Por Carlos Meneses Reyes
El panorama económico, político-social del país, avizora una ruptura y conforme al pensador político Gramsci, la ruptura no es un riesgo; se traduce en resultado, porque la hay. Se expresa en el rompimiento por parte de un gobierno progresista en el mantenimiento de viejas prácticas.
Los sectores y gremios económicos, financieros, de la producción, han asumido una posición de contradictor político, sumándose al juego de instancias institucionales de control constitucional (Fiscalía, Contraloría) y de poder público; desde niveles como la Defensoría del Pueblo, Gobernadores y alcaldes, mantenidos en confrontación con el Ejecutivo presidencial. A toda costa buscan frenar las iniciativas de desarrollo y desempeño gubernamentales y para ello acuden, en lo denominado en análisis serios y sustentados de la realidad nacional, como el ariete de la oposición institucional para crear el caos, sin cortapisas. Los órganos de presión (Fenalco, Andi, Sac, etc.) el sector financiero parasitario, la banca privada y la rectora de ella, el Banco de la República, con excesivo apegó a los intereses de la oligarquía- que no burguesía productiva en Colombia- se alían, tal como en la Fuente Ovejuna “todos a una”, contra el gobierno progresista de G. Petro U.
Actuando como órganos de poder y en sustento y apoyo en la piara congresional y el no menos importante, o por llamar recurso del poder judicial, expresado en las altas cortes; entretejen en la enredadera legal y entramado de la maraña legalista; lo que se ha dado en llamar, en el escenario político latinoamericano el Lawfare.
El Lawfare es el uso de procesos legales para inmovilizar políticamente o destituir a quienes ocupan cargos públicos en un país, sin mediar consideración en los graves efectos que tales extralimitaciones causen. El caso contra el Canciller Leiva es el más emblemático.
El Lawfare traducido al español significa “guerra jurídica”, como juego, en la práctica, del recurso de arma política y que busca, mediante el uso de procesos legales, inmovilizar a la primera autoridad administrativa del país, para destituirlo y de paso, afectar al gobierno en el dúo: presidente-ministros, destruyendo la valía de ellos, en búsqueda a imponer actores que afine el torvo propósito de la derecha militarista en Colombia, de retomar el gobierno que han perdido en el escenario electoral, al contarse, por primera vez en 200 años de historia, de gobiernos provenientes de las castas esclavistas y explotadoras, con un presidente progresista y de inspiración popular.
Continúa el proceso de golpe blando
Con la controvertida Fiscal Mancera, ungida por encargo por la procaz, desvergonzada y opositora Corte, en función administrativa, continuará el golpe blando. La Corte Constitucional ha sido inferior a la función constitucional, al desconocer que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”; expresada en su demanda de ejercicio directo de democracia en las calles. Haciendo eco a la imposición de la dictadura mediática “de darse los tiempos”, a sabiendas, como autoridad constitucional, que, para su función de nombrar a la Nueva Fiscal, que no es función judicial, no existe plazo o términos (que serían de orden público) y por ende debe regirse por el principio de celeridad administrativa; el cual ha desconocido olímpicamente.
¡Predomina la indecencia y se impone la movilización popular para dejar atrás la maraña leguleya y se defina la elección de la Nueva fiscal general, ya!
El Fiscal saliente, de apellido Barbosa, no cesará en su tarea de conspirador. Es un delito en la legislación penal colombiana y el sujeto de marras incurrió en lo así tipificado como servidor público en ejercicio que no debía intervenir en política. Fungió como sujeto visible de accionar opositor a las incitativas y tareas del gobierno, en cabeza del presidente G. Petro.
El delito de conspiración es prima facie del concurso de delitos de asonada, sedición y rebelión. Un conspirador es un sujeto político que se pone de acuerdo (publica o secretamente) para actuar en complot, uniéndose a las voces opositoras contra su superior o soberano. Sus giras en escenario de los grupos de presión económica, como Fenalco, para despotricar de lo habido y por haber del gobierno del presidente G. Petro, así lo tipifican. La Corte al dilatar la designación de la Nueva fiscal general se amanguala para impedir el inicio de la investigación penal contra ese sujeto.
¿Y del crecimiento económico qué?
Las cifras del Departamento Nacional de Estadística – DANE, eran de esperarse, por ser de conocimiento anticipado y de prever o ver algo con anticipación, por parte de la opinión pública nacional, en el actuante gobierno del presidente G. Petro. Así expresado porque contamos con un presidente economista, estadista y de valía internacional. Y en el evento que el decrecimiento de la actividad productiva nacional (esencialmente privada), trajere pronósticos de afectación al grueso y amplio conglomerado de la población colombiana, pues el armonioso equipo de gobierno dispone de los instrumentos necesarios, para con anticipación, disipar obtusas y maquiavélicas conjeturas de afectación, no digo a Colombia, puesto que tendría que entrar a dilucidar a cuál de las dos Colombia; afectan como tampoco a lo corporativo nacional, sino al pueblo llano, que como debe ser, es la mayor preocupación de un gobierno progresista con inspiración popular.
Detengámonos en considerar que conforme al muestreo de la expansión anual de la actividad productiva llegó a un 0.6%. Pero ese bajonazo redunda en un efecto contrario a los intereses corporativos y financieros parasitarios de la banca colombiana. Afecta al sector de la construcción, el comercio, la industria. Comulgo con la visión alternativa de la economía política que el crecimiento económico no implica beneficio para las clases populares. Por ende, el decreciente avance económico de la actividad productiva del capital privado no afecta a la clase proletaria colombiana que continua con la egida constante de solo perder las cadenas económicas y de explotación que la agobian. Me endilgarán que ya proletarios no hay sino clase media proletarizada. Pues magnánima enseñanza para quienes sin tener nada defienden a sus amos explotadores.
Una cosa es la productividad y crecimiento económico de quienes tienen los instrumentos de producción privado y otra el crecimiento y la inversión estatal o pública en el área de producción y de servicios públicos esenciales. Así, los grandes cacaos de la construcción han decidido no invertir, no construir, para no generar empleo y así contribuir a dar el golpe blando al gobierno progresista de G, Petro. Igualmente sucede con el cero inversiones en la industria. Tienen tanto que la depreciación del capital fijo no les afecta. Y sobre la afectación en el comercio a esos, con un opositor conspirador con la fiscalía general como lo es Fenalco, sí les ha golpeado ponerse de talanquera en la noria de las reformas laborales de fondo para que la clase trabajadora tenga capacidad adquisitiva y de compras. Y porque no mencionar el intocable sector de la Banca privada, con el manejo expoliador de los ahorros y dineros del pueblo colombiano. Esos parece que pasaren de agache puesto que, a pesar de todo, sus ganancias son inconmensurables. Y es a la autoridad monetaria, expresada en el Banco de la Republica la que debe responder ante tirios y troyanos por su intransigencia y oídos sordos en la no baja de las tasas de interés. Para muestra un botón: el economista presidente G. Petro, condena la práctica mafiosa del “gota a gota” con propuestas de apertura de créditos bancarios. Sin caer en simplezas, para activar la agroindustria en la obtención de la soberanía alimentaria; igual, para disminuir el aval de importaciones que significan, en un Narco Estado como el colombiano, el lavado impune de activos de las mafias, el atraso a la industria vernácula (con el no crecimiento de exportaciones) y de contera golpear estructuralmente el azote del contrabando. Pero no, a todo eso oídos sordos puesto que se está en un gobierno de inspiración popular; pero en el ejercicio de un poder político y económico de los corporativo y oligárquico bajo los designios de la derecha militarista. Los gurús económicos de la oligarquía (que no burguesía productora), al tiempo que los cacaos y empresarios vende patrias (al estilo de la traidora Corina Machado en el vecino y querido país bolivariano) deciden posponer sus proyectos de inversión; mantienen el bloqueo a las profundas reformas al sistema mafioso de la Salud, lo Laboral y de Pensiones, por mencionar lo más álgido.
No se puede menos que calificar de insolente que, siendo el sector corporativo y empresarial de derecha, los causantes del decrecimiento en el sector productivo privado se lancen en ristre contra dizque “el mal comportamiento” de los hogares colombianos en la demanda de consumo de alimentos, en las compras en el comercio y valga pues, en la adquisición de vivienda. Son unos desvergonzados.
Comprendiendo que me haría extenso en sustentar la eficiencia administrativa gubernamental en la ejecución y búsqueda permanente de salida en la próspera ejecución del presupuesto nacional, producto de la reforma tributaria obtenida y del Plan Nacional de Desarrollo, que es inversión pública y como ley, de estricto cumplimiento.
Téngase como solida presentación la de un gobierno condescendiente en el bienestar popular, con las zonas de la profunda Colombia olvidada.
De insolente califico el tamaño despropósito de cargar en los hombros del pueblo colombiano el deseo apátrida de fugar los capitales nacionales y de inversión; de no producir fuentes de trabajo, ni de compaginar en la búsqueda de una armoniosa economía de consumo y productiva. De descalificar a los más altos funcionarios del gobierno, sumándose a la actitud hostil de impedir la ejecución de los presupuestos públicos.
Continuaran en la llamada “guerra jurídica” implementando el golpe blando del Lawfare; pretendiendo la explosión de la ultraderecha continental y la actitud hostil contra los altos funcionarios. Pero se está al orden del día. Con la decisión inquebrantable y unánime de la movilización popular contra el golpe militari manu, develado.
