que lo escogió, los postuló y logró convencer a los electores para que lo eligieran presidente.

La reelección es tan solo una posibilidad para los diputados como la puede ser para el presidente. ¿Por qué tenerle miedo? Yo no lo tengo. Creo que le daría más vida al escenario político nacional y a la democracia.

Si el temor al presidente reelecto es la posibilidad de su autoritarismo, dictatorial y despótico, no debemos engañarnos que sin reelección el presidente también puede ser autoritario, despótico, autoritario, intimidante, controlador, temerario, invasor de la privacidad, de la represión institucional que puede ejecutar. Son también los peligros de la democracia, cuando no hay una cultura política desarrollada, y fuertes organizaciones políticas, partidos y organizaciones sociales, en capacidad de dar respuesta a estas poses autoritarias en democracia.

A todos los partidos les conviene la reelección de diputados y del mismo presidente.

Compartido con SURCOS por el autor.

El narco cambió la historia de América Latina

En el vídeo que compartimos el sociólogo Miguel Sobrado nos habla sobre los cambios históricos que ha pasado Latinoamérica debido al narcotráfico, este se publicó el día 26 de febrero y fue transmitido por medio del canal de YouTube de Prisma Latinoamérica.

Reserva Oasis Reforestation, de tierras severamente degradadas a un nuevo ecosistema de bosque tropical

La Reserva Oasis Reforestation, es la esperanza de la restauración de bosques en Costa Rica, los bosques son vistos como la memoria histórica de las generaciones que nos han antecedido. Durante los años 1940 y 1950, Costa Rica tuvo una cobertura vegetal entre un 72 y un 75%, sin embargo, para 1987 era solo del 21% (FONAFIFO, 2010), pero las últimas décadas se ha empezado a recuperar los bosques del país, recuperando hasta más del 50% de la cobertura boscosa nacional.

¿Qué es la Reserva Oasis Reforestation?

Se trata de la restauración de un bosque tropical de tierras bajas, uno de los ecosistemas más complejos del planeta, la reserva se encuentra en las faldas del Volcán Arenal, la idea fue concebida en el 2002, para restaurar tierras agrícolas y de pastoreo deforestadas y agotadas severamente, para el año 2005 se sembraron los primeros 1.000 árboles, en una extensión de 11 hectáreas. Actualmente la Reserva Oasis Reforestation, actualmente cuenta con más de 350 especies de árboles y palmeras nativas, ademas de 33 especies de mamíferos, 14 con poblaciones reducidas o en peligro de extinción visitan y/o habitan el nuevo bosque con más de 100 especies presentes en la Lista Roja de la UICN, incluyendo mamíferos, aves, plantas, reptiles y anfibios, habitan o visitan este lugar.

 ¿Quién está detrás del proyecto de recuperación de estos bosques?

La persona detrás del proyecto es David Reuland, de nacionalidad estadounidense e ingeniero de profesión, a sus 36 años visita Costa Rica en el 2002, quien luego de observar el impacto ocasionado por la deforestación a nivel global y específicamente en Costa Rica, buscó una nueva forma de vida, diferente que buscará el verdadero equilibrio con la naturaleza, la cual está enfocada en preservar y proteger la naturaleza, especies nativas y animales, para inspirar a todas las personas a tomar acción para restaurar la complejidad de los bosques más allá de la reforestación, pero que a su vez fuera económicamente viable comparado con la agricultura y la ganadería tradicionales.

La visión del señor David Reuland le ha permitido en el proceso de restauración del bosque, en un especialista en la flora y fauna del bosque tropical de zonas bajas, especialmente en la Reserva Oasis Reforestation, parte de un macro proyecto OASIS FORESTS, el cual suma unas 400 hectáreas en total que protege, en el compromiso de ser una persona que vive en armonía con la naturaleza. La labor también incluye un gran número de personas que han colaborado en la siembra de doce mil árboles y palmeras nativas, así como una innumerable cantidad de plantas y enredaderas, en promedio unas 600 por año, es decir, 2 cada día durante 22 años, y han sido seleccionados y plantados cuidadosamente y de forma manual.

Según el documento adjunto: ¿Cuáles son los cambios que se observan en Reserva Oasis Reforestation, después del proceso intensivo de restauración?

  • Las especies han regresado: Es hogar y alimento para una gran cantidad de mamíferos, incluyendo las 6 especies de felinos de Costa Rica, aves, murciélagos, insectos, serpientes y otros reptiles, e insectos, que a su vez ayudan con la dispersión de semillas por la zona y la polinización.
  • Existe un banco de semillas vivas: Es un vivero vivo, con un número importante de especies de palmeras y árboles en peligro de extinción.
  • La temperatura se ha regulado, debido a que la sombra ha sustituido al sol en el terreno.
  • La calidad del aire se ha transformado, mediante la captura de carbono
  • Suelos fértiles y control de la erosión.
  • Se ha regulado el ciclo del agua y su disponibilidad: Las dos quebradas que atraviesan la propiedad se encuentran protegidas y existe más cantidad y calidad de agua para el sistema.
  • Es un oasis para el conocimiento científico y de gran valor educativo.

Finalmente es importante la mención de dos temas, el primero es sobre en que se ha convertido la Reserva Oasis Reforestation, la cual es un centro de estudios e investigaciones, un sitio que resguarda el material genético de una gran cantidad de especies y una de las razones por las cuales el turismo está regresando a la comunidad de Agua Azul, gracias a ser el principal bosque con flora y fauna. El segundo es la sostenibilidad económica, la cual se genera en el tiempo con los diversos incentivos económicos que apoyan a las personas propietarias, la visitación de turistas y también los productos que genera el bosque que pueden ser comercializados.

¿Quiere conocer más sobre Reserva Oasis Reforestation y OASIS FORESTS?

Visita la página oficial de la Reserva Oasis Reforestation: www.oasisforests.com

Vigilia en EEUU por Aaron Bushnell, su último grito: Palestina libre

Washington, 26 feb (Prensa Latina) Activistas convocaron hoy una vigilia frente a la embajada de Israel en Estados Unidos por Aaron Bushnell, miembro de la Fuerza Aérea, tras prenderse fuego en protesta por el genocidio contra los palestinos en Gaza.

Bushnell, de 25 años, sucumbió a sus heridas anoche tras reportes de que fue trasladado al hospital en estado crítico.

«Palestina libre» se escuchó repetidamente mientras su cuerpo se consumía por las llamas, según un video que publicó en redes sociales donde transmitió su autoinmolación.

Bushnell, que vestía uniforme de faena la tarde del domingo en Washington, cuando ocurrieron los hechos, era un ingeniero de DevOps con sede en San Antonio, Texas, y de acuerdo con los informes, previo a este acto también envió un mensaje a los medios de prensa.

“Hoy (ayer) planeo participar en un acto extremo de protesta contra el genocidio del pueblo palestino”, advirtió.

Por su parte, en Facebook escribió: “Ya no seré cómplice del genocidio. Estoy a punto de participar en un acto extremo de protesta”, mientras caminaba hacia la entrada de la embajada de Israel.

“Pero en comparación con lo que la gente ha estado experimentando en Palestina a manos de sus colonizadores, no es nada extremo. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que será normal”, dijo.

Luego el joven se roció con líquido y tomó su encendedor, incluso se pudo escuchar a algunos agentes preguntando si podían ayudarlo cuando de momento se vieron las llamas y se oía su grito de protesta hasta que su voz se apagó.

El Departamento de Policía Metropolitana (MPD) dijo en una publicación en X que también investigó un vehículo sospechoso cerca de la escena pero que no se encontraron materiales peligrosos.

La política del Departamento de Defensa establece que los miembros del servicio activo no pueden participar en actividades políticas partidistas y además se prohíbe el uso del uniforme durante discursos públicos no oficiales, entrevistas, piquetes, marchas, mítines o cualquier manifestación pública.

Las protestas se han vuelto comunes contra las acciones militares de Israel en Gaza, así como contra el apoyo de Estados Unidos al régimen sionista desde que estalló la guerra contra el palestino Movimiento de Resistencia Islámica Hamas en Gaza después del pasado 7 de octubre.

El Ministerio de Salud de Gaza reveló que el bombardeo del enclave por parte de Tel Aviv mató en los últimos cuatro meses a unas 30 mil personas, buena parte de ellas mujeres y niños.

La autoinmolación tiene una larga historia como forma de protesta. En diciembre, una persona no identificada con una bandera palestina quedó en estado crítico después de que se prendió fuego frente al consulado israelí en Atlanta.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/2024/02/26/vigilia-en-eeuu-por-aaron-bushnell-su-ultimo-grito-palestina-libre/

La fatalidad del gobierno de los jueces

Por Carlos Meneses Reyes

Como abrebocas al presente escrito, me refiero al comportamiento abusivo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, debido a su torvo proceder, por inercia administrativa, en la designación de una fiscal general, encargada, cual personaje cuestionado y a todas luces atacada públicamente de ser una encubridora de fichas del narcotráfico, en el puerto internacional de Buenaventura y a quienes disfraza de contrabandistas; así solo y a secas.

Es función de ese supremo órgano de justicia en Colombia, nombrar a la nueva fiscal general de terna enviada por el señor presidente G Petro, hace mas de tres meses; para que, con anterioridad al fin del periodo constitucional del fiscal general saliente, que concluía el pasado 12 de febrero, procediera a efectuar el nombramiento respectivo. No existiendo (por un vacío legal) un plazo o termino para elegir al fiscal y por tratarse de una función administrativa y no judicial, de esa institución, se imponía el principio de celeridad, para proferir el acto administrativo de elección de la terna enviada por el señor presidente de la Republica. La Corte Suprema de Justicia, en ejercicio del Lawfare, de guerra jurídica, aplicado al gobierno progresista del presidente G. Petro, hasta la fecha, no ha nombrado a la Nueva Fiscal general (por ser tres notables juristas colombianas quienes integran la terna). Ha desconocido la exigencia del pueblo colombiano, en cuya movilización radica la soberanía popular. Es así como la confidente del saliente conspirador Fiscal General Barbosa y quien fuera la Vice fiscal general, de Apellido Mancera, permanece dirigiendo los hilos de la corrupción y los intereses del narcotráfico, en ese importante órgano de la justicia colombiana y al que su mentor, el fiscal Barbosa, erigido mutuo propio como un ministerio público, contribuyo en menoscabo del Estado de Derecho.

Una conducta delictual

Los magistrados de la Corte no se han comportado como servidores públicos, infringiendo la Constitución y la ley. Deben responder penalmente. La Dra. Amelia Pérez al obtener 13 votos, es la nueva Fiscal General. Aplicaron una mayoría calificada de los dos tercios de los 23 integrantes de la Corte; siendo que la Constitución habla de mayoría simplemente. La Ley Reglamentaria de la Administración de Justicia, en el artículo 54, fija para ese acto de elección, que es, administrativo y no judicial, la mayoría simple de la mitad más uno, acorde con el espíritu constitucional. La Corte decide aplicar un Reglamento Interno que fijó ​ dos tercios de los integrantes (16 votos), violentando la Constitución y la ley y la llamada jerarquía de las normas, expresada en la Escala de Kelsen. Resulta una vergüenza nacional contar con magistrados violadores y desconocedores del orden constitucional y legal.

Riñe con la decencia que siete de los magistrados callaron y no se declararon impedidos en las sesiones de elección de la Nueva Fiscal general. El impedimento obedece a que los citados mantienen miembros de sus familias dentro del tercer grado de consanguinidad, bajo el resorte de nombramiento de la Fiscal general. Ahora, si una tutela declaró el impedimento de siete magistrados para elegir a la Nueva Fiscal; asistirán, en la próxima sesión, 16 magistrados; número óptimo para debatir y por ende no se requiere nombrar magistrados ad hoc, para reemplazarlos. Con la mitad más uno de los votos, o sea, 12 votos podrán elegir «oficialmente» a la ya designada, Dra. Amelia Pérez (quien obtuvo 13 votos en la sesión pasada). La decisión de la Corte, de no declarar electa a la Dra. Amelia Pérez es notoriamente injusta y contraria a la constitución y la ley. Por consiguiente, los integrantes de esa jauría, llamada Corte Suprema de Justicia, deben ser juzgados y castigados por prevaricadores, encabezados por su perrero mayor, como lo es quien la preside: un magistrado de apellido Chaverra.

Al cierre de este artículo, la envalentonada derecha militarista programa manifestaciones para que esa Cortesana no elija el próximo 07 de marzo Fiscal general y también entrabar las reformas de fondo a la Salud, Pensional y Laboral que se tramitan en la piara congresional. Así calificada, por ser su mayoría de senadores electos como producto de un sistema electoral clientelista, corrupto y de casino.

La nariz no engaña: Elecciones Municipales en Río Cuarto ¿Qué balance hacemos?

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con Carlos Rodríguez, Elena Trigueros y Héctor Dávila para conocer su balance en torno a las elecciones municipales en Río Cuarto, ¿En qué contexto se encuentra Río Cuarto? ¿Qué desafíos representa la continuidad del alcalde relecto? ¿Qué pasa con la dimensión ambiental? Son parte de las reflexiones con las que dialogamos en esta ocasión.

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

Contaminación por clorotalonil: auditora interna de AyA solicita auditar a la subgerencia por incumplimiento de funciones

Solicitan intervención de ARESEP

Ante una carta enviada por el Frente Ecologista de Cipreses la auditora interna del AyA Karen Espinoza Vindas fue clara en decir “creo fundamental desde mi incorporación a la Auditoría Interna que se audite la Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados, para analizar si cumplen con el bloque de legalidad, en cuanto asesorar, evaluar, capacitar, fiscalizar, acompañar e intervenir a las Asadas (ver oficio de respuesta).

El AyA debió intervenir desde 2021 la ASADA de Cipreses de Cartago por denuncias comprobadas de “(…) desabastecimiento del servicio de agua potable, otorgamiento de nuevas disponibilidades sin tener la capacidad hídrica, inadecuado uso de fondos públicos, donaciones, compra de bienes y donaciones de propiedades sin contar con criterio técnico del AyA (…) Informe Administrativo número GSD-UEN-GAR-2021-00641 del 15-2-2021).

Sin embargo, a tres años de esta decisión es parte de la “papa caliente” de la contaminación no solo de tres ASADAS si no de una inminente emergencia de contaminación de toda la Zona Norte de Cartago. Mientras esto pasa, la junta directiva y el AyA hacen un esfuerzo incesante por no hacer nada y pasarse la responsabilidad de abajo para arriba y viceversa. Cartas van y vienen, no así una solución permanente y sobre todo un diagnóstico real de la contaminación por agroquímicos en la zona de Cartago.

Para el Frente Ecológico, el AyA está en desacato ante la solicitud de los Magistrados de analizar el agua de la Zona Norte de Cartago de forma integral considerando la comprobada contaminación con agrotóxicos degradados del Clorotalonil. Tampoco ha cumplido con el Ministerio de Salud, la Controlaría General de la República y la Defensoría de los Habitantes que solicitaron hace meses estudios hidrogeológicos en Cipreses de Oreamuno.

La Sala Constitucional dictó hace casi dos años que: “… para solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno; y 2) investigar si el problema de contaminación en las nacientes supracitadas ha perjudicado a otras comunidades de la zona. En el ínterin, las autoridades supracitadas deberán garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión…” (Exp: 22-015651-0007-CO)

Por otro lado las fuentes contaminadas siguen desprotegidas y siguen siendo fumigadas a vista y paciencia de todas las autoridades, ante esta situación tan prolongada y desesperante el Frente Ecológico está solicitando una intervención del intendente de aguas de ARESEP Marco Cordero a quien invitan a la comunidad para “comprender la desesperación que sentimos al ver que el AyA no ha tenido la capacidad (o la voluntad) de resolver este problema que se encuentra absolutamente documentado en todas sus aristas: financiero, ecológico y social y sobre el cual en tres ocasiones la Sala Constitucional nos ha dado la razón” (ver solicitud de intervención).

Además, cierran diciendo que “ya es momento que su representada intervenga el AyA” (…) y “ARESEP no puede hacerse de la vista gorda ante este problema”.

Documentación: https://drive.google.com/drive/folders/1gDynj9hRSJSyNX7W7VBaogpGs4wCy3KG?usp=sharing

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.

Del fracaso de las investigaciones a la calumnia: actualización del caso Ayotzinapa

Ayotzinapa, Guerrero a 21 de febrero del año 2024.– Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, les brindamos un fraternal y combativo saludo. 

Desde hace nueve años nos encontramos firmes y unidos en la exigencia de presentación con vida de nuestros hijos. Ni el gobierno ni caciques lograrán frenar nuestra lucha.   

  • La creación de un mecanismo extraordinario de justicia.

Como se sabe, en el 2018 el actual gobierno se comprometió a esclarecer los hechos del caso Ayotzinapa, para ello creó mediante un decreto presidencial la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ) y posteriormente el Fiscal General de la República instituyó la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA).

 El primer organismo investigaría las graves violaciones a los derechos humanos contra los estudiantes. Los resultados de la indagatoria los pondría a disposición de la UEILCA para que esta investigue, ubicando y judicializando los casos para el procesamiento y sanción de los responsables. 

Posteriormente llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en las indagatorias. El grupo de expertos fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la medida cautelar MC-409/2014 para brindar asistencia técnica al estado mexicano en materia de líneas de investigación, búsqueda y atención a víctimas. 

Así se integraba el mecanismo extraordinario de justicia con el que este gobierno daría verdad y justicia a las madres y padres de los 43. 

La CoVAJ y la UEILCA avanzaron con tropiezos. La primera inició las búsquedas en terreno sin tener testigos e informantes claves, por lo que fueron infructuosas. La segunda institución estaba acéfala, sin un fiscal, tuvieron que pasar 8 meses para su nombramiento. El Fiscal especial tuvo que enfrentar a un personal burocrático con viejas inercias que obstaculizan el trabajo, por lo que hizo una reestructuración completa y conformó un nuevo equipo. Por otro lado, la investigación que realizó la anterior PGR estaba afectada de nulidad, todas las pruebas fueron declaradas ilícitas por el primer tribunal del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas. El nuevo fiscal tuvo que buscar nuevas pruebas y realizar las consignaciones correspondientes, así logró meter a la cárcel a un número importante de personas responsables que habían sido liberados por una investigación ilegal del gobierno anterior. En estos laberintos de burocratismo e investigación turbia el nuevo fiscal perdió cerca de dos años.

Hasta junio de 2022 logró reunir pruebas importantes e hizo una judicialización de alrededor de 80 personas responsables de la desaparición por acción y omisión, entre los que se encontraban delincuentes de Guerrero Unidos, policías municipales, policías estatales, federales y 20 elementos del ejército mexicano. En agosto de ese mismo año se libraron las órdenes de aprehensión. Al intentar ejecutarlas, la Secretaría de la Defensa Nacional se negó. Presionó al presidente y a las autoridades civiles que terminaron cancelando las órdenes. 

Para el año 2022 las investigaciones apuntaban a la responsabilidad del ejército mexicano. Varios militares del 27 Batallón de infantería tenían responsabilidad por omisión en la desaparición de los 43 y otros más, estaban coludidos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Por lo demás, existían elementos de convicción de que dieron seguimiento a los estudiantes desde su salida de la normal hasta el momento de su desaparición. Supieron en tiempo real, lo que les ocurría y donde fueron llevados los jóvenes. Llama poderosamente la atención que en la sección segunda de inteligencia fue encontrada una foja que corresponde a una intervención telefónica ilegal que el ejército habría realizado la noche del 26 de septiembre al jefe de plaza del grupo delictivo guerreros unidos y al director de seguridad pública municipal. En la conversación refieren que están trasladando a 17 estudiantes de barandilla municipal a Loma de Coyotes ubicado a las afueras de Iguala.

Por otro lado, los documentos entregados y revisados por el GIEI estaban incompletos, hacían falta 800 folios. Por esta razón las madres y padres de los 43 exigen al ejército la entrega de los referidos documentos y datos adicionales relacionados con el traslado de 17 estudiantes.

  • Los militares obstaculizan la investigación.

Luego de la desaparición de los estudiantes, vecinos de Iguala decían que estos fueron llevados al 27 batallón de infantería con sede en Iguala. Varias madres y padres fueron a buscar a ese lugar, pero les negaron la información. Sin embargo, la sospecha creció. 

El secretario de la defensa nacional intentó atajar diciendo que era una infamia que se les quisiera colocar en el banquillo de los acusados manchando a la institución, cuando ellos no tuvieron nada que ver. Dijo que se enteraron ya tarde de los hechos ya que la mayoría de la tropa había salido a prestar auxilio por un siniestro. Que salieron a patrullar encontrando a un grupo de jóvenes en el hospital Cristina al que ofrecieron ayuda, pero estos se negaron y no supieron más del hecho.

 Las investigaciones echan por tierra esta versión y evidencia que los mandos militares ocultan información del caso. La realidad es que: i) el ejército desde antes del 26 de septiembre daba seguimiento a los estudiantes, ya que por lo menos dos soldados estaban infiltrados en la normal con la fachada de alumnos. Uno de los desaparecidos era un soldado en activo, ii) al arribar a Iguala agentes de inteligencia militar le siguieron los pasos, iii) dos soldados los monitorean en tiempo real a través de las cámaras del C4, iv) además que intervinieron teléfonos de los perpetradores de la desaparición y escucharon sus comunicaciones sabiendo lo que ocurría con los estudiantes.

Por lo tanto, los soldados que daban seguimiento a los estudiantes realizaron reportes a sus superiores dando cuenta de lo que ocurría, pero esta información no se ha entregado. El ejército aduce que no existe nada en sus archivos. 

Aunado a lo anterior, existen datos de prueba sólidos que establecen la colusión de elementos del ejército mexicano adscritos al 27 batallón de infantería con el grupo delictivo Guerreros Unidos. De igual forma, un testigo refiere que 25 estudiantes fueron introducidos al 27 batallón de infantería, torturados y asesinados.

 Por esta razón se pidió a las autoridades que el ejército entregara la información que tenía en su poder recabada el 26 de septiembre con motivo de su intervención en los hechos de agresión a los estudiantes y que se investigara y sancionara a los que tuvieran responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.

 Esta solicitud generó molestias a las autoridades, principalmente los militares, cuando se libraron 20 órdenes de aprehensión contra sus miembros, presionaron al ejecutivo y la FGR terminó cancelándolas. Por la presión de las madres y padres de los 43 en el año 2023 se reactivaron.

De igual forma por la presión de las madres y padres el presidente ordenó la apertura de los archivos militares. El GIEI y la CoVAJ de Alejandro Encinas revisaron los documentos militares 

Sin embargo, la exigencia de las madres de investigar al ejército y de entregar información molestó al presidente. En el año 2023 dijo que el ejército no tenía nada,que toda la información se había entregado. Desde entonces la investigación se estancó. El Fiscal especial del caso Ayotzinapa renuncia nombrando en su lugar a uno que carece de independencia y no conoce del tema. Posteriormente renunció Alejandro Encinas Rodríguez que era presidente de la CoVAJ y en su lugar fue nombrado alguien que desconoce el caso y que se ha dedicado a intentar dividir al grupo de madres y padres.

Lejos de avanzar en las líneas de investigación el presidente se ha dedicado a atacar a los abogados y al GIEI culpándolos de sus fracasos en el esclarecimiento de los hechos.

III. Las mentiras del presidente. 

  1. a) La sentencia del primer Tribunal Colegiado del décimo noveno circuito con sede en Reynosa Tamaulipas.

En varias de sus conferencias mañaneras el primer mandatario ha referido que: a) el GIEI y los abogados promovieron la libertad de los detenidos por la desaparición de los 43, b) El GIEI y los abogados se oponían a la detención de Murillo Karam y c) Los abogados firmaron acuerdos bajo la mesa con el gobierno anterior. 

Las afirmaciones del presidente son totalmente falsas, en primer término, en mayo de 2018 el primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa Tamaulipas emitió una sentencia en un amparo en revisión en la que ordenó: 1) que las investigaciones realizadas por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) eran irregulares y turbias razón por la cual las pruebas obtenidas eran ilícitas, 2) Redireccionar las indagatorias y 3) Crear una Comisión de Investigación de la Verdad en el caso Iguala. 

Las madres y padres saludaron esta sentencia, por primera vez un Tribunal de México declaraba que las investigaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto llamada verdad histórica eran irregulares y habría que reconducirlas. De manera inédita ordenaba crear una Comisión de la Verdad con facultades de investigación penal como un mecanismo extraordinario para esclarecer los hechos y hacer justicia a las madres y padres de los 43. La CoVAJ y la nueva investigación está basada en el fallo que el presidente tanto cuestiona.

Obviamente, al declarar que las pruebas eran nulas, las acusaciones del gobierno anterior quedaron sin sustento y los responsables obtuvieron su libertad, pero correspondía al gobierno realizar nuevas acusaciones sustentadas en pruebas lícitas, circunstancia que no aconteció, ya que ni el gobierno anterior ni este, hicieron algo al respecto.Con mala fe el presidente toma del referido fallo lo conviene a su narrativa omitiendo elementos que favorecen a las madres y padres de los 43. Por ejemplo, la orden de reconducir las investigaciones de manera pronta e independiente, la creación de una Comisión de Investigación con facultades penales e incluso una compensación a las madres y padres por su lucha no son mencionados por el presidente quien se limita a referir que el fallo puso en libertad a los detenidos. 

  1. b) La detención de Murillo Karam.

Por otro lado, es igualmente falso que los abogados se opusieron a la detención 

de Murillo, lo que en realidad aconteció fue que el GIEI advirtió a las autoridades que los procesos, incluido el de Murillo Karam, tenían debilidad probatoria, era menester fortalecer el caudal probatorio para evitar liberaciones, aunque ello llevara más tiempo procesal. 

Esta advertencia se hizo realidad cuando Murillo Karam fue procesado. En el plazo constitucional estuvo a punto de ser liberado por pobreza probatoria. Al día de hoy esta circunstancia acontece en el proceso, por eso en el caso de los estudiantes alcanzó prisión domiciliaria. Se encuentra en prisión por un proceso que enfrenta por haber torturado a Felipe Rodríguez Salgado alias el Cepillo un perpetrador de la desaparición de los estudiantes no por el caso de los jóvenes.

Otros procesos también han corrido la misma suerte, militares han obtenido su libertad por falta de pruebas. La libertad reciente de ocho militares obedeció a estas falencias. Las advertencias del GIEI pretendían evitar la fragilidad procesal que hoy exhibe el gobierno. No es válido que el presidente culpe solamente al poder judicial.

  1. c) El GIEI, la CIDH, la OEA, Estados Unidos y los Conservadores. 

El presidente hace alusión a una delirante confabulación entre conservadores, la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH, el GIEI, los Estados Unidos, las organizaciones de derechos humanos y los conservadores. Refiere que se infiltraron en su gobierno aludiendo a Omar Gómez Trejo el exfiscal especial del caso Ayotzinapa, que Emilio Álvarez Icaza ahora diputado panista era Secretario Ejecutivo cuando se creó el acuerdo de asistencia técnica mediante el cual los expertos llegaron a coadyuvar en el caso y por lo tanto, todo es obra de los conservadores que enmarañaron el caso. Recientemente ha referido que encontró un documento que firmó el entonces director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez con Miguel Ángel Osorio Chong, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CIDH sugiriendo que es documento firmado bajo la mesa.

El documento al que hace referencia el presidente en sus mañaneras se refiere al convenio de asistencia técnica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindaría al Estado Mexicano, la cual fue firmada entre los representantes del estado Mexicano, la CIDH y los representantes de las madres y padres de los 43, tal documento se signó atendiendo a la medida cautelar MC-904/2014 que emitió este organismo internacional de protección a los derechos humanos a favor de las madres y padres de los 43.

La CIDH es un organismo de protección a los derechos humanos que crea la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, sus resoluciones son obligatorias para México. 

La solicitud de la medida cautelar fue analizada por el pleno de la CIDH, revisando el caso en particular, los hechos y elementos de prueba allegados. Eso les permitió establecer que se colmaban los requisitos de gravedad y urgencia que establece el reglamento de la CIDH para su otorgamiento. La forma de implementar la medida cautelar fue que la CIDH brindara asistencia técnica al estado mexicano en materia de líneas de investigación, búsqueda y asistencia victimal.

Para ello la CIDH contrató un grupo de expertos independientes integrados por mujeres y hombres destacados en las Américas en materia de derechos humanos y así se conformó el GIEI que le dio un vuelco distinto a las investigaciones. 

La medida cautelar fue emitida por el pleno de la CIDH compuesta por comisionados independientes de otras nacionalidades atendiendo a criterios jurídicos y estándares de derechos humanos. Decir que Emilio Álvarez Icaza tuvo que ver en el asunto es superficial e irresponsable. 

El curso de la nueva indagatoria en buena medida obedece al trabajo del GIEI y no del gobierno actual que cuando llegó al poder, el grupo de expertos había puesto las bases de una nueva indagatoria. 

Decir que la presencia de los expertos del GIEI en nuestro país obedece a una conspiración entre la OEA, Estados Unidos y los conservadores es una aseveración ligera que no resiste un análisis serio y responsable. 

Lo contradictorio es que este gobierno mantiene buenas relaciones políticas y diplomáticas con EU, además es miembro de la OEA. Si le produce aversión política este organismo, debería pedir la salida de México, no hacerlo, es hipócrita. 

En conclusión, las aseveraciones del presidente son infundios distractores para justificar su rotundo fracaso en el esclarecimiento de la desaparición de nuestros hijos y para quebrar la unidad de nuestra organización.

Atentamente.

Comité de madres y padres de los 43.

Información compartida con SURCOS por Orlando Barrantes Cartín.

Imagen: https://politica.expansion.mx/mexico/2023/09/26/que-paso-en-ayotzinapa-resumen

Minería no metálica en Costa Rica: impactos y propuestas para su regulación

La minería no metálica es una actividad que busca producir materiales para la construcción, la cual ha generado preocupación en Costa Rica debido a los posibles impactos ambientales y sociales. Es así como el Observatorio de Bienes Comunes, la Alianza por la Defensa del Agua y la activista e investigadora Dylanna Rodríguez Muñoz plantean que a falta de regulación efectiva en la explotación de canteras y cauces, se han dado situaciones como la disminución del caudal de los ríos, la sedimentación y la afectación de la biodiversidad.

Las regulaciones actuales se consideran insuficientes para proteger los ríos y las comunidades afectadas. Se señala la falta de prioridad en los estudios de impacto ambiental en relación con la calidad del agua y la biodiversidad. Además, se destaca la ausencia de consultas con las comunidades locales y la falta de beneficios directos para estas.

Asimismo, estás organizaciones proponen modificar la legislación para incluir consultas comunales directas en el proceso de concesiones, establecer límites técnicos basados en el caudal ecológico de los ríos, evitar otorgar concesiones a empresas con antecedentes de corrupción y violación de derechos, y tomar medidas concretas para proteger el ambiente y la vida en el país.

Se destaca la necesidad de una institucionalidad con criterios científicos para evaluar los impactos, realizar monitoreo y garantizar la protección ambiental en la actividad minera no metálica en Costa Rica.

Le invitamos a conocer más detalles de este enfoque en el archivo que adjuntamos a continuación: