M.Sc. Rodrigo Arias López. Máster en Matemática Actuarial
En esta entrega muestro resultados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del período 2008-2022 y en lo sucesivo compararé varias variables de este seguro con las proyectadas y publicadas por expertos de OIT en el año 2010, quienes se esforzaron por demostrar que en la CCSS no había maquillistas y que el IVM era sostenible hasta más allá del año 2038. En estos dos enlaces pueden comprobar lo dicho: Bonilla y Velazco y si alguien desea ver más, dejo aquí las partes VI y V. En adelante citaré al informe de la OIT de 2010 como OIT-2008, pues es con corte al 31/12/2008; a sus autores y promotores los identificaré comoexpertos de OIT.
Observen en el Cuadro N° 1 lo que hicieron los políticos y los gobiernos de turno con el principal régimen de pensiones de Costa Rica, con la colaboración de los expertos de OIT. Noten como desde el año 2009 los aportes no alcanzan para pagar los gastos o beneficios; pero los expertos de OIT decían que eso ocurriría hasta en el año 2022.
Cuadro N° 1. Balances del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS 2008-2022
(millones de colones)
Decían esos técnicos que los excedentes del IVM (columna (5) del Cuadro N° 1) serían negativos hasta en el año 2038, por lo que los costarricenses debíamos estar tranquilos; sin embargo, les recuerdo lo que hicieron los políticos para evitar que eso sucediera 15 años antes de ese año. Primero eliminaron en el año 2013 el retiro anticipado penalizado que habían creado en el año 2005. Segundo, aumentaron las cuotas un 1,66% sobre los salarios en 2015 y 2017 (0,66% al Estado y 1% a los trabajadores). Tercero, toparon en 2018 la base mínima contributiva en un 87% del salario mínimo para evitar aumentar las pensiones mínimas. Cuarto, en ese mismo año adelantaron dos años el aumento de los aportes del 0,5% sobre los salarios. Quinto, a partir de 2019 eliminaron la costumbre histórica de realizar reajustes semestrales por inflación a los montos de las pensiones. Sexto, los reajustes que hacen los pagan hasta después de un año.
Es posible que aún algunos lectores se pregunten como llevaron al IVM a ese estado, por lo que refresco como lo hicieron. Primero, dejaron la cuota de IVM fija en 7,5% durante 63 años a pesar de los siguientes hechos: En 1950 el actuario Cecil Nesbitt advirtió a la Junta Directiva de la CCSS que esa cuota era deficitaria. En 1967 IVM inició el pago del aguinaldo, aumentando el gasto un 8,33%. En 1976 IVM aumentó su costo un 13,75% pagando el seguro de salud a los pensionados. Alrededor de 1980 bajaron las edades de retiro por vejez hasta la edad de 55 años. La esperanza de vida al nacer aumentó de 50 años hasta los 80 años a partir de 1980. Segundo, la alta evasión y morosidad, principalmente del Estado (ver columna (6) del Cuadro N° 1). Tercero, desde hace varias décadas al IVM le quitan un 7,5% sobre los salarios, contraviniendo el artículo 73 constitucional y los artículos 32 y 43 de la Ley constitutiva de la CCSS. Ese desvío es superior a ¢900 mil millones por año. El IVM hoy debería tener en reserva más de ¢60 billones; pero pueden ver en la columna (7) del Cuadro N° 1, que solamente tiene ¢3,3 billones.
Muestro en el Gráfico N° 1 la tasa de cobertura (TC) de IVM sobre la Población Económicamente Activa (PEA) comparada con la utilizada en OIT-2008. Esta tasa es una hipótesis que los actuarios deciden cuando elaboran el estudio, con base en estadísticas y criterio propio. La TC multiplicada por la PEA nos da la cantidad de cotizantes esperados en cada año de la proyección; de ellos dependen los ingresos y los gastos futuros, por eso el actuario debe tener mucho cuidado al escogerla. A fin de que la comparación sea válida, en el Gráfico N° 1 utilicé en ambos casos la PEA usada en OIT-2008. Según los expertos de OIT la TC de IVM aumentaría de 65% en 2009 hasta un 82% en 2030, lo cual a todas luces era una hipótesis imposible, tomando en cuenta que desde hace más de una década el desempleo ronda el 10%; un 5% de la PEA cotiza para otros regímenes de pensiones; un 3% de la PEA es de adultos mayores; otro 3% de la PEA es asalariada ocasional; un 9% o más de la PEA es de trabajadores independientes que evaden cotizar, sin dejar de mencionar la pobreza y extrema pobreza. Es decir, por lo menos un 30% de la PEA estaría prácticamente excluida, por lo cual, cualquier hipótesis razonable de cobertura no debería superar el 70% en el largo plazo.
Por ejemplo, para el año 2022 la hipótesis de TC usada en OIT-2008 fue 77,9% y se observó un 64,6%, o sea, 13,3% menos de cobertura. Dicho de otro modo (ver Gráfico N° 2), la OIT asumió que en el año 2022 el IVM tendría 1.979.800 cotizantes; pero solo tuvo 1.641.370, es decir, 338.430 menos. ¿Cuánto significa esto en cuotas o colones? Lo veremos en otras entregas.
Un poquito de información sobre el equipo de Anthony Contreras. Es el RIGA F. C., mejor equipo de Letonia, país de 64.500 km2, con un litoral de 500 km al mar Báltico, con límite marítimo frente a Suecia.
Letonia tiene menos de dos millones de habitantes (un 26% de origen ruso), y Riga, su capital, tiene un centro histórico Patrimonio Mundial, declarado por la Unesco, unos 700. 000 habitantes.
Su economía se basa en los servicios (68%) y un 24% en la industria, principalmente. Por su belleza, su turismo se acerca a los dos millones de visitantes anuales.
Obtuvo su independencia en 1991, con el fin de la era soviética. Su sistema de Gobierno es parlamentario. Riga, la capital de Letonia, «Capital Europea de la Cultura», se ubica en el mar Báltico, con varios museos y salas de conciertos. La ciudad antigua, exclusivamente peatonal, tiene muchas tiendas y restaurantes y cuenta con la ajetreada Plaza Livu, con vistosos bares y clubes nocturnos.
Un Consejo de Ministros del partido Socialdemócrata, conforman la rama ejecutiva, cuyas sesiones son públicas.
Sobre el equipo de Contreras, hay asuntos de mucho interés. Aunque el hockey sobre hielo y el baloncesto son los deportes más populares de los letones, la comunidad rusófila es la más interesada por el fútbol.
Nuestro compatriota estará encontrando una gran competencia en el Riga F. C., principalmente en los jugadores extranjeros. Hoy juegan en su equipo tres brasileños, dos peruanos, tres croatas, tres congoleses, dos ucranianos, tres serbios, un checo, un español, un portugués, complementados por once letones.
Bonito reto tiene Anthony Contreras, que estamos seguros sabrá enfrentar dando el máximo esfuerzo.
Está tratando de hacer atropelladamente audiencia sin entregar documentos y dar tiempo de revisarlos
La comunidad se manifestará el próximo 26 de julio en Caravana y marcha en Bribri
Las fuerzas vivas que cuestionan el Plan Regular Costero (PRC) interpusieron un amparo contra la Municipalidad alegando la violación al derecho de petición y pronta resolución, y derecho de acceso a la información administrativa. El recurso, el cual se tramita bajo el expediente número 23-016185-0007-CO, fue admitido por la Sala Constitucional el 13 de julio del 2023.
Solicitan que la Sala ordene al Concejo Municipal a brindar las respuestas correspondientes a una nota presentada el día 20 de junio del 2023, con el fin de contar con todos los antecedentes necesarios para la participación adecuada de la comunidad en el proceso. Además, que “se ordene al Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca la suspensión de la audiencia pública programada para el 4 de agosto hasta tanto no pueda garantizar el resguardo y la efectiva tutela de los derechos constitucionales a la participación ciudadana”.
La municipalidad inició una serie de reuniones informativas de cara a la audiencia sobre el plan regulador, donde muchas personas se fueron enterando de los riesgos e irregularidades que tiene dicha propuesta. Por eso comenzaron a organizarse para estudiar y cuestionar la propuesta municipal y solicitar toda la información del proceso como: actas del Concejo Municipal, declaratoria de aptitud turística o no turística, mapa georreferenciado, declaratoria de Patrimonio Natural del Estado emitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), detalle de cómo se incluyó la variable ambiental, viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, matriz de vulnerabilidad hidrogeológica, evaluación de los índices de fragilidad ambiental, copia del expediente administrativo completo del proceso y otra serie de información relevante para poder fundamentar las posiciones.
Las personas de la zona están informado a la Sala Constitucional que la Municipalidad ha incumplido los requisitos establecidos en el Manual de elaboración de planes reguladores costeros y que se debería convocar a “un grupo de trabajo que contemple, de manera justa y balanceada, a todos los sectores de la sociedad civil con el fin de revisar a fondo la propuesta planteada y enmendar el proceso de elaboración del PRC”.
El 21 de junio del 2023, durante la sesión ordinaria número 161 del Concejo Municipal, se acordó trasladar la consulta realizada por vecinos a la Comisión de Plan Regulador de Talamanca.
Originalmente la audiencia pública fue convocada para el día 7 de julio del 2023 pero fue trasladada al 4 de agosto, para los vecinos “queda claro que ya para este momento la Municipalidad no contaba con el plazo suficiente para realizar la convocatoria de manera correcta”, argumentan en el recurso.
A pesar de no contar con la respuesta del Concejo Municipal, la comunidad ha continuado el trabajo articulado de revisión del PRC utilizando la información disponible, la cual se encuentra dispersa entre instituciones públicas como la SETENA, el ICT, el INVU y la Municipalidad; y aquella obtenida mediante el acceso a la memoria histórica de los grupos de ciudadanos organizados.
Las personas de la zona argumentan que “tenemos cada vez mayor certeza de que el PRC presenta grandes incongruencias e ilegalidades, las cuales deben ser analizadas a la luz de la información administrativa, científica y técnica que debe respaldar este tipo de procesos”.
Las comunidades se movilizarán el próximo miércoles 26 de julio saliendo en caravana vehicular hacia Bribri y luego una caminata hacia la sesión municipal de las 5 de la tarde donde solicitarán que se posponga la audiencia municipal convocada para el 4 agosto próximo.
Es cierto colega Álvaro. El articulista Raúl Ramírez Tovar, que debe ser un abogado colombiano demócrata, tiene razón en su artículo «Lo que la prensa calló de La Haya».
Esos(sic) abogados, de pésimo desempeño jurídico exprimieron durante 30 años tal litigio. Sus honorarios fueron escandalosos en dólares. Cómodamente convinieron con equipos jurídicos de abogados internacionales jugosos contratos de servicios que sangraron al erario Nacional. Alegaban que requerían de la «asistencia técnica», internacional. Quedaron requetemal en el Foro Jurídico Académico Internacional. No lo sostengo yo solo.
Personalmente gasté «horas nalgas» «dándole seguimiento” a las Audiencias de Trámite y de Alegatos durante 20 años a ese litigio Nicaragua – Colombia. Lo conozco como el que más. No existen textos a consultar de los aportes técnicos de los tales calificados abogados internacionales. Y de los aportes, como doctrina jurídica internacional, de esos litigantes, no alcanzan para sustentar un curso universitario para estudiantes en cátedras de Derecho Internacional y vernáculo.
Los abogados colombianos de los tres gobiernos proclives a la geopolítica del imperio del año 2000 al año 2022, demostraron que, así como la Nación internamente pierde las demandas en su contra por falta de defensa, también se perdió (o perdieron ellos) la demanda de Nicaragua contra Colombia, que culminó con la sentencia de 2012 en la que luego de la desmembración de Panamá perdimos mar territorial por 75.000 Km2.
Pese a existir una Defensa Jurídica del Estado se multiplican en miles las demandas contra la Nación, convirtiéndose esa Oficina en perseguidora de los litigantes colombianos. Ni uno solo de esos abogados les calificaba, para si buscar Abogados y/o «técnicos» extranjeros muy bien requete pagos.
Eso constituye una bofetada a las escuelas de derecho nacionales. En mis escritos sobre análisis de esa sentencia condenatoria contra Colombia en el año 2012, resalto en el aspecto litigioso que el equipo de abogados nacionales confundió o pensaron que estaban litigando en estrados colombianos y con normativa procedimentales internas.
Al Acto Acusatorio y de Pretensiones nicaragüense, lo calificaron o denominaron «Demanda» y súpito observé que conforme al tecnicismo en derecho internacional que se denomina réplicas a lo pretendido por el Estado reclamante, los abogados criollos lo llamaron «Contestación de la Demanda» de Nicaragua. Es decir, como si estuvieran ante cualquier Juzgado del Circuito de Ocaña… Y peor aún: procedieron a contestar cada uno de los puntos del calificado acto de pretensiones nicaragüense, con el lánguido: «es cierto», «no es cierto», «no nos consta», «que se pruebe». Por favor, en el argot del litigio internacional no existe tal escenario.
Jamás, esa valiosa oportunidad procesal de defensa, además de compleja, era de enorme valor en el manejo, sobre todo de la oralidad. Implicaba algo creativo y fundamental. Por ello insisto en el criterio jurídico, visión sólida y formativa de un jurista. Tamaña ridiculez que dejó mal parado la otrora majestad de los jurisconsultos colombianos.
De igual manera redacté, en artículo anterior, mi experiencia cuando en mi desempeño en escenarios académicos internacionales, verifiqué – hacia finales de 1994 -luego de una visita a la Biblioteca de la Universidad de Managua-, que en el pensum académico de los estudios de Derecho incluían una materia denominada «Litigios fronterizos con la República de Colombia». Ello me alarmó como colombiano y me animé a escribir una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia exponiendo esa situación y la inminencia de demandas contra Colombia. Resaltaba que era egresado de la Facultad Nacional de Derecho y que mi profesor de Derecho Internacional lo fue el Dr. Diego Uribe Vargas. Pues como corresponde a las peticiones civilizadas de un Pedro Pueblo colombiano en el exterior, mi información no fue acatada.
De tal manera – colega Álvaro – y por su intermedio a todo el cuerpo de abogados y abogadas colombianas, analicemos con beneficio de inventario la última sentencia del Tribunal de La Haya a favor de Colombia. Aportemos desde nuestras organizaciones sociales profesionales pues estamos en mora de contar con un Colegio Único Oficial de Colegiatura de Abogados y Abogadas en Colombia, para contribuir, en el escenario de la diplomacia internacional, en la búsqueda definitiva y de respeto a la auto determinación de los pueblos y que conlleve a la sana armonía y convivencia con el aguerrido y luchador pueblo nicaragüense y en aval a la autonomía e independencia del imperio, de ambos pueblos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR) / Contacto: nboeglin@gmail.com
Este 13 de julio, la Corte Internacional Justicia (CIJ) dio a conocer su decisión con relación a las pretensiones de Nicaragua frente a Colombia en el Mar Caribe, al solicitar extender sus derechos en su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas (véase texto de la sentencia en francés y en inglés).
Se trata de la respuesta del juez internacional a la demanda planteada por Nicaragua en septiembre del 2013 (véase texto completo). Los 10 años que separan ambos textos se deben en gran parte a las excepciones preliminares presentadas por Colombia en el 2014, intentado sustraer de la competencia de la CIJ la discusión sobre el fondo (véase decisión de la CIJ sobre excepciones preliminares de marzo del 2016, rechazando los alegatos sobre incompetencia de Colombia).
El contenido de la sentencia en breve
En la parte dispositiva (párrafo 104) de la sentencia escuchada este 13 de julio del 2023, se lee que la Corte:
«1) Par treize voix contre quatre,
Rejette la demande par laquelle la République du Nicaragua la prie de dire et juger que sa frontière maritime avec la République de Colombie, dans les zones du plateau continental qui, selon la République du Nicaragua, reviennent à chacune au-delà de la frontière fixée par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, suit des lignes géodésiques reliant les points 1 à 8 dont les coordonnées figurent au paragraphe 19 ci-dessus ; /…/
2) Par treize voix contre quatre,
Rejette la demande par laquelle la République du Nicaragua la prie de dire et juger que les îles de San Andrés et Providencia ont droit à un plateau continental jusqu’à une ligne constituée d’arcs de 200 milles marins partant des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale et reliant les points A, C et B dont les coordonnées figurent au paragraphe 19 ci-dessus; /…/
3) Par douze voix contre cinq,
Rejette la demande de la République du Nicaragua portant sur les droits à des espaces maritimes générés par Serranilla et Bajo Nuevo. /…/
…/…
(1) By thirteen votes to four,
Rejects the request made by the Republic of Nicaragua that the Court adjudge and declare that the maritime boundary between the Republic of Nicaragua and the Republic of Colombia in the areas of the continental shelf which, according to the Republic of Nicaragua, appertain to each of them beyond the boundary determined by the Court in its Judgment of 19 November 2012 follows geodetic lines connecting the points 1 to 8, the co-ordinates of which are referred to in paragraph 19 above; /…/
(2) By thirteen votes to four,
Rejects the request made by the Republic of Nicaragua that the Court adjudge and declare that the islands of San Andrés and Providencia are entitled to a continental shelf up to a line consisting of 200-nautical-mile arcs from the baselines from which the breadth of the territorial sea of Nicaragua is measured connecting the points A, C and B, the co-ordinates of which are referred to in paragraph 19 above; /…/
(3) By twelve votes to five,
Rejects the request made by the Republic of Nicaragua with respect to the maritime entitlements of Serranilla and Bajo Nuevo» /…/
Dos preguntas resueltas por la negativa
Como tuvimos la oportunidad de indicarlo (véase nuestra nota anterior), de manera inusual la CIJ ordenó en octubre del 2022 a los dos Estados dedicar sus alegatos a responderle dos preguntas muy precisas con relación a una pretendida costumbre internacional invocada por Nicaragua para exigir derechos en su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas..
Las audiencias finales se celebraron en diciembre del 2022 y ambos Estados concentraron sus alegatos en ambas.
En su decisión del 13 de julio del 2023, la CIJ responde por la negativa a la primera pregunta, al indicar en el párrafo 79 que:
«79. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que, en droit international coutumier, le droit d’un État à un plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale ne peut pas s’étendre à des espaces maritimes en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État.»
../..
In view of the foregoing, the Court concludes that, under customary international law, a State’s entitlement to a continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured may not extend within 200 nautical miles from the baselines of another State«.
Por otra parte, con relación a la segunda pregunta, en el párrafo 82 leemos que:
«82. Il résulte de la réponse donnée par la Cour à la première question que, quels que soient les critères selon lesquels est établie la limite extérieure du plateau continental étendu auquel un État a droit, ce plateau continental étendu ne peut pas chevaucher la zone du plateau continental qui est située en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État. En l’absence de droits concurrents sur les mêmes espaces maritimes, la Cour ne peut procéder à une délimitation maritime (voir le paragraphe 42 ci-dessus). Dès lors, point n’est besoin pour elle de se prononcer sur la seconde question.
../..
It follows from the Court’s answer to the first question that, regardless of the criteria that determine the outer limit of the extended continental shelf to which a State is entitled, its extended continental shelf cannot overlap with the area of continental shelf within 200 nautical miles from the baselines of another State. In the absence of overlapping entitlements over the same maritime areas, the Court cannot proceed to a maritime delimitation (see paragraph 42 above). Consequently, there is no need for the Court to address the second question».
Es de notar que esta sentencia viene acompañada de varias opiniones individuales separadas (tres en total), opiniones disidentes (cuatro) y de una declaración, lo cual evidencia el intenso debate intra muros que se dio entre los integrantes de la CIJ. Tomando en cuenta el hecho que la sentencia de la CIJ como tal no sobrepasa las 35 páginas, resulta de interés la lectura de la extensa opinión disidente del juez eslovaco (véase texto) y la de la jueza australiana (disponible aquí), así como la opinión separada elaborada por la jueza china (véase texto).
Es de notar que en luego de la emitirse la ordenanza de la CIJ del 4 de octubre del 2022 (véase texto en francés y en inglés), Colombia procedió a cambiar a parte de su equipo legal (véase nota de prensa de Semana al respecto del 25/10/2022). Mientras que, en el equipo legal de Nicaragua, desde el mes de marzo del 2022, y después de muchos años como asesor de Nicaragua en La Haya, uno de los juristas más experimentados del equipo de abogados internacionales, el norteamericano Paul Reichler, presentó su renuncia (Nota 1).
Con relación a los costos exactos que le significan a cada Estado el acudir a una instancia como La Haya durante varios largos años de procedimiento, la nebulosa se mantiene, tal y como la analizamos en nuestra nota relativa a la sentencia de abril del 2022 entre ambos Estados (con algunos montos oficiales dados a conocer en Nota 4 de la misma precitada nota referenciada). En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú interpuesta por Perú en enero del 2008 ante la CIJ (véase nota de prensa) y resuelta en enero del 2014 por el juez de La Haya.
A modo de conclusión
Al verse frenadas las pretensiones de Nicaragua con relación a su plataforma continental, los dos Estados deberán ahora encontrar la forma de negociar de manera conjunta lo relativo a su frontera marítima a partir de todo lo indicado en el fallo de noviembre del 2012 (véase texto completo de dicha sentencia).
Algo que no permitió ni el tono desafiante de Colombia a partir de noviembre del 2012, con la denuncia del Pacto de Bogotá (Nota 2) y la declaratoria de «inaplicabilidad» del fallo del 2012 en el año 2013 (Nota 3), ni tampoco las dos nuevas demandas presentadas en su contra por Nicaragua ante el juez internacional en el año 2013.
Con respecto a la primera de ellas, habíamos tenido la oportunidad de analizar esta decisión en la que la CIJ condenó a Colombia (véase comunicado oficial de Naciones Unidas): remitimos sobre esta sentencia a nuestros estimables lectores a nuestra nota, precedida en los días previos a la sentencia del 2022 de otra más extensa publicada en el sitio jurídico especializado de Ius360 (Nota 4).
Mapa extraído de nota de prensa titulada «Nicaragua pierde disputa marítima contra Colombia ante Corte de La Haya», Programa radial Amelia Rueda (Costa Rica), edición del 13/07/2023.
Es de esperar que ambos aparatos diplomáticos logren, a partir de este 13 de julio del 2023, crear un clima propicio para el acercamiento, el diálogo y la concertación. Para ello, las declaraciones oficiales en estos próximos días serán de gran importancia, así como la mesura y ponderación que contengan. En efecto, desde 1980, la contienda entre Nicaragua y Colombia ha afectado significativamente a varios Estados que pertenecen al Mar Caribe: un mar semi cerrado con una gran cantidad de zonas marítimas que se traslapan y que deben ser objeto de negociaciones entre Estados vecinos.
La incertidumbre generada por esta larga controversia que llegó a manos de la justicia internacional en el 2001, debería a partir de ahora considerarse como superada, en aras de lograr paulatinamente una gestión conjunta más armoniosa de estos espacios marinos.
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «A propósito de la renuncia de uno de los artífices de los logros de Nicaragua ante la justicia internacional«, publicada en el medio Confidencial (Nicaragua), edición del 6/04/2022. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., «La denuncia por Colombia del Pacto de Bogotá«, La Nación (Costa Rica), edición del 8/12/2012, disponible para suscriptores aquí. Y una versión más extensa pubicada en Francia, BOEGLIN N. «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie», publicado en el sitio Le Monde du Droit, edición del 7/12/2012. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «El anuncio de Colombia de no aplicar el fallo de la CIJ«, Alainet, edición del 23/09/2013, disponible aquí. Y una versión más extensa publicada en Francia, BOEGLIN N., «La décision de la Colombie de déclarer l´arrêt de la CIJ «non applicable»: breves refléxions» Boletín Sentinelle (Société Francaise pour le Droit International – SFDI), edición del 23/09/2013. Texto disponible aquí.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua/Colombia: a propósito de la lectura de la sentenca de la CIJ«, Ius360, edición del 20/04/2022. Texto disponible aquí.
Diferentes proyectos e iniciativas de la UCR trabajan con grupos de niños y niñas de comunidades vulnerables, con el objetivo de contribuir a la consecución de sus derechos en muy variadas áreas de la vida en sociedad (Foto Laura Rodríguez).
Pronunciamiento de la UCR
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU) en su sesión n.º 6694, artículo 4, del pasado 2 de mayo de 2023, acordó pronunciarse y denunciar ante la sociedad costarricense y las autoridades del gobierno por “…el abandono y la negligencia por parte de las personas e instituciones de protección de las niñas, los niños y las personas adolescentes en situaciones de riesgo que comprometan su integridad”.
El pronunciamiento de este órgano universitario tomó en consideración una serie de estudios, normativas y compromisos, nacionales e internacionales, que el país ha refrendado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país tales como: el artículo 51 de nuestra Constitución Política; la Convención internacional sobre los Derechos del Niño; el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Por ejemplo, el Informe 2020-2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) demuestra importantes condiciones de vulnerabilidad que siguen afectando a la niñez y la adolescencia costarricenses. Tal como se presenta en el pronunciamiento en cuestión “…del total de personas que viven en pobreza, cerca de un 34,8% son niños, niñas y personas adolescentes. Esto significa que 470 668 de 1 201 570 personas menores de edad viven en pobreza monetaria”.
Además, retoma el pronunciamiento de la UCR, la Unicef señala que “en Costa Rica, aproximadamente 14 mil adolescentes quedan embarazadas cada año, y de ellas cerca de 500 son menores de 15 años…” También advierte la Unicef que “en Costa Rica, entre las personas menores de edad que trabajan, el 29% está expuesta a alguna condición de riesgo (32% si no se consideran los niños y las niñas de 5 y 6 años). El trabajo infantil interfiere en sus oportunidades de acceder al conocimiento y habilidades que les permitan una plena participación e inserción social; asimismo, la exposición a condiciones de riesgo en espacios laborales vulnerabiliza y va en detrimento de la integridad de niñas, niños y personas adolescentes”.
Entre los acuerdos que conforman este pronunciamiento de la UCR, se “exhorta a la Asamblea Legislativa a revisar minuciosamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica del PANI y el Código de Familia en aras de fortalecer la normativa vigente con enfoques interseccionales, preventivos, atencionales y promocionales para el cumplimiento integral de protección de los derechos de las personas menores de edad”.
Diversos espacios en la UCR se han abierto a lo largo de décadas para el estudio y acompañamiento de la niñez y la adolescencia de nuestro país., tanto en las instalaciones de la universidad, como en diferentes espacios generados en las comunidades. (Foto Laura Rodríguez).
También sostiene el pronunciamiento que “se debe asegurar y reforzar el presupuesto nacional para que se dote a las instituciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de los recursos financieros, jurídicos y humanos, necesarios para el resguardo de los derechos de dicha población”.
Puede consultar el texto completo del Pronunciamiento en el siguiente enlace:
“¿De qué trabajas tú, moro de mierda?” o “Esta noche vas a dormir en el calabozo caliente” fueron algunas de las frases que los agentes dirigieron al denunciante. En uno de los vídeos aportados al procedimiento judicial se observa cómo uno de los agentes le propina una patada en la cabeza al denunciante cuando este se encontraba inmovilizado en el suelo.
Solicitan amparo al Tribunal Constitucional por un caso de violencia policial durante el partido entre Marruecos y España
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) ante un nuevo caso de violencia policial que tuvo lugar en la ciudad de Granada el pasado 6 de diciembre de 2022 durante el partido del Mundial de Qatar entre Marruecos y España. Según la denuncia interpuesta, ese día el denunciante se dirigía rumbo a su trabajo cuando un dispositivo policial le impidió el paso por una calle donde un grupo de personas estaba celebrando la victoria de la selección marroquí en el Mundial de fútbol celebrado en Qatar.
En ese contexto, el denunciante, también de origen marroquí, alega que dos agentes lo tiraron al suelo, lo golpearon en distintas partes del cuerpo y, una vez inmovilizado, otro agente se aproximó y le propinó una patada en la cabeza. Los hechos fueron presenciados por numerosas personas, quienes grabaron la escena con sus teléfonos móviles. Ante tales hechos, las personas que se encontraban congregadas en la zona comenzaron a gritar “¡Racismo!, ¡racismo!, ¡racismo!”. De hecho, según la versión del denunciante, a lo largo de su detención los agentes se dirigieron a él con expresiones tales como “¿de qué trabajas tú, moro de mierda?” o “esta noche vas a dormir en el calabozo caliente”.
Tras su traslado a comisaría y puesta en libertad, se elaboró un parte de lesiones en el que se objetivaron heridas y hematomas en todo el cuerpo. Por ello, acompañado por la asesoría jurídica de la APDHA, la víctima interpuso denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Granada solicitando la práctica de numerosas diligencias de prueba tales como el informe médico forense, la declaración de la víctima, el interrogatorio de los testigos y del personal sanitario, así como la identificación de los agentes que formaban parte del dispositivo que detuvo y agredió al denunciante. Junto a la denuncia, se aportaban además informes médicos objetivando las lesiones, fotografías de estas y grabaciones de la detención.
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 6 archivó el caso sin practicar ni una sola diligencia de prueba solicitada. Tan solo solicitó el atestado policial elaborado al efecto por la Policía Nacional. Ante esta decisión, el denunciante recurrió primero ante el propio juzgado y después ante la Audiencia Provincial. El órgano de instrucción confirmó la decisión adoptada, argumentando respecto al vídeo donde se ve cómo uno de los agentes le propina una patada en la cabeza que “si en ese momento se produjo alguna lesión al denunciante” fue porque los agentes “se vieron obligados a utilizar la fuerza mínima imprescindible para poder ser trasladado a Comisaría”.
La Audiencia Provincial, sin entrar al fondo de la cuestión, confirmó la decisión del Juzgado de Instrucción el pasado mes de junio. Por tal motivo, el denunciante ha formalizado esta semana recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que sostiene que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con la prohibición de sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes.
La APDHA denuncia que no se trata de un hecho aislado. Por una parte, la organización recuerda que apenas hace un año que el Tribunal Constitucional dictó sentencia en un caso que también tuvo lugar en la ciudad de Granada y en el que se formuló una denuncia por torturas en el contexto de una actuación policial. Por otra parte, la entidad andaluza sostiene que «lejos de tratarse de un hecho puntual, estas actuaciones policiales totalmente desproporcionadas son algo más que casos aislados y, en muchas ocasiones, son reflejo de un racismo institucionalizado»
Como se desprende del ensayo escrito la semana anterior, las maras salvadoreñas surgieron como organizaciones para delinquir desde su origen en Los Estados Unidos. Pero, eso sí, agremiados frente a sus poderosos agresores, de origen mexicano y afrodescendientes principalmente, que los discriminaron desde el día uno, porque los consideraban competidores “desleales” por la obtención de los empleos que se ofrecían a la mano de obra más barata, la de los inmigrantes “ilegales”, fincados originariamente en Los Ángeles y San Francisco, en el Estado de California.
En el fondo se trataba de una lucha por la subsistencia que, incitó a los inmigrantes ilegales, una vez más, en este mundo descarnado a un enfrentamiento entre los desdichados de siempre, desprovistos de todos los bienes de fortuna; una lucha entre los que se encuentran “en el fondo del saco”. Así es, suena horrible, pero es la verdad, en lugar de unirse frente a sus verdaderos explotadores y extorsionadores de siempre, que les pagaban -y les pagan todavía- paupérrimos salarios (si merecen llamarse así), se precipitaron a esquilmarse entre ellos en una vorágine de destrucción y muerte.
Entrada la década de los años ochenta, debieron regresar a sus países de origen, especialmente se dirigieron a los tres países del triángulo norte del Istmo (Guatemala, El Salvador y Honduras), derivado de su expulsión de los Estados Unidos. En el Salvador y en los otros dos países se radicalizó su comportamiento delincuencial, ya fuera ligándose al narcotráfico, mediante actividades terroristas que atemorizaron a la población en general, el robo y la extorsión para obtener recursos económicos, así como el blanqueo de dinero, amén de cultivar el proxenetismo, el secuestro y el tráfico de armas.
Estrictamente hablando, fueron treinta largos años que actuaron las maras, sin que los respectivos gobiernos los hubiesen logrado controlar.
Concretamente El Salvador se convirtió, de acuerdo con la información policial, en el país con más homicidios per cápita del mundo, evidentemente una estadística nada envidiable en ninguna parte.
Por fin, se le atribuye al gobierno de Nayib Bukele, que inicia sus labores el 1 de junio del 2019, haber desarticulado radicalmente a las maras en El Salvador, mediante un plan denominado “Control Territorial”; un año después, en el 2020 había disminuido la alta tasa de criminalidad de homicidios intencionales, en un 51.3%. La actividad gubernamental no escatimó ningún recurso logístico militar, ni económico; ya fuera legal o ilegal para movilizar al ejército y la policía con el objeto de diezmar a las pandillas. (Cfr. “ONU pide a El Salvador investigar presuntas violaciones de derechos humanos”. Deutsche Welle. 21 de abril del 2020. Véase, además González, Marcos. -1 de junio del 2020- “Un año de Gobierno de Bukele en El Salvador: el contraste entre el aplastante apoyo que mantiene en el país y las acusaciones de abuso de poder en su contra”. BBC, News Mundo.)
Consecuentemente, los procedimientos empleados por el gobierno de Bukele para enfrentar a las maras por medio del ejército fueron, en muchas ocasiones, igualmente violentos e ilegales que los que habían utilizado las pandillas de delincuentes mareros. Aún más, investigaciones periodísticas señalaron que hubo hasta negociaciones en la penumbra, entre funcionarios gubernamentales y secciones de las tres principales organizaciones de mareros en El Salvador para lograr plasmar los objetivos gubernamentales. (Cfr. Rentería, Nelson. “El Salvador murder rate plummets; study says gangs may have informal pact with government.” Reuter, 8 de Julio del 2020. Véase también “Salvador, le président Bukele aurait -aussi- négocié avec les gangs” Courrier International -en francés- 8 de setiembre del 2020. Citado en el sitio web: es.wikipedia.org/wiki/Nayib_Bukele#cite_note-courrier-18).
Todavía en marzo del 2022, a petición del Poder Ejecutivo salvadoreño, la Asamblea Legislativa, ya por entonces controlada por Bukele, declaró el “régimen de excepción” en el país, porque la ola de homicidios, después de haber descendido como quedó mencionado, se reactivó. (Cfr. “Bukele sanciona régimen de excepción que entra en vigor el mismo día.” Diario El Mundo, 27 de marzo del 2022. Cuando el “régimen de excepción” cumplió 445 días, el 14 de junio del 2023, se decretó una ampliación del mencionado decreto.)
Organizaciones de Derechos Humanos nacionales y extranjeras, denunciaron violaciones de estos derechos cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra delincuentes, por la forma arbitraria como fueron aprehendidos y encarcelados o asesinados, frecuentemente al margen de la ley; pero también porque en las redadas que se llevaron a cabo en las comunidades, fueron cruelmente maltratados y asesinados también individuos que, o no tenían vinculación alguna con las “maras”, o eran personas que habían sido incorporadas a ellas mediante la extorsión por las organizaciones de mareros. Muchas de estas personas inocentes sobrevivientes, todavía se encuentran pagando por delitos que no cometieron, junto a los delincuentes. Por asimilación con el procedimiento de la “pesca de arrastre”, que recoge del fondo marino todo lo que aparezca, sea o no el objetivo de la pesca, y que provoca una salvaje destrucción de los ecosistemas, es posible llamar a estas redadas del ejército y la policía en las comunidades salvadoreñas como “de arrastre”, porque allí se aprehende a todo aquel ser humano que se encuentre presente, pertenezca o no a la organización delincuencial objeto de la arremetida del ejército y de la policía.
El gobierno de Bukele, por el hecho de haber reducido (o hecho desaparecer) a las maras en El Salvador, cuenta con gran prestigio entre la población en general, ya que, esta se ha visto liberada de la amenaza de asesinato, secuestro o extorsión constante que los delincuentes creaban en el país. Sin embargo, la controversia no desaparece por eso. En primer lugar, las causas que provocaron la emigración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, la pobreza y pobreza extrema, el hambre que los afligía y agobiaba, siguen estando presentes. Bukele y su gobierno han logrado prácticamente hacer desaparecer a las “maras”, pero, insisto, no las causas que originaron su emergencia. Por lo tanto, el riesgo de que un fenómeno tan pernicioso y que ha provocado tanto desastre y dolor se repita, está latente. En segundo lugar, hay un debate, que está instalado en las comunidades salvadoreñas, en la sociedad civil, entre las organizaciones de derechos humanos, tanto dentro del país como en el extranjero, sobre la validez de muchos de los procedimientos empleados para repeler la delincuencia. Como se ha venido señalando, la embestida del ejército no solo tuvo que ver con la población delincuencial y el lumpen que circundaba a las “maras”, sino que, alcanzó a muchos que se vieron obligados por extorsión a incorporarse a ellas; así como a otros inocentes, cuyo único vínculo con las organizaciones de delincuentes era el haber tenido un padre, una madre, un hijo o una hija, un hermano, un pariente en las organizaciones de delincuentes, o simplemente una amistad, o alguna persona conocida. Sin embargo, estos últimos, libres de toda culpa, sin haber sido juzgados siquiera, ahí se encuentran encarcelados y maltrechos siguiendo semejante destino que aquellos que incurrieron en graves delitos, a los que así se les trata, de la peor manera.
Bukele carece de un verdadero proyecto político; inició sus pasos en la política en el seno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización de izquierda a la que representó en dos oportunidades: una vez en calidad de alcalde en el municipio de Nuevo Cuscatlán, desde el 1 de mayo del 2012, al 30 de abril del 2015; la segunda cuando fue electo alcalde de San Salvador del 1 de mayo del 2015, al 30 de abril del 2018. Estaba tan identificado en ese momento con el FMLN, que llegó a expresar en una oportunidad inclusive lo siguiente: “Soy de izquierda radical”. En la misma entrevista declaró que tenía 12 años de trabajar en publicidad para el FMLN. El entrevistador le pregunta “¿Y por qué ingresó al FMLN?” A lo que Bukele responde: “Es que soy de izquierda; toda la vida he sido de izquierda y mi pensamiento es de izquierda y no veía otra opción más que el FMLN…” (Cfr. Dalton, JJ. 3 de setiembre del 2012. “Nayib Bukele, soy de izquierda radical.” https://web.archive.org/web/20121011085434/http://www.contrapunto.com.sv/partidos/nayib-bukele-soy-de-izquierda-radical).
A los pocos años de estas declaraciones, entra en severas discrepancias con la organización a la que tan fielmente decía representar, por lo que fue expulsado del FMLN. (Cfr. Laguan, Jonathan. -10 de octubre de 2017-. “Nayib Bukele, expulsado del FMLN por estas razones”. La Prensa Gráfica.) Después de su salida del FMLN forja su propia organización, y hasta se inscribe a participar en las elecciones para aspirar a la presidencia de la República, primero por un partido de centro izquierda denominado Cambio Democrático, el cual fue proscrito por el Tribunal Supremo de Elecciones. (Cfr. Morales, Napoleón. -28 de julio, 2018- “Así explica Bukele a CNN su paso por 4 partidos políticos”. La Página). Frente a este hecho, finalmente se inscribe con un partido de centro derecha, conocido en El Salvador como GANA, con el cual resulta electo a la presidencia de La República, por una mayoría absoluta de los votantes, en la primera ronda electoral. (El porcentaje de su elección fue del 53.10% de los votantes. Véase al efecto: “Elección presidencial 2019: Total nacional”. San Salvador, Tribunal Supremo Electoral.) En subsiguientes entrevistas ha declarado que no cree en ideologías y que él es un político pragmático. En la mayor parte de los estudios académicos que se han realizado, y en algunos medios de prensa se le cataloga ahora como un político autoritario y “populista”, de “centro derecha”. (Cfr. “Con un Congreso aliado, Bukele gobernará sin obstáculos en El Salvador.” France 24 AFP. 30 de abril del 2021).
Después de febrero del 2021, ocasión en la que se celebraron elecciones de medio período para elegir diputados a la Asamblea Legislativa, el partido “Nuevas Ideas” de Bukele, por un diferendo entre el presidente Bukele y el poder judicial, forja una alianza en el Congreso de la República con otras organizaciones de derecha y se destituye a magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como al fiscal general. (Cfr. “Crisis brewing as Salvador´s Congress votes out top Judges. Al Jazeera” -en inglés- 2 de mayo del 2021. Archivado desde el original, el 17 de mayo del 2021). De estos acontecimientos, deviene un control férreo de parte de Bukele del Estado salvadoreño, con lo cual se afianza el poder autoritario que ya había comenzado a manifestarse en las acciones acometidas contra las “maras”, tal como quedaron descritas anteriormente. Recientemente, en una interpretación de la Constitución, se aprueba la posibilidad de su reelección como presidente de la República, cargo al que aspira mediante su participación en el proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.
De resultar electo, como todo parece indicar, se habrá consolidado el presidencialismo autoritario y populista que ostenta Nayib Bukele en El Salvador.
El 14 de julio se celebra el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería, para destacar la labor y compromiso de estos profesionales esenciales de la salud, durante la hospitalización y recuperación de pacientes.
Además, para reconocer su trabajo, la creación de esta efeméride pretende reivindicar los derechos laborales y necesidades de estos trabajadores fundamentales de la salud.
El auxiliar de enfermería asiste a médicos y enfermeras, en los cuidados auxiliares de pacientes y residentes de centros asistenciales de salud, hospitalarios y geriátricos, interviniendo en su proceso de ingreso, hospitalización y recuperación.
Adicionalmente, posee las siguientes cualidades: Vocación de servicio. Responsabilidad y compromiso. Habilidades comunicativas. Capacidad de trabajo en equipo. Manejo del estrés y Paciencia y disposición en la atención de pacientes y residentes.
El auxiliar de enfermería es una bendición en cualquier centro médico o incluso en el servicio a domicilio porque alivia enormemente no sólo las labores médicas o de enfermería, sino que con su sola presencia da alivio al paciente ya que es compañía y ayuda.
Su labor, su servicio es vital para el buen desempeño de las otras áreas de la medicina y de atención s los pacientes.
Hay que destacar la entrega, la mística y la solidaridad mostrada por estos profesionales auxiliares de enfermería durante la pandemia y agradecerles toda esa entrega en favor de pacientes y médicos. Si la situación fue difícil peor hubiera sido sin la presencia de estos profesionales.
Muchas felicidades en este día y muchas gracias por todo su servicio y disposición. Que Dios les bendiga siempre.
Canta autor alajuelense con 17 años de trayectoria en el mundo musical
El concierto se realizará el próximo 19 de julio a las 8 PM en Mundoloco, San Pedro
Wilson Arroyo Oconitrillo es cantautor alajuelense que cuenta con una trayectoria de poco más de 17 años y una producción musical con más de 90 canciones de su propia autoría.
Ha realizado en el mes de julio de manera consecutiva desde hace 6 años un concierto en Mundoloco, San Pedro, aparte de celebrar su cumpleaños es cantarle a la vida y el punto de partida es nuestra historia, la historia de los pueblos latinoamericanos que fue hecha con las manos de personas comunes y corrientes como nosotros.
En palabras de Wilson “El click que hago con una historia, es cuando más que un gran hombre o mujer de la historia, encuentro una persona común, que en su vida en su cotidianidad rompe con la norma para cambiar un poco de su realidad. Son canciones que hablan de mi historia familiar, como por ejemplo Las Rojas, dedicada a mis tías del Cacao de Alajuela. La historia de ellas es la historia de millones de mujeres en nuestro continente, que han tenido que hacer frente a las adversidades de su tiempo para salir adelante”
Otras canciones, más introspectivas, abordan temas más personales del cantautor, como la comprensión del amor y la existencia, son más una lectura que hace desde su individualidad de lo que siente; canciones que se enfocan en la lucha por una vida digna, a favor de los derechos humanos.
