(Intervención de Vladimir de la Cruz, en el acto oficial del Banco Central de Costa Rica, conmemorativo del 75 aniversario de la Abolición del Ejército, y de la presentación de la moneda coleccionable de ¢500, que destaca este hecho histórico, realizado el auditorio del edificio de los Órganos de Desconcentración Máxima, del BCCR, el jueves 30 de noviembre del 2023)
Ciudadanos presentes
En nuestra Historia Nacional tuvimos cuerpos militares desde la época colonial, que actuaron en el Virreinato de Nueva España, en la Capitanía General de Guatemala, administración territorial a la que pertenecimos, y en la propia Provincia de Costa Rica.
Al declarar la Independencia Nacional no tuvimos que desarrollar un contingente militar, un ejército revolucionario libertador, porque no hubo necesidad de derrotar un ejército militar colonial, como sucedió en otras partes del continente, y en el propio Virreinato de Nueva España, donde hubo enfrentamientos militares de este tipo, por mantener la dominación colonial y por liberarse de ella.
La lucha por la Independencia concentró, en los centros virreinales, las tropas y milicias coloniales. España había reforzado sus contingentes militares desde 1762, por la necesidad de mejorar las defensas de sus territorios de los piratas, corsarios y bucaneros, de los reinos europeos, que se volcaban sobre el continente, y, para enfrentar las contradicciones que se producían entre criollos y peninsulares, entre productores y autoridades coloniales y las insurrecciones indígenas.
Milicias coloniales las tuvimos en Matina, San José, Cartago, Heredia y Alajuela.
En la noche del 28 al 29 de octubre de 1821, cuando se encontraban en Cartago los delegados que discutirían y aprobarían la Declaración de Independencia de Costa Rica, en Cartago, la capital colonial de entonces, el firmante del Acta de Independencia, José Santos Lombardo, desarmó a la Autoridad colonial, al coronel, gobernador Juan Manuel de Cañas. Con aquel acto impidió que el gobernador, pudiera actuar contra la decisión que se tomaría ese glorioso 29 de octubre, a la vez que tomaba las armas para defender, si así hubiera sido necesario la Independencia que se declaró ese día.
Constituido el primer gobierno provisorio y durante el período de las Juntas de gobierno, de 1821 a 1823, se atendieron aspectos relacionados con la materia militar.
Durante el Estado de Costa Rica, 1824-1848, se desarrollaron cuerpos milicianos y militares, se reglamentó su organización militar, y se estableció, en el gobierno de Juan Mora Fernández, nuestro primer Jefe de Estado, una limitación a los militares cuando se les eliminó el Fuero Militar para los que cometieran delitos comunes, y se les subordinó a los alcaldes, imponiéndoseles una autoridad superior civil.
La incorporación a la República Federal de Centroamérica nos impuso participar de los gastos del Ejército Federal y de aportar soldados, una carga pesada para las finanzas nacionales, y una situación que demostró, cuando se produjo la usurpación colombiana de los territorios de Bocas del Toro, que perdimos, la innecesaria presencia en la República Federal, de la que nos retiramos en 1838.
En 1834 se prohibió que los militares pudieran participar en puestos de elección públicos en el Poder Estatal central y en el Poder Municipal.
Con Braulio Carrillo el Ejército se reorganiza, al tiempo que abole las Ordenanzas militares que todavía estaban vigentes de la época de Carlos III. Con Carrillo se crearon las rondas policiales, las Juntas de Orden Público, batallones integrados por compañías, se estimuló a los militares con mejoras salariales y nuevas armas, desarrollando un nuevo concepto de Ejército.
Con la llegada de Francisco Morazán, 1842, las estructuras militares se fortalecieron. Hacia 1846 se desarrollaron las guarniciones militares de San José, Cartago, Alajuela, Heredia, y batallones en las ciudades.
A partir de la Constitución de 1844 apareció el concepto de Ministerio de Guerra y de Guerra y Marina, combinado con el ejercicio de otras carteras.
En época del Gran Presidente Juan Rafael Mora Porras se fortalece, nuevamente, el control civil sobre lo militar. A las Fuerzas Armadas se les somete a obediencia y a no deliberar. El Ejército pasó a legitimar el Estado, a brindarle lealtad al Poder Central. El Poder Ejecutivo tenía la facultad de otorgar los ascensos militares. El ejército no desarrolló caudillos militares.
Los nuevos cuarteles, el de la Artillería en San José, los contingentes militares en Alajuela y Heredia sirvieron para reorganizar el Ejército, para lo que se había traído al militar polaco Fernando von Salisch, para servir de instructor de alta preparación de las fuerzas militares para lo cual se creó una Academia Militar.
La preparación nacional para un eventual conflicto con Nicaragua, que disputaba los territorios del Partido de Nicoya, y para enfrentar a los filibusteros que se habían establecido en Nicaragua, amenazando la libertad, la independencia y la soberanía de los pueblos centroamericanos, llevó a Juan Rafael Mora a liderar la guerra contra esa presencia extranjera, durante la Guerra Nacional Centroamericana de 1856 y 1857.
De esta guerra salió fortalecido el Ejército, que por su masividad popular le imprimió un carácter nacional y libertador, con un alto grado moral. De ella surgieron, en la conciencia popular y nacional, héroes de batallas, héroes nacionales, mártires, y sus gestas y batallas se inmortalizaron.
Las contradicciones políticas al terminar la guerra contra los filibusteros se agudizaron provocando el golpe de Estado contra Juan Rafael Mora en 1859, obligándolo a salir hacia El Salvador. De allí regresó en 1860 intentando recuperar el poder. En Puntarenas, derrotado, se entregó sacrificando su vida para salvar la de sus acompañantes. Fue fusilado el 30 de setiembre, y el 2 de octubre, igualmente, lo fue el General José María Cañas, cometiéndose un crimen, un asesinato de Estado, que no ha sido reparado con el Funeral de Estado que se les debe a estos héroes nacionales.
La década de 1859-1868 fue oscura, y de fortalecimiento del Ejército, con un papel importante tras el poder político, de los militares Lorenzo Salazar y Máximo Blanco.
El 10 de diciembre de 1868, el Dr. Eusebio Figueroa, Ministro de Guerra, destituyó a esos militares, reorganizó las comandancias y restableció el poder civil sobre lo militar.
Con la llegada del General Tomás Guardia y su Código Militar de 1871 se fortaleció esta dependencia de lo político sobre lo militar, aspecto que se llevó a la Constitución Política de 1871, que llegó hasta 1948.
En 1878, ante una eventual guerra con Guatemala fortalecimos el Ejército, adquiriendo barcos de guerra y creando el Almirantazgo de Marina.
Las décadas liberales desde 1870 hasta 1890 fortalecieron lo civil sobre lo militar y el aparato educativo. En 1869 el presidente Jesús Jiménez Zamora estableció la educación primaria gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. Con las reformas educativas, de Mauro Fernández, en la década de 1880 se fortaleció la educación pública secundaria, se reguló el régimen de pensiones de los militares sometido al Ministerio de Hacienda, y en 1889 se contrató al general Aristides Romain, de origen belga, especialista en artillería, para la asesoría militar, iniciándose la preparación de oficiales nacionales en el extranjero.
Ante un levantamiento militar, en 1902, se dispuso, en el gobierno de Ascensión Esquivel, eliminar del Escudo Nacional los dos cañones, como símbolo militar, que tenía en su base.
Durante la administración de Alfredo González Flores, se impulsó por parte de los Estados Unidos, en América Latina una modernización de los viejos ejércitos del siglo XIX, impulsando la creación de las llamadas guardias nacionales y guardias civiles en sustitución de estos ejércitos. Alfredo González se opuso a la creación de una guardia civil, alternativa a la institucionalidad militar existente.
Con el golpe de estado de Federico Tinoco, 1917, el Ejército se fortaleció. A su caída, igualmente cayó la institución militar, también desprestigiada, que en adelante hasta 1948 se fue desgastando de manera que en la década de 1940-1948 el Ejército era una institución muy debilitada. No jugó ningún papel relevante en los sucesos armados de marzo y abril de 1948.
De la guerra con Panamá, en 1921, se le cambió de nombre al Ministerio de Guerra y Marina, en 1923, por el de Seguridad Pública.
En las décadas de 1920, 1930 y 1940 se fortaleció más el gasto público en educación que del Ejército y de Seguridad.
La década de 1940-1948 fue tensa en muchos sentidos. La II Guerra Mundial, su impacto en la economía nacional, las medidas que hubo que tomar, de la declaratoria de guerra al eje nazi fascista, del surgimiento de nuevas fuerzas políticas, socialdemócratas; por las alianzas políticas que se realizaron, alrededor de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, hicieron que en 1947 los diputados Fernando Volio Sancho y Fernando Lara Bustamante propusieran eliminar el Ejército suspendiendo partidas de armas del presupuesto nacional.
Los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de 1944 y 1948 impugnados por fraude electoral, y la nulidad de la presidencia de Otilio Ulate en las elecciones de 1948, produjeron el alzamiento militar de José Figueres para hacer respetar ese resultado.
Del 12 de marzo al 17 de abril se llevaron a cabo enfrentamientos militares en todo el país. Figueres tenía contralada la situación y el territorio. En las conversaciones de Ochomogo y en el Pacto de la Embajada de México se le puso fin al conflicto y se preparó la entrega del gobierno a Otilio Ulate.
El 1 de mayo de 1948 José Figueres se impuso a Ulate con el Pacto Ulate Figueres asumiendo el gobierno por 18 meses a partir del 8 de mayo.
Al asumir Figueres el gobierno, y constituir la Junta Fundadora de la Segunda República, el 8 de mayo, suspendió la Constitución Política de 1871, y con ella le quitó el sustento legal y constitucional a la existencia del Ejército Nacional. Figueres tenía su Ejército, con el que había realizado la guerra civil, apoyado por un pequeño contingente militar extranjero, la Legión Caribe.
En el seno de la Junta de Gobierno su Ministro de Seguridad, Edgar Cardona había propuesto la eliminación del Ejército constitucional.
La Junta Fundadora de la Segunda República, dispuso, el 11 de octubre de 1948 en la resolución N° 749 «suprimir el ejército como institución permanente, confiándose la defensa del orden y la seguridad interna a las fuerzas regulares de la Policía Nacional, hoy denominada Guardia Civil», después de considerar el estado desastroso en que se encontraba y en virtud de tener su propia fuerza militar.
El 25 de noviembre de 1948 Junta Fundadora de la Segunda República había aceptado la idea de abolir el Ejército.
El 27 de noviembre inició la desmovilización de la Legión Caribe.
El 1 de diciembre de 1948 la Junta Fundadora de la Segunda República tomó la decisión de entregar el Cuartel Bella Vista a la Universidad de Costa Rica para impulsar el Museo Nacional.
En ese acto se señaló la importancia de fortalecer la educación, y se asoció esa fecha, con la ceremonia oficial que se hizo, como la de disolución del Ejército, o la de su abolición.
En este acto hablaron José Figueres, Uladislao Gámez, Ministro de Educación y Edgar Cardona, Ministro de Seguridad, quien en el seno de la Junta Fundadora de la Segunda República, había hecho la propuesta de su abolición, y así se le reconoció ese día.
El 1 de diciembre en el acto de la entrega del Cuartel a la Universidad se afirmó: “La época de los cuarteles había quedado para la Historia. Inicia la época de las escuelas, colegios, universidades y museos”
Cuando se integra la Asamblea Nacional Constituyente, el 3 de febrero de 1949, se hace el anuncio de querer abolir el ejército, y así se propone en el Proyecto de Constitución Política que la Junta entrega a la Asamblea Nacional Constituyente.
Así se había sembrado la semilla de la abolición en los diputados constituyentes.
El 4 de julio de 1949 los diputados constituyentes Ricardo Esquivel Fernández, Juan Trejos Quirós y Enrique Montiel propusieron suprimir el Ejército, tema que se volvió a discutir el 18 de octubre y finalmente el 31 de octubre de 1949, cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el artículo constitucional que establecía la disolución o Abolición del Ejército como institución permanente, confiando la defensa a la Policía Nacional o Guardia Civil.
Finalmente, el 7 de noviembre de 1949 se aprobó íntegramente la Constitución Política que estableció esta abolición.
En el gobierno de Luis Alberto Monge, 1982-1986, se estableció la Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada de Costa Rica, como política de Estado, considerada como la culminación del proceso de desarme unilateral y voluntario iniciado por Costa Rica en 1949, con la proscripción del Ejército.
En el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, se declaró el 1 de diciembre como Día de la Abolición del Ejército, y en este Gobierno, bajo su impulso y el de su Ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, se le eliminó a la Fuerza Pública el uso de rangos militares de Ejército, en su estructura administrativa, en su escalafón y en sus uniformes, y símbolos de distinción.
De nuevo se restablecieron en el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994 y nuevamente fueron suprimidos en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002.
Sumemos, a todo esto, el hecho de que los Jefes de Estado y Presidentes de la República han sido principalmente educadores, abogados, economistas y civiles, excepcionalmente algunos militares; de que prácticamente desde 1849 hasta hoy han habido gobiernos alternos cada 4 años, con un Estado de Derecho constituido desde 1824, cuando se crearon los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que le dieron al país y al pueblo costarricense las bases de una cultura civilista, no militarista, e impusieron una conducta gubernativa de respetar la independencia, autonomía y exclusividad de las funciones de los poderes públicos, y de sometimiento de los gobernantes a los mandatos legales y constitucionales de su ejercicio presidencial.
Recientemente, han surgido voces que proponen restablecer el ejército bajo el pretexto de la lucha contra las drogas y la narco-mafia entronizada en las estructuras institucionales. Esto hay que combatirlo, condenarlo y evitarlo.
En ninguna parte del mundo, ni de América Latina, los ejércitos tienen esa función. Al contrario, cuando han justificado su participación en esa lucha se han convertido en las fuerzas armadas de esas organizaciones delictivas, han constituido sus propios carteles militares vinculados al negocio y comercialización de las drogas, y a la entronización de la narco-mafia militar en las estructuras de la organización política del Estado y de la institucionalidad pública, provocando mayor temor e inseguridad ciudadana.
Que el acto que nos reúne, de la Presentación de la moneda conmemorativa del 75 aniversario de la Abolición del Ejército de Costa Rica, nos sirva como exaltación política, para mostrar el desarrollo de una Democracia sólida, civilista, ejemplo de mundo, que nos legó el General José Figueres Ferrer, que tuvo la capacidad y la visión de disolver el Ejército Nacional, de sacar del país, la Legión Caribe, los militares extranjeros que le ayudaron en la Guerra Civil, y de disolver su propio Ejército de Liberación Nacional.
Han sido 75 años en que ninguna familia ha sufrido el temor y la angustia de tener un hijo enlistado en el Ejército; 75 años en que ninguna familia ha sufrido la pérdida de un hijo por participar en guerras, muchas artificialmente hechas, que nos son ajenas.
