Autor: María José Ferlini Cartín

Ante la ciudadanía denuncio

Escrito en 21/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Francisco Campos

Abril 18 del 2023

En ocasiones anteriores hemos planteado que la Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica No.7554 del 04/10/1995, se promulgó en un contexto mundial caracterizado por efectivos y trascendentes avances en cuanto a legislación ambiental; entre otros aspectos gracias a las motivaciones generadas por la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. “Un esfuerzo masivo por reconciliar el impacto de las actividades socio-económicas humanas con el medio ambiente^1,2”. Obviamente no fue un hecho más del optimismo ambiental del momento, tomando en consideración por ejemplo que, le precedió el proyecto legislativo que representó la trigésima novena reforma de la Constitución Política vigente; propuesta en 1988³ con el objetivo de reformar su Artículo 50, finalmente sancionado como la Ley No. 7412 del 24 de mayo de 1994. La cual, estableció el derecho de todo habitante de este país a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, la obligación del Estado a velar por la protección y conservación del ambiente, elevado a rango Constitucional en justa coherencia con los principios 15 y 17 de la Declaración de Río 1992⁴.

Pero esa progresividad del bloque normativo ambiental no se detuvo con la puesta en vigencia de ambas leyes, casi en lo inmediato también se aprobaron y publicaron la Ley Forestal No. 7575 del 16/04/1996, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos No. 7779 del 21/05/1998 y Ley de Biodiversidad No. 7788 del 27/05/1998. En resumen, un bloque de Constitucionalidad y Legalidad, claramente consistente con principios ambientales y de derechos humanos a fin de proteger ampliamente el ambiente, y el deber de emprender una evaluación ambiental como instrumento nacional de aplicación obligatoria sobre cualquier propuesta de desarrollo de posible impacto negativo sobre el ambiente⁵. Claro está y vale decir que, no son las únicas, ya que, por ejemplo, otras leyes conexas como la Ley de Planificación Urbana No. 4240 del 15/11/1968 y la Ley General de Salud No. 5395 del 30/10/1973 son pilares de gran contribución al respecto.

Sin embargo, y a pesar de que los hechos descritos, tanto por su trascendencia como por el tiempo en que sucedieron determinaron una época álgida en la historia ambiental jurídico-política del país, la reglamentación y aplicación de lo legislado en materia de Evaluación Ambiental durante los años siguientes, no ha contado con mayor o similar respaldo por parte de las autoridades estatales. Tampoco y mucho menos de los grupos del poder económico, cuyas influencias en las políticas públicas han sido y son determinantes en el estancamiento y/o retrocesos. Es más, en las últimas cuatro administraciones gubernamentales incluyendo las aciagas acciones de la actual, se observa una involución cínica e inmoral; pues la propaganda oficial, no cesa ni escatima gastos para así divulgar dentro y fuera del país que, Costa Rica es líder mundial en la conservación y protección de la naturaleza y el desarrollo ambientalmente sostenible. Sin dejar atrás que, en la práctica las mismas autoridades, además de que administran con deficiencia y casi nula transparencia instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (el ente Rector de la EIA)^6,7,8; también ejecutan una derogación paulatina y recientemente abrupta de los requerimientos técnicos y legales establecidos mediante el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental y sus Manuales Técnicos. Requerimientos a los que impúdicamente denominan “cuellos de botella”, señalados por el empresariado privado para ser eliminados por el gobierno⁹. Gratuita y tendenciosa concesión contra una reglamentación que, aunque todavía parcial del contenido total de la Ley No. 7554, con amplia participación ciudadana, técnica y científica, se había logrado consolidar entre los años 2004 y 2007 inclusive, mediante la siguiente seguidilla de decretos ejecutivos: 31.849 (28/06/2004), 32.079 (05/11/2004), 32.711 (24/10/2005), 32.712 (18/11/2005), 32.966 (04/05/2006), 32967 (04/05/2006) y 33.959 (19/12/2007)¹⁰.

Nótese que, indicamos reglamentación parcial de dicha Ley además de paulatina, lo cual, si a esta característica se recalca de que, el proceso de implementación duró más de diez años en quedar vigente y no obstante que, la misma ley contempla en su artículo 117 el deber de cumplirlo en plazo de tres meses al promulgarse la ley; son indicadores de que existió un deliberado atraso en procurar la efectiva aplicación de los principios que contempla. Por consiguiente, ésta es una prueba fiel del modelo de desarrollo excluyente de la variable ambiental que ha interesado por parte de los grupos oligárquicos (empresariado privado) en contubernio con las autoridades de gobierno y en ciertos momentos otras entidades como el CFIA y colegio de Geólogos de C. R. Para ellos, las riquezas naturales y el medio ambiente en general, valen mientras estén a expensas del neoestractivismo, enemigo natural de la evaluación de impacto ambiental y el desarrollo ambientalmente sostenible. Nada extraño resulta que, hoy día a los geólogos agremiados a dicho colegio, los preside un renombrado consultor ambiental, con amplia carrera sobre la SETENA e Industrias Infinito¹¹.

Otra prueba de esa connivencia en la “democrática, abanderada de derechos humanos, campeona del ambiente y pacífica Costa Rica”; es su campaña sistemática contra la ratificación del Acuerdo de Escazú^12,13,14. Un Tratado “visionario y sin precedentes”, el cual, “incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones”. Es ampliamente conocido que, con este Acuerdo se persigue la aplicación plena del Principio 10 de la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe” de la cual somos signatarios. Es decir, la obstinación de estos grupos dominantes del poder económico político de Costa Rica, la cual es a la vez violenta; hasta hoy no sólo es real y evidente que actúa contra el ya firmado Acuerdo de Escazú, sino contra la Declaración de Río y la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues el viraje en la política ambiental de Costa Rica entre el Pacto de San José y el Acuerdo de Escazú, ahora liderado por el presidente de la República Rodrigo Chaves Robles¹⁵, si algo logra con creces, es exponer al país al desprestigio internacional; en tanto las dañinas prácticas a que da lugar su política ambiental, son noticias que cada vez con más frecuencia circulan por el mundo a través de diferentes medios¹⁶.

Por consiguiente y en ese orden, es honrado preguntamos con qué respaldo moral y ético desde su país de origen por parte de autoridades y actores afines, dispone el Dr. José Manuel Salazar Xirinach, quien asumió el desafío de cumplir cabalmente la función para la que fue nombrado como Secretario Ejecutivo de la CEPAL a la vez que, le correspondió también asumir la Secretaría de dicho Acuerdo, según lo dispone su propio Artículo No. 17. Especialmente si se tiene en cuenta que, una de sus obligaciones en el doble puesto, es la continuidad de los esfuerzos y acciones necesarias por parte de sus representadas para la incorporación plena al Tratado de todos los países de la Región de América Latina y el Caribe que faltan. Efectivo compromiso que Costa Rica con otros liderazgos políticos de gobierno, desde el año 2012 en la Conferencia Río+20, había asumido junto a Chile, hasta la adopción del texto del Acuerdo por los países que así lo dispusieron el día cuatro de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú¹⁷.

Es claro que, el siguiente paso de esa adopción por parte de nuestro país, consistió en la firma del Tratado en la sede de la ONU el día 27 de setiembre del mismo año. Sin embargo, si bien el primero de febrero del 2019 inició el trámite de ratificación por parte del Parlamento, y con la aprobación en primer debate (13 de febrero 2020) el compromiso costarricense se mostraba aparentemente sólido e invariable con el respaldo unánime de los parlamentarios presentes; es a partir de ese momento que la situación empezó un cambio radical. Una virulenta campaña de desinformación contra este Acuerdo por parte de diferentes cámaras empresariales y otras acciones como el lobby legislativo, rápidamente surtieron efectos en los tres poderes de la República, dejando como primera o principal evidencia, cómo y quién gobierna en este país. Los pronunciamientos o manifestaciones de la ciudadanía y organizaciones civiles como las Universidades públicas y organismos internacionales (ONU, CEPAL, OCDE, PNUMA) a favor del acuerdo, siguen ignorados.

Para colmo de males, con el nuevo gobierno (2022-2026), ese poder e intereses empresariales y corporativos se acabaron de consolidar. Por ejemplo: a) la campaña contra el Acuerdo no ha cesado, inclusive con actores desde el mismo parlamento, desde donde un hereje y protestante diputado (supuesto representante del pueblo), no ha tenido empacho en declarar públicamente de que se trata de un “instrumento de comunistas¹⁸; b) el primero de febrero de este año 2023, la Asamblea legislativa nuevamente sometió a votación el proyecto pero para archivarlo (enterrarlo han dicho algunos medios), negándole la posibilidad hasta de mantenerlo en la corriente legislativa para que en algún momento posterior se le pudiera dar continuidad; así lo dispusieron 41 diputados de los 57 que integran esta Asamblea¹⁹; c) El presidente Rodrigo Chaves Robles y su ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach Capra, son opositores confesos del Tratado²⁰, y por ende a la ONU-CEPAL y la Corte IDH.

Llama la atención de que, la Indecorosa conducta de Costa Rica fue en su momento acompañada por el otro protagonista inicial (Chile), y a ellos, también se sumaron otros como el gobierno y empresarios colombianos; peruanos y paraguayos. Pero para bien de la Región, nuevos gobiernos en Chile y Colombia, con respecto al proceso de ratificación del Acuerdo, ya rectificaron el triste papel de sus antecesores, y para la satisfacción de sus naciones, ostentan el título de Estados Parte²¹. Mientras Costa Rica, prácticamente quedó sola en su traicionera postura desde la cintura del continente, donde de las cinco naciones, el único Estado Parte del Tratado es la Nicaragua sandinista que, sin reparos fue de los primeros en la ratificación correspondiente por parte de su gobierno, no obstante ser insistentemente vilipendiados hasta por los gobiernos y empresarios costarricenses.

Y volviendo al tema de la Reglamentación de Impacto Ambiental, desde el día 8 de febrero 2023 según divulgaciones de gobierno, la ciudadanía costarricense y por ende los defensores activos del medio ambiente, quedamos a la espera de la publicación oficial de la normativa titulada “Nuevo Reglamento General de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental”; acción derogatoria del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”. Como puede observarse, en la nueva titulación sobre lo que supuestamente involucra el mismo tema, es significativo determinar la suplantación específica del concepto Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Además, sobre el objetivo que persigue esta nueva normativa, sin duda que también es relevante la carencia de sustentación técnica-científica en las alocuciones del presidente y ministro del MINAE, al haber declarado conjuntamente: “Estamos muy, muy contentos en el Minae con este logro. Es una reforma de fondo” al “manual de tortura de la santa inquisición. Era un atraso para el emprendimiento^22,23”. Primero que no se trata de un simple manual, sino un Reglamento General, el cual, una parte sustantiva del mismo lo conforma un Manual de Procedimientos Técnicos. A la vez, aunque el ministro hable de “reforma de fondo”, lo cierto es que el Artículo No. 101 plantea: “– Derogaciones. Deróguese los Decretos Ejecutivos números 31849 –MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004 “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y sus reformas…”.

De principio a fin, el nuevo reglamento que mantienen firmado y que tampoco es el mismo que firmó en su momento el expresidente Solís y sus ministros de turno (41139 del 03/05/2018) con similares intensiones; no da margen a ninguna duda de que, fueron las cámaras empresariales las que lo elaboraron, pero sin contemplar siquiera el deber de la sustentación técnica. De manera que por la preponderancia que en estos asuntos debió asumir la SETENA, su secretario Ulises Alvares y Comisión plenaria, deberían ser llamados a la comparecencia ante la Comisión de Ambiente legislativa, y que rindan cuentas por el adefesio de reglamento que normará el trascendente funcionamiento de su institución y directamente determina el tipo de desarrollo del país. Entre muchos aspectos regresivos a instaurar, está por ejemplo la cantidad de proyectos, obras o actividades que genéricamente se disponen a relevar de la obligación de cumplir la evaluación de impacto ambiental (Observar tan sólo su Artículo 3). Asunto que, por años llamaron proyectos de muy bajo impacto ambiental, además, año con año los ampliaban en listas emitidas mediante simples resoluciones administrativas para excluirlos de esta evaluación, engañosamente agregando algunas actividades que no reunían características de un proyecto. Pero ahora, no sólo reglamentan esa histórica exclusión, sino que, una vez más les aumentan los umbrales. Es el caso por ejemplo de los movimientos de tierra y área constructiva, una práctica viciosa de siempre.

Otro aspecto a prestar atención al menos por el momento y que, denota omisión impropia es que, en materia tan sensible y sobre todo que pretenden derogar, es el deber de observar y entender como ya se dijo, los conceptos básicos de evaluación de impacto ambiental y daño ambiental. Se observa así una velada intencionalidad de retroceder con estas conceptualizaciones, incluso más allá del anterior Reglamento de la Setena (D.E. 25705-1997). Veamos:

Reglamento General de la EIA del 2004

“39. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De forma general, la Evaluación de Impacto Ambiental, abarca tres fases: a) la Evaluación Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos.”

“28) Daño Ambiental: Impacto ambiental negativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (evaluado ex -ante), producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA).”

RECSA 2022

“Evaluación de impacto ambiental: Procedimiento técnico-científico realizado por un equipo de consultores ambientales para identificar y predecir los efectos de una actividad, obra o proyecto (AOP) sobre el ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, cuantificándolos, ponderándolos y estableciendo medidas de control ambiental.”

“17. Daño Ambiental: Impacto ambiental negativo, significativo, no previsto, ni controlado, ni planificado en un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, producido directa o indirectamente por una actividad, obra o proyecto, sobre todos o cualquier componente del ambiente, para el cual no se previó ninguna medida de prevención, mitigación o compensación y que implica una alteración valorada como de alta Significancia de Impacto Ambiental (SIA)”.

En estas definiciones básicas, queda completamente demostrado una intencionalidad de cambiar a su favor conceptos fundamentales, así cómo se elimina la obligación de cumplir la EIA de muchos proyectos por medio de este reglamento “nuevo” y otras leyes ya vigentes. Y la gravedad de tales decisiones radica en que, se lleva a cabo en momentos de que se tramita también una reforma de Ley 7554 que corta las alas a la SETENA²⁴. Igualmente, cuando la violencia que azota al país, vive momentos extremos, inclusive en temas ambientales; 27.871 denuncias ambientales registradas durante los últimos cinco años²⁵ son alarmantes. Pero no observamos preocupación del gobierno, no obstante, con disimulo la mesa ha sido golpeada por los gringos²⁶.

Conclusión: Costa Rica hoy día enarbola en su política ambiental, no sólo los antivalores más innobles como la traición a nivel regional, sino también, la mentira y el engaño para desatender (desgobernar) los bienes más preciados de la Nación, su salud, la seguridad y en general sus derechos humanos. ¿Podrá haber una reglamentación más retrógrada que la que comentamos? Seguro que no.

A propósito de la celebración del Día de la Persona Originaria Indígena

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

19 de abril Día de la Persona Originaria Indígena

Elides Rivera Navas

Los pueblos y personas indígenas tienen derecho a su tierra, territorio, cultura e identidad propia.

El Estado mediante sus instituciones públicas tienen la obligación de velar y garantizar los derechos humanos que corresponden a todos y especialmente a la niñez.

Un Estado que no vele y garantice la seguridad de los niños indígenas en sus territorios y pueblo es un estado racista y vulnerable.

El PANI es la institución rectora en materia de defender y asegurar que toda persona menor goce a plenitud de su cultura, familia de vínculo directo y otros derechos que los asiste como perteneciente a un pueblo distinto y NO usar su protocolo mal inducido para SACAR a los niños indígenas de su pueblo y territorio.

Exhortamos al PANI, a los juzgados de familia a reintegrar a los niños indígenas a sus respectivos pueblos y territorio…

YA NO MÁS ASIMILACIÓN FORZADA Y NO MÁS COLONIZACIÓN…

20 de abril Día Mundial de la Marihuana

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El 20 de abril se celebra el Día Mundial de la Marihuana, una planta que ha causado una profunda polémica, debido a su uso y efectos en el cuerpo humano y en la sociedad.

El origen de esta fecha se remonta al año 1971, cuando un grupo de estudiantes de California (Estados Unidos) denominado Los Waldos se reunían a una hora fija al terminar sus clases a fumar marihuana (4:20 de la tarde), estableciendo así el día 20 del mes 4 (abril) como el Día Mundial de la Marihuana. De hecho, el número 420 es un código reconocido mundialmente para referirse a la marihuana.

Desde luego que hace 52 años la situación con la marihuana era muy diferente a lo que es hoy día en cuanto a la utilización de la planta y por eso el elegir comentar sobre este día. Hoy sigue siendo prohibido su consumo y trasiego en muchos países, pero en otros esa prohibición ha cesado y es posible consumirla y venderla sin problema alguno.

Hoy la marihuana o también como se le conoce cannabis sativa, es todo un prospecto de convertirse en una actividad económica, dentro del ámbito legal y además una posible solución a muchos de los problemas de salud que padecen muchas personas.

Cada vez más se habla y se estudia sobre los beneficios del uso del cannabis, dadas sus propiedades curativas, siendo aprobado legalmente en algunos países con fines medicinales y por ende permitiendo su cultivo también de forma legal.

El origen del día era fundamentalmente para celebrar el aprovechamiento de una droga que su uso recreativo, continuo e ilegal puede producir alteración de la conciencia y deterioro de la percepción, generando episodios de ansiedad y pánico.

Entre los principales beneficios del cannabis medicinal, se destacan los siguientes: reduce la inapetencia, náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia aplicada a pacientes con cáncer. Para tratar el dolor y la espasticidad muscular en personas con VIH/SIDA. Reduce en un 85% la frecuencia de migrañas. Puede contribuir a aumentar la eficacia de los fármacos contra el cáncer.

La Organización Mundial de la Salud ha estipulado que el uso del Cannabidiol (CBD) como marihuana medicinal funciona como paliativo para enfermedades crónicas y para pacientes con epilepsia, ya que reduce el dolor y la inflamación. Además, no genera adicciones en los pacientes que la consumen en las cantidades indicadas.

Hoy las cosas sobre la marihuana deben verse con otra óptica y hacer que su cultivo y su utilización científica, generen los beneficios y recursos económicos que se esperan, eso si, dentro de un ambiente de salud y de ayuda a quienes la necesitan para mejorar sus condiciones de vida y salud. Dios quiera que así sea.

Sentires y Saberes – Saberes En Lucha – La Escuela de la Protesta Social

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes

El pasado 31 de marzo del 2023 el Bloque Cívico de Limón convocó junto al movimiento de los Muelleros y otras fuerzas vivas de Limón a una manifestación en protesta de las decisiones tomadas por el gobierno de la República de Costa Rica que vienen a profundizar las distintas desigualdades estructurales que siguen marginando a la provincia y generan los espacios de marginalidad y exclusión, pero también de ningueno de las personas que habitan y comparten en estos territorios caribeños.

Les dejemos con todas estas voces que nos ayudan y guían para comprender un poco más de cerca ese Limón que protesta y se rebela ante tantas injusticias históricas que siguen profundizándose.

Escuche el programa en este enlace.

UCR: El impacto de los asesinatos en los pueblos indígenas provoca un giro en los proyectos de investigación en Ciencias Sociales

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Derechos.

Día del Aborigen Costarricense

Grupo de trabajo institucional analiza a profundidad el conflicto interétnico y los ciclos de violencia por parte de personas no indígenas

El proyecto multidisciplinario “Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica. Aportes interdisciplinarios para su resolución” (B8358), surge de la concertación de diferentes personas especialistas de la Facultad de Ciencias Sociales interesadas en indagar sobre los ciclos de violencia en el cantón de Buenos Aires. Pero también en transformar sus investigaciones académicas en acciones que contribuyan y respalden la reivindicación de derechos territoriales, culturales y políticos de los pueblos originarios del cantón de Buenos Aires, Puntarenas.

El cantón de Buenos Aires cuenta con la mayor diversidad cultural del país y concentra el mayor número de territorios indígenas, seis de los veinticuatro que existen, pertenecientes a cuatro pueblos: Brunkas o Borucas, Brörán-Térraba, Bribri y Cábecar.

Sin embargo, a pesar de la delimitación legal de estos seis territorios en promedio solo el 44,7 % de los mismos están en posesión de familias indígenas, producto tanto del auge desarrollista promovido por el Estado en las últimas cinco décadas, como de una evasión institucional, sistemática y discriminatoria contra las personas y las comunidades indígenas.

El proyecto está bajo la coordinación de la Dra. Denia Román Solano de la Escuela de Antropología y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN) y cuenta con el apoyo de personas investigadoras de la Escuela de Historia, Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, Escuela de Geografía, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Escuela de Psicología, Facultad de Derecho, CIAN, Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, así como otras instituciones como Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la Universidad de Brasilia en Brasil, la Universidad de San Carlos en Guatemala y la Universidad de Viena en Austria.

Bajo la convocatoria de la Escuela de Antropología y el liderazgo del Dr. Marcos Guevara (fallecido en enero del 2021) este equipo considero pertinente analizar a profundidad el conflicto interétnico y los ciclos de violencia por parte de personas no indígenas ante nuevos procesos de reposicionamiento territorial de las familias indígenas, a través del movimiento de recuperaciones de tierras. Este movimiento emerge ante décadas de demandas legales y administrativas por parte de personas y organizaciones indígenas en diferentes instancias del estado costarricenses, sin soluciones concretas.

«Pretendíamos transformar la academia en un campo de interlocución con el Estado pero el impacto de los asesinatos transformaron esta idea inicial en indignación, en impases metodológicos y en una reflexión detenida sobre los límites del conocimiento ante el estudio de la violencia.

Aprendimos que seguir el conflicto de cerca, la violencia y el racismo nos fue cambiando el lugar desde el cual investigamos y el abordaje desde donde comprendemos las relaciones entre el Estado y pueblos indígenas, pero además del lugar que tiene lo indígena y las comunidades indígenas en la sociedad a la cual pertenecemos, así como las universidades en las que trabajamos …

Investigar un conflicto en desarrollo permite llegar a ciertas confluencias analíticas y a cierta disposición para “dislocarse” o “desarticularse disciplinarmente” con el propósito de comprender el acto de violencia…

Nos lleva a interpelar al Estado de manera más política… y nos interesa conocer al Estado más como un actor del conflicto, descifrar el sustento de la idea de nación, así como indagar el racismo regional y el papel de las instituciones estales ante ello».

Dra. Denia Román Solano de la Escuela de Antropología y el Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN)

En estos diez años han surgido constantes ciclos de violencia por parte de los poseedores no indígenas o de sus trabajadores y la acción estatal ha sido reactiva, inadecuada y sin un seguimiento a nivel local, lo cual provoca que la violencia se repita. Son tres administraciones gubernamentales que han establecido mecanismos para la negociación, protocolos para detener la violencia y planes territoriales, sin resultados concretos. Las amenazas y agresiones continúan, así como una lamentable impunidad, incluso en el caso de asesinatos relacionados con la lucha.

Dicha incapacidad por parte del Estado motivó a que organizaciones y líderes indígenas bribris y térrabas-brörán iniciaran un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así, en el 2015, esta instancia le interpone al Estado costarricense medidas cautelares a favor de los líderes, las familias recuperadoras y las personas indígenas de los territorios de Salitre y Térraba (Medida Cautelar N.º 321-12).

La respuesta del Estado fue muy lenta e ineficiente, y los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera se dieron justamente 4 y 5 años después de que se emitieran las medidas cautelares. Sin duda, estos homicidios evidencian la incapacidad del Estado, no solo para hacer cumplir sus propias leyes, sino para mediar en un conflicto que su misma incapacidad provocó. Muestra, igualmente, el declive de los derechos humanos en el país y la exacerbación del racismo en el Pacífico Sur, que se refleja en las acciones e inacciones de institucionalidad costarricense.

Al iniciar un nuevo siglo la preeminencia del multiculturalismo mostró sus contradicciones tanto en Costa Rica como en el resto de la región centroamericana. La antinomia entre la legislación, la movilización organizativa de los indígenas (respaldada por los organismos internacionales), por otro lado, la desaplicación de las leyes y la implantación de proyectos extractivos en tierras indígenas, generaron un progresivo aumento de conflictos territoriales, pero también de los litigios legales nacionales e internacionales que apelan a la legislación multicultural.

Equipo multidisciplinario

Coordinación:
Dra. Denia Román Solano, Escuela de Antropología y CIAN, UCR

Personas investigadoras:
Dra. Alejandra Boza Villarreal, Escuela de Historia, UCR
Sr. Alí García Segura, Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, UCR
M.Sc. Francisco Solano Mata, Escuela de Geografía, UCR
M.Sc. Luis Mariano Sáenz Vega, Profesor jubilado e investigador ad honoren del CIAN, UCR
Dra. María Paula Barrantes Reynolds, Escuela de Ciencias Políticas y Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, UCR (proyecto vinculado)
M.Sc. Marvin Amador Guzmán, Escuela de Comunicación Colectiva, UCR
Dr. Roberto Castillo Vásquez, Escuela de Geografía, UCR
M.Sc. Xinia Zúñiga Muñoz, profesora jubilada e investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica.

Investigadoras temporales
M.Sc. Helga Arroyo Araya, Escuela de Psicología, UCR / Psicología UNA
Dra. Marcela Moreno. Facultad de Derecho, UCR.

Codirección científica:
Dra. María Eugenia Bozzoli, profesora emérita e investigadora del CIAN, UCR
Dra. María del Carmen Araya Jiménez, profesora jubilada e investigadora del CIAN, UCR
Dr. Onésimo Rodríguez Aguilar, director del CIAN, UCR

Marilin Agüero Vargas
Comunicadora Ciencias Sociales

Revista Ambientico: espacios verdes urbanos para mejorar el bienestar humano

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Madre Tierra.

El Consejo Editorial y la Escuela de Ciencia Ambientales de la Universidad Nacional presenta el más reciente número de la Revista Ambientico, la cual es una revista de divulgación trimestral publicada desde la Escuela de Ciencia Ambientales de la Universidad Nacional, creada en 1992 como una publicación especializada en el análisis de la problemática ambiental costarricense y que tiene como misión estimular, publicar, y difundir un análisis riguroso y actualizado sobre problemáticas e iniciativas ambientales en Costa Rica.

Para acceder a la revista visite el siguiente enlace: https://www.ambientico.una.ac.cr/

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Rechazan melones de Costa Rica en Alemania

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

Rechazan cargamento de melones de Costa Rica en Alemania debido a la presencia del Clorotalonil, un pesticida prohibido desde el 2020 en la Unión Europea por el riesgo a producir cáncer. En Costa Rica aún es el cuarto agroquímico más usado. Uno de los casos vigentes es en Cipreses de Oreamuno, Cartago donde a pesar que la ley que indica que las nacientes acuíferas deben ser protegidas por 200 metros si está destina a uso poblacional, sin embargo, no se está cumpliendo este límite. Por esta razón, se ha afectado el agua con el pesticida y ahora la comunidad depende de cisternas.

Elidier Vargas, agrónomo declara que el sistema de desarrollo agrícola de Costa Rica se ha basado en el uso de agroquímicos sintéticos, sin considerar la peligrosidad, por intereses económicos y por el debilitamiento de la investigación agronómica y asistencia técnica a los agricultores, que está a mano de las empresas comercializadoras de plaguicidas.

Cuarta Tertulia. Proyecto Salvaguarda del Río Colorado: una mirada desde Barra del Colorado

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Madre Tierra.

La UNED desarrolló su Cuarta Tertulia en torno a la salvaguarda del Río Colorado. Participaron Andrea Cruz, de Biomonitoreo Participativo RNVS Barra del Colorado; Roberto de la Ossa, Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica; Josué Cunningham, Núcleo Estudiantil Territorial Comunitario Barra de Colorado y Fedrick Hodgson, Núcleo Estudiantil Territorial Comunitario Barra de Colorado.

En el programa se expuso el “Proyecto Salvaguarda del Río Colorado: una mirada desde Barra del Colorado”. Se busca proteger y conservar el Río Colorado, una de las joyas de Costa Rica, que posee gran riqueza y que ahora está en proceso de salvaguarda con el fin de ser protegido por la ley y que se establezcan parámetros que permitan su conservación.

Compartimos la transmisión completa de la Cuarta Tertulia que formula y explica el proyecto.

¡No más listas de espera!

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

SINAE AFINES realiza una campaña para declarar de interés nacional las “listas de espera de la CCSS”. Por este motivo, solicita ayuda para finalizar su campaña.

Ingrese en el siguiente link https://docs.google.com/forms/u/0/d/1rSTmc02fR97QeXC60LxJsmD6xgdJgIXgI1jOwyxVSHQ/viewform?edit_requested=true para apoyar y firmar la campaña y lograr que sean escuchados.

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¿Será el siglo XXI «el siglo de las crisis»?

Escrito en 20/04/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Germán Gorraiz- Analista

El siglo XXI pasará a la Historia bajo el epígrafe de «siglo de las crisis», al concatenarse la crisis económica del 2008, la crisis sanitaria del COVID, la crisis geopolítica con el retorno a la Guerra Fría y la irrupción del Nuevo Orden Multipolar o G-3 en la cogobernanza mundial y la crisis energética con precios estratosféricos del gas, electricidad e hidrocarburos.

Asimismo, en este siglo se incrementará la crisis climática, con inusuales olas de calor, sequías e inundaciones y asistiremos a la crisis de las democracias formales tras la aparición de los regímenes autocráticos y la crisis social. Así, tras el derrumbe del castillo de naipes de la globalización, se incrementará la fractura social en las sociedades pudiendo completarse la rueda cíclica con la irrupción de una nueva crisis alimentaria mundial.

Una crisis es «una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución». La palabra crisis está emparentada etimológicamente con el verbo griego krínein, que significaba originariamente «decidir, separar, juzgar» y posteriormente derivó en «seleccionar o elegir» y siempre lleva implícita un caos de la mudanza.

Por caos entendemos «algo impredecible y que se escapa a la miope visión que únicamente pueden esbozar nuestros ojos ante hechos que se escapan de los parámetros conocidos». Así, nuestra mente es capaz de secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso genoma del caos, con lo que inevitablemente recurrimos al término “efecto mariposa” para intentar explicar la vertiginosa conjunción de fuerzas centrípetas y centrífugas que terminarán por configurar el puzzle inconexo del caos ordenado que se está gestando.

Shakespeare, por boca de un asustado Enrique IV expresa el miedo y la impotencia del hombre debido a la ausencia de certezas ante el caos de la mudanza: “¡Dios mío, si tuviésemos la opción de leer en el libro del destino y ver del tiempo las revoluciones, ver cómo la ocasión se burla y cómo llena el cambio la copa de Mudanza con diversos colores!”.

Una crisis implica siempre una ruptura del transcurso lineal de los acontecimientos que deviene en una serie de alternativas entre las cuales se debe elegir. Para salir de dicho laberinto, es preciso utilizar la capacidad de diferenciar y de pensar de manera crítica siguiendo la senda marcada por il Poverello d’ Assisi: «Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible».