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Autor: María José Ferlini Cartín

América Latina en el escenario internacional: el papel de la “quinta columna”

Gilberto Lopes

San José, 25 julio 2023

En Vilnus, un mundo sin América Latina

Pocas reuniones recientes despertaron mayor expectativa internacional que la celebrada por la OTAN en la capital lituana, Vilnus, el 11 de julio pasado. Se discutían los nuevos pasos a dar en apoyo a Ucrania, en su guerra contra Rusia. El resultado se resumió en un largo documento de 30 páginas y 90 párrafos, en los que no hay una sola referencia a América Latina.

Puede parecer normal. El Tratado de la OTAN define el Atlántico Norte como su área de operaciones y a sus 12 países fundadores se han ido sumando otros 19, de los cuales 15 son de Europa del este, luego de la disolución de la Unión Soviética.

Ningún país latinoamericano pertenece a la región, ni es miembro de la institución y, salvo Costa Rica, ninguno se ha sumado a las sanciones impuestas a Rusia por los países de la OTAN y sus aliados.

Pero lo geográfico probablemente no agote la explicación. En las últimas décadas la OTAN ha extendido su membresía por Europa, hasta las fronteras rusas y el comunicado de Vilnus indica, en su primer párrafo, su aspiración a asegurar la defensa colectiva de sus miembros contra todas las amenazas, en una visión de 360 grados. O sea, de todo el mundo.

No se trata de discutir aquí afirmaciones del documento como el carácter defensivo de la organización, ni el reconocimiento de su dependencia de las fuerzas nucleares estratégicas de los Estados Unidos; ni su visión sobre el origen de la guerra en Ucrania, ni los acuerdos adoptados para apoyar el país en su guerra contra Rusia.

Se trata aquí de otro tema: de tratar de entender la reiterada ausencia de América Latina en documentos recientes de potencias y organizaciones internacionales, en los cuales la región, o no es mencionada, o lo es de forma secundaria. En el de la OTAN es completamente ignorada, como ya lo señalamos.

El documento cita diversos casos sensibles para la estabilidad de Europa, como el de los Balcanes Occidentales; cita la importancia de la paz entre Bosnia y Herzegovinia; las relaciones con Serbia, con Kosovo, con Georgia (a la que quieren incorporar a la alianza), con Moldavia, y reconoce que el papel de sus aliados no europeos es esencial para la defensa de Europa.

Señalan a la República Popular China como una amenaza a los intereses, la seguridad y los valores de la Alianza y que el desarrollo de los acontecimientos en la región Indo-Pacifico “pueden afectar directamente la seguridad Euro-Atlántica”. Celebra la contribución de sus aliados en la región, –Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur– y destaca la importancia de las relaciones de la OTAN con las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Africana. Reiteran su determinación de impedir que Irán desarrolle armas nucleares; condenan el programa de misiles balísticos de Corea del Norte. Se refieren a los vecinos del sur de la OTAN, particularmente el Medio Oriente, África del norte y el Sahel. Reafirman la intención de estabilizar la situación en Irak; la importancia geopolítica del Mar Negro, del Oriente Medio y África.

Pero América Latina no aparece ni siquiera en el párrafo 68, donde afirman que la seguridad energética juega un papel importante en la seguridad global, en los mismos días en que se confirmaba el descubrimiento en Bolivia de la mayor reserva de litio del mundo.

Ningún lugar para América Latina

Quizás deberíamos buscar un lugar para América Latina en otro sitio. En octubre del año pasado, la Casa Blanca dio a conocer un documento sobre su “National Security Strategy”. Si no deberíamos esperar, en un documento de la OTAN, referencias especiales a América Latina, parecería lógico encontrarla en las definiciones estratégicas de los Estados Unidos, cuya larga y estrecha relación con el hemisferio es parte de la historia.

En la introducción del documento, Biden promete seguir defendiendo la democracia alrededor del mundo y celebra la renovación de una formidable red de alianzas. Primero, con la Unión Europea; luego, con el Quad, en la región del Indo-Pacífico, con la que ha establecido también un marco de cooperación económica. Solo en cuarto lugar cita su iniciativa para la región, la “Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas”, lanzada en junio de 2022.

En las 48 páginas del documento se analiza los intereses estratégicos de los Estados Unidos, por regiones. En lo que se refiere a América Latina, en dos páginas, habla de la promoción de la democracia y de una supuesta “prosperidad compartida”. Entre los objetivos de la Alianza está “restaurar la fe en la democracia” en la región, para lo que promete crear buenos empleos y abordar la desigualdad económica.

No son objetivos menores, con países como el mismo Estados Unidos, o Brasil, aun conmocionados por los intentos por subvertir el orden político y promover protestas violentas para desconocer las elecciones, por los partidarios de los expresidentes Trump y Bolsonaro, para citar solo dos casos extremos de renovadas tensiones políticas, sustentadas en una creciente disparidad económica.

El 27 de enero de 2023 la Casa Blanca pretendió relanzar, en un evento ministerial con la participación de doce países de la región, la propuesta de la Alianza que, pese a todo, languidece sin ninguna perspectiva de desarrollo.

Sin embargo, los que derivan del hecho de que América Latina sea apenas mencionada en estos acuerdos la conclusión de que su papel es secundario en el orden internacional deberían leer las dos páginas en las que la National Security Strategy se refiere a la región.

Ahí se dice que “ninguna región impacta más directamente el país que el Hemisferio Occidental”. Con un comercio anual de 1,9 millones de millones de dólares (1.9 trillón en inglés), “con valores compartidos y tradiciones democráticas”, la región ha contribuido de manera decisiva para la prosperidad y la resiliencia de los Estados Unidos, cuya seguridad y prosperidad está vinculada a la de sus vecinos, reconoce el documento.

Entre sus objetivos están, además, los de “protegernos de interferencias externas, incluyendo las de la República Popular China, Rusia o Irán” y, aliados con la sociedad civil y con otros gobiernos, apoyar la autodeterminación democrática para los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Se reconoce así la intervención en el proceso político de nuestros países, la permanente desestabilización sustentada, en un pasado reciente, por golpes cívico-militares y, actualmente, por sanciones económicas unilaterales cuyos efectos devastadores, en el caso de Cuba, tienen ya más de 60 años. Sanciones condenadas todos los años prácticamente por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas, sin que la Casa Blanca acate ninguna de esas resoluciones.

La Quinta Columna

Sometidos a drásticas sanciones, tanto Cuba, como Venezuela y Nicaragua, enfrentan enormes dificultades no solo para mantener su economía funcionando, sino para desarrollar su vida política con cierta normalidad, pues la oposición cuenta a su favor con el deterioro económico provocado por las sanciones de Washington y con el apoyo político de una vasta red de ONGs que financia a la oposición con recursos, publicidad y capacitación profesional.

Muy recientemente, el 20 de julio pasado, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, pedía, en una entrevista en el diario conservador brasileño O Globo, que Brasil empleara su “liderazgo” y su habilidad diplomática para influir en las elecciones de Venezuela, para lograr un juego “libre y justo» en el que «todos los candidatos puedan postularse».

El presidente Nicolás Maduro ya se había referido a estas iniciativas norteamericanas exigiendo elecciones libres de las sanciones económicas impuestas al país por Washington, cuya intervención a favor de la oposición hace del todo imposible esas elecciones “libres y justas”.

Lo que quisiéramos sugerir en este artículo es que es precisamente esta “quinta columna”, financiada y organizada por Washington, la que hace innecesario, e inclusive inconveniente, hacer referencias detalladas a las políticas hacia América Latina, en un escenario en el que una intervención externa requiere más bien discreción.

De Vilnus a la CELAC

Pero han ocurrido cambios en el papel desempeñado por América Latina en el escenario internacional. La aparición de Lula, desde que asumió nuevamente la presidencia de Brasil, en enero pasado, es el factor más importante en esos cambios, facilitando el resurgimiento de UNASUR, agregando nuevas propuestas para el tratamiento del conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN, redefiniendo los términos de las relaciones con la Unión Europea, o sumándose nuevamente a la actividad de los BRICS, que se reunirán en agosto en Sudáfrica.

El 30 de mayo Lula realizó, en Brasilia, una reunión con los jefes de Estado latinoamericanos (con la única ausencia de la del Perú), incluyendo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuyo aislamiento es parte de la política promovida por Washington, con el apoyo de gobiernos conservadores y de aliados políticos regionales: de la “quinta columna”.

Una quinta columna que desvincula su proyecto de cualquier proyecto de desarrollo nacional y que hace recordar la “quinta frontera”, como la que representaba para Panamá –en palabras del general Omar Torrijos– la Zona del Canal, entonces en manos de los Estados Unidos.

Los factores que unen a la región «están por encima de las ideologías», dijo Lula, en referencia a una posible reactivación de la UNASUR. «Ningún país puede enfrentar de manera aislada las amenazas actuales».

Una idea que reiteró en la reunión con el Foro Empresarial de la Unión Europea, el 19 de julio pasado: –Brasil solo crecerá de forma sustentable con la integración de nuestro entorno regional.

Ante esa realidad, y los cambios que la guerra en Europa significó para el escenario internacional, la corresponsal en Bruselas del diario catalán La Vanguardia, Beatriz Navarro, señaló que “después de años de olvido y desinterés que otros actores globales –léase China– han aprovechado a fondo para expandir su influencia en la región, la Unión Europea volverá hoy su mirada hacia América Latina y el Caribe con la celebración de la primera cumbre de jefes de Estado y Gobierno de ambos bloques desde el lejano 2015”.

Ahí el presidente brasileño volvió a reiterar la necesidad de una alianza que ponga fin a una división internacional del trabajo que solo ha significado pobreza para la mayoría de la región y a nuestro papel de suministradores de materia prima y de mano de obra migratoria barata.

Recordó que en 2009 los países desarrollados acordaron destinar 100 mil millones de dólares al año para los países en desarrollo, compromiso “que nunca fue cumplido”.

La frase nos recuerda que esos cien mil millones de dólares fueron destinados más bien, en algunos meses, a suministrar armamentos a Ucrania, en una indicación de las prioridades de Occidente.

Para el director de la Vanguardia en Madrid, Enric Juliana, la posición de los países latinoamericanos sobre la guerra en Ucrania expresada en la cumbre de la CELAC con la Unión Europea se explicaba porque “no quieren enfrentarse diplomáticamente a Rusia y China, por razones económicas, aunque también políticas”.

A Juliana, como a los líderes europeos, les cuesta entender que, para Lula, es inaplazable reformar la gobernanza global, como expuso en Europa, y que “dividir el mundo en bloques antagónico es una insensatez”.

Con un mundo en transición, quizás valga la pena atender nuevamente a las palabras del académico y diplomático singapurense, Kishore Mahbubani, un personaje que hace falta oír en América Latina para tener una visión más equilibrada de esos cambios. En su libro más reciente, “The Asian 21st century” (de acceso abierto), reitera su idea de que el siglo de predominio norteamericano ha terminado y que los intentos de Washington de contener a China solo terminarán por aislar a los Estados Unidos del resto del mundo. Los editores de su libro esperaban unas 20 mil visitas al texto, dijo Mahbubani, que, sin embargo, superan ya los tres millones (el libro puede ser visto aquí: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-16-6811-1.pdf?pdf=button%20sticky).

La “quinta columna” no nos ayuda a pensar en ese mundo en el que América Latina no termina de encontrar su lugar, pese a iniciativas recientes por reforzar su unidad y jugar un papel en los esfuerzos de paz que renueven la gobernanza global y pongan fin a una visión del mundo cimentada en bloques antagónicos.

FIN

UCR: “Anexión del Partido de Nicoya”, no “Anexión de Guanacaste”

Claudio Vargas; director de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Voz Experta

Próximos al 25 de julio, se impone -una vez más-, recordar que nuestro país celebra en esta fecha, la incorporación del Partido de Nicoya a su territorio y no la “Anexión de Guanacaste”. Lo anterior, pese a que algunos comunicadores, publicistas, políticos y otras personas con presencia mediática siguen repitiendo la equivocación y así siguen desinformando sobre la historia del país.

Para comprender la precisión histórica y jurídica que respalda esta aseveración, es necesario conocer, aunque sea en forma resumida, algunos detalles esenciales de este proceso. Es oportuno aclarar también, que la provincia de Guanacaste que hoy conocemos, integra un territorio mayor que el que tuvo en el pasado el Partido de Nicoya.

Posterior a los años de conquista se impuso, en el territorio que a partir de aquel momento se llamó América, el régimen colonial español. Este fue un proceso complejo y cambiante, que se extendió desde el siglo XVI y hasta la segunda década del siglo XIX, y que irrespetó las particularidades culturales y las divisiones territoriales de las culturas aborígenes que les antecedieron y que diezmadas, siguieron viviendo en estas tierras.

Bajo el modelo colonial, las delegaciones de poder real y, por ende, las jurisdicciones y los límites asignados a los representantes del Imperio, no siempre fueron claros ni precisos. Los intereses (locales e imperiales) económicos, políticos, sociales e incluso religiosos se proyectaban en la organización y la administración territorial.

Por lo anterior, en diferentes momentos del pasado colonial, la región de Nicoya (no siempre conocida con la denominación de “partido”) varió su condición y dependencia respecto a Nicaragua o Costa Rica. Por ejemplo, hasta 1558 fue gobernación anexa a la de Nicaragua; de esa última fecha y hasta 1593 fue independiente; de 1593 a 1602 se mantuvo unida a Costa Rica. Nuevamente de 1602 a 1786 fue independiente; de 1786 a 1809 estuvo unida a Nicaragua y de 1810 a 1821, al cambiarse la organización administrativa española, con la creación de las diputaciones provinciales, Nicoya pasó a formar parte de la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica. De manera que es incorrecto afirmar que Nicoya perteneció o estuvo sometida de manera permanente a la administración de Nicaragua en cualquiera de sus jerarquías o denominaciones organizativas, mientras estuvo vigente el modelo colonial español.

Otro aspecto necesario de aclarar es que lo que la actual provincia de Guanacaste es diferente al territorio que en el pasado colonial se conoció con esa misma denominación (Guanacaste). De manera que la Villa de Guanacaste, conformó tan solo, a la actual Liberia.  

Específicamente el territorio del Partido de Nicoya integró las tierras que se encontraban en la península al oeste del río Tempisque hasta el Océano Pacífico y al norte se extendía hasta el río la Flor y el Lago de Nicaragua. Por su parte, las tierras al este del río Tempisque y al sur del río Salto eran parte del territorio costarricense.

En 1835, como parte del proceso de organización territorial administrativa del país, se crearon tres departamentos:  El Departamentos Oriental, el Departamento Occidental y el Departamento de Guanacaste. Este último se integró con el Partido de Nicoya, y los valles de Bagaces y Las Cañas, que pertenecieron a Costa Rica durante la época colonial. Finalmente, en 1848, se crearon las Provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las Comarcas de Puntarenas y Limón.

La anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica implicó un largo proceso en el cual estuvieron presentes intereses económicos, políticos, geoestratégicos y por supuesto culturales. En este proceso sin lugar a duda, el plebiscito que se realizó el 25 de julio de 1824 fue fundamental, pero no definitivo. En un cabildo abierto, los pobladores de Nicoya y Santa Cruz decidieron anexarse a Costa Rica, pero quienes poblaban la Villa de Guanacaste (como se dijo líneas atrás, la ciudad de Liberia), no estuvieron de acuerdo con esta anexión.

No fue sino hasta que el Estado de Costa Rica formó parte de la República Federal de Centroamérica, en 1825, cuando la Villa de Guanacaste fue integrada a Costa Rica por disposición del Gobierno Federal. Años más tarde, el tratado Cañas-Jerez, firmado en 1858, consolidó legalmente la integración del territorio en referencia a Costa Rica.

Según lo cita el acta de anexión, los pobladores de los territorios que decidieron incorporarse al país, así lo acordaron por las ventajas que se vislumbraban. Seguridad y estabilidad política, facilidades comerciales, beneficios administrativos son algunos temas que así quedaron expresados como propios de Costa Rica, frente a la situación de inestabilidad que en estos años vivía Nicaragua y que se extendió incluso más allá de mediados del siglo XIX.

Pese a lo anterior, casi dos siglos después de la anexión del Partido de Nicoya al territorio costarricense, se escuchan voces, de manera intencionada o por desconocimiento del pasado, que refieren a esta efeméride de manera equivocada. Con lo cual no solo se desconoce el pasado, sino que se crea confusión en el presente.

 

Claudio Vargas Arias
Director de la Escuela de Historia, UCR

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Proyecto UNA ayuda a fortalecer y visibilizar grupos de resistencia

La Universidad Nacional, desde la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, a través del proyecto de extensión: “Educaciones, espiritualidades y resistencias: hacia pedagogías de la esperanza”, se ha acercado y hecho camino junto a algunos grupos en situación de resistencia con el propósito de visibilizar las distintas formas en que se expresa sus luchas.

Este proyecto tiene como objetivo animar la conformación de una Red Centroamericana de Resistencia que permita a los grupos en resistencia encontrarse, apoyarse mutuamente y aprender unos de otros a través del intercambio de experiencias. Todo esto bajo los principios de la red: complementariedad, solidaridad, decolonialidad, interculturalidad, conversación y centroamericanidad.

Para llevarlo a cabo participan, María Cecilia Leme y José Mario Méndez, académicos de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión; Jenny Rojas, en condición de estudiante asistente; el doctorando Oscar Fernández, en condición de pasante; y Márcio Adriano de Azevedo, del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Brasil, quien a partir de este proyecto realiza su investigación posdoctoral.

Hacia pedagogías de la esperanza

Para entender el trabajo y contexto de estos grupos, se debe decir que, en Centroamérica, existen diversas formas de violencia, injusticia y discriminación, que no solo persisten, sino que se agudizan. Es por eso por lo que las personas toman conciencia de esas violencias y de las posibilidades de salir de ellas si se organizan, reflexionan, generan alianzas con otras personas y grupos que también luchan por el reconocimiento de sus derechos.

“Los grupos en situación de resistencia son también espacios de aprendizaje, cada grupo inventa estrategias para transformar la realidad y compartir saberes. Se trata de pedagogías locales, contextuales, generadas para enfrentar problemas, para superar violencias. Se trata de verdaderas pedagogías locales”, comenta el académico Méndez.

Para Méndez, las luchas de los grupos en resistencia están animadas por espiritualidades liberadoras, esperanzadoras. A su vez, señala que el acompañamiento no se hace para enseñarles a resistir, ni a educar, en eso los grupos son expertos, se hace para contribuir al fortalecimiento del caminar y de las luchas de los grupos.

Entre los grupos participantes están: Grupo de Apoyo a Familiares y Amigos de la Diversidad Sexual (GAFADIS); Proyecto: Voces visibles; Colectiva Caminando; Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCeiba); Asociación ambiental del norte de San Rafael de Heredia (Conceverde); Fundación Corcovado; Asociación Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses; Asociación de mujeres Afro del Caribe (Amaccr); Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade); Asociación Mano de Tigre; Mujeres del maíz, Nicoya, Guanacaste; Asociación de mujeres productoras de San José de Upala, Construyendo fortalezas; Red de Mujeres Rurales de Costa Rica; y Asociación Tinamaste.

También, a nivel centroamericano, se han sumado a esta red: Ajkemab Rech K’aslemal (Tejedores de Vida), Guatemala; Asociación Mujeres Unidas para el Desarrollo de África, (AMUDA); Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco (MUINA), El Salvador; Asociación Colectivo de Voluntariado Uno más, El Salvador; y Cunas Náhuat, El Salvador.

Los encuentros entre los grupos beneficiarios de esta red han permitido tener un conocimiento de lo que otros grupos hacen en diferentes contextos y situaciones adversas, realizar un intercambio de experiencias y de estrategias de transformación social, la identificación de áreas comunes de formación desde la condición de grupos en resistencia, y brindarse el apoyo mutuo de los grupos en sus procesos formativos.

Para Mariana Porras, como participante del grupo COECOCeiba, siempre han valorado el aporte que dan las universidades públicas como acción social. “Este espacio cuenta con la experiencia de personas en el trabajo con comunidades, organizaciones, y el poder trabajar diferentes temas que son muy relevantes”, acotó.

Por otra parte, Olinda Bravo, de la Red de Mujeres Migrantes Nicaragüenses, formar parte de esta experiencia con otros grupos les ha permitido visibilizar el trabajo que hacen. “Para nosotros como personas migrantes fue súper bonito e importante esta invitación, ya que hemos podido dar a conocer las experiencias que desarrollamos en las comunidades”, indicó.

Experiencia intercultural de comensalidad con el grupo Mujeres del Maíz, en Moracia de Nicoya.

Resultados y planes

Como parte del proyecto, dentro de los resultados, se realizó el documental: “Historias de Resistencias, educaciones y espiritualidades”, en colaboración con la Red de Interculturalidad y la Rectoría Adjunta de la UNA. Según Méndez, se está promoviendo el uso de este documental en procesos educativos-sociales, como un generador de diálogo, de reflexión y de compromiso social. Está disponible en YouTube, de tal manera que pueda ser utilizado como insumo en procesos de formación de diferentes grupos en América Latina. Véalo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=ArLLLUtLFqw

En la actualidad del proyecto, se está construyendo con la ayuda de una estudiante asistente de la UNA, una caja de herramientas para resistencia, que fortalecerá los procesos formativos de los diferentes grupos en situación de resistencia.

Además, Méndez comentó que, en julio del año 2024, la UNA será sede del primer seminario Centroamericano de resistencias, en el que tendrán participación todos los grupos que forman parte de esta Red, de lo cual se espera sea un espacio intenso de convivencia, aprendizaje y reforzamiento de los grupos.

Conozca más sobre la Red Centroamericana de Resistencia y cómo formar parte de ella aquí: https://sites.google.com/view/red-ca-de-resistencia/

Visita al Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco (MUINA), El Salvador.

Sindicatos y Alcaldía de Tibás alcanzan acuerdo para respetar la Convención Colectiva

ANEP. Durante la negociación desarrollada en la sede del Concejo Municipal de Tibás, se le detalló, por parte de la ANEP, a la Alcaldía Municipal y asesores, el por qué la convección seguía vigente, y la misma no violenta lo establecido tanto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ni la Ley Marco de Empleo Público.

La reforma del sector salud en Colombia: una oportunidad para desarrollar organización y mostrar resultados en perspectivas

Invitación

Diálogo Abierto. (Cátedra Waldo García) y La Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace – GAMIP América Latina y el Caribe

Tema:

«La reforma del sector salud en Colombia: una oportunidad para desarrollar organización y mostrar resultados en perspectivas».

Expositor: Miguel Ángel Sobrado

Sociólogo costarricense, con especialidad en la metodología de capacitación organizacional moraiseana. Ha trabajado durante más de 4 décadas como profesor universitario y en la promoción y desarrollo de empleo e ingreso a través de cooperativas y asociaciones de autogestión. Catedrático en la Universidad Nacional de Costa Rica. Costa Rica.

Jueves 27 de julio

8 pm Chile – Bolivia.

6 pm México.

7 pm Colombia – Perú.

9 pm Argentina, Uruguay, Brasil

Nuestro Sitio WEB: https://lnkd.in/eEwuehh

LINK DE CONEXIÓN: https://lnkd.in/eWQJd96A

Patrocinan: Cátedra Waldo García, ChileUfú, Gamio América Latina y el Caribe, Prisma LA, Fundación CIAPE Educación y Tecnologías y Cátedra Alfredo Mol

CONARE se solidariza con la comunidad estudiantil universitaria y repudia violencia verbal del presidente Rodrigo Chaves Robles

Ante los eventos acontecidos este martes 25 de julio de 2023, en Nicoya, CONARE se solidariza con la comunidad estudiantil universitaria y repudia, una vez más, la violencia verbal y el irrespeto a los derechos constitucionales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles.

25 de julio del 2023.  Este 25 de julio de 2023, decenas de estudiantes universitarios fueron retenidos en las inmediaciones de la iglesia nueva de Nicoya, espacio público donde se realizarían los actos propios de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.

Un contingente de elementos de la Fuerza Pública los retuvo por espacio de una hora para que no ejercieran sus libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.

Desde el CONARE denunciamos con absoluto repudio este accionar del Gobierno propio de un régimen autoritario y con tintes dictatoriales, lejano de nuestra tradición democrática. La manifestación pública es un derecho ciudadano, contemplado en nuestra Constitución Política, instrumento capital de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho. Con suma preocupación vemos como de manera sistemática y consecuente el Gobierno a través del presidente Chaves Robles, ejerce acciones que minan la democracia, en este caso hacia nuestra juventud, acompañadas de una violencia verbal desbordada, ajena a toda tradición pacifista y de tolerancia, insignia irrefutable de esta Patria querida.

Al referirse a los estudiantes universitarios costarricenses como “esbirros”, el señor presidente los equipara con delincuentes violentos que actúan por medio de un pago. Condenamos enérgicamente estas palabras, porque estos jóvenes son el presente y el futuro de Costa Rica, los hijos y las hijas de esta tierra de gente honrada, trabajadora, resiliente y decente. A ellos y ellas nos debemos las Universidades Públicas y la dignificación de estos hombres y estas mujeres es nuestro compromiso con el país.

Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia como forma de Gobierno.

En plena negociación del FEES, el presidente nuevamente hace declaraciones públicas desafortunadas, deslegitima a la Comisión de Enlace al burlarse del proceso de negociación, irrespetando no solo a los rectores, a la rectora y a la representación estudiantil negociante, sino a sus propias ministras y ministro que vienen trabajando para llegar a un acuerdo.

Señor presidente, honrando una vez más nuestra idiosincrasia, siendo que representamos al sector educación de este país, nuevamente le instamos al respeto, al diálogo y al rechazo determinado a toda forma de violencia verbal, física y simbólica.

Don Rodrigo Chaves Robles una al pueblo de Costa Rica, no lo polarice.

FEUNA apoya a manifestación contra pruebas estandarizadas

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) en apoyo a la comunidad estudiantil de secundaria se une al llamado de la “Manifestación en contras de las pruebas estandarizadas”, que se llevará a cabo este jueves 27 de julio de manera pacífica en San José, de la Fuente de Hispanidad hacia la Asamblea Legislativa; en Heredia, de la Universidad Nacional hacia la Regional de Heredia; y el viernes 28 de julio en Guápiles.

Pronunciamiento

Desde la comunidad estudiantil de colegios académicos, técnicos, diurnos y nocturnos de todo el país nos pronunciamos con preocupación sobre la crisis que atraviesa nuestro sistema educativo, expresamos públicamente nuestras inquietudes sobre la implementación de la nueva Prueba Nacional Estandarizada, la cual fue anunciada el 2 de febrero del 2023 mediante un decreto ejecutivo que modificó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para crear esta prueba.

Estas pruebas son una evidencia más de la crisis que atraviesa nuestro actual sistema educativo ante las reducciones presupuestarias que se realizaron desde el actual gobierno y ante la falta de una “ruta” por parte de la ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro, quien es incapaz de mostrar acciones concretas que atiendan la realidad que atravesamos las personas estudiantes del país. El sistema educativo actual profundiza cada vez más las brechas de la desigualdad, nos encontramos recibiendo clases en centros educativos precarios, por lo que estas pruebas reproducen este sistema desigual, precarizador y discriminatorio.

Este jueves 27 de julio estamos convocando a una manifestación que tendrá lugar en diferentes puntos del país, nuestros motivos para movilizarnos son:

  1. Cambios abruptos en la metodología de aplicación: en un lapso de menos de seis meses hemos experimentado un cambio en la metodología de aplicación de las pruebas. La planificación inicial sugiere una única prueba que abarcara todas las materias básicas, pero recientemente se anunció que se realizará una prueba individual de cada materia. Esto demuestra la falta de claridad por parte del Ministerio de Educación sobre la aplicación de las pruebas.
  2. Información insuficiente y poco clara: no ha existido información precisa, clara y completa tanto para nosotras las personas estudiantes como para el personal docente, sobre la aplicación de las pruebas y los cambios realizados; esto ha generado vacíos para la preparación de las pruebas en los diferentes planes de estudio.
  3. No se consideran casos especiales: las pruebas y la falta de una metodología clara no involucra estudiantes con situaciones particulares y especiales, lo cual les ha afectado su rendimiento académico y su acceso a la educación superior.
  4. Retraso en la entrega de los resultados individuales: en abril realizamos un simulacro de las pruebas y, hasta la fecha actual no se ha generado ningún resultado sobre las mismas, esto impide tener un resultado claro sobre las pruebas, identificar las áreas de mejora y preparación para las pruebas oficiales.
  5. Implementación sin criterio profesional ni fundamento: estas pruebas carecen de fundamentos técnicos, pedagógicos y académicos, se han llevado a cabo sin proporcionar herramientas constructivas para el proceso educativo, sobre este punto se han manifestado la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y Sindicatos de Educación como el SEC.
  6. Centros Educativos sin recursos: existen centros educativos en los que la falta de recursos debido a los recortes al presupuesto del MEP, es un impedimento para estas pruebas ya que no hay material tecnológico suficiente para cubrir a la cantidad de estudiantes como tampoco capacidad para imprimir los exámenes, siendo el presupuesto del 2023 un 5,4% alejándose cada vez más del 8% constitucional. Esto se agrava con la última modificación del segundo presupuesto extraordinario en el que se trasladaron 1300 millones de educación a seguridad.
  7. Consideramos que estas pruebas dejarán por fuera a gran cantidad de la población de poder acceder a la educación superior estatal, ya que generan desigualdades, ejercen presiones académicas, presentan sesgos culturales y lingüísticos, y limitan el enfoque educativo. Es fundamental que el sistema educativo busque alternativas más inclusivas y equitativas que respeten la diversidad de los estudiantes y promuevan un desarrollo integral de sus habilidades y conocimientos.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Asociación del Territorio indígena de Kéköldi exige consulta de Plan Regulador de Talamanca

  • Presenta amparo por falta de consulta que fue acogido por la Sala Cuart

  • Demandando anular todo lo actuado por la Municipalidad de Talamanca

  • Llaman a la solidaridad de los otros territorios del país

La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK) emitió su posición sobre la Propuesta de Plan Regulador Costero del Distrito Cahuita impulsado por la Municipalidad de Talamanca. Como autoridad representativa del Pueblo indígena de Keköldi, ADITIK demanda a la Municipalidad de Talamanca “iniciar el proceso de consulta bajo las condiciones aquí planteadas, elaborar junto a nosotros un plan de consulta a la comunidad indígena de Keköldi”.

Signia Villanueva Morales, Clan Yeyewak presidenta de ADITIK y lideresa del Territorio Indígena Kéköldi mediante un video (adjunto) denunció que “este Plan Regulador va a tener un impacto en nuestras tierras y nosotros como pueblos indígenas que vivimos desde hace muchos años en nuestros territorios, estamos nuevamente siendo afectados por una decisión que siempre es tomada por otras personas que tienen más poder y que se posicionan en nuestras tierras. Hacemos un llamado como personas indígenas, esto es por nuestro futuro, nos levantamos en contra de este Plan Regulador”.

Para la organización ADITIK, la Municipalidad “ha elaborado una Propuesta de Plan Regulador Costero, afectando al Pueblo Indígena Bribri de Kekoldi violentando nuestros derechos sobre la tierra y la consulta bajo el Principio del Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI), ambos aspectos tutelados por el convenio 169 de OIT, la Declaración de Pueblos indígenas de las Naciones Unidas (DPI-ONU), fallos de la sala IV y resolución N° 04507-2019 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre la tierra en Cocles”.

Ante este hecho han iniciado “la defensa de nuestros derechos con la presentación de un recurso de amparo bajo el expediente No. 23- 016445-0007-CO el cual fue acogido por la Sala IV”.

Debido a la falta de consulta, estos visualizan afectaciones en su territorio como: “El desconocimiento u otorgamiento de derechos a favor de terceros y planes de desarrollo para las tierras de Kéköldi, que la Sala Primera ha ordenado al Estado devolverlas al Pueblo de Kéköldi, agudizará la problemática jurídica, social, cultural y ambiental de estas tierras”.

También aseguran que “al ser aplicado un Plan Regulador en el Distrito de Cahuita donde está nuestro Territorio, lo planteado en dicho plan tiene implicación directa en el derecho de nuestro pueblo en definir nuestro propio desarrollo, (Art#3 DPI-ONU)”.

Además, señala una posible afectación a sitios de importancia para otros territorio indígenas cercanos, pues al afectarse “los ecosistemas de Manglares de la Costa, y teniendo muy cerca la desembocadura del río Sixaola, que se alimenta de los ríos Yorkin, Uren Lari, Coen y Telire todos ellos fuente vital de los medios de vida los indígenas Bribris y Cabecares de Alta Talamanca, el potencial desequilibrio de este ecosistema, pondrá en peligro los micro ecosistemas de estos ríos, teniendo una afectación directa al pueblo Bribri y Cabécar de Alta Talamanca a quienes también deberían consultarles”.

Señalan que “la Municipalidad al querer aprobar el Plan Regulador, sin el más mínimo criterio de consulta al Pueblo Bribri de Kéköldi y eventualmente a los de Alta Talamanca ha violentado el derecho fundamental de nuestros pueblos de una consulta bajo el principio del CPLI”.

Ante estos hechos, exige “que se anule todo lo actuado y trabajado para este Plan Regulador de la Municipalidad de Talamanca y se construya un verdadero proceso con los y las afectadas especialmente con el Territorio Indígena de Kekoldi, bajo el principio del CPLI. El principio del CPLI implica y se reconoce internacionalmente los siguientes aspectos a trabajar”.

ADITIK exige “derecho a conocer y comprender todos los estudios técnicos para el plan regulador, el cual debe ser expuesto en nuestra lengua indígena y la utilización de mediadores culturales, en este apartado tenemos el derecho como Pueblo de elaborar nuestros propios estudios técnicos o solicitar asesoría especializada a profesionales de nuestra confianza”.

Además de “realizar la consulta a la comunidad indígena bajo nuestro procedimiento de diálogo Siwä Pakök (Dialogando sobre conocimiento) con el derecho que nos ampara de elegir mediadores culturales que logren interpretar el sentir de la población con relación a lo propuesta del Plan Regulador”. Con respeto “a que los tiempos culturales indígenas no son los tiempos de ley, por lo tanto, tenemos el derecho a analizar hasta que logremos comprender y emitir un criterio positivo, negativo o de solicitar más información o estudios sobre lo consultado”.

Finalmente comunican a “hermanos y hermanas del Pueblo Bribri y Cabécar de Alta Talamanca, del Caribe y todos los 24 territorios indígenas del País, hacemos un llamado a solidarizarse con nuestra lucha una lucha por nuestras tierras, por nuestros derechos al desarrollo propio a la protección de Iriria la madre tierra y la protección de las futuras generaciones de nuestros pueblos”.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Kioscos Ambientales UCR

Servicio de transporte público, modalidad autobuses. Calidad vs costo

El canal 9, TV Sur, transmitió en vivo un conversatorio con el presidente de la Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos ADSP, Renier Canales Medina para discutir sobre el servicio de transporte público modalidad, autobuses. Calidad  VS COSTO.

Reiner Canales nos expone los principios y leyes que rige el servicio de transporte público modalidad autobuses, asimismo, los vacíos y las escasas regulaciones que dan paso a que se incumplan lo establecido por la ley y que el servicio sea ineficiente.

Diversos factores como carreteras, horarios, unidades, atención y la consideración hacia los usuarios, especialmente hacia los adultos mayores, parecen estar contribuyendo a un pésimo servicio. Para escuchar el conversatorio ingrese a: https://fb.watch/lWSX2tOrfG/?mibextid=nU6edR  

 

Compartido con SURCOS por Renier Canales Medina.

Imagen ilustrativa.