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Autor: María José Ferlini Cartín

Costa Rica cuenta con Alerta Temprana de Terremotos

A partir de este día la mayoría de los costarricenses podrán descargar en sus celulares la aplicación (app) de alerta para terremotos para Costa Rica, denominada Alerta Temprana de Terremotos en América Central, creada por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA), en conjunto con el Servicio Sismológico Suizo del Instituto Tecnológico Suizo en Zúrich y con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.

Martino Protti, sismólogo del Ovsicori-UNA, explicó que esta es una aplicación gratuita y un servicio que brinda la UNA como complemento al trabajo de diseminación de información que realiza el OVSICORI-UNA, el cual es un sistema completamente automatizado que enlaza múltiples instrumentos y algoritmos y por lo tanto es susceptible a fallas técnicas.

Protti agregó que la aplicación es efectiva solo en distancias entre unos 50 y 150 km, dado que más cerca no hay tiempo para alertar y más lejos, aunque el sismo pueda ser sentido, no causará daños tan importantes como para que amerite una alerta.

La App funciona en dispositivos con sistema operativo Android versión 8.0 (Oreo) o superiores. Además, los dispositivos deben tener los servicios de Google Play para poder recibir las notificaciones; sino, no funcionará correctamente.

La App está disponible enhttp://www.ovsicori.una.ac.cr/ATTAC/ovsicoripublico.apk con el nombre OVSICORI-UNA Alerta de Terremotos.

Vicent Laurent, jefe de misión de la Embajada de Suiza en Costa Rica comentó que junto al Ovsicori el desarrollo de esta aplicación tuvo el apoyo técnico de la escuela politécnica federal de Zúrich en Suiza, con fondos de la cooperación Suiza en América Central. “Esperamos que esta ampliación pueda salvar vidas y sea un modelo para otros países latinoamericanos”, aseveró Laurent.

Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que esta herramienta viene a fortalecer los procesos desarrollados por la CNE en el país, como los simulacros, el plan familiar de emergencias, los grupos de búsqueda y rescate en Costa Rica. “Esta app nos brinda los segundos para reaccionar ante un evento sísmico para luego iniciar el proceso de evacuación de los inmuebles».

Si hay actualizaciones de la App, éstas serán notificadas por medio de la misma y también se publicarán en la página Facebook del OVSICORI-UNA, en conjunto con más detalles del sistema de alerta temprana de terremotos.

Tres tipos de alerta

  1. A) IMM igual o superior a V. Alerta temprana de terremoto para tomar una acción: la APP toma el control del celular y emite el mensaje de voz en volumen máximo “sismo, sismo, sismo”, vibra y despliega un mensaje de texto. Acción: agacharse, protegerse y esperar que pase el sismo.
  2. B) IMM entre III y V. Alerta temprana de terremoto que no requiere una acción. El teléfono vibra y envía una notificación.
  3. C) IMM inferior a III. Alerta temprana de terremoto que no requiere una acción. Notificación silenciosa.

El sismólogo agregó que sistemas similares, como parte de esta misma iniciativa, serán pronto liberados también en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En marzo de 2024 concluye el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y, por lo tanto, los países deben asumir el costo del mantenimiento de las redes y de los algoritmos de alerta temprana.

Vídeo resumen de la conferencia de prensa:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR: La Universidad de Costa Rica se pronuncia en contra de los nuevos estudios en el país sobre la pesca de arrastre y la inclusión de especies vulnerables

El pronunciamiento también indica que en Costa Rica aproximadamente de 2 000 a 3 200 costarricenses están vinculados directamente con el sector, y junto con sus familias conforman alrededor de 10 000 a 16 000 costarricenses que se ven perjudicados ante cualquier afectación en esta área.

“Un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense», así califica el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR al estudio de Incopesca que aumenta de 34 a 234 las especies susceptibles de explotación comercial. La Universidad de Costa Rica rechazó el nuevo estudio sobre pesca de arrastre hecho por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, denominado «Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024″ en relación con la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas de Costa Rica.

La lista fue publicada el pasado 28 de abril en el Diario Oficial La Gaceta, e incluye flora y fauna proveniente de diversos grupos, tales como: peces, crustáceos, macro algas, micro algas, zooplancton, cnidarios, equinodermos, esponjas, anélidos, reptiles, anfibios y moluscos. Para la UCR, esa nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense. “Dicho estudio carece de la rigurosidad científica para determinar la viabilidad de este tipo de pesca en el país” y se señala al Gobierno de la República la importancia de que los nuevos estudios que se realicen sobre la pesca de arrastre se elaboren con la rigurosidad científica correspondiente.

Del mismo modo, el pronunciamiento de la UCR señala que diferentes instancias especializadas de las universidades públicas del país han brindado criterios en torno a esta seria de problemáticas:

  1. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR (Cimar), mediante el oficio CIMAR-159-2023, del 13 de abril de 2023.
  2. La Escuela de Biología de la UCR, por medio del oficio EB-419-2023, del 14 de abril de 2023, manifestó su apoyo total al criterio del Cimar.
  3. La Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, mediante el oficio FCS-269-2023, del 14 de abril de 2023, envío el criterio del DEA. Pascal Oliver Girot Pignot, director de la Escuela de Geografía.
  4. El pasado 8 de mayo de 2023, las personas directoras de las siguientes unidades académicas: Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, Escuela de Biología del Instituto Tecnológico, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, así como la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad Técnica Nacional y el director de la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la UTN, se pronunciaron y aseguraron que “No todas las unidades académicas, aquí representadas, recibieron una solicitud oficial del Incopesca sobre la información requerida”.

Además, la UCR también señala que el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°14 de la Agenda 2030, establece la necesidad de proteger la vida submarina, debido a su rol fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. No obstante, este se ha visto limitado por la gran cantidad de contaminación y la sobreexplotación de la población marina, la cual afecta a los medios de vida de más de 3 000 millones de personas en el mundo, las cuales dependen de la biodiversidad marina.

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Burda maniobra gubernamental en contra del Liceo de Costa Rica

Dr. Freddy Pacheco León
Liceísta
frepaleon@gmail.com
14.6.23

Extralimitación de la Junta Administrativa del Liceo

Alegan que «bajo presión» (?), la señora Yesenia Mathiew se apresuró a firmar un «Convenio de Cooperación» como presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, con los ministros Amador, del MOPT, Müller, de Educación y Martínez, de Vivienda, mediante el cual pretenden despojar al Liceo, de una valiosa manzana que hoy arrienda el Ministerio de Luis Amador. Terreno situado al sur del colegio, que, junto a las otras dos manzanas de la Benemérita Institución, le fueron transferidas en propiedad al Liceo, por voluntad expresa de la Asamblea Legislativa y del Presidente Don Daniel Oduber, mediante la Ley N° 5570 del 30 de agosto de 1974.

Con ese convenio irregular e insustentable jurídicamente, la Junta del Liceo, cual si no se conocieran las normas legales generales y específicas que han de respetar, se extralimitó y tomó acuerdos para los cuales no tiene derecho que los sustente. Mediante actos intolerables, diríamos que innobles, una junta, que como todas las existentes en escuelas y colegios, no son más que “organismos auxiliares de la Administración Pública” que han de coordinar con el Director (en este caso del Liceo), el desarrollo de programas y proyectos de su Plan Anual de Trabajo, tiene la limitada función de “administrar los recursos públicos que les son transferidos” para el funcionamiento de la Institución. Por su parte, al señor Director del Liceo, como “administrador general” del mismo, le corresponde coordinar con la Junta, la formulación de los planes anuales de trabajo, en que se precisan y priorizan las necesidades del Liceo y sus estudiantes, por lo que la Junta no debe salirse de su función exclusiva de auxiliar.

Recordemos que las juntas son nombradas por los concejos municipales de los cantones respectivos, quienes tienen el deber de verificar, el cumplimiento de todos los requisitos (aunque no siempre lo hacen) de los ciudadanos propuestos en ternas enviadas por el Ministerio de Educación Pública. Cientos de costarricenses, conocen de qué se tratan, pues en algunos años, muchos como padres de familia, se han interesado por el bienestar de las escuelas y colegios públicos en que estudian sus hijos, en asuntos como el funcionamiento de comedores, sodas, transporte, higiene, mejoramiento de aulas, administración de gimnasios, mantenimiento de piscinas (como en el Liceo), subsidios a estudiantes, etcétera, contando siempre con la participación activa y necesaria, del Director del centro educativo, quien funge legalmente, reiteramos, como “administrador general”, con deberes y obligaciones que un grupo de vecinos, jamás podría sustituir, pero quien también, tiene limitaciones lógicas en su actuar como administrador académico.

Atolillo con el dedo

Resulta que, por una manzana de terreno, que como vimos, pertenece al Liceo, hoy ocupada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por la que paga C.192 millones de colones por un alquiler anual, la administración Chaves Robles, ha hecho algo insólito. Si los asesores jurídicos de tres ministerios se hubiesen detenido, siquiera un instante, a conocer el reglamento emitido por decreto ejecutivo, donde se establecen los alcances y limitaciones en que puede actuar la Junta Administrativa del Liceo, no habrían puesto a ésta, a cumplir una función que, ¡aún la Asamblea Legislativa no podría ejecutar! Ya que, si no se cumplieran estrictos requisitos, no sería tan sencillo, derogar la Ley Oduber de 1974, y mucho menos, transferir unos 10 mil metros cuadrados del Liceo, para ser usados por el Poder Ejecutivo, como parte de la construcción de un proyecto que pareciere estar, hay que reconocerlo, “en la cola de un venado”.

Tal abuso de poder cometido por la Junta del Liceo, con la complicidad de los ministros del MEP, el MOPT y Vivienda, no solo es muy probablemente sancionable en el ámbito judicial, sino que deja un sinsabor muy amargo, por sus consecuencias y por la pérdida de confianza en las personas que los ciudadanos esperamos actúen, según lo que han jurado cumplir “por Dios y la Patria”, a la hora de aceptar sus puestos.

Pero si en el “Convenio de Cooperación Interinstitucional”, firmado apresuradamente el pasado 9 de junio del presente año, participan dos partes, la Junta del Liceo y los ministros de Gobierno, podríamos esperar que a cambio de la casi donación de una parte del Liceo que aprueba, indebidamente, la Junta Administrativa, algo habría de dar la parte gubernamental a cambio. ¡Veamos!

Empecemos por el ministro Luis Amador. Él se compromete a pagar hasta diciembre los C.16 millones de colones mensuales, por el arriendo contratado. Y anuncia, que, a partir de enero del 2023, ya suspenderá esos pagos para siempre. ¡Ese es su compromiso! O sea, el MOPT no da nada, pero sí gana en demasía. ¡Y, aún así, la presidenta de la Junta firmó el convenio!

Si pasamos a la ministra Jessica Martínez, de Vivienda, silenciosa participante, vemos que se compromete a coordinar y liderar, a los cuatro representados, para que sea efectiva la transferencia de la cuadra en mención. ¡Tremendo aporte!, pensaron los que firmaron…

Y finalmente, doña Katharina Müller Castro, ministra de Educación, diríamos que fue la que contribuyó con el atolillo ofrecido a la Junta del Liceo. Con una engañosa, pero cuidadosa redacción, se compromete a colaborar, según sus posibilidades, para “la efectiva disposición de dicho inmueble”. Para ello, se compromete a cubrir “el pago de servicios básicos y limpieza, mantenimiento menor y/o mayor, programa de apoyos a los estudiantes como comedores y transporte estudiantil, entre otros” (sic), eso sí, aclara, “sujeto al presupuesto anual”. Pero hay más “aportes”. Dice que “Las mejoras que se deban realizar a la piscina y el gimnasio, así como la pintura”, serán determinados por el Ministerio después de firmar el convenio, para proceder a ver cuánto se necesita, y ver, agregamos, cómo está el presupuesto del despacho ministerial.

Es claro pues, que la Junta del Liceo no obtuvo nada, a cambio de transferir tan valiosa propiedad, basados erróneamente en un decreto ejecutivo que, hasta un estudiante de secundaria conoce, tiene rango inferior a la ley Oduber. Pero todavía hay más: ¿Cuál sería el destino de ese gran terreno?

Pues, amigos, siguen las sorpresas. Aunque se dice que será para el proyecto de la llamada “Ciudad Gobierno”, el asunto tiene sus aristas. En el mal redactado, además, convenio de cooperación (que debería llamarse de cesión) leemos que “LA JUNTA se compromete a otorgar el uso de la finca” de tal manera que el Ministerio de Educación “podrá disponer del terreno en el más amplio de los sentidos que la normativa vigente lo permita”, lo cual incluye el desarrollo de la “Ciudad Gobierno”. Como el diablo está en los detalles, hay que vislumbrar los alcances de ese párrafo.

Sobre “Ciudad Gobierno”, vemos que el proyecto todavía no tiene fecha de inicio ni un cronograma realista, por lo cual, no se tiene idea de cuántos años pasarán antes de que, el traspaso gratis de los 10 mil metros cuadrados del Liceo tenga la justificación que ahora se argumenta. Lo único concreto, vaya paradoja, es que el contrato de arrendamiento que obliga al MOPT a cancelar una suma mensual, se extingue en seis meses. Si esa no fuere la maniobra en contra del Liceo de Costa Rica, al menos podrían haber propuesto, como acto de buena fe, que la suma equivalente a la comprometida por el ministro Amador, hubiese sido asumida por la ministra Müller, aunque, aclaramos, ello no salvaría el tal convenio de la ilegalidad que lo caracteriza.

Asimismo, también se ha sugerido, que el Gobierno, para su “ciudad”, mejor hubiera propuesto un proyecto de ley, mediante el cual quizá se habría autorizado la ejecución de un proceso de expropiación, que eventualmente condujera hacia la determinación de un “justi precio”, según la normativa vigente, para que la Junta del Liceo propiciara, digamos, la creación de un fideicomiso, por ejemplo, con el Banco de Costa Rica, para la administración de los dineros que eventualmente se recibieren. Con los intereses de una cuidadosa inversión, la Benemérita Institución, sus estudiantes, y la Patria, verían cómo el Liceo, fundado en 1887, retomaría la senda brillante que tanto prestigio y beneficios, le dieron a la sociedad costarricense, y que ahora por falta de recursos financieros, tiene dificultad de cumplir.

Pero, en fin, como las acciones atropelladas siempre van acompañadas de errores de bulto, la inevitable nulidad del convenio “del atolillo con el dedo”, permitirá ejecutar las correcciones necesarias. La añeja idea de la “Ciudad Gobierno”, atractiva para quizá la mayoría de los costarricenses, no merece un manejo preliminar tan incompetente. Como parte de un proceso de planificación formal, requiere de los mejores profesionales que lo dirijan, lo coordinen, lo orienten. Algo que no parece esté cumpliendo bien la ministra de Vivienda, asignada para ello, quien, desde su función, era su deber haber advertido a sus compañeros ministros, y a la Junta del Liceo, que estaban siguiendo un camino equivocado.

¿Se acabaría la luna de miel entre «expertos» de OIT y maquillistas de la CCSS? (Parte III)

M.Sc. Rodrigo Arias López
Máster en Matemática Actuarial

En esta parte me refiero con más detalle al maquillaje del desvío de fondos de IVM y de estudios actuariales del seguro de salud, que comuniqué a Román Macaya Hayes cuando “tenía la sartén por el mango” para ordenar la casa; pero dejó que todo siguiera igual o peor https://surcosdigital.com/se-acabaria-la-luna-de-miel-entre-expertos-de-oit-y-maquillistas-de-la-ccss-parte-ii/. Como Macaya nunca contestó mi oficio, envié petición a la Junta Directiva de la CCSS, verla aquí la cual la conoció en el artículo 10 de la sesión No 9072 realizada el 19/12/2019 y acordó remitirla a la Gerencia General y a la Dirección Actuarial para “que investigue lo expuesto, brinde un informe a la Junta Directiva y una propuesta para dar respuesta a esta nota, a más tardar en el mes de febrero de 2020”. Lo dejo aquí. Es decir, al igual que Macaya, la Junta Directiva remitió el asunto al salón de belleza para que terminaran de maquillar a la novia en un plazo de dos meses.

El 4/2/2020 recibí copia del oficio GG-0236-2020 del 3/2/2020 suscrito por el Gerente General Roberto Cervantes Barrantes, quien pidió al director de la sala de belleza “realizar la investigación correspondiente y brindar tanto el informe como la propuesta de respuesta a la Junta Directiva a más tardar el 14 de febrero de 2020”. Lo dejo en este enlace.

Debido a que transcurrieron casi 17 meses sin que el suscrito conociera cómo había quedado la novia, pregunté por ella con oficio RAL-018-2021 de fecha 22 de julio de 2021. Verlo aquí, por lo que me enviaron la respuesta que narro a continuación.

  • La novia estaba lista, bien vestida y toda mona, desde el 6 de marzo de 2020, como consta en el oficio GG-0382-2020 de esa fecha. Verlo aquí.
  • Sin embargo, los nueve directivos no habían tenido la oportunidad de casarse o juntarse con la novia, sino hasta en el artículo 6 de la ceremonia No 9201 celebrada el 24 de agosto de 2021. Ver oficio SJD-1669-2021 aquí. Todos los nueve directivos le dieron el sí a la novia. Ninguno le notó defectos, la novia iba impecable y ninguno estaba interesado en cuestionar tanta hermosura. En todo caso, como llevaba el visto bueno del Gerente General y del director del salón de maquillistas, la novia tenía que ser perfecta para los 9 pretendientes.
  • Las maquillistas encargadas de preparar a la novia fueron las Actuarias Carolina González Gaitán y Evelyn Guzmán Solano, las mismas que realizaron el estudio actuarial del seguro de salud cuestionado no solo por el suscrito, sino hasta por los “expertos” de OIT. Además, quienes presuntamente también recibieron durante muchos años, pagos indebidos de 10 anualidades con el visto bueno del director de la sala de belleza. El Actuario Ronal Cartín Carranza, asesor de Román Macaya y director a.i. del mismo salón, no quiso ponerle la pintura de labios a la novia. Se excusó diciendo “Respetuosamente sugiero que dicho informe sea revisado por el Lic. Luis Guillermo López Vargas, quien como Director Actuarial fue el responsable a cargo de guiar y revisar el citado estudio actuarial”. Recordemos que Gaitán fue ascendida a directora en sustitución de López Vargas, quien ocupó el cargo por más de 10 años a pesar de no tener formación en Ciencias Actuariales; pero muy bueno para los gobiernos de turno y para los nueve directores. Ver oficio DAE-0113-2020 aquí.
  • Por lo tanto, como ya nos tienen acostumbrados con las noticias sobre la Caja, le tocó al director del salón colocarle la pintura labial a la novia. Lo hizo en dos ocasiones, en la primera informó lo siguiente en el oficio DAE-0161-2020 dirigido al Gerente General: “Al respecto, me permito indicar que he revisado el citado informe, mediante el cual en efecto se atienden las cuatro solicitudes planteadas por el Sr. Rodrigo Arias López, en oficio sin número del 16 de diciembre del 2019”. Seguramente el Sr. Cervantes quedó deslumbrado por tanta belleza de la novia que enviarían a los directivos. Pueden verlo aquí.
  • En el acto ceremonial el director de la sala de estilistas le dio el segundo retoque a la novia, pues le tocó presentarla a los nueve pretendientes. Obviamente la principal conclusión sería “refutar el calificativo de “maquillaje””. Como dice el dicho: “ningún panadero dice que su pan es malo”. Ver aquí la presentación realizada por quien niega ser maquillista.
  • En esa presentación están mis cuatro peticiones, las cuales fueron vistas por los nueve directivos y ninguna fue atendida por ese órgano que por ley dirige y fiscaliza la Caja (artículo 14 de Ley 17). El director del salón de maquillistas le mintió al Gerente General cuando le informó que “se atienden las cuatro solicitudes planteadas por el Sr. Rodrigo Arias López”. La novia preparada por las dos funcionarias del salón de belleza se denomina “Informe a la Junta Directiva para la atención del artículo 10° de la sesión No 9072 del 19 de diciembre de 2019” y lo dejo aquí.

En ese informe las maquilladoras comienzan diciendo que “con el presente informe se atiende lo solicitado por la Junta Directiva” y que “se analiza lo expuesto en el oficio del Sr. Arias López, para cada una de las solicitudes planteadas”, lo cual es falso, como se verá; pero es parte del maquillaje. Luego, de entrada, defienden el pan que producen, sin demostración, sino solo porque ellas lo dicen. Es parte de los problemas serios de gestión que tiene la CCSS, donde los mismos que hacen las cosas se auto revisan y cuando la Auditoría Interna los cuestiona no le obedecen. El lector puede ver en ese informe que las mismas maquillistas autoras del estudio actuarial, son las que posteriormente se autoevalúan, determinan que la definición de las hipótesis fue correcta, que no era necesario incluir las reservas pues “no es la práctica en el seguro de salud”, indican que “los proyectos que se encuentran en etapa de ejecución y contratación (escenario base) pueden ser financiados totalmente con las provisiones actuales destinadas para tal fin. Por su parte, que para el financiamiento del total de los 182 proyectos (escenario 4), la suficiencia de las provisiones es la que se muestra en los cuadros 52 y 53 (página 114 de la Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017)” y obviamente que las tarifas eran correctas. Luego justifican el desvío de fondos del seguro IVM citando los oficios DJ-1820-2015 y DJ-0431-2017; pero como parte del maquillaje, ocultaron el oficio DJ-3519-2008 que aporto aquí, escondieron el informe de la Auditoría Interna de la CCSS que dejo aquí y omitieron la resolución No 00197-2018 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. También a las funcionarias se les olvidó leer el deber de probidad contenido en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que dice así:

Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público.  Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.

Como parte del riesgo moral y del conflicto de intereses intrínseco en la auto revisión, a las actuarias se les olvidó referirse a mi petición que dice “trasladar esa función actuarial al Departamento Actuarial de la Dirección Actuarial y Económica y ordenar que se realice un nuevo estudio actuarial”.

En cuanto al punto segundo de mi petición, las actuarias dijeron lo siguiente: “En relación con esta petitoria realizada por el Sr. Arias, es importante indicar que la toma de tales decisiones no corresponde a una competencia de la Dirección Actuarial y Económica. Adicionalmente, la toma de tales decisiones se basa en aspectos de índole jurídico, para la cual puede requerirse de un criterio jurídico que pueda contribuir en la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social”. Como puede observarse, es parte del maquillaje de la novia, pues al inicio del documento y en el oficio enviado al Gerente General, se afirma que todos mis cuatro requerimientos fueron atendidos.

Lo mismo contestaron las actuarias encargadas de vestir a la novia en relación con mi tercera petición, para la cual dicen: “Al igual que en la pregunta citada anteriormente, esta solicitud del Sr. Arias implica la toma de decisiones que no corresponden a una competencia de la Dirección Actuarial y Económica…

Para mi cuarta petición las profesionales dicen en relación con mi oficio enviado a Román Macaya: “por lo que se presume que ya inicialmente tuvo que haberse remitido dicho oficio a ese Órgano Colegiado”. Omitieron decir que ellas lo tenían porque Macaya se los había enviado para atención prioritaria; pero es parte de los adornos de la novia. De esa forma también se libraron de informar que ellas no podían darle una orden a su jefe el Sr. Macaya, quien también les consentía el pago de las 10 anualidades antes citadas. Obviamente tampoco me entregaron el dictamen jurídico que solicité, sobre el sustento para el desvío de más de ₡900 mil millones anuales de fondos del Seguro IVM, pues no existe.

En resumen, si las dos actuarias no se hubieran prestado para maquillar a la novia, hubieran enviado un oficio a su superior diciéndole que tenían conflictos de interés para elaborar el informe, pues ellas eran las autoras del estudio actuarial cuestionado en el punto primero de mi petición y que mis otras tres peticiones no eran competencia de ellas ni del Área donde ellas laboran, sino de la misma Junta Directiva. Sin embargo; prevaleció el interés por dejar bien coqueta a la novia.

Todo lo anterior lo repliqué ante la Junta Directiva de la Caja en el documento RAL-028-2021, en el cual nuevamente insistí en una respuesta sin maquillajes de mi petición; pero aún sigo a la espera. Lo dejo aquí.

De esta forma, aprendiendo el oficio del maquillaje, los nueve directivos de la Caja omitieron referirse al desvío de fondos que le hacen al seguro IVM, que hoy lo tienen al borde de la quiebra. ¿Lo reportarán los “expertos” de la OIT?

Gobierno excluye ecologistas de comisión que tramita permisos de liberación de transgénicos

Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad

  • MAG incorpora a la CNAA en la CTNBIO pese a evidente conflicto de intereses.

  • Se excluye por decreto la participación de la Red de Coordinación en Biodiversidad.

  • Por medio de decreto se violentaron principios constitucionales, la ley Orgánica del Ambiente y el Convenio de Diversidad Biológica.

14 de junio 2023. Vía decreto el gobierno de Rodrigo Chaves excluye a la Red de Coordinación de Biodiversidad (RCB) de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), y a cambio, introduce a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA). Esta grave decisión realizada sin consulta previa reduce la participación ciudadana, e incrementa la influencia de intereses privados sobre un espacio de decisión fundamental que regula la biotecnología agrícola. Este cambio en la balanza sucedió vía decreto N° 44020-MAG publicado en la Gaceta N. 105, este martes 13 de junio, donde se reformó el artículo 112 del Reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado.

El gobierno de Rodrigo Chaves elimina una representación del sector ambiental para sumar la participación de la CNAA, que dicho sea de paso tienen entre sus filas a las grandes transnacionales de los agrotóxicos y los transgénicos. Es decir, el MAG incorpora a la CTNBio una representación que tiene conflicto de intereses dentro de la comisión, pues la mayoría de los permisos en revisión por la misma son solicitados por los miembros de la Cámara de Agricultura y Agroindustria.

Es importante recordar que gracias a la participación de integrantes de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON) en la CTNBio, se pudo alertar en el 2012 a la población costarricense sobre la solicitud hecha por la subsidiaria de Monsanto, Delta & Pine Land Semillas Ltda., para sembrar maíz transgénico en Chomes de Puntarenas. Lo cual fue recibido como una amenaza a la cultura del maíz muy presente en la zona. Gracias a esta alerta, organizaciones sociales y ambientales gestaron distintas acciones, como la Caminata en Defensa del Maíz, logrando detener el maíz de Monsanto y así proteger las semillas nativas o campesinas de una posible contaminación genética. Las movilizaciones sociales presionaron para que se lograra el 25 de julio del 2014, «Declarar al maíz (Zea mays), en sus variedades autóctonas (nativas y criollas) como Patrimonio Cultural de Costa Rica» (Nº 38538-C-MAG). Además, se ganó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional expediente 12-017013-0007-CO en el cual los magistrados dieron la razón a los argumentos ecologistas para proteger el maíz criollo de la amenaza de contaminación transgénica. Gracias a la participación de las organizaciones ecologistas se ha podido contar con la participación de especialistas en la materia como el Dr Jaime García, catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Entre el 2013 y el 2015, alrededor del 92% de las municipalidades adoptaron declaratorias de territorios libres de transgénicos. En el año en curso, se sumaron los cantones de Los Chiles y Paraíso de Cartago. En total, 74 cantones, de los 81 existentes, han emitido declaraciones municipales declarándose libres de cultivos transgénicos.

Este decreto de la administración Chaves-Robles contradice la resolución Nº 15017 – 2014 de la Sala Constitucional, que dispuso en un voto histórico, como obligatoria la participación social en materia de liberación de transgénicos al ambiente. Además, el artículo 47 de la Ley de Biodiversidad, que se complementa con el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ambiente, para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y en las acciones cuyo propósito sea la protección del ambiente.

La participación ciudadana en el proceso de tramitación implica el acceso a la información relacionada con dichos procesos, posibilidad de incidir en la toma de decisiones y la fiscalización de las acciones en cuerpos colegiados. Este decreto ejecutivo representa un retroceso y una afrenta a tratados internacionales ya ratificados por Costa Rica como: el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Cartagena, específicamente en temas de evaluación de riesgos, tecnologías y participación ante la protección de la salud humana y los ecosistemas frente a posibles efectos adversos de los OGMs.

Juan Guaido y sus secuaces: ¡cuales vulgares cuatreros!

Juan Guaidó. Imagen: www.infobae.com

Mag. José A. Amesty Rivera

Hablar y seguir escribiendo sobre las torpezas y vagabunderías de Juan Guaidó raya ya en la desvergüenza. No obstante, producto de varios hechos y declaraciones recientes, nos obligan a mostrar la faceta cleptómana de Guaidó.

Hay mucha información al respecto, pero solamente recordaremos desde 2021 al 2023, cuyas fuentes son de variada índole, incluidos medios, personas y otros.

Por ejemplo, según revelaciones de la página Declassified UK, el equipo del ex diputado Juan Guaidó había gastado cientos de miles de dólares del Estado venezolano, recursos financieros secuestrados y robados por el gobierno estadounidense, para costear los trámites legales en el litigio del oro venezolano en el Banco de Inglaterra.

Pero, además, de acuerdo con una nueva publicación del periodista John McEvoy en The Canary, las cifras de gastos por parte del clan Guaidó ha sido mucho más alto:

«Según documentos oficiales, Guaidó y sus designados han donado más de 6,5 millones de dólares a firmas legales poderosas como parte de una campaña para desangrar al Estado venezolano de sus activos extranjeros».

«Casi la mitad de este dinero fue enviado a una serie de pagos a Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, la firma legal que representa a Guaidó en el Reino Unido».

«La firma parece estar muy unida al aparato de política exterior de Estados Unidos y en los últimos años ha representado a una serie de funcionarios latinoamericanos de derecha».

McEvoy señala además que, los documentos reseñados sugieren que el mismo Guaidó obtuvo medio millón de dólares de dicho fondo.

Examinemos de dónde proviene este dinero, que ciertamente no tiene origen en la cartera privada del ex diputado venezolano, y las conexiones que traza con operadores de la política exterior estadounidense y el narcotráfico.

«El gobierno del presidente Nicolás Maduro había denunciado que, en abril de 2020, la Casa Blanca, entonces liderada por el magnate Donald Trump, transfirieron 342 millones de dólares que formaban parte de los fondos del Banco Central de Venezuela (BCV) a una cuenta de la Reserva Federal de Nueva York.

En su momento esta acción fue calificada de «vulgar saqueo» de los recursos venezolanos por parte del gobierno estadounidense en el exterior, aprovechando la hegemonía financiera que ostenta.

Tantos millones fueron dirigidos a la junta ad hoc del BCV que el clan Guaidó había impuesto como parte del gobierno imaginario sostenido por el poder y la narrativa estadounidenses.

Según las cifras oficiales publicadas por la junta ad hoc de Guaidó, al menos 6 millones 552 mil 512 dólares han sido usados para «servicios profesionales de abogados en atención de Activos en el exterior a ser protegidos y trámites de licencias ante la OFAC». La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que administra y aplica sanciones económicas y comerciales con base en la política exterior de los EE. UU.

Esto solo quiere decir, como asimismo lo afirma el periodista de UK Declassified, que este grupo antichavista de confección estadounidense gastó millones de dólares robados al Estado venezolano para, así, financiar un mayor saqueo de los recursos de la República Bolivariana. Una especie de lavado de dinero a través de la reglamentación sancionatoria de Washington».

Por otro lado, los documentos sugieren que Guaidó se ha embolsillado más de medio millón de dólares desde marzo de 2021. La última entrega a la «Presidencia» se entregó el 19 de julio de 2021 y ascendió a 407 mil 702 dólares.  

Así mismo, en el año 2022, el diputado y miembro de la comisión de asuntos internacionales de la Asamblea Nacional venezolana, Saúl Ortega, en conversación con Sputnik, revelan algunas informaciones:

«El diputado afirmó, que Guaidó no ha estado solo en el robo de los recursos de Venezuela, pues dijo que algunos gobiernos extranjeros lo han acompañado para quedarse con las riquezas de este país sudamericano.

«El Gobierno de Colombia, el francés, italiano y español, muchos de estos gobiernos cayeron en la política de querer repartirse a Venezuela como un botín», comentó.

Las acusaciones contra Guaidó y sus aliados van desde el robo de Citgo, la petroquímica colombo-venezolana Monómeros, las 30 toneladas de oro que esta nación sudamericana tiene depositadas en el Banco de Inglaterra y más de 7.000 millones de dólares del Estado que se encuentran en bancos extranjeros, y que fueron bloqueados a través de sanciones.

El Ministerio Público venezolano abrió investigación contra Guaidó e incluyó más 25 de causas entre las que destacan: secuestro de recursos, usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada.

También es investigado por aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, conspiración con Gobierno extranjero, terrorismo, rebelión, tráfico de armas de guerra, traición a la patria y asociación para delinquir».

Por otro lado, en el sitio del Centro Internacional de Inversión Productiva se reseña que, «diversos analistas políticos y personalidades de la oposición venezolana (medios, periodistas, ONG) han denunciado la corrupción y los malos manejos de los recursos por parte del denominado “Gobierno Interino”. Se señala que entre 1.600 y 2.000 personas dentro y fuera de Venezuela, se han enriquecido de los fondos de la República, robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales a favor de la organización criminal dirigida por Juan Guaidó.

Lo que eran rumores en voz baja se ventila ya a viva voz en las redes sociales: aparecen nombres de políticos, ex diputados, empresarios, ONGs, medios y periodistas que viven de los recursos confiscados o simplemente robados a Venezuela, en virtud del “reconocimiento político” que Estados Unidos y otros 15 países aún mantienen al ex diputado.

A las críticas que denuncian el festín de corrupción con los dineros públicos que maneja el “interinato” se suman voces independientes. El empresario de la comunicación venezolano Esteban Trapiello a través de su red social twitter publicó su propio listado de personalidades que mantienen la ficción del interinato por las ingentes sumas de dinero que ello les reporta; denuncia la complicidad de principales dirigentes políticos como: Carlos Vecchio, Leopoldo López, Juan Pablo Guanipa, Julio Borges, Luis Florido, Juan Andrés Mejía, Freddy Guevara, entre otros».

«Juan Guaidó, al igual que su grupo de supuestas autoridades, ya son conocidos en el mundo por su papel de robo y de despilfarro de los recursos de todos los venezolanos en el exterior. La ONG opositora Transparencia Venezuela en un informe criticó los hechos y expuso: “Ni el portal de la Asamblea Nacional ni el del gobierno interino contienen información pública y datos de gestión. No hay registro público de contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a ‘oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”. Críticas similares hizo el periodista y analista electoral opositor, Eugenio Martínez, lo que le acarreó críticas de parte de los seguidores virtuales de Guaidó».

Por su parte el medio venezolano de oposición Globovisión informa que, «El presidente Nicolás Maduro aseveró durante su mensaje anual a la nación que «la farsa de gobierno paralelo» de Juan Guaidó surgió para legitimar «el robo más grande en esta tierra desde la conquista española».

«El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro denunció este jueves que la oposición amparada por el gobierno norteamericano habría robado a Venezuela 411 millones de dólares por día, durante los últimos ocho años. «Lo que se ha pretendido robar y permanece secuestrado es una suma milmillonaria».

En fin, según la periodista Narkys Blanco, «Nuevas pruebas sobre el robo de recursos del opositor Juan Guaidó revelan que durante el interinato se gastó hasta $10 mil al día. Además, contaba con una nómina de 20 mil personas, según información del politólogo, Luis Aguilar. Solo 1.090.252,53$ fueron invertidos en «Gastos de Presidencia», lo que representa una cifra nunca antes vista en la historia de Latinoamérica.

«Según el informe se usaron 2.047.746,01 en el Consejo de Administración de Gastos. 161.750,00 en Contraloría, 2.709.055,00 en la Asamblea Nacional y 851.099,96 en Cancillería.

También se reportan 4.348.430,00 fondos para la defensa de la democracia y otros 12.750.000,00 por la misma razón, para un total de 190.533.022,88″.

Personalidades de la oposición venezolana han denunciado la corrupción y los malos manejos de los recursos por parte del denominado Gobierno Interino de Juan Guaido.

«A principios de 2022, analistas aseguraban que entre 1.600 y 2.000 personas dentro y fuera de Venezuela, se han enriquecido de los fondos de la República. La cifra incluye fondos robados, apropiados o confiscados por Estados Unidos y bancos internacionales.

A su vez, el partido político Avanzada Progresista denunció que el opositor venezolano, tenía un gasto diario de $9000 como parte de las actividades de su pseudo gobierno». «Además, este primer informe aseguraba que el monto destinado para los gastos de 6.000 militantes del G4 asciende a $1.500 cada uno».

Lo anterior, es solo la punta del iceberg, y un resumen apretado de los robos descarados por parte de Juan Guaido y sus compinches. En este sentido, son significativas las ultimas noticias que develan lo anterior, por ejemplo:

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump confesó durante un discurso que pronunció, este sábado (10-6-2023), que durante su mandato pretendió apodarse del petróleo de Venezuela.

«Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella y habríamos conseguido todo ese petróleo. Pero ahora se lo compramos a Venezuela, haciendo rico a un dictador», manifestó Trump desde el estado de Carolina del Norte, en EEUU.

El canciller de Venezuela, Iván Gil, criticó hoy la confesión del expresidente estadounidense Donald Trump sobre su intención de apoderarse del petróleo de la nación suramericana.

«Trump confiesa que su intención era apoderarse (robarse) el petróleo venezolano», manifestó a través de Twitter, donde respondió a un video relacionado con las declaraciones del exmandatario estadounidense.

«Todo el daño que los EE. UU. ha hecho a nuestro pueblo, con el apoyo de sus lacayos acá (Juan Guaido), ha tenido un único objetivo: ¡robarnos nuestros recursos! No pudieron ni podrán. ¡Siempre venceremos!, enfatizó».

Así mismo, el embajador permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, consideró que, con las revelaciones, «Trump les quita la máscara a 60 países satélites» y a quienes apoyaron al opositor Juan Guaidó en su autoproclamación como presidente interino de Venezuela.

«El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano. ¡Qué vergüenza!», expresó en Twitter.

A su vez, «el expresidente de Ecuador Rafael Correa también se sumó a la crítica, en su cuenta Twitter manifestó su parecer antes semejante confesión de Donald Trump,» ¡De no creer! No guardan ni las formas. Trump confiesa que el objetivo de hacer colapsar a Venezuela era apoderarse de su petróleo? Ojalá lo entiendan los tontos útiles. ¡Gloria al bravo pueblo!».

Recientemente, Guaidó no respondió de qué vive en Estados Unidos. Durante una entrevista televisada, el político no pudo responder acerca de cómo cubre sus gastos de estadía mientras permanece en la nación norteamericana. “Yo soy ingeniero. Tengo dos postgrados», fue la única réplica ofrecida por el exdiputado. Ante la pregunta de cómo se mantiene en el extranjero; el periodista indicó: «no me creo que usted esté haciendo de ingeniero estos días».

El presentador acotó que existen muchas interrogantes acerca de su financiamiento y le consultó si recibe fondos de gobiernos u organizaciones en el extranjero, a lo que el político respondió que «recibir fondos es ilegal», sin revelar mayor información sobre su financiamiento. 

Puerto Jiménez ya es Tsunami Ready

El pasado 12 de junio la comunidad de Puerto Jiménez recibió el reconocimiento Tsunami Ready de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (IOC/UNESCO), cuyo objetivo es reconocer a la comunidad sus esfuerzos para minimizar la pérdida de vidas y propiedad ocasionada por el embate de un tsunami y promover la preparación ante el peligro de un evento de este tipo.

Algunos de los indicadores que deben cumplir las comunidades son:

  • Señalar rutas de evacuación por tsunami.
  • Elaborar un mapa de evacuación por tsunami.
  • Elaborar y distribuir material educativo y divulgativo.
  • Realizar actividades divulgativas sobre tsunamis.
  • Preparar un Plan de Preparativos y Respuesta ante tsunamis.
  • Contar con mecanismos redundantes y funcionales 24/7 de recepción y diseminación de alertas de tsunami.
  • Realizar una simulación o simulacro de tsunami.

De acuerdo con Silvia Chacón coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (Sinamot-UNA), en este proceso se destacó el trabajo del Comité Comunal de Emergencias (CCE), de las maestras de la Escuela y del Cuerpo de Bomberos de Puerto Jiménez, con el apoyo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos de Atención de Emergencias (CNE), el Comité Municipal de Emergencias (CME) de Golfito y el Sinamot-UNA.

En este momento Costa Rica cuenta con 10 comunidades reconocidas como Tsunami Ready siendo líder en la región en este tema.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

En el 70 aniversario de la Revista de Biología Tropical

Vista del Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú, Costa Rica. Foto: Nelson Arroyo González

Publicado originalmente en la revista digital europea MEER

Luko Hilje (luko@ice.co.cr)

Pronto completaré mi año 71 de vida y, ahora jubilado, me he dedicado a investigar y escribir sobre la historia de nuestras ciencias biológicas. Esto me llena de gran satisfacción y regocijo, pues con ello cumplo dos responsabilidades como ciudadano: honrar la memoria de los naturalistas y científicos que supieron abrir sendas en el conocimiento de nuestra naturaleza, y hacer consciencia acerca de la urgente necesidad de proteger los maravillosos dones naturales de los que disfrutamos a diario, y especialmente quienes vivimos en el trópico, con esas inextricables, sutiles y deslumbrantes tramas de relaciones ecológicas entre las plantas y los animales silvestres, pero que son tan frágiles.

Al respecto, después de casi seis meses de trabajo, recién terminé de escribir un muy extenso artículo intitulado «Los pioneros de la entomología en Costa Rica», que envié de inmediato a la Revista de Biología Tropical, con la que había pactado publicarlo, a propósito de la celebración del septuagésimo aniversario de su creación. Será antecedido por uno aún más extenso, denominado «Naturalistas y científicos extranjeros influyentes en el desarrollo de las ciencias biológicas en Costa Rica» —que verá la luz en las próximas semanas, como parte de un número conmemorativo—, y en el cual acoto que «con casi 70 años de publicación ininterrumpida, la Revista de Biología Tropical representa el foro científico más especializado y con mayor trayectoria histórica en la biología de los trópicos, en sentido amplio».

En realidad, para una revista de cualquier país, no es nada sencillo alcanzar los 70 años, y menos para las de los países del llamado Tercer Mundo. Apasionado por el mundo de la comunicación científica, he vivido y sufrido varias veces —desde adentro— la pesarosa incertidumbre de no saber si habría un mañana para una revista. Esto es así porque siempre hubo una conjunción de factores —de diferente peso específico—, pero el principal era el desfinanciamiento, al igual que la incomprensión de burócratas, tanto gubernamentales como universitarios, cuyas anteojeras les impedían tener una visión de largo plazo acerca de la importancia de las revistas en el desarrollo científico y tecnológico de un país. En cuanto a la Revista de Biología Tropical, con la que me identifiqué de corazón desde mis días de estudiante universitario, ese fue un mal crónico, que puso en serio riesgo su continuidad, y de lo cual dejé testimonio hace 33 años en el artículo «El calvario de una revista» (La República, 22-IX-90).

Lo cierto es que no puede haber ciencia sin revistas, en las que los investigadores publiquen sus hallazgos, sus avances de investigación, a la vez que expresan sus criterios y percepciones, para compartirlos por ese medio con sus pares académicos o colegas y, al fin de cuentas, con la sociedad como un todo.

Eso lo comprendieron a cabalidad los gobernantes que, como Bernardo Soto Alfaro, impulsaron la célebre Reforma Liberal, en la que —lejos del asfixiante clericalismo que nos había dominado desde la propia conquista española—, otorgaron primacía a la ciencia y la tecnología, para impulsar el desarrollo del país. Además del reclutamiento en Suiza de los excelentes científicos Henri Pittier, Paul Biolley y Adolphe Tonduz, los frutos más suculentos de sus acciones fueron la fundación del Museo Nacional (1887) y el Instituto Físico-Geográfico Nacional (1889). Y, ya establecidos ambos entes, sus respectivos directores, Anastasio Alfaro y Pittier, persuadirían al gobierno para que financiara la publicación de los Anales del Museo Nacional de Costa Rica y los Anales del Instituto Físico-Geográfico Nacional.

Es decir, hacer ciencia de calidad, compartirla y divulgarla, para ponerla al servicio de la sociedad y de la humanidad. Lamentablemente, por diversas circunstancias, en 1890 ambas revistas debieron ser fusionadas, y para 1896 habían expirado, sin alcanzar un decenio de vida. Ante este vacío, que se prolongó por unos cuatro años, Pittier captó que había que crear otro tipo de publicación, a la que llamó Boletín del Instituto Físico-Geográfico Nacional, de carácter más divulgativo, concebida para un público no científico, pero con un nivel educativo suficiente para obtener provecho de su contenido. Sin embargo, vio su fin en 1904, con apenas cuatro años de existencia. Y fue así cómo, a partir de entonces, viviríamos medio siglo de oscurantismo en el ámbito de la divulgación científica derivada de la investigación local.

Tras tan dilatada espera, la buena nueva fue el surgimiento de la revista Turrialba, nacida en 1950 en el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA), con sede en el cantón homónimo. No obstante, por ser el IICA un ente de cobertura continental, no toda la información publicada provenía de Costa Rica, además de que su énfasis era la producción agrícola y forestal. Sin embargo, no mucho después vendrían tiempos halagüeños para la biología pura, básica o fundamental —que es tan importante como la aplicada—, y la que tanto Alfaro como Pittier practicaron y fomentaron.

En efecto, y por fortuna, la coincidencia de dos preclaras mentes daría a luz una revista en la que, aunque inicialmente predominaron las ciencias biomédicas —y sobre todo la microbiología—, poco a poco se abriría espacio la biología pura, al punto de que, con el correr del tiempo, llegó a predominar en cada uno de los números o fascículos publicados hasta hoy.

Acerca del origen de dicha revista, no hay duda de que en ello fueron clave dos destacados científicos: el médico italiano Ettore De Girolami y el parasitólogo costarricense Alfonso Trejos Willis, este último discípulo del egregio científico Clodomiro (Clorito) Picado Twight. Al respecto, hay versiones contradictorias acerca de su paternidad, las cuales aparecen algo más detalladas en nuestro artículo «Alfonso Trejos Willis y la génesis de la Revista de Biología Tropical» (La Revista, 3-XI-2021). He aquí la versión resumida.

En un artículo intitulado «Reseña histórica de la fundación de la Revista de Biología Tropical», publicado en la propia revista en 1988, De Girolami acota que:

En los primeros días de septiembre de 1952, durante una de mis visitas al laboratorio del Hospital San Juan de Dios, expuse al Dr. Trejos mi plan para fundar una revista científica patrocinada por la Universidad. Don Alfonso acogió la idea con entusiasmo, y juntos nos pasamos la mañana soñando y haciendo planes. Asimismo, de inmediato narra algunos detalles de la gestación del proyecto de revista, que contó con la aprobación del economista Rodrigo Facio Brenes, rector de la Universidad de Costa Rica.

Sin embargo, todo parece indicar que la afortunada idea empezó a tomar forma incluso antes de la llegada De Girolami a Costa Rica, ocurrida en 1950. Así lo explica el Dr. Rodrigo Zeledón Araya —connotado científico, hoy con 93 años— en una entrevista intitulada «Origen de la Revista de Biología Tropical», publicada en 2015 en dicha revista. En ella señala que «en 1949, Alfonso nos comenzó a hablar, por primera vez, de la necesidad de una revista científica nuestra», y que no se quedó en las puras intenciones. Por el contrario, al prever la necesidad de que «si vamos a hacer una revista, necesitamos que la gente escriba correctamente», le sugirió a Zeledón «hacer un librito de cómo se escriben los trabajos científicos», el cual vería la luz en 1953, con el título Normas para la preparación de trabajos científicos, escrito por ambos. Mientras esto se gestaba, Trejos conversó con su entrañable amigo Facio, quien acogió y respaldó la idea de la revista, y posteriormente acordaron que De Girolami «se encargara de editar la revista, conseguir artículos para ser juzgados, atendiera la correspondencia y velara porque saliera a su debido tiempo, de acuerdo con la programación».

En fin… esto es lo que se sabe. Pero lo más importante es que nadie reclamó paternidad alguna, y se actuó con armonía y presteza. Pronto incorporaron al microbiólogo Armando Ruiz Golcher en el Comité de Redacción, y prepararon una propuesta formal, que el Consejo Universitario conoció y aprobó el 5 de enero de 1953. Hecho esto, el grupo trabajó con entusiasmo y diligencia, no solo en los aspectos logísticos, sino que también en el contenido, para lo cual debieron incluir sus propios artículos, al punto de que, de los diez artículos del primer número, en seis eran autores o coautores los tres miembros del citado comité; dos más fueron escritos por el Dr. Rodrigo Zeledón, uno por Luis Enrique Solano Serrano y el otro por Carlos Alberto Echandi Rodríguez. Fue el 15 de julio de 1953 que venía al mundo la anhelada criatura, entre el penetrante olor a tinta y el monótono ruido de los talleres gráficos de la Imprenta Falcó.

En concordancia con el contenido de ese primer número, en realidad debió haberse llamado… ¡Revista de Microbiología Tropical! Sin embargo, para sus fundadores estaba claro que, poco a poco, iba a acoger contribuciones de las ciencias biológicas sensu lato; de hecho, para entonces ni siquiera existía el Departamento de Biología, que se fundaría en 1957 y adquiriría la condición de Escuela en 1974. Asimismo, se decidió que sería una revista multilingüe, sobre todo con el fin de extender su influencia a países tropicales no hispanohablantes, tanto de América como de África, Asia y Oceanía.

Al respecto, el desiderátum manifestado en el editorial del primer número rezaba así: «La recompensa de nuestro modesto trabajo será el estímulo que, para la producción científica de nuestra juventud universitaria, represente el tener una revista seria, de amplia divulgación en el extranjero y que sea expresión del naciente pensamiento científico costarricense». ¡Y no hay duda de que lo lograrían! Los hechos hablan por sí solos, con tan copiosa cosecha. Por ejemplo, más de 9000 artículos han sido presentados a la revista en el último decenio, y los más selectos —porque se actúa con tamices muy estrictos— están contenidos en los 211 números publicados hasta hoy, a los que se suman los aparecidos en nada menos que 54 suplementos monográficos. Asimismo, de los artículos publicados en el siglo XXI —según me informa su actual director, el Dr. Jeffrey Sibaja Cordero—, el 17% proviene de científicos costarricenses, a quienes se suman los investigadores de México (20%), Colombia (12%), Brasil (8%), EE. UU. (7%) y de otros países (36%).

Ahora bien, en cuanto a mi relación con la revista —de la cual fui suscriptor por largo tiempo, así como colaborador con 16 artículos en años recientes, ya sea como autor único o como coautor—, esto lo he narrado en detalle en los dos artículos periodísticos que ya cité, al igual que en «Medio siglo fecundo» (Semanario Universidad, 6-IX-02).

En realidad, aunque nunca he sido profesor en la UCR —con excepción de un curso de postgrado en control biológico de plagas, que impartí en 1984— mis afectos hacia ella son de larga y profunda raigambre, y datan de mis días de estudiante, cuando tuve la fortuna de tratar a su editor y director de entonces, don Manuel Chavarría Aguilar y al Dr. Rafael Lucas Rodríguez Caballero, quien le permitía a don Manuel utilizar un sector de su oficina para desempeñar sus labores editoriales. De tan memorables días, expresé lo siguiente:

¡Cuántas horas de gratas tertulias vivimos ahí, entre la sapiencia y la picardía de don Manuel, y el enciclopedismo y el fino humor de don Rafa! ¡Cuánto se nos acrecentó el gusto y cariño por ese arte y disciplina, a veces poco entendida y valorada, que es la edición científica!

Ello ocurría en medio de los avatares propios de publicar cada número, que nunca podía salir a tiempo, sobre todo por falta de fondos.

Cuando, tras la muerte de don Manuel y don Rafa, asumió labores el amigo y colega Julián Monge Nájera, enfrentó problemas similares, los cuales se agudizaron tanto, que en un aciago momento hubo un inminente riesgo de desaparición de la revista, pero él supo luchar con denuedo y, al final, salir airoso. Por eso, tiempo después, al celebrar su cincuentenario, expresé que «esta querida revista, como la cigarra de la hermosa canción de María Elena Walsh, está viva a punta de pequeñas resurrecciones, en medio de carencias, pobrezas, incomprensiones y miopías», para después afirmar que «en verdad, es como un sueño verla aquí, sobreviviente, robusta y, por fin, puntual».

Hoy, 20 años después, renovada y revitalizada, en gran medida gracias a los medios y tecnologías modernos de comunicación, pero sobre todo al empeño y compromiso de Julián, Jeffrey y quienes los han apoyado en este largo y tortuoso proceso, jubilosos decimos «¡¡¡Salud!!!», y deseamos que la marcha continúe a paso firme hacia el centenario. Y, ya aquí en confianza, ¡quién quita que yo esté ahí para celebrarlo!, pues los viejitos ahora duramos mucho, y la revista y yo tenemos casi la misma edad.

Iret-UNA: No al uso del fipronil

El uso de fipronil amenaza la seguridad alimentaria del país, y afecta tanto a la salud humana como la de los ecosistemas. Ante la evidencia científica, el Iret-UNA reafirma su criterio de que su uso debe ser prohibido lo más pronto posible en el país.

Un decreto del 26 de agosto de 2022 emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (43767-S-Minae) prohibía el uso del fipronil para formulaciones en plaguicidas de uso profesional, sin embargo, en la actualidad existe una propuesta de decreto para permitir este uso con dos restricciones menores: una advertencia en el etiquetado y en el material de empaque.

Ante esta propuesta el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), emitió un acuerdo donde reafirma el por qué se debe prohibir el uso del fipronil lo más pronto posible en el país.

Este insecticida actúa sobre el sistema nervioso, y se utiliza para el control de múltiples especies como gusanos de suelos y defoliadores, hormigas y termitas entre otras, aplicado foliarmente o incorporado al suelo, así como en aplicaciones veterinarias e industriales para el control de hectoparásitos en animales domésticos y productivos.

De acuerdo con datos del Iret-UNA entre 2017 y 2021 Costa Rica importó en promedio 2.373 kg de fipronil por año, y para el 2021 la importación fue de 4.291 Kg. Está registrado para su uso en cultivos de algodón, café, chile dulce, cítricos, dracaena, frutales, naranja, ornamentales, palma aceitera y piña, sin embargo, en distintos diagnósticos del Iret-UNA realizados entre 2014 y 2020 se encontró su uso en cultivos no autorizados como tomate y repollo. Iret-UNA encontró usos de fipronil muy altos en chile dulce (0,72 kg i.a./ha/ciclo de promedio ponderado) y otros menores en algodón (0,024), cítricos (0,001), tomate (0,01) y repollo (0,04), con el agravante que para estos dos últimos cultivos no existen registros autorizados para su uso.

Vuelo truncado

El fipronil se ha sometido a procesos de reevaluación de sus usos agrícolas aprobados por diversas agencias regulatorias del mundo, con el fin de evaluar la toxicidad para importantes organismos como los polinizadores, el resultado ha sido su prohibición en 38 países: 7 de África (Cabo Verde, Chad, Gambia, Mauritania, Nigeria, Senegal y Togo), los 27 países de la Unión Europea, Reino Unido, Vietnam, Argentina y Colombia. En todos ellos el punto básico fue evitar que se siga causando daño a las poblaciones de abejas y otros polinizadores.

En Colombia, cita el pronunciamiento, “la razón principal para tomar la decisión de prohibir el fipronil, fue la muerte masiva de cerca de 64.000 colmenas de abejas entre 2016 y 2020. De acuerdo con los análisis del Instituto Colombiano Agropecuario, el valor de pérdida de esas colmenas puede ser de US$7 millones en material biológico y de US$10 millones en producción de miel y polen. Esto sin mencionar la pérdida inestimable de otros servicios ecosistémicos brindados por las abejas, como la polinización de plantas silvestres y cultivos agrícolas, pérdidas de otros insectos benéficos, depredadores naturales de plagas agrícolas. Además, de poder contaminar los cuerpos de agua, afectando negativamente la vida acuática y la biodiversidad”.

Otras investigaciones demostraron que la toxicidad aguda del fipronil para abejas melíferas es alta: entre 4 y 5 nanogramos por abeja, dependiendo de la forma de exposición, oral o por contacto. Estudios realizados por el Iret-UNA demostraron que la sensibilidad al fipronil en abejas jóvenes de la especie nativa sin aguijón Tetragonisca angustula (mariola) con la de Apis mellifera, es similar, y que una exposición prolongada (24 horas) a través de la dieta, causa mortalidad a concentraciones diez veces más bajas a la dosis letal reportada; así como una actividad motora reducida, afectación en el desarrollo y mantenimiento de las colonias, e incluso puede provocar su abandono. En la abeja sin aguijón Partamona helleri, la exposición oral a fipronil presentó cambios en el comportamiento relacionados con alteraciones citológicas en el cerebro que sugieren muerte celular.

“Conociendo la importancia de las abejas y la diversidad presente en nuestro país, argumentamos que el uso del fipronil y de otros insecticidas, pueden poner en riesgo el modelo de seguridad y autosuficiencia alimentaria, al no proteger de forma efectiva a las poblaciones de los cientos de especies de abejas y otros polinizadores que tenemos en Costa Rica, responsables de la polinización parcial o total de cientos de cultivos tropicales como el café (Coffea arabica), aguacate (Persea americana), achiote (Bixa orellana), naranja (Citrus spp), algodón (Gossypium sp), guayaba (Psidium guajava), pepino (Cucumis sativus), sandía (Citrullus lanatus), tomate (Solanum lycopersicum), melón (Cucumis melo), mango (Mangifera indica), chile (Capsicum spp), ayote (Cucurbita moschata), marañón (Anacardium occidentale), chayote (Sechium edule), maracuyá (Passiflora sp), carambola (Averrhoa carambola), tamarindo (Tamarindus indica), vainilla (Vanilla planifolia). También son de suma importancia para la polinización de árboles y especies de plantas nativas de nuestros bosques y zonas protegidas”, citan los especialistas.

Asimismo, el acuerdo remite a que en los últimos años, los apicultores registran afectación de sus colmenas por el uso del fipronil en actividades agropecuarias, provocando la muerte masiva de las abejas. Así lo destacó la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura: “Al menos 18 millones de abejas han muerto durante el 2021, en el país, producto de seis intoxicaciones masivas que, según denuncia, fueron causadas por el uso del agroquímico fipronil en labores agropecuarias”. Estos eventos se han dado en diferentes zonas del país, según informes brindados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Posible cancerígeno

Los investigadores también hacen referencia a que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) clasifica el fipronil como “posible carcinogénico en humanos” (USEPA, 1995). “Los estudios que han reportado signos de toxicidad por exposiciones inadvertidas, muestran que el fipronil puede causar efectos leves y temporales, predominando dolor de cabeza, mareo, náuseas y vómitos. La exposición prolongada o repetida a fipronil y sus metabolitos, particularmente al fipronil sulfona, se asocia con efectos nocivos para la salud humana y animal, incluida la promoción de lesiones en las células neuronales. También provoca efectos de disrupción endocrina, lo que podría interferir con el equilibrio hormonal en el cuerpo humano”.

Existe además un creciente interés por investigar al fipronil como posible factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, se sugiere que el fipronil sulfona se transfiere a través de la placenta al feto e incide en efectos adversos para la salud infantil Además, su impacto en células humanas asociadas con la función tiroidea, genera preocupación sobre sus posibles efectos en el desarrollo neurológico y el crecimiento de los niños.

Ante la evidencia científica, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, reafirma que:

  1. El uso del insecticida fipronil debe ser prohibido lo más pronto posible en Costa Rica debido a sus efectos negativos, no solo en la salud humana, sino también en el medio ambiente, al ser un insecticida altamente tóxico asociado con la muerte de abejas, organismos que desempeñan un papel crucial en la polinización y el equilibrio ecológico. Además, se ha demostrado que tiene efectos dañinos en otros insectos benéficos y organismos acuáticos, afectando la biodiversidad en los ecosistemas. Además, se ha encontrado que el fipronil puede tener efectos perjudiciales para la salud humana, como la disrupción endocrina y la toxicidad para el sistema nervioso. Por lo tanto, su prohibición en Costa Rica sería un paso importante para proteger el medio ambiente y la salud de las personas.
  2. En consecuencia, el Iret-UNA demanda actuar según los principios que rigen la materia ambiental, recordando que, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos.
  3. Por lo tanto, recomendamos la cancelación de todos los registros de productos que contienen fipronil y la prohibición de la importación, formulación, transporte, exportación y uso a nivel nacional, tanto para uso profesional, como veterinario y agrícola.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Escuelas suecas vuelven a los libros de texto, una esperanza

José Luis Pacheco Murillo

Ayer me compartieron una noticia que me llamó la atención inicialmente y luego me llenó de esperanza respecto al futuro educativo de niños y jóvenes. Esa noticia fue que en “Las escuelas suecas dan marcha atrás en el uso de pantallas y vuelven a los libros de texto”. Hace tan solo unos pocos días atrás el gobierno sueco tomó esa decisión y ha causado revuelo en muchos ámbitos del país.

El tema está en qué hay posiciones muy definidas respecto a lo que sucede con las pantallas en los niños especialmente.

La UNICEF advierte de los riesgos del uso de las pantallas en los bebés y niños pequeños, concluyendo que puede afectar las capacidades de concentración, aprendizaje, empatía, manejo de la frustración y control de los impulsos que resultan habilidades vitales para la interacción social.

También hay criterios profesionales en el sentido de que “Una mayor exposición a las pantallas en los niños está asociada a problemas de autocontrol, déficit de atención, problemas de ansiedad, mayores niveles de depresión infantil, insatisfacción con la imagen corporal y mayor fracaso escolar”.

Me parece muy importante que se abra el debate sobre lo que es más conveniente para los niños, especialmente en edad de guarderías y escuelas.

Hay mucha preocupación sobre lo que la digitalización puede producir en niños y jóvenes. Precisamente en Suecia y ante esta disposición manifestó un padre de familia respecto a su hijo que está preocupado por su hijo mayor, de 13 años: “no sabe escribir a mano, garabatea. Aprendió mirando una pantalla y pulsando un teclado. Tampoco sabe leer muy bien los textos escritos a mano”. Eso está sucediendo cada vez más y por ello lo importante de la lectura constante y para ello no hay como los libros físicos.

Hay que prestar atención a este nuevo reto que se viene manifestando: actividad escolar digitalizada o actividad escolar física con libros de texto.

Coló en todo, habrá quienes estén a favor y quienes estén en contra, pero lo importante es que los padres tomen decisiones que favorezcan siempre a sus hijos pequeños y pensando en enfrentar un mundo muy difícil en el futuro, por lo que requieren muchas habilidades. Habrá que ver si los libros físicos o las pantallas se las brindan de mejor manera.

Dios quiera que entendamos que somos nosotros los que debemos tomar decisiones para bien de los pequeños que nos siguen los pasos.