La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi, se complacen en invitarle a la conferencia La Guerra Filibustera y la identidad nacional costarricense por el Dr. Marco Cabrera Geserick.
En Costa Rica crece un peligro silencioso: la estigmatización de quienes cuidan la naturaleza.
El reciente ataque contra Randall Arauz y Walter Brenes no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que busca convertir la defensa ambiental en sospecha.
Esta nota del Observatorio de Bienes Comunes (UCR) analiza cómo se usan los discursos, la desinformación y el Poder Judicial para deslegitimar a quienes defienden los bienes comunes —el agua, los mares, la tierra, la vida misma—.
“Las personas defensoras son la última línea de contención frente a un modelo que convierte todo en mercancía, incluso la vida.”
Miles de personas productoras agrícolas de todo el país nos movilizamos hacia Casa Presidencial de forma ordenada y pacífica para solicitarle al señor presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles que no nos siga afectando con sus políticas y que en lugar de esto fortalezca la producción nacional y defiendan la soberanía alimentaria, así como el empleo de miles de familias rurales que dependen de esta actividad.
Desde la UNAG y el sector del agro nacional, indignados por el maltrato que recibió el humilde agricultor Roy Fallas Araya, miembro de nuestra organización, hacemos del conocimiento que los oficiales de fuerza pública quienes se presentaron armados a bloquear el paso, limitar el tránsito y la libertad de expresión afirmaron que accionaron conforme a las órdenes superiores para hacer uso de la fuerza y autoridad, que quedó evidenciado ante el arresto arbitrario del compañero Roy, a quien procesaron como si fuera un delincuente, no obstante, ha quedado demostrado en videos que el señor Fallas en ningún momento cometió delito alguno.
Reiteramos que este gobierno promovió la restricción y hostigamiento a la movilización desde tempranas horas de la mañana del día martes 11 de noviembre, las autoridades de tránsito limitaron la libertad a la protesta como derecho humano, en específico el recorrido de Cartago a Casa Presidencial, quienes respetaron las leyes de tránsito y acataron en todo momento las indicaciones de la autoridad.
La jornada nacional, convocada bajo el lema “Sí a la democracia no a la dictadura”, ¡“El campo costarricense se levanta!”, transcurrió de forma pacífica, tanto desde el sector agro como otras organizaciones sociales y productivas.
Entre las principales demandas del agro destacan:
Políticas de apoyo real al agro costarricense.
Precios justos y control frente a importaciones desleales.
Acceso a crédito, reestructuración de deudas y asistencia técnica.
No al areteo.
No al transpacífico
Apertura de un diálogo directo con el Gobierno.
José Oviedo presidente de la Unión Nacional de Agricultores (UNAG) y uno de los dirigentes de la marcha, manifestó que “el agro debe ser valorado y respetado y se mantendrán al pie de lucha pese a que el actual gobierno mantiene puertas cerradas, acciones que dañan también a los consumidores, pero, sobre todo un modelo de gobernar que atenta los valores democráticos del país.
La lucha sigue, las acciones también y más que después de esta marcha se están uniendo más sectores. Repudiamos el acto de parte del señor presidente el día de ayer, exigimos el debido proceso y justicia para Roy Fallas”, apuntó Oviedo.
Rafael A. Ugalde Quirós Periodista, abogado y notario por la U.C.R.
Cuando dentro de dos años, la anfitriona Bruselas, pronuncie la clásica «Soyez les bienvenus chers délégués« en la V Cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC – UE), la bienvenida a lo mejor ya haya diferenciado el significado profundo en todos los idiomas entre “sumisión” y “colaboración” y así, entonces, los liderazgos de la región corran mejor suerte.
La extensa resolución final de la IV Cumbre regional y el viejo continente reflejó, por un lado, una visión de sociedad propia y tradicional de quienes defienden el llamado “capitalismo bueno”, gracias a “izquierdas democráticas” “socialismo de consensos”, “frentismos populares”, “coaliciones democráticas” etc., de marcado acervo socialdemócrata y reformista, con un excelente discurso disfrazado de “progresismo” conforme ordena el último grito de moda.
Las discusiones, por otra parte, presentes dentro de la IV Cumbre en Santa Marta, nos dejó la evidencia de una concepción diametralmente opuesta a la anterior, que cree superable el concepto tradicional de democracia como sinónimo de llamar solo a votar en ciertas fechas, encaminada a transformar el modelo con la incorporación activamente de la población en la defensa de las soberanías nacionales y la construcción del sistema de producción y sus relaciones para que, cualquier desarrollo alcanzado, se considere bien de toda la colectividad, por encima de cualquier oferta y demanda.
Se diferencian además de la primera tesis en que establecen con notoria claridad cómo el reformismo resultó en las últimas décadas un aliado incondicional de la Europa profundamente fragmentada y las plutocracias regionales decrépitas, incapaces de levantar proyectos independientes y soberanos, en relación con Estados Unidos y el viejo continente.
Se parecen, pero son como el aceite y el vinagre. Para los primeros es cuestión de “ajustar” y “focalizar” los problemas lógicos derivados de las bondades del ese capitalismo, para que nada o muy pocas alteraciones del sistema haya, al mejor estilo de Max Webber; para los segundos, en cambio, la democracia es más que elecciones cada cierto tiempo, porque creen que cualquier transformación política y económica corre a cargo de las mayorías y son, en última instancia los trabajadores quienes revolucionan toda realidad social.
Así, en Santa Marta estuvieron además sumamente activos un tercer grupo que por ningún motivo se debe perder de vista en los años venideros. Fueron quienes rechazaron a Nuestra América como zona de paz, aplaudieron las exclusiones de naciones en razón del color de la piel, gobierno, asuntos de género, despolitización de los derechos humanos, creen sin tapujos que la plaga del narcotráfico y el terrorismo basta combatirlo a bombazos y aplicación de la pena de muerte generalizada. Son los países cuyos delegados están matriculados con la nueva versión del nazifascismo-sionismo. Son, en síntesis, quienes toda su existencia depende de las órdenes dadas desde Estados Unidos y esperan que la UE tenga éxitos conjuntamente en la nueva aventura de recolonización.
Por último, no hay que perder de vista que en Santa Marta hubo una numerosa delegación de segundo nivel de Europa Comunitaria – pues de peso solo estuvo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro – que dio cátedra sobre cómo funcionan las nuevas leyes de los imperios.
Foto presidencia de la república de Colombia.
Un grupo de segundones de la UE que conocía el oficio al dedillo y se llevó en banda a quien pestañó.
La declaración final incluyó varios párrafos con términos cómo “colaboración”, “multilateralismo”, “democracia”, “elecciones creíbles”, obviamente como una concesión de la región para que Europa Occidental conserve el monopolio de decir qué comicios son válidos y qué gobierno deben reconocerse en sus antiguas colonias.
Esta versión sesgada a favor de los intereses de las naciones integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) produjo un intenso debate al interior del encuentro, confirmaron a la prensa local varios diplomáticos acreditados durante el encuentro.
Aunque los europeos lograron imponer contra todos los pronósticos sus intereses, junto a los de Estados Unidos -que no necesitó estar presente, pues tuvo excelentes peones –, la guerra de la OTAN en Ucrania contra la Federación de Rusia produjo el mayor cisma dentro de la cita, que se prolongó más allá del conclave.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, al terminó de la cita, contó que Nicaragua se apartó de la llamada “Declaración de Santa Marta” por un asunto de principios. “La posición del Gobierno de Nicaragua es clara: No aceptamos y debe ser excluido, eliminado el párrafo que hace referencia a Ucrania”, expresó. De esa manera, precisó a la prensa, hubo consenso para que se aprobara la Declaración de la Cumbre, de lo contrario el pronunciamiento final no sería aprobado. Se refería a que los acuerdos de la CELAC se adoptan por consenso entre sus miembros; cuando hay un desacuerdo se permite acompañar la declaración final con el documento en el cual el país deja constando sus diferencias.
La declaración final, fue suscrita por 58 de los 60 países participantes en la cumbre. Nicaragua y Venezuela se “disociaron” del conjunto del documento, por lo tanto, se promulgaron tres documentos, que ponen en evidencia que el “trato igualitario” tan invocado durante este importante encuentro estuvo lejos de la realidad diplomática.
Para la Europa civilizatoria esta cumbre en tierras latinoamericanas y caribeñas significaba una especie de “luz al final del túnel”, pues es la oportunidad de relanzar más de 500 años de vinculación con la región, dado el complicado tablero geopolítico y el innegable error de cálculo cometido por sus lideres, en relación con el conflicto en Ucrania.
Los principales voceros de la UE reconocen que su economía pasa por problemas para competir con China, sus arsenales de armas están casi vacíos, porque no paró en abastecer a Ucrania, en tanto se obligó a subir de 2 % a 5% el presupuesto para la compra de armamento procedente de Estados Unidos. Y Europa occidental vive de los réditos producidos por los despojos llevados a cabo en América, Asia y África, por eso se acostumbró a transformar materias primas que ahora se les dificulta su obtención.
Por eso, pensando en materias primas, no dudó en escalar un conflicto armado entre Rusia y Ucrania – dos países entre familiarizados y fuera de la OTAN, pensando que con 12 mil sanciones a Moscú pondría de rodilla a Putin y quedaría libre así el acceso a la codiciada zona de Eurasia, rica en enormes cantidades de gas, petróleo, cobalto, oro, uranio, hierro, tierras raras, maderas, precisamente materias requeridas por la plutocracia occidental para sus cadenas de suministros.
No hubo ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, los europeos no se llevaron de América Latina y el Caribe la totalidad de muchas de esas materias primas requeridas ahora con urgencia para enfrentar el paso arrollador del dragón chino por el mundo.
Se trata, pues, una vez puesta en contexto la terminología diplomática de la Carta de Santa Marta, de un “multilateralismo” encaminado a entregar las materias primas de la región no solo a los Estados Unidos, sino además a los europeos que, como bloque, ambos defenderán esta parte del mundo como su área exclusiva de dominio contra el surgimiento de nuevos frentes económicos, políticos y de desarrollo socioeconómico en el cambiante tablero geopolítico.
Naciones como Costa Rica, Panamá, El Salvador y Trinidad y Tobago, aunque refrendaron la declaración final de esta Cumbre, presentaron objeciones concretas a los párrafos 10, 18 y 47 de la Carta de Santa Marta relacionados con la cooperación en acción climática y protección del medio ambiente (Párrafo 10), el compromiso con la democracia, los derechos humanos y el multilateralismo (Párrafo 18), y la cooperación en gestión migratoria (Párrafo 47).
Según reveló el vicecanciller colombiano, Mauricio Jaramillo, una vez terminada la cita de Santa Marta, esta estuvo marcada por profundas diferencias y desacuerdos.
Con antelación a esta IV Cumbre CELAC-UE había fracasado el X encuentro denominado de las Américas con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela por órdenes expresas de Estados Unidos y decisión de la Organización de Estados Americanos.
Jaramillo seguidamente amplió detalles revelando que la declaración conjunta de todos los miembros fue resultado de una negociación muy difícil entre 60 delegaciones.
Agregó que, Nicaragua optó por no respaldar el documento completo, mientras agradeció el gesto diplomático de Venezuela de retirarse de la declaración final y evitar así dar al traste con la cumbre, por mantenerse la visión sobre la guerra ucraniana.
Sin embargo, pese al innegable boicot contra esta cumbre por parte de Estados Unidos, en complicidad abierta con los altos cargos de la UE, el presidente colombiano “salvó” a su manera este difícil encuentro en puntos específicos, como el bloqueo comercial y económico contra Cuba y la situación de Palestina, aunque no logró un pronunciamiento concreto a favor de la necesidad de reconocer un Estado palestino con todas las garantías dadas por el Derecho Internacional.
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, destacó en la red X el llamado de la Carta de Santa Marta contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba desde hace 61 años. Asimismo, subrayó la oposición regional a leyes y reglamentos con efectos extraterritoriales, a que hace referencia la declaración CELAC-UE.
No obstante, había lamentado que el texto final del importante encuentro careciese de una denuncia contundente por el actual despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que pone en peligro “la paz, estabilidad y seguridad regional, aun cuando fue un tema ampliamente discutido durante los debates de la IV Cumbre Celac-UEE”, reveló.
El destructor norteamericano Gerald Ford con misiles nucleares y modernos bombarderos apunta hacia la población venezolana. (F. tomada de Instagram).
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en una reacción recogidas por diferentes agencias de noticias dijo que, si se hubiera mencionado directamente la militarización del Caribe por Estados Unidos en el documento final de Santa Marta, no se habrían “logrado las firmas de algunos países”. “Así funciona la diplomacia”, añadió.
La funcionaria tiene cerca de seis meses de estar en el ojo de la tormenta porque insiste en que la UE se apropie de más de $ 300 mil millones de activos rusos confiados a bancos europeos para financiar la guerra ucraniana.
Asimismo, en declaraciones recogidas por la cadena de noticias CNN Kallas resaltó los buenos acuerdos alcanzados en Colombia y sostuvo que vamos a seguir siendo un socio comercial “predecible” y “confiable”, concluyó.
¿Qué les parece si hablamos de recolonización? ¡El que quiera entender que entienda!
La Contraloría General de la República (CGR) aprobó de forma parcial el presupuesto extraordinario N.º 2-2025 de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que incluye ₡2.700 millones destinados al pago de licencias de cuido para personas responsables de pacientes en fase terminal o con enfermedades graves, conforme a lo establecido en la Ley N.º 7756.
El presupuesto extraordinario, por un total de ₡50.458,8 millones, fue remitido por la CCSS el 6 de noviembre de 2025 y aprobado por la Contraloría el 12 de noviembre de 2025. La CGR aclaró que ahora corresponde a la CCSS ejecutar dichos recursos, trámite en el cual la Contraloría no tiene responsabilidad directa.
Fondos aprobados
De acuerdo con el informe DFOE-BIS-0653-2025, los recursos aprobados comprenden:
₡2.700 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) para financiar el subsidio de licencias de cuido.
₡42,5 millones por ingresos no tributarios para la compra de insumos médicos.
₡10.832,6 millones en transferencias corrientes del Gobierno Central para cubrir servicios a trabajadores independientes y asegurados voluntarios.
₡25.329 millones en transferencias del Gobierno Central para amortizar deudas con la CCSS.
₡10.054,7 millones del FODESAF para pensiones de personas adultas mayores en situación de pobreza.
Aprobación y fundamentos legales
La resolución se fundamenta en las atribuciones de la Contraloría establecidas en los artículos 184 de la Constitución Política y 18 de la Ley Orgánica de la CGR N.º 7428, así como en la Ley N.º 7756, que garantiza el subsidio a responsables de pacientes terminales o menores gravemente enfermos.
Además, la aprobación responde al cumplimiento de resoluciones recientes de la Sala Constitucional (N.º 2025035754 y N.º 2025035801), que ordenaron a la CCSS y al FODESAF realizar los pagos de manera inmediata, al considerar que estos subsidios tienen carácter constitucional y no pueden ser postergados.
La CGR precisó que el análisis de legalidad del presupuesto se limita al cumplimiento de los requisitos normativos, y que la ejecución de los fondos es responsabilidad exclusiva del jerarca y los titulares subordinados de la CCSS.
Finalmente, el documento reitera que la aprobación de los recursos no implica pronunciamiento sobre la elegibilidad individual de las personas beneficiarias, sino sobre la congruencia legal y constitucional de la incorporación presupuestaria.
El Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y Violencia invita al lanzamiento de su más reciente documento de trabajo, titulado “Una propuesta para pensar, analizar y trabajar la violencia que agobia nuestros días”, el cual busca abrir un espacio de reflexión crítica y acción frente a las múltiples expresiones de violencia que afectan la vida cotidiana de las personas y comunidades en Costa Rica.
El documento parte del compromiso ético y profesional de la psicología con la transformación social, proponiendo herramientas conceptuales y metodológicas que permitan abordar la violencia desde una perspectiva integral. La propuesta incluye ejes para el análisis de la violencia estructural, simbólica, de género y comunitaria, con el fin de aportar insumos para la acción profesional, institucional y colectiva.
🗓 Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2025 💻 Modalidad: Virtual (Zoom) 📲 El código QR del afiche permite acceder directamente al enlace de la reunión.
La Universidad de Costa Rica (UCR), a través del Programa de Posgrado en Sociología, organiza el seminario “Movilidad humana y migración: cuerpos, fronteras, luchas y resistencias en el siglo XXI”, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2025, en modalidad presencial y con transmisión por redes sociales.
El encuentro, coordinado junto con la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica y el Servicio Jesuita para Migrantes, busca analizar críticamente los procesos de movilidad humana y sus implicaciones sociales, económicas y políticas en el contexto de las transformaciones geopolíticas actuales.
El documento base del seminario plantea que las múltiples crisis del capitalismo contemporáneo —guerras, violencia estructural, cambio climático y endurecimiento de las fronteras— han situado la movilidad humana en el centro de los debates globales. Frente a visiones que reducen a las personas migrantes a víctimas o “problemas a gestionar”, se propone un enfoque que reconozca sus luchas y resistencias como sujetos políticos.
Un campo crítico de estudios migratorios
El seminario propone la construcción de un campo crítico que:
Reconozca los saberes situados desde el Sur Global.
Ponga en el centro las luchas migrantes y su papel político.
Analice la movilidad como proceso histórico, desigual y atravesado por clase, género y raza.
Aborde las fronteras como espacios de disputa y resistencia.
Visibilice cómo los discursos securitarios alimentan racismo y xenofobia.
Programa del Seminario
Martes 18 de noviembre – Inauguración 🕒 3:00 p.m. | Sala Multimedia, Facultad de Ciencias Sociales Conferencia inaugural:Reconfiguración de los corredores migratorios en América Central: Movilidades y sistemas globales desiguales, a cargo del Dr. Guillermo Navarro Alvarado (UCR). Palabras introductorias: Dra. Nancy Piedra Guillén, directora del Posgrado en Sociología. Modera: Lic. Jesús Alberto Chavarría Cuadra.
Miércoles 19 de noviembre – Mesa 1: Subjetividad, cuerpo y fronteras 🕔 5:00 p.m. | Sala del Posgrado en Sociología
Agencia emocional y resiliencia de juventudes migrantes nicaragüenses en Costa Rica – Lic. Fabián Chavarría Calderón.
Autonomías y luchas por la permanencia de personas migrantes nicaragüenses – Lic. Jesús Alberto Chavarría Cuadra.
Cuerpos narrados, cuerpos dibujados: movilidades contemporáneas en Centroamérica – Dr. Guillermo Acuña González. Modera: Dra. Nancy Piedra Guillén.
Jueves 20 de noviembre – Mesa 2: Derechos humanos y protección internacional 🕑 2:00 p.m. | Mini auditorio 609, Facultad de Ciencias Sociales
Movilidad forzada en Costa Rica en contexto de desprotección y deshumanización – Lic. Adam Álvarez Calderón.
Movilidad humana y políticas públicas – M.Sc. Harold Alejandro Villegas Román.
Defensa de derechos humanos de migrantes como deber y derecho – Br. Jhoswel Antonio Martínez. Modera: Mtra. María José Chaves Groh.
Jueves 20 de noviembre – Mesa 3: Discursos mediáticos y percepción pública 🕠 5:30 p.m. | Actividad virtual por Zoom
Discurso mediático en República Dominicana: otredad e identidad nacional – Lic. Estefany Viviana Polanco Matos.
Hacer música es hacer comunidad – Mtra. Ceshia Ubau Molina. Modera: M.Sc. David Mora Castillo.
Viernes 21 de noviembre – Clausura 🕥 10:30 a.m. (Costa Rica) | Actividad virtual Conferencia de clausura:Violencia racializada en la geografía fronteriza – Dr. Ignacio Mendiola Gonzalo, Universidad del País Vasco. Modera: Dra. Laura Paniagua Arguedas, directora del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, UCR.
El seminario será transmitido por las redes sociales de la WebTV de la Facultad de Ciencias Sociales, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica y la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS).
📍 Inscripción: mediante el código QR del afiche o en las redes institucionales. 📅 Fechas: del 18 al 21 de noviembre de 2025 📲 Transmisión: Facebook y YouTube
Este artículo reflexiona sobre el colapso del socialismo democrático y el ascenso de nuevas formas de fascismo en Europa y América Latina. El primer capítulo analiza cómo los países nórdicos, otrora bastiones del pacto social, han sido seducidos por discursos autoritarios, mientras en América Latina las maquinarias electorales y los algoritmos reemplazan a los ejércitos como instrumentos de control. El segundo capítulo se centra en Costa Rica, donde la multiplicación de partidos sin ideología, el descrédito del sistema electoral y el ataque a la institucionalidad desde el propio poder estatal configuran un escenario de grave deterioro democrático. El texto propone una lectura ética y literaria del presente, y plantea la necesidad de repensar el mito del ave fénix como tarea colectiva ante la crisis de humanidad.
Palabras clave: Socialismo democrático, fascismo digital, crisis institucional, Costa Rica, autoritarismo, sindicatos, democracia, ética política
Capítulo I: El fin del socialismo democrático y el renacer del fascismo
Hubo un tiempo en que el socialismo democrático fue más que una etiqueta. Fue una promesa. En los países nórdicos, esa promesa se tradujo en hospitales públicos, educación gratuita, sindicatos fuertes y partidos que aún cantaban. Se creyó que el capitalismo podía ser domesticado, que el mercado podía servir sin devorar, que el trabajo podía tener dignidad sin pedir permiso al capital (Gomariz, s.f.).
Pero ese tiempo se ha ido. Hoy, incluso las sociedades que fueron modelo de equidad escuchan los cantos de sirenas autoritarias. En Suecia, Finlandia y Dinamarca, crecen partidos que hablan de orden, de fronteras, de pureza. La guerra fría, que parecía enterrada, resucita como espectro, no solo en lo militar, sino en lo cultural y simbólico (Urrego Ardila, 2022). Se rearma, se vigila, se teme. El pacto social se deshilacha, y en su lugar se instala la sospecha.
En América Latina, el paisaje es semejante, aunque con sus propios matices. Aquí no son los tanques los que avanzan, sino los algoritmos. Las maquinarias electorales se perfeccionan, los ejércitos quedan a la retaguardia, y los sindicatos se refugian en discursos que ya no conmueven. Los partidos políticos han perdido sus ritos, sus cantos, su capacidad de convocar desde la emoción colectiva. Con excepciones luminosas —Uruguay, Brasil, Colombia— el continente parece rendirse a una nueva forma de fascismo: más digital, más emocional, más eficaz (Trindade, 2003; Borón, 2003).
Este nuevo fascismo no necesita uniformes ni marchas. Se disfraza de eficiencia, de modernidad, de sentido común. Promete seguridad, orden, progreso. Pero lo que ofrece es miedo, exclusión, silencio. No busca convencer: busca saturar. No construye comunidad: la reemplaza por tribus digitales. No propone futuro: administra el presente como si fuera eterno.
Y mientras tanto, los que aún creemos en lo humano, en lo colectivo, en lo justo, nos preguntamos: ¿a qué oponernos? ¿A quién apoyar? Los liderazgos se construyen en redes, se consumen como productos, se olvidan como memes. La juventud, despojada de esperanza, ya no quiere reproducirse. Adopta mascotas, se sumerge en pantallas, se repliega. Lo social se desplaza, lo político se diluye, lo humano se desvanece.
Tal vez, como decía Gomariz (s.f.), solo las comunidades más “atrasadas” puedan salvarse. Las que aún cultivan la tierra con las manos, las que aún cuentan historias en la plaza, las que aún entierran a sus muertos con canto. Tal vez allí se guarde la semilla de un nuevo comienzo.
Pero no basta con esperar. Es hora de repensar el mito del ave fénix. No como consuelo automático, sino como tarea ética. Reconstruir lo humano desde las cenizas, con memoria, con coraje, con palabra. Porque si algo nos queda, es la capacidad de resistir, de narrar, de cuidar.
Capítulo II: Costa Rica: el deterioro democrático y el riesgo de colapso institucional
Costa Rica, país que alguna vez fue símbolo de estabilidad democrática en América Latina, atraviesa hoy una crisis profunda, no solo institucional, sino ética. La multiplicación de partidos sin ideología, la banalización del liderazgo político y el uso del poder estatal para desacreditar el sistema electoral configuran un escenario alarmante (Cortés Ramos & Fernández Alvarado, 2021).
Los partidos políticos han dejado de ser espacios de deliberación y proyecto. Se han convertido en plataformas de ocasión, sin raíces ni propuestas. Los líderes que emergen son fatuos, construidos por redes sociales, sin trayectoria ni compromiso. La política se ha vuelto espectáculo, y la institucionalidad, blanco de ataques desde el propio poder ejecutivo.
El Tribunal Supremo de Elecciones, pilar de la democracia costarricense, ha sido objeto de sospechas infundadas, sembradas desde el discurso oficial. Esta estrategia, que recuerda el modelo argentino de deslegitimación institucional (Trindade, 2003), se despliega ahora desde el centro mismo del Estado, con una eficacia inquietante.
Los sindicatos, otrora actores de resistencia, sobreviven en discursos, pero enfrentan descrédito, fragmentación y persecución. La ciudadanía, desorientada, se repliega en la individualidad, mientras crece el riesgo de una ruptura mayor. No es exagerado hablar de una posible segunda guerra civil, no en términos bélicos tradicionales, sino como colapso del pacto social, del respeto mutuo, de la convivencia democrática.
Este tema no es para jugar. La democracia no está escrita en piedra. Requiere cuidado, memoria, coraje. Y hoy, más que nunca, exige una palabra clara, una resistencia ética, una reconstrucción desde las ruinas. Esperamos que se trate de un eclipse y no el inicio de una nueva historia de terror para la humanidad.
Cortés Ramos, A., & Fernández Alvarado, D. (2021). Órdenes sociales, regímenes políticos y geopolítica en Centroamérica: una lectura de larga duración en el contexto del bicentenario. Anuario de Estudios Centroamericanos, 47(2), 1–30. https://doi.org/10.15517/aeca.v47i2.48291
Gomariz, E. (s.f.). Reflexiones sobre el socialismo democrático y la socialdemocracia. Manuscrito inédito.
Urrego Ardila, M. A. (2022). Totalitarismo, fascismo y su importancia para América Latina: continuidad de la Guerra Fría en el campo cultural y las ciencias sociales. Revista de Estudios Latinoamericanos, 34(1), 45–67. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9016543.pdf
Las imágenes recientes de la marcha encabezada por figuras del Partido Liberación Nacional (PLN) bajo la consigna “Defendamos Costa Rica” confirman lo que advertí en un artículo anterior publicado en otro medio (Las consignas de la oligarquía): los sectores que históricamente se beneficiaron del modelo de dominación económica y simbólica de la oligarquía criolla vuelven a ocupar el primer plano del escenario público, esta vez disfrazados de defensores del pueblo. Pero lo verdaderamente alarmante no es su teatralidad, sino la participación utilitaria de las universidades públicas y los sindicatos, que terminan sirviendo de andamiaje legitimador a quienes entregaron la soberanía nacional en el altar del neoliberalismo.
No hay que olvidar que el PLN fue el artífice de la apertura comercial que devastó la agricultura, desmanteló el Estado social y erosionó la paz social construida a pulso durante décadas. Fueron sus gobiernos los que convirtieron la educación en una mercancía, la salud en un negocio y el trabajo en una precariedad institucionalizada. Que hoy aparezcan marchando por la “defensa del agro” o la “unidad nacional” no es más que un gesto de cinismo histórico: quienes destruyeron la casa ahora posan como sus guardianes. Y lo hacen de la mano de un aparato universitario que, en lugar de producir pensamiento crítico, se presta al juego mediático de la democracia liberal, confundiendo “presencia cívica” con neutralidad académica.
El problema no es que la universidad participe en el debate público —de hecho, debe hacerlo—, sino desde qué lugar y con qué conciencia lo hace. Cuando lo hace sin distanciamiento crítico, cuando se alinea con las fuerzas políticas que vaciaron de contenido al Estado y al bien común, cuando pone sus símbolos y su legitimidad al servicio de intereses partidarios, renuncia a su función emancipadora. No es el pueblo quien marcha, sino la razón crítica convertida en procesión institucional, donde las universidades, en vez de interpelar el poder, se suman a su liturgia. Lo que se presenta como civismo no es sino una escena de restauración simbólica del orden político que las alimenta.
Lejos de haberse vestido de pueblo, como alguna vez soñaron la conquista de la institución educativa quienes le sembraron al lado del pensamiento crítico latinoamericano, la universidad corre el riesgo de culminar por disfrazarse de pueblo para servir al poder. Es el pueblo —el que trabaja, produce, resiste y sostiene lo común— quien encarna hoy las múltiples fracturas de una “democracia” forjada al calor de la evasión, la impunidad y la decadencia moral que sin ningún pudor llaman “institucionalidad”. Es junto al pueblo que también la vieja política negó que el futuro de la universidad debe surgir sin temor a afirmarse como actor social y popular. Allí radica su legitimidad: en el vínculo con la vida concreta, material, espiritual del pueblo que le sostiene, no en la obediencia cómplice de una aristocracia nobiliaria cuyos apellidos se extienden desde la Colonia hasta la actualidad sobre la base de la explotación sistemática de aquellos a quienes ahora se atreve a llamar “compatriotas”.
Si es verdad que la historia habría de repetirse dos veces, primero como tragedia y luego como farsa, como pensaba Marx tras el golpe que disolvió la república francesa y devolvió el poder a los herederos del viejo imperio, la tragedia que como país hemos experimentado los últimos 20 años han estado promovidos por la voracidad egoísta, individualista y egocéntrica con que el PLN anunciaba durante la negociación del TLC (2007) que sin duda, “como en toda negociación” decían, habrían “ganadores” y “perdedores”. La tragedia se ha hecho carne en nuestra nación con la entrega del país y de sus instituciones a los intereses de las dinastías mediáticas y financieras: la familia Jiménez, que desde La Nación y su participación en FIFCO ha moldeado candidaturas y opinión pública a su antojo; los Picado Cozza, dueños de Teletica, cuyo Canal 7 se erige como altavoz de una élite política y financiera que siempre está a salvo; los hermanos Arias, capaces de armar un bloque de 41 diputados para controlar la Asamblea y la agenda legislativa; las cámaras empresariales agrupadas en UCCAEP, junto a empresarios como los Quirós, los Raventós o Simaan, que compran favores electorales y dictan la política económica a cambio de aportes millonarios en las campañas políticas de quienes les protegen. Mientras eso ocurría la Farsa se hacía carne esta mañana bajo esa misma bandera que sin ningún pudor han mancillado los mismos partidos que privatizaron la tierra, la educación, la salud y nuestra paz.
Me dirijo a la institucionalidad universitaria no desde la comodidad del aula ni desde la neutralidad de los informes técnicos con el fin de llenar requisitos del POA, sino desde el cansancio acumulado de quienes sostienen con su cuerpo, su deseo y su precariedad los engranajes del sistema educativo. Desde quienes aman la docencia y la investigación, pero se encuentran ahogadxs en un océano de tareas mal remuneradas, evaluaciones continuas, burocracia interminable y una cultura institucional que glorifica la autoexplotación como si fuera sinónimo de compromiso académico.
La salud mental en la universidad se ha convertido en una bomba de tiempo silenciada. El discurso del bienestar circula como política de imagen, pero no como práctica estructural. Se organizan semanas de salud mental, talleres de mindfulness (así en lenguaje liberal) y charlas de autocuidado, mientras en la práctica los ritmos de trabajo y los niveles de exigencia se intensifican.
Largas jornadas frente a la pantalla, la multitarea permanente y la competencia entre colegas por fondos o reconocimientos institucionales han instalado el cansancio crónico como norma. La universidad, que debería ser espacio de pensamiento crítico y emancipador, se ha transformado en una máquina de productividad emocional que devora la subjetividad de quienes la habitan.
La autoexplotación se ha naturalizado. Se aplaude al docente o investigador que trabaja fines de semana, que responde correos a medianoche, que asume más carga académica “por compromiso con el estudiantado” o “la persona que se pone la camisa de la institución”.
Pero detrás de esa mística del sacrificio del ¨buen empleado¨ hay un sistema que se sostiene en la vulnerabilidad emocional y económica del personal. Los salarios fraccionados (1/4 y 1/2 tiempos), especialmente en los rangos más bajos, son insuficientes para cubrir el costo real de vida. En contextos donde el alquiler, los alimentos y los servicios básicos aumentan cada mes, la perdia de garantias laborales como las anualidades congeladas, la imposibilidad de aumentar la jorda laboral por meio de un 16 bis1, la fata de trnasparencia institusional en estos procesos y el desinteres de las autoridades equivalen a una forma de violencia institucional: una que erosiona lentamente la salud física, la estabilidad emocional y la dignidad profesional.
La precarización no es solo económica, es también simbólica. Se espera que la academia sea un espacio meritocrático donde el conocimiento y el esfuerzo bastan para abrir caminos, pero la realidad es otra: los cuerpos y las identidades disidentes siguen enfrentando barreras invisibles. Las personas LGBTIQ+, especialmente quienes habitamos corporalidades cuir, seguimos cargando con la sospecha institucional. Nuestras existencias son toleradas en tanto no incomoden el orden normativo; nuestras investigaciones son aceptadas mientras se mantengan en el margen del “tema especial” y no cuestionen de raíz las estructuras cisheteronormativas de la producción del saber.
Esta violencia simbólica tiene efectos concretos en la salud mental. Vivir permanentemente en un entorno que exige disimular, traducir o justificar la propia existencia produce un desgaste profundo.
La universidad debería ser un refugio frente a estas violencias, pero muchas veces las reproduce con una sutileza institucionalizada. Se promueve la diversidad como valor, pero sin transformar los mecanismos estructurales de exclusión. Se firman políticas de igualdad, mientras los protocolos de atención siguen sin reconocer la complejidad interseccional de las diversas condiciones de vida de sus empleadxs. Se habla de inclusión, pero los espacios de decisión continúan ocupados por persons previlegiadas que no muestran empatia por las condiciones laborales precarias y violentas.
En ese contexto, la salud mental no puede abordarse como un asunto individual. No se trata de aprender a respirar mejor ni de asistir a talleres de resiliencia. Se trata de reconocer que la precarización material y simbólica mata lentamente. Que la ansiedad y la depresión no son solo diagnósticos clínicos, sino síntomas de un sistema que prioriza los indicadores de desempeño sobre el bienestar humano. Que la autoexplotación no es un acto de amor al trabajo, sino una estrategia de supervivencia frente a la inseguridad laboral.
El bajo salario, la sobrecarga de tareas y la exigencia constante de resultados no solo afectan el cuerpo, sino también el deseo de crear, investigar y acompañar procesos educativos transformadores. Nos encontramos en un punto donde la vocación se convierte en trampa: se nos pide pasión, pero se nos niegan las condiciones para vivirla dignamente. La pasión sin justicia social se transforma en explotación emocional.
Frente a esto, exigimos una transformación estructural, no paliativos simbólicos. Queremos universidades que no midan su excelencia por la cantidad de publicaciones, sino por la calidad de los vínculos que promueven. Queremos que la salud mental sea reconocida como una cuestión política y colectiva. Que se hable de bienestar junto con redistribución, de inclusión junto con justicia económica, de diversidad junto con descolonización del saber.
Las universidades deben dejar de ser espacios de sufrimiento normalizado. No queremos más docentes agotadxs, estudiantes medicadxs por ansiedad o funcionaries que sobreviven a punta de café y precariedad. Queremos espacios donde el pensamiento crítico no se quede en el discurso, sino que atraviese las prácticas institucionales, los presupuestos, las jerarquías y las políticas laborales.
Exigimos respeto, redistribución y reconocimiento. Queremos seguir produciendo conocimiento, pero sin que ello implique enfermarnos. Queremos enseñar, pero también vivir. Queremos que el amor por el trabajo académico no sea el disfraz de la explotación.
La universidad tiene la oportunidad —y la obligación— de repensarse como espacio de cuidado mutuo, de dignidad y de justicia. Pero eso solo será posible si escucha las voces que históricamente ha silenciado: las de quienes hemos sostenido el sistema desde la marginalidad, desde el deseo, desde la precariedad y desde el agotamiento.
La salud mental universitaria no se cura con pausas activas ni con campañas motivacionales. Se cura con justicia laboral, con sueldos dignos, con políticas reales de inclusión y con una pedagogía del cuidado que no tema incomodar la norma. Hasta que eso ocurra, seguiremos insistiendo: nuestra existencia, nuestro cuerpo y nuestra salud no son negociables.
*Artista seropositivo e investigador académico.
Imagen: Cartel del Frente Gremial UNED, colocado en las gradas de acceso frente a la Vicerrectoría en el edificio C, Sabanilla Montes de Oca.
1Desde mediados de los 2025 recursos humanos de la UNED, no acepta solicitudes de 16 Bis para aumento de jornadas laborales por la crisis financiera para la educación superior.
