Valeria Conejo, estudiante de ingeniería mecánica y actriz, se refiere para la plataforma Prisma Latinoamérica, acerca de las brechas que existen entre hombres y mujeres en ciencia y tecnología, comentando que las mujeres que quisieran estudiar alguna carrera STEM (acrónimo en en inglés para referirse a las Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas), no deben tener miedo de abrirse camino en un mundo que pareciera ser de hombres.
Anima a las mujeres a que todo lo que quieren hacer lo pueden lograr y señala que existe una red de apoyo de la cual pueden rodearse.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU, se unieron al llamado por la paz y la justicia para Jerhy Rivera Rivera, para su familia, para el pueblo Brörán de Térraba y para los pueblos originarios.
Carlos Sandoval García y Brayan Rodríguez Delgado, investigadores del Centro de Investigación en Comunicación
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Jornadas de investigación del Ciicla
Es indispensable que quienes viven la exclusión puedan manifestarse con voz propia
El proyecto Exclusión social y procesos electorales en Honduras, Nicaragua y Costa Rica (2021-2022), que se realizó desde el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) con apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, se interrogó si la exclusión social, un rasgo predominante de las sociedades centroamericanas, estaba o no presente en las narrativas y resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, celebradas en 2021 y 2022.
En términos metodológicos, se analizó la presencia de temas asociados a la exclusión social en los perfiles públicos de personas candidatas, partidos políticos y medios de comunicación en redes sociales. Ello fue posible por medio de una herramienta creada por la compañía Meta (antiguamente Facebook) denominada CrowdTangle, la cual está a disposición de académicos y grupos de investigación mediante una solicitud de inscripción.
En el caso de Costa Rica, el hallazgo principal es que el mundo de la vida, caracterizado por la exclusión, no encuentra un correlato en las publicaciones de las personas candidatas monitoreadas. Las publicaciones asociadas a exclusión oscilaron entre un 6,38 % (el menor) y 29,35 % (el mayor) del total de posts publicados.
La contienda electoral 2022 se caracterizó por ser una campaña centrada en las personas candidatas. En la primera ronda, por ejemplo, 12 de las 25 personas candidatas (49 %) publicaron más en sus cuentas oficiales que en la de sus propios partidos. Frente a este panorama, ni los medios de comunicación, cuyas publicaciones referentes a la exclusión no alcanzaron el 3 % en Costa Rica, ni la ciudadanía logran introducir contrapesos a esta perdurable cultura política caudillista.
El proyecto también se interesó por analizar las propuestas programáticas de los partidos políticos que lograban mayor apoyo según las encuestas en meses previos a la primera ronda electoral 2022. Ello fue posible gracias a una afortunada modificación del artículo 148 del Código Electoral, según la cual el programa de gobierno es un requisito para los partidos que se presentan a las elecciones presidenciales.
Los programas muestran tres rasgos principales. El primero es su heterogeneidad, es decir, varían considerablemente entre sí, tanto en términos de estructura, como de extensión. En segundo lugar, se trata de programas más de tipo diagnóstico, los cuales carecen de metas a las que se les podría dar seguimiento en términos de cumplimiento. En tercer lugar, la exclusión es un tema marginal en los programas, pues apenas entre un 4.61 % y el 13,76 % del contenido de los programas analizados correspondía a alguna alusión a la exclusión. De nuevo, lo que es crucial y doloroso en el mundo de la vida es marginal en la oferta partidaria.
Ahora bien, cuando se cotejan los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la conclusión es que quienes enfrentan mayores desventajas votan menos y, cuando lo hacen, tienden a preferir a opciones partidarias semejantes. En un análisis de correlación entre IDH y abstencionismo por provincia, se obtuvo un coeficiente negativo de -0.85 en la primera ronda, es decir, a menor IDH mayor fue el número de votantes que se abstuvieron de ir a las urnas. La exclusión no fue una prioridad de las campañas, pero sí constituye un factor que incide en la decisión de votar y por cuál partido hacerlo.
Surge entonces la pregunta de ¿por qué aquello que es central en la vida es marginal en las narrativas electorales? Una, entre otras respuestas, es que la política electoral ha experimentado una erosión de su legitimidad en diversas regiones y no se diga en Centroamérica. Más que dar respuesta a demandas ciudadanas, mucho de la política electoral consiste en legitimar la oferta electoral en sí misma.
En el caso de Costa Rica, por ejemplo, la promesa de campaña del ahora presidente Chaves, “yo me compro la bronca”, condensa una variante del populismo autoritario, según el cual gobernar es una tarea en primera persona, de claro acento machista, nombrada como una “bronca”. La “mano dura” se arropa con un lenguaje populista que pretende presentarse como alguien del “pueblo”.
Emerge, pues, una suerte de gamonal urbano, capaz de liderar un proyecto político neoconservador con poca resonancia práctica en el mundo de la vida, pero sí estridente en las declaraciones públicas y en las redes sociales.
También aparecen variantes del neoconservadurismo religioso, que entre 2018 y 2022 fueron dejando atrás la fachada cristiana para ir asumiéndose en lo que hoy llaman la “nueva derecha”.
Una vez que la campaña electoral toma el curso caudillista, ni los medios de comunicación ni la ciudadanía logran posicionar agendas y temas que trascienden las descalificaciones mutuas y la política del escándalo. La ciudadanía no construye oportunidades para posicionar temas o retos que pudieran ampliar la discusión.
En este siglo XXI, Costa Rica, y más en general Centroamérica, vive un nuevo ciclo político que puede ser descrito como una implosión social en que no hay conflictos armados, pero en que la democracia electoral no da respuesta a las demandas y expectativas de sectores mayoritarios.
El hecho que la democracia electoral no ofrezca opciones frente a la exclusión tiene enormes repercusiones, pues ¿de qué otro modo se pueden alcanzar acuerdos sociales? No se trata de idealizarla y menos ignorar las asimetrías de poder que la caracterizan, pero sin duda en la medida en que la exclusión se profundice, la democracia, en su expresión electoral y sustantiva, pierde legitimidad.
Frente a este panorama, los populismos autoritarios pretenden ofrecer respuestas a la exclusión, las cuales, aparte de la estridencia retórica, están lejos de responder a las demandas y expectativas ciudadanas.
Hoy en Costa Rica, y no se diga en Centroamérica, es indispensable que quienes viven la exclusión puedan manifestarse con voz propia. Es la esperanza que el libro ¿Responde la política electoral a la exclusión social en Centroamérica?, el cual recoge los hallazgos presentados de manera sucinta en este artículo, contribuya a fortalecer voces propias.
Carlos Sandoval García Investigador del Centro de Investigación en Comunicación, UCR
Brayan Rodríguez Delgado Investigador del Centro de Investigación en Comunicación, UCR
El pasado 23 de enero de 2023 Reiner Canales Medina, representante legal de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos presentó una nueva oposición, denuncia, solicitud de investigación y actuación a distintos hechos, dicha denuncia la realizó ante Edwar Araya Rodríguez, Intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con motivo de oposición y denuncia para incorporar al Expediente ET-111-2022, solicitud de investigación, interposición de denuncias penales e inicio de procedimientos administrativos tendientes a caducidad de concesiones.
Esta denuncia se realizó ante hechos como: información de una aparente relación entre Araya Rodríguez y otros funcionarios con Miguel Zamora Azofeifa, presidente de una cámara autobusera, CAPROBUS, ligado además al mismo grupo empresarial: TRACOPA Ltda., Buses INA Uruca S.A., Transportes DELIO Morales S.A., Transportes Unidos La Costanera S.A., Transportes Quepos Puntarenas S.A., Transportes Orotina-Puntarenas y Transportes HRC-Orotina-San José, en el que según se señala en la denuncia, ni el ARESEP ni el Consejo Transporte Público (CTP) no han denunciado la contratación de la rutas y concesiones anteriormente mencionadas, violentando así el artículo 11 de la Ley No. 3503. Adicional a esto, una supuesta relación y forma irregular de operación por parte de ciertos empresarios de autobuses, dirigentes y asesores, quienes tendrían en funcionamiento un “esquema” con funcionarios de esa Intendencia; por ejemplo, los empresarios presentan la solicitud para aumentos tarifarios con datos e información falsa, en caso de que algún funcionario se percate de la anomalía, el empresario es notificado para que se retire la solicitud tarifaria. Se presentan hechos anómalos entre el grupo empresarial TRACOPA Ltda. en especial su representante, y el financiamiento electoral a campañas políticas. Y finalmente, hechos como observaciones técnicas e incongruencias ante la solicitud de un aumento tarifario por parte de la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A.
Por tanto en la denuncia se solicita al ARESEP que tome en consideración los hechos presentados para que se realicen las correcciones en el trámite tarifario, revisar la intención de manipulación en la variable en la definición de costo de una tarifa por parte de algunas empresas, realizar una revisión y estudio de demanda en especial a la ruta de un solo Ramal, junto con la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A., y que de comprobarse las distintas anomalías presentadas, se cancelen las concesiones según corresponda.
El próximo jueves 02 de febrero a las 9:00 a.m. se realizará una audiencia en el local de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, relativo al tema de los territorios indígenas y el canal interoceánico, esto por una denuncia interpuesta por organizaciones nicaragüenses contra el gobierno de Nicaragua.
Entre las motivaciones para oponerse a este proyecto se encuentra que atenta contra la soberanía nacional, que contaminaría el lago Cocibolca, que es una reserva nacional de agua potable, y más.
¡Viva Nicaragua libre! ¡No a la expropiación de tierras a pueblos indígenas y campesinos!
Desde la visión de contar con una Defensoría de los, las y les Habitantes inclusiva, se emite el siguiente comunicado desde distintas organizaciones:
“Desde inicios del 2021, diferentes organizaciones, agrupaciones, colectivos y líderes independientes; hemos venido experimentando el desinterés, la exclusividad y arbitrariedad de una Defensoría de los y las Habitantes que ha perdido su VISION real para los y las Ciudadanas de este país.
Es inaceptable que en pleno siglo XX1, la instancia que debe ser garante de los derechos humanos de las y los habitantes, sin distinción de credo, raza, edad, género, se haya olvidado que en Costa Rica existen poblaciones claves y vulnerables inmersas en un contexto social discriminatorio, en donde día a día se vulnerabilizan los derechos de las mismas y a la cual la Defensoría de los y las Habitantes debería de acompañar, de escuchar y desarrollar mecanismos expeditos y accesibles para que todas las personas puedan ejercer sus derechos y deberes.
Las acciones, estrategias y diálogos realizadas conjuntamente, fortalecen nuestro Estado Social de Derecho, las mismas alianzas interinstitucionales e intersectoriales sin estigmas, sin discriminación, con un trato igualitario, permitirían garantizar ese Estado de Derecho que nos jactamos en proyectar a nivel internacional, pero, que en nuestro territorio nos olvidamos de esas Poblaciones que mal llamamos claves o vulnerables.
Todas las estrategias que se han venido desarrollando desde la Sociedad Civil Organizada de Personas con VIH, Lideres Independientes, Población LGBTIQA+, ha permitido contribuir en la DIGNIDAD y CALIDAD DE VIDA de las Personas como tal de una manera efectiva e integral.
El estigma, la vulneración y discriminación de derechos humanos de las personas con VIH hombres, mujeres, niñas, niños, migrantes, indígenas y otras poblaciones claves, solo se pueden controlar y mitigar a través de la acción conjunta y responsable de todos los actores involucrados y entre ellos El –LA Defensor (a) de los y las Habitantes.
La sostenibilidad de la acciones y estrategias desarrolladas durante todos estos años, solo se podrán arraigar mediante una respuesta combinada que garantice un enfoque integral y holístico, fundamentado en los Derechos Humanos, la equidad y la diversidad en la que la población de personas VIH está conformada y en la cual la DEFENSORÍA DE LOS Y LAS HABITANTES DEBERÁ GARANTIZAR.
Por ello los colectivos, organizaciones y activistas independientes firmantes apoyan la candidatura de Laura debido a su experiencia en temas relacionados a los DDHH”.
Colectivos y activistas independientes: Richard Stern – Activista Independiente Shi Alarcón – Casa Rara Marco Castillo – Activista Independiente Ana Maria Solano Avalos – Activista Independiente Cristhian Caamaño Chacón – Activista Independiente Danny Carmona – Activista Independiente Monica Matarrita Cespedes – Activista Independiente Laura Fernández Fernández Activista Independiente Mario Vásquez Torres – Activista Independiente Jorge Porras Pérez – Activista Independiente Rodolfo Leitón Hernández – Activista Independiente Hilda Martínez Barquero – Activista Independiente Fidelina Peralta Ríos – Activista Independiente Maria Sánchez Espinoza – Activista Independiente Luis González Delgado – Activista Independiente Kattia López Araya – Activista Independiente Yadira Martínez López – Activista Independiente
Los Campamentos Pasados por Agua de la Oficina de Cultura Viva Comunitaria de la ASADA de Poás y Barrio Corazón de Jesús en Aserrí, ofrecen una experiencia llena de aventura para toda la familia, con diversos espacios informativos y reflexivos sobre la realidad de la micro-cuenca del río Poás. La próxima fecha de campamento es del 25 al 26 de febrero de 2023.
Ante un correo que alerta a los compañeros y compañeras de los pueblos indígenas y de movimientos ambientales sobre la votación en primer debate del expediente 21.550 “Aprobación del Protocolo de NAGOYA”, en el que durante esta semana y semanas anteriores el Partido del Frente Amplio (FA) han venido advirtiendo que el texto no ha sido consultado a los pueblos indígenas del país, hecho que violenta el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya que el proyecto afectaría directamente la vida cotidiana de esta población, debido a que dicho proyecto permite patentes y repartición de ganancias por el uso del conocimiento tradicional y de la riqueza biológica.
Se destacó que el pasado jueves en el Plenario, las advertencias del FA fueron ignoradas y catalogadas por una diputación del Partido Liberación Nacional (PLN) como “un capricho ideológico”.
A esto la presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, María Elena Fournier S. dirigió un correo a las y los diputados en el que lamenta la situación en la que las diputaciones no conocen los distintos convenios internacionales, como el del caso de la OIT de los Pueblos Originarios y comenta que la Sala Constitucional no va a aprobar esta votación, precisamente porque violenta un Convenio Internacional.
Se ha compartido una irregularidad en el funcionamiento u operación portuaria, en la que se denuncia un favoritismo hacia la Orsero, una empresa naviera que utiliza los servicios portuarios, según se comenta, esto se da desde que Susy Wing Ching, Presidenta Ejecutiva, comenzó sus labores en dicha empresa. La irregularidad en la operación consiste en que en el muelle no se está trabajando de la forma en que debe de ser, es decir, que cada barco y equipo esté dónde y haciendo lo que le corresponde, para así tener igualdad en los ingresos, sin embargo, se reporta que a la empresa Orsero se le da un trato especial y diferente; no se le cobra.
Según comentario de Antonio Wells, Secretario General, plantea que esta es la forma en que se le roba al Estado de manera descarada; en el puesto 5-6 de JAPDEVA es donde se supone que debe de ir la grúa, sin embargo esta se hace a un lado (para no utilizarla, haciendo que los demás pierdan ingresos) y la mercadería y demás sale por despacho directo. Además de esto, no se están cobrando los correspondientes servicios de grúa pórtica, ni staker, ni maffi (equipos utilizados para la operación portuaria). Como consecuencia, JAPDEVA pierde cerca de 100 dólares por movimiento de cada contenedor, al regalar los servicios a dicha empresa. Comenta que este hecho es peculado, en el que JAPDEVA reclama sus problemas económicos al mismo tiempo que toman decisiones en contra de la hacienda pública.
Finalmente, en los vídeos compartidos se comenta que el barco CALA PINO lo colocan en los espacios 5-6, utilizándolos como si fueran sus correspondientes espacios, el 5-3 y las dos grúas naves trabajando, mientras que la de otras empresas no están en funcionamiento, se reporta que esta es la forma en la que se pierden ingresos y se dan favoritismos.
El 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concientizar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. La educación aumenta la productividad de las personas y como consecuencia, el potencial de crecimiento económico. Ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y reduce la desigualdad.
En definitiva, se forma a futuras generaciones, forjando mejores ciudadanos.
Anualmente se selecciona un tema central para la celebración de este día internacional. Para el año 2023 el lema es «Invertir en las personas, priorizar la educación».
El desarrollo de cualquier país depende del desarrollo de su educación. Las grandes diferencias entre países y en relación con su desarrollo radica en el trato y la prioridad que se le da a la educación. Los porcentajes de desarrollo económico previstos por los organismos internacionales para América Latina para este año 2023 son sumamente bajos, y el porqué de ello tiene como respuesta: la pésima educación que tenemos en la región.
La pandemia, real o artificial, vino a agudizar las deficiencias en materia educativa y a acrecentar el rezago de millones de niños en materia educativa.
Es urgente darle prioridad a la educación porque de lo contrario quedaremos rezagados en muchos de los ámbitos que puedan requerirse para lograr un desarrollo en el campo económico, político, social pero especialmente en el desarrollo humano.
Los desafíos que tenemos hoy día en cuanto a delincuencia, a corrupción, a la comunicación y al avance en materia de salud y economía dependen absolutamente del desarrollo, avance y reconocimiento de la educación como prioridad.
Dios quiera que los gobernantes puedan entender la importancia de darle prioridad a la educación y que puedan nuestros niños y jóvenes tener la oportunidad de salir de la pobreza y del subdesarrollo humano gracias a la educación, aunque desgraciadamente a muchos de esos gobernantes les falta bastante educación y por ello no han comprendido lo que implica tener la mejor educación para las nuevas generaciones.
