Autor: María José Ferlini Cartín

Vladimir de la Cruz

Venezuela y Costa Rica, fueron hace muchos años, dos de los países que tenían consolidadas democracias. Era el período de la IV República, en Venezuela, 1958-1999, y era, en Costa Rica, el período, llamado de la Segunda República, surgido a partir de la Junta de Gobierno de 1948-1949, y de la restitución del proceso democrático electoral, a partir del ascenso del gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, hasta hoy.

En Venezuela hubo una reacción muy fuerte contra el bipartidismo existente en ese país, de los socialdemócratas, llamados Adecos, y de los socialcristianos, llamados Copeyanos. El malestar final contra ellos empezó con un intento de golpe de estado en 1992, que llevó a Hugo Chávez, junto con otros líderes de la insurrección, a la cárcel, por un breve período, en virtud de un indulto que les fue otorgado.

Hugo Chávez se convirtió en un líder popular visto como la alternativa al bipartidismo existente. Las elecciones de 1998 lo llevaron a la Presidencia. Alrededor suyo se unieron gran cantidad de sectores sociales y de fuerzas políticas desde la izquierda hasta la derecha, como de sectores empresariales. Todo ese torrente terminó reuniéndose en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, PSUV, que sigue vigente en el gobierno.

En el año 2002 se le intentó dar un golpe de Estado, que fracasó. Miguel Ángel Rodríguez, entonces Presidente de Costa Rica, en cierta manera le salvó, invocando la Carta Democrática, que acababa de aprobarse por la Organización de Estados Americanos, que desconocía gobiernos surgidos de golpes y alzadas militares.

Hugo Chávez se consolidó en el poder y el gobierno, hasta su muerte en el 2013, con ventaja de altos precios internacionales del petróleo que le permitió impulsar una gran obra social por medio de casi una veintena de planes nacionales. Heredó su gobierno y el poder su Canciller, Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela.

En Costa Rica en cierta forma el bipartidismo había empezado a entrar en crisis en las elecciones de 1998. La campaña electoral de ese año, enfatizando en uno de sus lemas electorales, “déle un naranjazo al bipartidismo”, empezaba a echar raíces. La Asamblea Legislativa ya no fue la mayoría bipartidista tradicional.

A partir del 2002 hizo aguas el bipartidismo con motivo de escándalos importantes que afectaron principalmente a figuras políticas del liberacionismo y del socialcristianismo. El mismo gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, fue crítico desde su inicio sin uno de sus vicepresidentes, “echado” de la casa presidencial por el mismo Presidente.

La campaña electoral del 2006 la salvó, por un pelo, para el Partido Liberación Nacional, la candidatura de Oscar Arias Sánchez. El éxito percibido de su gobierno permitió la llegada de la liberacionista Laura Chinchilla Miranda, y su condición de candidata femenina, a la Presidencia del 2010 al 2014.

En este período, 2000 – 2007, dos grandes movimientos de protestas populares, la lucha contra el Combo del ICE y la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, debilitaron más el bipartidismo tradicional, fragmentándose Liberación Nacional y casi desapareciendo la Unidad Social Cristiana; condiciones estas que llevaron al exliberacionista Luis Guillermo Solís Rivera a la Presidencia con el partido Acción Ciudadana, 2014-2018 y a repetir gobierno con Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022. Ambos gobiernos de bajo perfil y con políticas neoliberales, especialmente el de Carlos Alvarado, que han contribuido a casi destruir y debilitar, profundamente, el Estado Social de Derecho, que se desarrolló desde el Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-19444, que se fortaleció con la legislación de la Junta de Gobierno y los gobiernos que siguieron hasta 1978.

Desde 1980 con los Planes de Ajuste Estructural; y desde 1990 con los Tratados de Libre Comercio, se estructuraron las políticas económicas principales que marcaron a todos los gobiernos desde entonces, y las de debilitamiento del Estado Social de Derecho, que están en auge.

Ausente del mundo bipolar del período de la guerra fría, 1945-1991, desaparecidos los partidos comunistas, y casi inexistentes las fuerzas de izquierda, en todo el mundo, han aparecido movimientos políticos populistas, autoritarios, anti sistemas, anti partidos políticos, antipolíticos tradicionales, anti democracias como sistemas políticos, que han subido a gobiernos en Europa y en América Latina. Ha surgido un mundo hegemonizado por una sola potencia, hoy igualmente cuestionado por un multilateralismo. Han aparecido en gestación nuevos bloques comerciales, así como nuevos focos de guerra peligrosos, como antesala de conflictos globales, que podrían llevar al mundo a una tercera guerra mundial, de baja intensidad, pero con características nucleares.

En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene a la fuerza, violentando toda la estructura de su Estado de Derecho, controlando toda la institucionalidad, política, legislativa y electoral, poniendo fuera de la ley a opositores y poniendo fuera de procesos electorales a partidos y candidatos, en medio de una crisis social y económica que tiene casi seis millones de venezolanos fuera de su patria. En este momento, ha intervenido las elecciones primarias, de la oposición política, sin haber él participado, sin ser parte interesada en ese proceso, más allá de que por la candidata ganadora de esas justas, María Corina Machado, principal líder opositora, votaran más de dos millones de venezolanos, con una simpatía electoral del 80% de la población venezolana, contra un 16% que tiene Maduro. Consecuentemente con esto el régimen ha procedido a invalidar su total participación, con la complacencia de organismos administrativos, políticos y electorales, que operan bajo control directo de la Casa Presidencial venezolana, el palacio de Miraflores. Allí el aparato institucional opera contra partidos y ciudadanos, contra la democracia política y electoral, al servicio absoluto de lo que se disponga en Miraflores.

En Costa Rica, mientras tanto, el inquilino de Zapote, impulsando uno de sus partidos políticos, para participar en las elecciones municipales, en los 84 cantones del país, se ha llevado un duro golpe. Siendo el tercer partido en cantidad de candidatos propuestos a estas elecciones, lo que le auguraba un cierto e importante resultado electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, un poder independiente, que el Presidente Chaves no controla, pero que quisiera someter a su dominio o influencia, ha decidido eliminarle prácticamente todas sus candidaturas por haber violado las leyes electorales relacionadas con la conformación de las mismas, en cuanto a paridad e igualdad de género.

En Venezuela el Presidente Maduro ha dicho a la oposición, aquí mando yo. En Costa Rica el Tribunal Supremo Electoral le ha dicho al partido del inquilino de Zapote, que en Costa Rica no manda Zapote. Que se somete a la ley y que juega como dispone el Tribunal de Elecciones.

Hay presiones y gestiones legales ante este Tribunal por parte de Zapote, directamente por parte de la figura de su transitorio presidente, como de sus voceros autorizados y enviados a negociar la participación efectiva de ese partido.

Lo resuelto por el TSE no tiene posibilidades para el partido “Aquí Costa Rica manda”. Si se produce un cambio en la decisión ya tomada de esas candidaturas entramos en un camino muy similar al de Venezuela, donde el poder electoral ha desaparecido como pilar de la democracia electoral nacional. Generaría una situación por la cual todos los partidos, que sufrieron igual castigo, por no cumplir la ley de la paridad e igualdad electoral, se beneficiarían automáticamente de lo que se le resuelva al partido del Presidente Chaves. Pero el sistema electoral y sus integrantes se vendrían al suelo…y la “pureza” electoral quedaría marchita.

En 1889, un 7 de noviembre, hace tres días, hace 134 años, defendiendo un proceso electoral, el pueblo movilizado, dio base para que a esa fecha se le declarara como el día de la fundación de la democracia nacional.

¿Se traerá al suelo el Tribunal Supremo de Elecciones, esta tradición y declaración, si le da la razón al partido del Presidente Chaves, que ya ha empezado a despotricar, restituyéndole sus candidaturas? Existe para la jurisprudencia nacional electoral el caso del candidato presidencial Álvaro Montero Mejía que, en las elecciones del 2006, le anularon todas las candidaturas propuestas, hasta las de sus dos vicepresidentes. De manera absurda le permitieron participar con solo su nombre, como si un ciudadano, inscribiera se pudiera inscribir de esa manera…

Confío en la integridad personal, profesional y jurídica del alto Tribunal electoral del Costa Rica, el que sí manda en asuntos electorales.