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Autor: María José Ferlini Cartín

«Para derrotar a la ultraderecha, las izquierdas deben ser radicales»

Álvaro García Linera, Buenos Aires, 2020. (Ariel Feldman).

UNA ENTREVISTA CON

Álvaro García Linera afirma que para derrotar a las nuevas derechas los progresismos y las izquierdas deben comenzar por resolver los problemas económicos de las mayorías, entendiendo realmente el nuevo mapa de la informalidad en América Latina.

Fuente: https://jacobinlat.com/

A raíz de su viaje a Colombia para inaugurar el ciclo de pensamiento «Imaginar el futuro desde el Sur», organizado desde el Ministerio de Cultura de Colombia por la filósofa Luciana Cadahia, el exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera habló con Jacobin sobre el escenario político y social que transita América Latina en este «tiempo liminar» o interregno que deberemos transitar durante los próximos 10 o 15 años, hasta la consolidación de un nuevo orden mundial. Está claro que esa inestable oscuridad es el momento para la entrada en escena de las ultraderechas más monstruosas que, en cierta medida, son consecuencia de los límites del progresismo. En la nueva etapa, Linera plantea que el progresismo debe apostar por una mayor audacia para, por un lado, responder con responsabilidad histórica a las demandas profundas que se encuentran en la base de la adhesión popular y, por otro, neutralizar los cantos de sirena de las nuevas derechas. Esto implica avanzar en reformas profundas sobre la propiedad, los impuestos, la justicia social, la distribución de la riqueza y la recuperación de los recursos comunes en favor de la sociedad. Sólo así, empezando por resolver las demandas económicas más básicas de la sociedad y avanzando en una democratización real, plantea Linera, se podrá volver a confinar a las ultraderechas a sus nichos.

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En la región, el siglo XXI comenzó con una oleada de gobiernos progresistas que reorientó el rumbo de América Latina, pero esta dinámica comenzó a estancarse después del triunfo de Mauricio Macri en Argentina en 2015, lo que dio lugar a que muchos vaticinaran el fin del progresismo regional. Así, comenzó una oleada de gobiernos conservadores, pero, en contratendencia, en países como Brasil, Honduras o Bolivia el progresismo retornó. Y en otros, como México y Colombia, logró llegar al poder por primera vez. ¿Cómo lee esta tensión actual entre los gobiernos populares o progresistas y otros conservadores u oligárquicos?

AGL

Lo que caracteriza al tiempo histórico que va desde 10 años o 15 años atrás hasta los siguientes 10 o 15 años es el declive lento, angustiante y contradictorio de un modelo de organización de la economía y de la legitimación del capitalismo contemporáneo, así como la ausencia de un nuevo modelo sólido y estable que retome el crecimiento económico, la estabilidad económica y la legitimación política. Es un largo período, estamos hablando de 20 o 30 años, en cuyo interior, entonces habita esto que hemos llamado «tiempo liminal» —lo que Gramsci llamaba «interregno»—, donde se suceden oleadas y contraoleadas de múltiples intentos por dirimir ese impasse.

América Latina —y ahora el mundo, porque América Latina se adelantó a lo que luego sucedió en todos lados—, vivió una oleada progresista intensa y profunda, pero que no logró consolidarse, seguida por una contraoleada regresiva conservadora y luego por una nueva oleada progresista. Posiblemente, todavía veamos durante los siguientes 5 o10 años estas oleadas y contraoleadas de victorias cortas y de derrotas cortas, de hegemonías cortas, hasta que el mundo redefina el nuevo modelo de acumulación y de legitimación que le devolverá al mundo y a América Latina un ciclo de estabilidad por los siguientes 30 años. En tanto no suceda eso, estaremos asistiendo a esta esta vorágine propia del tiempo liminal. Y, como decía, uno asiste a oleadas progresistas, a su agotamiento, a contrarreformas conservadoras que también fracasan, a una nueva oleada progresista… Y cada contrarreforma y cada oleada progresista es distinta a la otra. Milei es distinto a Macri, aunque recoge a parte de él. Alberto Fernández, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador son distintos a los referentes de la primera oleada, aunque recogen parte de su herencia. Y creo que seguiremos asistiendo a una tercera oleada y a una tercera contraoleada hasta que en algún momento el orden del mundo se defina, porque esta inestabilidad y esta angustia no pueden ser perpetuas. En el fondo, como sucedió en los años 30 y 80 del siglo XX, lo que vemos es el declive cíclico de un régimen de acumulación económico (liberal entre 1870 y 1920, de capitalismo de Estado entre 1940 y 1980, neoliberal entre 1980 y 2010), el caos que genera ese ocaso histórico, y la pugna por instaurar un nuevo y duradero modelo de acumulación-dominación que retome el crecimiento económico y la adherencia social.

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Podemos observar que la derecha vuelve a implementar prácticas que creíamos superadas, incluyendo golpes de Estado, persecución política e intentos de asesinato… Incluso usted mismo sufrió un golpe de Estado. ¿Cómo cree que seguirán evolucionando estas prácticas? ¿Y cómo las podemos resistir desde los proyectos populares?

AGL

Algo propio del tiempo liminal, del interregno, es la divergencia de las elites políticas. Cuando las cosas van bien —como hasta los años 2000—, las élites convergen en torno a un único modelo de acumulación y de legitimación y todos se vuelven centristas. Las izquierdas mismas se atemperan y se neoliberalizan, aunque siempre va a haber una izquierda radical pero marginal, sin audiencia. Las derechas también se pelean entre ellas, pero meramente por recambios y retoques circunstanciales. Cuando todo eso entra en su declive histórico inevitable, comienzan las divergencias y las derechas se escinden en extremas derechas. La extrema derecha comienza a comerse a la derecha moderada. Y las izquierdas más radicalizadas emergen de su marginalidad e insignificancia política, comienzan a adquirir resonancia y audiencia, crecen. En el interregno, la divergencia de proyectos políticos es la norma, porque hay búsquedas, disidentes unas de otras, por resolver la crisis del viejo orden, en medio de una sociedad descontenta, que ya no confía, que ya no cree en los antiguos «dioses», en las antiguas recetas, en las antiguas propuestas que garantizaron la tolerancia moral hacia los gobernantes. Y, entonces, los extremos comienzan a potenciarse.

Eso vamos a ver con las derechas. La centroderecha, que gobernó el continente y el mundo durante 30 ó 40 años, ya no tiene respuestas a los evidentes fallos económicos del globalismo liberal y, ante las dudas y las angustias de las personas, surge una extrema derecha que sigue defendiendo al capital pero que cree que los buenos modales de la antigua época ya no son suficientes y que ahora hay que imponer las reglas del mercado por la fuerza. Esto implica domesticar a la gente, si es necesario a palos, para regresar a un libre mercado puro y prístino, sin concesiones ni ambigüedades, porque –según ellos- eso fue la causa del fracaso. Entonces, esta extrema derecha tiende a consolidarse y a ganar más adeptos hablando de «autoridad», «shock de libre mercado» y «reducción del Estado». Y si hay levantamientos sociales corresponde utilizar la fuerza y la coerción, y si es necesario el golpe de Estado o la masacre, para disciplinar a los díscolos que se oponen a este regreso moral a las «buenas costumbres» de la libre empresa y de la vida civilizada: con las mujeres cocinando, los hombres mandando, los patrones decidiendo y los obreros trabajando en silencio. Un síntoma más del ocaso liberal se evidencia cuando ya no pueden convencer ni seducir y necesitan imponer; lo que implica que están ya en su tiempo crepuscular. Pero no por ello dejan de ser peligrosos, por la radicalidad autoritaria de sus imposiciones.

Frente a eso, el progresismo y las izquierdas no pueden tener un comportamiento condescendiente, intentando contentar a todas las facciones y sectores sociales. Las izquierdas salen de su marginalidad en el tiempo liminal porque se presentan como alternativa popular al desastre económico que ha ocasionado el neoliberalismo empresarial; y su función no puede ser la de implementar un neoliberalismo con «rostro humano», «verde» o «progresista». La gente no sale a las calles y vota electoralmente a la izquierda para decorar el neoliberalismo. Se moviliza y cambia radicalmente sus anteriores adherencias políticas porque está harta de ese neoliberalismo, porque desea deshacerse de él pues solo ha enriquecido a pocas familias y a unas pocas empresas. Y si la izquierda no cumple eso, y convive con un régimen que empobrece al pueblo, es inevitable que la gente gire drásticamente sus preferencias políticas hacia salidas de extrema derecha que ofrecen una salida (ilusoria) al gran malestar colectivo.

Las izquierdas, si quieren consolidarse, deben responder a las demandas por las que surgieron y, si quieren en verdad derrotar a las extremas derechas tienen que resolver de manera estructural la pobreza de la sociedad, la desigualdad, la precariedad de los servicios, la educación, la salud y la vivienda. Y para poder realizar eso materialmente, tienen que ser radicales en sus reformas sobre la propiedad, los impuestos, la justicia social, la distribución de la riqueza, la recuperación de los recursos comunes en favor de la sociedad. Detenerse en esa obra va a alimentar la ley de las crisis sociales: toda actitud moderada ante la gravedad de la crisis, fomenta y alimenta los extremos. Si las derechas hacen eso, alimentan a las izquierdas, si lo hacen las izquierdas, alimentan a las extremas derechas.

Entonces, la manera de derrotar a las extremas derechas, reduciéndolas a un nicho —que va a seguir existiendo, pero ya sin irradiación social— radica en la expansión de las reformas económicas y políticas que se traduzcan en visibles y sostenidas mejoras materiales en las condiciones de vida de las mayorías populares de la sociedad; en la mayor democratización de las decisiones, en una mayor democratización de la riqueza y de la propiedad, de tal manera que la contención a las extremas derechas no sea meramente un discurso, sino que se apoye en una serie de acciones prácticas de distribución de la riqueza que resuelva las principales angustias y demandas populares (pobreza, inflación, precariedad, inseguridad, injusticia..). Porque, no hay que olvidar, que las extremas derechas son una respuesta, pervertida, a esas angustias.  Cuanto más distribuyas la riqueza, ciertamente más afectas los privilegios de los poderosos, pero ellos van a ir quedando en minoría en torno a la defensa rabiosa de sus privilegios, en tanto que las izquierdas se consolidaran como las que se preocupan y resuelven las necesidades básicas del pueblo. Pero, cuanto esas izquierdas o progresismos más se comporten de manera miedosa, timorata y ambigua en la resolución de los principales problemas de la sociedad, las derechas extremas más van a crecer y el progresismo quedará aislado en la impotencia de la decepción. Entonces, en estos tiempos, a las extremas derechas se las derrota con más democracia y con mayor distribución de la riqueza; no con moderación ni conciliación.

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¿Hay elementos novedosos en las nuevas derechas? ¿Es correcto llamarlas fascistas o deberíamos nombrarlas de otra manera? ¿Las derechas están organizando un laboratorio posdemocrático para el continente (incluyendo a Estados Unidos)?

AGL

Sin dudas, la democracia liberal, como mero recambio de elites que deciden por el pueblo, tiende inevitablemente hacia formas autoritarias. Si, en momentos, pudo rendir frutos de democratización social fue por impulso de otras formas democráticas plebeyas que se desplegaron simultáneamente —la forma sindicato, la forma comunidad agraria, la forma plebeya de la multitud urbana—. Son estas acciones colectivas múltiples y multiformes de democracia las que le dieron a la democracia liberal una irradiación universalista. Esto pudo suceder porque siempre estaba siendo rebasada y jalada por delante. Pero si uno deja a la democracia liberal tal cual, como mera selección de gobernantes, inevitablemente tiende a la concentración de decisiones, a su conversión en lo que Schumpeter llamaba la democracia como mera elección competitiva de quienes van a decidir sobre la sociedad, lo que es una forma autoritaria de concentrar las decisiones. Y, ese monopolio decisional por medios autoritarios y, llegado el caso, por encima del propio procedimiento de selección de elites, es lo que caracteriza a las extremas derechas. Por eso, no hay antagonismo entre extremas derechas y democracia liberal. Hay una colusión de fondo. Las extremas derechas pueden coexistir con este tipo de democratización meramente elitista que alimenta la democracia liberal. Por eso no es raro que lleguen al gobierno por medio de elecciones. Pero, lo que la democracia liberal tolera marginalmente de mala gana, y las extremas derechas rechazan abiertamente, son otras formas de democratización, que tienen que ver con las presencias de democracias desde abajo (sindicatos, comunidades agrarias, asambleas barriales, acciones colectivas…). Se oponen a ellas, las rechazan y las consideran como un estorbo. En este sentido, las extremas derechas actuales son antidemocráticas. Solamente aceptan que se los elija a ellos para mandar, pero rechazan otras formas de participación y democratización de la riqueza, lo que les parece un insulto, un agravio o un absurdo que debe combatido con la fuerza del orden y de la disciplina coercitiva.

Ahora, ¿esto es fascismo? Difícil de decidir. Hay todo un debate académico y político sobre qué nombre tomará esto y si vale la pena la evocación de las terribles acciones del fascismo de los años 30 y 40. En el preciosismo académico tal vez vale la pena estas digresiones, pero tiene muy poco efecto político. En América latina las personas de más de 60 años pueden tener recuerdos de las dictaduras militares fascistas y la definición puede causar un efecto en ellos, pero para las nuevas generaciones hablar de fascismo no dice gran cosa. No me opongo a ese debate, pero no veo que sea tan útil. Al final, la adhesión o rechazo social a los planteamientos de las extremas derechas no vendrá por el lado de los antiguos símbolos e imágenes que evocan, sino por la eficacia de responder a actuales angustias sociales que las izquierdas son impotentes de resolver.

Quizás, la mejor forma de calificar a estas extremas derechas, más allá de la etiqueta, sea entendiendo a qué tipo de demanda responde, que por supuesto, son demandas distintas a las de los años 30 y 40, aunque con ciertas similitudes por la crisis económica en ambos periodos. En lo personal, prefiero hablar de extremas derechas o derechas autoritarias; pero si alguien usa el concepto de fascismo, no me opongo, aunque tampoco me entusiasma demasiado. El problema puede venir si, de inicio, se las califica de fascistas y se deja de lado la pregunta respecto a qué tipo de demanda colectiva responden o ante qué tipo de fracaso emergen.  Por ello, antes de etiquetar y tener respuestas sin preguntas, es mejor preguntarse sobre las condiciones sociales de su surgimiento, el tipo de soluciones que plantea y, sobre esas respuestas, ya se puede elegir el calificativo que corresponda: fascista, neofascista, autoritaria…

Por ejemplo, ¿está bien decir que Milei es fascista? Tal vez, pero primero hay que preguntarse porqué ganó, con el voto de quién, respondiendo a qué tipo de angustias. Eso es lo importante. Y además preguntarse qué hiciste tú para que eso sucediera. Hoy es más útil preguntarnos eso que el colocarle una etiqueta fácil que te resuelva el problema del rechazo moral pero que no ayuda a comprender la realidad ni a transformarla. Porque si respondes que Milei convoco a la angustia de una sociedad empobrecida, entonces queda claro que el tema es la pobreza. Si Milei le habló a una juventud que no tiene derechos, entonces hay una generación de personas que no accedieron a los derechos de los años 50, ni de los 60 ni del 2000. Ahí está el problema que el progresismo y la izquierda debe abordar para frenar a las extremas derechas y a los fascismos.

Hay que detectar los problemas con los que las extremas derechas interpelan a la sociedad porque su crecimiento también es un síntoma del fracaso de las izquierdas y el progresismo. No surgen de la nada sino después de que el progresismo no se animó, no pudo, no quiso, no vio, no entendió a la clase y a la juventud precaria, no captó el significado de la pobreza y de la economía por encima de los derechos de identidad. Ahí está el núcleo del presente. Esto no significa que no hables de la identidad, sino que jerarquices, entendiendo que el problema fundamental es la economía, la inflación, el dinero que se te escurre de los bolsillos. Y no se puede olvidar que la propia identidad tiene una dimensión de poder económico y político, que es lo que ancla la subalternidad. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la identidad indígena conquistó su reconocimiento asumiendo el poder político, primero y, gradualmente, el poder económico dentro de la sociedad. La relación social fundamental del mundo moderno es el dinero, enajenada pero todavía relación social fundamental, que se te escurre, que diluye todas tus creencias y lealtades. Ese es el problema a resolver desde las izquierdas y el progresismo. Creo que la izquierda tiene que aprender de sus fracasos y deben tener una pedagogía sobre sí misma para encontrar luego los calificativos para denunciar o etiquetar algún fenómeno político, como es en este caso el de la extrema derecha.

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Volviendo a los proyectos populares, ¿cuáles son los principales desafíos del progresismo para superar estas crisis, estos fracasos de los que hablabas? ¿Es solo por no haber podido comprender o interpretar de manera suficiente las necesidades y demandas de la ciudadanía que ahora las extremas derechas retoman?

AGL

El dinero es hoy el elemental, el básico, el clásico, el tradicional problema económico y político del presente. En tiempos de crisis, la economía manda, punto. Resuelve ese primer problema y luego el resto. Estamos en un tiempo histórico en que surge el progresismo y las extremas derechas, y decae la centroderecha clásica neoliberal, tradicional, universalista. ¿Por qué? Por la economía. Es la economía, señores, la que ocupa el centro de mando de la realidad. El progresismo, las izquierdas y las propuestas que vengan del lado popular tienen que resolver en primer lugar ese problema. Pero la sociedad a la que la antigua izquierda de los años 50 y 60, o el progresismo en la primera ola en algunos países, le resolvió el problema económico, es distinta a la actual. Las izquierdas siempre trabajaron sobre el sector de la clase trabajadora asalariada formal, y hoy es una incógnita para el progresismo la clase trabajadora no formal. El mundo de la informalidad agrupado bajo el concepto de «economía popular» es un agujero negro para las izquierdas que no lo conocen, no lo entienden y no tienen propuestas productivas para ella que no sea los meros paliativos asistenciales. En América Latina ese sector abarca al 60% de la población. Y no se trata de una presencia transitoria que va a desaparecer luego en la formalidad. No señores, el porvenir social va a ser con informalidad, con ese pequeño trabajador, pequeño campesino, pequeño emprendedor, asalariado informal, atravesado por relaciones familiares y de vínculos muy curiosos de lealtad local o regional, subsumido en instancias donde las relaciones capital-trabajo no son tan diáfanas como en una empresa formal. Ese mundo va a existir por los siguientes 50 años e involucra a la mayoría de la población latinoamericana. ¿Qué le dices a esas personas? ¿Cómo te preocupas por su vida, por su ingreso, por su salario, por sus condiciones de vida, por su consumo?

Estos dos temas son la clave del progresismo y la izquierda latinoamericana contemporáneas: resolver la crisis económica tomando en cuenta a ese sector informal que es la mayoría de la población trabajadora de América Latina. ¿Qué significa eso? ¿Con qué herramientas se hace? Por supuesto, con expropiaciones, nacionalizaciones, distribución de riqueza, ampliación de derechos, etc. Esas son herramientas, pero el objetivo es mejorar la condición de vida y el tejido productivo de ese 80% de la población, sindicalizada y no sindicalizada, formal e informal que conforma lo popular latinoamericano. Y además con mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones. La gente quiere ser oída, quiere participar. El cuarto tema es el medioambiental, una justicia ambiental con justicia social y económica, nunca separado ni nunca por delante.

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Usted está aquí en Colombia para asistir a un Ciclo de pensamiento coordinado por la filósofa Luciana Cadahia para el Ministerio de Cultura. ¿Qué cambios está pudiendo observar aquí con el triunfo del Pacto Histórico y el liderazgo de Gustavo Petro y Francia Márquez? ¿Cree que Colombia tiene algún rol protagónico para el progresismo de la región?

AGL

Tomando en cuenta los antecedentes históricos de la Colombia contemporánea, en la que al menos dos generaciones de luchadores sociales y activistas de izquierda han sido asesinados o exiliados, en la que las formas de acción colectiva legal han sido arrinconadas por el paramilitarismo y en la que EEUU ha intentado crear no solo una base militar a escala estatal sino también un pivote de cooptación cultural, es por demás heroico que un candidato de izquierda haya ganado electoralmente el gobierno. Y claro, cuando uno palpa el poderoso sedimento de la Colombia profunda que brota en los barrios y comunidades, entiende el estallido social del 2021 y el porqué de esa victoria.

El que un triunfo electoral progresista venga precedido de movilizaciones colectivas, habilita un espacio de disponibilidad social a reformas. Y es por eso que, pese a las limitaciones parlamentarias, el gobierno del presidente Petro es ahora el más radical de esta segunda ola progresista continental.

Dos acciones colocan a la gestión de Petro a la vanguardia del resto de los presidentes de izquierda. Por una parte, la aplicación de la reforma tributaria con carácter progresivo, es decir, que impone mayores tributos a quienes más dinero tienen. En la mayoría de los otros países latinoamericano, la más importante fuente de ingresos tributarios es el IVA, que claramente obliga a una mayor tributación a los que menos tienen.

En segundo lugar, el avance en la transición energética. Claramente ningún país del mundo, ni siquiera los que más contaminan como EEUU, Europa y China, ha abandonado de la noche a la mañana los combustibles fósiles. Se han planteado unas décadas de transición, e incluso, todavía, unos años más de producción record de esos combustibles. Sin embargo, Colombia, junto a Groenlandia, Dinamarca, España e Irlanda, son los únicos países del mundo que han prohibido cualquier nueva actividad exploratoria de petróleo. El caso colombiano es más relevante, porque para él, la exportación de petróleo representa más de la mitad del total de sus exportaciones, lo que hace de esta decisión algo mucho más audaz y avanzada a nivel global.

Se trata de reformas que ciertamente miran el porvenir de una manera comprometida con la vida y que alumbran el curso de lo que otras experiencias progresistas tendrían que también realizar a corto plazo.

Sin embargo, para que estas decisiones, y otras que aún faltan para cimentar condiciones de necesaria igualdad económica, sean sostenibles en el tiempo, no habría que descuidar la continua mejora real de los ingresos de las clases populares colombianas, ya que cualquier justicia climática sin justicia social, no pasa de ser un medioambientalismo liberal. Ello va a requerir un acople milimétrico entre los ingresos que el Estado dejará de percibir los siguientes años, con unos nuevos que deberá garantizar vía otras exportaciones, mayores impuestos a los ricos y palpables mejoras en las condiciones de vida de las mayorías populares.

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Me gustaría finalizar con su lectura del papel que va a tener América Latina y el Caribe en el mundo. O, mejor dicho, qué rol político podremos ocupar en un escenario de transformaciones radicales como las que estamos viviendo.

AGL

A inicios del siglo XXI, América Latina fue la que dio el primer campanazo del agotamiento del ciclo de reformas neoliberales que se había instaurado globalmente desde los años 80 del siglo pasado. Aquí fue donde se inició la búsqueda de un régimen híbrido entre proteccionismo y librecambio, que luego, desde el año 2018 hasta hoy, han comenzado a ensayar paulatinamente en EE. UU. y los distintos países de Europa. A estas alturas, a pesar de puntuales recaídas melancólicas en un paleoliberalismo de patas cortas como en Brasil con Bolsonaro y Argentina con Milei, el mundo está en el tránsito a un nuevo régimen de acumulación y legitimación que sustituya al globalismo neoliberal.

Sin embargo, a estas alturas, el continente se halla algo extenuado para seguir liderando las reformas globales. Pareciera ser que la transición posneoliberal ahora deberá avanzar primero a escala global para que América Latina renueve sus fuerzas a fin de retomar los ímpetus iniciales. La posibilidad de unas reformas estructurales posneoliberales de segunda generación, o incluso, más radicales, que recuperen la fuerza transformadora continental, deberá esperar a mayores cambios mundiales y, por supuesto, una nueva oleada de acciones colectivas plebeyas que modifiquen el campo de las transformaciones imaginadas y posibles. En tanto no suceda eso, el continente será un intenso escenario de disputas pendulares entre victorias populares cortas y victorias conservadoras cortas, entre derrotas populares cortas y derrotas oligárquicas igualmente cortas.

Sobre la entrevistadora 

Tamara Ospina Posse es politóloga, feminista y militante de Colombia Humana y del Centro de Pensamiento Colombia Humana (CPCH).

https://jacobinlat.com/2024/01/02/si-las-izquierdas-quieren-derrotar-a-la-ultraderecha-tienen-que-ser-radicales/?mc_cid=bc08a442e7&mc_eid=943c20bae5

Terremoto de Cinchona una catástrofe para recordar

A 15 años del terremoto de Cinchona, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA) se solidariza con las personas que resultaron damnificadas y recuerda este evento sísmico como uno de los terremotos más devastadores en la historia costarricense.

Esteban Chaves, sismólogo del Ovsicori-UNA indicó que la secuencia sísmica de Cinchona se asoció al sistema de fallas Vara Blanca-Ángel, un sistema de fallas ubicado en el flanco este del volcán Poás con movimiento lateral derecho y orientación Noroeste-Suroeste. El hipocentro del evento principal tuvo una profundidad de 7 km y su duración de ruptura fue de 5 segundos.

Chaves agregó que este evento fue precedido por un sismo (evento premonitor) con magnitud local, Ml=4,5, ubicado 4 km al Noroeste de Fraijanes de Sabanilla de Alajuela, ocurrido el 7 de enero a las 10:00 am, hora local, el cual generó una secuencia en cascada con alrededor de 25 réplicas cuyas magnitudes locales fueron menores a 3,0.

La fuente generadora del terremoto de Cinchona tuvo una duración de 5 segundos y una caída de esfuerzos de 6.71 MPa y aceleraciones máximas en superficie de 223 gal (2.156 m/s2) en el valle central. La red sísmica del OVSICORI-UNA localizó un total de 1032 réplicas durante todo el mes de enero de 2009.

Explicó que, en la actualidad, la topografía del terreno hace que sea vulnerable a la ocurrencia de deslizamientos, sobre todo cuando los suelos están cargados de fluidos, por lo que el Ovsicori ha instalado instrumentación sísmica en la zona para comprender el comportamiento de la falla desde el punto de vista mecánico y físico.

Tragedia en la memoria

Al ser las 15:21 pm (hora local en Costa Rica), de un día como hoy, pero hace 15 años, ocurrió uno de los terremotos más devastadores en la historia costarricense. El terremoto de Cinchona, con magnitud MW = 6,2, y con epicentro ubicado 4 km hacia el Suroeste de Cinchona de Poás, generó una sacudida con intensidades máximas equivalentes a VII en la escala Mercalli modificada. Este temblor dejó más de 2,000 personas damnificadas, 91 personas heridas, 7 desaparecidas y 25 personas fallecidas.

Dicho terremoto generó la ocurrencia de 1,561 desprendimientos de Tierra, 132 deslizamientos y 90 flujos de lodo que afectaron y destruyeron infraestructura tanto pública como privada.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Gaza / Israel: a propósito del apoyo de Bolivia y de otros Estados a la acción de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 7 de enero del 2024, Bolivia difundió un comunicado de prensa (véase texto completo reproducido al final de esta nota) en el que apoya la gestión de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel presentada formalmente el pasado 29 de diciembre.

Resulta oportuno recordar que tempranamente, Bolivia alzó la voz ante el drama observado en Gaza: a diferencia de otros Estados de América Latina que también la alzaron, llamando a consulta a sus respectivos embajadores en Tel-Aviv, Bolivia optó por romper sus relaciones diplomáticas con Israel el pasado 31 de octubre (Nota 1). El 14 de noviembre del 2023, Belice optó por tomar una medida similar a la de Bolivia (véase comunicado oficial).

Con relación a la acción interpuesta por Sudáfrica ante la CIJ, tuvimos la oportunidad de analizar sus alcances y las diversas reacciones que ha provocado en el mundo, así como los temores que ha generado en algunos sectores en Israel y en Estados Unidos (Nota 2).

La extrema premura del juez internacional ante la urgencia absoluta que se vive en Gaza

Presentada la demanda y la solicitud de medidas provisionales el pasado 29 de diciembre por Sudáfrica, la CIJ ordenó el pasado 3 de enero mediante comunicado oficial la celebración de audiencias orales para los días 11 y 12 de enero del 2024.

El pasado 10 de enero, se detalló cómo se realizarían estas audiencias (véase comunicado oficial de la CIJ): una sola ronda de alegatos, con primero Sudáfrica (el 11) y luego Israel (el 12), quienes intentarán presentar sus mejores alegatos a los 15 jueces titulares y a los dos jueces ad hoc designados por ambos Estados.

El verbatim de la audiencia celebrada el 11 de enero – a la que asistió el Embajador de Chile en La Haya (véase comunicado oficial) – ya está disponible en este enlace oficial de la CIJ: se trata de un extenso alegato de 84 páginas, con más de 330 notas de pie de página, cuya lectura detallada se recomienda. A la página 41 se lee que:

«36. In conclusion, Madam President, many propagators of grave atrocities have protested that they were misunderstood; that they did not mean what they said; and that their own words were taken out of context. What State would admit to a genocidal intent? Yet, the distinctive feature of this case has not been the silence as such, but the reiteration and repetition of genocidal speech throughout every sphere of State in Israel.

  1. We remind the Court of the identity and authority of the genocidal inciters: the Prime Minister; the President; the Minister of Defence; the Minister of National Security; the Minister of Energy and Infrastructure; members of the Knesset; senior army officials; and foot soldiers. Genocidal utterances are therefore not out in the fringes; they are embodied in State policy«.

Desde el pasado 29 de diciembre, se evidencia una celeridad absoluta por parte de la Secretaría de la CIJ en La Haya, confirmándose la urgencia total ante el drama al que somete Israel a la población civil de Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 con sus incesantes bombardeos aéreos.

Las reacciones oficiales registradas en apoyo a Sudáfrica

El apoyo oficial de Bolivia a Sudáfrica es el primero que se ha registrado en América Latina.

En efecto, la solicitud de Sudáfrica fue en un primer momento saludada por algunos Estados a título individual como por ejemplo Malasia (véase comunicado oficial) o bien Turquía (véase comunicado), o Maldivas (véase comunicado), así como por Jordania (véase nota de prensa), al tiempo que muchos otros han optado por mantenerse en silencio. Desde el mismo 29 de diciembre, Palestina celebró esta acción de Sudáfrica (véase comunicado oficial).

La iniciativa sudafricana también fue saludada por una organización internacional como la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) (véase comunicado): se trata de una organización que reúne a un total de 57 Estados Miembros (véase listado oficial). El pasado 10 de enero, se informó que la Liga de Estados Árabes también se sumó, a través de declaraciones de su Secretario General (véase nota de prensa).

Una invitación formulada por expertos y académicos neozelandeses (véase nota de prensa del 7 de enero) indicaba que:

«New Zealand could express its support for the request for provisional measures, as Turkey and Malaysia have done, or it could seek to intervene in the case«.

El 9 de enero del 2024, se leyó en un medio de prensa de Indonesia (véase nota) que:

«Spokesperson for the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, Lalu Muhammad Iqbal stated that morally and politically, Indonesia fully supports the lawsuit against Israel«

Era muy probable que, en esta segunda semana del año 2024, se registraran nuevas manifestaciones oficiales de apoyo a la acción sudafricana ante la justicia de La Haya.

Unas de las últimas registradas fue la de Venezuela (véase comunicado oficial del 9 de enero) y de Nicaragua (véase comunicado) así como la de Brasil (véase comunicado oficial del 10 de enero del 2024). En el caso de este último comunicado, se indicó que:

«À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio«.

Merece también mención el extenso comunicado oficial de Colombia del 10 de enero, cuyo texto integral está reproducido al final de estas líneas.

No está de más señalar que los relatores especiales y expertos independientes de Naciones Unidas en materia de derechos humanos – en su casi totalidad – saludaron el inicio de las audiencias en La Haya gracias a la acción interpuesta por Sudáfrica (véase comunicado del 11 de enero del 2024).

Costa Rica y su comunicado oficial

El contenido y el tono vehemente de los precitados comunicados oficiales de Bolivia, Brasil, Colombia, o bien de Venezuela pueden ser comparados al los del comunicado circulado por las autoridades diplomáticas costarricenses tempranamente, desde el 5 de enero del 2024 (reproducido de igual manera al final de estas líneas).

A diferencia de los demás comunicados oficiales, inicia con una inusitada expresión en su título de «sigue con atención desarrollo de caso planteado por Sudáfrica«).

Con respecto al título escogido para estas breves reflexiones, «A propósito del apoyo de Bolivia y de otros Estados…» el comunicado de Costa Rica plantea una interrogante muy válida para ser incluido: en efecto, en ninguna parte del texto de Costa Rica se emplea el verbo «saludar«, «apoyar«, «respaldar» o «celebrar» usado en los precitados comunicados.

Se trata por lo tanto de un comunicado oficial sui generis, en el que, dicho sea de paso, tampoco se hace mención alguna de «Gaza«, «Palestina«, «territorio palestino ocupado», «población civil» «niños y mujeres«, o bien de términos como «crímenes», «bombardeos», «masacre».

Una revisión rápida de comunicados similares emitidos en América Latina con ocasión de esta demanda sudafricana confirma la peculiaridad del lenguaje utilizado en este comunicado de la diplomacia costarricense: es el único (salvo error de nuestra parte) en calificar de «presuntas» las violaciones de obligaciones internacionales.

Esta especificidad de la diplomacia costarricense en este preciso ámbito no es nueva: al comparar el texto de comunicados oficiales circulados el mismo 7 de octubre por diversos aparatos diplomáticos en el continente americano con el de Costa Rica, ya habíamos tenido la oportunidad de observar una tonalidad y un vocabulario bastante distintos a los de otros Estados en América Latina (Nota 3).

El intento del aparato diplomático israelí

Más allá de la riqueza que el lenguaje de la diplomacia ofrece a un Estado al redactar un comunicado oficial, desde que se oficializó la demanda de Sudáfrica en La Haya, Israel envió instrucciones muy precisas a sus diversas legaciones diplomáticas en todo el mundo, en aras de intentar frenar diplomáticamente a Sudáfrica: véase al respecto esta interesante nota publicada en Axios este 5 de enero del 2024 que detalla las instrucciones recibidas. Una de ellas en particular merece mención al solicitar a Estados pronunciarse oficialmente en contra de la demanda sudafricana.

Al respecto, en América Latina, un comunicado oficial de Guatemala del 8 de enero (véase texto) y un tweet de la cancillería de Paraguay (véase texto) registrado el 10 de enero parecieran ambos obedecer a gestiones de las embajadas de Israel en la Ciudad de Guatemala y en Asunción: ambos texto rechazan la demanda de Sudáfrica ante la CIJ.

Es de señalar que esta nueva acción de Sudáfrica ante la CIJ ha provocado una honda preocupación en los círculos gubernamentales israelíes pero también norteamericanos: estos últimos se han sentido obligados a desacreditar la base factual utilizada por Sudáfrica en su solicitud al juez internacional de La Haya (véase nota de prensa del Times of Israel y esta otra nota de Voice of America).

Uno de los voceros de la Casa Blanca se expresó de la siguiente manera (véase comunicado de prensa del 3 de enero) sobre la demanda de Sudáfrica:

«We find this submission meritless, counterproductive, and completely without any basis in fact whatsoever«.

Basta con revisar los párrafos 101 a 107 de la extensa demanda interpuesta por Sudáfrica desde el 29 de diciembre (véase texto completo) que detallan, una tras otra, las escalofriantes declaraciones oficiales escuchadas en Israel desde el 7 de octubre del 2023, para comprender que sobran los elementos fácticos: la solicitud de medidas provisionales hecha por Sudáfrica al juez internacional de La Haya tiene bases muy sólidas para prosperar.

Aunado a ello, el elevado número de víctimas y de personas heridas que se registra con cada nuevo día de bombardeos israelíes sobre la población civil de Gaza, y la muerte probable de muchas personas gravemente heridas que yacen bajo los escombros es otra base factual inobjetable, que justifica una urgencia absoluta para la justicia internacional.

Genocidio y comunidad internacional ante el drama que se vive en Gaza

Con relación al calificativo de «genocidio«, que pareciera causar tanta molestia en Israel (y fuera de ella en algunos círculos, incluyendo en Costa Rica), Sudáfrica en el texto de su demanda ha señalado otro aspecto fáctico dificilmente objetable (párrafo 12):

«South Africa has repeatedly and urgently expressed its concerns and condemnation in respect of Israel’s acts and omissions which form the basis of this Application. South Africa and other States Parties to the Genocide Convention have, in particular, made clear that Israel’s actions in Gaza constitute genocide against the Palestinian people. By way of example, the Presidents of Algeria, Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba, Iran, Türkiye, and Venezuela have all described Israel’s actions as a genocide, as has the Palestinian President. State officials and representatives from Bangladesh, Egypt, Honduras, Iraq, Jordan, Libya, Malaysia, Namibia, Pakistan, Syria, and Tunisia, have also referred to genocide or the risk thereof in Gaza; as have heads of State and State officials from non-State parties to the Genocide Convention, including Qatar and Mauritania«.

Más alla de calificativos provenientes de Jefes de Estado sobre el drama que se vive en Gaza recurriendo a la palabra «genocidio«, cabe recordar que desde el 16 de noviembre del 2023, fue un grupo de expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos el que advirtió en un comunicado colectivo de un grave riesgo de genocidio en Gaza (véase texto en el que se puede leer que):

«We are deeply distressed at the failure of Israel to agree to – and the unwillingness of the international community to press more decisively for – an immediate ceasefire. The failure to urgently implement a ceasefire risks this situation spiralling towards a genocide conducted with 21st century means and methods of warfare,” the experts warned.

They also expressed alarm over discernibly genocidal and dehumanising rhetoric coming from senior Israeli government officials, as well as some professional groups and public figures, calling for the “total destruction”, and “erasure” of Gaza, the need to “finish them all” and force Palestinians from the West Bank and east Jerusalem into Jordan. The experts warned that Israel has demonstrated it has the military capacity to implement such criminal intentions«.

Como ya viene siendo costumbre, este comunicado oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas fue escasamente referenciado en algunos de los principales medios de prensa internacionales: pasó prácticamente desapercibido.

De otros Estados en modo «silencio» o casi

Recientemente en el Reino Unido (véase enlace y video), una sesión con el jefe de la diplomacia británica dio pie para intentos semánticos de toda índole, acompañados de contorsiones del lenguaje inusitadas por parte de los altos funcionarios llamados a aclarar la posición oficial del Reino Unido a una comisión integrada por legisladores británicos.

Con relación a Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y Uruguay, el sitio de sus respectivos aparatos diplomáticos no registra ningun comunicado sobre le acción de Sudáfrica ante la CIJ.

Finalmente, con respecto a Perú, el único comunicado de prensa de su aparato diplomático en este inicio del 2024 en el que se menciona a Israel tiene que ver con la donacion de un equipo tecnológico a un centro de educación secundaria (véase comunicado oficial).

A modo de conclusión

Los temores de Israel y de Estados Unidos (y de algunos de sus aliados) son más que fundados y explican el tipo de gesticulaciones diplomáticas observadas: en efecto, una decisión preliminar de la CIJ favorable a Sudáfrica conllevaría consecuencias para ambos Estados. Ello fue explicado recientemente por un especialista sudafricano en derecho internacional público (véase video de su entrevista en SABC del 4 de enero) así como en este artículo publicado por un jurista argentino en el sitio de EJIL-Talk (cuya lectura se recomienda). En este reciente artículo publicado en Francia (Le Club des Juristes), se lee que:

«On observera que dans les affaires dont elle a eu à connaître antérieurement au sujet de l’interprétation et de la Convention sur le génocide, la Cour a reconnu cette compétence prima facie et a ordonné des mesures conservatoires aux parties. En l’espèce, le fait que l’Afrique du Sud ne soit pas directement impliquée dans le conflit est sans incidence«.

En la precitada nota de Axios publicada este 5 de enero, se lee que Israel ha explicado a sus diplomáticos de todo el mundo que la situación puede acarrear consecuencias de todo tipo para Israel, al precisar que:

«A ruling by the court could have significant potential implications that are not only in the legal world but have practical bilateral, multilateral, economic, security ramifications«.

Más recientemente se leyó en Israel (véase artículo del Timesof Israel del 10 de enero del 2024), que:

«Israel’s legal defense would be engaged in “an uphill struggle” in which it would have to convince the court that the prime minister and other cabinet ministers did not mean what they said and that their words do not reflect what has actually happened on the ground in Gaza«.

No es la primera vez que Sudáfrica acude a la justicia internacional con relación al drama que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre.

En efecto, el pasado 17 de noviembre, Sudáfrica, conjuntamente con 4 otros Estados, entre los cuales Bolivia, presentó un «referral» de carácter urgente a otra jurisdicción internacional con sede en La Haya, como la es la Corte Penal Internacional (CPI) – véase texto completo, y que tuvimos también la oportunidad de analizar (Nota 4).

Cabe además recordar que esta iniciativa de Sudáfrica se añade a otra interpuesta ante la misma CIJ pero esta vez no por un Estado, sino por la misma Asamblea General de Naciones Unidas, al solicitarle una opinión consultiva sobre la colonización ilegal israelí y sus efectos desde la perspectiva del derecho internacional público: se trata de una resolución que se votó hace un poco más de un año, el 30 de diciembre del 2022, y que contó, por parte de América Latina con dos únicos votos en contra: Guatemala y Costa Rica (Nota 5).

– Notas –

Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes con relación al anuncio por parte de Bolivia de romper sus relaciones diplomáticas con Israel y al llamado a consultas de embajadores por parte de Chile, de Colombia y de Honduras«, editada el 31 de octubre del 2023, y disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito de la reciente demanda interpuesta por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, editada el 29 de diciembre del 2023 y disponible aquí .

Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «El ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí: algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público«, editada el 10 de octubre del 2023 y disponible aquí.

Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «Gaza / Israel: a propósito del anuncio hecho por Sudáfrica de una acción conjunta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)», editada el 18 de noviembre del 2023 y disponible aquí.

Nota 5: Véase al respecto BOEGLIN N., “América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina: breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica”, editada el 31 de diciembre del 2022 y disponible aquí.

Documentos / Materiales:
1) Texto del comunicado oficial de Bolivia reproducido integralmente a continuación (véase enlace oficial ):
«Comunicado en respaldo a la solicitud presentada por Sudáfrica ante la corte Internacional de Justicia (CIJ).
7 de enero de 2024
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia valora la histórica acción emprendida por la República de Sudáfrica, que presentó una demanda el 29 de diciembre de 2023 contra el Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en relación a las violaciones por parte de Israel a sus obligaciones sobre la Convención sobre el Genocidio con el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Bolivia, comprometida con la paz y la justicia, signataria de la Convención sobre el Genocidio, reconoce que Sudáfrica dio un paso histórico en la defensa del pueblo palestino, un liderazgo y esfuerzo que debería ser acompañado por la comunidad internacional que clama por el respeto a la vida (considerando que el informe elaborado por Naciones Unidas reporta que más de 21.000 personas han fallecido desde el 7 de octubre de 2023, en su mayoría niños y mujeres, dando cuenta del accionar inhumano del Estado de Israel).
Cabe recordar que el pasado 17 de noviembre, Bolivia junto a Sudáfrica, Bangladés, Comoras y Djibouti, presentaron ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una solicitud para indagar la situación en el Estado de Palestina.»
2) Texto del comunicado oficial de Colombia reproducido integralmente a continuación (véase enlace oficial):
«2024-01-10
Comunicado sobre la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia
El Gobierno de Colombia, bajo el mandato del presidente Gustavo Petro Urrego, saluda la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por la violación de disposiciones de la Convención de 1948 Contra el genocidio, por parte de ese país.
Como lo ha sostenido el presidente Petro, desde el inicio mismo de la sangrienta fase del conflicto en Palestina, es bien claro que las acciones y medidas adoptadas por el gobierno de Israel configuran actos de genocidio.
En su condición de Estado, Israel está obligado a prevenir y evitar a toda costa estos tipos penales internacionales y, en consecuencia, el incumplimiento de parte suya de esos compromisos conlleva su responsabilidad frente al mundo entero.
Se trata de obligaciones erga omnes atropelladas. Todos los Estados vinculados a la Convención tienen el interés en que su no cumplimiento sea sancionado.
La demanda de Sudáfrica es un valiente paso en la dirección correcta. Colombia tiene la intención de hacer valer los elevados objetivos de la Convención de la que también es Estado parte y está dispuesta por lo tanto a acompañar esa acción judicial mediante recursos y herramientas procesales que suministran el Estatuto y la práctica de la Corte Internacional de Justicia.
La República de Colombia espera, tras las audiencias convocadas, que la Corte se pronuncie sin dilación sobre la solicitud de las medidas provisionales de urgencia solicitadas por Sudáfrica y adopte decisiones que permitan que cese ya el baño de sangre en Gaza y los territorios ocupados.
El presidente Gustavo Petro y Colombia toda continuarán haciendo un seguimiento cuidadoso de este proceso y, de ser necesario, se anunciarían en su debido momento las acciones judiciales concretas que se adelantarían como pasos adicionales a la demanda de Sudáfrica.
Bogotá D.C. 10 de enero de 2024″
3) Texto del comunicado oficial de Costa Rica reproducido integralmente a continuación (véase enlace oficial ):
«POLÍTICA EXTERIORENERO 05, 2024 01:28 PM
costa rica sigue con atención desarrollo de caso planteado por sudáfrica contra israel ante la corte internacional de justicia
San José, 5 de enero del 2024. Ante el planteamiento de un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por parte de Sudáfrica contra el Estado de Israel, el pasado 27 de diciembre del 2023, en relación con presuntas violaciones a obligaciones adquiridas bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, Costa Rica sigue atentamente el desarrollo de este.
Costa Rica es un país que respeta y confía en la resolución pacífica de controversias y en el rol del multilateralismo y de las Instituciones de Derecho Internacional, donde la Corte Internacional de Justicia es la más relevante, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el art 38 de su Estatuto, la función de la CIJ es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, aplicando, entre otras, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes, en este caso las establecidas en la Convención contra el Genocidio.
En este sentido, como lo hemos hecho históricamente, reiteramos nuestra confianza en dicha institución y en sus magistrados, así como en las decisiones que emanan de ella, las cuales deben ser acatadas y cumplidas de buena fe por todas las partes.
Comunicación Institucional
001-2024 Sudáfrica CIJ
Viernes 5 de enero del 2024″

Aspirantes a la alcaldía de San Carlos responden – proyectos estrella

Por Marco Tulio Araya Barboza
Periodista

PREGUNTA 1

¿Cuál es el proyecto estrella de su partido que lo ejecutaría sí o sí, si ganara las elecciones?

Vanessa Ugalde
Partido Progreser:

Tenemos varios:

  • En el área social, el «Proyecto Sebas» y la creación de un Centro Regional Integral Social e Inclusivo CRISI
  • En lo económico atracción de inversión para generar empleo, crear la ventanilla única.
  • En seguridad, fortalecer la policía municipal con la creación de la unidad canina y la colocación de cámaras de seguridad.

Juan Carlos Quirós
Partido Agenda Democrática Nacional (ADN):

Seguridad Alimentaria. Garantizarle un plato de comida a cada persona que vive en el cantón mediante coordinación interinstitucional liderar el proyecto. Realizar ferias del agricultor en cada distrito y en comunidades que las organicen. Para ello se aprovechará salones comunales, cocinas comunales, espacios públicos o municipales donde se instalará la Feria del agricultor.

Planificación estratégica para apoyar los emprendimientos y la incubación de proyectos que a futuro serán medianas y grandes empresas. Aprovechar el valioso recurso del INA, IINFOCOP, Instituto Tecnológico y la UTN para impulsar la creación de Cooperativas de Autogestión y Cogestión que serán fuente de la economía social solidaria. Apoyar y flexibilización de la tramitología municipal para el pequeño productor (artesanal, agricultor, ganadero, de maquila etc).

Nelson Ugalde
Partido Liberal Progresista:

Reestructuración Interna para beneficio del sancarleño para mejorar los servicios y obras en general.

Luis Fernando Solís
Partido Unidos Podemos:

Devolverle el poder de participación a las Comunidades mediante el fortalecimiento de los Concejos de Distrito.

Jessica Miranda Méndez
Partido Unidad Social Cristiana:

Liderar propuestas de atracción de inversión y reactivación económica para brindar mejores oportunidades de empleo.

Juan Diego González
Partido Liberación Nacional:

Seguridad, debemos ejecutar el proyecto del Centro de Monitoreo y Cámaras de Seguridad del cantón de San Carlos, usar la tecnología es fundamental para combatir la delincuencia. Adicionalmente debemos invertir en prevención, esto lo haremos con los jóvenes en las escuelas y colegios, también mediante programas de participación comunitaria.

Marvin Castillo
Partido Nueva República:

No podría limitarme a mencionar un solo proyecto ya que realmente nuestro proyecto estrella es trabajar por San Carlos, girar la llave de arranque de forma inmediata a una municipalidad q ha estado apagada y ejecutar los proyectos de suma importancia para los sectores más necesitados del cantón.

SURCOS ofrece, como aporte el proceso democrático y a una elección consciente, una serie de entrevistas con las candidaturas a la elección municipal de febrero del 2024.

Voz experta, UCR: El derecho a la participación política de las personas con discapacidad auditiva desde el reconocimiento legal de la lengua de señas en el contexto latinoamericano

Carlos Gutiérrez Vargas, estudiante de la Facultad de Derecho, UCR.

A propósito de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Las ciudadanías disminuidas pasan de ser un concepto a una realidad cuando no se garantiza la independencia de las personas sordas con medidas proaccesibilidad en procesos electorales

Se aproximan las elecciones municipales en Costa Rica y, lamentablemente, no existe ni una persona con discapacidad auditiva participando en cualquiera de las opciones electorales que brindan los partidos políticos costarricenses. Soy una persona sorda. Por este motivo, mi primera lengua es la lengua de señas costarricense y el español es mi segunda lengua. Escribo este artículo pensando en la perspectiva de las personas sordas, considerando que es importante en relación con los derechos políticos de las personas con discapacidad, específicamente de las personas sordas que están siendo invisibilizadas por el Estado, así como su perspectiva histórica al no ser consideradas como personas politizadas.

Leyendo con admiración un reportaje noticioso acerca de Shirley Pinto, una mujer sorda que tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la participación política como legisladora en el Parlamento de la nación de Israel, me llevó a la reflexión sobre uno de los objetivos primordiales que establece la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad con respecto a la participación política de las personas con discapacidad, la cual forma parte de los derechos políticos que reconocen y garantizan a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones públicas. Desde la visión de los derechos humanos, los derechos políticos contribuyen a la promoción y consolidación de la democracia en la construcción de un Estado democrático de derecho. A continuación, analizaré el derecho a la participación política de las personas sordas.

De acuerdo con los estudios estadísticos presentados por el Banco Mundial, existen 85 millones de personas en situación de discapacidad que viven en América Latina y el Caribe. Las Naciones Unidas declaró el 23 de setiembre como el Día Internacional de la Lengua de Señas. Para conmemorar esta fecha, la Organización citó en su página web las cifras de la Federación Mundial de Sordos, la cual estima que, hasta el presente momento, hay 70 millones de personas sordas en el mundo, y el 80 % de esta población vive en países en vías de desarrollo, utilizando en forma global más de 300 lenguas de señas. De ahí la importancia de destacar la lengua de señas como elemento clave de las personas sordas en su lucha por el derecho a la participación política.

Generalmente, las personas con discapacidad se encuentran con barreras en el ejercicio de su derecho al sufragio. Por ejemplo, existen impedimentos para acceder en forma física a los centros electorales, lo que implica una discriminación, ya que no pueden acceder en condiciones de igualdad que los demás ciudadanos.

Con respecto a las personas sordas, el enfoque previsto en este artículo son las barreras de accesibilidad comunicacional que enfrentamos, las cuales no solo se presentan en Costa Rica, sino en todo el ámbito latinoamericano. De estas barreras, mencionamos el acceso a la información y la comunicación en los procesos electorales.

Sobre el derecho a elegir, surge una barrera que se da en la mayoría de los procesos electorales donde se emiten mensajes y contenidos informativos que sirven de guía a la formación de criterios del ciudadano para decidir y razonar su voto. Precisamente, para este fin se utilizan medios de comunicación como la televisión y las redes sociales para emitir videos informativos, debates entre candidatos a la presidencia, entre otros. Sin embargo, no suelen contar con el recuadro del intérprete de la lengua de señas y el subtitulado, por lo tanto, sin estos recursos de apoyo a la accesibilidad, las personas sordas se quedan desinformadas sobre los procesos electorales y las propuestas de las distintas formaciones políticas, lesionando su derecho al voto.

En cuanto al derecho a ser elegido como candidato, se presenta una limitación muy seria, porque las personas sordas no tienen garantías de recibir apoyos, como un intérprete de la lengua de señas, en caso de que decidan participar de alguna forma en el proceso electoral. Este tipo de recursos son imprescindibles para disputar en igualdad de condiciones por los puestos de síndico, alcalde, diputado, etcétera.

Estas barreras implican un menoscabo a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación conforme al modelo de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Las ciudadanías disminuidas pasan de ser un concepto a una realidad cuando no se garantiza la independencia de las personas sordas con medidas proaccesibilidad en procesos electorales, lo cual afecta su derecho a la vida independiente.

Otra limitación patente contra la población sorda, en particular, y contra las personas con discapacidad, en general, es no poder manifestar su voz en asuntos claves de su interés. Simplemente son invisibilizadas en el debate público. Por ejemplo, no somos tomados en cuenta en las propuestas específicas que presentan los candidatos inscritos en procesos electorales. Asimismo, los canales para escucharnos son muy limitados. En síntesis, la pluralidad del debate y la democracia se ven afectadas al existir grupos invisibilizados, como el colectivo de las personas con discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer instrumento de derechos humanos establecido en el siglo XXI y fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Es sumamente necesaria la existencia de este tratado específico por la insuficiencia de otros instrumentos para proteger los derechos de las personas con discapacidad y sirve para poder visibilizar al colectivo de las personas con discapacidad, entre ellos los sordos. Por ende, hay una identidad política y un grupo que se moviliza en torno al tema y, además, permite tener mecanismos específicos para casos de violaciones de derechos, por ejemplo, quejas ante el Comité.

Para comprender la idea principal del artículo, necesitamos conceptualizar el término discapacidad. La discapacidad es el resultado de la interacción entre ciertas características de las personas, las cuales son comprendidas como deficiencias, pero que no lo son, según mi criterio, sino que son condiciones inherentes a la diversidad humana y a las barreras del entorno.

La Convención reconoce el derecho a la participación política de las personas con discapacidad en su artículo 29. Una lectura analítica del artículo permite comprender cómo aborda la Convención las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, ya que se identifica en el texto las obligaciones específicas que tienen los Estados partes para erradicarlas. Desde la perspectiva de la igualdad, la no discriminación y la autonomía se da el reconocimiento del derecho al sufragio en forma activa y pasiva, así como el derecho de participación, ya sea en titularidad como en ejercicio.

Entre las obligaciones de los Estados, la Convención establece que deben asegurar los derechos políticos de las personas sordas de las siguientes formas:

  1. Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
  2. La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto, en elecciones y referéndums públicos, sin ningún tipo de intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, a ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías de apoyo cuando proceda.
  3. La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores. Para este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar.

Además, el reconocimiento a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad establecido en el artículo 12 tiene una estrecha relación con el derecho de la participación política, en tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (que se conocerá en adelante como Comité CDPD) comprende que no se puede negar el derecho al voto de las personas con discapacidad, independientemente de que pueda necesitar mecanismos de apoyo a su capacidad jurídica.

En la Observación General N.º 1, el Comité CDPD establece aquellos aspectos que afectan al derecho de participación política desde el punto de vista de la accesibilidad, que es una cuestión que se debe asegurar, proteger y respetar. Además, las medidas de austeridad o la poca atención de los Estados partes en el aseguramiento de recursos presupuestarios para garantizar la accesibilidad en los procesos electorales no pueden constituir un argumento para demorar la implementación gradual de la accesibilidad, ya que es de aplicación inmediata.

Constituye un deber del Estado promover la garantía de los derechos políticos de las personas sordas en aras de que puedan gozar de ellos en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. En el caso de Costa Rica, este rol lo puede asumir el Tribunal Supremo de Elecciones, como organismo nacional encargado de la organización de los procesos electorales. En caso de no haber acciones concretas que posibiliten el cumplimiento de estos derechos, entraría en la escena el rol de los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de las personas sordas en el ámbito de la participación política, exhortando al Estado a asumir su responsabilidad en la garantía de estos derechos, además de promover el reconocimiento legal de la lengua de señas en cada país latinoamericano, procurando asegurar que las personas sordas puedan tener acceso a la participación en la vida política y pública en forma conjunta con la sociedad, ya sea directamente o mediante la elección de representantes libremente elegidos, inclusive, el derecho y la posibilidad de las personas sordas a votar y ser elegidas.

El artículo 9 de la Convención aborda la obligación que tienen los Estados partes de adoptar medidas para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno de la información y la comunicación, además de otros aspectos. En relación con el contexto de las personas sordas, se pretende garantizar que los procedimientos, las instalaciones y los materiales empleados en procesos electorales sean adecuados para ser accesibles a ellas, como la capacitación de guías electorales en el uso de la lengua de señas y el uso de intérpretes de la lengua de señas y el subtitulado en mensajes y contenidos informativos. Esto, en plena concordancia con el reconocimiento de la lengua de señas, un componente fundamental de la comunidad sorda comprendida como minoría lingüística-cultural.

Es importante tener en cuenta que la lengua de señas varía en cada país de Latinoamérica. Es decir, cada uno tiene su propia lengua de señas, comprendida como sistema lingüístico que tiene componentes visuales, gestuales y manuales.

Es fundamental destacar cómo se ha abordado gradualmente el reconocimiento legal de la lengua de señas en cada país latinoamericano. En un comunicado de prensa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a los países miembros a reconocer oficialmente la lengua de señas en sus legislaciones, además de promover medidas positivas que garanticen la accesibilidad mediante el uso de la lengua de señas en diferentes ámbitos de la sociedad.

En los Estados existen comunidades sordas de distintos tamaños y, precisamente, la lengua de señas es el principal vehículo lingüístico que emplean para comunicarse. Los trece Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos que han reconocido la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad de personas sordas en su normativa son Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Pero solo dos países han reconocido la lengua de señas en sus constituciones políticas: Ecuador y Venezuela. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que, a partir del análisis de la realidad fáctica, legal y jurisprudencial, el derecho de participación política para la población sorda está limitada por la falta de adaptación normativa y la aplicación insuficiente de la normativa en América Latina, teniendo por efecto la vulneración de este derecho y su ejercicio.

Muestra de ello es la falta de accesibilidad en la promulgación de materiales de carácter electoral, como la inclusión de intérpretes de la lengua de señas en debates con candidatos presidenciales, así como la carencia de cupos asignados para la participación de personas con discapacidad en los sistemas electorales, tanto a nivel municipal como para los puestos de elección nacional.

En esta línea, se debe respetar en todos los extremos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce desde la perspectiva de la igualdad, la autonomía de las personas sordas y su no discriminación, por medio del reconocimiento de la lengua de señas como parte del derecho de participación política, con el fin de asegurar el derecho de participación en el proceso electoral.

Carlos Gutiérrez Vargas
Estudiante de la Facultad de Derecho, UCR

Convocatoria: Participación en el Parlamento Cívico Ambiental de Costa Rica

Por Mauricio Bonilla Blanco

Como parte del esfuerzo impulsado desde el Departamento de Participación Ciudadana de la la Asamblea Legislativa se abre la convocatoria para nuevas organizaciones comprometidas con el medio ambiente, para que participen del Parlamento Cívico Ambiental.

Se recibirán solicitudes del 8 de enero al 8 de febrero del 2023.

Requisitos de Solicitud:

-Breve reseña y naturaleza de la organización.

-Nombres, correo electrónico y teléfono de una persona representante titular y suplente.

Los requisitos deben ser remitidos al correo electrónico: directorio.parlambiente@gmail.com

Únase al esfuerzo colectivo por la protección ambiental. Su participación y las de su organización es crucial para impulsar cambios positivos. ¡Esperamos la solicitud!

Diversidad y Trayectorias: Candidaturas a la Alcaldía de Montes de Oca en el Radar de SURCOS

Por Ihann Paniagua Porras

En la ruta hacia las elecciones municipales de febrero 2024, SURCOS se sumerge en el entramado político de Montes de Oca, presentando perfiles diversos y experiencias singulares de las candidaturas a la alcaldía.

Gabriela Bolaños Gamboa, del Partido Liberal Progresista, emerge con una licenciatura en Comunicación y un bagaje de más de 25 años en la Administración Pública y destacada como Asesora Legislativa. Actual presidenta municipal, destaca por su habilidad para tejer alianzas cruciales para el cantón.

Por otro lado, Domingo Arguello, del Partido Unidad Social Cristiana, trae consigo una sólida formación en Administración de Empresas y es conocido como el rostro de «Domingo entre semana». Ya en 2020 se aproximó a la silla de la alcaldía bajo el estandarte del Partido Republicano Social Cristiano.

Julio Andrés Telles Madrigal, del Partido Liberación Nacional, se presenta con estudios en Ciencias Políticas y Derecho, desempeñándose como abogado.

La Coalición Gente Montes de Oca apuesta por Ana Lucía González, arquitecta y actual primera vicealcaldesa, mientras que la Coalición Somos Montes de Oca confía en José Rafael Quesada Jiménez, administrador de empresas con certificaciones en desarrollo social, productivo y ambiental, quien ocupa el puesto de segundo vicealcalde actualmente.

Rodolfo Villalobos, ingeniero, representa al Partido Unidos Podemos, mientras que el Partido Nueva República cuenta con Marco Quesada en sus filas.

Mario Ruiz, del Partido en Común, se ha destacado en ámbitos variados: desde artes gráficas, publicidad y música hasta una carrera jurídica con enfoque en el derecho administrativo, laboral y municipal. Además, fue regidor municipal en el periodo 2016-2020.

La diversidad de visiones y experiencias de estos candidatos refleja la riqueza de opciones para los votantes. SURCOS persistirá en proporcionar detalles y contexto para empoderar a los ciudadanos en este trascendental proceso democrático.

En la nota faltan María Barboza del Partido Justicia Social Costarricense y Eugenia Mora del Partido Nuestro Pueblo, ellas son candidatas a las que no pudimos contactar. Les extendemos una invitación abierta para que se comuniquen con el periódico SURCOS.

SURCOS desea aportar a un voto informado y consciente.

Ante el desplome del dólar

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Al bajar el valor del dólar con respecto al colón, se tienen diversas consecuencias. Una, las pérdidas que sufre el sector agroexportador, como el cafetalero, que cada vez recibe menos colones por kilo de café exportado, mientras los gastos alrededor de su actividad se mantienen estables o al alza. Todas las otras exportaciones lo sufren en similar sentido, lo que provoca presiones para que los salarios se congelen, o disminuya el empleo.

Otra, el sector turismo en general. Los hoteles, que en su gran mayoría son muy pequeños, están recibiendo dólares devaluados, mientras que la operación de todas las actividades de hospedaje, pagadas en colones, son cada día más difíciles de cubrir. Problema que, asimismo, se extiende a todas las actividades vinculadas al sector turismo, principal fuente de empleo y de divisas de Costa Rica.

Aunque hay quienes aseguran que las importaciones salen más baratas y, por ende, se venden a precios menores, la realidad no confirma ese deseo. Con excepción de los combustibles que importa y distribuye Recope, el mercado de artículos esenciales, como los alimentos y el vestido, por ejemplo, mantienen sus precios altos, por lo cual, el pueblo no está ganando nada con un colón fuerte.

Son solo dos ejemplos de lo que está sucediendo en lo inmediato. Asimismo, cabe preguntarse sobre EL ORIGEN de esa «catarata de dólares», que induce incluso a pensar en que se podría estar dando un coletazo, imprevisto, del movimiento de capitales que realiza el narcotráfico internacional. Esa posibilidad (de la que solo se habla en corrillos) también está latente, pues una mayor productividad de la nación (que no es cierta) no parece ser la causa del actual fenómeno.

Llamado a las personas luchadoras sociales y políticas progresistas y de izquierdas

El domingo 4 de febrero de 2024 son las elecciones municipales. Se eligen alcaldías, regidurías, sindicaturas y consejos de distrito.

Durante los últimos 30 años las Municipalidades han sido gobernadas por los partidos tradicionales. Los alcaldes diamante del PLN y PUSC han gobernado para beneficio personal y de esos partidos, favoreciendo unas pocas empresas y sus socios. Son los mismos de siempre. Huelen igual que las ciudades, feo, a corrupción, a negocios turbios y mal gobierno.

Tampoco son opción los partidos de alquiler, partidos taxi, partidos de rejuntados o partidos tureca. Esos buscan el mejor postor y no para beneficio de la ciudadanía. Llegan al poder local ya comprados.

En este panorama el Frente Amplio es la opción electoral para el electorado progresista, de izquierdas, que repudia la corrupción en las Municipalidades y que cree que los gobiernos locales pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la población y a resolver problemas urgentes como la falta de agua y de vivienda, las carreteras y aceras en mal estado y la inseguridad.

El Frente Amplio es un partido político con candidaturas honestas que proponen un cambio verdadero en la gestión municipal: gobernar sin robar, gobernar con la gente y gobernar eficientemente. Los programas de gobierno elaborados con participación de la comunidad son la mejor carta de presentación del Frente Amplio.

El Frente Amplio está participando con su propia bandera amarilla y negra, en los siguientes cantones: San José, Pérez Zeledón, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Vázquez de Coronado, Curridabat, Santa Ana, Aserrí, Acosta, Mora, Puriscal, León Cortés Castro, Alajuela, San Ramón, Palmares, Cartago, La Unión, Paraíso, Turrialba, Oreamuno, Heredia, Barva, San Rafael, San Pablo, San Isidro, Liberia, Cañas, Coto Brus, Montes de Oro, Limón y Siquirres. En coalición en los cantones de Montes de Oca y Belén.

El Frente Amplio agradece el apoyo electoral crítico a todas las candidaturas del Frente Amplio por parte del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), así como las muestras de simpatía de personas luchadoras sociales por la vivienda y colectivas feministas. Nos parece una posición constructiva, en condiciones donde se valora la unidad en la acción para enfrentar la ofensiva neoliberal de la nueva casta que encabezan Chaves-Cisneros, articular luchas político-sociales y cuestionar el patriarcado.

Creemos también en la capacidad de análisis de la coyuntura y el entendimiento de las personas luchadoras de los movimientos sociales alternativos y de la intelectualidad progresista, por eso les llamamos a votar por las papeletas del Frente Amplio a las personas ambientalistas, feministas, LGTBIQ+, sindicalistas, comunalistas, agraristas, indigenistas, estudiantes y jóvenes, mujeres que luchan por vivienda digna, personas trabajadoras de la cultura, defensoras de los DDHH, organizadas por los derechos de las personas con discapacidad, con pequeñas empresas y emprendimientos o de la economía social-solidaria.

No podemos ofrecerles transporte por lo que les pedimos movilizarse por sus propios medios hasta las urnas el domingo 4 de febrero de 2024. Salgan a votar y no dejen en manos de otros las decisiones del poder local. Que los muevan sus conciencias y su deseo de mejorar los cantones donde viven, trabajan y luchan. A todas les decimos que las personas que resulten elegidas por el Frente Amplio quedarán comprometidas a luchar por todos los derechos para todas las personas y por el programa de gobierno local ofrecido al electorado.

Comisión Política del Partido Frente Amplio, enero de 2024.

Rafael Ángel Pérez Córdoba – Momentos que dejaron huella…

Relator. Prof. Manuel Avendaño Chinchilla

Redactor. Msc. Raúl Lopez Gilles
Atleta, entrenador e Investigador Deportivo

No podía creerlo …nos dice el Prof. Avendaño

Recién iniciábamos 1970 cuando recibimos una invitación para que nuestro gran fondista Rafael Ángel Pérez Córdoba compitiera en la media maratón de San Sebastián del Táchira, Venezuela.

Dado que recién iniciaban con la organización de este evento logramos gestionar los pasajes ante el Consejo de Deportes, del cual el servidor era miembro, y se logró su aprobación, por supuesto con algunas restricciones.

Emprendimos el viaje a finales de enero en una ruta barata pero larga dada las limitaciones económicas que teníamos. La ruta fue San José, Bogotá y arribando en Cúcuta fronterizo con Venezuela. En Cúcuta tomamos un taxi que tardó unas dos horas en llegar a San Sebastián.

Dado que el evento era bastante nuevo tuvimos una muy amistosa acogida por parte de los hermanos tachirenses tomando en cuenta las expectativas que se había creado alrededor del evento, dado que también estaba invitado Víctor Mora, gran rival deportivo de Pérez y que ya habían tenido sus encuentros y Mora había salido vencedor.

Por fin llegó del día de la carrera y desde la salida por supuesto Pérez y Mora tomaron la delantera ya que a Mora por su sentido de competitividad iba al frente y Pérez con su estilo elegante no se le quedaba atrás.

A pesar de los años que han pasado, todavía tengo en mi retina cuando a la mitad de la carrera se avecinaba una cuesta descendiente muy pronunciada y Rafael Ángel aprovechando el desnivel logró empezar a distanciarse de Víctor que no era muy hábil en el descenso.

Después de unos 200 metros de descenso la carrera llegó nuevamente al plano con sus altos y bajos leves, pero Rafael Ángel poco a poco logró ir distanciándose cada vez más hasta lograr tomar una ventaja de unos 100 metros.

Con cada metro que avanzaba Pérez yo veía el triunfo en sus pies y su corazón y por supuesto la alegría que le traería a un pueblo que siempre estuvo atento a reconocer sus resultados.

Faltando unos 200 metros para ingresar al estadio de beisbol en donde iba a concluir el evento, los que íbamos adelante divisamos la entrada al parque que iba a ser por el lado opuesto a las graderías. Es decir, los corredores tenían que entrar por esa puerta y correr toda la cancha hasta llegar al home, en donde pusieron la cinta de llegada. Todo eso con el afán de aprovechar las graderías para acomodar al público, que por cierto estaban abarrotadas.

Adelante del carro de los entrenadores y dirigentes iba el vehículo de la emisora que estaba transmitiendo el evento y cuando quiso entrar al estadio por esa puerta, no pudo pasar porque era ancho y sus guardabarros se atoraron en el portón.

Al ver esa situación tan lamentable y personalmente viendo que ya Pérez se acercaba hicimos todo lo posible para arreglar la situación, pero fue imposible mover la Van. No podía creer lo que estaba sucediendo.

Ante la frustración Rafael Ángel llegó y en nuestra desesperación agarramos a patadas la Van pero estaba estacionada, no se podía mover. Por supuesto ya Víctor Mora, con el dolor en nuestro corazón, se acercaba peligrosamente y lamentaba todo el esfuerzo hecho para que se perdiera por un vehículo.

Le faltaban a Mora unos 5 metros para igualar a Pérez, cuando vimos con gran emoción como Rafael Ángel se sumergía debajo de la Van y gateando salió adentro del estadio e inició un sprint final de campeón porque Mora lo había emulado y venía pisándole los talones.

Pude disfrutar de esa final tan emocionante un poco a la distancia porque una vez que pasó Mora la Van pudo ingresar con sus raspones y logré ver a nuestro compatriota cruzar la meta con gran orgullo, ya que superaba a uno de los mejores atletas latinoamericanos como lo fue Víctor Mora y con este triunfo lograba ponerse en el panorama internacional como uno de los grandes prospectos.

A raíz de esta participación, de allí en adelante se estableció una rivalidad deportiva muy sana entre nuestro campeón Rafael Ángel Pérez Córdoba y Víctor Mora que después podemos comentarla.

Esta experiencia tan especial nunca la podré borrar por la cantidad de sentimientos que afloraron en ese momento y era una de las primeras vivencias internacionales que tenía que dejaron huella.