En el marco de la celebración del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), el próximo 27 de junio de 2023, vamos a tener en la UCR: «Click para Innovar 2023: Oportunidades de vinculación y servicios que ofrece la Universidad de Costa Rica«.
Mostraremos el catálogo de servicios y vinculación que algunas unidades universitarias pueden ofrecer al parque empresarial en áreas como: ciencias agroalimentarias, cosmética y productos naturales, farmacología, salud animal, calidad y metrología, mejoramiento de procesos y logística, entre otras posibilidades.
Señor presidente usted se equivoca, empobrecer y despreciar la educación pública es ajeno a la tradición costarricense, incluso en las mayores crisis la educación de excelencia sigue siendo la respuesta y la educación superior la mejor apuesta de futuro para el país. En Costa Rica existe un hilo, un hilo democrático que atraviesa buena parte de nuestra historia republicana: la educación pública.
Costa Rica siempre luchó por su derecho a la educación. Por presión de la ciudadanía se expandieron las escuelas a todo el territorio, la ciudadanía fue la que pidió la gratuidad y la obligatoriedad de educación. Los y las costarricenses hemos reconocido que la defensa de la educación es algo que trasciende ideologías y partidos políticos, porque primero hay una base que es la fortaleza de un sistema educativo público, eficiente y de calidad en el que estamos llamados a seguir trabajando tanto usted como yo.
En 1998 la educación se fortaleció en el artículo 78 de la Constitución Política que fijó un piso presupuestario correspondiente al 6% del Producto Interno Bruto y, en 2011 se volvió a reformar para fijarlo en el 8%. Precisamente este mandato se afianzó en nuestra Carta Magna para que, por más compleja que fuera la situación, se garantizara los recursos suficientes para la educación de calidad y a la que este país tiene derecho.
Esas asambleas legislativas visionarias sabían que, en el momento en el que fuera amenazada la educación, estaban amenazando nuestra propia existencia como sociedad democrática, tal y como su gobierno lo está haciendo.
Presidente, cuando quiera hablar sobre el tema de fondo, aquí vamos a estar. Cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar. Mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros.
Este fue el mensaje del Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica para el presidente Rodrigo Chaves.
El pasado 22 de junio el Juzgado de Trabajo del Circuito Judicial de San José condenó al AyA a pagar el monto dejado de pagar por: las horas de alimentación, seguridad social, régimen de invalidez y muerte de la CCSS, fondo de capitalización laboral y sistema de Pensiones Complementarias, Fondo de Ahorro de AyA, y a la organización Sindical SITRAA. Por el incumplimiento de los derechos fundamentales a trabajadores de esta institución.
Mario Rodríguez Bonilla Secretario General Sindicato de Trabajadores del AyA detalla que:
AyA es condenada al pago de horas extraordinarias a trabajadores por acciones violatorias al derecho laboral costarricense, ingeniero de Guanacaste les prohibía alimentarse, cambiarse y bañarse en su tiempo de jornada laboral a pesar de que los funcionarios laboraban con materia fecal, ahora por sus acciones miles de abonados deberán cancelar con sus recibos de agua y alcantarillado estos costos. Exigimos sea trasladado estos dineros a los ingenieros y jefaturas no a los ciudadanos.
La Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua y el Programa Kioscos Socioambientales, invitan al “Encuentro contra Quebradores” que se realizará el 30 de junio y 1 de julio en San Judas de Chomes y Punta Morales.
Es una invitación abierta a Asadas, asociaciones de desarrollo y organizaciones comunitarias por la defensa de los ríos.
El pasado martes 20 de junio de 2023, se realizó una importante movilización en defensa de la educación pública en todos sus niveles.
Tanto la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional, como las organizaciones sindicales de primaria y secundaria, APSE, SEC, SIMPAE y ANDE, se unieron para protestar por el recorte presupuestario que el gobierno actual de Rodrigo Chaves intenta realizar a todo el sistema educativo nacional.
Otras organizaciones sindicales y sociales se unieron en defensa de la educación pública, entre ellas la del sector salud y sociales como el Bloque Cívico del Cantón Central de Limón, entre muchas otras. Los limonenses vienen dando una importante lucha contra las políticas neoliberales que han privatizado los muelles, una de las pocas alternativas de empleo que tenían y que en condiciones laborales y económicas brindaban un poquito de mejores condiciones a los trabajadores.
Otra alternativa laboral que queda en la provincia es en plantaciones, con salarios de hambre y sobre explotación laboral, sin contar con el uso de agroquímicos que afecta la salud y contaminan las aguas. Dos de los dirigentes presentes en la movilización fueron Eduardo Sanabria y Jhonny Cuendis, y ambos nos dieron unas cortas declaraciones sobre algunos temas de sus luchas en la provincia.
Eduardo Sanabria es dirigente ex muellero y miembro del Bloque Cívico de Limón. Palabras fuertes y contundentes. Limón, junto a Guanacaste y Puntarenas, son las tres provincias con mayor pobreza, desempleo y hambre.
Curiosamente son las tres provincias por las que entra y sale la riqueza de nuestro país, las fronteras terrestres y marítimas por las que las exportaciones y las importaciones vienen y van, generando miles de millones que está haciendo multimillonarios a unos pocos pero que no generan en las provincias ningún beneficio económico ni desarrollo.
Para demostrar la anterior afirmación investigamos y según Procomer, las exportaciones de Costa Rica han crecido en promedio $1 billón de dólares por año ($1,000,000,000,000), o lo que es lo mismo, este sector privilegiado, los exportadores, que son los únicos que ganan con las crisis económicas, se echaron a la bolsa nada menos que más de 540 mil millones de millones de colones (₡540,093,900,000,000.06), contando además con todos los privilegios fiscales que los exonera de pago de impuestos y que provoca la crisis económica del Estado costarricense.
En el caso de los muelles de Limón, hay un Canon que los administradores de los muelles de Limón deben pagar para ser invertidos en la provincia, pero que corre peligro de desaparecer por no cobro, por favorecimiento a la empresa extranjera, o que se transfiera al gobierno central.
El Canon tributario es la tasa que se paga por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público.
Escuchemos a Johnny Cuendis, también ex muellero y miembro del Comité Cívico de Limón.
Las particularidades de las carreras de música exigían una formación musical desde edades tempranas, de ahí surge la necesidad de crear hace 30 años, el Programa Preuniversitario de Formación Musical de la Escuela de Música de la Universidad Nacional (UNA), que se convierte en el vínculo entre la Escuela y los futuros estudiantes que quieran cursar una carrera universitaria.
En la actualidad, de acuerdo con su coordinador Fabián Jiménez, el programa desarrolla tres planes de estudio: Iniciación Musical, Plan Regular y Cursos Libres “Las clases de Iniciación Musical se ofrecen a niños y niñas de entre cuatro y siete años. Los Cursos Regulares buscan una formación integral del estudiante mediante clases de instrumento, teoría musical y un taller o ensamble, mientras que los Cursos Libres se ofrecen a todas las personas que desean aprender un instrumento para un disfrute personal”.
Según Jiménez, esta iniciativa también es un medio para que estudiantes avanzados o recién graduados de las carreras de Educación Musical o de Instrumento, puedan desempeñarse como docentes y aplicar sus conocimientos pedagógicos y musicales en la formación musical de los participantes. Se ofrecen clases de saxofón, flauta traversa, guitarra, guitarra eléctrica, violín, viola, cello, contrabajo, bajo eléctrico, percusión, batería, clarinete, trompeta, piano, canto lírico, canto popular, además de los cursos teóricos y los talleres o ensambles.
Recientemente, menciona el coordinador, se ofrece el Taller de inclusión para personas con discapacidad, en donde se desarrollan destrezas musicales básicas a través de actividades lúdicas, enfatizando el canto, patrones rítmicos de movimiento, percusión corporal, estimulación del oído melódico, ejecución instrumental básica de piano e instrumentos de percusión, lectura rítmica y melódica. También se ofrece cada año un Curso de preparación a las pruebas de ingreso universitario, que se enfoca en preparar a aquellos estudiantes que desean presentar las pruebas de ingreso a las carreras universitarias ofrecidas en la UNA.
Además, los estudiantes participan de múltiples conciertos, recitales, concursos y festivales cada semestre, ayudando a elevar el nivel cultural de las comunidades, mediante la difusión de música de compositores clásicos y contemporáneos.
A las comunidades
El programa también ejecuta iniciativas de extensión en conjunto con la Universidad Estatal a Distancia (UNED), tal es el caso de la sede de San Marcos de Tarrazú y Atenas. Anteriormente, se trabajó con la municipalidad de San Rafael de Heredia.
“Yo estoy preparándome para ser profesora de música. Este curso, a pesar de ser gratuito tiene un valor muy grande para la zona, porque la gente tiene el derecho de poder no solo aprender, sino que tiene la oportunidad de prepararse para un futuro profesional”, dijo Estefany Hidalgo, estudiante de solfeo, piano, guitarra y canto de la sede de la UNED en San Marcos de Tarrazú.
Por su parte, Elías Campos, descubrió su pasión por el piano desde hace 3 años y medio y quería avanzar más en sus estudios. «Quiero tener un nivel más avanzado para cuando tenga que realizar mis estudios universitarios. He aprendido bastante, he mejorado y me han enseñado nuevas técnicas, ahora tengo que practicar más y dedicarle más horas para mejorar cada día”, detalló Elías Campos también de la sede en San Marcos.
Recital de guitarra a cargo de los estudiantes del profesor Alejandro Valverde. Foto cortesía Preuniversitario.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Allá por el año 1990, nos visitó en la dirección de la Escuela de Ciencias Ambientales (Universidad Nacional) y de entrada nos dijo: “¿Por qué no alquilar la isla del Coco?”, y de inmediato, con plena convicción, nos amplió su propuesta con argumentos que escuché respetuosamente, aunque, obviamente, perplejo. Que era un parque nacional que nadie podía visitar, como si se podía hacer con el Parque Nacional frente a la Asamblea Legislativa, nos dijo; que no generaba ningún beneficio para el desarrollo de Costa Rica; que en el pasado, con el Instituto Costarricense de Turismo había suscrito un contrato que habría propiciado la inversión necesaria, para incluso construir un aeropuerto que incluía parte del mar; que él, entonces como diputado echandista, había logrado el apoyo de muchos colegas de otros partidos, que veían en la idea, una extraordinaria oportunidad de “hacer algo” creativo en esa muy lejana isla, que “era reclamada, incluso, por los colombianos, y que los gringos casi habían comprado para fines militares, después de visitas del presidente Roosevelt en los años 30”; que el famoso tesoro seguía esquivo y que entonces no había por qué seguir pensando en él como fuente de riqueza. ¡Que, este servidor, como director de una unidad académica prestigiosa en el campo ambiental, le apoyara en esa iniciativa!
Aunque por momentos pensé que el caballero, estaba inmerso en una fantasía, y que lo suyo no era más que un sueño, quizá recurrente, que en la de menos requería atención especializada, para nuestra sorpresa traía consigo algo que sí me hizo prestarle mayor atención. Se trataba de una copia de La Gaceta del día de Navidad de 1966, en que se consigna el “Dictamen afirmativo” de la comisión legislativa de Gobierno y Administración, del proyecto de ley “Traspaso en propiedad de la isla del Coco al Instituto Costarricense de Turismo y aprobación de un contrato para su explotación”.
En su aprobación, concluyeron los señores diputados Fernando Gutiérrez Benavides, Enrique Azofeifa Víquez, Ramiro Barrantes Elizondo, Hernán Vargas Ramírez, Jorge Luis Villanueva Badilla y Mario Charpantier Gamboa, que la isla del Coco no puede dedicarse a la agricultura…; que tampoco puede dedicarse a un centro penitenciario…; que por razones de distancia y por el alto costo, no es posible explotar, como fuente de riqueza, sus recursos naturales…; que los tesoros que, se ha dicho, existen en la isla no constituyen patrimonio económico, sino una leyenda, una utopía, aprovechable únicamente como atracción turística; “y, por último, la única alternativa que queda, dentro del mundo moderno, y como único recurso económico para el país, es la explotación turística de la Isla del Coco”.
Como ven, amigos, ¡No era cuento ni una fantasía infantil! Se trataba de un pasaje muy poco conocido, de algunos de nuestros políticos.
Y si a algunos les parecerá que la idea desarrollada en ese proyecto de ley podría ser, en términos actuales, descabellada, conozcamos algunos detalles de los compromisos contractuales suscritos entre los señores Ricardo Castro Cañas, por el ICT, y el señor César Augusto Solano Sibaja, nuestro visitante hace tres décadas, aprobados por la citada comisión legislativa, para la explotación turística, en los primeros meses del gobierno de don José Joaquín Trejos.
“El contratista” se comprometió, “en el menor tiempo posible”, a invertir un millón de dólares en los primeros dos años, a “construir un aeropuerto para toda clase de aviones”, “un muelle para el embarque y desembarque de pasajeros y mercaderías en barcos de regular calado”, así como “todos los locales que el Gobierno considere indispensables para las oficinas públicas”, a la vez que se le otorgó el derecho “para construir y arrendar terrenos a particulares para la construcción de hoteles, moteles, viviendas particulares, locales comerciales, piscinas, gimnasios, y además, toda clase de edificaciones o instalaciones con que cuentan las ciudades modernas o centros turísticos”.
No habría que esforzarse mucho, para vislumbrar cómo se encontraría la isla del Coco, apenas un poquito más grande (2.400 ha) que el también pequeño Parque Nacional Manuel Antonio (ambos en sus partes terrestres), de haberse ejecutado esa “brillante iniciativa”, entonces acogida con entusiasmo por los legisladores.
¡Pero viene lo mejor!
Además de la inversión que, supuestamente sería cubierta por empresarios alemanes, nos dijo el señor Solano Sibaja dos décadas después de haberse dictado el dictamen legislativo favorable, en el contrato suscrito con el gerente del ICT, leemos lo siguiente: “1º- Concédese en arrendamiento al contratista por la suma de un colón al año, los derechos exclusivos para la explotación turística de la Isla del Coco y sus islotes…”. Y agrega: “Este derecho se concede por un plazo de cuarenta años a partir de la fecha en que se firma el presente contrato”. Aunque se aclara (¡como gran cosa!) que “Si se aprobare el traspaso, cesión, venta o enajenación de este contrato a personas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras, la adquiriente deberá asumir todas las obligaciones contractuales que aquí se establecen”.
Tal era el convencimiento de que estaban ante un gran negocio en favor de la Nación, que en la sesión de comisión del 13 de octubre de 1966 (lo citamos para evidenciar que también había oposición a proyecto), leemos: “ahora, nosotros estamos, como dicen los comunistas, – ese es el argumento comunista-, estamos entregando la isla del Coco “mediante escandaloso y oscuro contrato”. Lo que dijo el diputado Villanueva Badilla, es muestra de que, 12 años antes de que el Presidente don Rodrigo Carazo se impusiera la estupenda tarea de crear, por decreto ejecutivo del 22 de junio de 1978, el Parque Nacional Isla del Coco, ya había por entonces costarricenses (no creemos que necesariamente solo “comunistas”) opuestos a esa ofensa a la Patria, que se estaba fraguando aceleradamente.
Con una visión patriótica y conservacionista no considerada por anteriores gobernantes, don Rodrigo Carazo, quien asimismo valoraba la ubicación estratégica de la isla del Coco, como capaz de sustentar un vasto territorio marítimo y sus recursos biológicos, desdeñado por muchos, firmó su Decreto Ejecutivo (Nº 8748-A-MAG) que hoy, 25 años después, adquiere mayor relevancia, pues en él se reafirma “Que es función del Estado velar por, la conservación, protección y fomento de los recursos naturales del país”, y “Que la declaratoria de la isla del Coco como Parque Nacional, es el medio más recomendado para preservar el estado natural de la isla”.
Así, gracias, muy especialmente, a don Rodrigo, se ha conservado en inmejorables condiciones el bosque siempre verde, tupido y denso, que la caracteriza, así como las 235 especies de plantas (70 endémicas), 362 especies de insectos (64 endémicos) y 2 de reptiles endémicos, 3 tipos de arañas, 85 especies de aves (4 endémicas), 57 especies de crustáceos, 118 variedades de moluscos marinos, más de 200 tipos de peces y 18 especies de cocales, en términos generales.
Riqueza invaluable, inmensa, extraordinaria, que, de haberse ejecutado el insólito contrato de desarrollo turístico que hemos comentado, ¡a cambio de 40 monedas de colón por 40 años!, que incluso propiciaba su venta a intereses extranjeros, quizá hoy el mismo solo provocaría lamentos inútiles, ante la impotencia de ver “La Isla del Tesoro”, destruida por desdén, y en manos foráneas.
En términos generales mi breve análisis coincide con las observaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, salvo la que se refiere al costo proyectado por la CCSS sobre el Producto Interno Bruto (PIB), que OIT estima en 21,5% en el Gráfico 3 de su informe. La OIT no dice como estimó el PIB de 2023 a 2036; sin embargo, como el costo sin inversión en proyectos proyectado por la CCSS para el año 2036 es ₡12,7 billones (Cuadro 35 de VA-2021), se deduce que OIT estimó un PIB de ₡59,3 billones = ₡12,7 / 0,215 para ese año. Como el PIB estimado por el BCCR (Banco Central de Costa Rica) para el año 2022 es ₡44,3 billones, significa que si OIT usó este dato, entonces la tasa anual nominal de crecimiento del PIB que utilizó es igual a 2,1%. Sin embargo, el PIB ha venido creciendo a tasas nominales promedio entre 6% y 7% y tasas reales superiores al 3%, por lo que esa hipótesis de 2,1% de crecimiento nominal del PIB no luce razonable.
En el Gráfico 1 siguiente presento tres escenarios de los gastos proyectados por la CCSS en el Cuadro 35 de VA-2021 sobre el PIB, usando tasas reales de crecimiento del PIB del 2,5%, 3,5% y 4,5%, partiendo de la cifra de PIB de ₡49,97 billones estimada por el BCCR para el año 2024. Lo que se obtiene con estas hipótesis es que en el año 2036 los gastos sobre el PIB proyectados por la CCSS serían 13,3%, 11,8% y 10,5% para dichos escenarios, respectivamente. Si bien estos costos sobre el PIB son bastante inferiores a los obtenidos por la OIT, siguen siendo sorprendentes, incluso si el PIB creciera un 4,5% real, ya que en los tres escenarios los costos sobre el PIB superan el doble de los datos levemente mayores a 5% observados en el período 2010-2021. El crecimiento del gasto sobre el PIB es explosivo desde el primer año proyectado, en el cual el costo supera el 6%, en 2026 el 7%, en 2030 el 8%, en 2034 el 10% y en 2036 el 11%.
Nota: El gasto histórico se toma del Cuadro 17 de VA-2021; el gasto proyectado es el del Cuadro 35 de VA-2021.
Si en el Gráfico 1 se agrega el costo del portafolio de inversiones en infraestructura, los valores proyectados mostrados en dicho gráfico se incrementan en promedio un 0,6% sobre el PIB.
Dado este explosivo aumento del gasto proyectado en VA-2012, no es extraño que el gasto per cápita, usando las proyecciones de población del INEC, también se dispare desde ₡ 425.065 en 2021 hasta ₡ 2.207.265 en 2036; es decir, se multiplica por 5,2 en 15 años, factor que supera el indicado por OIT que usa como base el dato del año 2022.
En los cuadros 16 y 17 de VA-2021 hay estadísticas de crecimiento nominal y real de los ingresos y los gastos del SEM del período 2010-2021, que muestran que, en promedio, los ingresos crecieron un poco más que los gastos; sin embargo, en las proyecciones realizadas por la CCSS, los ingresos crecen un 8,3% en promedio y los gastos crecen desde un 9% en 2023 hasta un 14% en 2036, con un promedio de 11,4%. En particular, es sumamente extraño lo que sucede con la proyección del gasto en atención primaria de la salud (Áreas de Salud), el cual crece a tasas crecientes desde un 14,8% en 2023 hasta un 20,2% en 2036, aspecto que también fue analizado por la OIT. Esto ocasiona que el gasto en este rubro se dispare hasta montos muy poco razonables y creíbles; pero que a los expertos de la Caja no les parecieron extraños, ni siquiera hicieron la observación sobre este asunto, sino que se dedicaron a desviar la atención mencionando los cambios en los gastos según la edad de las personas. En el informe VA-2021 no se muestran los datos desagregados del año 2022 y los que muestran del año 2021 son sumamente deficientes. Pero usando los datos que ellos mismos estimaron para 2023 en el Cuadro 32, se pueden obtener muchas conclusiones (Ver el Gráfico 2).
Nota: Elaborado con los datos del Cuadro 32 de VA-2021.
Por ejemplo, el gasto en áreas de salud o atención primaria, que en 2023 estiman en ₡0,73 billones, se dispara como cohete en espacio sin gravedad, hasta un monto de ₡5,94 billones en 2036, dejando rezagado desde el año 2030 el gasto en hospitalización, el cual en 2023 estiman en ₡1,17 billones y en 2036 valoran en ₡3,12 billones. Es decir, en 13 años el gasto en áreas de salud se multiplica más de 8 veces y su relación con el gasto de hospitalización pasa de 0,62 en 2023 a 1,9 en 2036. Con respecto al gasto total en salud, el gasto en áreas de salud pasa de una participación de 29% en 2023 a una participación del 52% en 2036, con una tendencia lineal, que si se mantiene en 2041 representaría el 60% y en 2050 un 76% (Ver Gráfico 3). Ante este disparate de gastos proyectados, es innecesario analizar si los ingresos son razonables.
Nota: Elaborado con los datos del Gráfico 2.
Recordemos que el costo de la medicina preventiva es una obligación del Estado según el artículo 9 de la Ley No 7374, del cual los gobiernos de turno no le han aportado ni un centavo a la Caja en 30 años; sin embargo, los autores del informe VA-2021 no hacen visible dicho costo, inmerso precisamente en las cifras que proyectan para las áreas de salud. Me inquieta pensar que aquí haya gato encerrado, en particular, si cuando Román Macaya y los otros 8 directores se hicieron los zorros ante mi informe y solicitud de detener los maquillajes con el desvío de fondos de IVM y con los estudios actuariales del SEM, fue porque todo lo estaban cocinando a juego lento para lograr acuerdos con políticos locales y con organismos financieros internacionales. Este minino también podría explicar que hayan mantenido durante más de 15 años a un profesional como jefe de actuarios y revisor de estudios actuariales, que es lego en esa materia; pero que cae como anillo al dedo para el manejo financiero de la Caja que quieren los gobiernos de turno.
