La campaña «¡Educación no sexista para construir proyecto de vida!» de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM) conmemora el Día Internacional de la Educación No Sexista, establecido en 1981 por representantes de la REPEM reunidas en Paraguay.
El objetivo principal de esta campaña es promover una educación que fomente la equidad de género en todos los ámbitos y a lo largo de la vida. Busca cuestionar, reflexionar e investigar sobre la educación desde una perspectiva feminista, con consciencia de clase y con memoria histórica. Asimismo, busca impulsar procesos educativos libres de estereotipos de género y garantizar la participación plena de las mujeres y las niñas en la sociedad.
La REPEM reclama una educación no sexista, laica, integral e inclusiva que informe, empodere y acompañe a las niñas, jóvenes y mujeres en la construcción autónoma de sus proyectos de vida. El objetivo de nuestra incidencia, es transformar las condiciones actuales de violencia y discriminación, que perpetúan la desigualdad de género.
Según el informe 2020 seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO, alrededor de 132 millones de niñas en la edad escolar no asisten a la escuela.
De acuerdo con UNA COMUNICA, la opción de becas proporciona oportunidades para miles de estudiantes a tener acceso a educación superior de calidad. Los estudiantes mencionan que gracias a la beca pueden terminar sus carreras, y les brinda ayuda en otros aspectos como transporte que influyen en el estudio y la conclusión de estos.
Además, menciona que aportan al desarrollo humano y profesional.
Compartimos el video con las palabras de los estudiantes:
El Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2022 es una herramienta valiosa que brinda información relevante en el diseño de políticas locales, al mostrar asimetrías en las oportunidades de desarrollo, la igualdad y el bienestar en Costa Rica. Esta herramienta revela altos niveles de desigualdad en Costa Rica.
El informe, elaborado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestra un panorama preocupante en términos de desarrollo en el país.
El Atlas 2022 se basó en una metodología utilizada en los cálculos nacionales desde 2010 hasta 2021. Esta metodología se nutre de la aplicación de un conjunto de índices a nivel cantonal, lo que permite obtener un panorama detallado en todo el territorio costarricense.
Compartimos la transmisión de la actividad titulada “A un año de cambio de Gobierno y Asamblea Legislativa” en la que se contó con la participación de la M.Sc. Eugenia Aguirre Raftacco, investigadora del OPNA y también con el Dr. Rotsay Rosales Valladares quien es el coordinador del OPNA.
Ambos panelistas realizaron un análisis sobre el primer año del Gobierno y de la gestión de la Asamblea Legislativa. Se abordaron temas como la relación del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, el discurso del primer año por parte del presidente Rodrigo Chaves y la elección del Directorio Legislativo para la legislatura 2023 – 2024, todos estos desde el análisis de coyuntura como técnica principal que utiliza el Observatorio para realizar su trabajo.
Dicha actividad fue presencial y contó con transmisión por redes sociales. Le invitamos a ver la transmisión de esta actividad en: https://fb.watch/k_aQWVq0PK/
Puede encontrar la información completa de esta actividad en la página web del OPNA.
Deivis Ovares, coordinador del FRENAS hace un llamado en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. En el mensaje que nos comparte solicita a la Presidencia de la República a cumplir su deber constitucional de saldar la deuda que tiene el Estado con la CCSS, pues con el pago de esta se pueden mejorar los servicios, construir nueva infraestructura.
El máster Eduardo Madrigal, experto en viabilidades ambientales y exsecretario general de la Setena, el Lic Pablo Zúñiga Morales y el Dr. en Ciencias Biológicas, Freddy Pacheco León, se refieren a las consecuencias negativas que tendría, el concentrar en el ministro de Ambiente, las especializadas funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), según lo plantea un proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
Alertan acerca de lo indebido que es trasladar desde un ente técnico-científico, a uno político, trascendentales funciones relacionadas con los procesos de viabilidad ambiental, cuando más bien abogan porque la Setena cuente con más recursos humanos y financieros, para mejorar su gestión independiente en el Estado; los expertos en el tema lo consideran como una regresión ambiental que hace vislumbrar roces inconstitucionales.
Desde el pasado año 2022 se interpusieron denuncias y solicitudes de auditoría en el ARESEP, la cual es la entidad reguladora de los servicios públicos, con la intención de que procediera con el análisis y atención correspondiente ante el caso expuesto contra TRACOPA LTA. Las denuncias expuestas por Reiner Canales en varias ocasiones constan de dos hechos:
–La concentración de rutas, violentando el artículo 11 de la ley 3503, por parte de TRACOPA LTA.
–La solicitud de una auditoría integral a esa empresa para verificar si el reporte de la demanda y otros aspectos de su operación, cumplen con el bloque de legalidad para la actividad de transporte remunerado de personas.
La disconformidad de los usuarios de bus se debe a que, gracias a los hechos mencionados, la comunidad tiene las tarifas más altas en el servicio de autobús, en suma, TRACOPA LTA ha estado utilizando un método irregular para el reporte a ARESEP de los pasajeros movilizados, que maquilla la verdadera demanda de personas movilizadas y su vez, las tarifas que se cobran a los pasajeros.
Al no recibir respuesta alguna ni el resultado de la gestión, este 2 de junio de 2023 Reiner Canales presentó una reiteración y solicitud de auditoría sobre la demanda de pasajeros presentada por TRACOPA LIMITADA y ampliación de denuncia aportando pruebas. Asimismo, se insiste en conocer el seguimiento y resultados de la gestión, pues es de conocimiento público.
El pasado miércoles 31 de mayo el posgrado de sociología de la Universidad de Costa Rica realizó un conversatorio bajo el nombre “Situación política, económica y social: lectura crítica del primer año de gobierno”. En este se presentaron: el Dr. Roberto Ayala, el Dr. Randall Blanco, M. Sc Viviana Guerrero y con la moderación de la Dr. Nancy Piedra.
Dicha actividad contó con una presentación de cada uno de los participantes donde realizaban un análisis crítico del primer año de gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
El Dr. Randall Blanco, conocido por sus amplios estudios y conocimientos en política; por medio de 7 tesis centrales mostró que la figura de Rodrigo Chaves ha sido sobredimensionada, lo que ha llevado a que se le considere el único actor de las decisiones gubernamentales que son tomadas. Sumado a todo esto, explica Blanco, las fuertes críticas que recibe el presidente provienen principalmente de su posición como outsider, es decir, que es un personaje totalmente nuevo que llega rápido al poder venciendo a partidos tradicionales de Costa Rica.
Muchas de las críticas severas que se realizan no toman en cuenta o pasan por alto el hecho que el presidente Rodrigo Chaves es una persona sumamente inteligente, conocedora de mercados y finanzas (gracias a su desempeño en el banco mundial), que cuenta con un amplio equipo de trabajo por detrás que lleva las riendas del país.
Seguidamente, Viviana Guerrero, máster en políticas que actualmente cursa su doctorado en México, expone el gobierno del presidente Chaves desde otra perspectiva. Utilizando la “Ruta de género” el cual es un decreto compuesto de 5 ejes de trabajo para combatir el acoso y hostigamiento sexual hacia la mujer. Guerrero recalca el hecho de que el presidente Chaves es una persona inteligente y que al inicio de su gobierno contó con una estrategia para ganar así más agrado del público, la ruta de género fue parte de esta estrategia. Dicho decreto fue firmado al inicio de un mandato, cuando más se tenían en caliente sus acusaciones de acoso sexual.
Guerreo expone tres de los ejes presentados en este decreto: la lucha contra la violencia, corresponsabilidad del cuidado y la independencia económica de la mujer; los destaca, ya que, según su análisis, estos ejes muestran en cierto modo una inconsistencia. El primero es en el que más se ha invertido y ha generado cierto nivel de avance, pero, se hace desde una visión autoritaria que representa el presidente Chaves. Para el segundo, se tiene el propósito de ayudar en cierto nivel a las mujeres madres en el cuido de niños, pero en gobierno quiere implementar las jornadas 4×3, que ante la visión de Guerrero, esto es irracional y se contradice. Por último, en la independencia económica hace énfasis en cómo las mujeres deben de dejarse de ver (desde un punto de vista político y relacionado a este decreto) como no humanas, es decir, reconocer sus logros como mujeres y dar verdaderos prospectos a las mujeres que llegan a tener grandes logros.
Por último, el doc. Roberto Ayala, reconocido profesor de la Universidad de Costa Rica, hace un pequeño recorrido histórico de todo el proceso electoral que se vivió el año pasado y sobre conversatorios realizados anteriormente. Ayala parte con el hecho de que el gobierno actual es de derecha y conservador, aunque con variaciones que llegan a ser discutibles. Destaca que no se debe de olvidar que estas tendencias a políticas conservadoras son nuevas del gobierno de Chaves, sino que han estado presentes por más de 15 años. Junto con esto pone a Costa Rica en un contexto internacional junto a este modelo conservador, hace mención a países como Estados Unidos, Argentina y Rusia.
Comenta que el presidente no puede y además no quiere cambiar nada de lo que es el país y la sociedad costarricense actualmente. Hace mención a las acciones tomadas por el expresidente Carlos Alvarado y como algunos analistas consideran que el actual gobierno de Chaves es una continuación del mandato anterior. Ayala hace un hincapié (como los otros oradores) de que el actual presidente no salió de la nada, sino que tiene una gran trayectoria y un gran conocimiento que le permitió llegar a donde está.
• Durante las negociaciones para el FEES 2023, la Comisión de Enlace se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.
• A pesar de que el Ejecutivo manifestó voluntad para honrar este compromiso, le traslada, una vez más la responsabilidad de no hacerlo a la Asamblea Legislativa.
13 de junio del 2023. Cuando se negoció el FEES 2023, el gobierno y las universidades públicas aceptaron un crecimiento de un 1% fundamentado en el argumento de la situación financiera estrecha expuesta por el Gobierno para el 2022, a pesar de que la inflación anual de ese año cerró en 7,88%.
Esto se negoció de esa manera, porque se incluyó en la cláusula segunda del acuerdo de la Comisión de Enlace para el financiamiento de la educación universitaria estatal (FEES) 2023, en la que se indica “c) el incremento anterior será revisado por la Comisión de Enlace en junio 2023 con el fin de determinar la viabilidad de un ajuste adicional de un 1%, que se realizaría a través de la formulación de un presupuesto extraordinario y d) para la definición del 2024 se utilizará como base el establecido para el año 2023 con los ajustes correspondientes”.
Sorprende que el Gobierno en reiteradas ocasiones ha manifestado la mejora de la situación fiscal y económica del país para el presente año, no obstante en la reunión de la Comisión de Enlace del día de hoy, el Ministro de Hacienda indica que no pueden cumplir con ese 1% adicional debido a que la Asamblea Legislativa cuando aprobó el presupuesto de la República para el año 2023 lo hizo con la distribución propuesta por la Comisión de Hacendarios que era diferente a la del Ejecutivo.
Sin embargo, la mejora de las finanzas públicas producto de la colocación de los eurobonos por la suma 1.500 millones de dólares, del aumento en la recaudación tributaria en 3,9% del PIB, la disminución del déficit fiscal en menos 0,5% y la disminución de la razón de deuda con respecto al PIB a un 58,4%, ampliamente divulgada por el Gobierno de la República en los medios de comunicación y mediante conferencias de prensa, no parece ser suficiente argumento para otorgar a la educación universitaria estatal el reconocimiento del 1% sobre el monto del FEES 2023, en cumplimiento del convenio vigente, cuyo monto es de 5.591 millones de colones.
Este monto compensaría en parte todas las afectaciones a los presupuestos universitarios estatales generados por la pandemia COVID-19 y su impacto en la situación financiera y fiscal del país, este monto representa apenas un 7% del total de dichos rebajos.
En lugar de sustentar el otorgamiento del 1% en la mejora fiscal y financiera se escuda para no hacerlo en argumentos atribuidos a la Asamblea Legislativa y específicamente a la Comisión de Hacendarios.
Por lo tanto, en la próxima sesión de la Comisión de Enlace, el CONARE y las universidades públicas presentarán sus observaciones y contraargumentos a la presentación del Ministro de Hacienda, con el objetivo de demostrar que no es justo ni válido escudarse en la Asamblea Legislativa para no conceder ese 1% adicional que permitiría atender necesidades básicas como lo son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para fortalecer la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación, la extensión y la acción social en atención de las necesidades específicas de las comunidades y de los grandes problemas nacionales.
Costa Rica ha disminuido en promedio alrededor de 10 puntos porcentuales desde la implementación de la ley.
Desde la implementación de la regulación de las tasas de usura en Costa Rica, se ha observado una reducción notable en las tasas de interés en comparación con otros países de la región y a nivel global. A tres años de aprobada esta normativa, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), presentó un estudio con resultados de la implementación de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida como la Ley contra la Usura Crediticia.
La regulación de las tasas de usura tiene como objetivo principal proteger a los consumidores y promover la estabilidad y la equidad en el sistema financiero, y rige desde el 20 de junio del 2020 (Ley N° 9859), siendo aprobada durante la pandemia por el COVID-19.
Dentro de las principales acciones, la ley busca proteger a los consumidores financieros, fomentar la transparencia, estimular la competencia, promover la inclusión financiera, reducir el endeudamiento excesivo, y mantener la estabilidad financiera.
El catedrático y coordinador del núcleo de investigación en Regulación y Políticas Públicas del CINPE, Leiner Vargas Alfaro, expuso los principales resultados desde su implementación.
Primero, en el caso de las tarjetas de crédito, las tasas de interés en Costa Rica han disminuido en promedio alrededor de 10 puntos porcentuales desde la implementación de la ley de usura. Esto ha permitido que las tasas de interés en el país sean más competitivas en comparación con las de otros países de la región, donde las tasas de interés de las tarjetas de crédito pueden ser significativamente más altas.
En el caso de los créditos personales, también se ha observado una reducción en las tasas de interés, aunque en menor medida que en las tarjetas de crédito. La disminución en las tasas de interés en los créditos personales ha mejorado la accesibilidad al crédito para una mayor cantidad de consumidores y ha estimulado la demanda de préstamos.
Por otra parte, esta regulación ha obligado a las entidades financieras a ser más transparentes en cuanto a las tasas de interés y otros cargos asociados a los préstamos, lo que ha permitido a los consumidores tomar decisiones más informadas al solicitar créditos.
“La mayor transparencia en el mercado financiero costarricense se ha dado en varios aspectos, principalmente en la divulgación de información sobre las tasas de interés y otros cargos asociados a los préstamos. Esto ha sido resultado de la regulación de las tasas de usura y otras medidas adoptadas por las autoridades regulatorias”, indicó Vargas.
Cabe destacar que al contar con información clara y detallada sobre las condiciones de los créditos, los consumidores pueden comparar diferentes opciones y elegir aquella que mejor se adapte a sus necesidades y capacidad de pago. La transparencia en la divulgación de las tasas de interés y otros cargos permite a los consumidores comparar fácilmente las ofertas de diferentes instituciones financieras. Esto incentiva a las entidades a ofrecer mejores condiciones y productos más atractivos para los consumidores, lo que beneficia a todo el mercado.
Para el economista del CINPE-UNA, tener información clara sobre las condiciones del préstamo, permite a los consumidores evaluar su capacidad de pago y tomar decisiones más responsables en cuanto al endeudamiento, evitando caer en situaciones de sobreendeudamiento.
“La regulación de las tasas de usura ha ayudado a mantener la estabilidad del sistema financiero al evitar que las entidades financieras asuman riesgos excesivos en busca de mayores rendimientos mediante tasas de interés elevadas. La protección de los consumidores y la reducción del endeudamiento excesivo son dos objetivos clave de la regulación de las tasas de usura en préstamos personales, tarjetas de crédito y microcréditos”, explicó Vargas.
En conclusión, el académico Vargas, señaló que hay desafíos pendientes, como por ejemplo el acceso al crédito para sectores vulnerables y pequeñas empresas, lo cual es crucial para promover la inclusión financiera y el crecimiento económico en Costa Rica.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
