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Autor: María José Ferlini Cartín

UCR Voz experta: En el acuerdo del FEES 2024 se logró mucho más que un presupuesto

Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.

Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica

El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare

En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:

Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.

“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.

“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.

En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.

Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.

En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.

Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.

Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.

En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.

Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.

Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:

1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.

Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.

Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.

2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.

3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.

4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.

5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.

«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».

Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.

Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.

Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.

Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.

Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.

Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.

Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.

Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.

Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.

Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!

Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector de la Universidad de Costa Rica

Consejo Universitario UNA reprocha cierre de UCA en Nicaragua

Mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-265-2023, los concejales de la Universidad Nacional (UNA) emitieron un pronunciamiento, en el cual reprochan el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua y brindan su total apoyo a la educación como derecho humano fundamental.

En relación con los hechos suscitados, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional repudia que se haya violentado la autonomía universitaria, la propiedad privada, entre otros.

Asimismo, se solidariza con los estudiantes, docentes e investigadores, así como con el personal administrativo de la UCA.

ACUERDO COMPLETO

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-SCU-ACUE-265-2023

25 de agosto de 2023

Señores
Comunidad Universitaria

M.ag. Maribelle Quirós Jara
Directora de la Oficina de Comunicación

M.ag. Sara González Bonilla
Directora de la Oficina de Relaciones Públicas

Estimadas señoras y estimados señores:

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo cuarto, inciso primero de la sesión ordinaria celebrada el 24 de agosto de 2023, acta no 42-2023, que dice:

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SOBRE EL CIERRE DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA) EN NICARAGUA

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional reprocha los actos acontecidos en contra de la Universidad Centroamericana UCA en donde no sólo se ha violentado la autonomía universitaria, la propiedad privada, entre otros, sino que como justificación de lo sucedido se ha utilizado la expropiación de bienes privados para motivar la dominación ideológica hacia el pueblo nicaragüense.

Tal y como lo establece la Unesco; la educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible, y un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales.

La Universidad Nacional como institución de educación y promotora de la conciencia crítica en la sociedad en general y el Consejo Universitario en particular hace un llamado para que se respete la democracia, la libertad, el pensamiento crítico, el derecho a la educación del estudiantado de esta institución hermana, con la cual nos solidarizamos ante el ataque directo a su prestigio y sus aportes al pueblo nicaragüense.

Manifestamos nuestra solidaridad con los más de 5000 estudiantes, y 546 docentes e investigadores, así como con el personal administrativo, de la UCA; que, junto a sus familias se les ha violentado su dignidad y proyecto de vida.

Exhortamos a las demás instituciones de educación superior del país y de la región a denunciar y pronunciarse ante este ataque directo y deliberado hacia una institución educativa, motor del desarrollo social.

Instamos a la defensa de la educación, al respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión y el pensamiento crítico sin acallar las voces críticas en detrimento del bien común.

Atentamente,
Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Inauguran exposición con un concierto acústico

El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy presentará su exhibición cultural “Amor al Arte”, del 26 de agosto hasta el 30 de septiembre en San José, Costa Rica. Esta muestra integral abarca literatura, poesía, música y pintura, y tendrá lugar en Senderos, el vivero urbano de industrias creativas ubicado en Barrio Escalante, en la capital.

“Amor al arte” es un homenaje a su identidad, a sus orígenes ancestrales y culturales. Más de 30 obras visuales, incluyendo cuadros, máscaras, guitarras y pañuelos, estarán a la venta en la primera exposición presencial que el artista realiza en Costa Rica bajo este concepto.

Para inaugurar esta exposición, Luis Enrique Mejía Godoy realizará un concierto de música acústica junto al pianista y compositor costarricense Jonathan Delgado, el sábado 26 de agosto a las 7:00 p. m. Este evento tendrá un cupo limitado.

Durante el concierto Mejía Godoy estrenará dos canciones: “Por amor al arte” y “Samba de vos con yo”. También aprovechará para compartir los cuentos y poemas que ha escrito a lo largo de su carrera. “El evento de inauguración es un pequeño regalo que quiero ofrecer a mi público. Un momento para conectar y disfrutar del arte”, enfatiza el artista.

Las entradas para el concierto se pueden adquirir llamando al +506 8880 8657, y tienen un valor de 12 000 colones, aproximadamente 22 dólares. Sólo el concierto tiene costo de entrada; la exposición es gratuita y estará disponible de martes a jueves de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. y de viernes a domingo de 12:00 m. d. a 8:00 p. m.

¿Nuevo reglamento en SETENA?

Observatorio de Bienes Comunes

A partir de las acciones legales implementadas por ANEP y Grupo Ecologista Kañík , queremos aprovechar para reflexionar sobre las tensiones que están cercando nuestros bienes comunes en el actual Gobierno de Costa Rica, caracterizado por la promoción de actividades «económicas» extractivas con mayor desregulación ambiental.

Esta desregulación, no pasa sólo por la erosión  del «marco legal», sino también el debilitamiento institucional y reduciendo los espacios de la participación ciudadana. La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) la 43898 es una muestra más de este camino en beneficio al empresariado, y tal vez el mejor ejemplo corresponde lo que señalan desde ANEP y Kañik:

  • Presiona al personal de SETENA al imponerle plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental
  • Beneficia al empresariado no sólo al disminuir el papeleo para los permisos y los controles, sino que les baja las penas (sanciones en caso de incumplimiento).

Ante esto, queremos compartirles la siguiente infografía que nos señala algunas de las implicaciones socioambientales que representa el nuevo reglamento, tales como la explotación forestal en áreas silvestre protegidas, el consentimiento para el pavimento de áreas frágiles ambientalmente, entre otros.

Festival Ambiental de La Gamba de Golfito

El Programa de Gestión Local de la UNED trabaja en el desarrollo del 3° Festival Ambiental de La Gamba de Golfito, a realizarse el sábado 26 de agosto 2023, en el Salón Comunal de 8:00 am a 4:00 pm.

En este festival se realizarán conversatorios, exposiciones, actividades deportivas, educación ambiental, caminata al Parque Nacional Piedras Blancas, entre otras actividades para el disfrute de las personas de la comunidad de La Gamba y personas de organizaciones comunales y campesinas de la región que estarán acompañando el evento.

El Festival tiene como objetivo el involucrar a la comunidad de La Gamba en los procesos de sensibilización por el cambio climático y la protección del medio ambiente, compartiendo en todo momento acciones que coadyuban a generar interés tanto a nivel comunal como institucionales, para un adecuado manejo de los recursos naturales en pro y en beneficio de la colectividad.

Además, de mantener una relación estrecha con el Parque Nacional Piedra Blanca, el cual se encuentra en la parte territorial de la comunidad de La Gamba. La propuesta es que produzca un manejo compartido de las actividades que se desarrollan en el Área de Conservación de Osa, para que le permita una participación activa y fructífera a la comunidad de La Gamba.

Durante el desarrollo del festival, se proponen actividades en coordinación con las siguientes instituciones gubernamentales, la academia y organizaciones comunales:

Organizaciones comunales:

ADI – ASADA – Productores – Ambientalistas – Mujeres – Jóvenes – Artesanos.

Academia aliada:

UCR – UNA – UNED

Invitar a diferentes instituciones gubernamentales como:

MINAE- ACOSA – SINAC – INDER – MAG – ICT – JUDESUR – ICE – Municipalidad – Bomberos.

Un eje temático para la presentación artística es el agua.

Además:

Taller sobre compostaje.

Cuenta cuentos.

Estación de pintura con niños.

Presentación de música rock Syroplasma.

UNDECA y BUSSCO se solidarizan con estudiantes del CTP de Pavas, por presuntas irregularidades en Junta de Educación

Desde hace una semana el Colegio Técnico Profesional de Pavas, CTP, se encuentra cerrado por problemas en la Junta de Educación de la institución.

Los estudiantes pusieron candados y cadenas para impedir el ingreso al colegio en protesta y exigen soluciones inmediatas.

Entre los problemas denunciados está el manejo irresponsable de los fondos y que no está cumpliendo con las necesidades básicas de la institución.

Representantes de la Junta llegaron esta semana a hablar con los estudiantes, sin embargo, no presentaron soluciones concretas, por tal razón todavía sigue el movimiento de protesta estudiantil.

Autoridades del Ministerio de Educación Pública, en lugar de intervenir para investigar las anomalías en el manejo de dineros de la Junta, trata de que no trascienda la noticia del movimiento de los estudiantes.

En todo esto, la Junta de Educación se ha confabulado con los intereses de ciertas personas en el sector de pavas.

UNDECA y BUSSCO respaldan a los estudiantes que exigen la intervención inmediata de la Junta. Y se proceda de inmediato a investigar por el medio más idóneo y con la mayor trasparencia las denuncias de presuntos malos manejos de fondos públicos.

Comunicado de UNDECA y BUSSCO.

ANEP y Grupo Ecologista Kañík presentan acción de inconstitucionalidad contra reglamento que elimina controles ambientales

  • Destrucción de ecosistemas, levantamiento de urbanizaciones sin control, explotación maderera en áreas protegidas, abusos laborales, reducción de penas para desarrolladores y pérdida de autoridad de la SETENA pretende este nuevo reglamento.

La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.

Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.   

El reglamento, que empezaría a regir este agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.

No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles  y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.

El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores, incluida la que aún está vigente. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.

Este reglamento, a punto de empezar a regir, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.

Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.

Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.

Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.

Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.

Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.

En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.

En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.

Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.

El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.

Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.

Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.

Le invitamos a ver el video con la exposición.

Sentires y Saberes: ¿Qué estamos haciendo en Escazú y Alajuelita?

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con las personas participantes del Curso de Comunicación Popular que desarrollamos junto a CODECE en Escazú, y nos preguntamos ¿Qué estamos haciendo en Escazú y Alajuelita?, a partir de esta pregunta profundizamos sobre los desafíos organizativos que provoca la comunicación y los retos para seguir haciendo comunidad.

Participaron: Mariana Badilla, Alfredo Huerta, Javier Sánchez, Andrea López, Natalia Monge, Jean Carlo Rodríguez, Sebastian Del Barco, Carolina Mora, Indira de Beausset y Mauricio Álvarez.

Para escuchar la entrevista ingrese en este enlace.

Autoridades del Poder Judicial visitan cantón de Limón para escuchar y atender necesidades de comunidad

  • Consejo Ampliado se realizará el 24 y 25 de agosto en los Tribunales de Justicia de Limón.

Comunicado

El Poder Judicial se acercará a los vecinos del cantón central de Limón durante la celebración del Consejo Ampliado a realizarse los días 24 y 25 de agosto de 2023, en los Tribunales de Justicia de Limón. Esta actividad se enmarca en los esfuerzos de construir un Poder Judicial al lado de la gente.

Este espacio de encuentro entre autoridades judiciales con fuerzas vivas, sociedad civil y personal del Circuito Judicial de Limón tiene como fin promover la transparencia y rendición de cuentas relacionados al servicio público que brinda la institución.

El Poder Judicial preocupado por el aumento de la criminalidad en este cantón actuó de manera rápida con la puesta en marcha del plan de trabajo denominado “Impacto Limón 2023” y ha dotado al Juzgado Penal de Limón con 3 plazas de personas juzgadoras categoría 3 para agilizar el trámite en materia penal. Además, se reforzó el personal de investigación del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Limón).

La actividad contará con la participación del Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, magistrados y magistradas de la Corte, integrantes del Consejo Superior, representantes de los órganos auxiliares de justicia y jefaturas administrativas.

“Estamos muy contentos de este viaje a Limón, es un objetivo de la Corte visitar a las comunidades, compartir con el funcionariado y, desde luego, con los habitantes; queremos escucharlos, saber qué necesitan e informarles de todas las cosas que estamos haciendo para construir un mejor Poder Judicial y garantizar un mayor acceso a la justicia”, manifestó don Orlando.

Para el 24 de agosto se organizó una reunión con el Consejo de Administración del Circuito Judicial de Limón, en donde se expondrán sobre los principales requerimientos y necesidades de la zona.

A las 8:30 am del viernes 25 de agosto la reunión concentrará a las fuerzas vivas de la comunidad, sociedad civil de instituciones públicas y privadas del circuito, así como personas facilitadoras judiciales.

 

Información enviada a SURCOS por el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

Imagen: https://www.anywhere.com