Alberto Salom Echeverría
“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo,
Pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.
(Abraham Lincoln. Presidente de los EE. UU)
“Los políticos son iguales en todas partes.
Prometen construir un puente incluso donde no hay río”
(Nikita Kruschev. Presidente de la URSS)
Introducción.
En materia gubernamental, las promesas planteadas en una campaña electoral mueren en la propia acción de gobierno. Todo político acostumbrado a mentir para ganar votos tiene una vida política corta y no perdurará en el recuerdo del pueblo.
Siempre he creído que la mejor promesa es únicamente un programa de gobierno serio, hecho en equipo y que contenga en su base un análisis riguroso de la realidad. La improvisación en la política es el peor de los engaños; nadie sabe para donde va una agrupación que nace apenas unas pocas semanas antes del proceso de una elección. Por añadidura el agrupamiento de personas en torno a una figura exclusivamente impide que aflore la cohesión, disipa la solidez política que podría forjarse en el seno de la nueva agrupación, puesto que, la adhesión se producirá únicamente en torno a la figura del supuesto líder. Por otra parte, la improvisación alimenta el engaño y las promesas vacuas ante la debilidad programática. En este contexto crece la lealtad al líder como una forma de conseguir prebendas personales por eventuales puestos de gobierno y concesiones a proyectos particulares o familiares. Este contexto es propicio para que aflore el clientelismo político.
Alguna gente piensa que los programas no sirven para nada; juicios como estos están basados en un conocimiento pobre y errado de la realidad política. La experiencia política demuestra por el contrario que, por lo general la propuesta programática forjada sobre la base del conocimiento y el estudio de una realidad concreta, cuando hay verdadera voluntad de llevarla a cabo es lo único que produce alguna garantía de seguridad en el curso de la futura acción de gobierno. Nada preconiza que las cosas saldrán bien, ese es otro asunto; porque la realidad es compleja como para asegurar que se alcanzará una “gobernanza” que permita unir la acción de gobierno con el deseo de cambio residente en las personas, en especial las más urgidas de políticas públicas que en verdad lleguen a ellas y viabilicen la participación ciudadana. La solidez programática lo que garantiza, como quedó expresado es un curso de acción del partido político; no significa que ese curso de acción sea el adecuado para comenzar a resolver los problemas sociales. El éxito dependerá de la orientación justa y equitativa de la propuesta. Lo dicho lo sustento en una vasta literatura politológica que ha estudiado experiencias en diferentes partes del mundo.
El primer año de gobierno de Rodrigo Chaves.
En el medio costarricense, algo se ha escudriñado sobre el primer año del gobierno del presidente Chaves. Por lo consiguiente intentaré referirme sobre todo a un punto de vista que no se ha vertido, o no con suficiente intensidad acerca del curso que lleva este gobierno. Mi planteamiento intentará examinar primordialmente hacia dónde se ha orientado la política pública del actual mandatario, valga decir a quién beneficia principalmente.
El “Partido Progreso Social Democrático” se fundó en Costa Rica desde el 2018, por Luz Mary Alpízar Loaiza, quien fue su presidenta. Luz Mary Alpízar provino del “Partido Nueva Generación” del cual fue su secretaria general entre el período del 2012 al 2017. Mediante conversaciones con Rodrigo Chaves, concede en favorecer la candidatura de este último a la presidencia de la República para las elecciones del 2022. Ella misma, fue postulada a una diputación por la provincia de San José en el tercer lugar; en estos comicios mencionados resultó electa dentro de la fracción del PPSD. A pesar de ser la presidenta del partido, se separó de la fracción oficialista en varias ocasiones en la Asamblea Legislativa, lo que provocó que fuese censurada por sus compañeros debido a su conducta política. Lo menciono porque es un claro ejemplo de un partido político que, no obstante haber sido inscrito formalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2018, el agrupamiento de fuerzas para las elecciones de febrero del 2022 fue el resultado del prematuro liderazgo personalista ejercido principalmente por Rodrigo Chaves en conjunto con la periodista Pilar Cisneros.
El gabinete integrado por el presidente Chaves fue una ensalada de personas ideológicamente heterogéneas, la mayoría de los cuales tenían como único punto de contacto al presidente de la República. Un rápido examen desde un punto de vista formal, del programa de gobierno del PSD presentado ante el TSE, tal como fue analizado por el Programa Estado de la Nación (PEN) antes de las elecciones, evidenció que el documento contiene 105 propuestas de carácter general, o sea sin desarrollar los detalles, dice la PEN; 7 fueron las propuestas acompañadas de metas cuantificables; además presentaron 20 propuestas concretas, lo que significa según la PEN, aquellas propuestas que se formularon con un cierto grado de detalle de cómo lo realizarían. Por otra parte, el estudio de la PEN destaca que el partido oficialista presentó solamente tres propuestas que la misma PEN denominó “robustas” (frente a 32 del PLN, 22 del Frente Amplio, 17 del Partido Liberal Progresista y 2 del PUSC). Estas propuestas “robustas”, explica la PEN, son aquellas que tienen tres características a la vez: en ellas se señala lo que se pretende realizar, en segundo término, se describe una meta definida indicando cuánto va a ser el impacto y en tercer lugar se puntualiza cómo lo van a realizar de manera concreta.
En cuanto al análisis de contenido del programa de gobierno, hay una importante cantidad de promesas incumplidas por parte de la administración Chaves; especialmente se han dejado de lado aquellas que se orientan de alguna manera a disminuir el peso del costo de la vida y otras dificultades para sectores vulnerables, mientras se repuntan aquellas otras que tienden a beneficiar a los sectores cúpula de la sociedad.
Nos centraremos en algunas propuestas que permiten afirmar que el gobierno se orienta a impulsar una contrarreforma encaminada a desmontar el “Estado Social de Derecho” que Costa Rica había venido construyendo, no sin dificultades, desde los primeros años de la década de los cuarenta.
Algunas de las principales medidas del gobierno de Chaves.
Destaco un primer y notable cambio de perspectiva por parte del gobierno de Chaves, en lo concerniente a su promesa de bajar el costo de la vida. Es notable en su primer año de gobierno, que la Canasta Básica Alimentaria, de acuerdo con los cálculos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en lugar de bajar aumentó de mayo del 22 a marzo del 23, un 10,16%. En contraposición, cediendo a las presiones neoliberales provenientes tanto de fuera de la administración como dentro de ella, en el mes de agosto, el gobierno anunció su afán de vender el Banco de Costa Rica, junto con BICSA y el 49 % de las acciones del INS, para hacerle frente con ello a la deuda pública y a la vez recaudar recursos para supuestamente atender las necesidades del Estado. El proyecto presentado por el poder ejecutivo en setiembre fue severamente cuestionado en la Asamblea Legislativa (AL) así como por la Contraloría General de la República (CGR). En ambos casos se le formularon “fuertes cuestionamientos” relacionados con la transparencia. (Basado en datos de los periódicos La República y La Nación del 8 de mayo).
En este mismo orden de cosas, el gobierno también propuso la fusión de las instituciones del sector vivienda: el Ministerio de la Vivienda, el BANHVI y el INVU, con el fin de ahorrar recursos. Un propósito que podría ser loable, siempre que se evitara con ello la duplicidad del trabajo de las instituciones del sector, pero el proyecto fue elaborado de tal manera que recibió un sinfín de críticas de sectores y diputados, ya que en el texto queda eliminado el bono de vivienda para los sectores sociales más postergados, de igual manera, se afecta a las mutuales y por ende los créditos que ellas otorgan. Por su parte la CGR cargó contra el proyecto tras advertir que se traducía en un incremento de la burocracia, acarreando riesgos financieros. O sea, un desaguisado desde el punto de vista social y financiero.
Por otra parte, Chaves anunció en conferencia de prensa el propósito de enviar a la AL un proyecto de ley, que ya había sido presentado por el gobierno anterior en febrero del 2021, dirigido a crear el impuesto de “Renta Global Dual”, según el cual tanto las empresas como las personas físicas quedarían obligadas a declarar la totalidad de las ganancias. El proyecto, el 19 de mayo todavía no habíase presentado en la Asamblea Legislativa, aun cuando el asunto se anunció en conferencia de prensa argumentando que revestía cierta urgencia debido a que se orienta a equilibrar las finanzas públicas. Aunque el proyecto busca cobrar todos los ingresos de las personas asalariadas e independientes, para que no resulte tan regresivo, desde la administración pasada, se estableció una escala para reducir el impuesto según los gastos y, por otra parte, aplicar a la base imponible una escala progresiva de tarifas. Dice el proyecto literalmente: “La iniciativa incluye todos los ingresos de las personas asalariadas e independientes en un mismo “canasto” y a partir de allí, cobrar los tributos en una escala. Eso sí, con la opción de reducirse según los gastos.” (Cfr. https://observador.cr/gobierno-de-chaves-retoma-proyecto-de-impuesto-de-renta-global-dual-idea-fue-planteada-por-administracion-alvarado/).
Como se acaba de expresar, al 18 de mayo del 2023 y como ha ocurrido con otras tantas promesas de campaña electoral, el proyecto de ley no había sido enviado a la Asamblea Legislativa. Es notable que, el que por fin se envió a la corriente legislativa por parte del poder ejecutivo, llevaba un acento de regresividad, puesto que el peso impositivo se hizo recaer en los sectores de salarios bajos y medios, valga decir sectores por encima de la línea de pobreza y capas medias de la población.
En cambio, al tenor de esta orientación todavía no se presenta ante la Asamblea Legislativa el proyecto que se había prometido, para reducir las exoneraciones fiscales a diversos sectores. Mientras tanto, aun cuando se haya incrementado desde la administración anterior el monto de los tributos recaudados, la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas continúa siendo un deporte nacional para los grandes intereses. O sea, en lo medular se gobierna para favorecer los intereses de los sectores cúpula de la sociedad.
En lo concerniente a la producción interna el presidente Chaves había insistido en bajar el costo de la vida, pero, no se ve todavía que el camino emprendido esté dando resultado. En lo relativo a la producción interna de arroz, el gobierno emitió dos decretos el 3 de agosto del 2022 mediante los cuales se redujo drásticamente un arancel que existía a la importación del grano, arancel que protegía a los productores nacionales. En consonancia con lo anterior, el otro decreto eliminó el precio mínimo del grano. La respuesta del sector productivo nacional no se hizo esperar condenando ambos decretos. De acuerdo con datos de Conarroz, la actividad productiva del arroz se redujo un 43% comprendiendo los períodos 2021-2022 y 2022-2023, sin que la reducción de los precios del grano hubiese sido significativa. Los precios bajaron un 2,42% desde mayo 2022 a marzo del 2023, pero, ello ocurrió por efecto del crecimiento de los precios internacionales en dólares que subieron 11,85%. Al caer el precio del dólar el costo del grano de arroz importado bajó un 11,46%, pero en colones. Por último, a causa de la presión de los arroceros nacionales, el gobierno anunció que enviaría a la AL un proyecto para subsidiar a los productores que tuviesen 100 hectáreas o menos; en efecto, se anunció un subsidio de 2.800 millones de colones. El anuncio fue hecho sin reparar en que, la “Regla Fiscal” impide al gobierno otorgar subsidios, excepto si es autorizado por la AL; debe saberse que, el proyecto, luego de haberse presentado fue retirado de la corriente legislativa.
En otro orden de cosas, en varios asuntos, el gobierno deja en evidencia un supino desconocimiento de la administración pública y al mismo tiempo adolece del defecto de descoordinación. Por ejemplo, el proyecto de ley presentado a la AL en esta legislación contra la corrupción no aportó mayor cosa, repitiendo las leyes vigentes, por lo que la reforma tal como se presentó deviene innecesaria. Otro tanto ocurrió con la promesa de transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno en un alarde populista con diversos sectores sociales. El mismo mandatario abandonó la idea, al reconocer que tal como estaba planteada era cosmética y contenía problemas técnicos en su realización. Ante la promesa de apertura total con la prensa, varios hechos demuestran que el afán del mandatario era una mera pose: las actas del Consejo de Gobierno son ahora puros resúmenes sin detalle alguno; asimismo se ordenó a las oficinas de información y comunicación de diversos ministerios e instituciones de gobierno, restringir la información a la prensa; en concreto, la ex titular de salud obligó a subalternos suyos a solicitar permiso a la jerarca del ramo antes de brindarle información a la prensa. En este caso la Sala Constitucional declaró la nulidad de la orden ministerial, tras encontrarla inconstitucional. En el INS, ocurrió otro tanto, ya que la presidenta ejecutiva, Mónica Araya ordenó la inspección de computadores de varios funcionarios, por una supuesta filtración de datos de interés público a la prensa. Todo esto se tradujo como lo expresa un reporte periodístico en que Costa Rica hubiese caído 15 puestos en el índice de libertad de prensa que realiza la organización no gubernamental internacional de origen francés y sin ánimo de lucro “Reporteros sin Fronteras”. (Cfr. La Nación, 8.05.23. pág. 6)
Entre lo más grave:
1. Educación. Sigue el “apagón educativo: Pese a la promesa hecha por el presidente Chaves de declarar una emergencia educativa, pasan los días y no ha habido declaratoria alguna en ese sentido, pese a la difícil situación por la que atraviesa el MEP. Este ministerio realizó pruebas nacionales para alumnos de sexto grado, undécimo y duodécimo año, sin que las pruebas piloto de abril pasado hubiesen realizado la evaluación prometida de la calidad del aprendizaje que Chaves había adelantado. Lo más grave es que las pruebas a realizarse en octubre y noviembre equivaldrán al 40% de la nota de los educandos. A su vez, las pruebas Faro para primaria (de ámbito internacional), fueron eliminadas por el Consejo Superior de Educación a tan solo cinco días de su realización. El gobierno ordenó la suspensión del arrendamiento de tres edificios por un costo de 3.000 millones de colones, también se decidió un traslado de supervisiones educativas a centros de educación para ahorrar 600 millones de colones; dichas supervisiones debieron terminarse en febrero del 2023. Hasta la fecha, el gobierno no brindó a los medios informativos una actualización acerca del estado de situación. Grave ha sido el intento por violar la autonomía de las universidades, tanto al pretender restringir el presupuesto de las universidades públicas (por ahora se echó marcha atrás, merced a una movilización de los estudiantes), como en cuanto a la pretensión de que cuatro ministros del gobierno intervengan en la discusión y aprobación de los presupuestos de las universidades públicas. El MEP ha sido omiso en brindar otra información relativa a la urgencia de construir 38 centros educativos integralmente por órdenes sanitarias presentadas. Las órdenes sanitarias fueron 722 en total. (Cfr. Ibid).
2. Golpe a la cultura costarricense. El gobierno se propone recortar el 8.4% del presupuesto del ministerio de Cultura y Juventud, equivalente a 4.000 millones de colones. La medida que pretende el gobierno ha concitado al sector cultura que tomó las Instalaciones del Teatro Nacional y está solicitando la renuncia de la ministra de esa cartera Nayuribe Guadamuz. Semejante recorte no tiene precedentes en el país. Implicaría, entre otras cosas, la desaparición de nuestra emblemática Orquesta Sinfónica Nacional. (Cfr. Cultura CR.net, 18 de mayo 2023).
3. Graves retrasos en las obras de infraestructura pendientes: Sobre la carretera San José-San Ramón, todavía no se firma una adenda con el Banco de Costa Rica, que permita llevar el proceso de transición hasta el finiquito del contrato. La mayoría de las obras impostergables tienen un año de estar detenidas. Igualmente paralizada se encuentra la concesión de la ruta 27, cuyas negociaciones tenían un 80% de avance en el gobierno anterior. La ruta a San Carlos se continúa en las negociaciones con el BID y al 8 de mayo de este 2023, no se conocían los avances de dichas negociaciones. Semejante carencia de información existe sobre la ampliación de la ruta San José- Cartago; se sabe al menos que, el Consejo Nacional de Concesiones acordó no continuar con la iniciativa privada que llevaba la concesionaria MECO, para la ampliación de los 20 Kms de la ruta. Igual retraso sufre la ruta 32, carretera a Limón, ya que falta financiar obras por valor de $150 millones, pero, a la fecha se desconoce de dónde se obtendrán estos recursos. A estas alturas se carece de un plan para ejecutar las obras complementarias, así como también quedan pendientes 300 expropiaciones para poder completar la obra. A la fecha, también queda pendiente resolver si se aprueba o no la realización de la obra del tren eléctrico de carga para exportaciones, que conectaría la zona norte de Limón con el área metropolitana. Sobre esta obra el ministro Luis Amador señaló que tenía dudas sobre la ejecución de este plan, no obstante que el presidente se había mostrado interesado en ella. El proyecto de Ciudad-Gobierno para albergar más de 10.000 funcionarios públicos en el sur de la capital, se ejecutará mediante un préstamo con el BCIE. Todo parece indicar en este caso que el proyecto se desarrollará mediante un financiamiento de $450 millones.
4. Las finanzas públicas continúan siendo un tema harto complicado. Hay contradicciones en varios puntos: el presidente había expresado que negociaría con el FMI un programa completamente nuevo. Pero, el ministro Nogui Acosta ha sostenido que se ejecutará el mismo programa ya negociado con la Institución Financiera. Es decir, en las mismas condiciones. En cambio, hubo una flexibilización de la regla fiscal, para permitir aumentar el tope del gasto público en 433.000 millones de colones y otros cambios de significación. Por su parte la Ley de empleo público que fue aprobada, generó la protesta del Fondo Monetario Internacional, por el hecho de que el gobierno no entra a ejecutarla, sino que la ha sometido a un nuevo proceso de negociación con diversos sectores sociales. Lo anterior es debido a que, en este momento (19 de mayo), persisten contradicciones interinstitucionales con el gobierno, ya que más de 70 instituciones declararon que no acatarán lo dispuesto por MIDEPLAN relacionado con los salarios comunes.
En conclusión, en lo medular el gobierno comienza su segundo año dejando a su paso una estela de autoritarismo en las decisiones, falta de planificación, desorden, descoordinación en el seno de la institucionalidad pública y un apresuramiento por desmantelar la administración pública, en especial en lo concerniente al Estado Social de Derecho, sin que medie estudio alguno al respecto. En cambio, es clara la tendencia a favorecer el clima de negocios en la cúpula de la escala social, incumpliendo por contraposición compromisos contraídos con la ciudadanía de a pie en el proceso electoral. Hay una subvaloración de la importancia de la cultura nacional en el contexto costarricense, e igualmente un claro menosprecio por las universidades públicas y su autonomía. No se muestra una real decisión gubernamental por acometer un plan para hacerle frente a la seria problemática de la educación costarricense en sus niveles de preescolar, primaria, educación técnica y secundaria. Así como tampoco existe voluntad clara de ejecutar el plan nacional de infraestructura. Finalmente, grave es el desconocimiento mostrado por el presidente de la República y su equipo de trabajo en seguridad, acerca de la situación salarial de la policía y las condiciones deplorables de una buena parte de los inmuebles en los que deben trabajar los miembros de la fuerza pública, en momentos en los que se les exige el máximo esfuerzo para enfrentar la seria amenaza que constituyen para la seguridad ciudadana, tanto el sicariato como las bien asentadas y financiadas bandas del narcotráfico. En suma, el gobierno carece todavía de un verdadero plan de prioridades. Es lamentable, dados los muy diversos y serios problemas que afronta la sociedad costarricense.
