SITRAJUD transmitió en vivo el programa “La cara de la otra moneda”, donde se trató del tema: “Auditoría ciudadana de la deuda pública». Se discutió sobre la urgencia de una auditoría a los bonos de deuda en Costa Rica.
El programa contó con la participación del Msc. Eduardo Cartín Elizondo y la Master Esperanza Tasies Castro.
El próximo miércoles SITRAJUD estará transmitiendo la segunda parte, por lo cual extiende una invitación cordial a sintonizar el programa.
El pasado martes 19 de septiembre, en el programa Mesa Redonda se conversó con el historiador y politólogo costarricense Vladimir de la Cruz sobre la última sesión de la cumbre del G77 + China.
Esta cumbre se llevó a cabo el 15 y 16 de septiembre en Cuba; en el programa se conversó acerca de lo acontecido en esta cumbre. ¿En qué consiste y qué propone?
Se convoca a todas las organizaciones sociales y productivas interesadas en participar en la protesta nacional el próximo 25 de octubre.
Asimismo, se invita a participar del encuentro abierto: ¿Cómo y por qué participar de la protesta social?, el jueves 28 de septiembre a la 1:30 pm en las instalaciones del ADEP, San José.
Para confirmar su asistencia escanea el código QR en la imagen.
Como parte de la campaña “Gracias CCSS”, el compañero Rubén Pagura Alegría, cantautor revolucionario argentino-costarricense, nos brinda un mensaje de reconocimiento y apoyo a la lucha por la defensa de este patrimonio y conquista histórica de nuestro pueblo.
Una vez más, la CCSS enfrenta graves ataques por el poder dominante para ser privatizada, y que cese de ser una Garantía Social que fue lograda por tantos años de lucha.
Rubén nos invita a sumarnos a esta lucha tan importante para el bienestar de todos y todas: ¡Luchemos por este modelo donde las Garantías Sociales sirven y son vigentes!
Desde el Centro de Desarrollo Gerencial, el Programa de Posgrados de la Escuela de Administración (EDA-UNA) y AGM Agile Solutions, le invitan a participar en la III edición del Congreso de Agilidad Empresarial, evento que se ha realizado desde el año 2021, permitiendo transmitir conocimientos de la agilidad empresarial conceptualizada como la filosofía de trabajo sustentada en equipos auto organizados, comprometidos con la consecución de resultados de impacto en todos los niveles organizacionales.
En la primera edición CAE2021, se conceptualizó la agilidad en términos de rendimiento, eficiencia y dinamismo; abarcando la mejora en productos o servicios, reducción de costos, y un ambiente laboral positivo.
Durante la segunda edición CAE2022, se trató la agilidad empresarial desde tres áreas temáticas de las cuales se encuentran las siguientes: escalando la agilidad, gestión del cambio ágil, y la innovación centrada en el ser humano.
Para esta tercera edición CAE2023 se contará con las siguientes áreas:
Gestión de resultados ágiles OKR: la gestión de resultados mediante la metodología de objetivos y resultados clave en donde los resultados se orientan al cumplimiento de objetivos.
Trabajo remoto ágil: El trabajo remoto, implementado en aumento debido al contexto en que se han desarrollado las labores en los últimos años genera una forma de agilizar las funciones.
Herramientas ágiles: tecnológicas y no tecnológicas: Las herramientas ágiles son importantes para el desarrollo de las diferentes actividades en el contexto actual.
Cabe destacar que está actividad es 100% virtual y gratuita, además para las personas que participen se les estará entregando un certificado de asistencia a la actividad.
Foto extraida de esta nota de prensa de El Pais (España) Titulada «La reunión privada entre Kissinger y Pinochet: «Queremos ayudarlo: simpatizamos con lo que están tratando de hacer aquí» (25/05/2023) elaborada con ocasión de los 100 años de Henry Kissinger y la desclasificación de nuevos documentos sobre Chile en Estados Unidos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
«Si olvido mis hijos cargarán la ira Si no olvido le pongo nombre a la justicia y a ellos les nacerán alas»
Valeria Varas, Futuro (poema) citado en su obra de teatro Mi Paulina, San José, Edit. Gráfico Litho, Tinta en Serie Núm. 34, 2016, Escena 8, p. 31
En los días previos a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado militar en Chile de 1973, Estados Unidos ha decidido oficialmente «desclasificar» documentos mantenidos en reserva desde cinco decenios: véase nota de The Progressive Magazine y nota de RFI del 9/09/2023.
Se trata de nuevos documentos que vienen a añadirse a muchos otros liberados en años pasados por algunas administraciones norteamericanas, y registrados en este sitio de la Universidad George Washington : un extenso programa de investigación dedicado a Chile – que no se limita únicamente a la desclasificación de documentos norteamericanos – y que cuenta con este enlace con abundante información.
En su comunicado oficial, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo referencia a esta desclasificación, al precisar que:
«La Administración Biden ha buscado ser transparente sobre el papel de Estados Unidos en este capítulo de la historia chilena al desclasificar recientemente documentos adicionales de 1973, tal como lo solicitó el gobierno chileno»
Si bien la prensa internacional ha puesto de relieve las razones por las que este golpe de estado de 1973 estremeció a América Latina y a la comunidad internacional en general (véase por ejemplo, esta nota de la BBC del mismo 11/09/2023 cuya lectura recomendamos), el involucramiento de Estados Unidos ampliamente documentado desde entonces (y asumido en parte por la actual administración norteamericana), es un aspecto que merecería ser añadido (por ejemplo, a los cuatro puntos mencionados en el precitado artículo de la BBC).
No está de más referir a nuestros estimables lectores a este documento manuscrito de 1970 en el que se autoriza a derrocar al futuro Presidente de Chile si llegara a tomar el poder (véase enlace cuando se desclasificó en el 2020, en el que se indica que: «Fifty years after it was written, Helm’s cryptic memorandum of conversation with Nixon remains the only known record of a U.S. president ordering the covert overthrow of a democratically elected leader abroad» ).
En esta otra nota se lee que la más reciente desclasificación de documentos por parte de Estados Unidos en agosto del 2023 obedeció a solicitudes expresas realizadas por las actuales autoridades de Chile:
«After withholding this document in its entirety for decades, the CIA finally released the September 11, 1973, PDB today in response to a formal petition from the Chilean government of Gabriel Boric for still secret records as the 50th anniversary of the coup approaches. The CIA also partially declassified a second PDB, dated September 8, 1973, which erroneously informed President Nixon that there was “no evidence of a coordinated tri-service coup plan” in Chile and said that “should hotheads in the navy act in the belief they will automatically receive support from the other services, they could find themselves isolated.”
The two PDBs are among the most historically iconic of missing records on the September 11, 1973, military coup because they contained information that went to President Nixon as a military takeover that he and his top advisor Henry Kissinger had encouraged for three years came to fruition«.
Para información de nuestros lectores, las dos precitadas citas refieren al texto en inglés elaborado por el programa de investigación sobre documentos desclasificados de la Universidad George Washington, que sitúa en el tiempo y analiza cada uno de los documentos liberados en los últimos años por parte de Estados Unidos. En este video producido por Chile Visión (véase enlace), varias jornadas en 1970 y en años posteriores, son «reconstruídas» por este programa de investigación, a partir de cables desclasificados, documentando y revelando el contenido de reuniones claves que explican el involucramiento de las máximas autoridades de Estados Unidos.
Ahora bien, la solicitud hecha por Chile en el 2023 a Estados Unidos concierne probablemente muchos más documentos aún en posesión de la administración norteamericana, la cual se ha limitado a desclasificar únicamente dos de ellos. ¿Y el resto?
En una reciente entrevista realizada el 12 de septiembre del 2023 en Estados Unidos (véase texto completo), leemos que para uno de los investigadores de la Universidad George Washington que mejor conoce del tema:
“There are other secrets that we want to get out. The Chilean government has asked the Biden administration for a special declassification diplomacy gesture for this 50th anniversary. So far, only two documents have been declassified. There are many more that have been asked for, that hopefully, you know, at some point will come out”.
La entrega de documentos oficiales ante el derecho a la verdad: luces y sombras
Desde la perspectiva del derecho internacional público, cabe precisar que no existe obligación alguna para un Estado de liberar documentos de la reserva en la que los mantiene al considerarlos «sensibles«. Cada Estado dispone de un sistema nacional de archivos con informes internos, datos y registros de diversa índole: sus máximas autoridades son las que deciden mantenerlos fuera del alcance del público o bien revelar su existencia.
Es así como Panamá debió esperar que se cumplieran los 30 años desde la invasión norteamericana de 1989 para que Estados Unidos aceptase finalmente liberar una gran cantidad de documentos clasificados (véase nota de El Pais – España del 17/12/2019).
En otros casos, documentos e informes policiales o militares son «encontrados«, como los denominados «archivos del terror» descubiertos en una casa en la localidad de Lambaré en Paraguay el 22 de diciembre de 1992 (véase publicación de la Corte Suprema de Justicia paraguaya e interesante video del momento en el que un juez paraguayo acompañado por la prensa solicita ingresar a la vivienda para verificar la presencia de dichos archivos e incautarlos).
Los datos encontrados en los archivos descubiertos en Paraguay en diciembre de 1992 permitieron documentar una gran cantidad de causas en distintas partes del Cono Sur. También permitió a la justicia italiana condenar el 8 de julio del 2021 a 14 personas por la muerte de 43 personas, víctimas del Plan Cóndor con doble nacionalidad (a saber 6 italo-argentinas, 4 italo-chilenas, 13 italo-paraguayas y 20 uruguayas): véase nota en italiano de la ONG italiana CILD. De igual manera en el 2010, la justicia francesa condenó a los responsables de la desaparición de cuatro ciudadanos franceses en Chile (véase nota de Le Monde del 18/12/2010).
Volviendo al caso de Chile, es de saludar la voluntad férrea de sus actuales autoridades de obtener la liberación de documentos clasificados por parte de la actual administración norteamericana.
Nótese que en su comunicado oficial del 25 de agosto del 2023 la Embajada de Estados Unidos en Chile se sintió obligada a externar los criterios usados para decidir (o no) liberar documentos, sin considerar que ya han pasado 50 años desde el episodio que se pretende esclarecer, al señalar (véase texto completo) que:
«La desclasificación de documentos es un proceso complejo en el que participan múltiples agencias, en el cual el gobierno de los Estados Unidos toma en cuenta numerosos factores, entre los que se incluyen la seguridad nacional, la protección de las fuentes y la metodología, y otros riesgos y beneficios que conllevan la divulgación de información específica. Teniendo en cuenta estos factores, el gobierno de los Estados Unidos completó esta revisión de desclasificación en respuesta a una solicitud del gobierno de Chile y para permitir una comprensión más profunda de la historia que compartimos«.
Cabe precisar que en materia de «soft law«, la resolución E/CN.4/RES/2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas – hoy denominada «Consejo de Derechos Humanos» – adoptada por consenso en el 2005, a iniciativa de Argentina (su texto está disponible en la red), y titulada «El derecho a la verdad» se limita únicamente a indicar que:
«5.Alienta a los Estados a que presten a los Estados interesados la asistencia necesaria al respecto«.
Derecho a la verdad vs. verdad oculta: algunos avances desde el derecho internacional público
La ausencia de obligación jurídica entre dos Estados de entregar información que posea uno a otro, relacionada a violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en nada impide que tengamos una dinámica totalmente distinta cuando nos interesamos a los tribunales nacionales e internacionales de cara a la implementación del denominado «derecho a la verdad «.
En este caso, son los colectivos de víctimas y de familiares y asociaciones de derechos humanos los que han hecho valer ante sus propias autoridades o bien ante los tribunales nacionales (y si estos fallaron en su contra, en los tribunales internacionales) este derecho que asiste a toda víctima de exacciones cometidas en el pasado por autoridades estatales (sea en su contra o en contra de alguno o varios de sus seres queridos).
Al respecto, un muy completo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Derecho a la Verdad, publicado en el 2014 (véase texto) detalla los alcances del derecho a la verdad en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La larga lista de casos conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que figura al final de este artículo académico publicado en el 2008 titulado «El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no internacional«, da una idea de las pautas que ha venido fijando al respecto la jurisprudencia del juez interamericano, y ello desde sus primeras sentencias contra Honduras a finales de los años 80.
Es de notar que los significativos avances observados en América Latina en materia de derecho a la verdad siguen sin lograr permear al sistema judicial en España: la primera exhumación del cuerpo de una víctima del franquismo ordenada por la justicia se logró en el 2016 gracias a una solicitud proveniente de … la justicia argentina (Nota 1).
Las actuales autoridades chilenas: más decididas que sus antecesoras
A diferencia de su antecesor al cargo, el presidente actual de Chile se ha mostrado mucho más exigente en cuanto a la búsqueda de la verdad a partir de lo ocurrido el 11 de setiembre de 1973 en Chile.
El pasado 30 de agosto, se firmó en Santiago de Chile un Decreto para lanzar un Plan Nacional de Búsqueda de los aún miles de ciudadanos chilenos que aparecen en listas de personas desaparecidas en Chile (véase comunicado oficial). Desde el 2013, un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas sobre Chile así lo recomendaba (véase informe). El 22 de diciembre del 2017, de manera bastante tardía y finalizando su segundo mandato, una primera iniciativa había sido lanzada por la entonces Presidenta de Chile (véase nota de France24 del 22/12/2017).
Incluso en su cuarto informe (1989) el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación en materia de derechos humanos en Chile, el costarricense Fernando Volio Jiménez, refería a la importante labor que esperaba a la sociedad chilena con relación a conocer el paradero de las víctimas de desaparición forzada (véase enlace a informe) (Nota 2).
Este reportaje de The Guardian del mes de agosto del 2019 titulado «Where are they?: families search for Chile´s disappeared prisoners» (véase enlace) detalla de una manera muy completa el drama de familias chilenas ante la falta de información sobre lo sucedido a sus seres queridos y la falta de voluntad política que significó la llegada en marzo del 2018 del Presidente Piñera en lo que respecta a la búsqueda de personas desaparecidas en Chile.
La Operación Cóndor ante el derecho a la verdad: la respuesta del juez interamericano ante la poca (in?) capacidad de la justicia nacional
Otra trágica iniciativa para América Latina como lo fue el denominado «Plan Condor«, que involucró no solamente a Chile (y a Estados Unidos), constituye un ámbito en el que aún quedan muchos documentos por desclasificarse en Estados Unidos: este informe del CELS (una reconocida ONG de Argentina) explica cómo funcionó a partir de 1975 entre los Estados del Cono Sur este plan coordinado tendiente a borrar el efecto protector que significa para una persona amenazada cruzar una frontera entre dos Estados.
En su informe entregado en diciembre del 2014, la Comisión de la Verdad de Brasil refiere de manera mucho más detallada que anteriores comisiones de la verdad en su cápitulo 6 (véase texto) el nivel de involucramiento al que llegaron las autoridades brasileñas militares de la época. En este muy completo documento oficial publicado en Uruguay titulado «Participación uruguaya en la coordinación represiva regional. ‘Operación Condor’ «, se analiza el involucramiento de Uruguay.
Son mucha las iniciativas tendientes a completar y documentar el modus operandi del Plan Cóndor, como por ejemplo este proyecto de investigación de la Universidad de Oxford (véase enlace) que centraliza una gran cantidad de datos.
Cabe recordar que fue tan solo en el 2016 que el Plan Cóndor fue objeto de una primera decisión condenatoria por parte de la justicia penal argentina, con respecto a altos mandos militares argentinos, varios de ellos nonagenarios al momento de escuchar la sentencia (Nota 3). Al conocerse esta sentencia, el precitado programa de investigación norteamericano de la Universidad George Washington publicó esta nota, haciendo ver que los archivos desclasificados por Estados Unidos fueron usados por los jueces argentinos como prueba documental.
Al 2023, los sistemas judiciales en el Cono Sur siguen tramitando causas de víctimas y de familiares de víctimas: en este enlace se registran algunas de las acciones legales ante tribunales nacionales relacionadas al Plan Condor.
Ante la resistencia de algunos jueces a nivel nacional para investigar y sancionar hechos relacionados al Plan Cóndor, y ante las maniobras legales de todo tipo que los abogados de los responsables de estos hechos logran a veces realizar, el sistema interamericano de protección de los derechos humanos ha ofrecido (y sigue ofreciendo) a las víctimas una posibilidad de obtener justicia.
Se considera que la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en examinar el caso de una víctima del Plan Condor es del año 2006 (caso Goiburú y otros vs. Paraguay).
En otra importante sentencia del juez interamericano del 2011 (caso Gelman vs. Uruguay) se lee que:
«51. El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, incluso en Estados Unidos y Europa.
52. Esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de la Operación Cóndor«.
En la sentencia dictaminada contra Argentina 10 años después, en septiembre del 2021 (caso familia Julien Grisonas vs. Argentina), la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que este «plan criminal interestal» amerita ahora otro esfuerzo coordinado de sus integrantes, al precisar que:
«288. En congruencia con las solicitudes efectuadas, la Corte dispone que el Estado argentino, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de este fallo y por las vías que considere adecuadas, haga las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso: la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, y, en general, en el contexto de la “Operación Cóndor”, es decir, la República Federativa de Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República del Paraguay y la República del Perú, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. Dicha coordinación deberá reflejarse en un plan de trabajo común entre las autoridades competentes, según la materia de que se trate, ejecutado en observancia del marco jurídico nacional e internacional aplicable, y con auxilio de los mecanismos de cooperación internacional y asistencia mutua. Así, el trabajo coordinado entre autoridades de los distintos Estados habrá de emprender esfuerzos conjuntos para el esclarecimiento de lo ocurrido durante la “Operación Cóndor”, como escenario en el que fueron perpetradas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluidas las que damnificaron a las víctimas del presente caso«.
La cooperación militar de Francia en América Latina en los años 70-80: sombras y penumbras
Resulta de interés precisar con respecto al origen exacto de la «técnica» de la desaparición forzada por parte de mandos militares, que investigaciones recientes en Francia (véase actas de foro especializado y artículo del 2022) demuestran que fue iniciada por militares de Francia en Argelia a finales de los años 50.
Un reportaje del 2003 difundido en Francia, y titulado «Escadrons de la mort: l´école francaise» (véase enlace así como corto extracto en YouTube así como Parte I disponible aquí y Parte 2 aquí) reúne varios testimonios indicando que instructores militares franceses «enseñaron» en los años 70-80 en academias militares del Cono Sur esta «técnica» desarrollada por Francia durante la denominada «Guerre d´Algérie«.
En septiembre del 2005, al adoptarse el proyecto de convención internacional sobre las desapariciones forzadas, cuyas negociaciones fueron presididas en la sede de Naciones Unidas en Ginebra por Francia, se lee que:
«le représentant permanent de la France, l’Ambassadeur Bernard Kessedjian – conclut en ces termes: «Un triple Non a été affirmé ici: Non au silence, Non à l’oubli, ¡Non à l’impunité!» (Note 4).
A modo de conclusión
Pese a los 50 años que nos separan de aquel fatídico día para Chile y para el mundo que significó el 11 de setiembre de 1973, aún muchas preguntas persisten en el tiempo: desde ya Estados Unidos podría útilmente aclararlas, liberando todos los documentos clasificados que aún posee en sus archivos secretos con respecto a lo ocurrido en Chile. Ello sin hablar de los documentos que también aún posee con relación al precitado «plan criminal interestatal» tal como lo calificó el juez interamericano.
En cuanto a Francia, su cooperación militar en América Latina en los años 1970-1980 ameritaría una mayor difusión y conocimiento, a partir de archivos que probablemente se mantienen bajo reserva en el seno del aparato estatal de Francia. En septiembre del 2003, una «proposition de résolution» en este sentido fue presentada por varios diputados galos (véase texto intégral), sin dar pié para mayores desarrollos.
Para las víctimas chilenas y sus familiares que siguen persiguiendo la verdad a través del tiempo, y buscan conocer el destino de sus seres queridos, desde Chile o desde afuera, su extenuante combate es ejemplar: ha inspirado, inspira y seguirá inspirando, estamos seguros de ello, a muchas familias y a varias generaciones de América Latina y del mundo en su exigencia de verdad y de justicia.
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina«, Revista de Pensamiento Penal, 2016. Texto disponible aquí.
Nota 2: Sobre las estrechas relaciones existentes entre el derecho a la verdad y las víctimas de desaparición forzada, véase la obra FERRER MAC-GREGOR E. & GONGORA MAAS J.J., Desaparición forzada de personas y derecho a la verdad en el sistema interamericano de derechos humanos, UNAM/IIJ/CNDH, México 2019. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Plan Condor: la justicia argentina se pronuncia«, sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 6/06/2016, texto disponible aquí.
Nota 4: Véase DE FROUVILLE O., «La Convention des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées: les enjeux juridiques d´une négociation exemplaire«, Collección Droits Fondamentaux, Número 6, 2006, página 1. Texto completo del artículo disponible aquí.
Escuché en un programa de radio una comparación que parecía establecer una similitud o paralelismo entre Costa Rica y Grecia (la de Europa, no el bello cantón alajuelense), en asuntos atinentes a la cuestión fiscal, la deuda pública y los pagos por intereses de la deuda. Ese era un símil muy frecuente hace algunos años. Hoy, aunque menos habitual, no deja de circular. Creo que es una comparación que puede resultar fértil, pero la cual exige suma cautela, ya que, desde diversos e importantes puntos de vista, son casos disímiles.
Empecemos por recordar que en Grecia hubo una deliberada falsificación de los datos, realizada por el gobierno conservador de Konstantinos A. Karamanlis, para lo cual contó con la cómplice y delincuencial colaboración de Goldman Sachs, uno de los gigantes neoyorkinos de la banca de inversión. Cuando Yorgos Papandréu, del Partido Socialista, asumió el poder en 2009, dio a conocer la realidad: el déficit fiscal no era del 3,7% del PIB, según la mentira del gobierno anterior, sino cercano al 13%.
No solo había una mentira, sino que el déficit era mucho más alto del que jamás hemos tenido en Costa Rica. De hecho, en el período reciente, el nivel más alto registrado -cercano al 8%- se alcanzó en el contexto de la pandemia, o sea, en el año 2020. Además, y relativamente al tamaño de su economía, la deuda pública de Grecia era, y sigue siendo, mucho mayor que la nuestra: al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, se encontraba en los alrededores del 145-150% de su PIB. Hoy, 13 años después, y luego de un larguísimo período de mortificante y destructiva austeridad fiscal, todavía excede del 170%, o sea, más de 20 puntos por encima de donde estaba al inicio de la crisis ¿podría haber mejor forma de comprobar el fracaso de las políticas de austeridad? En nuestro caso, la deuda pública alcanzó un 68% en 2021, y ahorita andamos en los alrededores del 62-63%.
Pero hay una diferencia fundamental, habitualmente menospreciada e incomprendida, incluso por el común de nuestros más reconocidos economistas: Grecia carecía de una moneda propia. Siendo parte de la Zona Euro, no podía gestionar su propia moneda y dependía de las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). Su deuda, por ello mismo, era totalmente vulnerable a los ataques especulativos de los inversores, en especial los fondos de cobertura, cuyo negocio consiste en apostar a la ruina de empresas, inversores e, incluso, países.
En la cúspide de la crisis de la deuda europea, en julio 2012, Mario Draghi, presidente del BCE en aquel momento, pronunció, en Londres, las palabras milagrosas: «dentro de su mandato, el BCE está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente». Es muy discutible que lo haya hecho “dentro de su mandato”. Todo indica que fue más allá, puesto que el BCE fue creado bajo el influjo de la ortodoxia dominante del Bundesbank, o sea, el Banco Central de Alemania, y, por lo tanto, fuertemente orientado al combate de la inflación y muy poco más. Pero, y en todo caso, lo importante es que Draghi, y el BCE, lo hicieron, y, entre otras cosas, eso impidió la quiebra de España, y la implosión del euro, aunque no las brutales políticas de austeridad que agravaron y prolongaron la crisis innecesariamente.
Aunque maltrecha y golpeada, Costa Rica todavía tiene una moneda nacional, y, todavía, la mayor parte de nuestra deuda está en colones: un 75% del total, aunque hay que reconocer que esto se ve artificialmente favorecido por la fuerte baja del dólar en los últimos 15 meses, lo cual disminuye el peso de la deuda en moneda extranjera. Si la tasa de cambio dólar-colón estuviera hoy a su nivel de junio 2022, la parte de la deuda en colones sería algo más baja: un 73%, y el peso de la deuda total, como proporción del PIB, estaría en los alrededores del 65-66%.
El mayor peso de la deuda en colones ha sido una ventaja a nuestro favor, porque ello ha atenuado las posibilidades de sufrir ataques especulativos desde el exterior. Contradictoriamente, algo de eso, o sea, algo de tales arremetidas especulativas, se ha vivido a la interno, lo cual reiteradamente se ha visto reflejado en presiones para que el Ministerio de Hacienda ofrezca tasas de interés más rentables, sobre sus emisiones de bonos en colones. Y, de hecho, históricamente hemos pagado tasas irrazonablemente altas sobre esas emisiones de deuda interna. Así, el año pasado pagamos una tasa de aproximadamente un 8%, o un poco más, lo cual resulta una verdadera locura.
De ahí que, en el bienio 2021-2022, pagáramos, por concepto de intereses, un monto cercano a los cuatro billones de colones (cuatro millones de millones), lo cual supera en un 50% el presupuesto anual dedicado a educación, y en más del 40% el total de la deuda del gobierno con la Caja, la cual, como bien sabemos, la administración de Rodrigo Chaves se niega ni siquiera a reconocer.
Claramente la política basada en recurrir a endeudamiento externo como instrumento para bajar los pagos por intereses, en la que se viene insistiendo desde hace unos 5 años, ha fracasado ruidosamente. Cuando, por otra parte, al crecer la parte de la deuda en moneda extranjera, también se acrecienta nuestra vulnerabilidad frente a eventuales ataques especulativos.
Y, entre tanto, y paradójicamente, funcionamos con base en un dogma, bien establecido y al parecer irrompible, que impide que el Banco Central colabore de ninguna forma concebible con el Ministerio de Hacienda, para amortiguar las presiones especulativas que surgen a lo interno de la economía costarricense, y que elevan de forma inaceptable las tasas de interés. Aclaro: no digo que sea esto lo único que debería hacerse, pero sí enfatizo que es una de las herramientas a las que deberíamos echar mano.
Aquí bien vale recordar la frase de Mario Draghi, pronunciada en 2012, a la que hice referencia previamente, cuando advirtió que el Banco Central Europeo (BCE) haría lo necesario para impedir lo que de otra manera iba a ser el derrumbe definitivo de la Zona Euro. Reitero la advertencia: no se trata de establecer comparaciones antojadizas y arbitrarias: ni nuestro Banco Central es el BCE, ni Costa Rica es Europa, ni nuestra situación actual es la de la Zona Euro en aquellos momentos.
Pero un detalle debemos recuperar y destacar: potencialmente el Banco Central posee herramientas que le permitirían incidir sobre los pagos por intereses, y reducir así, siquiera en parte, la magnitud desorbitada que estos alcanzan. No lo hace esencialmente porque seguimos bajo el poderoso influjo de implacables fantasmas ideológicos.
Pero todavía hay un segundo detalle que no debemos olvidar: el estrepitoso fracaso de las políticas de austeridad en Grecia. En un contexto ciertamente diferente, y aunque no tan brutales en nuestro caso, esas políticas también en Costa Rica vienen causando grave daño. También en este aspecto estamos atrapados por perniciosos espectros ideológicos.
Siembras de maíz dentro del área de protección de la naciente Carlos Calvo en Cipreses Oreamuno.
Ya se va a cumplir un año de que reparten agua en cisternas en Cipreses y siguen atomizando venenos sobre las nacientes como si nada y el Poder Ejecutivo tiene menos de tres meses para prohibir el Clorotalonil y no da señales concretas de cumplir por lo ordenado desde la Sala Constitucional.
Comunicado Frente Eco Cipreses
Poder Ejecutivo tiene menos de tres meses para prohibir el Clorotalonil y no da señales concretas de cumplir por lo ordenado desde la Sala Constitucional.
Ya se va a cumplir un año de que reparten agua en cisternas en Cipreses y siguen atomizando venenos sobre las nacientes como si nada…
Se sigue usando Clorotalonil en Costa Rica como si no hubiera dicho nada la Sala Constitucional.
Poder Ejecutivo tiene menos de tres meses para acatar sentencia de la Sala Constitucional que señala se debe prohibir el Clorotalonil.
Se sigue cultivando dentro de las áreas de protección y de recarga acuífera a pesar de lo señalado por la Sala Constitucional con el agravante Ministerio de Salud no hace cumplir y no da seguimiento sus propias órdenes sanitarias.
La resolución 2023-13384, perteneciente al expediente 22-026649-0007-CO, la Sala IV ordenó que en el plazo de seis meses (ya han pasado más de tres) se ejecuten las recomendaciones de un informe técnico que pidió la prohibición del Clorotalonil en Costa Rica. El Informe técnico fue emitido por el Ministerio de Salud, el AyA y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El criterio de las instituciones se origina luego de que sustancias de la degradación del agrotóxico clorotalonil estuviera involucrado en la contaminación de dos acueductos rurales de la zona norte de Cartago, en las comunidades de Santa Rosa y Cipreses en el cantón cartaginés, situación que tiene a unas 10 mil personas recibiendo agua potable en cisternas desde octubre de 2022.
Siembras de cultivos en el área de recarga acuífera Sobre la Naciente Carlos Calvo.
En el fallo se ordenó a la ministra de Salud, Mary Munive, y la Directora del Área Rectora de Salud de Oreamuno, Fiorella Fait Wong, establecer la coordinación con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), MINAE y del AyA para que dentro del plazo de seis meses se adopte lo dispuesto en el informe técnico mencionado, para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas.
A nivel internacional en la Unión Europea se decidió en el 2019 prohibir el uso del plaguicida clorotalonil porque se identificó un problema crítico en relación con la contaminación de las aguas subterráneas por los metabolitos del plaguicida. La Autoridad Europea no pudo descartar un posible problema de genotoxicidad de los residuos a los que se verían expuestos los consumidores y detectó un alto riesgo para los anfibios y los peces en todos los usos evaluados. Asimismo, el clorotalonil, como tal, está clasificado como carcinógeno.
En Suiza hace dos años por lo menos un tercio de los 26 cantones de Suiza, en su mayoría en la parte central del país, se detectaron niveles superiores a los recomendados. Lo cual decantó en la prohibición de este fungicida en toda la Unión Europea. (swissinfo.ch 06-2- 2020)
Mientras tanto el Gobierno Central le da largas al asunto para acatar lo señalado por la Sala Cuarta y ejecutar el informe técnico interinstitucional que recomienda prohibir el clorotalonil miles de personas siguen recibiendo agua con contaminantes agrotóxicos.
Desde octubre del 2022, la comunidad de Cipreses es abastecida con Cisternas de agua potable ya que el Laboratorio Nacional de Aguas corroboró los repetidos hallazgos del IRET de la Universidad Nacional, en donde los productos de la degradación del fungicida clorotalonil se encuentran por encima del límite permitido en más de 100 y 200 veces para consumo humano. Las sustancias contaminantes son: 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno y el 4-hidroxiclorotalonil que son los productos de degradación de CLOROTALONIL encontrados en el agua para consumo humano. El Laboratorio Nacional de Aguas ha encontrado los contaminantes degradados de clorotalonil en 7 fuentes de agua de dos ASADAS en la provincia de Cartago afectando hoy en día a más de 9000 personas.
Simbra de cultivos sobre área de recarga acuífera al Norte de la naciente Carlos Calvo.
Ministerio de Salud no hace cumplir sus órdenes Sanitarias y en Cipreses todo sigue igual:
En respuesta al Recurso de Amparo que el Frente Eco Cipreses metió al Poder Judicial en el año 2020 por el evidente irrespeto a la Ley de Aguas #276, se emitió la resolución 20-021797-0007-CO. donde el poder Judicial ordena al SINAC Cartago y al Ministerio de Salud de Oreamuno de Cartago hacer cumplir la ley y proteger el agua de la gente.
Ante al fallo emitido por el Poder Judicial a favor del Frente Ecologista de Cipreses el Ministerio de Salud actúa y emite un informe técnico (MS-DRRCE-DARSO-IT-00076-2021) donde recomienda girar órdenes sanitarias y se le pide al Acueductos y Alcantarillados para dar acompañamiento y vigilar para que la ASADA realice estudios hidrogeológicos tanto en la naciente Plantón como en la naciente de Carlos Calvo. No obstante, todo sigue igual y en reciente visita comunitaria se evidencia que aún siguen sembrando y aplicando agroquímicos sobre las áreas de recarga acuífera de las nacientes. “Parece que las instituciones en Cartago están pintadas en la pared” indicó Jordán Vargas vecino de Cipreses y afectado directo de la contaminación.
Ante el fallo señalado del Poder Judicial el Ministerio de Salud de Oreamuno giró órdenes sanitarias a los dueños de los terrenos circundantes, así como a los alcaldes de Oreamuno y Alvarado para hacer una valoración del área en los alrededores de las nacientes Plantón y Carlos Calvo para que se respete lo estipulado en la Ley de Aguas número 276 donde claramente se señala el respeto mínimo de 200 metros alrededor de la naciente. En la orden sanitaria el Ministerio de Salud solicita se les reporte mensualmente los avances en cumplimiento de los señalado mediante informes. “¿en qué decantó todo esto?” se preguntan los miembros del frente Eco Cipreses
Miembros del Frente Ecologista de la comunidad y afectados directos de esta situación indicaron: “Solicitamos se nos informe el ¿por qué en estos momentos se sigue aplicando y cultivando sobre las áreas de recarga acuífera? Ya hemos ganado tres recursos de amparo sobre esta situación y Cipreses parece tierra de nadie donde las instituciones no se hacen respetar ni hacen valer las leyes. Tendremos que acudir a la vía penal por desacato a las Sala Cuarta y defender nuestro derecho constitucional, ya esa es la única vía que nos queda”
Evidencia de lo señalado se presentan fotos del mes de julio del presente 2023 donde se aprecian siembras de maíz dentro del radio de los 200 metros de protección según la Ley de Aguas, así como cultivos de Brásicas que demandan agroquímicos en el área de recarga acuífera fotos tomadas en inspección comunitaria.
La Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud recomendó: conclusión, ante la situación de contaminación de agua para consumo “que se genere una gestión ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la prohibición del clorotalonil en el país, con el fin de proteger posibles fuentes de agua potable en riesgo de contaminación y buscar la remediación y rehabilitación de las fuentes ya contaminadas en el plazo más corto posible a fin de evitar una emergencia mayor” (MS-DPRSA-0668-2022).
Sigue diciendo el informe MS-DPRSA-0668-2022 que “el clorotalonil es un fungicida aprobado para uso en el país registrado bajo una gran variedad de nombres y usado en la agricultura en una gran variedad de cultivos. Una vez que la sustancia química entra en contacto con el ambiente, aire, suelo y / o microorganismos sufre una serie de modificaciones producto del metabolismo de organismos vivos o procesos químicos que lo descomponen en otras moléculas conocidas como metabolitos o productos de degradación, para el caso del Clorotalonil existe documentado más de 7 moléculas distintas de degradación” las cuales han demostrado ser altamente contaminantes en el agua subterránea presentando riesgos inadmisibles para la salud.
Preparaciones de suelo para agricultura intensiva y áreas deforestadas en el entorno de la naciente Carlos Calvo.
Chiquita Brands y su idea del respeto a los derechos
Un accidente laboral absolutamente previsible ha ocurrido en la Finca Álamo de Chiquita Brands (Safra Group y Cutrale), en Sarapiquí: un trabajador recientemente operado de la rodilla y que difícilmente camina con ayuda de un bastón, fue obligado por los administradores de la finca a ir a embolsar banano.
Frank Ulloa
El hombre debe subir con la carga a una escalera apoyada en un suelo húmedo y esponjoso que no le da mayor estabilidad.
El trabajador se cae, queda inmóvil, lo llevan a la administración y pasa mucho tiempo tirado en el piso de cemento de la oficina, quejándose de dolor, hasta que llega una ambulancia y se traslada a una clínica de la seguridad social.
Fueron los dirigentes sindicales quienes se movilizaron para lograr que fuera atendido.
Los trabajadores y su sindicato han propuesto un diálogo sobre la salud laboral en las fincas de banano de Chiquita Brands, pero no ha habido respuesta alguna. Se les ignora, se les combate, no se les deja participar en las soluciones.
Ante la miopía empresarial, los trabajadores optan por la denuncia. Quizás algún día la transnacional se decida a respetarlos, y a respetar la libertad sindical.
En tiempo de guerra y en tiempo de paz seguimos poniendo los muertos, mientras las potencias y países ricos recogen las ganancias, tanto del negocio de las armas como del narcotráfico. Lo que es una ganancia para esos países se revierte en pérdida en vidas humanas para los nuestros.
Urge cambiar radicalmente esta lógica neocolonial, propiciada por los poderes fácticos del capitalismo salvaje de un neoliberalismo que se vende como el ideal de prosperidad para los pueblos empobrecidos, mientras son sometidos a patrones financieros, sistemas productivos y estilos de consumo que profundizan la pobreza, la desigualdad y la violencia. Hay que erradicar este neocolonialismo, que se viste de buena vecindad, protector del libre comercio y hasta de los derechos humanos: un contrasentido a todas luces, que campea a fuerza de una propaganda mediática engañosa y desvergonzada.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, una vez más, ha levantado la voz en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proponer que se eleve a la categoría de crimen internacional toda invasión militar de un país contra otro. Esta, entre otras acciones globales anticolonialistas contribuirían, sin duda, a una convivencia global más digna, afectiva y pacífica. Y permitiría contener los tambores que reiteradamente llaman a la guerra, para redefinir fronteras de influencia geopolítica entre las potencias y naciones más poderosas.
Hay que asumir el desafío de un nuevo pacto global con compromisos vinculantes que contribuyan a erradicar, de una vez por todas, el neocolonialismo guerrerista, antiecológico y homicida. No debemos permitir que se continúe profundizando el modelo de globalización dual: donde unos disfrutan los oasis de riqueza y otros perecen en la más escandalosa miseria, unos ponen los muertos y otros recogen el botín, unos conservan y cuidan la naturaleza y el ambiente y otros lo depredan y explotan para amasar capitales, unos son víctimas de enfermedades y pandemias y otros acumulan ganancias con el negocio de las medicinas y las vacunas…
Lamentablemente, un conjunto de nuevas fuerzas sociales, políticas y religiosas de corte populista y neoconservador están contribuyendo a desviar la atención sobre las causas estructurales de estos álgidos problemas. Por ejemplo, se utiliza el discurso de la anticorrupción, refiriéndolo de manera reduccionista a los comportamientos individuales o de grupos de interés que utilizan recursos públicos y privados para enriquecerse. De esta manera, se exime al modelo mismo, que genera y propicia esos comportamientos. Y las alternativas propuestas, van en la misma dirección, a saber, corregir esos comportamientos, como si se trata de simple voluntarismo personal o grupal. De esta manera, los correctivos son simples paliativos, porque se dejan intactas las estructuras socio-económicas, jurídico-políticas y culturales.
Construir los cimientos de un proyecto global alternativo postneoliberal sigue siendo la consigna necesaria para recoger y hacer viables esos esfuerzos e ideales que permitan heredar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Acciones desde los ámbitos personales, locales y comunales son tan necesarios como las acciones globales. Y en esta tarea, son precisamente los países que hoy ponen la peor parte: los muertos, quienes deben aunar acciones y esfuerzos para decir ¡basta Ya! Y avanzar hacia un nuevo modelo descolonizador y humana, social y ecológicamente viable, para “vivir bien, juntos”.
