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Autor: María José Ferlini Cartín

Acuerdo de Escazú: breves reflexiones sobre la segunda Conferencia de Estados Partes (COP2)

Integrantes de la delegación de Chile durante la COP2 sobre el Acuerdo de Escazú, realizada del 19 al 21 de abril de 2023. Foto extraída de la red social de Twitter.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

(Una versión en francés de este texto está igualmente disponible en este enlace).

El pasado mes de abril, inició en Buenos Aires (Argentina) la segunda Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú, un tratado regional adoptado en Costa Rica en el 2018 (véase texto completo).

Esta cita, que se celebró entre el 19 y el el 21 de abril, también se denominó por sus siglas en inglés «Conference of Parties» o «COP2»: se trata en efecto de una reunión en la que participan los Estados Partes al Acuerdo de Escazú, y que suman a la fecha 15 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones).

La inauguración del evento contó con la presencia de Jefe de Estado argentino (véanse nota oficial y comunicado de prensa de la Casa Rosada) y se pudieron seguir todas las sesiones en directo, accesando el enlace oficial de la CEPAL previsto para este efecto (véase enlace).

Estados Partes y Estados no Partes invitados y eventos paralelos

Esta COP2 fue objeto de una reunión preparatoria previa, realizada también en Argentina el pasado 6 de marzo, en la que se precisaron los temas a discutir (véase informe): se indica (en páginas 15 y 16 del precitado informe) que fueron invitados a participar a esta reunión preparatoria representantes de Estados que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú, a saber: Brasil, Colombia y Perú. Un gesto de naturaleza política de los 15 Estados Partes hacia estos tres Estados, invitados a observar diversas sesiones, una de ellas muy esperada sobre las iniciativas de cada Estado Parte para implementar en el plano nacional el Acuerdo de Escazú.

En el caso de Centroamérica, no se observó presencia de delegados de El Salvador, Guatemala y Honduras, pese a la crítica situación que viven ahí quienes alzan la voz en defensa del ambiente. Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la dramática situación de los defensores del ambiente en El Salvador, Guatemala y Honduras (véase informe) evidencia la urgente necesidad de adoptar medidas y figuras legales previstas en el mismo Acuerdo de Escazú.

Cabe señalar que, de forma paralela a las reuniones de los representantes estatales durante esta COP2, se realizó una serie de muy variados eventos organizados desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones internacionales (véase programa de eventos paralelos).

El Acuerdo de Escazú favorece y fomenta la participación del público, y las COP constituyen un llamativo espacio en el que delegados estatales y organizaciones de la sociedad civil pueden interactuar con la mayor naturalidad: un esfuerzo en materia de transparencia que ameritaría ser replicado en el caso de reuniones similares relativas a otros tratados internacionales en materia de ambiente y de derechos humanos, sean instrumentos jurídicos universales o regionales.

En esta COP2, Chile (uno de los dos Estados que lideró las negociaciones durante más de 5 años y medio que culminaron en Escazú), participó esta vez como Estado Parte: véase entrevista a la negociadora chilena del Acuerdo de Escazú, publicada en País Circular, del 18/04/2023. Un reciente informe (véase texto) sobre el grado de cumplimiento de Chile con los estándares que propone el Acuerdo de Escazú analiza las diversas iniciativas tomadas por las autoridades gubernamentales chilenas, que deberían de poder replicarse en otras latitudes en América Latina. A su vez la sociedad civil presentó valiosas propuestas a los Estados Partes, tal como por ejemplo, entre muchas otras, este informe elaborado por OXFAM (véase documento).

Más generalmente, esta otra entrevista a un alto funcionario de la CEPAL (publicada en Diálogo Chino, edición del 14/04/2023) permite también apreciar los desafíos que para los Estados de la región significa la construcción de una verdadera democracia ambiental, y ello a partir de los principios enumerados en el Acuerdo de Escazú.

La COP 1 y la COP2 en breve

Como se recordará el Acuerdo de Escazú se adoptó en marzo del 2018 en Costa Rica, y el proceso de negociación fue co-liderado por Chile y Costa Rica. Este tratado regional entró en vigor en abril del 2021 al reunir las ratificaciones necesarias (en total 11, según lo establece el mismo tratado en su Artículo 22).

La primera COP se reunió un año después, en abril del 2022, en Santiago de Chile (véase programa y declaración final), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay.

Desde entonces, el Acuerdo de Escazú ha sumado a tres nuevos Estados Partes: Chile (junio del 2022), así como las ratificaciones de Belice y de Granada registradas recientemente (marzo del 2023) que tuvimos la oportunidad de comentar (además de otros notorios avances del Acuerdo de Escazú en lo que va del año 2023), así como la persistente negativa de Costa Rica en aprobarlo (Nota 1). Sobre este último punto, ya en el 2020 tuvimos la oportunidad de advertir de la «llegada de los mitos» en contra del Acuerdo de Escazú, que se plasmaron en varios comunicados de influyentes sectores económicos costarricenses (Nota 2).

En días recientes, autoridades en Brasil señalaron su interés en acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa del 13/04/2023): cabe precisar que la titular de la cartera de ambiente de Brasil estuvo presente en la ceremonia de inauguración de la COP2 (véase nota oficial). El triste paréntesis que significó para los derechos humanos y el ambiente, así como para las poblaciones indígenas brasileñas, la administración del Presidente Bolsonaro (2017-2022), permite augurar un renovado interés de las autoridades de Brasil en adherir al Acuerdo de Escazú. Organizaciones tales como Transparencia Internacional (véase documento) o Human Rights Watch (véase carta) han solicitado desde varios meses una pronta ratificación por parte de Brasil del Acuerdo de Escazú. El 11 de mayo del 2023 se informó del envío formal por parte del Poder Ejecutivo al Congreso del Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa).

Se espera además que próximamente Colombia concluya el proceso de ratificación, al haber sido aprobado el Acuerdo de Escazú por las dos cámaras de su Poder Legislativo en noviembre del 2022, una aprobación que tuvimos la oportunidad de analizar (Nota 3).

En América Latina, además de Colombia, los siguientes Estados han firmado el Acuerdo de Escazú, pero aún no lo han aprobado: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana. Al tiempo que ni tan siquiera lo han firmado los siguientes: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Los acuerdos alcanzados en la COP2

Más allá de los obstáculos de todo tipo que se han generado en algunos Estados para bloquear la aprobación del Acuerdo de Escazú y del desinterés de otros en (por lo menos …) firmar este acuerdo, son varios los temas sobre la implementación del Acuerdo de Escazú que se discutieron entre los Estados Partes a partir de este 19 de abril en Buenos Aires.

A ese respecto, llama la atención la escasa cobertura en medios de prensa costarricenses sobre las diversas iniciativas gestadas a partir del Acuerdo de Escazú en el 2022, y era previsible que esta COP2 en Argentina sufriera el mismo trato: ni una sola nota en la prensa costarricense publicada al respecto.

En abril del 2022, se compiló una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú (véase texto completo) que puede desde ya ser usada para generar u orientar políticas públicas en diversos Estados, sean estos Estados Partes o no.

Entre los diversos temas a tratar en Buenos Aires, figuró también la designación de los siete integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento que crea este tratado regional en su Artículo 18, así como la implementación del Fondo Voluntario de Contribuciones (Artículo 14). Esta entrevista al candidato de Argentina designado (véase texto) permite conocer mejor la tarea que se espera del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, cuyas reglas sobre su composición y su funcionamiento fueron adoptadas por los Estados Partes durante la COP1 del 2022 celebrada en Chile (véase documento). En el caso de la candidata de nacionalidad costarricense, fue designada por los demás Estados Partes para integrar este mismo Comité (véase nota de OjoalClima del 1/5/2023, única referencia que encontramos en Costa Rica mencionando su eleción).

Adicionalmente, se buscó la forma de darle seguimiento a las diversas recomendaciones y conclusiones del primer foro sobre defensores ambientales, reunido en Quito (Ecuador) en el mes de noviembre del 2022 (véase informe): un Plan de Acción (véase documento) ha sido puesto a consulta para las organizaciones de la sociedad civil con miras a contar con sus insumos y propuestas. Al respecto, un segundo foro sobre defensores ambientales tendrá lugar esta vez en Panamá, durante la última semana de setiembre del 2023.

Cabe señalar que desde el 27 de febrero del 2023 está circulando en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.588 en Costa Rica (véase texto): una propuesta de ley que pretende proteger a los defensores del ambiente. Al no observarse una sola referencia al Acuerdo de Escazú y al evidenciarse otras notables carencias y omisiones, somos de la opinión que se trata de una burda maniobra política (véase sobre este proyecto de ley nuestra nota titulada «El proyecto de ley 23.588 denominado ´Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente´: algunas breves observaciones«).

Finalmente, se adoptó una declaración final titulada Declaración de Buenos Aires (véase texto) por parte de los Estados Partes, en la que reiteran los acuerdos alcanzados y la necesidad que los Estados que aún no son Estados Partes aprueben el Acuerdo de Escazú «lo antes posible» (punto 14).

A modo de conclusión

Estas y muchas otras iniciativas confirman el paso firme y decisivo que están imprimiéndole al Acuerdo de Escazú los Estados Partes y la CEPAL, conscientes de la importancia de llevar con marcha sostenida la implementación de este tratado regional: un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, tal y como apuntado en varias publicaciones (Nota 4).

Es de notar que la próxima reunión de los Estados Partes (o «COP») se realizará nuevamente en Santiago de Chile, en el mes de abril del 2024 (confirmándose de paso el marcado desinterés de las autoridades de Costa Rica, al volver a la misma capital que para la primera reunión de este tipo): se considera que probablemente Colombia ya sea Estado Parte para esta cita, y (si se toma en cuenta los deseos externados por los representantes de Brasil durante esta COP2), que Brasil también lo sea o a punto de serlo.

Con relación a Costa Rica, los titulares de esta nota de la DW (Alemania) y de esta otra de France24 (Francia), o bien el título de este cable de la agencia internacional de noticias AFP replicado en un medio uruguayo, permiten apreciar el profundo desconcierto que, a nivel internacional, ha causado su ausencia entre los Estados Partes al Acuerdo de Escazú: a más de cinco años desde su adopción en suelo costarricense, el Acuerdo de Escazú avanza sin Costa Rica, y no se vislumbra mayor cambio de posición de sus autoridades para los próximos tres años.


Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: viento en popa«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 10/04/2023. Texto disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., » ´Llegaron los mitos´: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 17/12/2020. Texto disponible aquí. En el mes de abril del 2021, ante un comunicado de una cámara empresarial en Costa Rica en contra del Acuerdo de Escazú, se invitó a sus representantes legales a un debate público virtual con dos académicos especialistas en derecho ambiental, al que prefirieron no asistir: véase la emisión de Café para tres del medio digital costarricense Delfino.cr con los dos académicos invitados a «debatir» con los ausentes. Luego, en el mes de mayo del 2021, un segundo intento desde la UCR confirmó la renuencia al debate antes señalada (véase el foro en este enlace oficial de la UCR). Finalmente, en junio del 2021, fue esta vez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica que se confirmó, por tercera vez consecutiva, que rehuir el debate pareciera ser, para algunos, la manera acordada para defender sus supuestos «argumentos» (véase el foro). Estos últimos reaparecieron en esta carta colectiva de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense.

Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Colombia a pocos meses de ser oficialmente Estado Parte del Acuerdo de Escazú«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 15/11/2022. Texto disponible aquí.

Nota 4: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs., disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina), disponible en este enlace. El hecho que se trata de un instrumento de vanguardia se puede confirmar aún más al revisar los desarrollos para garantizar una correcta aplicación del Artículo 7 y del Artículo 9, elaborados por la misma CEPAL en la precitada guía de implementación del Acuerdo de Escazú, presentada formalmente en abril del 2022 (disponible aquí, particularmente en pp.108-126).

El Dr. Gutiérrez: el brillante científico que con el arte de la ciencia fortaleció a todo un país

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

Premio Nacional de Cultura Magón 2022

El científico fue enfático al indicar que la ciencia es parte de la cultura. Lamentablemente, no se les está dando la importancia debida, afirmó.

Don José María Gutíerrez Gutiérrez o “Chema”. Así le dicen sus conocidos, y hasta los no tan conocidos, por el aire de cercanía y humildad que inspira. Las razones sobran. A Chema, una de las mentes más brillantes de la ciencia costarricense y destacadas en el mundo, nunca le interesó tener un carro y, mucho menos, un celular.

Para él, un celular reduciría notoriamente sus espacios de pausa, reflexión, lectura y escritura que tanto ama. “Así que, por el momento, me sigo resistiendo”, manifestó firmemente.

Sin ninguna de esas ataduras móviles, no es extraño ver al Dr. Gutiérrez caminar, disfrutar de sus recorridos diarios al aire libre con su perrita o bajar de un bus para llegar al Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR), su segundo hogar por casi 50 años desde que inició como estudiante asistente y que hoy sigue frecuentando aunque está jubilado.

En el ICP-UCR, el Dr. Gutiérrez cultivó todas sus pasiones científicas las cuales empezaron a gestarse muy joven. Primero, se graduó de la UCR en la carrera de Microbiología en 1977 y luego, en 1984, obtuvo su doctorado en Ciencias Fisiológicas en la Universidad Estatal de Oklahoma, Estados Unidos.

Desde entonces, don José María lleva más de 40 años desarrollando su carrera científica en la docencia, acción social y, por supuesto, en la investigación. Especialmente, en la comprensión de cómo actúan los venenos, así como en el desarrollo y mejora de sueros antiofídicos, mismos que cada año ayudan a salvar la vida de casi 600 costarricenses que sufren de envenenamiento por la mordedura de una serpiente venenosa.

Su pasión, trabajo y amor por la ciencia son palpables y están respaldados por la gran cantidad de premios nacionales e internacionales que ha ganado de manera continua. Actualmente, la cifra supera las 20 menciones. ¡Claro! Él no los ve como un logro personal, sino colectivo. Sin las personas que lo han rodeado, jamás lo hubiera logrado, recita en cada presentación o agradecimiento que realiza.

¿Los impactos de cada premio? Muchos. Cada reconocimiento que él recibió enalteció a todo un país, ayudó a abrir camino y a posicionar a Costa Rica como una nación que, si bien está en vías de desarrollo y no posee abundantes riquezas económicas, tiene grandes talentos científicos listos para germinar. Don José María es tan solo un ejemplo de una larga fila de mentes ticas listas para brillar y hoy lo sabe el mundo.

¿El reconocimiento más reciente? Tal vez usted ya lo sabe: el Premio Nacional de Cultura Magón 2022, galardón que solo reciben las personalidades ticas más destacadas que decidieron dedicar toda su vida al crecimiento de la cultura costarricense. Sí, porque aunque usted no lo crea, la ciencia, la innovación y la cultura no están separadas. Ellas se necesitan entre sí para desarrollarse, crecer y germinar.

“Para mí representa un gran honor recibir el Premio Nacional de Cultura Magón. Al otorgársele a una persona del ámbito de la ciencia se está reforzando la idea de que la ciencia, como actividad creativa que es, forma parte del amplio mundo de la cultura, lo cual es muy importante. Debemos tender puentes dialógicos y de mutuo aprendizaje entre la ciencia y otros espacios de la creación cultural”, afirmó el científico.

En efecto. La ciencia procura aumentar el acervo de conocimientos que posee la humanidad para el beneficio colectivo y esto solo se logra con una gran creatividad para identificar, estudiar, proponer y resolver los desafíos que presenta el mundo. Quien no es artista, no es científico y esto don José María lo sabe muy bien. Por eso su carrera, en sí misma, es un arte.

Un arte que le ha permitido ser disruptor y valiente, porque solo con esa fuerza se puede lograr superar obstáculos, unir todo un equipo científico del ICP-UCR y desarrollar un antídoto para algunas de las serpientes venenosas más peligrosas del África sub-Sahariana.

Los países más desarrollados del mundo no consolidaron ese antídoto por sí mismos y Costa Rica, con sus limitaciones presupuestarias, lo hizo posible para ofrecer una opción de vida a personas en alta vulnerabilidad social, muy por encima de intereses mercantiles o de ganancias económicas.

Otras veces Chema deja sin aliento porque, como si se tratara de una puesta en escena que cautiva a la audiencia al percibir un giro inesperado en la obra, él realiza acciones inesperadas. Por ejemplo, incentivar ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la mano con muchos colaboradores costarricenses, que los accidentes ofídicos fueran parte de la lista de Enfermedades Tropicales Desatendidas en categoría A; es decir, entre los padecimientos de mayor impacto para la salud mundial.

Lo anterior generó un precedente sin igual y permitió que la decisión emitida diera la posibilidad de que la OMS, junto con otros países, abrieran nuevas oportunidades de trabajo e investigación internacional. ¿El objetivo? Fortalecer y desarrollar mejores programas de control dirigidos a la prevención y al adecuado manejo terapéutico de esta patología en sus respectivos países.

Sí. El Dr. José María Gutiérrez es un científico, pero ante todo un creativo. El arte creativo edifica, construye, enaltece e inspira a generar una mejor sociedad y el Dr. Gutiérrez lo hace todos los días.

A una persona esforzada, optimista, preocupada y solidaria, siempre interesado en causas sociales, políticas y económicas, no se le podía dejar ir sin un proceso reflexivo en varios aspectos relacionados con su vida, con la cultura desde la mirada creativa y los desafíos de las instituciones públicas ante un modelo neoliberal que pareciera privilegiar el libre mercado antes que el aspecto humanista y cultural. Este hecho se hizo visible en las últimas noticias cuando se comunicó un posible recorte presupuestario a la cultura.

De manera muy gentil, el Dr. Gutiérrez decidió contestar cada una de las siguientes preguntas desde una mirada muy crítica, profundizar algunos aspectos de su libro “Reflexiones desde la academia, universidad, ciencia y sociedad” y, como siempre ha sido su esencia, brindar propuestas para cada reto que vive la institucionalidad pública y el país.

El premio

—Don José María, más adelante vamos a profundizar en los aspectos más reflexivos relacionados con su libro “Reflexiones desde la academia, universidad, ciencia y sociedad”. En esta primera parte empezaremos despacio.

Primero, quiero que me cuente su experiencia con el premio. Usted recibió este 2023 el Premio Nacional de Cultura Magón 2022, que solo se le da a personalidades cuyo quehacer contribuye significativamente en la construcción del conocimiento. Para usted, ¿qué representa y refleja el premio después de invertir, prácticamente, toda su vida en la ciencia?

—José María Gutiérrez Gutiérrez (JMGG): “Para mí representa un gran honor recibir el Premio Nacional de Cultura Magón. Al otorgársele a una persona del ámbito de la ciencia se está reforzando la idea de que la ciencia, como actividad creativa que es, forma parte del amplio mundo de la cultura, lo cual es muy importante. Debemos tender puentes dialógicos y de mutuo aprendizaje entre la ciencia y otros espacios de la creación cultural.

Por otra parte, pienso que este premio reconoce un inmenso esfuerzo país que ha realizado Costa Rica para estudiar, comprender y buscar soluciones al problema de los envenenamientos por mordeduras de serpiente. El premio valora el trabajo de cientos de personas quienes, desde inicios del siglo XX, han dedicado su esfuerzo a este tema. Esto incluye al Instituto Clodomiro Picado, a la Universidad de Costa Rica como un todo, a las instituciones de salud pública (CCSS y Ministerio de Salud) y a muchas otras personas que han contribuido a que Costa Rica tenga una posición de liderazgo internacional en este tema. Así que, más allá del reconocimiento a mi persona, el cual valoro mucho, pienso que se está reconociendo un esfuerzo colectivo de larga data”.

—¿Esperaba recibir el premio o fue totalmente imprevisto?

—JMGG: “Sabía que un grupo de colegas, de forma muy generosa, habían postulado mi nombre para este premio. Pero también era consciente de que en Costa Rica hay muchas personas que han dado aportes muy valiosos en el plano de la cultura y que también merecen este reconocimiento. Entonces, aunque sabía que mi nombre había sido propuesto para el premio, sí fue una grata sorpresa recibir la noticia”.

—Al recibir este premio, ¿qué mensaje cree que transmite al mundo de la ciencia y de la cultura nacional? Principalmente, para todos esas mentes jóvenes que apenas están dando sus primeros pasos en áreas con muchos desafíos económicos, políticos y burocráticos.

—JMGG: “Este reconocimiento me ha permitido enviar varios mensajes a la comunidad nacional. Por un lado, reforzar la idea de que la ciencia es un componente de la cultura, porque la concepción científica de la realidad forma parte del patrimonio cultural de la sociedad. Pero, además, este premio debe hacernos reflexionar, como sociedad, sobre si le estamos dando a la ciencia en particular, y a la cultura en general, la importancia que deben tener en el contexto de una sociedad democrática; y creo que, lamentablemente, no es así.

Somos testigos de un cercenamiento importante de los presupuestos asignados a la cultura y a la investigación científica, al tiempo que vivimos un hostigamiento a las universidades públicas, que son el principal reservorio científico del país. Costa Rica dedica menos del 0,4 % del PIB a actividades de investigación y estos días se han anunciado fuertes recortes al presupuesto de cultura. En este entorno adverso es importante cobrar conciencia de que debemos, como sociedad, procurar que la ciencia y otros ámbitos de la cultura reciban un apoyo creciente y entender que, lejos de ser aspectos prescindibles en la vida del país, constituyen elementos esenciales para edificar entornos colectivos marcados por el bien común, el bienestar y la equidad.

Dicho esto, necesitamos muchas más personas que se interesen por la ciencia, personas jóvenes en quienes recaerá la responsabilidad de desarrollar la ciencia en nuestro país. Estas personas deben ser estimuladas para que puedan desarrollar sus proyectos de vida y el país tiene la responsabilidad de ofrecerles espacios que les permitan desarrollar dichos proyectos. A las personas jóvenes interesadas en la ciencia yo les digo que no renuncien a sus pasiones y que luchen por desarrollar sus potencialidades en este campo. Pero, a la vez, esto debe acompañarse de apoyo por parte de las instituciones educativas y de ciencia y tecnología. Tenemos, como país, la tarea política de abrir espacios para estas nuevas generaciones”.

Sin cultura, no hay desarrollo

—Con la respuesta de esa última pregunta, usted introdujo mi próxima pregunta relacionada con su libro “Reflexiones desde la academia, universidad, ciencia y sociedad”. Usted aborda una visión muy crítica sobre diferentes aspectos relacionados con las instituciones públicas.

Uno de esos aspectos es la preocupación actual hacia los procesos que tienden a minar el estatus público de las instituciones y a cuestionar la misión que han tenido históricamente. Una misión que se vincula a la cultura de una u otra forma. ¿Por qué cree que se da ese intento por socavar el estatus público de las instituciones? ¿Se debe solo a una visión mercantilista producto de un modelo neoliberal que fomenta el libre mercado?

—JMGG: “Desde la década de 1980 se ha impuesto a nivel global un modelo político-económico hegemónico marcado por las políticas neoliberales, modelo que ha tenido una amplia influencia en Costa Rica y el resto de América Latina.

Ese modelo tiende a debilitar el papel de las instituciones públicas en la vida de los países y le otorga al mercado un papel preponderante en la regulación de las actividades económicas y sociales. Estas tendencias, impulsadas a nivel internacional por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han llevado a una reducción enorme del papel de los estados y las instituciones públicas y a una creciente privatización de bienes y servicios públicos, así como a un acelerado proceso de degradación ambiental producto de políticas extractivistas.

Todo ello ha conducido a una creciente separación entre los sectores beneficiados por este modelo y la gran mayoría de sectores de la sociedad, que se han visto claramente perjudicados. Se ha generado mucha inequidad, con múltiples consecuencias sociales.

A nivel cultural, este modelo hegemónico ha privilegiado el individualismo, el mercantilismo y la banalidad, lo cual nos aleja como comunidad de prácticas de carácter solidario. Actualmente estamos viendo políticas de austeridad fiscal, lo que algunos han llamado ‘austericidio’, que afectan de manera drástica a las instituciones públicas. Estos procesos debilitan los pactos sociales que ha logrado construir Costa Rica a lo largo de décadas. Es necesario cuestionar fuertemente este modelo y mostrar, de diversas formas, sobre todo mediante movilización social, que hay otras formas de generar política pública, que otro mundo es posible”.

—Ese intento por minar el estatus público de las instituciones no es algo que solo pasa en Costa Rica, sino que está presente a lo largo de la región latinoamericana, como usted detalla en su libro. En el texto, usted explica que muchas universidades de la región han vivido intentos orientados a debilitar sus actividades académicas en disciplinas de ciencias básicas, sociales, humanidades, arte, por considerarlas de “baja rentabilidad y, además, por ser fuente de pensamiento crítico”.

¿Cómo deben responder las universidades e instituciones públicas ante esto?¿Deben responder al modelo económico y priorizar las carreras de más alta rentabilidad? ¿Qué consecuencias podría traer una decisión así?

—JMGG: “Sí, este modelo hegemónico invade todos los espacios de la sociedad, incluyendo los ámbitos institucionales. Al privilegiar una visión mercantilista-reduccionista de la vida colectiva, este modelo propone principalmente políticas que impactan en el ámbito económico y somete a los países a pautas fiscales que deterioran sensiblemente los espacios colectivos y las instituciones públicas.

Estas visiones cuestionan que las universidades sean integrales y privilegien el respeto y el desarrollo de todos los campos del conocimiento, más allá del impacto económico y de mercado que puedan tener. Ese es un aspecto esencial de la universidad pública, el cual está siendo cuestionado fuertemente por estos sectores políticos y económicos hegemónicos.

Si se asumen esos puntos de vista, la universidad pública perdería su esencia integral y humanista, que forma personas con visión amplia y compromiso social, y genera pensamiento para una ciudadanía responsable y democrática y no solo profesionales para llenar las necesidades de determinados sectores del mercado. Afortunadamente, nuestra constitución política respalda la autonomía universitaria, lo cual nos permite defender y sostener nuestro modelo de universidad pública.

Pero debemos estar muy atentos porque hay fuerzas que pretenden minar dicha autonomía, lo cual sería desastroso para nuestras universidades y para el país en general. Las universidades públicas y la sociedad debemos defender a ultranza los valores en los que se cimenta el concepto de universidad pública integral y humanista. Debe quedar claro que las universidades somos conscientes de nuestro papel en el desarrollo económico del país, pero esto debe concebirse en el contexto más amplio de una institución integral y, además, debe basarse en una concepción de desarrollo económico que sea inclusivo y beneficie a muchos sectores de la sociedad y no solo a unos pocos”.

—Eso sí, Don José María, no se puede ocultar el hecho de que Costa Rica ha experimentado una profunda transformación social. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica que se fundó en 1940 se basó en principios que respondían a un entorno sociocultural, político y económico específico. En ese momento histórico se generaron grandes avances en dos pilares que hoy sostienen el país: educación y salud.

Pero, ¿qué pasa hoy? Si bien no hay que priorizar las carreras de más alta rentabilidad y abandonar las otras, ¿cree que las universidades públicas han logrado adaptarse a los cambios en el tiempo y responder adecuadamente a las nuevas necesidades sociales que demanda el país?

—JMGG: “Todas las instituciones públicas debemos tener una actitud autocrítica permanente, la cual nos lleve a procesos continuos de evaluación de lo que hacemos y dejamos de hacer. Esto vale también para las universidades públicas.

En ocasiones esta actitud crítica y de renovación continua no se da producto de la existencia de zonas de confort y de resistencia a cambios que es necesario efectuar. Las universidades públicas deben ser instituciones que ejerciten permanentemente la autocrítica y la reflexión, deben estar en contacto continuo con la sociedad que las financia y a la cual se deben.

Por un lado, debemos tener una actitud de escucha y diálogo con amplios sectores de la sociedad, para conocer sus necesidades y responder a ellas, y también seguir muy de cerca el desarrollo vertiginoso de los campos del conocimiento, para actualizar nuestros planes de estudio y nuestra oferta académica. Pero todo esto debe hacerse manteniendo el ethos de excelencia académica y procura del bien común que establece nuestro estatuto orgánico. O sea, debemos transformarnos permanentemente en tanto mantenemos nuestra esencia”.

—¿Y cómo mantenemos esa esencia que plantea en una dinámica de mercado tan desafiante? Incluso, homólogo a la teoría de Darwin “el más fuerte sobrevive”.

—JMGG: “Lo principal es tener claro cuáles son los valores y la filosofía que debe guiar una institución de educación superior integral y humanista. Esto incluye el respeto epistémico, el respeto al desarrollo integral de todos los campos del conocimiento. Incluye también la noción de que la formación de profesionales debe garantizar una excelente formación especializada en las disciplinas de cada carrera, pero también debe proveer una formación amplia, humanista y de compromiso social, para que las personas graduadas no solo desarrollen sus proyectos de vida individuales, sino que también estén comprometidas con una visión de sociedad en la que prive el bien común, la equidad y el respeto a la diversidad.

Las universidades deben fortalecer su papel como entes de reflexión crítica permanente, hacia adentro y hacia afuera, de manera que le ofrezcan a la sociedad insumos de análisis que permitan avanzar en la construcción de entornos marcados por el bienestar, la solidaridad y la equidad.

En otras palabras, y pese a los embates de diverso tipo, las universidades públicas tenemos la responsabilidad de mantener el ethos esencial que ha marcado nuestro desarrollo, lo cual incluye también una permanente actitud autocrítica con lo que hacemos y dejamos de hacer. Todo esto invita a promover y fortalecer procesos internos de reflexión y discusión en nuestras instituciones sobre cómo podemos mantener ese ethos y, a la vez, mejorar nuestro aporte a la sociedad”.

—Lo anterior también se acompaña de un enorme desafío sobre la visión del sector público, que suele verse como “uno naturalmente ineficiente”. ¿Ha influido esa creencia de ineficiencia del sector público en cómo hoy se percibe la educación superior pública nacional?

—JMGG: “Desde hace tiempo vivimos una campaña concertada de desprestigio del sector público, campaña en la que participan sectores mediáticos, dirigencias políticas y sectores económicos que apuestan por el debilitamiento de lo público. Estas campañas procuran hacer ver lo público como naturalmente corrupto e ineficiente y lo privado como eficiente.

Este tipo de falacias deben ser cuestionadas y desmentidas en lo que tienen de falsas. Costa Rica ha construido a lo largo de décadas una institucionalidad pública que, en medio de defectos, ha logrado generar un estado social de derecho y ha gestado una serie de consensos sociales que han permitido fortalecer el tejido social y el bienestar colectivo. Me refiero a las instituciones de educación pública, de salud pública, de energía y telecomunicaciones, etc.

Esta institucionalidad debe ser defendida y fortalecida a toda costa, pero lamentablemente lo que estamos viendo es un debilitamiento de dicha institucionalidad. Por supuesto que estas instituciones tienen defectos y estos deben ser corregidos con visión autocrítica y propuestas de mejoramiento. Pero esto no significa que no funcionen o que deban ser reducidas para abrir paso a la oferta privada de estos servicios.

La historia reciente nos muestra el impacto terrible que han tenido el debilitamiento del sector público en muchos países de nuestra región, lo cual debemos evitar en Costa Rica. Es curioso que, a nivel global, y luego del fracaso de las políticas neoliberales de desmembramiento del sector público, muchos países se estén ahora planteando un fortalecimiento de ese sector, en tanto en Costa Rica seguimos recitando recetas privatizantes que han mostrado ser muy lesivas en muchos contextos. La defensa de las instituciones públicas demanda procesos de concientización y movilización social e institucional. Que sean los amplios sectores sociales que se benefician de estas instituciones los que alcen la voz en su defensa y fortalecimiento”.

¿Nuevos tiempos?

—Ese último punto que acaba de mencionar es especialmente importante. En su libro usted puntualiza que es vital fortalecer y renovar la relación entre la universidad y diversos sectores de la sociedad no solo en formación, sino en acción social e investigación. Cuando usted habla de fortalecer, se puede inferir que en la actualidad esa relación está debilitada. ¿Estoy en lo correcto?

—JMGG: “Yo no creo que la relación de la UCR con la sociedad se haya debilitado. Por el contrario, pienso que la UCR tiene un fuerte vínculo con múltiples sectores de la sociedad y aporta al bienestar colectivo de múltiples maneras.

No es casual que la UCR obtenga altas puntuaciones en las encuestas de opinión que evalúan la percepción que tiene la sociedad sobre las instituciones. Eso es importante hacerlo ver y darlo a conocer. Sin embargo, eso no significa que nos debamos sentir satisfechos, todo lo contrario. Es necesario desarrollar espacios de reflexión permanente para preguntarnos cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo en docencia, en investigación y en acción social, cómo podemos elevar nuestros niveles de exigencia, cómo podemos responder a necesidades urgentes de los conglomerados sociales a los que nos debemos. Y ello exige acciones renovadas en este plano de relación con la sociedad.

Se ha comentado que la UCR participa mucho menos en los grandes debates nacionales. Por un lado, ello debe motivar reflexión sobre cómo podría nuestra institución tener una mayor incidencia en estos espacios. Pero debe también tenerse presente que los mismos sectores hegemónicos que han conducido y conducen las agendas políticas y económicas del país se encargan de desvalorizar las opiniones y los planteamientos que se generan desde la universidad. Debemos ser más proactivos en la búsqueda de interlocutores en la sociedad, no solo entre los sectores políticos, sino también entre amplios sectores sociales, comunitarios e institucionales. Pero el hecho de que haya mucho por mejorar en este aspecto no debe desmerecer lo que esta institución hace por el bien del país.

—¿Esa menor participación se podría relacionar con lo que usted luego menciona sobre el predominio de las agendas individuales sobre las colectivas? ¿Cómo influye esa “mezquindad” que usted menciona varias veces en su libro en ese debilitamiento institucional?

—JMGG: “La UCR es una institución heterogénea, en la que coexisten una amplia diversidad de visiones y perspectivas. Pienso que en nuestra institución se vive permanentemente una tensión entre lo que podríamos llamar, por un lado, agendas individuales y sectoriales y, por otro, agendas colectivas.

No cabe duda de que algunos valores entronizados por el pensamiento hegemónico, centrados en visiones de corte individualista, sectorial y mercantil, tienen asidero en determinados espacios de la universidad. Y se refleja, entre otras manifestaciones, en un desinterés por los temas generales de la institución y del país.

Al mismo tiempo, se gestan permanentemente espacios de exigencia académica y de compromiso social renovados, que procuran responder de manera solidaria a las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Debemos estar claros de que estos planos de tensión existen, para debatir sobre ellos e impulsar aquellas agendas de corte colectivo que buscan el mejoramiento continuo de nuestra contribución al país”.

—¿Y cómo lograrlo, Dr. Gutiérrez? Un aspecto que me llamó poderosamente la atención fue leer que la forma tradicional sobre cómo la academia se acerca a los sectores sociales “ha estado predominantemente marcada por el prurito de la superioridad y la verticalidad”. ¿Sería, entonces, empezar a ser más humildes?

—JMGG: “El fortalecimiento de los vínculos que las universidades tenemos con la sociedad representa un reto permanente, para buscar formas renovadas de interlocución con amplios sectores sociales, comunitarios, institucionales, empresariales, ambientalistas, cooperativos y de otro tipo.

En el meollo de esta interlocución con la sociedad debe estar la visión de que dicha interlocución debe ser dialógica, horizontal, mediante la cual los saberes generados en la universidad dialoguen con la multiplicidad de saberes y necesidades que surgen cotidianamente en la sociedad.

Tenemos mucho que aprender de nuestros contactos con el conglomerado social costarricense. Esta perspectiva dialógica busca superar las visiones de corte jerarquizante y asimétrico que impiden estos ricos intercambios. Por otra parte, esta interlocución debe estar centrada en una perspectiva solidaria, la cual se refleje en el compromiso de la institución con los sectores más desfavorecidos y vulnerables, aquellos que han sufrido las consecuencias de un modelo de desarrollo cargado de inequidad”.

—Hasta aquí queda claro que el intento por minar el estatus público de las instituciones ya sorprende por sí mismo. No obstante, hay un elemento todavía más impresionante que se destaca en su libro y es la actitud de indiferencia que se muestra en las comunidades universitarias. Para usted, ¿cómo se hace visible esa indiferencia y por qué se genera, don José María? ¿Qué se podría hacer para cambiarla? ¿Nos falta identidad hacia lo público?

—JMGG: “Esto es algo que nos debe preocupar y mucho. Al interior de nuestras universidades hay diversas reacciones ante estos embates contra la educación superior pública y la institucionalidad pública en general. Hay sectores en la universidad que no reaccionan ante este escenario adverso y actúan como si no fuera con ellos; pero también hay sectores que se preocupan y movilizan de diversas maneras.

Sin embargo, pienso que hay mucho menos debate y movilización de lo que se necesita en una coyuntura tan complicada como la actual; y me refiero no solo a las personas docentes, sino también a las y los estudiantes y a las personas del sector administrativo.

Creo que tanto las autoridades universitarias, las superiores y las de unidades académicas, así como la base misma universitaria, deberíamos estar gestando espacios de reflexión, análisis y movilización. Las asambleas de facultad y de escuela deberían ser foros de análisis permanente de la coyuntura actual, algo que no veo que ocurra. Esto debe cambiar. Y, como comunidad universitaria, deberíamos también estar muy atentos a los ataques que están sufriendo otros ámbitos de la institucionalidad pública, como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad y otros. Las universidades debemos gestar frentes comunes con estas instituciones en la defensa de lo público”.

Un entorno creativo

—Para ir cerrando, voy a pasar de página para preguntarle sobre los espacios de creatividad que usted menciona en su libro. ¿Por qué es importante que se empiecen a generar esos espacios de creatividad? ¿Cómo la UCR podría potenciar estos entornos y qué debe hacer?

—JMGG: “La universidad, como centro permanente de creación y de investigación, debe ser un espacio en el cual la creatividad sea un ingrediente fundamental, algo que permee todos los ámbitos de trabajo en docencia, investigación y acción social, así como en administración y vida estudiantil. Pero se percibe, en el devenir universitario, que los espacios de creación tienden a ser estrujados por dinámicas más de corte procedimental y administrativista.

La creatividad en el trabajo académico con frecuencia se ve frenada por una enorme cantidad de procedimientos y procesos de carácter administrativo que, lejos de favorecer lo académico, más bien lo inhiben. Lo procedimental tiende a ocupar espacios y tiempos que deberían ser llenados con trabajo creativo académico.

Esta tendencia hacia la burocratización debe ser combatida a todo nivel. Lo administrativo debe coadyuvar para que crezca la creatividad y los aspectos esenciales de una institución académica. Este problema debe ser discutido y enfrentado con políticas claras”.

—Con esto que plantea me recuerda lo que usted desde hace muchos años ha estado pensando. Específicamente, sobre cómo amalgamar el trabajo académico en la ciencia natural y biomédica con la participación en procesos de carácter social, político y creativo de manera que estas no sean dos esferas independientes. ¿Ya tiene una respuesta a esa inquietud? ¿Son esos espacios de creatividad una de las propuestas?

—JMGG: “La creatividad es un componente que debe abarcar todos los ámbitos del trabajo universitario, en la docencia, la investigación y la acción social. En todos estos espacios se requiere creatividad.

Ahora bien, esta creatividad debe también incluir esfuerzos por integrar de mejor manera estos tres ámbitos de acción académica universitaria. La docencia, la investigación y la acción social no deben transitar por caminos separados. Esto, lamentablemente, es muy frecuente, tanto en la administración superior como en las unidades académicas. Esta tendencia debe ser revertida mediante procesos que lleven a una integración genuina de estos tres pilares de acción.

La investigación debe alimentar tanto la docencia como la acción social. Esta, a su vez, debe proveer insumos que enriquezcan la investigación y la docencia. Y la docencia, especialmente a nivel de tesis de grado y posgrado, debe estar íntimamente vinculada con la generación de conocimiento mediante la investigación.

Por otra parte, ya en el ámbito de la investigación, debemos romper los compartimentos estancos en que muchas veces nos desenvolvemos para abrir espacios de acción inter- y trans-disciplinar, que permitan abordar temas de gran complejidad desde la perspectiva de un genuino respeto epistémico. Esto involucra un mayor acercamiento entre las ciencias naturales, las sociales, las tecnologías, las humanidades y el arte”.

—Finalmente, don José María, ¿cómo ve el futuro de las universidades públicas? ¿Serán universidades cooptadas por la lógica mercantil o, por el contrario, logrará preservar y enriquecer su misión y acción? ¿Qué elemento definirá su futuro?

—JMGG: “El futuro de las universidades públicas, tanto en Costa Rica como en el resto de América Latina, dependerá de las decisiones que tomemos como sociedades y como instituciones de educación superior. El futuro no está escrito, lo debemos escribir con nuestras acciones conscientes y concertadas.

De lo que se trata es de enriquecer el ethos que ha marcado a estas instituciones, centrado en la excelencia académica y la procura del bien común, en la formación de profesionales que sean, a la vez, competentes en sus disciplinas y personas con formación amplia, sentido crítico y compromiso social.

Debemos defender la autonomía universitaria y lo que esto representa, así como fortalecer entornos institucionales caracterizados por la creatividad, el compromiso, la exigencia permanente y la reflexión. Y debemos sumarnos a la multiplicidad de sectores que procuran construir entornos colectivos marcados por la equidad, la solidaridad y la dignidad para todas y todos. Lo que ocurra en nuestras sociedades y en nuestras universidades va a depender de los esfuerzos colectivos que podamos hacer en las décadas por venir”.

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Una razón instrumental perversa

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

A esta hora, en este escenario y con la clase de actores que tenemos en juego, ningún espacio está vacío, ningún discurso es neutral, no hay nada que no quede sujetado a la dinámica del poder y sus estrategias.

En un contexto de ataques gubernamentales groseros al arte, la cultura y la educación, mediadas por la ética del recorte y la inanición como lev motiv, un nuevo capítulo en una disputa ideológica y (esta vez y por una vez más) política, se ciñe sobre los cimientos del Conservatorio de Castella, institución Benemérita de la Patria y que este año 2023 cumple 70 años de creación.

La disputa no es solo semántica ni retórica. Es política, ética, de sentido. Representa dos modelos de sociedad, dos tesis, dos idearios. No son solo modelos figurativos y organizativos, no es solamente una Junta administrativa versus una fundación: es una matriz histórica de comprensión del funcionamiento de las dinámicas sociales y culturales.

Una tesis defiende los principios, el origen público de la institución y por consiguiente su naturaleza, enfoque y perspectiva incluyente. La otra argumentación se ampara en la dimensión privada, el valor de un bien como el arte en su escala absolutamente monetaria, la mercantilización de la estética como objetivo.

Una tensión no resuelta entre ambas tesis continúa hoy, ahora, del plano discursivo al jurídico, del institucional al político. En medio de la disputa que lleva ya varios años, sobresale el ideario cuya visión defiende la posesión de los bienes patrimoniales del colegio como idea fuerza. Para esta visión, hasta el escudo pareciera adquirir valor de cambio, restándole su significado simbólico como icono representativo de la expresión del arte universal.

En su propuesta analítica acerca de la razón instrumental Max Horkheimer lo define como aquel razonamiento lógico utilizado para obtener un beneficio propio y particular. En este caso se adivina la perversión de la propuesta; una razón instrumental maniquea.

Los argumentos esgrimidos sobre el resguardo de un legado histórico, sus bienes y su significado amparado en la supuesta idea de un bien común deben ser falseados. Cualquier tesis acerca de la naturaleza privada del Conservatorio de Castella debe cuestionarse. Así lo indicó un histórico fallo de la sala constitucional en 2001. A ese fallo debemos remitirnos.

Cada vez que la tesis economicista argumenta su propiedad sobre los bienes patrimoniales y aun sustantivos de la institución debemos hacernos y hacerle algunos cuestionamientos:

¿Quién garantiza que tras la supuesta protección privada de los bienes patrimoniales del Conservatorio Castella, no se esconde una figura de voracidad empresarial dispuesta a disolver la esencia del legado del maestro Arnoldo Herrera González? ¿Quién o quiénes, con qué capital y donde se originó el mismo, están tras esta propuesta? ¿Existe articulación orgánica entre esta entidad de naturaleza privada y algunos mandos con injerencia en ministerios del actual gobierno? ¿Cuáles son sus intenciones?

No es menor que esta disputa se desarrolle justamente en un momento histórico donde la hipótesis sobre el valor subsidiario del arte y la cultura ha ganado espacio y legitimación en la opinión pública.

Muchas veces sobre este tema me he preguntado si quedarme al margen mientras otros se zanjan en la lucha por la defensa de los principios públicos y horizontales que fueron la declaración de principios con los que se creó el Castella. Ahora no me lo pregunto: acciono y aporto como sociólogo, comunicador, artista, docente surgido de las entrañas de esta emblemática institución costarricense. Esta institución me dio lo que soy: le debo por ejemplo el Premio Nacional en Literatura en la rama de ensayo sobre las movilidades humanas en 2019. Desde este lugar de reconocimiento hablo.

Los argumentos están expuestos. Al Teatro Arnoldo Herrera González hay que devolverle su garbo, su color original, su significado. No hay que pasarle candado ni mucho menos pensarlo en un futuro como meca del mercado más ambicioso y descarnado. Si eso ocurriera, habríamos enterrado el legado impulsado por el benefactor Millet de Castella y el maestro Herrera.

Una vez en el colegio en sus instalaciones históricas en Barreal de Heredia, Don Arnoldo detuvo a mis padres para sugerirles que me compraran libros, ya que el pensaba que yo me dedicaría a la escritura. Tenía yo 7 años. Esta impronta previsora que todavía nos alcanza es la que hay que defender con pasión y razonamiento. Restarle a esa perversa razón instrumental economicista y minimalista el poder que se ha otorgado a sí misma.

Ponerla en su lugar.

El menosprecio a la cultura

Alberto Salom Echeverría

“La cultura es un componente decisivo para la consolidación

de una sociedad tolerante y capaz de vivir en armonía”.

Dr. Ramón Rivas.

“Quiero escribir para aquéllos que quieren tener una relación

viva con su cultura. Muchas veces el conocimiento se ha visto

encorsetado por fórmulas y barreras, y se ha alejado de su labor más útil,

que es enriquecer nuestras vidas y ayudar a conocernos mejor”.

“Parafraseo al escritor Dietrich Schwanitz.”

En el tercer gobierno del Benemérito José Figueres Ferrer (1970-1974), merced al protagonismo, entre otros, de un gran hombre de las letras Patrias y de la cultura nacional, Alberto Cañas Escalante, se fundó el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. Además, Alberto Cañas se convertiría en el primer ministro de esta nueva cartera. Aquel fue un enorme estímulo para impulsar verdaderas políticas públicas nacionales de cultura. De esta manera, se llenó un gran vacío, porque, aunque Costa Rica ya por entonces se caracterizaba por tener un importante bagaje cultural, con la creación del Ministerio de Cultura se produjo un salto cualitativo, haciendo que la obra cultural no fuera solamente la ocurrencia de algunas personas, sino que se creó el marco apropiado para un desarrollo institucional que involucrara a todo el Estado.

No obstante, los muchos éxitos plasmados desde entonces, como son: la fundación del Archivo Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro, de la Compañía Nacional de Danza, la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, el enorme realce que adquirió la política de premios nacionales, todavía la cultura sigue viéndose como un “adendum”, una coletilla en el entramado institucional del país.

Ese punto alto que se alcanzó con la creación del Ministerio de Cultura, pese a sus hazañas, se fue desmoronando de a poco, por esa manía de la élite política de ver la realidad en parcelas: por aquí Hacienda, reputada por ser lo más importante, por aquello de que ciertamente ‘no se puede hacer chocolate sin cacao’ (aunque es muy frecuente que, habiendo cacao no aparezca el chocolate por ningún resquicio de la Costa Rica); por allá, ahora parece que muy allá, educación que aunque le ha dado tanto brillo a este país, resulta que alguien apagó la luz del cuarto, hará un cuarto de siglo y algunos no se habían dado ni cuenta de que eso hubiera ocurrido; por acullá seguridad pública, que don Pepe en alguna ocasión llamó Ministerio de Inseguridad Pública, delante del propio ministro que, algunos decían que le serruchaba el piso (de ese cuarto), y, después de eso se nos fue metiendo como por la cocina de la desvencijada casa, algo que estaba cantado con suficiente antelación que ocurriría, porque andaba rondando por todo el vecindario, el narco con tráfico incluido para que no lo pudieran parar que, creó enseguida y sin dilación una cadena de distribución de la droga a granel dentro del país, mientras se organizó debidamente para encadenarse con la sarta de delincuentes, asesinos de toda laya, que tenían muy claro el destino final del gran negocio, el norte-norte, adonde los esperaba y los espera todavía, la gran mafia de todas las mafias de la droga, parcialmente protegida por parte del Ministerio de Injusticia del ‘más allá’, porque desde ahí, hace mucho, haciendo alarde justamente de la injusticia consumada se logró que, las miradas y el dedo acusador estratégicamente apunten al sur, donde ‘la maligna’ se produce y de donde sale en tropel, pero para que se consuma en abundancia en la ‘Tierra del más allá’ y ‘allende los mares’, porque en toda esa extensión es donde está el gran negocio. ¿Habrá por ventura una visión parcelada más fragmentaria de la realidad?

Imaginemos ahora ¿en qué sitio está alojada la cultura dentro de esta imaginación elitista, e inclusive en cuál recóndito lugar del cerebro del pueblo se encuentra, puesto que la ideología popular está permeada como por ‘arte de birlibirloque’ por la dominación que las mismas élites ejercen sobre las masas? Vistas las cosas así, la cultura nacional, en lugar de ser entendida como una expresión de nuestra existencia, de la convivencia de las clases, segmentos y capas que interactúan y conforman el gran todo social, es concebida como algo residual y prescindible.

Esta visión del mundo en parcelas fragmentadas que es parte de la ideología dominante nos ha ocasionado un enorme daño, y lo sigue causando. Nuestra identidad está desintegrada por lo que no hemos podido hasta ahora diseñar una estrategia de desarrollo comprensiva de la realidad.

En este contexto, el presidente Chaves, ha querido sacar ventaja casualmente de la pobre visión dominante que él comparte, de esa realidad fragmentada y fragmentaria, en la que la concepción de cultura es menospreciada y relegada, por lo que termina de sellar una propuesta de desarrollo decadente destinada al fracaso. Ante la necesidad de recaudar recursos por todas partes, se ha sacado de la manga un argumento típicamente economicista como es que: “Hay programas que el año pasado dejaron un montón de plata sin usar.” Y agregó: “…Costa Rica debe continuar por la senda de la disciplina fiscal, a la vez que no se justifica presupuestar dinero que no se utiliza.” (Cfr. Arrieta, Esteban. “Rodrigo Chaves sobre recorte de 4.000 millones (de colones) en Cultura…” La República.net, martes 16 de mayo, 2023).

Si bien es justo tener una visión de disciplina fiscal y eficiencia en la ejecución de los recursos públicos, en primer lugar, esa disciplina fiscal debe aplicarse a todos los sectores por igual. En segundo lugar, como dicen los abogados, ‘nadie puede pretender sacar provecho de su propio dolo’. Han sido sus propios funcionarios, comenzando por la ministra Nayuribe Guadamuz, quienes siguiendo errores que vienen del pasado, administran los recursos con ligereza y falta de voluntad para ejecutarlos. En la jerga popular se dice, es el ‘perro mordiéndose la cola’. Se le quitan los recursos porque los ejecutan mal, pero la mala ejecución proviene a la vez de funcionarios que carecen de una visión integral e integradora del papel que debe jugar la cultura en el desarrollo de una sociedad y en el bienestar y buen vivir de las personas. Más grave aún es que el presidente adolece de esa misma carencia, por lo tanto, es inútil pensar que la presidencia de la República pueda ser el promotor de un cambio en la visión y concepción de la cultura. Más bien parece ser el que promueve el empobrecimiento cultural.

¿Cómo acometer desde esa postura, el rescate y la plena integración de la cultura de los pueblos originarios en el conjunto de la sociedad costarricense? ¿Cómo desde esa perspectiva se podrá acometer una tarea que es compleja como la de enfrentar el racismo que padece una buena parte de la sociedad, suficiente como para decir que en realidad lo padece la sociedad? ¿Cómo enfrentar la desigualdad de géneros, que constantemente se manifiesta en distintas facetas de la cotidianidad, y el machismo, y la violencia contra la mujer? ¿De qué manera se puede realzar el papel de las regiones de la periferia tan disminuidas frente a la preeminente acción cultural de las poblaciones de la región central del país? Valga decir, ¿cómo llevar adelante un proceso de descentralización y de integración de las regiones, para que se valoren en toda su dimensión como parte de un todo social? ¿Y en qué forma, sin una visión humanista de la cultura se podrá enfrentar la odiosa e ilegal discriminación de las minorías por razones de orientación sexual? ¿Cómo dar más relevancia a las personas con discapacidad ante las innegables barreras arquitectónicas, los prejuicios que les impiden integrarse a los mercados laborales y hasta a la misma educación? ¿Será posible en estas pobres visiones impulsar un plan humanitario que permita integrar a las poblaciones migrantes? Finalmente ¿Cómo lograr la dignificación de los artistas?

Todas estas son tareas propias de un verdadero Ministerio de Cultura en el país, donde la cultura sea considerada tal como lo pregona el Dr. Ramón Rivas, especialista en antropología cultural y ex ministro de Cultura del Salvador, como: “…la fuerza viva, creativa y colectiva del país; [que] aporta sentido y contenido a las prácticas sociales y a las obras materiales y simbólicas que se construyen, y ofrece un amplio abanico de posibilidades y capacidades para impulsar la transformación integral de la sociedad. Esta política del Gobierno busca, entre otras cosas, que la población asuma la cultura como un derecho, como un factor inherente y un pilar fundamental del buen vivir”. -Y, luego continúa diciendo el Dr. Rivas- “Nos referimos a algo más amplio: a la cultura como acción viva y participativa; a la construcción de valores en contraposición de los antivalores que tanto daño hacen al buen vivir. La cultura es un componente decisivo para la consolidación de una sociedad tolerante y capaz de convivir en armonía.” (Cfr. Rivas, Ramón. “La Cultura Factor Determinante del Desarrollo Humano.” Revista Entorno, abril, 2015, número 58. San Salvador, El Salvador.)

Esta visión de la cultura y las tareas señaladas para un Ministerio de Cultura contrasta abismalmente tanto con la teoría como con las prácticas principalmente del gobierno actual. Por lo consiguiente estamos todos impelidos no solo a defender el Ministerio de Cultura tal cual es hoy, sino a emprender una lucha en todos los sectores de la sociedad, una gran batalla cultural, que nos permita un rediseño de las políticas públicas del sector, para generar nuevas políticas públicas y prácticas sociales que posibiliten un segundo salto de calidad en la cultura nacional, acorde con las tareas del desarrollo integral y sostenible que nuestro país requiere.

Trabajo de los cuidados, uso del tiempo y políticas públicas

El 24 de mayo WebTV transmitió en vivo el taller sobre el trabajo de los cuidados, el uso del tiempo y la corporeidad de este. Esta actividad se realizó como pre encuentro del Tercer Encuentro Global sobre los Trabajos de los Cuidados que se celebrará del 7 al 9 de junio en la Universidad de Costa Rica.

El taller estuvo a cargo de la Dra. Ana Lucía Fernández (UNED), M.Sc. Irma Sandoval (UNA), la Dra. Nancy Piedra (UCR) y la M.Sc. Adriana Monge (UCR).

Compartimos el video del taller:

Conversatorio. Salario global en la UCR: implicaciones y alternativas

El Instituto de Investigaciones Sociales le invita a participar en el conversatorio: “Salario global en la UCR: implicaciones y alternativas”, que se llevará a cabo el 31 de mayo a las 4:00 p.m. en bimodal, en la Sala de Audiovisuales IIS UCR.

El conversatorio cuenta con la participación de Luis Ángel Oviedo Carballo del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas; Juan Armando Navarro Martínez, abogado coordinador de asesoría legal, SINDEU; y Mario Alberto Villalobos Arias, docente, Escuela de Matemáticas, UCR.

Para obtener más información diríjase al siguiente correo: jose.llagunothomas@ucr.ac.cr

 

Imagen ilustrativa.

¿De qué manera la memoria histórica garantiza la supervivencia de la cultura de los pueblos?

El día 23 de mayo La Mesa Redonda con Sergio Marin Cornavaca transmitió en vivo el conversatorio con el historiador costarricense Vladimir de la Cruz ¿De qué manera la memoria histórica garantiza la supervivencia de la cultura de los pueblos?

Los panelistas hacen una reflexión sobre la identidad nacional y la consciencia social para generar análisis crítico y construcción social donde se rescate el legado cultural, integrando las diferentes unidades de identidad regionales que forma una cultura nacional y que crea ese sentimiento de pertenencia nacional.

Para escuchar la mesa redonda ingrese al siguiente enlace: https://fb.watch/kI_En2-kRq/

Liderazgos y participación comunal: Desafíos democráticos para Limón

Observatorio de Bienes Comunes

Entre el 14 de abril al  12 de mayo del 2023 compartimos con diversas compañeras y compañeros de asociaciones de Desarrollo del cantón de Limón en el salón Comunal del Barrio los Cocos para reflexionar sobre los desafíos que representan los liderazgos y la participación comunal  en la construcción democrática de nuestras comunidades.

Les compartimos los materiales que estuvimos dessarrollando durante este proceso, así como las prinpales reflexiones que enriquecieron nuestros intercambios.

A partir de los intercambios entre las personas participantes construimos diversos aprendizajes, sin embargo uno de ellos marcó nuestra experiencia, la participación es díficil, normalmente no estamos preparados para su profundización, sin embargo a partir de nuestras iniciativas comprendimos que más que un hecho dado, la participación es una búsqueda constante de la coherencia por encontrar el interés común.

Nuestro boletín

En esta primera sesión reflexionamos sobre ¿Qué entendemos por un liderazgo limonenense? Ante esta provocación se destacó la importancia que tiene como líderes y lideresas abordar las situaciones que se presentan en la comunidad, y no hacernos indiferentes a las tensiones que se presentan simulando que no está pasando o ignorando a las personas que lo plantean, sino más bien articular los espacios y condiciones en nuestra comunidad para abordar las temáticas y construir junto a las personas las mejores estrategias para abordar esas situaciones.
También, dentro de la discusión que tuvimos, se rescato lo importante que tiene estar atentos y atentas a los diversos avances que como comunidad tenemos, normalmente nos reunimos sólo para quejarnos y decir lo que está mal.
Sin embargo, es importante también rescatar las cosas que se han venido trabajando, el simple hecho que tengamos espacios para la queja, son ejemplos de fortalezas en nuestro proceso organizativo que debemos recalcar, entre otros.

Pueden descargar el boletín aquí.

En esta segunda sesión reflexionamos sobre las prácticas que acompañan esos liderazgos limonenses, y cómo estas pueden potenciar o limitar la participación de las personas que viven en nuestras comunidades. Un principal aporte que desarrollamos es que un liderezgo implica que quien lo asume también es una persona educadora, es así que por esta razón una tarea principal es hacer conciencia de las problemáticas comunes que nos aquejan, pero también contribuir a la organización para abordarla.
A partir de esto, es importante reconocer que ninguna problemática puede ser vista como menos. Esta idea debemos rescatarla para comprender la importancia de generar procesos participativos en nuestras comunidades. Estos procesos se caracterizan precisamente por el involucramiento e incidencia de las personas en los espacios de toma de decisión, pero también de acción.
Por esta razón, es parte del compromiso de nuestros procesos, tender puentes que permitan el involucramiento real y gestión de las inquietudes de las personas que habitan en nuestras comunidades.

Pueden descargar el boletín aquí.

En nuestra tercera sesión nos cuestionamos ¿Cómo definimos las prioridades de nuestro plan de trabajo? Esta pregunta es fundamental, ya que su respuesta nos revela que tan democráticas son nuestras prácticas. Debemos generar espacios creativos para recolectar la mayor cantidad de impresiones que tenga nuestra comunidad, para así poder trabajar a partir de las situaciones y percepciones que conviven en nuestra entorno.
Debemos tener presente que no podemos hacer todo solos o solas, es así que debemos abrir espacios de articulación con las diversas personas e instituciones que están vinculadas a nuestra comunidad en torno a las problemáticas y situaciones que queremos abordar.
Tener en cuenta y vincular las diversas capacidades presentes en nuestra comunidad, nos ayuda a planificar mejor las tareas y crear rutas de acción a partir de la colaboración comunal, partiendo de los intereses y capacidades locales.

Pueden descargar el boletín aquí.

Este video comparte algunas de las reflexiones que nos dejó el proceso de reflexión «Liderazgos y Participación Comunal» que desarrollamos entre el 14 de abril al 12 de mayo. Durante este proceso conversamos sobre la importancia de la participación comunal para la profundización democrática de nuestras comunidades y los desafíos que representa en el contexto limonense.

Sentires y Saberes

Conversamos con Marcia Bennett trabajadora de DINADECO en Limón y reflexionamos sobre ¿Qué está pasando en Limón en torno a la participación comunal? y ¿qué desafíos tiene de cara a la profundización democrática desde las comunidades?

Para escuchar el programa, ingrese en este enlace

Franz Tathenbach responsable de recorte en MINAE y de “anti-inversión” en materia de conservación

  • Contraloría General de la República señala tendencia de anti-inversión y desmantelamiento internacional

  • SINAC tendrá recortes en contratación de personal y el país dejará de pagar membresías en instancias climáticas internacionales

Comunicado Bloque Verde / FECON.

Alarmante es la propuesta presupuestaria del gobierno de Rodrigo Chaves para el año que sigue. El ministro Franz Tatenbach es artífice y cómplice del desmantelamiento de la institucionalidad ambiental costarricense, el jerarca será recordado como el que le dio el tiro de gracias a las áreas de conservación.

Según al Contraloría General de la República en su informe DFOE-SOS-MTR-00004-2022 para el 2023 el presupuesto inicial del MINAE se reduce en ¢711,6 millones con respecto al periodo 2022. Las partidas de gasto que presentan las mayores disminuciones entre 2022 y 2023 son las de transferencias corrientes y bienes duraderos, con -26,0% y -4,3% respectivamente.

Es además llamativo y preocupante que el Proyecto de Ley de Presupuesto no contemple el pago de varias membresías tales como la de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNCMCC), Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Poniendo en riesgo nuevamente el poco liderazgo ambiental internacional que le puede quedar a este país.

Aunque la tendencia de des-inversión tiene ya varios años la CGR señala intención de “anti-inversión”. Las asignaciones presupuestarias para bienes duraderos en el MINAE presentan una reducción a nivel global por segundo año consecutivo del orden del 40% entre 2021 y 2022 y de 4,2% entre los años 2022 y 2023, lo que sugiere una tendencia anti inversión. La CGR señala que para 2023 se presenta un decrecimiento en bienes duraderos para 5 programas presupuestaros, siendo la Dirección de Aguas y FONAFIFO los que presentan mayores reducciones nominales. A su vez, para los casos de CONAGEBIO y Dirección de Aguas sucede por segundo año consecutivo. Asimismo, en tres de los programas presupuestarios no se incluyen recursos para “bienes duraderos” el Tribunal Ambiental Administrativo, Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y Regulación, Control y Fiscalización de Energía. Lo que reafirma la tendencia de des-inversión y desmantelamiento institucional llevada a cabo por Franz Tatenbach.

La CGR advierte que “las asignaciones presupuestarias para bienes duraderos en el MINAE presentan una reducción a nivel global por segundo año consecutivo, lo que sugiere una tendencia anti-inversión. Para 2023 decrece esta partida en 5 programas presupuestarios y en otros 3 no se incluye este gasto”.

Impuesto a sillas de ruedas y otros implementos médicos elevaría la pobreza

Federico Montero Mejía

La intención del gobierno de gravar con un 2% de impuesto a las sillas de ruedas y otros productos de asistencia, refleja desconocimiento acerca de la situación socio-económica de las personas que las requieren, así como de las recientes recomendaciones Mundial de la Salud (OMS) relacionadas con el tema.

De acuerdo con la OMS, los Productos de Asistencia sirven para mantener o mejorar la autonomía de una persona y su capacidad para movilizarse, con lo que promueven su bienestar y la seguridad. Incluyen entre muchos otros: audífonos, sillas de ruedas, dispositivos para la comunicación, gafas, prótesis, pastilleros y recordatorios. Se trata de artículos que son utilizados por personas de todas las edades, quienes presentan alteraciones en alguna de sus funciones corporales, desde muy leves hasta muy severas.

Abunda la información basada en evidencias, de muchas agencias internacionales, sobre el hecho de que las personas con discapacidad están entre las más pobres de las pobres. Desde el 2011 el Informe Mundial sobre Discapacidad (OMS-BM) consigna esa estrecha relación entre la discapacidad y la pobreza.

La pobreza es la principal causa de la discapacidad, y una vez que una persona adquiere una discapacidad, o en una familia hay una persona con esa condición, la pobreza aumenta sustancialmente.

La pandemia que hemos vivido, con dolores y angustias, ha provocado un aumento muy significativo de la pobreza y de la pobreza extrema en el mundo entero, y las personas con limitaciones funcionales de todo tipo han sido uno de los sectores de la sociedad más severamente afectados.

Contra el aumento de los costos de los productos de asistencia como resultado del pretendido impuesto nos mantendremos firmes.

La propuesta del gobierno evidencia el desconocimiento absoluto acerca de para quiénes y para qué, son requerido dichos productos. Además de que no son exclusivos para la rehabilitación, son requeridos por muchas personas que en el mundo en general, y en nuestro país en particular, presentan limitaciones funcionales. De acuerdo con un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista The Lancet en el 2019, a nivel global 2.400 millones de personas tuvieron condiciones que les exigiría el uso de productos de asistencia. Esto representa un incremento de un 63% de 1990 al 2019.

En el reciente lanzamiento del Reporte Global sobre Tecnología de Asistencia (OMS-UNICEF), el director general de la OMS, expresa que: “La tecnología de asistencia cambia la vida: abre la puerta a la educación para niños con discapacidad, el empleo y la interacción social para adultos que viven con discapacidad, y una vida independiente y digna para las personas mayores”.

Obviamente el aumento en el costo de estos recursos como lo pretende el gobierno contribuiría no solo a exacerbar un alza de la pobreza, sino también el aislamiento social de muchas personas, con las consecuencias que esto conlleva: complicaciones que aumentarían la demanda de los servicios de salud y consecuentemente mayores gastos por parte de ese sector, y mayor daño a la salud física y mental de muchas personas y familias, entre otros.

También constituye una clara violación a los derechos de las personas e incumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país ha ratificado mediante la Ley número 8661.

¿Ignora el gobierno los compromisos internacionales adquiridos por nuestro Estado? Ignora la existencia de la Ley 8661?. Todo indica que sí.

Con mucha vergüenza, constatamos como costarricenses que estas decisiones del gobierno que afectan la salud y la integración social de muchas personas se pondrán en evidencia en todas las denuncias que se expondrán en los informes de las agencias internacionales.

Con planteamientos como este, el gobierno de la República suma otro agravante al estado de segregación y pobreza de muchos de sus habitantes y viola principios y derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la libre movilización, al trabajo y a la educación, entre muchos otros. Y todo ello, no solo como consecuencia de su descontrolado e inhumano afán por recaudar fondos a como dé lugar. Peor aún: el gobierno hace caso omiso de los acuerdos sobre derechos humanos que nuestro país ha asumido como propios, y que todos tenemos la obligación de respetar y cumplir.

 

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