El martes 16 de mayo a las 4:30 p.m. la Biblioteca Nacional extiende una invitación a todos aquellos que deseen asistir a la presentación del libro “COMO LA MISMA VIDA (RELATOS)”.
Participarán, Marlene Retana, Gabriel Vargas, la autora Julieta Dobles y Marité Valenzuela a cargo de la presentación musical.
La Escuela de la Letra Psicoanalítica y la Asociación Costarricense para la Investigación y Estudio del Psicoanálisis, le invitan al Congreso México-Costa Rica «Los celos, la paranoia y la homosexualidad» los días 12 y 13 de mayo de 2023.
La actividad tendrá una modalidad virtual para todas aquellas personas que deseen inscribirse desde Costa Rica, con un costo de $50 USD. El pago se puede hacer en ventanilla o transferencia bancaria en las siguiente cuentas:
Banco Promerica (dólares)
Banco Promerica (colones)
Finalmente, para formalizar la inscripción, la persona participante deberá enviar el comprobante de pago y el nombre completo de la persona a los siguientes dos correos: acieps@gmail.com / eventos.eslep@gmail.com
A continuación, se comparte el cronograma con los temas de las mesas de trabajo, los coordinadores de mesa y horarios para cada presentación.
La siguiente información es material educativo realizado por diferentes personas del movimiento social con el fin de contrastar lo dicho con lo hecho, pues, “Chaves nos ha mentido”.
El primer año en la presidencia de Rodrigo Chaves dijo/hizo:
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Dijo: |
En realidad: |
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Dijo que ahora la ciudadanía vive mejor. |
– aumentó el precio de los alimentos, los alquileres y los pasajes de autobuses. – creció la pobreza, sobre todo en las zonas rurales. |
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Dijo que tiene un plan para promover la agricultura |
– La “Ruta del Arroz” amenaza con arruinar a los productores nacionales – Propuso un proyecto de ley para desaparecer el SENARA, entidad que administra el agua para el riego de cultivos. |
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Dijo que apoya a la Caja del Seguro, pero asegura que está quebrada. |
– Se niega a pagar las deudas del Estado con la caja. – Frenó la inversión en nuevos hospitales y centros de salud – Sustituyó la junta directiva de la CCSS para poner “sus fichas” – No hay datos serios que respalden la afirmación del gobierno de que la CCSS está quebrada. |
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Dijo que su política favorece a los pobres y por eso lo critican los burgueses. |
– Redujo el presupuesto para bonos de vivienda y propuso un proyecto de ley para desaparecer el Ministerio de Vivienda. – Redujo el presupuesto del IMAS para ayudas sociales. – Propuso el proyecto de ley de Jornada 12 horas, sin pago de horas extras para beneficiar a los empresarios. – Propuso un proyecto de ley que elevaría el costo de electricidad. – Los servicios de la Red de Cuido han dejado de crecer. |
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Dijo que su compromiso es contra la corrupción y anunció un plan contra la evasión. |
– Inició su mandato aumentando el salario de sus ministros en un 100% – La escogencia de la empresa para la revisión técnica se hizo por favoritismo. – La Ministra de Educación rompe el contrato con la Fundación Omar Dengo para contratar la empresa de un familiar suyo. – No han presentado ningún plan de lucha contra la evasión fiscal. Todo lo contrario, la ha favorecido |
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Dijo ante las Naciones Unidas que está comprometido con el ambiente |
– Se ha negado a ratificar el Acuerdo de Escazú que protege a las personas defensoras del ambiente – Propuso abrir la mina de Crucitas. – Se niega a reconocer las recuperaciones territoriales y las organizaciones propias de los pueblos indígenas. – Incopesa amplía el rango de especies comercializables incluyendo el gaspar, los corales y 2 tipos de tortugas. |
Imagen principal utilizada de manera ilustrativa. Semanario Universidad.
En el Campeonato Internacional de Judo que se está celebrando del 7 al 14 de mayo en Catar, organizado por la Federación Internacional de esa disciplina deportiva, representantes de tal entidad en un inusitado hecho obligaron a espectadores, si a espectadores y no a deportistas, a quitarse de sus vestimentas una cinta distintiva de San Jorge.
Al negarse algunas de estas personas a obedecer tal absurda “orden” fueron expulsados de la actividad, prohibiéndoles incluso volver a entrar al recinto deportivo.
Esta noticia difundida en el portal “Inside the Games”, está dando la vuelta al mundo como una muestra más sobre los extremos a los que están llegando los que se han adueñado también de las organizaciones deportivas mundiales.
La calificación de tal hecho puede ser variada y por analogía podría considerarse “fascista” pero sin desmerecer tal calificación nos permitirnos agregar que ya es pertinente afirmar que es otra muestra de un estado mental alterado.
Un delirio más de los responsables de dirigir este ya decadente mundo unipolar. O dicho en términos más corrientes: una soberana estupidez de mentes planas o mediocres.
Las organizaciones sociales y productivas que participan de este espacio de diálogo nacional como mecanismo de encuentro ante la distancia acrecentada entre los poderes de la república, los sectores sociales y productivos, organizaciones diversas y de carácter asociativo como las organizaciones comunales, solidaristas, sindicalistas, cooperativistas, colegios profesionales, organizaciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como otras de instancia institucional como las universidades públicas desde las federaciones estudiantiles, pero además, otras de carácter autónomo y coyuntural que en los últimos meses han sido fuertemente afectadas por el abandono estatal, tales como las organizaciones del sector agrario y agroindustrial, otros también de carácter cooperativa y privado con algunas cámaras empresariales en estrecha vinculación.
La mesa desde su conformación en el 2020, en el contexto de la crisis sanitaria, han posicionado una agenda amplia de grandes ejes y temas alrededor de una ruta por la defensa del Estado Social y Derecho, que aporte en la reconstrucción económica que nuestro país necesita con equidad y justicia social ante la desigualdad y pérdida de oportunidades de bienestar social y económico que ha devenido del Estado Social de Derecho, pero que se encuentra en amenaza ante la insistencia de una reconfiguración de sociedad en detrimento de la calidad de vida.
Por esto, la posición la mesa, respetando las propias organizaciones quienes tienen sus propios criterios y matices en autonomía de a sus procesos y realidades- concluye en un rotundo NO a cualquier proyecto de ley que ponga en riesgo la seguridad social y las garantías laborales, irrenunciables, que hemos alcanzado y heredado desde los acuerdos y convenios internacionales con la OIT, entre ellos: C029 – Convenio sobre el trabajo forzoso, C087 – Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, C081 – Convenio sobre la inspección del trabajo, C144 – Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo) C001 – Convenio sobre las horas de trabajo (industria), C014 – Convenio sobre el descanso semanal (industria), C089 – Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), (núm. 89), C095 – Convenio sobre la protección del salario, C102 – Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), C189 – Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, C001 – Convenio sobre las horas de trabajo (industria), entre otros muy importantes.
Asimismo, nuestro NO, se fundamenta en la preocupación que ante la búsqueda de sectores empresariales y productivos por el no pago de horas extras, se pretenda legitimar desde la legislación, promoviendo la precarización laboral causando un serio detrimento, que nuestra propia constitución política nos garantiza en el Capítulo V DERECHOS Y GARANTIAS SOCIALES, específicamente en su artículo 58, que lo establece de la siguiente forma:
“La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.
Sabemos la realidad en la que se encuentra el país, y lamentamos mucho que se pretenda una regresión de garantías sociales, y no se busquen alternativas progresistas para la reactivación económica y refrendar los derechos laborales adquiridos, donde el futuro del trabajo se encuentra a las disposiciones de los avances tecnológicos, automatización de los trabajos mecánicos, la importancia de los trabajos de cuido, asumidos en su mayoría por mujeres, la erradicación del tráfico y trata de personas para actividades en esclavitud.
Consecuentemente nos alarma asumidos en su mayoría por mujeres, la erradicación del tráfico y trata de personas para actividades en esclavitud. Consecuentemente nos alarma alerta que de esta propuesta de jornadas flexibles quienes serían la población mayormente afectada sean: mujeres, personas jóvenes, adultas mayores y personas en condiciones especiales pues son quienes enfrentan los peores efectos de la crisis del trabajo en nuestro país por el escaso acceso a un trabajo digno, engrosando cerrilmente índices de desigualdad, no garantizando la propuesta lo contrario.
Aspiramos a estar mejor cada día, y utilizamos como ejemplo países como Suecia, entre otros, donde ante esta evolución del trabajo en un mundo que migra a la automatización, en lo contrapuesto han adoptado experimentado con jornadas laborales de 6 horas diarias, con la oportunidad de tener su salario completo pese a la reducción del tiempo laborado, lo que ha generado mayor productividad, personas trabajadoras alegres y eficientes.
Los beneficios de mantener una jornada laboral más corta se evidencian en el aumento del tiempo de ocio y de compartir con seres queridos, en un aumento de la salud, productividad, reducción de índices de ausentismo y rotación de personal, mejor actitud y mayor motivación en el trabajo.
No obstante, si la insistencia de las mayorías parlamentarias, el oficialismo y ejecutivo es proceder con una ruta en retroceso de las garantías laborales, recomendamos que este proyecto solo sea aplicable a aquellas empresas como zonas francas, quienes ya tienen implementadas modalidades de horario similares, que los derechos laborales de estas personas, puedan garantizar como mínimo a partir de convenciones colectivas, la inspección laboral-ocupacional, redes de cuido, y el pago de horas extra.
No obstante, y frente a la insistencia de mayorías parlamentarias, del oficialismo y el ejecutivo en proceder con una ruta en retroceso de las garantías laborales, recomendamos que dicha ley sea acotada únicamente a zonas francas, en el entendido de que para aquellas empresas de zonas francas que ya de manera de hecho mantienen jornadas mayores a las 8 horas, incluyendo horas extras.
Por lo que existe la necesidad, de que esta ley pueda delimitar puntualmente las actividades en zonas francas, a su vez dotar de seguridad jurídica tanto al empleador como a las personas trabajadoras, garantizando los derechos laborales de estas personas, puedan a partir de los procesos de negociación vigentes como las convenciones colectivas, la incorporación de los criterios de inspección laboral-ocupacional, redes de cuido y pago de horas extra, como mínimo para salvaguardar la seguridad social de todas las personas trabajadoras, sobre todo en el sector privado.
Finalmente recomendamos que las vías para el fortalecimiento de la construcción de proyectos de ley de esta índole debe pasar por la consulta amplia de sectores sociales y productivos determinados en el tema, vías que conocemos como ejercicios de diálogos multisectoriales, que al más alto nivel permiten construir consensos país, sin importar las diferencias de sectores que puedan existir alrededor del tema, sabemos que la política de realidades es una democracia que se construye en las diversidades y disidencias.
‘’La mesa de diálogo social y productiva aboga una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria considera, no solo la libertad de prensa afecta nuestra estabilidad democrática en el país, propiciar la regresión en la seguridad social y los derechos humanos y laborales adquiridos y alcanzados de las personas es la mayor amenaza a la democracia en Costa Rica, nunca vista”.
Imagen ilustrativa. ONU.
Inicia esta semana la Asamblea Legislativa la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas de 12 horas de trabajo diarias. Así es como debe entenderse la transformación de la Ley de la jornada de 8 horas que existe establecida en la Constitución Política de 1871, desde 1943, reafirmada en la Constitución Política de 1949, y en la vida nacional desde 1920, cuando se logró establecer esa jornada como resultado de un año de luchas, de movilizaciones obreras, de trabajadores y de huelgas, que habían iniciado a finales de enero de 1920.
Los diputados pretenden aprobar esta reforma, a modo de una Ley especial, discutiendo tres horas diarias por quince días ese Proyecto, hora y media en la mañana y hora y media en la tarde. Eso es literalmente un fraude de ley, porque, además, el fraude se comete cuando amparándose a esta normativa reglamentaria, se quiere modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo, mediante una nueva ley, qué por su naturaleza, es contraria al ordenamiento constitucional existente, sin que se esté proponiendo una reforma constitucional a la jornada de 8 horas diarias de trabajo. También se elimina todo el trámite que en Comisión Parlamentaria se lleva a cabo sobre un Proyecto de Ley.
De hecho, el fraude de ley que fraguan los diputados es anular, en la práctica, el ordenamiento jurídico superior establecido en la Constitución Política de las 8 horas diarias de trabajo máximo. El fraude de ley aquí cometido es actuar contra la Constitución Política, ley superior que prohíbe jornadas de trabajo diario superiores a 8 horas, salvo que por ellas se pague un plus del 50% del valor de cada hora de las 8 trabajadas, lo que no se quiere hacer con la jornada de 12 horas diarias.
Si sobre ellas se autoriza trabajar, entonces debe darse un pago adicional por cada hora de trabajo extra, equivalente a un 50% del valor ordinario de una hora de trabajo. Lo que quieren evitar es que se pague ese 50% del valor de cada hora de trabajo, y robárselo a los escuálidos salarios de los trabajadores.
Con la ley de las 12 horas que se quiere establecer no se pagan horas extras. Todas se pagan a un mismo valor. Aquí hay otra trampa de quienes promueven la aprobación de las jornadas de 12 horas. Consiste en señalar que han aumentado un pequeño porcentual el pago de cada una de las 12 horas que se trabajarán, como estímulo, “a modo de horas extras pagadas” en el conjunto de la jornada de 12 horas. Eso no es cierto. Si así fuera, en sencillo, lo que se está haciendo es pagar de una manera determinada cada hora, pero no reconocer las horas extras. Si así fuera, tan solo se paga la hora extra, con su plus de pago y ya. Tramposamente han hecho el cálculo de lo que cuesta el pago de las 4 horas que quieren extender obligadamente, y sobre ese monto, han establecido una suma que dividen en las 12 horas de modo disminuido, cargadas a cada hora, para dar la sensación de que se está mejorando el pago por el día de trabajo, con lo cual los patronos siguen ganándose una parte de lo que deberían pagar si tuvieran que cubrir las 4 horas adicionales, con el 50% de valor de cada hora. Seguirían robando una parte de lo que realmente se debe pagar con las 4 horas de trabajo extra sobre las 8 que se quieren extender obligadamente.
El fraude de ley es una estafa, que resulta de usar o apoyarse en una normativa existente con la finalidad de alcanzar ciertos objetivos. Aquí los diputados se basan en el Reglamento legislativo para alterar la discusión de un Proyecto de Ley que se presenta para su trámite parlamentario, con la intención de modificar la Constitución Política y el Código de Trabajo.
El fraude de ley que se quiere establecer es evitar una discusión profunda, amplia y detallada por parte de los diputados de ese Proyecto de Ley de 12 horas diarias. ¿Por qué? Porque se reduce el tiempo de discusión de todos los 57 diputados a 3 horas diarias, partiendo esa discusión en hora y media por la mañana y en hora y media por la tarde, al mismo tiempo que discuten otro proyecto, el de la seguridad ciudadana. Con esta partición de tiempo, parten la continuidad y profundidad de la discusión, desarticulan, dividen, debilitan la discusión y a los diputados que están en contra de que se establezca la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Es una táctica mafiosa establecida para ocultar, disimular y evitar la discusión pública, especialmente de los diputados opositores a este Proyecto de Ley. Es literalmente una trampa legislativa de quienes están interesados en imponer la jornada de 12 horas diarias de trabajo.
La discusión de los dos proyectos, el de las 12 horas de trabajo diarios y el de seguridad ciudadana deben realizarse de manera compacta cada uno, dedicando todo el tiempo y atención de los diputados a cada uno de manera separada. El más importante es el de seguridad ciudadana. El proyecto de las 12 horas diarias de trabajo puede esperar unos días para su discusión. La discusión de ambos es una distracción de la esencia y atención que se le debe poner al proyecto de la ley de las 12 horas diarias de trabajo.
La mayoría de los diputados, de las distintas fracciones políticas legislativas, actúan como rebaños. Simplemente, les dan la orden de votar de determinada manera como borregos. A algunos les harán sus discursos sin que ellos mismos los entiendan, lo que a veces se puede apreciar por la forma como los leen, y para que en el volumen de los discursos se produzca la sensación de una mayoría abrumadora a favor de las jornadas de 12 horas diarias de trabajo.
El fraude de ley pasa imponiendo a las fracciones de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, un tiempo determinado y proporcional al tamaño de cada fracción y al número de diputados que tienen. Así, los partidos que tienen menos diputados tienen menos tiempo de exposición y de defensa de sus argumentos. A los efectos prácticos es un tapabocas para un grupo de diputados.
Los Proyectos de ley que se presentan para trámite parlamentario pasan por un trámite interno, que lo califica y termina ubicándolo en una de las comisiones legislativas para su discusión y eventual aprobación.
En ese trámite y en esa discusión los diputados pueden invitar especialistas sobre la ley en discusión, pueden solicitar asesores y expertos que les brinden información para su mejor trámite, y sobre todo para convencerse de la necesidad y oportunidad de la ley que tramitan. Esa discusión puede llevar su tiempo. Aprobado el Proyecto de Ley se pasa al Plenario legislativo, para que todos los diputados lo conozcan y decidan finalmente su posible aprobación.
El Reglamento legislativo tiene la posibilidad de que el Plenario Legislativo pueda convertirse en una Comisión, donde actúan todos los diputados como miembros de ella, para conocer un Proyecto de Ley en específico.
Con el trámite especial que se ha establecido para esta discusión se ha evitado todo el trámite de las comisiones parlamentarias, sin invitaciones de especialistas, sin consultas que a veces las Comisiones hacen a organismos especializados o conocedores de la temática, como las Escuelas de Derecho de las Universidades, las Cátedras de Derecho laboral, el Colegio de Abogados, La Asociación de Abogados Laboralistas, la sede costarricense de la Organización Internacional del Trabajo, jurisconsultos o personas especializadas en esta materia, desde distintos ángulos, organismos como el Colegio de Médicos, el Colegio de Sicólogos y el Colegio de Trabajadores Sociales, a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, que estoy seguro podrían decir profesionalmente muchas cosas en contra de la jornada de 12 horas diarias de trabajo, cuando en el mundo europeo, y en otros países, la tendencia es a disminuir la jornada semanal a 36 y 35 horas, y con ello también la jornada diaria.
Durante la jornada de trabajo diario de las 8 horas los patronos están obligados a dar tiempo de descanso y tiempo de almuerzo, que en términos generales ronda en una hora, como parte de la jornada. Con la jornada de 12 horas diarias cínicamente están diciendo que darán hora y media, dentro de las 12 horas, como descanso y tiempo de almuerzo o café, con lo cual no se trabajarían las 12 horas sino tan solo 10 horas y media. Eso es cinismo puro. Porque las 12 horas son también las 12 horas de encierro en el establecimiento laboral. Son las 12 horas que un trabajador debe permanecer dentro de su establecimiento de trabajo.
Se ha argumentado a favor de la jornada de trabajo de 12 horas diarias que no es para los trabajadores del sector público. Eso es cierto. Eso solo afecta a 200.000 trabajadores. La jornada de 12 horas pende sobre la cabeza de más de 2 millones de trabajadores, que no trabajan para el Estado ni las instituciones públicas, ni para las empresas extranjeras. Eso lo dicen constantemente para no asustar, especialmente, a los trabajadores públicos que tiene mayor capacidad de movilización y resistencia. Los trabajadores del sector privado están como burros amarrados frente a tigres sueltos. Sin poder protestar ni movilizarse contra este proyecto de ley por temor a perder sus trabajos.
Dentro del sector privado se ha dicho que este proyecto de ley solo afectará a trabajadores de ciertas empresas de zonas francas y extranjeras, que no suman más de 200.000 trabajadores en el país. Pongámoslo en sencillo. Si es solo para ellos, que se haga una ley solo para ellos, pero no para todos los trabajadores del sector privado. Ante los diputados se debería informar cuáles empresas extranjeras están pidiendo la jornada de 12 horas. Ese es un argumento falaz si no se indican cuáles son las empresas que necesitan esa jornada. Lo que hay que indicar son las empresas concretas no los sectores productivos o ramas de producción que podrían “beneficiarse” de la jornada de trabajo de 12 horas diarias.
Esto trae otro problema importante. En los Estados Unidos la jornada de trabajo oficial es de 8 horas diarias o 40 semanales. Las empresas norteamericanas en Estados Unidos, o fuera de su territorio, están obligadas a cumplir esa legislación. Si aquí empresas norteamericanas quieren aplicar jornadas de explotación del trabajo superiores a las 8 horas pueden ser denunciadas en Estados Unidos, y ante los sindicatos norteamericanos, como la Federación Americana del Trabajo, la AFL, que tiene sede en Washington, y pueden ser objeto de campañas internacionales por el abuso y explotación que realizan del trabajo humano, así como se hacen campañas contra las que emplean trabajo infantil para que no les compren sus productos.
Una abogada obviamente del sector patronal, el pasado domingo, en el programa de televisión de Canal 7, Debate Nacional, afirmó que en Costa Rica hay empresas que aplican ya la jornada de trabajo de 12 horas. Debe informarse a los diputados de cuáles empresas en el país ya están con esa jornada, que se investigue si pagan horas extras o no, si tienen autorización de alguna institución nacional para esa jornada, si están sujetas a inspección laboral.
La inspección laboral en Costa Rica, de paso es risible. El Ministerio de Trabajo no tiene capacidad para inspeccionar nada, literalmente nada. No tiene los suficientes inspectores, ni los autos, para realizar esa labor. En un pasado que conocí los inspectores de trabajo, en las empresas, eran muy bien atendidos por el Jefe de Personal de las empresas y no entrevistaban ni consultaban trabajadores.
La discusión de la jornada de 12 horas diarias de trabajo debería servir para valorar cómo en todo el país se trabaja, cuáles son las causas principales de juicios laborales. Esto es sumamente interesante para entender cómo se violan los derechos y beneficios laborales, constitucionales y legales, de los trabajadores.
A los diputados se les debe suministrar la estadística anual de los juzgados e instancias laborales, de todo el país, que les permita ver cuáles son las principales causas de demanda de los trabajadores. Eso puede darles una idea de condiciones de trabajo. También pueden solicitar cuántos de esos juicios los ganan los trabajadores y cuántos los ganan los patronos por su cuantía, y se sorprenderán de sus resultados.
La discusión de la jornada de trabajo de 12 horas debe servir para discutir de cómo se organiza y realiza el trabajo, el mundo del trabajo en el país, con todas sus aristas, entre ellas la seguridad e higiene ocupacional.
El mundo de los accidentes de trabajo en el país. Con jornadas de trabajo de 8 diarias los accidentes de trabajo anual es de más de 100.000 accidentes, con alto índice de fallecidos y de personas afectadas con incapacidades permanentes. Con jornadas de trabajo de 12 horas, ¿aumentarán los accidentes de trabajo?
El fraude de ley que impulsan en la discusión de la ley de las jornadas de trabajo de 12 horas diarias debe detenerse. Si el Plenario legislativo va a trabajar como una comisión parlamentaria, que se usen todas las reglas y procedimientos para aprobar un proyecto de ley, como se hace en la comisión legislativa.
Los productos biológicos del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) son una alternativa para los meloneros costarricenses que buscan producir de forma más amigable con el ambiente y en consonancia con los requerimientos de los mercados internacionales.
La Ing. Marena Chavarría Vega, investigadora del área de microbiología y biocontrol del Centro de Investigaciones Agronómicas CIA, asegura que varias empresas meloneras costarricenses ya trabajan con este tipo de productos.
Este sector, recientemente se vio envuelto en una polémica por la detección de residuos del plaguicida Clorotalonil en uno de sus cargamentos que ingresó a Alemania. Según informó el Semario Universidad y e internacionales el melón contenía residuos por encima de los niveles máximos permitidos por la Unión Europea.
Al respecto, la Ing. Chavarría, asegura que, a pesar de este hallazgo que se dio en un solo cargamento, hay que reconocer que los meloneros desde hace varios años han incorporado productos biológicos con el objetivo de reducir la carga química en sus fincas.
“Ya ellos llevan años tratando de ir eliminando esos productos (químicos), ¿por qué? Porque sabemos que, aunque la Unión Europea nos vendan los productos, llegará el momento en que nos digan: ¡No más melones con químicos, o no queremos sandía que lleve absolutamente nada!” Por eso, Chavarría alienta a los productores a incorporar productos a base de microorganismos para una producción más limpia.
Por su parte, Wendy Vargas Matarrita, presidenta de la Cámara de Productores y Curcurbitáceas de Costa Rica, a la cual pertenecen 26 proyectos dedicados a la exportación de melón y sandía (en su mayoría pequeños y medianos), confirma que han recibido apoyo de las universidades públicas para incorporar otras alternativas.
Las razones para optar por alternativas biológicas para el control de plagas y enfermedades son varias, detalla Vargas. Entre ellas; las restricciones en la lista de productos químicos que se pueden utilizar en el país, la ineficacia de los químicos para controlar algunas plagas y el aumento en los precios de esos productos.
Costa Rica ocupa el primer lugar en consumo de agroquímicos entre los países de la OCDE. En el país todavía se utilizan alrededor de 20 de los plaguicidas más peligrosos del mundo, según el estudio “Uso aparente de plaguicidas” elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD).
Mauricio Álvarez, ambientalista y profesor de la Escuela de Geografía, quien ha denunciado el excesivo uso de productos químicos en los monocultivos de Costa Rica, reconoció que el sector melonero ha hecho un cambio tecnológico en el uso de agroquímicos motivados principalmente por las presiones de los mercados internacionales.
“Ellos ya han dejado de usar el bromuro de metilo, lo están haciendo a la luz de lo que les pide la Unión Europea para recibir las exportar de melón a ese destino y a los Estados Unidos” señala el docente.
Un 90 % de la fruta que producen las empresas asociadas a la Cámara de Productores y Curcurbitáceas de Costa Rica se exporta hacia el mercado europeo, y en segundo lugar, al mercado estadounidense. Para poder exportar a Europa, los meloneros deben cumplir con al menos dos certificaciones que se renuevan cada año, según detalló Wendy Vargas.
La representante del sector subraya que son muchos los requisitos que deben cumplir para poder exportar al mercado europeo que es muy estricto en términos de inocuidad de la fruta, del manejo en el campo, controles para evitar problemas ambientales y bienestar laboral. Por lo tanto, han venido incorporando cada vez más las alternativas biológicas.
El uso de productos biológicos como alternativas a la aplicación de agroquímicos ha venido en aumento en los últimos cinco años, según reflejan los datos de ventas del CIA que pasó de 120 galones anuales en el 2017 a más de 13.000 galones vendidos en el 2021.
Este aumento de la demanda se relaciona con la crisis de contenedores y la invasión de Rusia a Ucrania en 2021, la cual condujo a altos costos de los insumos agrícolas, y por lo tanto, a que los productores buscaran otras alternativas para controlar las plagas y enfermedades.
Aunque los meloneros se sumaron a utilizar productos biológicos, Vargas reconoció que la mayoría sigue trabajando también con productos químicos, como parte de un manejo integrado de plagas. Además, lamentó el rezago que tiene el país en la inscripción de moléculas más seguras para el ambiente y la salud, lo cual no les permite acceder a químicos “más nobles” con el medio ambiente.
«El manejo integrado de plagas y enfermedades consiste en la aplicación de diferentes métodos de combate, con base en la densidad poblacional de la plaga, con el fin de reducir al máximo el uso de plaguicidas sintéticos, a la vez que se obtiene un rendimiento apropiado. Esto conduce a una producción más sostenible, alimentos más sanos (inocuos) para los consumidores, y un ambiente más saludable para los agricultores»., explica el innvestigador José Eladio Monge Pérez en su Guía práctica sobre melón.
Por su parte, Mauricio Álvarez, quien aboga por un modelo de producción agroecológico de escala familiar y comunitaria, mencionó las limitaciones que pueden tener las alternativas biológicas en modelos de producción de gran escala como en los monocultivos.
Los productos biológicos son capaces de sustituir hasta cierto punto el uso de químicos, pero, según detalla la ingeniera Marena Chavarría, se trata de un proceso paulatino en el que los productores deben ir enriqueciendo sus suelos con colonias de microorganismos benéficos.
Chavarría insiste en que es necesario llevar más capacitación y acompañamiento a los productores para hacer la transición a los productos biológicos y así evitar el uso excesivo de químicos, que lamentablemente posiciona a Costa Rica como el mayor consumidor de agroquímicos a nivel mundial.
Desde el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) se brinda acompañamiento a los productores y se realizan análisis previos para determinar cuál es la fórmula específica que requiere cada finca, según las necesidades y problemas que enfrentan. Además, se hacen visitas para verificar los resultados de la aplicación de los productos biológicos y hacer los ajustes necesarios.
El Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA-UCR) ofrece ocho productos entre los que se encuentran biofertilizantes y biocontroladores, elaborados bajo estrictos controles de calidad. Se comercializan en presentaciones de 1 galón, pichanga ( 5 galones) y estañon (53 galones). Costo 5.712 colones por galón.
Para solicitar mayor información acerca de los productos que se ofrecen, favor comunicarse al 2511-3561, horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Consulte las investigaciones realizadas a nivel de campo e invernadero de los diferentes productos de Control Biológico para validar su efecto en este enlace: http://www.cia.ucr.ac.cr/es/productos-de-control-biologico.
Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Desde el martes 25 de abril, el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) del Ministerio de Hacienda anunció la aplicación de nuevas medidas que darán mayor seguridad jurídica a los importadores y contribuirán a la facilitación del comercio, modificando el procedimiento para el pago de la obligación tributaria de las declaraciones aduaneras de importación definitiva con despacho anticipado, por vía marítima, lo que en adelante se realizará hasta que la autoridad portuaria registre en el sistema informático la fecha y hora del arribo de la nave al muelle.
Ante estas disposiciones, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHASAN) informó que esta noticia fue parcialmente de su agrado en virtud de las descarda de trabajo de sus compañeros en ADUANAS pero, respecto a la facilitación del comercio falta mucho por hacer.
Asimismo, afirman que:
El sábado 27 de mayo de 2023 a las 6:15 a.m, en la carretera La Bolsa, comunidad La Gamba, se celebrará la participación ciudadana “Una herramienta de monitoreo de avifauna”. La actividad consta de una salida a campo de aproximadamente 2 horas y una charla sobre herramientas de observación de aves de 30 minutos. La actividad busca resaltar la importancia del monitoreo comunitario como una herramienta de empoderamiento y apertura al conocimiento de la biodiversidad de nuestra comunidad y su aprovechamiento responsable.
Se ofrecerá refrigerio para los participantes.
Se recomienda llevar agua, zapatos, y ropa cómoda para caminar en bosque, instalar las aplicaciones eBird y Merlin. En caso de tener binoculares, guías de aves o cámara pueden ser llevadas.
Debe confirmar la asistencia con Reiner y Gilberto a los teléfonos 8454-2315 y 8808-4811.
Información compartida con SURCOS por Reiner Canales.
(San José, martes 9 de mayo, 2023). – Exigimos a las autoridades que tomen acciones concretas por la intoxicación de estudiantes y docentes el pasado viernes 5 mayo, ya son varias las ocasiones en que las y los vecinos han denunciado esta situación, donde una finca piñera ubicada a la par de la Escuela La Ceiba, en la comunidad de San Juan de Florencia, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela aplica agroquímicos y afecta a las personas aledañas.
La intoxicación del pasado viernes afectó a 29 personas (25 son niños y niñas), quienes fueron atendidas por presentar náuseas y dolor abdominal. Un total de 8 fueron trasladadas al hospital para su valoración, de los cuales hay 7 niños y una adulta mayor (Allan Jara, 5-5-23 y TVN, 5-5 2023).
Por un lado el MAG, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), debe girar la orden que impide a la empresa, dueña de la plantación agrícola involucrada en la intoxicación de niños y niñas, aplicar cualquier agroquímico sobre la finca en cuestión.
Además, como no nos encontramos en un caso nuevo, sería importante conocer qué sanciones aplicaron las instituciones por la contaminación ocurrida en el 2019 que afectó a más de 22 personas, entre estas 16 niñas y niños (Semanario Universidad, 10-9-2019). Esto es importante porque resulta evidente que la sanción o correctivos por la empresa no sirvieron – si es que hubo-. Por ser reincidente, deberían aplicarles una sanción mayor a la persona física o jurídica responsable del hecho.
También es necesario que las autoridades respectivas decreten medidas restrictivas a nivel nacional, para que las piñeras y otras plantaciones no puedan sembrar a menos de 400 metros de centros educativos, centros de salud y viviendas, tal como se les aplica a ventas de licores o bares con respecto a escuelas, EBAIS y plazas públicas.
En el 2019, señaló el Servicio Fitosanitario del Estado que ese día la piñera fumigó con Diazinon, Ecogreen y Camauba (Ver adjunto: Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-1030-2019). El pesticida Diazinon (Ácido fosforotioico) es un insecticida organofosforado (IOP) utilizado para controlar insectos en los suelos y las plantas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) lo identifica como una sustancia peligrosa. La exposición al Diazinón puede causar, de manera rápida y grave, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, náuseas, vómitos, diarrea, afectaciones musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones, coma y finalmente la muerte.
En Argentina, la autoridad encargada denominada Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), prohibió la elaboración, importación, y fraccionamiento de esta sustancia y sus productos formulados mediante la resolución 263/2018.
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