La Municipalidad ha lanzado un Plan Regulador que hace un picadillo de áreas de bosques, humedales y zonas qué «antes» (porque aún se está luchando que vuelvan) eran parte del Refugio Gandoca Manzanillo. Este plan ha estado secuestrado en las gavetas de unos pocos y hoy nos lo muestran con 15 días para revisar antes de la audiencia pública qué es el último paso para su aprobación
Se debe suspender y reprogramar la convocatoria a la audiencia pública del Plan Regulador Costero para la Zona del Caribe Sur; programada para el viernes 7 de julio del 2023.
Hasta tanto no se cumpla con el criterio constitucional de participación ciudadana y para aprobar todos los procesos participativos y técnicos necesarios para contar con una propuesta de Plan Regulador Costero que contemple los aportes ajustados a la realidad y las necesidades de sus habitantes y una Municipalidad que responda a sus ciudadanos.
Desde el trabajo conjunto que realizamos con el Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok, le invitamos a participar y/o difundir la subasta solidaria en línea que realizaremos a partir de hoy, por el mes de julio y hasta el 18 de agosto.
Se subastan los 3 artes donados por el artista plástico Fernando Carballo.
Los fondos obtenidos serán para continuar el apoyo en la defensa de los procesos legales que hay contra personas recuperadoras de Pueblos Originarios al sur de Costa Rica, quienes defienden su legítimo derecho a la tierra-territorio desde sus autonomías y prácticas culturales.
Los 3 artes son dibujos originales de Plumilla sobre papel y miden 21.59 x 27.94 cm.
Para más información y participar de la subasta solidaria en línea le invitamos a visitar el siguiente enlace: https://forms.gle/MiT2teRGH7TYd9ry8
En este breve video se informa acerca de la resolución de la Sala Constitucional que restituye la autonomía de la CCSS, luego de que el presidente Chaves reemplazara la junta directiva con personas afines a su pensamiento.
Producción: Unidos por la Caja. Compartido con SURCOS por Isabel Ducca Durán.
Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ciencias Sociales
PRONUNCIAMIENTO EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE
ACUERDO DEL CONSEJO DE ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, SESIÓN No. 12-2023 DEL 26 DE JUNIO.
Considerando que:
La crisis del sistema educativo público de Costa Rica no es un hecho aislado ni fortuito, sino que responde a un proceso sostenido de políticas neoliberales que atentan contra el Estado social costarricense.
Al menos 4 pilares fundamentales de nuestro Estado social, como son la educación, la salud, la seguridad y soberanía alimentarias y las garantías laborales, han sido debilitados no sólo por el desfinanciamiento sino por la implantación de una visión de Estado antisolidario y orientado a favorecer negocios privados y dar prioridad al mercado externo sobre el mercado interno y la producción de origen nacional. Estos 4 pilares sociales aseguran que una sociedad pueda aspirar a niveles de equidad social aceptables y que por tanto la desigualdad social no crezca de manera incontenible, como ha ocurrido en Costa Rica en las últimas décadas. En los últimos meses ha sido particular la presión del Gobierno para que sea aprobado el proyecto de ley Expediente 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, que acabaría con un contenido esencial del Código de Trabajo, como es la jornada laboral de 8 horas.
Ya en 2019 Luis Felipe López-Calva director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en América Latina y El Caribe, había referido esta debacle social en una entrevista con Cecilia Barría de BBC News Mundo (25/11/2019), explicando resultados de mediciones de desigualdad en la distribución de la riqueza usando el Coeficiente de Gini (según el cual 0 es igualdad perfecta): para el año 2017 entre 18 países de América Latina, Uruguay fue el país más igualitario ocupando la posición 18 con un indicador de 39.7 y Brasil (puesto 1) fue el más desigual con un indicador de 51,3. Como más desiguales seguían Colombia, Panamá, Honduras, y en el puesto 5 estaba Costa Rica como el quinto país más desigual con un indicador de 48,7 (Durán, O. 2020).
En 2015 el presupuesto para la educación pública de Costa Rica alcanzaba el 7% el PIB, siempre por debajo del 8% que dicta la Constitución Política, pero para el año 2023 esa asignación apenas alcanzó el 6%, siendo el presupuesto más bajo en los últimos 8 años (¢2.781.003 millones).Por eso no sorprende que la negociación en la Comisión de Enlace (Poder Ejecutivo y CONARE) se torne cada vez más complicada y negativa para las universidades públicas.
La actual administración ha dejado completamente claro que su línea es desfinanciar, tercerizar y privatizar servicios sociales, igual que se ha hecho desde hace más de 4 décadas en América Latina para debilitar a los Estados y, como consecuencia, aumentar las brechas sociales. Ya las universidades públicas estamos operando bajo las restricciones que imponen las leyes No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y No. 10159 Ley Marco de Empleo Público, cuyos impactos negativos se agravarán en el mediano y largo plazo, entre muchas razones porque el nuevo marco de contratación laboral no permitirá mantener elevados niveles de calidad. De hecho, las universidades han disminuido sus salarios reales en los últimos años.
Los recortes, tanto en general como el no reconocimiento del 1% por inflación, agudizarán las limitaciones que ya están soportando las universidades públicas para inversiones indispensables en todas sus áreas fundamentales como docencia, investigación, extensión social, becas y todo tipo de ayudas y subsidios a estudiantes en todas sus sedes del valle central y en especial en todas las regiones del país. La negativa del Gobierno de reconocer al menos el 1% por inflación, equivalente a 5.591 millones de colones, se da “a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%” y sobre todo desatendiendo los argumentos del mismo Gobierno sobre “la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%”.
En las sesiones de negociación del FEES el Gobierno ha ratificado una posición intransigente, impositiva, restrictiva y hasta falaz, por cuanto ha culpado a la Asamblea Legislativa de ser la responsable de no reconocer el crecimiento de tan solo un 1% por inflación del FESS. Esta negativa del Gobierno refleja contradicciones pues mientras argumenta que no dispone de dinero, asegura un recorte de ₡3.200 millones que pasarían del Ministerio de Educación a programas de seguridad. No es con más policías y represión que la sociedad costarricense saldrá de su creciente inseguridad, pues ésta se genera en la falta de oportunidades sociales, dentro de las cuales la educación es la más relevante. En el caso del Ministerio de Educación Pública es bien sabido que los recortes acrecientan el deterioro de la ya maltrecha infraestructura, especialmente para 800 centros educativos que han sido calificados como “tugurios”, debilitan y eliminan becas y transporte para estudiantes, comedores escolares, bibliotecas, entre otros. Esa posición confrontativa del Gobierno se ha manifestado en muchas oportunidades como con la afrenta de la ministra de educación a la rectora electa del ITCR, al decirle que “agradeciera que la dejaran participar”en la Comisión de enlace, y con las expresiones del Presidente de la República descalificando la marcha por la defensa de la educación pública del 20 de junio de 2023 diciendo “que la convocatoria fue débil, no había una causa clara” (lo cual no es menester rebatir), pero además por decir que un 8% del PIB para la educación “pudo haber sido en consecuencia y en intención, una medida populista”.
Mientras se debilita la inversión social, el Estado sigue demostrando una total incapacidad y falta de voluntad para cobrar impuestos a las empresas que siguen declarando cero utilidades y por tanto haciendo perder cada año miles de millones de dólares al Gobierno. Muchas de esas compañías que declararon“cero utilidades” hasta por 3 años consecutivos (2019, 2020 y 2021), son Grandes Contribuyentes Nacionales (GNC). Entre estas se incluyen Ecodesarrollo Papagayo LTDA., Grupo Nación GN S. A., APM Terminals Moing S. A. y Grupo Quality Motor S. A. Esta tendencia nacional es el denominador común global como lo demostró OXFAM (2020) en su Informe “Tiempo para el cuidado. El trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad”, al señalar que “…tan solo el 4% de la recaudación fiscal mundial procede de los impuestos sobre la riqueza, y hay estudios que demuestran que las grandes fortunas eluden hasta el 30% de sus obligaciones fiscales” (p.12). En Costa Rica, como hemos señalado, no existe un sistema eficiente, seguro, ni equitativo de cobro de impuestos, de tal manera que se visualiza una mayor polarización social. La OECD en su “Estudios Económicos de la OECD: Costa Rica 2020” reconoció que en el año 2019 Costa Rica fue, según el Coeficiente de Gini, el país con mayor desigualdad en un grupo de 37 de todo el mundo (p.14). A pesar de los diagnósticos, las políticas económicas mantienen el sesgo marcadamente restrictivo, que se expresa de manera particular en la reducción de la inversión social en los sistemas de salud y educación públicas.
POR TANTO, SE ACUERDA:
Conscientes de que tenemos que mejorar el impacto positivo de nuestras universidades públicas en la sociedad costarricense y fundamentalmente entre los segmentos sociales más desfavorecidos, según lo que dictan nuestros Estatutos Orgánicos, rechazamos todo intento actual y futuro de los Gobiernos de recortar los fondos para la educación pública costarricense independientemente de si es presupuesto para las universidades, los niveles de preescolar, educación general básica o diversificada.
Exigimos que el Gobierno de la República reconozca y presupueste el 8% del producto interno bruto para la educación en general y el 1.5% para la educación superior, de acuerdo con lo que dicta la Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 78, 84 y 85.
Exigimos que el Poder Ejecutivo reconozca, al menos, el 1% de crecimiento por inflación del FEES para el año 2023, tal y como había sido acordado en la Comisión de enlace, y apoyamos la posición unánime y coherente de los Señores Rectores, y de la Rectora electa del ITCR, de rechazar la imposición unilateral y falaz del ministro de Hacienda, de que se cercena ese dinero a las universidades porque “en la Asamblea Legislativa nos quitaron del presupuesto ₡81.000 millones”.
Instamos a los Señores Rectores y de la Señora Rectora electa del ITCR a que, en la sesión de negociación del próximo 30 de junio 2023, mantengan esa misma posición con base en los estudios que las mismas universidades están preparando, a fin de garantizar para el año 2023, como mínimo, un FEES que incluya el 1% por inflación. De igual manera, les pedimos que en la negociación del FEES para el 2024 reafirmen la decisión de defensa del FEES y que en el momento que sea oportuno y sin vacilaciones, convoquen a las comunidades universitarias a esa tarea, ya sea en las sedes universitarias de todo el país o en las calles.
Instamos a las autoridades universitarias del ITCR y de todas las universidades públicas, y de todos los niveles, a que afiancemos la defensa del FEES y nos mantengamos y fortalezcamos una sólida alianza para defender la educación pública de Costa Rica como un sistema integral que permita mantener y elevar la calidad de vida de la sociedad costarricense.
Instamos vehementemente a las nuevas autoridades del ITCR a que asuman y mantengan en la Comisión de Enlace, y ante cualquier instancia de los poderes Ejecutivo y Legislativo, una posición inclaudicable de defensa, mantenimiento y crecimiento real del presupuesto para la educación costarricense, asegurando el mandato constitucional de otorgar un 8% del producto interno bruto para la educación en general, y de éste el 1.5% para la educación superior pública.
Instamos a todas las personas integrantes de la comunidad universitaria del ITCR a estudiar responsablemente y multiplicar toda la información relacionada con el quehacer de la universidad y su impacto en la sociedad costarricense, pues es a esa sociedad a la que nos debemos y a la cual le debemos rendir cuentas. Adicional y particularmente, a los y las docentes les solicitamos que dediquen el tiempo necesario en cada uno de sus cursos para dialogar y explicar la crisis del Estado Social de Derecho, de la educación y en particular de la educación superior pública en Costa Rica.
Reconocemos la responsabilidad y compromiso de los y las diputadas que se han manifestado por la defensa de la educación pública de Costa Rica, y les pedimos que legislen conforme lo establece la Constitución Política asegurando el 8% del PIB a la educación. Les pedimos que, además, no voten positivamente ninguna iniciativa que debilite el sistema de educación pública del país y favorezca las iniciativas de educación privada.
Nos comprometemos a fortalecer las alianzas con otros actores sociales que defienden la salud pública, la agricultura nacional campesina, la educación pública y las garantías sociales contra las cuales se ha ensañado la actual administración, pues todas han sido, son y seguirán siendo, componentes indispensables para un modelo de sociedad que aspire a la justicia social, la solidaridad y más altos niveles de calidad de vida.
ITCR, Escuela de Ciencias Sociales, 26 de junio de 2023.
Díaz Zeledón, Natalia (27 abril, 2021). Dictamen de préstamo del FMI estaría listo hasta viernes 30 de abril por casos de COVID-19 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/dictamen-de-prestamo-del-fmi-estaria-listo-hasta-viernes-30-de-abril-por-casos-de-covid-19/
Hoy en el TEC. Redacción (15 de junio 2023). Reunión Comisión Enlace. Universidades rechazan que Gobierno evite la responsabilidad de 1% adicional del FEES 2023 [en línea] https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/2023/06/15/universidades-rechazan-gobierno-evite-responsabilidad-1-adicional-fees-2023
Muñoz Solano, Daniela y Nuñez Chacón, María (8 marzo, 2023). APM Terminals, Grupo Nación, Meco y H. Solís entre las 183 empresas que declararon cero Renta en 2021 [en línea] https://semanariouniversidad.com/pais/apm-terminals-grupo-nacion-meco-y-h-solis-entre-las-183-empresas-que-declararon-cero-renta-en-2021/
Rivero, Adrián Z (21 junio, 2023) Rector UCR: “Si no hay 1%, no continuamos con la negociación” [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/rector-ucr-si-no-hay-1-no-continuamos-con-la-negociacion/
Zamora Huertas, Luis Alfonso (21 junio, 2023). Ministra de Educación dijo a rectora electa del TEC que agradeciera que la dejaran participar, confirman rectores [en línea] https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-dijo-a-rectora-electa-del-tec-que-agradeciera-que-la-dejaran-participar-confirman-rectores/
Por segundo año consecutivo, la Escuela de Arte Escénico organiza el festival artístico Las Julias, un encuentro no solo dirigido a los estudiantes de la carrera, sino también a la comunidad nacional. Los participantes tendrán acceso a talleres de percusión corporal, espacio cuerpo y gesto, entrenamiento actoral y de máscara expresiva, presentaciones artísticas, conciertos y conversatorios de manera gratuita.
Entre los artistas invitados estarán la agrupación Ráfaga Teatro, quienes han trabajado con poblaciones vulnerables a través de un teatro físico gestual, de máscara y de calle. También nos visitan Karina Gutiérrez y Antonio Salina, todos provenientes de México, los dos últimos presentarán unipersonales.
Al talento extranjero se le suma el nacional entre ellos Impromptu Teatro, quienes utilizan la improvisación para contar historias que se generan y desarrollan en el momento mismo de actuarlas, el público participa dando sugerencias sobre situaciones, personajes o lugares en los que se desenvuelve la acción, van «descubriendo» la trama de la historia que cobra vida en el escenario.
Este II Encuentro de Artes Escénicas Las Julias 2023 se realizará del 3 al 7 de julio en el Teatro Atahualpa del Cioppo y el Centro para las Artes, ambos ubicados en el campus Omar Dengo de la Universidad Nacional en Heredia.
El objetivo es proveer un espacio para estimular la práctica de la creación artística, donde tanto estudiantes como público general, experimenten un festival de técnicas, conversatorios, presentaciones, invitados nacionales e internacionales y puedan abrir sus puertas al medio, así como, pensar sobre las prácticas y los modos de creación artística.
El siguiente es el cronograma completo de las actividades programadas para la próxima semana, todas son gratuitas. Para más información comuníquese al 2277-3386 o visite las redes sociales de la Escuela de Arte Escénico.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Nos encontramos en un escenario donde la política del gobierno, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves, cada día atenta más contra las conquistas que el pueblo costarricense históricamente ha emprendido para garantizar derechos y garantías políticas, sociales, económicas y culturales, fundamentales en un Estado de Derecho.
Manifestamos nuestra alegría ante la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV) donde declara con lugar cuatro recursos de amparo interpuestos contra la suspensión arbitraria y violenta por parte del Consejo de Gobierno, en perjuicio de varios y varias integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A la vez, destacamos nuestro reconocimiento a todos los sectores quienes, gracias a su lucha permanente en defensa de la CCSS, han hecho posible esta resolución.
Expresamos nuestro apoyo a la convocatoria de la Unión Sindical CCSS a huelga general de la CCSS para el próximo 5 de julio.
¡La CCSS es una sola, huelga, huelga, huelga!
¡Defendamos la autonomía de la CCSS!
La Caja es de nuestro pueblo, por eso, tenemos el derecho de supervisar esta institución y a toda junta directiva.
1.1 La situación social en Costa Rica se sigue agravando. Algunos de los indicadores que muestran esta situación de crisis, son: desempleo, subempleo, pobreza, deterioro de los servicios sociales y delincuencia.
1.2 De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, al 4 de mayo de 2023, la tasa de desempleo estaba afectando al 10,6% de la población económicamente activa (PEA).
1.3 Por su parte, el subempleo, es decir, trabajos mal pagados y de baja calidad, en esa misma fecha, mayo 2023, llegaba al 7%.
1.4 El Ministerio de Trabajo ha valorado de manera positiva las nuevas mediciones del empleo y el subempleo expresando que hay una tendencia a la baja. Pero el Colegio de Economistas ha planteado que si bien se está llegando a los niveles pre pandemia, esto no es para celebrarlo ya que en ese momento las cifras eran altas, a este fenómeno, este Colegio, lo denomina, “desempleo estructural”. El desempleo y el subempleo afecta especialmente a personas jóvenes, mujeres y personas mayores. Algunos analistas, igualmente, han señalado que las cifras actualizadas de desempleo y subempleo son mayores a estas actualizaciones ya que recientemente se registra una disminución de personas que buscan empleo vía desmotivación, razón por la cual, no es que ha bajado el desempleo, si no que menos personas buscan trabajo.
1.5 En cuanto a situación de pobreza esta se situaba en diciembre del 2022 en un 25%, superando en tres puntos porcentuales, las cifras pre pandemia. La pobreza extrema pasó de un 6% a un 8% entre mayo 2022 y abril 2023.
1.6 En lo que respecta a servicios públicos tales como salud, educación, vivienda, la situación se viene agravando día con día. El tema de las listas de espera no se resuelve. Igualmente se ha paralizado el plan de construcciones de nueva infraestructura afectando la construcción de nuevos hospitales tales son los casos de Limón y Cartago. A la educación se le viene bajando el presupuesto. El presidente Chaves ha dicho que a su parecer el 8% del PIB para educación él lo ve como una política populista. En Vivienda, de acuerdo con una noticia de La Nación del 19 de junio del 2023: “La cantidad de bonos de vivienda formalizados en el 2022 por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), tocó un mínimo que no se veía desde 1999, cuando se otorgaron 6.621 de estos beneficios; mientras que el monto total colocado registró dos años consecutivos en caída, con una cifra que no se veía desde el 2015.”
1.7 Finalmente, como corolario de esta situación muy regresiva de la sociedad costarricense se registra un incremento sostenido de la criminalidad, apareciendo o profundizándose fenómenos como el sicariato, el narcomenudeo, los feminicidios, los homicidios, entre otros graves problemas. De acuerdo con una nota de Delfino CR del 3 de mayo del 2023: “El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este miércoles que Costa Rica ya alcanzó la cifra de 300 homicidios, es decir, ha registrado en promedio 2.4 homicidios al día. Cada mes del año 2023 ha roto hasta ahora el récord de homicidios de su par del año previo. A la fecha, las cifras superan por 93 a la cantidad de homicidios registrada en el mismo lapso durante el 2022 (207), año que cerró con el número más alto de homicidios en la historia del país con 656. Además, es alarmante que entre el 2012 y 2022 se registran 257 feminicidios y solo en los primeros días de enero 2023, 10 mujeres son asesinadas.
2. Situación política
2.1 El gobierno se ha debilitado, pero sigue siendo fuerte. De acuerdo con el CIEP de la UCR, según su encuesta de abril del 2023, se constata una tendencia a la caída de las opiniones positivas en el desempeño de Chaves en tanto presidente de la República. De modo que, entre noviembre del 2022 y abril del 2023, perdió 5% de opiniones positivas, situándose en un 60% de opiniones positivas.
No obstante, el apoyo a Chaves sigue siendo muy importante, es decir, casi dos terceras partes de la población sigue respaldando su gestión. Otros datos a tener en cuenta son los suministrados por el Observatorio de Comunicación Digital de la U. Latina, en el sentido de que las opiniones positivas hacia Chaves en redes pasaron de un 65,3% en junio del 2022 a un 32.7% en mayo del 2023. Tanto el estudio de la UCR como el de la UL constituyen mediciones de opinión pública.
2.2 El otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el de las luchas sociales o movimientos sociales. Algunos de los movimientos sucedidos en los últimos meses son: el 19 de abril hubo concentración frente a Casa presidencial y piquetes en ruta 32 convocados por el Bloque de Vivienda para exigir al ministro de Hacienda que le pague al BANHVI los 10.000 millones de colones que forman parte del Presupuesto Nacional y se archive proyecto 23.450, debe indicarse que se están perdiendo 1.300 viviendas del bono ordinario”;marcha de los agricultores en San José el 29 de marzo, lucha por asfaltado ruta 811 donde comunidades aledañas se unen para incidir en las autoridades municipales y gestionar comunicación directa con el gobierno; manifestaciones con bloqueos y piquete de apoyo en el Ministerio de Hacienda del pueblo limonense el 1º de junio, por un conjunto de peticiones desde indemnizaciones para los ex muelleros hasta la lucha por restituir al Banhvi los 10 mil millones recortados; huelga de las(os) trabajadoras(es) de la CCSS el día jueves 8 de junio, y, finalmente la manifestación del sector educativo el día 20 de junio. Han sido movimientos importantes puesto que muestran una cierta respuesta desde el campo de las luchas. Pero generalmente han sido movimientos fragmentarios con escasa articulación entre diferentes movimientos sociales. Parece que hay una tendencia al ascenso de las luchas, pero por el momento no se consolida.
2.3 El movimiento indígena merece una mención específica. La lucha por la tierra, específicamente, las recuperaciones de tierra han sido una constante en los últimos años. En algunos de los territorios indígenas del sur del país, tales son los casos de Salitre, Térraba, China Kichá y Cabagra se han dado importantísimos procesos de recuperación de tierras. Los colonos y finqueros han realizado intentos de volver a tomar lo que consideran sus tierras, pero la férrea resistencia lo ha impedido. Muy importante es señalar la condena del asesino de Jerhy Rivera en el juicio que finalizó el 1º de febrero del 2023, condenando a 22 años de cárcel al asesino de este dirigente indígena. El movimiento indígena está en momentos de fuerza y recuperación. Sería muy importante avanzar en articulación de este movimiento con otros movimientos sociales y políticos del país en la perspectiva de la articulación y la hegemonía obrera, trabajadora, mujeres, indígena, campesina y popular.
2.4 El llamado a la huelga por parte de los sindicatos del sector salud para el 5 de julio del 2023. Esta huelga podría ser muy importante ya que se da en un nuevo contexto político de la CCSS y de deterioro del gobierno de Chaves. En concreto, la resolución de la Sala IV en el sentido de que la medida ejecutada por el gobierno de destitución de la anterior Junta Directiva es inconstitucional, resolviendo esté órgano, la restitución inmediata de la representante sindical y el representante cooperativista. De manera que, es de esperar que esta huelga se produzca en el marco de un salto en el deterioro de la autoridad gubernamental.
2.5 Hasta el momento la respuesta del gobierno frente a estas marchas y movimientos ha sido la de minimizar su fuerza y a desestimar las demandas. Ningún movimiento ha resultado victorioso en sus demandas específicas. Lo positivo de estos procesos de movilización es que han desemperezado ciertos sectores de lucha, pero todavía han sido esfuerzos débiles. Hasta el momento sigue prevaleciendo la desarticulación, pero a lo mejor la situación podría cambiar con la huelga de la CCSS del 5 de julio.
3. Nuestra política
3.1 Nuestra orientación principal sigue siendo la de apoyo y participación en las demandas inmediatas de la clase trabajadora y el pueblo. Se debería continuar trabajando en la perspectiva de la solidaridad con las luchas y movimientos que se presenten, tales como defensa de la CCSS, defensa de los derechos de los pueblos indígenas en especial su derecho a la tierra; por supuesto se debe mencionar el derecho a la vivienda digna; educación, centrado en la consigna de cumplimiento del 8% del PIB para la educación.
3.2 Con el llamado a la huelga de la Caja para el próximo 5 de julio esta se convierte en la tarea más importante de la coyuntura actual. Se debe tomar en cuenta que el objetivo de esta huelga es muy político, defensa de la autonomía de la Caja. Muy bien hay que defender la autonomía de la Caja, pero debemos ser vigilantes al mismo tiempo de lo que haga cualquiera sea la Junta Directiva que se instale en la Caja.
3.3 La consigna de Encuentro Obrero y Popular para enfrentar la crisis y para articular las luchas es una orientación correcta, pero de difícil realización en este momento puesto que las principales direcciones del movimiento de masas no están de acuerdo con esa política y porque somos muy débiles como para imponer esa orientación por nosotros mismos. Igualmente, pareciera que la mayor parte de las masas en este momento no comprende la necesidad de la unificación de las luchas. Pero dado que la situación se está poniendo más dinámica pudiera ser que en un cierto plazo la consigna de Encuentro Obrero y Popular se ponga a la orden del día.
3.4 Otra consigna importante tiene que ver con el tema de la deuda interna y externa. Como se sabe, cerca de la mitad del presupuesto estatal se lo está llevando el pago de la deuda. Por ejemplo, para el caso del presupuesto 2023 este rubro se lleva el 44,1% del total de presupuesto. De igual manera, el gobierno sigue recurriendo a nuevas deudas para cumplir con sus compromisos, así en este presupuesto del 2023 se proyecta que un 40,9% se financiará con nuevo endeudamiento, en tanto que el restante 59,1% se financiará mediante impuestos.
El alto endeudamiento incide en muchos aspectos: congelamiento salarial de las personas trabajadoras del sector público, no cumplimiento de la deuda con la CCSS, recortes presupuestarios a salud, vivienda y educación, recorte de pensiones. Es muy importante saber a quiénes se debe. Al respecto se debe recordar que la Sala IV resolvió que los nombres de los tenedores de bonos de deuda pública es información confidencial. Por tanto, no sabemos a manos de quiénes están yendo los altísimos pagos por intereses y principal de la deuda. El conocimiento público de los prestamistas del Estado es una información muy relevante para que el pueblo tome a criterio respecto a esta deuda.
Este viernes 23 de junio de 2023, se llevó a cabo un destacado homenaje a quien fuese el director de la Dirección Regional de Educación de Grande del Térraba del Ministerio de Educación Pública, durante el periodo 2018 – 2020.
Dicha actividad se realizó en las instalaciones de Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), sede San José de Costa Rica, en el contexto de la asamblea de la Filial Regional 1-12 D-R ANDE.
Este importante homenaje estuvo dedicado al MSc José Domingo Lázaro Maroto, quien por más de 32 años dedicó su vida al servicio de la educación costarricense.
A este póstumo homenaje acudió su esposa, María Victoria Lázaro Ortiz quien fue testigo de las muestras de aprecio que tuvieron sus ex compañeros para el señor Lázaro Maroto, recibiendo dos significativos presentes tanto de la Filial 1-12 ANDE como la Fiscalía General ANDE.
La dedicatoria contó con la presencia de muchos excompañeros que durante su vida laboral compartieron momentos inolvidables.
Posterior a su trabajo como docente, Lázaro ascendió luego a Asistente de Asesoría y Supervisor de los Circuitos 04 de Pérez Zeledón y 09 de Grande de Térraba.
Además de su docencia y trabajar como director de la Regional Educativa Grande del Térraba, don José Domingo fue un gran líder comunal, electo presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré en diciembre de 2022 y presidente del Consejo Local de Educación Indígena del Territorio Indígena de Rey Curré en marzo de 2022.
No obstante, falleció el 02 de noviembre de 2022, dejando un enorme legado a las actuales y futuras generaciones.
Este sentido homenaje es un tributo a su gran trayectoria como persona ejemplar en su paso por este mundo. Gracias José Domingo.
Juliana Martínez Franzoni es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (Foto Archivo OCI).
Llegó el momento de reorganizar para cuidar en conjunto
América Latina ha avanzado sustancialmente en la reflexión y ejecución de políticas públicas para promover el trabajo de cuidados como derecho humano fundamental. Sin embargo, son aún más los desafíos en cuanto a la regulación del trabajo doméstico, la desigualdad en la división del trabajo de cuidados por temas socioeconómicos, de género y etnia, y el desarrollo de la infraestructura social necesaria para brindar una cobertura de servicios de calidad vinculados a los cuidados a toda la población desde el nacimiento hasta la muerte.
Con el objetivo de analizar estos y otros desafíos, la Universidad de Costa Rica en conjunto con la Carework Network, reunió a diferentes sectores (academia, organizaciones sociales y sociedad civil) en el “Tercer Encuentro Global sobre Trabajo de Cuidados 2023. Trabajo de cuidados en tiempos inciertos: convergencias y divergencias alrededor del mundo”. Participaron de este encuentro global 250 personas procedentes de más de 30 países del mundo en 30 paneles, 6 diálogos públicos, una muestra fotográfica y 3 conferencias magistrales. Se contó con el apoyo de organizaciones internacionales diversas como Oxfam, la Fundación Frederich Ebert, OIT y PNUD, además de universidades del Norte y Sur global. El encuentro catalizó un enorme grado de colaboración entre investigadoras de la Universidad Estatal a Distancia, de la Universidad Nacional, y de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.
Durante este encuentro se reflexionó en torno a si y cómo superar las categorías binarias de trabajos de cuidados pagado y no remunerado, las intersecciones de las dimensiones individual, familiar, comunitaria, del mercado, el estado; y la intersección de género, clase, raza y migración. En todos estos temas se buscó el diálogo entre regiones pero también entre académicas, personas que toman decisiones de política pública, y activistas.
En la siguiente entrevista, la Dra. Juliana Martínez Franzoni, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) y del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y coordinadora del Tercer Encuentro Global sobre Trabajo de Cuidados 2023, se refiere al papel de las universidades públicas, sociedad civil y organizaciones sociales, en la consolidación del trabajo de cuidados como un derecho humano fundamental y clave en las sociedades democráticas.
–¿Cuál es el objetivo principal de este Tercer Encuentro sobre Trabajo de Cuidados 2023? ¿Por qué es importante para los países reflexionar acerca de este tema?
–Juliana Martínez Franzoni: Este encuentro global sobre trabajo de cuidados se enfocó en el abordaje de los cuidados en tiempos inciertos, en tiempos de choques como el generado por la pandemia del COVID-19, aunque no solo. Estamos entrando a una época en la que los choques serán nuestra nueva normalidad – y no solo vinculado a epidemias y pandemias, sino también al cambio climático.
Entonces lo que nos interesaba en este encuentro era identificar convergencias y divergencias en cómo nos relacionamos con los cuidados en estos tiempos inciertos. Y por cuidados nos referimos a la enorme cantidad de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, que las personas y las sociedades debemos llevar a cabo para cosas tan básicas como poder estar trabajando. Es toda la cadena de personas entrelazadas para que una actividad se dé, es decir el conjunto de interdependencias que hace posible la vida en sociedad.
Además, hablamos de la importancia de una infraestructura social de los cuidados, que son un conjunto de recursos que movilizamos como sociedad para resolver los cuidados. Y, bueno, la pandemia visibilizó de manera muy cruda la centralidad de los cuidados para la vida en sociedad.
Todo esto es relevante porque, para tener sociedades más justas, más democráticas, pero también más eficientes, debemos resolver la organización de los cuidados. Hoy por hoy, tiende a ser muy desigual, según la clase social, y está marcada por una profunda división sexual del trabajo entre hombres y mujeres. Además, está intervenida por un montón de otras desigualdades como la raza y la etnia de las personas, por la ruralidad, etcétera.
Una de las características de cómo organizamos los cuidados en América Latina es esa profunda desigualdad socioeconómica y de género que se ve reflejada en un papel muy muy marcado del trabajo doméstico remunerado, mal remunerado, precarizado, desregulado, el cual tiene un papel preponderante, a diferencia de otras regiones del mundo, en nuestra región, como uno de los principales pilares de los regímenes de cuidado. El papel del Estado en proveer servicios, en proveer transferencias para comprar servicios, en regular los servicios que ofrece el mercado privado, sí existe, pero es incipiente.
A raíz de ese abordaje que hemos realizado sobre la situación en América Latina y sus diferentes variaciones, en la Universidad de Costa Rica se decidió realizar este Tercer Encuentro Global sobre Trabajo de Cuidados en nuestro país, como una forma de acercarse a América Latina.
Y ¿por qué a acercarse a América Latina ahora? Porque, entre el 2005 y el 2015, América Latina hizo una experimentación y una transformación sobre este tema muy profundas. Es decir, en Costa Rica lo vimos en el contexto del Gobierno de Laura Chinchilla con la Red Nacional de Cuido, pero también antes, de la mano de la política de igualdad y equidad de género.
En el PIEG 2007-2017 ya se venía posicionando en el debate público la necesidad de que el Estado intervenga con mejores y más diversas maneras de apoyar a las familias y a las mujeres, en cuanto a la organización de los cuidados. Ya había quedado colocada la idea de que era necesario que los cuidados no dependan solo de los recursos que manejan las familias y, además, de la necesidad de promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, que es un gran reto, en la medida en que las mujeres seguimos siendo las principales o exclusivas cuidadoras. Eso tiene reflejos muy profundos en la desigualdad en el mercado laboral, en la desigualdad del ingreso, eso afecta no solo a las mujeres, sino que afecta a los países y a las economías.
En América Latina, las mujeres tenemos, en promedio, mayores años de educación formal que los hombres y, sin embargo, eso no se ve reflejado en los niveles de ingreso. Seguimos teniendo brechas para igual trabajo, para trabajo de igual valor, frente a los ingresos laborales de los hombres. Esto refleja las expectativas de cuidado, las entradas y salidas de los mercados laborales y el hecho de que las mujeres seamos las principales cuidadoras.
Hay que cambiar esto por distintas razones. Unas razones tienen que ver con los derechos; pero también hay razones que tienen que ver con la productividad de las economías y su eficiencia para aprovechar los recursos humanos que las propias sociedades están formando. Es decir que la desigualdad sexual del trabajo en materia de cuidados es ineficiente y está demostrado, hay números que lo documentan.
–Después de este análisis sobre América Latina, ¿hay alguna parte del mundo que sea modelo en cuanto al tema de trabajo de cuidados?
–JMF: Los regímenes de cuidado son como rompecabezas, es decir, que no hay una medida que lo resuelva todo, sino que hay un conjunto de medidas que deben relacionarse entre sí de manera virtuosa. ¿De qué están hechos estos regímenes? En primer lugar, de acceso a tecnología y a infraestructura. Por ejemplo, no es lo mismo lavar la ropa a mano que con una lavadora, eso hace toda la diferencia del mundo. No es lo mismo tener que caminar tres kilómetros para acceder al agua y traerla a tu casa, que simplemente abrir el tubo.
En segundo lugar, nos interesa ver en ¿qué medida, cuando las personas participan del mercado laboral, se contemplan las demandas de cuidado? No es lo mismo tener un trabajo que te remunera una licencia por maternidad, a tener un trabajo que no te lo reconoce. En tercer lugar, nos interesa ver si los mercados laborales reconocen que los hombres también tienen que cuidar y cuentan con incentivos acordes como las licencias por paternidad y/o las licencias parentales.
En cuarto lugar, nos interesa determinar si los países tienen infraestructura social, si tienen servicios de cuidado, en particular infantil, pero también más adelante en los momentos de cuidado de dependencia al final de la vida. Y, en quinto lugar, nos interesa ver qué pasa con el trabajo doméstico: ¿está regulado, no está regulado? ¿En qué medida opera como la válvula de escape para poner allí todo lo que no se puede resolver bien de otra manera? Y entonces ahí tienes una enorme proporción de población de mujeres, sobre todo migrantes, trabajando en estos cuidados.
Una cifra que llama la atención es que, en el mundo, una de cada quince mujeres está ocupada en el campo del trabajo doméstico remunerado. Sin embargo, en América Latina esa cifra sube al 25%, a una de cada cuatro mujeres. Eso habla de la centralidad del trabajo doméstico en nuestra región, en la medida en que esa es una válvula de escape, en la que depositamos un montón de trabajo de manera mal remunerada y desprotegida. Carecemos entonces de incentivos para que el Estado invierta más en servicios de cuidados, y para que los mercados laborales no te pidan jornadas de doce horas al día, algo imposible de reconciliar con las demandas de cuidado.
Desde esta perspectiva, se puede decir que los países que han avanzado más todos estos componentes son los países escandinavos y varios de los países europeos, como Francia, de Europa continental. Todos han avanzado en diferentes momentos del tiempo, más en algunos componentes que en otros.
Una cosa interesante que ha pasado en Europa, en la última década, es que las políticas de familia y la organización de los cuidados se volvió un tema electoral. Previamente, la manera en que los partidos políticos abordaban este tema estaba muy influenciada por la ideología de izquierda o de derecha. Los partidos de derecha estaban más orientados a que finalmente la familia cuida y las madres cuidan; y los de izquierda estaban más concentrados en mover todo para que las mujeres sean parte de los mercados laborales.
Pero, en los últimos años, eso ha cambiado mucho en la medida en que las mujeres han ido entrando al mercado laboral y le piden al estado y, por lo tanto, a los partidos políticos que compiten por los gobiernos, que tengan políticas que sean útiles para ellas. Y entonces el conjunto del sistema político se ha corrido hacia medidas que sean amigables hacia las familias, que busquen incorporar a los hombres en los cuidados y que protejan a las mujeres cuidadoras también.
Eso es algo interesante que en América Latina está empezando a pasar en algunos países, aunque es todavía incipiente esta politización del tema, de manera tal que haya premios y castigos para los partidos políticos que compiten por llegar a los congresos, o a los poderes ejecutivos, con medidas que sean sensibles a las necesidades de la sociedad y en particular de las mujeres que somos más de la mitad de la población y más de la mitad de las personas votantes en contextos democráticos. Esto es muy importante.
–¿Cuáles son los principales retos de Costa Rica y en general de América Latina en materia de organización de trabajo de cuidados?
–JMF Decidimos hacer la reunión en Costa Rica para asomarnos a todas las acciones que permitieron que, entre el 2005 y el 2015, América Latina como región pudiera avanzar tanto en la conversación pública como en la adopción de políticas públicas en materia de cuidados. Por ejemplo, se creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay, se crearon políticas vinculadas a los cuidados en Chile, y en Costa Rica también se originó la Red Nacional de Cuido.
Entonces, el asunto de los cuidados se volvió un tema público, y empezó a ocurrir lo que había sucedido en los años cuarenta, por ejemplo, con los sistemas de seguridad social, cuando a la vuelta de varios años, se había generado la idea de que los países que se precien deben necesariamente un sistema de seguridad social.
De manera análoga, actualmente hay un acuerdo internacional entorno a la idea de que los países deben tener políticas de cuidado. El objetivo es promover una reorganización social de los cuidados que honre la idea de que los cuidados constituyen un derecho humano. Como derecho humano que es, el cuidado no puede estar sujeto al dinero que las personas tengan en el bolsillo, ni puede estar sujeto a que las familias cuenten con una mujer dedicada a tiempo completo a cuidar, porque, en la medida en que el acceso a los cuidados depende de estos factores, se genera una profunda desigualdad.
Hay que pensar que en América Latina hoy hay muchas más familias en las que las mujeres están trabajando por un ingreso, que familias en las que no. Además, hay un creciente protagonismo de familias en las que las mujeres están ellas solas manteniendo y criando a sus hijos e hijas, generando a la vez ingresos y cuidando. Si el derecho a los cuidados se condiciona al dinero y a la presencia de mujeres cuidadoras de tiempo completo en las familias, serán muy pocas las que van a poder atender esas enormes demandas de cuidado, aún más en un contexto de envejecimiento de las sociedades, en las cuales van creciendo las demandas de cuidado al final de la vida.
Claro que América Latina es una región muy desigual: hay contextos políticos en los que la informalidad llega al 65%, como por ejemplo en Guatemala, y otros en donde es menos del 20%, como en Uruguay. Es decir, hay países con pobreza por ingresos que llegan a esos niveles y otros con pobreza extrema – aquella que impide atender las necesidades básicas alimentarias – muy bajas. Hay contrastes y dependiendo de estas desigualdades así son y así pueden transformarse los regímenes de cuidado.
En Costa Rica, se tiene por un lado el hecho de que lideró la conversación en torno a la posibilidad de tener política pública que interviniera de manera universal. Así fue planteada la Red Nacional Integral de Cuidados en el 2010. Sin embargo, su avance en materia de cobertura ha sido muy lento. En los años dos mil, junto con Chile, eran dos países muy extraños, porque siendo de los países con mayor nivel de desarrollo humano de América Latina, tenían los niveles de participación laboral femenina más bajos, junto con países como Honduras.
A la vuelta de 20 años, Chile logró que eso cambiara drásticamente; en cambio, Costa Rica no. ¿Pero qué pasó en Chile que no pasó en Costa Rica? Lo que se dio fue una generalización del acceso a los servicios de cuidado en los tres quintiles más bajos de ingreso, es decir en el 60% de las familias de menores ingresos. Es un tipo de focalización muy amplia.
Nosotros tenemos muchos años de tener una cobertura de alrededor del 20% de la población por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, hemos avanzado más recientemente en crear un sistema que integre los servicios y transferencias existentes en materia de cuidados. Eso es un avance, porque lo que va a permitir es articular elementos que están desarticulados.
Sin embargo, aún nos falta abordar simultáneamente el tema de la política pública con el mercado laboral, por ejemplo, si estamos tratando de ampliar la presencia de un sistema de cuidados para la población adulta mayor, al mismo tiempo que estamos creando una legislación laboral que facilita jornadas extensísimas de trabajo, eso es inconsistente para un régimen de cuidado democrático y eficiente.
Un régimen de cuidado democrático y eficiente es uno en el que los diferentes componentes se ajustan de manera armónica a la idea de que los cuidados deben ser con una responsabilidad compartida entre familias y no familias, vale decir, mercados laborales y estados, también comunidades, y entre hombres y mujeres.
Por ejemplo, Uruguay durante el periodo del 2010 al 2019 avanzó muchísimo, porque simultáneamente expandió servicios, creó licencias por paternidad y parentales, y mejoró la regulación del trabajo doméstico, tanto en salarios mínimos como en protección social. La proporción de trabajadoras domésticas con acceso a la seguridad social pasó de ser dos de cada diez a ser de siete de cada diez. Es decir, hizo simultáneamente estas acciones, y si hacés simultáneamente eso por un periodo de tiempo suficientemente largo, vas a ver un cambio cualitativo en el régimen de cuidados.
Pero, en este contexto de reducción del gasto, es muy difícil que Costa Rica en los próximos años vaya a atender los cuellos de botella de cobertura o que vaya a crear los servicios que necesita. Entonces, Costa Rica tiene un pronóstico reservado en materia de que pueda realmente dar un salto cualitativo hacia un régimen de cuidados como el que la OCDE dice que deberíamos tener.
–¿Desde su perspectiva, cuáles fueron los ejes temáticos más relevantes de este encuentro?
–JMF A partir de un primer análisis que con el apoyo de la Escuela de Ciencias Políticas ha realizado Rocío Peinador, los ejes temáticos más relevantes giraron, primero, los cuidados y la pandemia, o sea, cómo eran los cuidados antes de la pandemia y como fueron durante ella. ¿Cuáles fueron los ecos de esta situación? Es decir, las repercusiones que ha tenido en materia de organización social de los cuidados.
En segundo lugar, se analizó el papel de la población migrante en la organización social de los cuidados. Esto es algo muy sensible para Costa Rica, por la enorme centralidad que tiene la población y las mujeres nicaragüenses en la organización de los cuidados en Costa Rica.
En tercer lugar, se vieron temas de innovación y de dificultades para la innovación en materia de política pública en materia de cuidados – incluyendo sus relaciones con las regulaciones laborales como las relativas a las jornadas y los ingresos y con la protección social asociada a la inserción laboral.
Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR
