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Autor: María José Ferlini Cartín

Colectivas feministas cuestionan impunidad legislativa en caso contra Fabricio Alvarado por hostigamiento sexual

Las organizaciones y colectivas feministas firmantes cuestionan el archivo del expediente legislativo 25.400 relacionado con la denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. El pronunciamiento sostiene que la Asamblea Legislativa incumplió sus responsabilidades institucionales al no concluir el procedimiento ni votar los informes elaborados, favoreciendo la impunidad en sede administrativa. Las agrupaciones exigen reformas reglamentarias, garantías efectivas para las denunciantes y mecanismos claros de sanción frente a la violencia de género en el ámbito legislativo. Seguidamente se transcribe el documento íntegro.

Comunicado abierto de organizaciones y colectivas feministas a las diputaciones de la República

Pronunciamiento

Archivo del expediente 25.400, investigación contra Fabricio Alvarado por denuncia de hostigamiento sexual

San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2026.

Señoras y señores
Diputadas y diputados Asamblea Legislativa
Período 2026-2030

Estimadas señoras y señores:

Las organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, no podemos guardar silencio ante los bochornosos hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa que le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva. Nos referimos al caso tramitado bajo el expediente 25.400 el cual fue archivado, por resolución de la Presidencia, el pasado 14 de mayo de 2026.

En primera instancia, expresamos nuestro reconocimiento a la valentía de la decisión tomada por la exdiputada Marulin Azofeifa de activar -por primera vez- los mecanismos institucionales dispuestos en el reglamento aprobado en el año 2021 para interponer una denuncia contra un diputado por hechos de acoso sexual. Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia.

El acoso sexual en nuestro país es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta diversos bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, así como el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.

El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico.

En esta situación ha privado el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura.

Al dejar archivar el expediente 25.400, no solo dejaron de lado la vida y el bienestar de la víctima, también dejaron de lado la responsabilidad moral que la vida en democracia exige a las y los legisladores. De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa.

Y entonces todos los coros que se han levantado contra el Poder Judicial cambian rápidamente de discurso y dicen que para eso es el Poder Judicial. ¡Vaya incongruencia! Todo para no asumir la responsabilidad que corresponde.

Pero, ese argumento es además equívoco y genera confusión: la ciudadanía debemos tener claro que los hechos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral por parte de un diputado al que se le hayan demostrado, – luego de un procedimiento interno disciplinario en sede legislativa-, conlleva la imposición de una sanción ética-política (amonestación ética pública). Esto se diferencia con el proceso penal que se lleva en los tribunales de justicia por delitos de violencia y abuso sexual y que conlleva una sanción de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad. Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes. La Asamblea Legislativa, al no someter a votación los informes y archivar el expediente, no cumplió con el objetivo dispuesto en su propio reglamento de garantizar a las víctimas su derecho a denunciar y de sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados. En su lugar, el resultado fue impunidad (en sede administrativa) a favor de un diputado de la República.

¿Qué sentido tiene la paridad política si las mujeres no cuentan con garantías reales frente a la violencia? La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo.

A lo anterior sumamos que no hubo unanimidad en los dos criterios legales emitidos sobre las potestades parlamentarias para continuar o no con el conocimiento del expediente y que privó la opacidad al no haberse dado traslado al plenario el expediente previo al archivo.

Criterios alternos fueron los emitidos por la Defensoría de los Habitantes de la República y por la misma Asesoría Legal, que debieron ser sometidos a debate y discusión pública en el plenario, pero eso no fue lo que ocurrió, discusiones relevantes que la ciudadanía merecíamos conocer, sobre la naturaleza de este procedimiento y la ausencia de una norma expresa que estableciera el archivo automático, entre otros.

Petición a las diputaciones:

  1. Asumir su compromiso político en garantizar, sin excepción alguna, el derecho de las mujeres víctimas denunciantes de acoso sexual en la Asamblea Legislativa a un mecanismo efectivo que proteja el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito legislativo, de conformidad con lo dispuesto en las Convenciones CEDAW y Belem de Pará, así como en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y en los reglamentos internos de la Asamblea en esta materia.

  2. Abrir un debate reglado sobre la base de este expediente para que se aborde en el plenario los procedimientos y obligaciones de la Asamblea Legislativa en la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como los vacíos que se evidenciaron en el caso para generar los acuerdos políticos dirigidos a identificar las reformas que deben hacer al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas que garantice la conclusión del procedimiento; se establezca la responsabilidad de las diputaciones que obstaculizan los procedimientos; se defina la responsabilidad cuando la persona denunciada ya no ejerza el cargo de diputado, entre otros.

  3. Garantizar la transversalización en todas las etapas de procedimiento del enfoque de género; las garantías de derechos humanos y en especial, la garantía de justicia pronta y cumplida según los mandatos internacionales y constitucionales.

  4. Fortalecer las medidas de protección, de no revictimización y de reparación para las personas denunciantes, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.

Atentamente,

Yolanda Bertozzi
Cédula 103990589
cr.feministasenresistencia@gmail.com

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  1. Adilia Solis

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  55. Lucia Sansonetti

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  57. Luis Ángel Céspedes Rodríguez

  58. Lynn Jacob Segev

  59. Macarena Barahona Riera

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  64. Margarita Salas Guzmán

  65. María Bolaños Aguilar

  66. María del Carmen Cruz

  67. María José Gavilan Echeverria

  68. Mariana Ramírez Sandí

  69. Marta Arroyo Bonilla

  70. Marta Jiron Manzanares

  71. Marta Solano Arias

  72. Maureen Esquivel Camacho

  73. Melissa Cruz Cordero

  74. Meylin Vargas Varela

  75. Milagro Leitón Vega

  76. Miranda Lynette Budny Sequeira

  77. Nadya Blanco Guzmán

  78. Natalia Solís Rojas

  79. Nia Salas

  80. Noemy Serrano Corrales

  81. Nuby Ordóñez Ugalde

  82. Oscar Valverde Cerros

  83. Pamela Bojorge Ortega

  84. Paola Valverde Cisneros

  85. Paula Siles Iong

  86. Randall Murillo Barrios

  87. Raquel Berrocal Sibaja

  88. Rodrigo Jiménez Sandoval

  89. Roger Chaves

  90. Rosa Esmeralda Herrera

  91. Sadhi Bogantes Zúñiga

  92. Samantha Vega Sánchez

  93. Sharo Rosales Arce

  94. Sigrid Lahmann Zeledón

  95. Silvia Marcela Calvo Corea

  96. Silvia Regina de Lima Silva

  97. Stella Chinchilla Mora

  98. Silvia Muñoz Mata

  99. Tatiana Chaverri Rodríguez

  100. Teresita Ramellini Centella

  101. Tiryth María Vindas Campos

  102. Vianey Madrigal Soto

  103. Vicenç Ornaque Lucea

  104. Virginia Vargas Acosta

  105. Vivian Solís Espinoza

  106. Viviana Machado Barquero

  107. Viviana Rovira Maruri

  108. Xavier Sánchez Aguilar

  109. Xenia Bolaños Chavarría

  110. Yamileth Torres Delgado

  111. Yara Hernández Rojas

Organizaciones:

  1. Feministas en Resistencia

  2. Detrás del Arcoíris

  3. Colectiva Me Pasó en la UCR

  4. Escuelita Hormiga de Estudios Libres

  5. Fundación PANIAMOR

  6. Menú Asesorías

  7. Somos Fuego CR

  8. Colectiva Guanadefensoras

  9. Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

  10. ASOPAM Una oportunidad para ti mujer

  11. Unidos por la CCSS

  12. DEI

  13. Colectiva Profesionales para la Ciudadanía

  14. Movimiento Valientes de Costa Rica

  15. Frente Nacional de Lucha

  16. Familia Penitenciaria Unida

  17. Asociación Transvida

  18. Centro de Amigos para la Paz

  19. Colectiva LesboFeminista Irreversibles

  20. Fundación Justicia y Genero

  21. CENDEROS

  22. JoseSo (Podcaster)

  23. Feministas Picos Rojos CR

  24. Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica

  25. Alianza de Mujeres Costarricenses

  26. Mujeres por Costa Rica

  27. Grupo CEDAW Costa Rica

  28. Observatorio medios de comunicación y género, GEMA

  29. Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES)

  30. Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica

  31. Colectiva Coexistir

  32. Voces de Fe contra la Violencia de Género

  33. Mujeres de Fe organizadas contra el Femicidio

  34. Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia-Costa Rica

  35. Movimiento Reflexión en Acción-Costa Rica

  36. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  37. Secretaría de las Mujeres Frente Amplio

  38. Plataforma Mujeres lideresas fuertes y unidad en acción

  39. Unidas Talamanca

  40. Asociación para el mejoramiento y la calidad de vida de trabajadoras sexuales de Costa Rica (La Sala)

  41. MUSADE

  42. Las Guetas

  43. Red por los derechos de las mujeres

  44. Acción Feminista

  45. Asociación Feminista La Corriente

  46. Coalición Feminista

  47. Colectiva Talamanca Unida y Diversa

  48. Jóvenes lideresas, plataforma de lideresas de la municipalidad de San Carlos

  49. Movimiento Atardeceres

  50. Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y violencia

  51. Organización Colectiva Feminista

  52. Térraba Brörán

Dio inicio el Festival Grito por la Paz

Édison Valverde Araya

La primera actividad dedicada a la Paz se realizó en la Biblioteca Municipal Emma Gamboa de Paso Ancho, el 21 de mayo 2026, con la participación del personal de la biblioteca, madres de familia, niños y miembros de la Comunidad Paso Ancho Buen Vivir.

Los adultos firmaron la Carta por la Paz y los niños con sus manitas llenas de pinturas de colores, firmaron el Árbol de la Paz.

El Festival se extenderá por 25 comunidades del país, en los próximos meses.

Personas, organizaciones y comunidades interesadas en sumarse al Grito por la Paz pueden inscribirse a más tardar el 31 de mayo; para ello deben comunicarse con el colectivo “Buen Vivir” mediante sus redes.

Le invitamos a ver detalles de la actividad en los siguientes videos:

Soluciones ante el calentamiento global derivado de la crisis civilizatoria

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Como ya se ha advertido en los capítulos anteriores, la crisis climática contemporánea no constituye un fenómeno aislado ni una simple alteración temporal de las condiciones atmosféricas. Se trata de una transformación sistémica que compromete simultáneamente la estabilidad ecológica, la economía mundial, la producción alimentaria, la disponibilidad de agua, las migraciones humanas y la gobernabilidad política. Por ello, las soluciones no pueden ser parciales ni fragmentarias. Frente a un problema de naturaleza global, las respuestas deben ser igualmente globales, articuladas y sostenidas en el tiempo.

El calentamiento global posee un carácter esencialmente antropocéntrico. Aunque la historia geológica del planeta ha conocido variaciones climáticas naturales, la aceleración actual de la temperatura terrestre está directamente vinculada con la actividad humana desarrollada desde la Revolución Industrial. La expansión ilimitada de la producción, el uso masivo de combustibles fósiles, la deforestación, la destrucción de ecosistemas y los patrones de consumo intensivo han alterado el equilibrio climático del planeta a una velocidad desconocida en la historia reciente de la Tierra.

En consecuencia, las soluciones deben dirigirse a transformar las estructuras económicas, energéticas y culturales creadas por la propia humanidad. No basta con reducir algunos daños ambientales: es indispensable modificar las lógicas que los producen.

Uno de los principales factores del calentamiento global es la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la extracción, transporte y consumo de hidrocarburos. El petróleo, el carbón y el gas natural continúan siendo la base energética de gran parte de la economía mundial. Esta dependencia energética ha permitido un extraordinario desarrollo industrial y tecnológico, pero al mismo tiempo ha generado una acumulación de dióxido de carbono y metano incompatible con la estabilidad climática del planeta.

Por ello, una de las tareas fundamentales de este siglo consiste en sustituir progresivamente la matriz energética basada en combustibles fósiles por energías renovables y menos contaminantes. La expansión de la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz e hidráulica constituye un paso imprescindible para disminuir las emisiones globales. Sin embargo, esta transición energética no puede reducirse únicamente a un cambio tecnológico. Requiere enormes inversiones públicas, cooperación internacional y mecanismos de financiamiento que permitan a los países más pobres acceder a tecnologías limpias sin sacrificar sus posibilidades de desarrollo.

Además, la transición ecológica debe evitar reproducir nuevas formas de desigualdad. En ocasiones, ciertas economías industrializadas trasladan a los países periféricos los costos ambientales de la extracción de minerales estratégicos necesarios para las nuevas tecnologías verdes. La solución climática no puede construirse sobre nuevas formas de explotación humana y destrucción ecológica.

La crisis climática también revela los límites históricos de un modelo económico basado en el crecimiento ilimitado dentro de un planeta finito. Durante décadas, el éxito económico fue identificado casi exclusivamente con el aumento constante de la producción y de la inducción de patrones de consumo superfluos. Sin embargo, una economía sustentada en la expansión incesante del mercado y en el consumismo voraz permanente termina chocando inevitablemente con los límites ecológicos de la Tierra.

La contradicción es evidente: un sistema que necesita crecer infinitamente opera dentro de un mundo cuyos recursos naturales son limitados. De ahí que el problema climático no sea solamente energético, sino también civilizatorio.

Las soluciones deben orientarse hacia la construcción de una economía humanista y solidaria, sostenible y sustentable para las generaciones de hoy y las de mañana, donde la prioridad no sea únicamente la acumulación de riqueza, sino el bienestar colectivo, la equidad social y la preservación de la vida. Ello implica redefinir las nociones de progreso y desarrollo. El crecimiento económico carece de legitimidad cuando destruye ecosistemas, profundiza desigualdades y compromete las condiciones de existencia de las futuras generaciones.

En este sentido, una mejor distribución de la riqueza socialmente producida constituye también una política climática. Las sociedades profundamente desiguales suelen presentar mayores niveles de deterioro ambiental, porque amplios sectores de la población quedan excluidos de condiciones dignas de vida y sobreviven en medio de dinámicas de explotación y expoliación, así como del uso intensivo de los recursos naturales, más allá de lo que el planeta es capaz de proveer. Por ende, la lucha contra la pobreza y la desigualdad no es ajena a la lucha climática: ambas forman parte del mismo desafío histórico.

La complejidad del calentamiento global obliga asimismo a abandonar explicaciones simplistas. Los factores que originan la crisis climática son múltiples y están profundamente interrelacionados: energía, transporte, urbanización, agricultura industrial, deforestación, patrones culturales de consumo, concentración de riqueza, políticas públicas devienen completamente insuficientes, porque están basadas en formas de competencia voraz y desigual entre naciones y al interior de cada una de ellas; por eso mismo, este sistema fragmentado y fragmentario sabotea cualquier modelo de gobernanza, tanto internacional como al interior de cada sociedad, porque aplaca y desprecia la participación societal.

Frente a la complejidad, la falta de colaboración y la fragmentación de las sociedades, las soluciones deben apoyarse en enfoques inter y multidisciplinarios. Ninguna disciplina científica, por sí sola, puede resolver un problema de semejante magnitud. La ecología, la climatología deben dialogar permanentemente con la economía, la sociología, la ingeniería, la biología, la oceanografía, la agronomía, la ética y las ciencias políticas y sociales en general. Del mismo modo, el conocimiento científico necesita complementarse con saberes comunitarios e indígenas que históricamente hubiesen desarrollado formas más equilibradas de relación con la naturaleza.

El calentamiento global exige una nueva cultura de cooperación entre conocimientos, instituciones y sociedades.

Entre las políticas más urgentes destaca la necesidad de aumentar la captura y almacenamiento de carbono tanto en los ecosistemas terrestres como en los océanos. Los bosques, humedales, manglares, suelos agrícolas y ecosistemas marinos desempeñan un papel esencial como sumideros naturales de carbono. La destrucción de estos sistemas acelera la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

De ahí la importancia de impulsar vastos programas de reforestación y restauración ecológica, particularmente en regiones tropicales severamente afectadas por la deforestación. Sin embargo, no se trata simplemente de sembrar árboles de manera indiscriminada, sino de recuperar ecosistemas completos capaces de regenerar biodiversidad, proteger fuentes de agua y estabilizar suelos.

Igualmente, relevante es la protección de los océanos. Durante décadas, los mares han absorbido una parte significativa del exceso de calor y dióxido de carbono generado por las actividades humanas. Pero esta función tiene límites. La acidificación oceánica, el aumento de temperatura y la contaminación por plásticos y petróleo amenazan gravemente los ecosistemas marinos. La recuperación de manglares, pastos marinos y arrecifes coralinos puede contribuir significativamente a la fijación de carbono y a la protección costera frente a fenómenos climáticos extremos.

Otro eje fundamental consiste en transformar las ciudades y las formas de vida urbana. Actualmente, gran parte de las emisiones globales proviene de modelos urbanos dependientes del automóvil privado, del consumo energético excesivo y de una expansión desordenada del territorio. Las ciudades del futuro deberán priorizar el transporte público limpio, la movilidad peatonal y la ciclística, la eficiencia energética de las edificaciones y una planificación urbana orientada hacia la sostenibilidad.

Las guerras deben desaparecer de la faz de la tierra. El ser humano de todos los países debe ser capaz de encontrar mecanismos pacíficos para resolver sus conflictos y diferencias. Las dos guerras mundiales del siglo XX, más otras guerras regionales en el mismo siglo y en el actual, han dejado como herencia muertes por millones, desolación y más envenenamiento de la atmósfera de la tierra, mediante el uso de armas atómicas y otras de menor rango, pero letales también. Entre muertos y desaparecidos se cuentan no solamente los combatientes en los escenarios bélicos, sino también millones de niños inocentes, adultos mayores, mujeres abandonadas y personas con discapacidad. La humanidad debe sobreponerse a toda esa herencia y luchar cotidianamente por un mudo en el que predomine la paz y la capacidad de negociar soluciones pacíficas a sus diferencias. Esta es parte fundamental de la lucha por una nueva civilización en medio del caos generado por la crisis climática.

Nunca será suficiente insistir en que ninguna transformación será suficiente sin una profunda participación de una ciudadanía cada vez más educada en la protección de la naturaleza, de los ecosistemas, en una palabra, de la vida. La lucha contra el calentamiento global no puede quedar exclusivamente en manos de gobiernos, organismos internacionales o grandes corporaciones, que hasta el momento no atinan a encontrar una ruta segura que logre soluciones seguras para mitigar el cambio climático. Requiere, además, de sociedades activas, informadas y capaces de construir nuevas prácticas cotidianas.

Es crucial promover comunidades ecológicas y eco sustentables basadas en la participación democrática, la producción local, el consumo responsable y la solidaridad social. La educación ambiental desempeña aquí un papel decisivo. No se trata únicamente de transmitir información científica, sino de desarrollar una nueva conciencia ética sobre la relación entre humanidad y naturaleza.

Las transformaciones culturales son tan importantes como las tecnológicas. Una civilización organizada alrededor del hiperconsumo superfluo difícilmente podrá resolver una crisis derivada precisamente del exceso de consumo y la explotación. El desafío climático implica también revisar estilos de vida, redefinir necesidades y reconstruir vínculos comunitarios debilitados por décadas de individualismo extremo.

Por otra parte, la dimensión internacional del problema exige fortalecer los mecanismos de cooperación global. Ningún país, por poderoso que sea, puede resolver aisladamente la crisis climática. Las emisiones producidas en una región afectan al conjunto del planeta. De ahí la necesidad de acuerdos multilaterales vinculantes, financiamiento climático para los países más vulnerables y responsabilidades diferenciadas entre naciones industrializadas y países en desarrollo.

La justicia climática constituye un principio esencial. Las sociedades que históricamente más contribuyeron a las emisiones globales poseen una responsabilidad mayor en la financiación de soluciones y en la transferencia de tecnologías limpias. Resultaría éticamente inadmisible exigir iguales sacrificios a países pobres cuya contribución histórica al calentamiento ha sido mucho menor.

Finalmente, toda solución climática auténtica exige recuperar una visión ética de la relación entre humanidad y naturaleza. Durante siglos predominó una concepción basada en la dominación ilimitada del entorno natural. La naturaleza fue reducida a mera fuente de recursos disponibles para la explotación económica. La crisis actual demuestra los límites y peligros de esa visión.

La humanidad necesita reconstruir una relación más equilibrada con el planeta que habita. No se trata de renunciar al progreso científico ni tecnológico, sino de orientarlo hacia la preservación de la vida y el bienestar colectivo. El desafío del siglo XXI consiste precisamente en compatibilizar desarrollo humano, justicia social y sostenibilidad ecológica.

La lucha contra el calentamiento global no representa únicamente una tarea ambiental. Constituye una disputa por el tipo de civilización que la humanidad desea construir. De las decisiones tomadas en las próximas décadas dependerá no solo la estabilidad climática del planeta, sino también la posibilidad de una convivencia más justa, solidaria y sostenible entre los seres humanos y la naturaleza.

Del altar a la tribuna política: las nuevas relaciones iglesia-Estado en Costa Rica

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

Durante buena parte de los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando en Costa Rica se hablaba de las relaciones Iglesia-Estado, el concepto remitía exclusivamente al vínculo entre el Estado costarricense y la Iglesia católica. No podía ser de otra manera. La religión católica constituía no solo la fe mayoritaria de la población, sino también el eje espiritual y cultural sobre el cual descansaba buena parte de la vida pública nacional. Desde la colonia hasta bien entrado el siglo XX, la Iglesia católica ejerció una influencia determinante en la educación, la moral pública, los rituales cívicos y la legitimación simbólica del poder político.

La Constitución Política de Costa Rica reconoció históricamente a la religión católica como la religión oficial del Estado, condición que aún conserva en el artículo 75 constitucional. Sin embargo, las relaciones entre ambas instituciones nunca estuvieron exentas de tensiones. La historia política costarricense del siglo XIX estuvo marcada por múltiples episodios de conflicto entre los gobiernos liberales y la jerarquía eclesiástica. La secularización de los cementerios, la creación del Registro Civil, la laicización de la educación pública y las vacantes episcopales producto de disputas políticas evidenciaron una relación compleja, marcada por momentos de acercamiento, ruptura y negociación permanente.

A mediados del siglo XIX el presidente Juan Rafael Mora Porras abolió el cobro del diezmo y desató un agrio enfrentamiento con el obispo Anselmo Llorente y la Fuente, que desencadenó en su expulsión del país en 1858. Posteriormente la llamada era liberal del último tercio del siglo XIX impulsó reformas orientadas a disminuir la influencia eclesiástica sobre la vida pública. El Estado buscó consolidar su autoridad administrativa y política mediante instituciones civiles independientes de la tutela religiosa. Aquellos conflictos no fueron exclusivos de Costa Rica; respondían a un fenómeno latinoamericano más amplio en el cual los proyectos liberales intentaban modernizar las estructuras estatales y redefinir los límites del poder clerical.

Dentro de ese contexto histórico también surgieron restricciones a la participación política directa del clero católico. La Constitución de 1949 estableció limitaciones para que sacerdotes ocuparan cargos de elección popular, procurando evitar que la autoridad religiosa se confundiera con la autoridad política. Tales disposiciones estaban claramente pensadas para el clero católico, pues en aquella época las iglesias protestantes tenían una presencia mínima en el país y carecían de peso electoral significativo.

No obstante, el panorama religioso costarricense comenzó a transformarse aceleradamente durante el último cuarto del siglo XX. El crecimiento de las iglesias evangélicas y protestantes modificó profundamente el mapa de las creencias religiosas tanto en Costa Rica como en América Latina. El antiguo monopolio cultural del catolicismo empezó a ceder terreno frente a una diversidad creciente de expresiones cristianas, especialmente pentecostales y neopentecostales, que encontraron gran receptividad en amplios sectores sociales.

Así, el concepto tradicional de relaciones Iglesia-Estado dejó de referirse únicamente al vínculo entre el Estado y la Iglesia católica para ampliarse hacia una interacción más compleja entre el aparato estatal y múltiples iglesias de orientación cristiana (judeo-cristiana). La pluralidad religiosa pasó a convertirse en un elemento central del debate político contemporáneo.

El avance del protestantismo en América Latina ha sido notable. Países como Brasil, Guatemala, Honduras, Colombia y El Salvador muestran hoy porcentajes muy elevados de población evangélica, con una incidencia creciente en la vida electoral y parlamentaria. Costa Rica no ha sido la excepción. Aunque el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria, el crecimiento de otras confesiones cristianas ha reducido considerablemente la hegemonía religiosa que mantuvo durante siglos.

En el caso costarricense, las iglesias evangélicas han logrado construir estructuras organizativas con gran capacidad de movilización política y social. Algunas operan como microempresas, otras como empresas y algunas como verdaderas corporaciones. Las hay de capital nacional, algunas de corte familiar, otras tipo cooperativa y también algunas operan como transnacionales y responden a organizaciones con presencia en varios países bajo la figura de filiales, similar a una franquicia.

A diferencia del clero católico, las limitaciones constitucionales históricas no alcanzaron de igual forma a los liderazgos protestantes, situación que facilitó la aparición de partidos políticos vinculados a sectores evangélicos conservadores. Estas agrupaciones alcanzaron representación legislativa significativa y llegaron incluso a presidir en dos ocasiones la Asamblea Legislativa.

Uno de los momentos más representativos de este fenómeno ocurrió en las elecciones presidenciales del año 2018, cuando un partido de fuerte inspiración evangélica logró avanzar hasta la segunda ronda electoral, evidenciando la capacidad de este sector para disputar espacios de poder nacional. En distintos momentos, estas fuerzas alcanzaron hasta nueve diputados, consolidando un protagonismo político impensable décadas atrás.

En las recientes elecciones nacionales de 2026, la representación política vinculada a sectores protestantes conservadores pareció insertarse de manera más directa dentro del partido oficialista triunfador, reflejando nuevas formas de articulación entre religión y poder político. Este fenómeno confirma que las dinámicas religiosas continúan influyendo de manera relevante en la configuración electoral costarricense.

Pero Costa Rica no constituye un caso aislado. En Brasil, por ejemplo, el voto evangélico ha resultado decisivo en varios procesos presidenciales recientes y en la integración del Congreso Nacional. En Honduras, Guatemala y El Salvador, sectores protestantes han logrado una influencia considerable dentro de las estructuras gubernamentales. En Colombia también se observa una creciente capacidad de incidencia electoral de las iglesias cristianas no católicas.

Desde el punto de vista ideológico, el panorama latinoamericano revela interesantes contrastes. Históricamente, parte del clero católico ha mostrado mayor afinidad con discursos sociales cercanos a posiciones progresistas o de izquierda, especialmente a partir de la influencia de corrientes como la doctrina social de la Iglesia y, en algunos momentos, la teología de la liberación. Sin embargo, ello no significa necesariamente que los votantes católicos reproduzcan electoralmente esas orientaciones.

Por otra parte, amplios sectores del protestantismo latinoamericano han desarrollado discursos conservadores en materias éticas, familiares y culturales, generando afinidades más cercanas con partidos y movimientos de derecha. En Costa Rica, durante las elecciones presidenciales de 2022 y 2026, el voto evangélico mostró importantes inclinaciones hacia candidaturas identificadas con posiciones conservadoras, fenómeno similar al observado en otros países latinoamericanos.

Las relaciones entre Iglesia y Estado, por tanto, continúan atravesando procesos dinámicos de adaptación. Ya no se trata únicamente de la antigua tensión entre liberalismo y catolicismo que caracterizó el siglo XIX, sino de una realidad mucho más diversa, donde distintos credos religiosos buscan espacios de influencia dentro de sociedades democráticas cada vez más plurales.

A lo largo de la historia costarricense, estas relaciones han transitado por etapas de conflicto, acercamiento, cooperación y distanciamiento. Han existido momentos de abierta confrontación y también períodos de convivencia armónica. Como ocurre con muchos procesos históricos, la relación entre religión y política rara vez permanece estática; evoluciona según las transformaciones culturales, electorales y sociales de cada época.

En la actualidad, pareciera que sectores del protestantismo político disfrutan de una etapa de cercanía con el poder gubernamental y mantienen afinidades ideológicas con corrientes conservadoras latinoamericanas, mientras muestran mayor distancia frente a proyectos políticos de izquierda. Sin embargo, la historia enseña que las alianzas entre religión y política suelen ser cambiantes y responden a circunstancias específicas de cada coyuntura nacional.

Costa Rica continúa siendo un laboratorio particularmente interesante para observar la evolución de las relaciones Iglesia-Estado en América Latina. La convivencia entre tradición católica, crecimiento evangélico y pluralidad democrática plantea desafíos inéditos para el sistema político y para la propia cultura nacional.

Al final, la historia demuestra que ni las alianzas políticas son eternas ni las hegemonías religiosas permanecen intactas para siempre. Como un péndulo que oscila entre acercamientos y distancias, la relación entre Iglesia y Estado seguirá transformándose conforme cambien las sensibilidades sociales, los liderazgos políticos y las creencias de la ciudadanía. El tiempo dirá cuánto perduran las actuales convergencias y qué nuevas configuraciones surgirán en el futuro de la democracia costarricense.

Historiador y especialista en Geopolítica Internacional:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/FERNANDO-VILLALOBOS-CHACON-2026-5.pdf

¿Se imagina pagar más por el recibo de la luz y despedazar el ICE y los ríos, solo para que los Arias se hagan más ricos?

Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad

Esto es precisamente lo que hace el proyecto de ley N°23.414 que Rodrigo Chaves presentó en el 2022 para privatizar el mercado de electricidad en Costa Rica. Este mismo proyecto es que el que Laura Fernández está convocando y pide aprobar con urgencia en los próximos días.

Un proyecto que hará más ricos a familias dueñas de generadores privados de electricidad como los Arias. ¿Increíble no? Nos prometen combatir a las élites y a los ticos con corona, mientras al mismo tiempo nos clavan proyectos que los benefician.

El proyecto hace 3 cosas:

1- Desarma el cerebro eléctrico que el ICE usa para despachar electricidad a todo el país (el DOCSE) y se lo pasa a una nueva institución pública que crea con el fin de que los generadores privados puedan estar en su Junta Directiva (el ECOSEN). Esto le quita al ICE la autoridad para dirigir el sistema eléctrico nacional y eleva los costos que pagamos todos los ticos porque ahora hay que pagar el presupuesto de la nueva institución pública que hacen. Sin ese cerebro eléctrico del ICE, se nos vienen apagones y peor calidad del servicio eléctrico.

2- Crea un mercado de subastas en el que el ICE deberá supuestamente competir por los contratos de electricidad (¡después de haberle desarmado su cerebro eléctrico y boicotearle su capacidad!). Sobre esto habría que decir que los mercados de subasta de electricidad en el mundo casi siempre acaban en sobreprecios y alzas tarifarias porque los pocos agentes que participan se ponen de acuerdo para inflar los precios de la subasta, como en España. Con los ricachones dueños de generación privada de electricidad poniéndose de acuerdo, se nos vienen aumentazos en los recibos de la luz.

3- Habilita la exportación de electricidad por parte de los generadores privados. Esto parece inofensivo y lo sería, de no ser porque la mayor transnacional de la región dedicada a la generación privada de electricidad ya anunció que le interesa venir al a país a generar electricidad para exportar. Lo hará construyendo centrales a filo de agua en nuestros ríos, con poquísimos empleados y a costa de las comunidades que usan esos ríos. Pero, además, hay un detalle adicional: cada vez que el ICE exporta electricidad, la ARESEP aplica un rebajo en los recibos de la luz a los ticos, pero si el ICE exporta menos y la transnacional le roba el mandado, no ocurren esos rebajos. Con el ICE siendo desplazado en exportaciones, se nos vienen recibos de luz sin rebajos.

Esto lo quieren aprobar YA

¿Te gustaría pagar más por la luz o vivir con apagones?

¡No dejemos que nos metan gato por liebre, que no nos roben nuestra electricidad!

Le invitamos a ver la conferencia de prensa:

Movimiento Manuel Mora Valverde exige levantar sanciones contra Cuba y rechaza amenazas bélicas

SURCOS comparte el siguiente documento:

Pronunciamiento público del Movimiento Manuel Mora Valverde. Ante la situación del Pueblo Cubano.

Costa Rica, 21 de mayo del 2026

1- El complejísimo sistema geopolítico y geoeconómico mundial se debate en una gran crisis. Un modelo hegemónico con los EE.UU. como protagonista está a punto de colapsar y, en su caída, pretende colocar de nuevo a Cuba en el centro de una agresión que podría tener consecuencias globales y directamente criminales contra el pueblo cubano.

2- La crisis de los misiles de 1962, posterior a la invasión de Bahía de Cochinos, no se transformó en guerra atómica mundial gracias al histórico acuerdo entre los EE.UU. y la URSS. La URSS retiró los misiles ubicados en Cuba y los EE.UU. retiraron sus misiles de Turquía. Pero Cuba continuó siendo víctima de un sistema de sanciones, el cual se ha extendido hasta el presente.

3- Las sanciones las inició el presidente Eisenhower en julio de 1960 para que Cuba perdiera el 80% de sus ingresos de exportación. De esa época al presente se produjeron algunos cambios, sobre todo en el gobierno de Obama. Pero la llegada de Trump al poder marcó retrocesos criminales orientados a destruir los importantes logros de la revolución en salud, educación, cultura, deporte, arte, ciencia y otros ámbitos de gran importancia. Se trataba de crear, como en las “revoluciones de colores”, un estado de ánimo propicio para llevar a Cuba a un conflicto interno. Un intento de 66 años que fracasó y que ahora retoman. En este momento Cuba estima pérdidas acumuladas de 1,6 billones de dólares hasta el año 2025. Ningún país ha enfrentado un período de sanciones tan prolongado de parte de EE.UU.

4- Ante semejante política, ¿es posible contemplar con indiferencia al hegemón decrépito, en medio de fracasos militares y geopolíticos, anunciar acciones bélicas contra el hermano pueblo cubano?

5- La respuesta desde la razón y desde el corazón, como herederos de Juanito Mora y Juan Santamaría, es apoyar la justa lucha de ese hermano pueblo contra la política criminal del bloqueo y, sobre todo, contra cualquier acción militar contra un país soberano que se ha convertido en ejemplo y símbolo para todos los pueblos de la Tierra. Al margen de consideraciones ideológicas, en este momento geopolítico tan crítico, los pueblos deben buscar la más amplia unidad para salvar la vida en el planeta. El análisis lineal y antisistémico de Trump, en su desesperación, podría generar nuevos fenómenos. En lugar de destruir a Cuba, podrían acelerar una toma de conciencia de los pueblos, con la Cuba heroica en la mente y el corazón.

En la Costa Rica actual, acechada por peligros muy reales, nos pronunciamos tajantemente por el levantamiento de sanciones contra Cuba y contra cualquier aventura bélica contra la patria de Martí, de Maceo y de Fidel.

Manuel Mora Salas
Movimiento Manuel Mora Valverde

Cuba ante una nueva fase de presión estadounidense: ¿preludio de una intervención?

Por Juan Carlos Cruz Barrientos

En las últimas décadas, la relación entre Estados Unidos y Cuba ha estado marcada por una constante histórica: la tensión entre la pretensión estadounidense de disciplinar a la isla y la persistente capacidad de resistencia del proyecto político cubano. Sin embargo, distintos acontecimientos recientes sugieren que la actual coyuntura podría representar algo más que un nuevo episodio de endurecimiento del bloqueo: podría tratarse del inicio de una fase distinta, caracterizada por la articulación simultánea de presión económica extrema, construcción narrativa de amenaza y señales político-militares que recuerdan mecanismos empleados previamente en otros escenarios internacionales.

Esa es la tesis central desarrollada en el programa La Base del 20 de mayo de 2026, conducido por Pablo Iglesias, en el que se plantea la posibilidad de que Estados Unidos esté creando condiciones políticas y discursivas para legitimar futuras acciones de mayor intensidad contra Cuba.

La pregunta central no es únicamente si Washington planea una intervención militar. La cuestión más relevante es si se está produciendo una transformación en la lógica estratégica aplicada históricamente hacia la isla.

Desde enero de 2026 la administración Trump ha impulsado medidas que, según los participantes, constituyen una escalada sin precedentes de la presión económica sobre Cuba. El elemento central sería un bloqueo energético de facto que limita severamente la llegada de hidrocarburos a la isla mediante sanciones y amenazas contra empresas navieras, aseguradoras y operadores financieros internacionales.

La consecuencia inmediata ha sido una crisis energética profunda: apagones prolongados, dificultades para el funcionamiento de servicios básicos y afectaciones severas en sectores estratégicos como salud, transporte y producción.

Pero la novedad radica menos en la existencia de sanciones —instrumento de la política estadounidense hacia Cuba desde hace 64 años 1— que en su alcance extraterritorial creciente.

Las nuevas disposiciones autorizan sancionar empresas extranjeras vinculadas con sectores considerados estratégicos dentro de la economía cubana, independientemente de su relación directa con Estados Unidos o del uso del sistema financiero estadounidense. La lógica aplicada ya no consiste únicamente en impedir vínculos bilaterales entre Washington y La Habana; el objetivo parece ser convertir el mercado mundial en mecanismo de coerción.

En otras palabras, Estados Unidos actuaría como árbitro global de las relaciones económicas con Cuba. La presión financiera adquiere entonces una dimensión estructural. Bancos internacionales enfrentan un dilema simple: mantener operaciones vinculadas con Cuba o preservar acceso al sistema financiero estadounidense y al dólar.

En términos prácticos, esto multiplica el aislamiento económico cubano y convierte la política de sanciones en un mecanismo de alcance planetario. No obstante, la dimensión económica constituye solo una parte del cuadro.

Uno de los aspectos más relevantes del análisis presentado fue la identificación de una posible arquitectura narrativa destinada a redefinir la imagen de Cuba ante la opinión pública internacional.

Según La Base, recientes publicaciones de medios estadounidenses y occidentales han desplazado progresivamente el eje discursivo: Cuba deja de aparecer únicamente como un problema político o humanitario para ser presentada como potencial amenaza de seguridad.

Las referencias a supuestos drones rusos e iraníes, vuelos de inteligencia, cooperación militar y operaciones encubiertas son interpretadas como componentes de un marco discursivo más amplio.

El procedimiento resulta familiar

La secuencia histórica ha sido observada en otros escenarios: primero se identifica un enemigo; después se amplifica una amenaza; finalmente se construye la idea de una intervención necesaria o preventiva.

Irak y las inexistentes armas de destrucción masiva constituyen el ejemplo paradigmático, aunque el esquema también fue identificado en Libia, Siria, Venezuela y otras experiencias recientes. La construcción de amenazas cumple una función política específica: transformar acciones ofensivas en respuestas defensivas.

Cuando un país deja de ser representado como víctima de presión y pasa a ser percibido como peligro potencial, las condiciones simbólicas para legitimar medidas extraordinarias comienzan a consolidarse.

En este sentido, los anuncios sobre posibles procesos judiciales contra Raúl Castro por el derribo de aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate en 1996 adquieren relevancia política más allá de su dimensión jurídica.

Treinta años después de los hechos, la reapertura mediática y judicial del caso aparece como una operación de presión adicional orientada a erosionar la legitimidad histórica de la dirigencia cubana. La experiencia venezolana constituye un antecedente que alimenta estas interpretaciones.

La utilización de procesos judiciales internacionales, acusaciones criminales y narrativas sobre amenazas regionales formó parte de una estrategia más amplia destinada a justificar acciones posteriores.

A ello se suma un nuevo elemento que complejiza el escenario: el despliegue hacia el Caribe del grupo de combate encabezado por el USS Nimitz, uno de los principales portaaviones de propulsión nuclear de la marina estadounidense. Aunque Washington presentó el movimiento como una operación rutinaria de presencia regional, el contexto vuelve difícil interpretarlo como un simple trámite administrativo.

En política internacional, los movimientos militares rara vez transmiten únicamente capacidades técnicas; también comunican mensajes políticos. Los portaaviones constituyen una forma particular de lenguaje geopolítico. Su función no consiste solamente en prepararse para una guerra. También sirven para proyectar fuerza, modificar cálculos políticos y ejercer presión psicológica. Son instrumentos de señalización estratégica.

Y precisamente aquí emerge quizá la hipótesis más inquietante del debate actual. Tal vez la cuestión ya no sea si Estados Unidos prepara una nueva Bahía de Cochinos.

Las imágenes de invasiones convencionales, desembarcos y ocupaciones militares pertenecen a una gramática clásica del poder imperial. El siglo XXI parece operar mediante mecanismos distintos y mucho más complejos.

En el análisis discutido en La Base apareció una pregunta perturbadora: ¿qué ocurre si el objetivo ya no consiste en conquistar militarmente un territorio, sino en volver materialmente inviable la vida cotidiana?

La referencia inevitable es Gaza

Aunque se trata de escenarios históricos diferentes, con dinámicas específicas, algunos elementos del paralelismo resultan difíciles de ignorar: restricciones sobre recursos estratégicos, presión sobre combustible, deterioro de condiciones materiales de vida y construcción narrativa de amenazas bajo una lógica permanente de seguridad.

En Gaza, el control sobre electricidad, infraestructura, combustible y abastecimiento adquirió una dimensión política y militar decisiva. El objetivo no fue únicamente la confrontación armada. También implicó la generación de condiciones extremas de desgaste social. La pregunta inevitable es si ciertas dinámicas recientes alrededor de Cuba comienzan a mostrar mecanismos semejantes.

Durante meses la isla enfrentó una creciente presión energética, restricciones financieras, sanciones extraterritoriales y dificultades cada vez mayores para sostener procesos básicos de reproducción económica y social. Paralelamente se multiplican discursos que redefinen a Cuba no solo como adversario político, sino como potencial amenaza estratégica.

La secuencia comienza a adquirir una forma reconocible: aislamiento económico, construcción de amenaza, judicialización política, presión diplomática y demostraciones militares. No se trataría necesariamente de ocupar un país.

Se trataría de producir agotamiento

Las formas contemporáneas de intervención ya no necesitan desembarcos espectaculares para quebrar sociedades. Pueden operar mediante mecanismos prolongados de desgaste económico, psicológico y político capaces de erosionar resistencias internas y fracturar cohesiones sociales.

Las guerras del siglo XXI no comienzan siempre con bombardeos. Muchas veces comienzan cuando el sufrimiento cotidiano de un pueblo se convierte en instrumento de presión geopolítica.

En el fondo, lo que aparece en disputa es algo más profundo que el futuro político de Cuba. La isla ocupa un lugar singular en la imaginación geopolítica estadounidense. Desde 1959 representa una anomalía histórica: un proyecto revolucionario que sobrevivió al colapso soviético, a décadas de aislamiento y a múltiples intentos de desestabilización.

Cuba representa, además, una señal incómoda para la hegemonía estadounidense en América Latina: recuerda la posibilidad histórica de trayectorias autónomas en un espacio que Washington ha considerado tradicionalmente parte de su área de influencia.

La coyuntura adquiere una complejidad adicional en un sistema internacional en transformación. El apoyo energético ruso, la cooperación tecnológica china y la emergencia de espacios multipolares indican que la cuestión cubana ya no pertenece exclusivamente al espacio hemisférico.

La pregunta, entonces, deja de ser exclusivamente cubana. Estamos ante un nuevo episodio del histórico conflicto entre Washington y La Habana o frente a un laboratorio donde se ensayan nuevas formas de coerción imperial adaptadas a un mundo en transición?

La historia ofrece una advertencia elemental: antes de las guerras suelen construirse relatos que las hacen parecer inevitables y, precisamente por ello conviene observar no solo los movimientos militares, sino también las palabras, las imágenes y las narrativas que comienzan a prepararlas.

1 El bloqueo —denominado oficialmente “embargo” por Estados Unidos— fue formalizado el 3 de febrero de 1962 por la administración de John F. Kennedy, aunque las primeras medidas de presión económica comenzaron entre 1960 y 1961. Esto significa que la política de sanciones y aislamiento contra Cuba se ha prolongado por aproximadamente 64 años, convirtiéndose en uno de los regímenes de coerción económica más extensos de la historia contemporánea. Lejos de permanecer inalterado, el bloqueo se profundizó mediante legislaciones como la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms-Burton (1996), que ampliaron su alcance extraterritorial permitiendo sancionar empresas y actores de terceros países. Más de seis décadas después, varias generaciones de cubanos han nacido y vivido bajo condiciones permanentes de restricción económica, haciendo del bloqueo no solo un instrumento de política exterior, sino un componente estructural de la relación entre Washington y La Habana.

SIFREHN defiende uso de teleconsulta y denuncia deterioro de la atención médica en la CCSS

SURCOS comparte el texto íntegro de la declaración de SIFREHN:

NO SOMOS LOS MÉDICOS LOS QUE NOS BURLAMOS Y ESTAFAMOS AL TRABAJADOR COSTARRICENSE Y A SUS FAMILIARES EN LA CCSS.

ACLARACIÓN URGENTE Y DERECHO DE RESPUESTA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL SINDICATO “SIFREHN” A FAVOR DE TODO EL PUEBLO TRABAJADOR COSTARRICENSE Y FAMILIARES, QUE ESPERAN AÑOS POR UNA CITA MÉDICA, Y A LOS QUE UNA VEZ MÁS SE PRETENDE ENGAÑAR.

Sepan ustedes estimados trabajadores costarricenses, familiares y ciudadanía en general, que algunos de los profesionales médicos que actualmente están siendo acusados con gran despliegue publicitario exhibiendo sus nombres, y muchos otros que probablemente estamos en “lista de espera” para serlo, lo estamos por el supuesto cuestionamiento de habernos extralimitado en la cantidad de pacientes atendidos, según criterio de algunos “impolutos” altos dirigentes institucionales de la CCSS, que juzgan a priori y sin debido proceso alguno y en los tribunales como debería de ser y tiene todo derecho cualquier ciudadano.

Se quiere plantear así la acción solidaria del médico ante la necesidad del paciente o del enfermo, prácticamente como una estafa a las sagradas arcas del Seguro de Salud, (muy mal administradas por cierto), pues se le debe pagar entonces a muchos de los pacientes atendidos —por patologías cotidianas en general simples pero incapacitantes, que todos sufrimos como pueblo muy enfermizo que somos— su incuestionable derecho a la incapacidad laboral, que es lo que en primera instancia molesta a la Caja, como si el paciente no pagara y no tuviera derecho a ello.

Viene al caso mencionar entonces que muchos de los pacientes que hoy ya pintan canas, pueden recordar y aseverar, al igual que los anales de las primeras clínicas periféricas que tuvo la Caja, como la Moreno Cañas de los barrios del sur por ejemplo, a la que tuvimos el honor de servir, que en la consulta denominada “Extemporánea”, el médico atendía por lo general más de 100 pacientes diarios, sin que recordemos de algún reclamo serio por “mal praxis” y ante el aprecio y reconocimiento de todos los pacientes, que además gozaban del servicio de “visitas domiciliarias”, donde los médicos también atendimos a miles de pacientes durante las epidemias de gripe, varicela, sarampión, infecciones gastrointestinales, trastornos sicológicos, etc.

Pero volviendo al caso de la presunta estafa de parte de los médicos y de los pacientes que legalmente utilizan el excelente y resolutivo recurso de la “TELECONSULTA”, todos sabemos que estos trabajadores, aun los de los sectores más humildes, pagan religiosamente su SEGURO DE SALUD para su protección y la de sus familiares y sin embargo, es bien conocida, la pésima prestación de los esenciales servicios médico-asistenciales de la Caja al pueblo trabajador y ciudadanía en general, ya que la Institución, desde hace muchos años no tiene la capacidad resolutiva para atenderlos, incluso desde el básico primer nivel de atención de los EBAIS, pues no ha querido en forma obcecada y absurda, contratar más médicos, o los médicos necesarios, tanto generales como especialistas en formación, pudiendo haberlo hecho, tal como lo hemos venido denunciando desde hace más de una década, y la Defensoría de los Habitantes es testigo de ello (p. 2). Y ya que se nombra a “La Defensoría”, baste aquí también recordar su lapidaria frase: “SACAR CITA EN UN EBAIS RESULTA MISIÓN IMPOSIBLE”.

Por lo tanto, al ser miles de pacientes diarios en todo el país los que enfrentan esta cruel e inconstitucional situación (artículo 21 de la Constitución y jurisprudencia) y no teniendo tampoco los recursos para pagar la excelente pero lógicamente onerosa medicina privada, la única opción que les queda hoy día afortunadamente a dichos pacientes, es la posibilidad e incuestionable derecho de poder acudir a la justa y mucho menos costosa TELECONSULTA o CONSULTA VIRTUAL NO PRESENCIAL.

Como corolario de toda esta situación, puede deducirse, que si los trabajadores pagan puntualmente su Seguro de Salud y no son atendidos, la “GRAN ESTAFA” la están cometiendo entonces los administradores y dirigentes institucionales responsables del SEM (Seguro de Enfermedad y Maternidad) (p. 2). Ellos son los legítimos responsables y estafadores de amplios sectores del pueblo trabajador que engruesan las criminales y crecientes listas de espera de más de un millón de pacientes en los hospitales y las crueles filas madrugueras en busca de cupos en los EBAIS, y NO SOMOS NI NUNCA HEMOS SIDO LOS MÉDICOS LOS CULPABLES, como tendenciosa y rastreramente quieren hacerle creer al pueblo, para encubrir su tremenda incompetencia gerencial y administrativa de décadas, que ha conducido al despilfarro y mal uso de los recursos del Seguro de Salud y también a la debacle del Seguro de IVM, siendo entonces, más bien sus nombres, los que deberían ser exhibidos ante la opinión pública, debiendo estar en primer lugar los funcionaros de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades y, que alegan públicamente “que están llegando tarde para detectar fraudes”… según ellos, obviamente cometidos por los médicos, en el otorgamiento de incapacidades prolongadas, cuya causa en la gran mayoría de los casos es la gran incapacidad resolutiva de la propia Institución ante el pleno derecho de los pacientes.

Por lo tanto, la Secretaría General del Sindicato SIFREHN avisa a todos sus afiliados y miles de usuarios que los consultorios médicos del sindicato continuarán, como lo han venido haciendo desde su creación hace aprox. 5 años, prestando sus servicios médicos a la población necesitada, tanto en forma presencial en su horario de lunes a viernes, como mediante el sistema de Teleconsultas, todos los días de la semana.

Atentamente:

Dr. Alfredo Ramírez Montero Cédula 103110226
Secretario General del Sindicato del Frente Hospitalario Nacional -SIFREHN

 

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte I)

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

George Santayana escribió que: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.”

Bienvenidos a una nueva serie de columnas donde vamos a poner las cartas sobre la mesa. A lo largo de estas entregas, quiero que repasemos juntos nuestra historia política reciente: los grandes aciertos, los peores desaciertos, los casos de corrupción que nos sacudieron, los logros de aquel bipartidismo tradicional y, finalmente, cómo llegamos a comprar el engaño de un “cambio” que terminó siendo una ilusión.

Para entender dónde estamos, tenemos que recordar de dónde venimos. Y nuestro punto de partida tiene que ser esa Costa Rica que renació de las cenizas.

Los cimientos de nuestra democracia

Nuestra historia moderna nace de una herida profunda: la dolorosa guerra civil de 1948. Sin embargo, de ese conflicto tan trágico logramos algo excepcional. En 1949, la Asamblea Nacional Constituyente definió las bases de lo que hoy es una de las democracias plenas más sólidas del mundo entero.

Fue una época de gigantes, donde líderes de distintas trincheras entendieron que el país estaba por encima de las banderas. Es de justicia histórica reconocer a figuras como José María Figueres Ferrer, Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, quienes, con sus acuerdos y diferencias, forjaron las Garantías Sociales. A ellos se suman mentes brillantes como Jorge Manuel Dengo y Rodrigo Facio, arquitectos de la institucionalidad que nos dio paz y progreso.

La época de oro: El Estado de Bienestar (1950 – 1970)

Entre los años 50 y los 70, Costa Rica construyó un verdadero Estado de Bienestar. No fue obra de la casualidad, fue un proyecto país.

Logros monumentales como la abolición del Ejército, la creación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para garantizar el respeto a las urnas, la nacionalización bancaria y la fundación del ICE, transformaron a Costa Rica. Se fortaleció la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se consolidó el Código de Trabajo y se le dio un impulso vital a la Universidad de Costa Rica (UCR) y a la educación pública en general.

Pero el impulso no se detuvo ahí. En los años siguientes vimos nacer el Sistema de Parques Nacionales —que hoy es nuestra mayor carta de presentación mundial—, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), y conquistas laborales intocables como el aguinaldo. Era un Estado diseñado para que el hijo del campesino pudiera llegar a ser médico o ingeniero.

El quiebre de los 80s: La receta cambia

Pero todo modelo se desgasta, y a mediados de los años 80, el timón dio un giro brusco. El Estado de Bienestar comenzó a fracturarse.

Bajo la presión de la crisis económica y los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Costa Rica entró en la era de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs). Este marco neoliberal no se impuso solo; contó con el contubernio de tanques de pensamiento como la ANFE y las cúpulas políticas tradicionales tanto del Partido Liberación Nacional (específicamente la corriente del “arismo”) como del Partido Unidad Social Cristiana.

De pronto, la narrativa cambió. El discurso oficial empezó a bombardearnos con una idea central: “el Estado es muy grande y el gasto público es el enemigo”. Bajo esta justificación, comenzaron los recortes a programas sociales vitales y la visión de aquel país solidario empezó a ser sustituida por una visión estrictamente contable y de mercado.

El germen de la decadencia

Ese quiebre institucional y económico abrió la puerta a una Costa Rica muy distinta. Sin embargo, el daño más profundo de este cambio de rumbo no fue solo económico. Al debilitarse la visión solidaria del Estado y priorizarse el cálculo mercantil y la privatización de las ganancias, se abrió la puerta a un mal mucho más oscuro.

Empezó a enraizarse una nefasta y generalizada cultura de corrupción que permeó todos los estratos. Una descomposición moral que se instaló no solo en las más altas esferas de los sucesivos gobiernos, sino que también hizo metástasis fuera del Estado: en el sector privado, en gremios y en diversas estructuras de poder. El dinero, las comisiones y el tráfico de influencias comenzaron a pesar más que el bienestar común.

Cómo esos escándalos de corrupción descarada erosionaron la confianza pública, y cómo esto nos llevó a la crisis de nuestra clase media, al abandono del sector agropecuario y a la dolorosa brecha social que hoy sufrimos, será el plato fuerte de nuestra segunda columna.

Nos leemos en la próxima entrega.

Cuba, los drones y la fábrica mediática imperial

José A. Amesty Rivera

La reciente publicación del medio estadounidense Axios en su artículo, Exclusiva: Estados Unidos analiza la amenaza de drones de ataque procedentes de Cuba, sobre una supuesta “amenaza de drones cubanos” contra intereses de EEUU, no puede analizarse como una noticia aislada. No estamos frente a un simple reportaje de seguridad internacional, sino ante una operación comunicacional cuidadosamente diseñada para instalar miedo, fabricar consenso y preparar psicológicamente a la opinión pública ante posibles acciones más agresivas contra Cuba.

La historia es vieja en América Latina, cada vez que Washington necesita justificar sanciones, bloqueos, invasiones o golpes blandos, primero construye un enemigo; y para construirlo, necesita medios de comunicación obedientes, amplificadores de rumores, filtraciones “clasificadas”, expertos alineados y titulares alarmistas. Esta vez le tocó nuevamente a Cuba.

El artículo de Axios intenta presentar a Cuba como una especie de plataforma militar ofensiva apoyada por Irán, Rusia y China. Habla de drones, espionaje, asesores militares iraníes, soldados cubanos en Ucrania y hasta posibles ataques a Florida, todo mezclado en una narrativa de tensión permanente.

Pero el mismo texto termina contradiciéndose; después de encender las alarmas durante varios párrafos, reconoce finalmente que los funcionarios estadounidenses “no creen que Cuba represente una amenaza inminente”, es decir, el gran titular se derrumba por sí mismo.

Entonces surge la pregunta elemental, si no existe amenaza inmediata, ¿por qué fabricar semejante escándalo mediático?

Porque el imperialismo estadounidense necesita mantener viva la imagen de Cuba como enemigo, necesita justificar el bloqueo criminal que asfixia al pueblo cubano desde hace más de seis décadas, necesita convencer a la opinión pública estadounidense de que la isla no es una víctima de agresión económica, sino un “peligro regional”. Y aquí entra la maquinaria mediática.

Durante años, muchos sectores progresistas latinoamericanos denunciaron cómo grandes corporaciones mediáticas actuaban como verdaderos partidos políticos de derecha; hoy el fenómeno es más profundo, los medios no solo manipulan elecciones o destruyen dirigentes populares, también ayudan a construir escenarios de guerra.

Axios no actúa aquí como prensa independiente, funciona como canal de filtración de sectores del aparato de seguridad estadounidense. La propia nota admite que la información proviene de inteligencia clasificada, es decir, alguien dentro del poder estadounidense decidió entregar ese relato al medio para que fuera difundido masivamente.

Y el problema no es solo la filtración, el problema es la ausencia total de contraste periodístico. No hay pruebas verificables sobre esos supuestos planes cubanos de ataque, no aparecen documentos públicos, no se muestran imágenes satelitales, no se presentan fuentes independientes, todo descansa sobre “altos funcionarios estadounidenses”.

En otras palabras, el lector debe creerle ciegamente al Pentágono, a la CIA y al Departamento de Estado. Esto no es periodismo serio, es propaganda imperial con apariencia de noticia.

Lo ocurrido recuerda demasiados episodios históricos. EEUU tiene larga experiencia inventando amenazas para justificar agresiones: ocurrió con el hundimiento del Maine en 1898 para intervenir en Cuba, aconteció con el Golfo de Tonkín para escalar la guerra en Vietnam, pasó con las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak, ocurrió con las falsas acusaciones sobre Libia, Siria y Venezuela.

Ahora el esquema se recicla contra Cuba utilizando un elemento moderno, los drones. La narrativa es casi de película, una isla pequeña, empobrecida y bloqueada aparece presentada como una amenaza tecnológica regional vinculada a Irán y Rusia; es el clásico mecanismo de miedo geopolítico, y mientras tanto, se oculta la verdadera realidad.

La realidad es que Cuba vive una crisis económica brutal agravada por el bloqueo estadounidense, es que millones de cubanos sufren apagones, escasez y dificultades cotidianas, es que Washington mantiene medidas de asfixia económica destinadas explícitamente a provocar desesperación social, pero nada de esto ocupa los grandes titulares.

Hay además una hipocresía monumental en toda esta campaña. EEUU posee cientos de bases militares alrededor del mundo, mantiene flotas navales cerca de múltiples países, financia guerras indirectas, utiliza drones armados en distintos continentes, invade, sanciona y amenaza constantemente. Sin embargo, cuando Cuba habla de defensa nacional, inmediatamente se convierte en “amenaza”.

La Habana respondió correctamente recordando un principio básico del derecho internacional, todo país tiene derecho a defenderse, y eso es cierto. Cuba conoce demasiado bien la historia de agresiones estadounidenses, como: invasiones, sabotajes, terrorismo, bloqueo económico, atentados y operaciones encubiertas forman parte de más de sesenta años de hostilidad permanente.

¿O acaso ya olvidaron Playa Girón? ¿La Operación Mangosta? ¿Los cientos de intentos contra Fidel Castro?

Cuando un país vive bajo amenaza constante, prepararse defensivamente no es agresión; es supervivencia. Hoy las guerras ya no comienzan solamente con bombas, comienzan con narrativas.

Primero se demoniza al adversario, luego se exagera el peligro, después se habla de “seguridad nacional”, “amenaza regional” o “protección de la democracia”, finalmente llegan las sanciones, las operaciones encubiertas o la intervención directa.

La batalla mediática es parte esencial del conflicto contemporáneo; por esto la política comunicacional de muchos grandes medios occidentales resulta tan peligrosa, no informan para comprender la realidad, informan para moldearla según intereses de poder.

Y en el caso cubano, existe además un objetivo psicológico, aislar internacionalmente a la isla y desgastar moralmente a los pueblos latinoamericanos solidarios con la revolución cubana.

Se busca instalar la idea de que Cuba es inviable, peligrosa, fracasada y aislada, que toda resistencia al imperialismo termina derrotada, que no existe alternativa posible al dominio estadounidense. Es una guerra ideológica permanente.

Desde una perspectiva seria de izquierda latinoamericana, defender a Cuba no significa negar sus problemas internos, económicos o dificultades políticas, significa comprender el contexto histórico real.

No se puede analizar la situación cubana ignorando el bloqueo económico más largo de la historia moderna, no se puede hablar honestamente de crisis cubana sin mencionar las sanciones financieras, el cerco comercial y la persecución económica extraterritorial impulsada por Washington.

Muchos medios internacionales presentan la realidad cubana como si el bloqueo no existiera o fuera un detalle secundario, esto también es manipulación. La izquierda latinoamericana tiene el deber de desmontar esas operaciones comunicacionales, no desde el fanatismo, sino desde el análisis crítico y antiimperialista.

Porque cuando atacan a Cuba, no atacan solamente a un gobierno, arremeten contra el símbolo histórico de soberanía latinoamericana que la revolución cubana representa desde 1959. Acometen la idea misma de que un pequeño país pueda resistir al poder imperial más grande del planeta.

Lo más grave del artículo de Axios, es que normaliza la posibilidad de una acción militar estadounidense; el propio texto reconoce que esa información “podría convertirse en un pretexto para una acción militar”, y aun así publica el material sin cuestionarlo.

Esto demuestra hasta qué punto ciertos medios ya ni siquiera esconden su alineamiento con los intereses geopolíticos de Washington. Se intenta crear una atmósfera donde futuras agresiones parezcan “preventivas”, “necesarias” o incluso “defensivas”, exactamente igual que ocurrió antes de Irak en 2003.

La fórmula se repite: fabricar miedo; exagerar amenazas; demonizar al adversario; preparar psicológicamente a la población; justificar medidas agresivas. Nada nuevo bajo el sol imperial.

Pese a todas las dificultades, Cuba sigue siendo un símbolo incómodo para el poder estadounidense, porque demuestra que un país pequeño puede resistir durante décadas sin rendirse completamente, que sigue defendiendo su soberanía, que aún conserva una profunda legitimidad histórica en amplios sectores populares del continente.

Por esto la ofensiva no es solamente económica, también es mediática, cultural e ideológica. Se busca quebrar la moral colectiva, convencer a las nuevas generaciones de que toda experiencia antiimperialista está condenada al fracaso.

Sin embargo, la historia latinoamericana enseña otra cosa, los pueblos resisten incluso en las condiciones más difíciles. Y hoy más que nunca resulta necesario denunciar cómo ciertos medios corporativos, actúan como instrumentos de guerra psicológica al servicio de intereses imperiales.

La campaña contra Cuba no trata realmente sobre drones, trata sobre soberanía, sobre control geopolítico, sobre el miedo de Washington a cualquier experiencia que desafíe su dominio histórico sobre América Latina.

Por esto, frente a las mentiras mediáticas, frente a las operaciones psicológicas y frente a la manipulación imperial, la tarea sigue siendo la misma, defender la verdad de nuestros pueblos, ejercer pensamiento crítico y mantener viva la solidaridad latinoamericana.

Porque cuando el imperialismo fabrica enemigos, normalmente está preparando agresiones, y porque Cuba, con todos sus ataques y dificultades, sigue siendo una trinchera simbólica de dignidad para Nuestra América.